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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Cuad. Econ. vol.30 no.55 Bogotá July/Dec. 2011

 

LA CALIDAD DE VIDA Y LA SITUACIÓN DE POBREZA DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA (2008-2010)

Manuel Muñoz Conde*

Nelson Pachón García*

*Doctor en Ciencias Económicas, se desempeña actualmente como Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia). E-mail:mjmunozc@bt.unal.edu.co. Dirección de correspondencia: Cra 30 No 45-03, edificio 311, tercer piso, sala de profesores (Bogotá, Colombia).

*Estadístico, se desempeña actualmente como Estadístico del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia). E-mail:npachong@unal.edu.co. Dirección de correspondencia: Cra 30 No 45-03, edificio 311, tercer piso, sala de profesores (Bogotá, Colombia).

Los autores agradecen a todo el equipo de trabajo del CID que realizó la Tercera Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (2010) con quienes se discutió el contenido de este documento. Igualmente, expresan su gratitud a Clara Ramírez por sus comentarios y aportes a las primeras versiones del documento.

Este artículo fue recibido el 1 de marzo de 2011 y su publicación aprobada el 2 de agosto de 2011.


Resumen

Este artículo toma información de la segunda y la tercera Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, realizadas por la Comisión de Seguimiento, el CODHES y el CID, y estudia diferentes indicadores de pobreza y calidad de vida para la población desplazada, entre 2008 y 2010. Así mismo, se elabora una metodología para medir el Goce Efectivo de Derechos. El grado de goce de derechos se analiza con respecto a la pobreza y a otros indicadores de bienestar.

Palabras clave: indicadores de pobreza, indicadores de calidad de vida, población desplazada, Goce Efectivo de Derechos, Colombia. JEL: I00, I30, I32, I38, O15.

Abstract

This paper takes information of the second and third surveys in order to verify the displaced people’s rights conducted by the Comisión de Seguimiento, the consultantship for human rights and displacement CODHES for its initials in Spanish, and the Investigation Center for Development CID for is initial in Spanish, and studies some poverty and quality of life indicators for the displaced population between 2008 and 2010. In the same manner a methodology is developed in order to measure enjoyment of rights of displaced people. The degree of right enjoyment is analyzed with regard to poverty and other welfare indicators.

Key words: poverty indicators, quality of life indicators, displaced population, right effective enjoyment, Colombia. JEL: I00, I30, I32, I38, O15.

Rèsumè

Cet article utilise les données des deuxième et troisième Sondage National de Vérification des Droits de la Population Déplacée, réalisés par la Comisión de Seguimiento, le CODHES et le CID, afin d’étudier les différents mesures de la pauvreté et de la qualité de vie pour la population déplacée, entre 2008 et 2010. De même, on élabore une méthodologie pour mesurer la Jouissance Effective de Droits. Le degré de jouissance de droits est analysé à l’égard de la pauvreté et d’autres indicateurs de bienêtre.

Mots clés : mesures de pauvreté, indicateurs de qualité de vie, population déplacée, Jouissance Effective de Droits, Colombie. JEL: I00, I30, I32, I38, O15.


El desplazamiento de miles de personas de sus hogares y de sus tierras, causado por la expulsión violenta y el despojo de bienes, crea una situación de miseria que la Corte Constitucional (CC) ha querido aliviar y reparar mediante una serie de sentencias y autos en las que se ordena al Ejecutivo restaurar los derechos violentados de los desplazados y repararlos por los grandes perjuicios causados.

La CC ha diseñado mecanismos para verificar el debido cumplimiento de sus sentencias, entre los cuales se encuentran las encuestas de verificación sobre población desplazada. Estas han sido realizadas, por encargo de la CC, a través de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado, por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (CID).

Haciendo uso de la información de estas encuestas, se pretende estudiar las condiciones de vida y la situación de pobreza de la población desplazada, y establecer si estos aspectos han cambiado significativamente entre 2008 y 2010. Con este fin, en el documento se presenta un análisis sobre pobreza y calidad de vida de la población desplazada y se relacionan estas variables con las medidas tomadas por la CC para la restitución de los derechos básicos de esta población.

El trabajo está dividido en cinco secciones. En la primera se enuncian las motivaciones del estudio y su objetivo principal. En el segundo apartado, se presentan las medidas de calidad de vida, pobreza y los indicadores de goce efectivo de derecho que se utilizarán. En el tercer segmento se realiza un análisis descriptivo de los indicadores descritos en la segunda sección. En la cuarta parte estudia si los niveles de calidad de vida y pobreza de la población desplazada están asociados con el goce o no de los derechos exigidos por la CC. Para finalizar se formulan las conclusiones.

MOTIVACIÓN

El desplazamiento forzado, una catástrofe humanitaria causada por el hombre, conduce a una serie de perjuicios materiales y psicológicos, con la violación reiterativa de los derechos fundamentales como el de la vida y la libertad, acompañado en la mayoría de los casos del despojo de bienes y de la destrucción del grupo familiar. El desarraigo de las víctimas, su destierro y la desposesión los ha llevado a la miseria, tanto, que la CC ha exigido una serie de medidas con miras a restablecer la Constitución ya que se vive “un estado de cosas inconstitucionales” (Sentencia T-025 de 2004), ante la grave violación de los derechos de millones de víctimas.

Para el restablecimiento pleno de la Constitución, la CC plantea una serie de medidas que van desde la ayuda inmediata al desplazado y la atención de emergencia, pasando por la asistencia para que el desplazado pueda habituarse a nuevos ambientes, con garantías de empleo y vivienda dignas, hasta la reparación integral por los derechos violentados.

El objetivo de este estudio es analizar el grado en que se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la CC y cómo esto ha incidido en la calidad de vida y en la situación de pobreza de la población desplazada. Esto es posible gracias a las encuestas de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada realizadas por encargo de la CC, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado (Comisión de Seguimiento). En ellas se realizan una serie de preguntas que permiten analizar la calidad de vida y la pobreza, lo mismo que la estimación de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED).

En la siguiente sección se presentarán los indicadores de pobreza y calidad de vida, y los IGED, para luego mostrar los valores de los indicadores en 2008 y 2010.

MEDIDAS DE CALIDAD DE VIDA, POBREZA E IGED

Para la medición de la calidad de vida y la pobreza, se emplearán el índice de Condiciones de Vida (ICV), la magnitud e intensidad de la pobreza por ingresos (Línea de Pobreza –LP– y Línea de Indigencia –LI–), la magnitud de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Método Integrado de Pobreza (MIP).

Es importante aclarar que los indicadores de pobreza hacen parte integral de los indicadores de calidad de vida, ya que la pobreza incide negativamente en las condiciones de vida de una sociedad. La magnitud e incidencia de la pobreza absoluta son un claro indicio de mala calidad de vida.

En general, un indicador muy utilizado como parte integrante de las condiciones de vida, es la distribución de ingresos, pero en este caso no parece muy pertinente dado que los ingresos de los desplazados son bastante bajos, por lo cual tendría sentido compararlos con los del resto de la población, pero no al interior del propio grupo. En vista de ello, se prefieren presentar los niveles de ingresos que han podido alcanzar los hogares con desplazados. A continuación, se hará una síntesis de los indicadores de NBI, LP, MIP y ICV.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

En el Cuadro1 se presentan los Indicadores simples de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), teniendo en cuenta las variables que los componen y su definición operativa. Puesto que cada indicador simple se refiere a una necesidad básica diferente, se construye un indicador compuesto. A partir de este se clasifica como pobre o con NBI, a todo hogar que se encuentre en al menos una de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples, y en miseria todo hogar que tenga dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas.

Para estimar la magnitud de la pobreza en la población, se supone que las personas que habitan en hogares con NBI o miseria, se encuentran en esas mismas condiciones. La magnitud de la pobreza se calcula como el total de hogares (personas) con NBI sobre el total de hogares (personas). En el caso particular de este estudio, todo grupo familiar que resida en un hogar pobre se considera pobre.

Línea de Pobreza (LP)

La Línea de Pobreza (LP) se define como el ingreso mínimo por debajo del cual, se considera que un individuo es pobre y la Línea de Indigencia (LI) corresponde al ingreso mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimenticias (Muñoz, 1988, 1996). A partir de ellas se puede estimar otros indicadores.

  • Porcentaje de pobres. Llamado también magnitud o incidencia de la pobreza. Se define como:

    Indica la proporción de la población cuyos ingresos son menores o iguales que la LP. Por su parte, la magnitud de la indigencia corresponde a la proporción de hogares con un ingreso menor a la LI.

    Si un hogar es pobre todos los miembros del hogar se consideran pobres.

  • Brecha de pobreza (BP), este indicador se define como:

    Siendo Z la Línea de pobreza, q el número de individuos cuyos ingresos son menores o iguales que la LP y Yi el ingreso del individuo i. La BP establece, en promedio, el ingreso que le hace falta a las personas (hogares) pobres para salir de esta condición y permite conocer qué tan pobres son los pobres, pues entre más alta sea la brecha, más ingresos se requieren para salir de esta situación.

  • El índice FTG. Hay tres indicadores de pobreza que corresponden a la clase de índices propuesta por Foster, Greer y Thorbecke (FGT): el porcentaje de pobres, la intensidad de pobreza y la distancia cuadrática media. El índice FTG puede expresarse en forma general como:

    Siendo n la población total, Z la LP, q el número de individuos cuyos ingresos son menores o iguales a la LP, y Yi el ingreso del individuo i.

    Con = 0 se obtiene la incidencia. Con = 1 se calcula P1 que corresponde a un índice de Intensidad de la Pobreza (IP):

    Cuando = 2 se obtiene un indicador llamado Severidad de la Pobreza (SP), el cual da un mayor peso al déficit de los más pobres. En otras palabras, indica cuánta desigualdad hay entre los pobres:

    Su cálculo es similar al de la BP, teniendo en cuenta que la variable sobre la cual se estima la media es , cuando el hogar es pobre y cero en caso contrario.

Método Integrado de Pobreza (MIP)

Este método combina la pobreza medida a partir de las NBI con la pobreza medida a partir de la LP. Rubén Katzman (1989) divide a los hogares (o personas) en cuatro grupos:

  • No pobres, es el grupo constituido por hogares o personas que no son pobres ni por NBI ni por LP.
  • Pobreza inercial, corresponde a hogares (personas) que no son pobres por LP y si lo son por NBI.
  • Pobreza reciente, pertenecen a este grupo hogares (personas) que son pobres por LP y no lo son por NBI.
  • Pobreza crónica, hogares que son pobres por LP y NBI.

Para su cálculo se requiere construir una variable compuesta por 4 valores, uno por cada una de las 4 posibles combinaciones de la variable indicadora de pobreza por NBI –excluyendo alta dependencia económica– y la variable indicadora de hogares (personas) pobres según LP. El porcentaje de población en cada grupo se calcula como el total de individuos con la característica sobre la población total.

Índice de Condiciones de Vida (ICV)

Si bien los indicadores de pobreza expuestos anteriormente, pueden considerarse como una medida del bienestar social de una sociedad, ya que permiten identificar la proporción de personas que no tienen recursos para acceder a bienes y servicios básicos, no tienen en cuenta que la pobreza es más que falta de recursos y que por ello es necesario considerar otras variables, de acuerdo con el peso que cada una pueda tener en el bienestar y en la misma pobreza. En otras palabras, la pobreza y el bienestar son un fenómeno multidimensional. Esto ha llevado a que los expertos creen un índice de bienestar que pretende medir las condiciones de vida, considerando su condición multidimensional: el ICV.

El índice de Condiciones de Vida (ICV) mide el estándar de vida mediante la combinación de variables de: capital humano, acceso potencial a bienes y servicios físicos, calidad de la vivienda y composición del hogar. Este índice asigna a cada hogar un puntaje que varía entre 0 y 100, que aumenta cuando mejoran sus condiciones.

La forma de construir el ICV ha variado, ya que se han incluido nuevas variables, mientras que otras se ha excluido. La versión utilizada en este trabajo es la diseñada por la Misión Social DNP-PNUD (Sarmiento y Ramírez, 1997).

En este modelo hay cuatro factores, cada uno de los cuales está compuesto por variables relacionadas, ya sea de calidad de la vivienda, servicios con los que se cuentan o educación. A continuación se relacionan los cuatro factores identificados por el modelo y sus componentes, cada uno de las cuales ha recibido una ponderación de acuerdo con su poder discriminante. La suma total arroja el valor del índice para cada hogar, el cual se normaliza para que varíe entre 0 y 100. Los puntajes asignados a cada una de las categorías de las variables componentes se encuentran en el Cuadro 2 .

    1. Acceso y calidad de los servicios. Se emplean en su medición las siguientes variables: disponibilidad y tipo de servicio sanitario, fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano, combustible empleado para cocinar y sistema de eliminación de basuras.

    2. Educación y capital humano. Este factor incluye la escolaridad máxima del jefe del hogar; la escolaridad promedio de las personas de 12 años y más, la proporción de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a nivel secundario, técnico o universitario; y la proporción de niños de 5 a 11 años que asisten a un establecimiento educativo. Mide los niveles de escolaridad acumulada y potencial del grupo familiar.

    3. Tamaño y composición del hogar. Incluye la proporción de niños menores de 6 años en el hogar y el hacinamiento, medido como la relación entre el número de personas y el número de cuartos disponibles.

    4. Calidad de la vivienda. Para determinar lo adecuado de la vivienda se emplean como variables la calidad de los materiales de las paredes y de los pisos.

El algoritmo de cálculo empleado consiste en crear nuevas variables de acuerdo con las categorías identificadas por el modelo y en asignarles los puntajes correspondientes. A continuación se suman dichos puntajes por factor componente y procede a calcular el ICV para cada hogar como la suma de los puntajes totales de los 4 factores componentes. La medida agregada del indicador es el promedio de los puntajes asignados a los hogares en la muestra.

Indicadores de Goce Efectivo de Derecho (IGED)

Como ya se ha mencionado, la CC ha establecido una serie de indicadores (llamados de Goce efectivo de derechos, IGED), para hacer seguimiento al grado de cumplimiento de lo ordenado por esta institución, con respecto al restablecimiento del orden constitucional. Para entender los indicadores es necesario analizar primero lo ordenado por la CC.

La CC definió los derechos mínimos de la población desplazada y por tanto el Gobierno y la sociedad deben garantizar. Los derechos que exige la CC son: subsistencia mínima, vida, integridad, libertad, identidad, seguridad, salud, educación, vivienda, alimentación, generación de ingresos.

De estos derechos, hay cuatro que no se pueden medir a través de encuestas: vida, libertad, integridad y seguridad. Los otros siete se han venido monitoreando con las encuestas de verificación.

Subsistencia mínima

La CC definió que todo desplazado tiene derecho a la subsistencia mínima, para lo cual adoptó los IGED que garanticen que "el hogar en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema tiene cubiertas sus necesidades con la subsistencia mínima" (Comisión de Seguimiento, 2009, 79). Hay dos tipos de asistencia:

    1. Ayuda inmediata, que debe recibir toda persona que declare que ha sido forzada a desplazarse, que incluye: atención médica, valoración psicosocial, albergue temporal, atención médica de urgencia, medicinas, alimentación, bienes de aseo, utensilios de cocina, camas/colchonetas, vestuario y agua potable.

    2. Atención humanitaria de emergencia que deben recibir todos los desplazados inscritos en el Registro único de Población Desplazada (RUPD) e incluye: auxilio para arriendo, cupos escolares, documentos de identidad, capacitación, vinculación a proyectos productivos, asistencia y orientación jurídica, protección, afiliación a salud, mercados o bonos alimentarios, elementos de aseo, elementos de cocina, camas/ colchonetas.

Identidad

Todas las personas desplazadas deben poseer documentos de identidad de acuerdo con su edad:

  • Registro Civil para personas de seis o menos años.
  • Tarjeta de identidad para niños y niñas de siete a diez y siete años inclusive.
  • Cédula de ciudadanía para personas de 18 años o más.
  • Hombres de 18 a 50 años con libreta militar.

Salud

“A fin de asegurar el derecho a la salud para la población desplazada, la Corte Constitucional adoptó una serie de IGED que buscan dar cuenta del acceso, calidad, aceptabilidad y disponibilidad del servicio” (Comisión de Seguimiento, 2009, 99). De estos hacen parte:

  • Afiliación al régimen contributivo de seguridad social en salud.
  • En su defecto que el grupo familiar tenga carta para ser atendido.
  • Acceso al sistema de vacunación (para niños de uno a menos de 5 años).
  • Control de crecimiento y desarrollo (menores de 5 años).
  • Controles prenatales (mujeres embarazadas).
  • Atención psicológica.

Educación

Todo niño(a) de 5 a 17 años tiene derecho a asistir a un establecimiento de educación formal.

Vivienda

“[…] La Corte Constitucional ha señalado la importancia fundamental del derecho a una vivienda digna, en vista de que estas personas han tenido que abandonar sus propios hogares[…]” (Comisión de Seguimiento, 2009, 117), los IGED son:

  • Seguridad jurídica de la tenencia (propietarios con escritura registrada, arrendatarios con contrato escrito).
  • Condiciones materiales de la vivienda; tipo de vivienda; material de las paredes; hacinamiento (medido en personas por cuarto para dormir); disponibilidad de servicios públicos domiciliarios; ubicación de la vivienda en zonas de alto riesgo.

Alimentación

Los hogares deben disponer de alimentos aptos para el consumo y acceder a una cantidad suficiente de los mismos. En este indicador se incluye el que los niños menores de cinco años asistan a una guardería o jardín, ya que ello presupone que allí reciben por lo menos una ración de alimentos adecuada.

Generación de ingresos

Se refiere a que el hogar cuente con un ingreso autónomo por encima de la LP, que los miembros ocupados del hogar lo estén en actividades formales (ganen al menos un salario mínimo, estén afiliados a la Seguridad social y no sean ayudantes familiares sin remuneración).

Una vez expuesta la forma de medir la pobreza y bienestar de los hogares y la metodología diseñada para evaluar el grado de cumplimiento de los derechos, en la siguiente sección se describirá la magnitud de la pobreza y el grado de bienestar del que gozan los hogares desplazados, según estén o no en el RUPD.

APROXIMACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE INDICADORES EN ESTE ESTUDIO

El análisis que se presenta en este documento, fue realizado con información de la Tercera Encuesta de Verificación, logrando acceder a los indicadores de pobreza e ICV. En cuanto a los IGED, las encuestas de seguimiento contienen una batería de preguntas, con las cuales es posible saber si la población desplazada los ha podido ejercer o no.

En este apartado se muestra cómo se ha construido una calificación para cada uno de los derechos (de 0 a 5), de acuerdo con el grado de cumplimiento de los mismos. Esto como forma práctica de cuantificar la garantía del derecho de: atención inmediata, atención humanitaria de emergencia, identidad, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y generación de ingresos1.

Ayuda inmediata

Ya se ha mencionado que todos los desplazados que han declarado su condición ante la autoridad competente, son sujetos de este derecho: por ello, para su calificación se excluyen los desplazados que no han declarado su condición.

Las variables de subsistencia mínima que conforman este derecho fueron consideradas para su calificación2. Si el grupo familiar había accedido a la ayuda inmediata, se calificaba con 5, en caso contrario con cero.

Para la nota definitiva de este derecho se consideraron las ocho variables restantes y se promediaron, dando una ponderación de 45% a alimentos, 45% a albergue y 10% al resto. El peso establecido fue el resultado de las frecuencias de respuesta a la siguiente pregunta: "de los siguientes apoyos, cuál considera más importante recibir en este momento?" Más del 90% de los grupos dan prioridad a vivienda, alimentación y generación de ingresos, y el resto se distribuye en los otros apoyos.

Atención humanitaria de emergencia

Son sujetos de derecho todos los grupos familiares inscritos en el Registro único de Población Desplazada (RUPD). Como en el caso anterior la calificación, fue 0 si no se recibió el apoyo específico y 5 si se recibió. Aquí también se calcula un promedio ponderado: 90% para vivienda, alimentación y vinculación a proyectos productivos y 10% para el resto de apoyos3.

Se debe anotar que para este derecho algunos grupos familiares pueden no recibir directamente vivienda o alimentos, pero se les suministra una tarjeta débito con dinero. En este caso si un grupo no recibió alimentos, pero si el dinero, se considera que recibió alimentos, lo mismo ocurre para el caso de la vivienda. Si el grupo no obtuvo ni alimentos ni vivienda, pero si el dinero, se considera que éste solo suple uno de los dos primeros. Por último, si recibió directamente alimentos o vivienda, y además dinero, no se le da puntaje adicional.

Identidad

Para este derecho, como para el resto de indicadores que se describirán más adeante, si bien se toma a todos los grupos familiares desplazados, se definen los sujetos de derecho según el caso, por ejemplo, el sujeto de derecho de registro civil es la población de 6 años o menos; para tarjeta de identidad, la población de 7 a 17 años; para la cédula, los desplazado de 18 años o más; y para la libreta militar, los hombres mayores de edad. Una vez definidos los sujetos de derecho para el grupo familiar, se divide el número de personas que tienen el goce por el número de sujetos de ese derecho y se multiplica por cinco; así se obtiene la nota del grupo por ese derecho. Posteriormente, se toma un promedio de las notas, para obtener la nota promedio del derecho, en este caso el promedio se calcula sobre lo obtenido en registro civil, tarjeta de identidad, libreta militar y cédula.

Seguridad alimentaria

En este indicador todos los miembros del grupo desplazado resultan sujetos de derecho. Para deducir el IGED, se tomaron en consideración tres preguntas:

    1. Durante la semana pasada, ¿comió menos de lo que deseaba por falta de alimentos o de dinero para comprarlos?

    2. Durante la semana pasada, ¿se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos?

    3. Durante la semana pasada, ¿cuántos desayunos, cuántos almuerzos y/o cuántas comidas dejó de consumir, por falta de alimentos o de dinero para comprarlos?

Otro indicador de seguridad alimentaria que se utiliza es si la madre lactante recibe alimentos preparados de algún programa especial para este grupo de personas. Igualmente, se utiliza la pregunta de si el niño menor de 5 años asiste a una guardería o jardín.

Para cada una de las tres primeras preguntas, se considera que la persona goza del derecho si no ocurrió el evento que se indaga. La nota es el promedio del número de personas del grupo que satisfacen el derecho sobre el total de sujetos de derecho. Para las otras dos variables, los sujetos de derecho son las madres y los niños, respectivamente.

Salud

Para este derecho se tomaron seis indicadores.

  • Controles prenatales de las mujeres embarazadas. Se considera que goza del derecho la mujer embarazada que por lo menos va cada dos meses durante su embarazo.
  • Control de crecimiento. La población sujeto de derecho son los menores de cinco años. Se ha gozado del derecho si en los últimos doce meses han sido llevados a control de crecimiento y desarrollo.
  • Vacunación. La población sujeto de derecho son todos los niños de uno a cuatro años (inclusive). Deben recibir la primera dosis de la vacuna triple viral.
  • Afiliación al régimen de seguridad social en salud. Todos los desplazados son sujetos de este derecho.
  • Atención médica. Los sujetos de derecho son todos los desplazados que soliciten este servicio.
  • Atención psicosocial. La población sujeto de derecho son todos los desplazados que soliciten este apoyo.

La nota de este derecho se obtiene tomando la proporción de los que han gozado de estos servicios con respecto a los sujetos de derecho de cada indicador. Posteriormente, se calcula un promedio simple.

Educación

Como el indicador propio de este derecho está incluido dentro de NBI y el ICV, se optó por tomar los indicadores complementarios de gratuidad de la matricula y la pensión. Los sujetos de derecho son todos los niños(as) entre 5 y 17 años (inclusive) que deben estar estudiando, y cuya matrícula y pensión deben ser gratuitas. Si esto se cumple, para cada caso, se coloca 1 en el indicador, si solo se les condona una parte 0,5 y si no se condona nada 0. Luego se obtiene el promedio por hogar de los sujetos de derecho y se multiplica por cinco.

Vivienda

Para vivienda sólo se toman en cuenta los indicadores de seguridad jurídica y de ubicación de la vivienda en zonas de riesgo, ya que los otros aspectos están incluidos en el ICV y en NBI. Si alguien del hogar es propietario de la vivienda y tiene escritura registrada de ésta, o si la vivienda es arrendada con contrato escrito, se considera con seguridad jurídica.

Por otro lado, se considera que la vivienda no está ubicada en una zona de alto riesgo si ésta no ha sido afectada por inundaciones, derrumbes, entre otros, y no ha sido declarada en alto riesgo por autoridades locales u organizaciones comunitarias.

Si la vivienda tiene seguridad jurídica y no está ubicada en zonas de alto riesgo, el indicador tomará el valor de 5, si cumple alguna de las dos condiciones anteriores 2,5 y si no cumple ninguna de las dos 0.

Generación de ingresos

Dado que los ingresos se consideran dentro del indicador de LP, no fueron tenidos en cuenta directamente para medir el goce de este derecho. No obstante, si se contemplan indicadores de capacitación laboral, programas de integración y generación de ingresos. Para ello se utilizaron tres preguntas:

  • J14. Durante el tiempo que lleva como desplazado, ¿ha recibido o está recibiendo algún curso de capacitación laboral o para aprender un oficio?
  • J16. Durante el tiempo que lleva como desplazado, ¿ha sido beneficiario de programas de generación de ingresos?
  • J18. Durante el tiempo que lleva como desplazado, ¿ha participado en programas de integración para desplazados?

Los sujetos de este derecho son las personas desplazadas de 12 años o más. Si recibieron capacitación laboral obtiene 5, si no 0. Se aplica esta misma regla a los otros dos programas.

POBREZA Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HOGA- RES CON PERSONAS VíCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

En esta parte se analizarán los cambios en las condiciones de vida de los hogares con personas desplazadas, según los resultados de la segunda y tercera encuesta de verificación. Como ya se ha señalado, se estudiarán los cambios ocurridos en diferentes indicadores de pobreza y de calidad de vida.

Se ha querido mostrar esta evolución, no sólo para el ámbito nacional sino también para el regional, con el propósito de señalar, cuáles son las regiones que pueden presentar mayores dificultades al brindar a los desplazados, el apoyo necesario para restituir sus derechos.

Las regiones consideradas son:

    1. Antioquia-Chocó. Comprende los municipios de estos departamentos.

    2. Costa baja. Abarca los municipios de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre.

    3. Costa alta. Corresponde a los municipios de Magdalena, Guajira, Cesar y Norte de Santander.

    4. Sur occidental. Incluye los municipios de los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y el municipio de Buenaventura (Valle).

    5. Centro. Considera Bogotá y los municipios de Cundinamarca, Tolima, Valle (sin Buenaventura), Santander, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda.

    6. Oriental. Comprende los municipios de Meta, Casanare y Guaviare.

En los cuadros 3 a 7 se presentan los cambios en los indicadores de pobreza con la medición de LP y LI. En el Cuadro 1 se puede observar la distribución del total de hogares y personas desplazadas, si están o no inscritos en el RUPD, por región y por condición de pobreza.

Pobreza de ingresos

En el Cuadro 4 se observa la incidencia de pobreza; 97,2% de los hogares con desplazados eran pobres en 2008 y esta situación no cambió para 2010, cuando esta cifra fue de 97 %. Esto muestra un grado muy alto de pobreza entre los desplazados, ya que si bien la pobreza en Colombia, medida por LP es bastante alta (46 %), la magnitud mostrada en el grupo de desplazados es alarmante.

Esta magnitud no cambia mucho entre las regiones consideradas. La región con menor magnitud de pobreza es la Oriental (en ambos años) con 95% en 2010 y la de mayor magnitud es Costa Baja (también en ambos años) con 97,5 %. Se evidencia que el rango de variación entre regiones es muy pequeño.

Por otro lado, se puede observar en el Cuadro 4 que la magnitud de pobreza es un poco mayor en los hogares con desplazados inscritos en el RUPD, pero al menos, en el total esa diferencia no parece significativa.

Entre regiones se observan algunas diferencias, pero siempre entre hogares no inscritos. En la región Oriental la magnitud de la pobreza pasa de 96,9% a 90,2 %, que corresponde al cambio positivo más grande. Otras regiones donde la magnitud bajó para los no inscritos son Antioquia-Chocó y Costa Baja. Esto contrasta con los resultados para la región Centro, en la cual la magnitud pasa de 95,2% a 97,6 %.

En el Cuadro 5 se puede observar la evolución de la magnitud de la indigencia, que está por encima del 70% y que contrasta con los datos del total del país (alrededor del 17 %).

En este caso, los cambios parecen ser positivos, al bajar la indigencia de 77% en 2008 a 75% en 2010, debido a disminuciones importantes en Costa Alta, Costa Baja y en la Región Oriental, zonas en las cuales la indigencia cae en más del 5 %.

Queda para más adelante tratar de explicar estas disminuciones, pero las que se presentan en la Costa (baja y alta) parecen ser de naturaleza diferente a las reducciones de la Oriental. En las dos primeras, el número de desplazados decreció, lo cual podría explicar la caída. En las otras tres regiones las variaciones no son muy grandes.

Como se mostró en la metodología, no basta con conocer la magnitud de la pobreza, también es importante mirar otras variables relacionadas; por ello se han estimado (para el caso de los ingresos) otros indicadores, como el BI (cuanto se requiere de ingresos para alcanzar la línea de pobreza), este indicador se presenta en el Cuadro 6 .

Lo que allí se muestra es que un hogar con personas desplazadas requeriría multiplicar por algo más de 3 sus ingresos para salir de pobre o lo que es equivalente, un hogar de personas desplazadas tiene un ingreso per cápita 72% por debajo de la LP, en promedio4 . En este caso, también el cambio entre 2008 y 2010 es mínimo, mostrando una tendencia a aumentar, en especial en Antioquia-Chocó y una disminución en la región Oriental.

Los otros dos indicadores de pobreza (intensidad y severidad) se pueden observar el Cuadro 4. Para los desplazados estos indicadores son prácticamente iguales en 2008 y 2010, incluso el de severidad es un poco más alto en el 2010. En lo que sí parece haber diferencias es entre los inscritos y no inscritos al RUPD sobre todo en el 2010; en este año el indicador de intensidad está por debajo en 3 puntos para los no inscritos, lo mismo que el indicador de severidad5.

Por regiones, se encuentran diferencias importantes: en Antioquia-Chocó y la Región Centro, hay un aumento de ambos indicadores; en las dos regiones de la costa y en la Sur Occidental, los indicadores prácticamente no cambian; mientras que en la Oriental hay una pequeña disminución. Se destaca el comportamiento en Antioquia-Chocó donde el aumento en la intensidad y severidad de la pobreza, se presenta con los hogares de desplazados inscritos en el RUPD, así la primera medida pasa de 69,6 a 73,5, mientras que la severidad pasa de 53,4 a 59; para los no inscritos los cambios son muy pequeños y en sentido contrario. Este comportamiento contrasta con lo sucedido con los no RUPD de las regiones Costa Alta y Costa Baja, en las cuales cae tanto el indicador de intensidad como el de severidad, en Costa Alta pasa de 71,4 a 68,5 el de intensidad y en Costa Baja se reduce, pasando de 57 a 53,6).

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Para 2010 los hogares con población en situación de desplazamiento tenían niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas del orden de 47% (Cuadro 7 ), los cuales son superiores a los del país hace 25 años, cuando con base en el Censo de 1985, el DANE estimó que 43,2% de los hogares colombianos eran pobres, según el indicador de necesidades básicas insatisfechas.

Adicionalmente, 19% de los hogares con personas desplazadas se encontraban en situación de miseria, al tener dos o más necesidades básicas insatisfechas. En 1985, el 21,4% de los hogares colombianos estaba en esta situación.

Para valorar la grave situación de la población desplazada, basta con señalar que en 2005, la pobreza por NBI en el conjunto del país era 27,7% y la miseria 10,6 %, de manera que la población desplazada tenía en 2010 tasas de pobreza, por este indicador, que casi duplicaban las de la población colombiana.

Cuando se analiza cada indicador, se observa que uno de los principales problemas es el hacinamiento, ya que 21% de los hogares estaba por encima del nivel considerado como crítico (más de tres personas por cuarto). Le sigue en importancia el componente de vivienda inadecuada, que golpeaba al 20,2% de la población desplazada, esto es, que habitan viviendas con materiales inadecuados de pisos (tierra) y paredes (tela o materiales de desecho). Los servicios inadecuados afectaban al 16,1% de la población, lo cual quiere decir que no tienen servicio sanitario o carecen de acueducto. La alta dependencia económica afectaba al 13,2% de la población, lo cual implicaba que en esos hogares, el jefe ha aprobado, como máximo, dos años de escolaridad y hay más de tres personas por miembro ocupado. El único indicador con baja frecuencia es el de inasistencia escolar, solamente en 2,9% de los hogares había niños(as) entre 7 y 11 años, parientes del jefe, que no asistían a un establecimiento educativo.

Si se compara con los datos para el conjunto de la población del país, se observa que el hacinamiento, es superior al existente en Colombia en 1985 (19 %); lo propio sucede con la vivienda inadecuada (12,9% en 1985) y la dependencia económica (13,3 %). En cuanto a los servicios, el indicador es inferior al del país en 1985 (20,9 %), pero superior al existente en 1993 (10,5 %).

Puede afirmarse, entonces, que desde el punto de vista de Necesidades Básicas Insatisfechas, los hogares desplazados registran un retraso de más de dos décadas con respecto al conjunto de la población colombiana. Cuando el indicador NBI se calcula para personas, se encuentra que en julio de 2010, 53% de los desplazados eran pobres por NBI y 23,3% estaban en situación de miseria. En contraste, según la última revisión de los datos del Censo de 2005 realizada en julio de 2010 por el DANE, el porcentaje de personas en pobreza por NBI era de 27,8 %; 19,6% en las cabeceras municipales y 53% en el resto de los municipios. De manera que los desplazados, pese a vivir en las cabeceras municipales, tienen niveles de pobreza iguales a los que la población rural tenía hace cinco años.

Antes de continuar con las comparaciones entre regiones y con el año 2008, es importante relacionar dos de los indicadores simples de NBI, con los indicadores de Goce Efectivo de Derecho: educación y vivienda inadecuada. Como se anotó en la parte metodológica, estos indicadores que hacen parte del IGED no se incluyeron allí porque son componentes de NBI e ICV. Si bien el indicador de inasistencia escolar solo comprende a los niños entre 7 y 11 años, se considera que es una buena aproximación a lo que sucede con la asistencia escolar y por tanto se puede afirmar que el derecho a asistencia escolar que la CC ha exigido se está cumpliendo en grado alto. Por el contario, el alto porcentaje de viviendas inadecuadas y con servicios deficientes muestran que en materia del goce de vivienda digna no se está satisfaciendo de manera adecuada.

Volviendo al Cuadro 7 , se puede ver que como en el caso anterior, no hay muchas diferencias entre los hogares con desplazados inscritos en el RUPD, con los no inscritos. En todo caso, la poca diferencia muestra que hay tendencia a una mayor pobreza por NBI en los no inscritos (caso contrario a la pobreza por ingresos).

Al observar los indicadores simples parece haber diferencias importantes en: vivienda inadecuada y servicios inadecuados –siendo mayor para los desplazados no inscritos–, y en alta dependencia económica –siendo mayor el indicador para los desplazados inscritos. Esto último es consistente con la mayor incidencia de pobreza por ingresos en estos hogares.

Por regiones, como muestra el Cuadro 7 , la mayor incidencia de NBI entre los hogares con desplazados se presenta en las dos regiones de la Costa, con una proporción de hogares pobres que supera el 58 %. En la región Costa Alta los indicadores que más parecen relacionarse con esta alta magnitud de pobreza son vivienda inadecuada y hacinamiento crítico, con más de 30% de incidencia; en la de Costa Baja son vivienda inadecuada y servicios inadecuados. En Costa Alta hay diferencias notorias entre RUPD y no RUPD, así en vivienda inadecuada la divergencia es de seis puntos y en servicios inadecuados es de cinco.

En el Cuadro 8 se pueden observar las cifras de NBI para el año 2008; al hacerlo, se destaca una baja importante en los indicadores de NBI, ya que en 2008, su magnitud era de 54 %, es decir que entre 2008 y 2010 la magnitud de pobreza por NBI cayó en siete puntos. Esta disminución se presentó tanto en inscritos como en no inscritos, pero es más acelerada en los primeros (reducción en 8 puntos). Por indicadores simples, el que presenta el mayor descenso es hacinamiento crítico que en 2008 era de 27,6 %, seguido por vivienda inadecuada que baja cuatro puntos. Es de notar que el indicador de servicios inadecuados muestra un pequeño aumento entre 2008 y 2010.

Esta reducción en el NBI, se explica básicamente por la fuerte disminución que presenta este indicador en la región Oriental, ya que en dos años la pobreza por NBI cae en más de 16 puntos. La magnitud del descenso es similar tanto en los hogares inscritos en el RUPD, como en los no inscritos y se presenta en los indicadores simples, salvo en el indicador de inasistencia escolar (que ya era pequeño en 2008)6. Otra región donde hay una importante disminución del indicador es en Costa Baja, con una caída de 13 puntos, debido a la reducción de más de 14 puntos en el indicador de vivienda inadecuada, siendo esta la región con el decrecimiento más fuerte en los hogares inscritos en el RUPD. En Antioquia-Chocó y en Centro hay disminuciones entre 5 y 7 puntos. Mientras que en las regiones Sur Occidental y Costa Alta los cambios en NBI no parecen significativos.

De todas maneras, en Costa Alta hay una recomposición de los NBI, ya que hay un fuerte incremento de los indicadores de vivienda inadecuada y de servicios inadecuados, tanto para los hogares inscritos en el RUPD y como para los no inscritos.

Método Integrado de Pobreza (MIP)

En el Cuadro 9 se observa la magnitud de hogares pobres utilizando el MIP, la información allí presentada, sólo confirma la precariedad de las condiciones de vida de los desplazados, con 40% de sus hogares con pobreza crónica en 2010 y 57% en la llamada pobreza reciente7. Las diferencias entre RUPD y no RUPD no son muy grandes, pero hay una tendencia a que la llamada pobreza reciente sea más alta en los RUPD que en los no RUPD, cosa contraria sucede con la pobreza crónica. Curiosamente esta tendencia es inversa a la que se presentaba en 2008.

Por regiones la magnitud de pobreza crónica (por ingresos y por NBI) más alta se presenta en las dos zonas de la Costa con más de 50% de pobres crónicos, lo cual es una cifra impresionante. En las regiones Oriental y Sur Occidental este tipo de pobreza es menor.

En cuanto a la pobreza reciente, donde hay más hogares en esta situación es en las regiones Oriental y Sur Occidental. De todas maneras la magnitud de pobreza total es siempre mayor al 95 %, presentándose la más baja en la región Oriental.

El Cuadro 9 también presenta el MIP para 2008. Lo primero que resalta es que no se observa ninguna mejoría entre los dos años, ya que la magnitud de pobreza total es similar en el total, por regiones y por inscritos o no al RUPD; lo que sí cambia un poco es la composición de esta pobreza, ya que la crónica baja al pasar de 46% a 40 %, pero aumenta la reciente al pasar de 51% a 57% en 2008 y 2010, respectivamente. Lo anterior muestra que un porcentaje importante de desplazados ha empezado a satisfacer las necesidades comprendidas en el NBI, pero siguen siendo pobres por ingresos; esto parece especialmente cierto entre los hogares inscritos al RUPD, ya que en los no RUPD no hay este “reacomodo”. Los resultados del MIP son consistentes con lo descrito sobre NBI y LP: disminución importante de las NBI y estancamiento o incluso aumento de la pobreza por LP.

En las regiones donde más se presenta este fenómeno es en la Oriental (hogares inscritos y no inscritos), en Costa Baja, pero solo para hogares RUPD y en Antioquia-Chocó (hogares inscritos y no inscritos). En la región de Costa Alta aumenta la proporción de hogares en pobreza crónica y disminuye la de pobreza reciente, esto se explica por el comportamiento de esta variable en los No RUPD, en los cuales la pobreza crónica fue de 44,6% en 2008 y aumentó a 57,6% en 2010, por su parte, la pobreza reciente pasó de 53,9 a 38,5 %, durante los mismos años8.

Índice de Condiciones de Vida (ICV)

En los cuadros 10 y 11 se puede observar el puntaje del índice de Condiciones de Vida (ICV) promedio, alcanzado por los hogares con desplazados para los años 2008 y 2010, respectivamente y el puntaje en cada uno de los factores que lo componen9.

En la última columna de los cuadros 10 y 11 se presentan los hogares con desplazados que tienen un puntaje menor a 67, la justificación de este límite está argumentada en la publicación “Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio” del Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, DNP, PNDH, GTZ, 2006). En este trabajo se propone un mínimo normativo que trata de recoger lo establecido en la Constitución de 1991, como derechos básicos; traducido en puntos del indicador, ese mínimo sería 67.

Para 2010 (Cuadro 11) la proporción de hogares con un puntaje menor a este valor es cercana al 46 %, siendo un poco más alto en los no RUPD con casi 48 %. Por regiones, donde se presentó una mayor proporción de hogares por debajo de 67 fueron las dos costas; en Costa Baja esta proporción fue de 61% y en la Alta de 58 %. Las zonas con menor proporción fueron la Oriental con 33% y la Centro con 37 %.

Mirando el cambio del puntaje promedio de los hogares con personas desplazadas entre 2008 y 2010 se observa un pequeño aumento, al pasar de 64,3 en 2008 a 66,5 en 2010 (siempre por debajo de 67). Si hay algún crecimiento en el promedio del ICV, éste se presenta entre los hogares con desplazados inscritos en el RUPD (64 en 2008 a 67 en 2010), mientras que en los no RUPD este puntaje es prácticamente igual. Por factores, en los únicos en que parece haber un cambio significativo son educación y capital humano (factor 2) y en tamaño y composición del hogar (factor 3), lo cual se da en ambos tipos de hogares (RUPD y no RUPD).

La región Oriental es la que presenta un mayor cambio positivo, ya que el promedio de ICV fue de 65,1 en 2008 y de 70,8 en 2010. Este aumento en el ICV promedio se presenta tanto en hogares RUPD como no RUPD y se da en todos los factores que componen el ICV. Este comportamiento se refleja en la proporción de hogares que están por debajo de 67 al pasar de 52,6% en 2008 a 33% en 2010.

Otra región donde aumenta el promedio del ICV es Costa Baja, con un incremento en 5 puntos, lo cual lleva a que los hogares por debajo del límite de 67 pasen de 71% a 61 %. En las otras regiones los cambios no parecen ser muy importantes, salvo un pequeño aumento en el ICV promedio de Antioquia-Chocó y una disminución en la llamada Costa Alta, explicada por la caída en el factor 1 (acceso y calidad de los servicios de la vivienda).

Como referencia, se tiene que, según la Encuesta de Calidad de Vida de 2003, el ICV total nacional era de 77,4 puntos, con un valor de 84,6 puntos en cabeceras y 55,3 en el resto de los municipios. Variaba fuertemente por regiones, partiendo de 53,1 en la zona rural de la región Atlántica, hasta 89,3 en Bogotá. Desde entonces no se ha publicado una nueva estimación del indicador, por lo cual es necesario hacer las comparaciones con las cifras existentes 7 años atrás. Aún así la población desplazada tiene un indicador menor en 10 puntos al del país en 2003 y menor en casi 20 puntos al de las cabeceras municipales.

El Goce Efectivo de Derechos

Como se ha mencionado anteriormente, para analizar el grado de cumplimiento de los derechos que la CC ha exigido que se restablezcan a la población desplazada, se instituyeron una serie de indicadores llamados de Goce Efectivo de Derecho (IGED). En la tercera sección se propuso una metodología para estudiar su grado cumplimiento, que consistía en colocar una nota de 0 a 5, siendo 5 la máxima posible. En los cuadros 12 y 13 se puede observar el promedio de notas para los ocho IGED para 2008 y 2010, respectivamente.

Se debe aclarar que dentro del grupo de hogares NO RUPD hay algunos que nunca declararon su condición de desplazados y por ello no son sujetos de atención inmediata. Para lo que sigue y a menos que se indique lo contrario, los NO RUPD analizados son aquellos que si declararon, pero que no fueron inscritos.

Observando la situación de 2010 (Cuadro 13) se destaca que las autoridades encargadas de que se cumplan los derechos de los desplazados se “rajan”. En ninguna región, ni para las personas inscritas en el RUPD ni para las no inscritas, la nota final –que es un promedio simple de las ocho notas de cada derecho– es igual a tres. Para todo el país la nota final fue 2,5, que podría interpretarse, como que el grado de derechos se estaba garantizando en 50% de lo exigido, grado de cumplimiento que puede considerarse bastante deficiente.

Las diferencias entre regiones y entre RUPD y No RUPD realmente no son muy grandes. En otras palabras, no se puede afirmar que haya algún grupo particular o una zona geográfica específica que en este tema, esté en mejores o peores condiciones que lo que refleja la nota para el total del país.

Por otro lado, se destacan positivamente los puntajes obtenidos en educación y en salud. En educación la nota promedio para el total fue 3,8, que se interpreta como un grado de cumplimiento del 76% y en salud la nota obtenida fue de 4,1, es decir, 82% de cumplimiento. Se observa que este grado de cumplimiento es general, aunque un poco menor para los grupos no inscritos; sólo en la región Oriental la nota en educación es baja (pero, mayor que 3).

Otro indicador que puede considerarse aceptable es el de identificación, ya que alcanzó un grado de cumplimiento de 76 %, aunque podría pensarse que por la naturaleza misma de este derecho debería ser muy cercano al 100 %, y que cualquier pequeña diferencia fuese consecuencia de cambios de edad, es decir, un rezago. Por ello un 3,8 en este indicador no parece satisfactorio.

Los otros indicadores son poco alentadores, especialmente generación de ingresos, que en ninguna parte alcanza siquiera uno o la ayuda inmediata que, según el indicador, es prácticamente nula. La región donde se lograron mejores resultados en atención de emergencia –que es para los desplazados inscritos–, fue el Centro, con un cumplimiento de 58 %, frente a un 44% en el total del país. En seguridad alimentaria, el grado de cumplimiento no llegó al 50 %, siendo de nuevo en la región Centro donde el grado de cumplimiento fue un poco mayor.

La situación de vivienda es muy similar, un grado de cumplimiento totalmente insatisfactorio. Sólo en la región Oriental llegó a 66% para los grupos inscritos, en ninguna otra zona se alcanza el 60 %. Al realizar la comparación con el Cuadro 12, se pueden observar los cambios de los puntajes entre 2008 y 2010. En 2008 el promedio fue de 2,3, es decir, menor al obtenido en 2010; con esto, por lo menos se puede decir que la situación en 2010 no es peor que la presentada en 2008.

Al examinar cada derecho, sólo en salud se observa un cambio positivo importante, al pasar de 3,7 en 2008 a 4,1 en 2010; es decir, el grado de cumplimiento creció de 74% a 82 %. Los indicadores de educación también presentan una mejora; mientras que en el resto de indicadores no hay cambios que parezcan significativos. Por regiones, en casi todas ellas el aumento en la nota final es de dos décimas, salvo para la Costa Alta, en la cual su valor permanece constante.

En salud, este mejoramiento se da tanto para los inscritos como para los no inscritos, aunque en algunas regiones se observan mejores resultados entre los no inscritos. En educación, se observa la misma tendencia, lo cual permitiría pensar que las mejoras no son frutos de esfuerzos específicos dirigidos a la población desplazada. En cuanto a la seguridad alimentaria se aprecia un mejoramiento importante en Antioquia-Chocó (aunque el grado de cumplimiento sigue siendo bastante bajo), y algo menos en la región Sur Occidental. Con respecto a la identificación se observa una leve tendencia a mejorar en Antioquia-Chocó, Centro y Costa alta. Por su parte, en ayuda de emergencia, la mejora se presenta en Costa Alta y en Antioquia-Chocó10.

GOCE EFECTIVO DE DERECHOS, CALIDAD DE VIDA Y POBREZA

Uno de los aspectos que se quiere estudiar en este trabajo es la relación que existe entre el goce efectivo de los derechos, y la calidad de vida y la pobreza de los desplazados.

La hipótesis central es que entre mayor sea el grado de cumplimiento de los IGED, los desplazados podrán tener una mejor calidad de vida y menores indicadores de pobreza, por tanto un mayor bienestar. Aunque en el documento sólo se muestran algunos ejercicios preliminares que relacionan los indicadores de pobreza y calidad de vida con el grado de cumplimento de los derechos, los resultados sugieren que la hipótesis puede ser correcta. En los cuadros 14 y 15 se pueden ver resultados muy dicientes de cruces entre grado de cumplimiento de los IGED, los niveles de pobreza y el puntaje promedio alcanzado por el ICV.

Las notas del IGED se han agrupado en tres:

  • Alta que va de 3,5 a 5-0.
  • Media que va de 2,0 a menos de 3,5.
  • Baja de 0 a menos de 2.

Este rango de puntaje se ha cruzado con la magnitud de la pobreza por LP, por NBI y por ICV (con el punto de corte de 67) lo mismo que con el promedio de ICV alcanzado. En El Cuadro 14 se observa el cruce con la información de 2008 y en el Cuadro 15 la de 2010.

Por LP en 2008, se observa que la magnitud de la pobreza para el grado alto en IGED fue 92 %, en el medio fue 97% y en el bajo más de 98 %. Para 2010 la proporción de grupos pobres para el puntaje alto fue 94% y para el resto 97 %.

Por NBI, se observa este mismo tipo de relación; en 2008 los grupos con un IGED alto tenían una magnitud de la pobreza por NBI de 31 %, los de IGED medio 51% y los de IGED bajo 65 %. Estas cifras en 2010 son 23 %, 44% y 63 %, respectivamente, lo cual permite establecer una clara relación entre grado de cumplimiento de los derechos y la pobreza por NBI.

En 2008 los grupos no pobres, considerando MPI, que tenían al mismo tiempo un IGED “alto” representaban más de 7% del total, quienes tenían IGED “medios” sobrepasaban un poco el 2% y para los de IGED bajo sólo correspondían a 1,2 %.

Un resultado en el cual no se había pensado, pero es lógico, es que en pobreza reciente –sólo por LP– la incidencia más alta se encuentra entre los de puntaje “alto” y la incidencia de pobreza reciente más pequeña está entre los grupos con puntaje bajo. Esto se debe a que la gran mayoría de grupos con bajo rango de IGED están ubicados en pobreza crónica, por tanto, en la reciente se revierte la relación. Para el año 2010, se repite más o menos el mismo patrón que en 2008; así los grupos no pobres con IGED alto son 5 %, 2,2% para el medio y 1,7% para el bajo. La incidencia de pobreza crónica es bastante alta en los grupos con IGED bajos y va reduciéndose a medida que aumenta el puntaje IGED; por ello mismo, la pobreza reciente se comporta de forma contraria, es decir, su incidencia es mayor a medida que aumentan los puntajes IGED.

Al considerar los grupos que tienen puntajes por debajo del mínimo constitucional (un ICV menor a 67), se puede observar el mismo tipo de relación que se presenta con los NBI. En 2008 los grupos con IGED “altos” que estaban por encima de este mínimo representaban el 75 %, entre los que tenían un IGED medio eran algo más de la mitad –el 52% alcanzaba el mínimo–, y para los puntajes bajos de IGED solo 35% lograba los 67 puntos de ICV. En 2010 estas cifras son 82 %, 58% y 34 %, respectivamente.

Por último, en los mismos cuadros, se observa el puntaje del ICV promedio alcanzado según rango del IGED, se evidencia una relación directa entre dichos rangos y el puntaje. Así en 2008, los IGED “altos” tenían un ICV promedio de 75, los “medios” un ICV de 66 y los “bajos” 59; para el 2010 el ICV promedio fue de 75, 68 y 59, respectivamente.

En los Cuadros 16 y 17 se presentan los resultados de dos ejercicios de regresión, para una prueba de hipótesis según la cual entre más alta calificación se obtenga en los IGED más alto será el bienestar de los hogares. Las variables con las que se mide el bienestar son el puntaje del ICV (Cuadro 16) y la Brecha de ingresos (Cuadro 17)11.

Las variables que se incluyen en los modelos econométricos, son las que normalmente se utilizan para un análisis de bienestar de los hogares y se ha incluido la nota promedio del IGED obtenida y mostrada en el capítulo anterior.

Como variables independientes se tomaron: el promedio de calificación del IGED, la edad del jefe, los años de educación formal del jefe, una dummy del sexo del jefe (hombre referencia), si el grupo familiar ha tenido más de un desplazamiento, la tasa de ocupación de los de 12 años y más, la tasa de informalidad de los ocupados, una dummy por cada región (se tomó Antioquia-Chocó como la referencia) y una dummy por cada etnia del jefe (referencia ninguna etnia).

De esta manera se trató de verificar si se cumple la hipótesis de que un mayor grado de calificación en los IGED incide en una mejor calidad de vida de los grupos familiares de los desplazados. Al introducir las otras variables que son importantes en la determinación del bienestar, se puede identificar la contribución del IGED en ese bienestar.

En el Cuadro 16, se observan los resultados de la regresión entre ICV y las variables aludidas. Las variables incluidas explican el 35% de la varianza del ICV, el sexo del jefe no resultó significativo; la región Sur Occidental no contribuye en forma significativamente diferente a la de referencia; y la etnia clasificada como raizal tampoco fue significativa.

Como se observa en el cuadro los signos de los parámetros estimados se comportan como era esperado, edad y educación del jefe contribuyen a un mayor ICV, mientras que el hecho de que el grupo familiar haya tenido más de un desplazamiento incide negativamente sobre el índice. La tasa de ocupación aumenta el índice, pero una mayor tasa de informalidad lo contrae. El hecho de que el grupo resida en la región de la costa (Alta o Baja) o en la Oriental contribuye a un menor ICV (con respecto a lo que se consigue en la región de Antioquia-Chocó), así mismo, los que residen en la región Central tienen en promedio, 2,7 puntos por encima de los habitantes de Antioquia-Chocó. Se observa también, que (salvo la raizal del Archipiélago) la calidad de vida de todas las etnias es significativamente menor que la de los grupos que habitan en un hogar cuyo jefe no pertenece a ninguna de las señaladas. Por último, el Cuadro 16 muestra cómo un punto más en la nota final de los IGED, aumenta en casi 5 puntos el ICV –con una alto nivel de significancia estadística–, en vista de ello no es posible rechazar la hipótesis de una incidencia positiva de los IGED sobre el bienestar.

Algo similar se obtiene cuando se modela la brecha de ingresos con respecto a las mismas variables12 (Cuadro 17). En este caso ninguna etnia resultó significativa para explicar la brecha y las zonas Centro y Oriental no aportan nada significativo con respecto a la región de referencia. Antes de hablar sobre la variable de interés, se quiere enfatizar en tres variables que contribuyen a aumentar ostensiblemente la brecha: que el jefe sea mujer aumenta la brecha en casi 7 %, que el grupo haya sido obligado a desplazarse más de una vez aumenta la brecha en casi 2 %, la tasa de informalidad aumenta la brecha en 9 %, en contraste con la tasa de ocupación que la disminuye en casi 40 %. En cuanto al Goce Efectivo de Derechos, un aumento en un 20% en su cumplimiento, disminuye la brecha en un 4,5% lo cual no se debe despreciar.

Se reitera que dados los resultados, no es posible rechazar la hipótesis de que hay una relación positiva entre el grado de cumplimiento de derechos y el bienestar de los grupos familiares desplazados, al contrario, se observa una fuerte relación entre éstos. Lo anterior conduce a una clara conclusión desde el punto de vista de política: la necesidad de aumentar hasta el 100% el grado de cumplimiento los derechos exigidos por la Corte Constitucional y así llevar las condiciones de vida de las víctimas del desplazamiento a un nivel aceptable.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Este documento intentó mostrar algunos aspectos relacionados con el bienestar de las familias desplazadas en Colombia por causa de la violencia, haciendo uso de la información recolectada en las Encuestas de Verificación sobre población desplazada ordenadas por la Corte Constitucional.

Desafortunadamente, los resultados evidencian las condiciones verdaderamente precarias en que viven los desplazados por la violencia, con niveles de pobreza superiores a los del promedio nacional y con un grado de avance mínimo entre 2008 y 2010.

La pobreza por ingresos no muestra ningún signo de mejoría entre los dos años analizados, salvo en la región Oriental para los grupos familiares no inscritos, pero esto se puede deber más a características particulares de esta población y no a un mejoramiento general en este indicador.

En el caso de las NBI, si bien la incidencia es altísima, se puede decir que hay un mejoramiento importante en el indicador, puesto que se reduce en más de 7 puntos. Si bien el mejoramiento es general, las regiones donde cae más la incidencia de las NBI son la Oriental y la Costa Baja. En cuanto al puntaje promedio del ICV se presenta un cambio pequeño entre los dos años, explicado básicamente por un aumento entre los grupos inscritos al RUPD.

Por otra parte, el estudio presentado ha querido evaluar, en la forma más objetiva posible, el grado de cumplimiento de los derechos que deben tener los desplazados según diversas sentencias y autos proferidos por la Honorable Corte Constitucional. Para ello se desarrolló una metodología que permitió calificar el cumplimiento de los Indicadores de Goce Efectivo de Derecho (IGED), incluyendo 8 de estos indicadores y calificándolos de 0 (no se cumple en absoluto) a 5 (se satisface plenamente).

Los resultados de este ejercicio son, de nuevo, decepcionantes ya que muestran que el grado de cumplimiento de estos derechos, es muy bajo, no llegando al 50% y con un progreso muy reducido entre 2008 y 2010. Los indicadores que muestran algún grado de cumplimiento más o menos aceptable (superior al 70 %) son el derecho a la identidad, la educación y la salud. En contraste, los indicadores de ayuda inmediata, atención de emergencia y generación de ingresos son lamentables, mostrando un grado de cumplimiento inferior al 20% para atención inmediata y generación de ingresos.

Por último, se ha planteado la hipótesis de que hay una relación positiva entre el grado de cumplimiento de los IGED y el bienestar, la cual ha sido verificada en dos ejercicios econométricos realizados. No obstante, en posteriores investigaciones habrá que profundizar en ciertos aspectos, para tener mayor certeza en los diseños de política.

De lo anterior, surgen gran cantidad de posibles investigaciones, por ejemplo, es posible que la nula disminución en la pobreza por ingresos se relacione con el hecho de que, junto con la atención inmediata, el indicador de generación de ingresos sea el más bajo; es decir, puede que la pobreza por ingresos esté articulada con el grado de cumplimiento insatisfactorio de este indicador de Goce Efectivo de Derecho.

NOTAS AL PIE

1 Para 2010, se agregan los indicadores de reparación.

2 No se incluyeron atención médica de urgencias ni medicina, por considerar que en estos dos casos sólo tiene sentido si es expresamente solicitado por el grupo familiar.

3 Estas ponderaciones se explican por la razón manifestada en apartado anterior.

4En Bogotá para toda la población, en 2007, la brecha era de 0,43 (Muñoz y Pachón, 2008b).

5 Para efectos de comparación, cabe señalar que, en 2007, para Bogotá estos indicadores eran de 11,9 y 7,4 respectivamente, presentándose los niveles más altos en la localidad de Ciudad Bolívar con 26,4 y 17,1 respectivamente (Muñoz y Pachón, 2008b).

6 En un análisis posterior, sería conveniente analizar con mayor detalle los resultados obtenidos en esta región.

7 Kaztman (1989) considera que la pobreza reciente aqueja a aquellos hogares que son pobres por LP y no por NBI, pero se debe aclarar que no necesariamente es que hayan caído en la pobreza recientemente.

8 A modo de comparación puede considerarse el caso de Bogotá en 2007, donde la pobreza crónica llegó a 2,6% y la reciente a 25 %, mientras que en la localidad de Ciudad Bolívar (la más pobre) la crónica era de 9,3% y la reciente de 46,2 %.

9 Los cuatro factores que componen el ICV son: acceso y calidad de los servicios de la vivienda, educación y capital humano, tamaño y composición del hogar y calidad de la vivienda.

10 Una de las razones por las cuales la diferencia entre RUPD y NO RUPD no son muy grandes es que las notas para los RUPD de ayuda inmediata y atención de emergencias son muy bajas (el promedio de ayuda inmediata es menor que 1 y el de atención de emergencias es 2,2), mientras que los NO RUPD no cuentan con nota de atención de emergencia y pocos de ellos la tienen en ayuda inmediata (sólo los que declararon). De esta manera, el promedio es sobre 6 para los no declarantes, sobre 7 para los NO RUPD declarantes y sobre 8 para los RUPD.

11 Se toman estas dos variables para medir el bienestar, porque además de ser buenas aproximaciones, toman valores continuos y, por tanto, el análisis de regresión se facilita.

12 Se recuerda al lector que la brecha se define con respecto a lo que le falta al hogar para alcanzar la LP. De esta forma, una brecha negativa indica que el hogar tiene un ingreso mayor que la LP, por tanto, lo que se espera es que a mayor bienestar la brecha sea más negativa.


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