Claudia Pico¹

1Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: clapico@unisalle.edu.co.

Este artículo fue recibido el 19 de septiembre de 2012 y su publicación aprobada el 22 de octubre de 2012.

En las circunstancias de crisis afloran con más fuerza las oposiciones históricas entre la búsqueda de prosperidad individual por medio del mercado y la búsqueda colectiva de justicia mediante el Estado. La crisis económica de finales de siglo XX es un claro reflejo de las fracturas estructurales del sistema económico colombiano y de lo difícil que resulta conciliar las nociones de eficiencia y equidad en las intervenciones de política económica.

La notable desaceleración del crecimiento, la creciente inestabilidad cambiaria y el considerable deterioro de los indicadores de empleo, entre otras fluctuaciones, anunciarían una vez más que la racionalidad de la búsqueda del menor de los males se impondría para ponerle fin a un ciclo recesivo cuyas raíces se remontaban a más de tres décadas.

Los actores en la crisis económica de fin de siglo, libro escrito por Miguel Urrutia y Jorge Llano, reconstruye el proceso señalado y revela los mecanismos de decisión usados por cada uno de los cuerpos institucionales que intervino para mitigar los efectos de la crisis. El libro se estructura en seis capítulos que en su orden dan cuenta de los movimientos circunstanciales que enfrentó la economía colombiana para entonces (capítulos 1 y 2), el papel de las entidades oficiales y del cuerpo legislativo (capítulos 3 y 4), la reflexión sobre las acciones de la Corte Constitucional frente a la crisis (capítulo 5) y las bondades de la independencia de la banca central para la formación de una relación de confianza en el contexto económico actual (capítulo 6).

En la crisis de la década de los noventa del siglo XX los objetivos de cada uno de los organismos decisorios diferían hasta tal punto que parecía improbable encontrar una solución favorable a los intereses de todos ellos. Y en efecto, dicha solución no fue posible: mientras la Junta Directiva del Banco de la República intentó mitigar los efectos de la crisis de los mercados financieros internacionales con el desmonte del sistema de bandas cambiarias y el aumento en dos puntos porcentuales de la tasa de interés lombarda y en uno de la tasa de repos, el Gobierno, presionado por los poderes regionales, no pudo reducir la presión sobre el gasto público y con ello agudizó la creciente inestabilidad económica.

Por su parte, actores como la Corte Constitucional estarían más concentrados en el efecto social subyacente a la crisis hipotecaria. De esta forma, las medidas de política señaladas en el párrafo anterior desataron lo que el entonces presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) llamó una serie de severos traumatismos sociales reflejados en la pérdida de viviendas de miles de familias a manos de las corporaciones de ahorro y vivienda. Uno de los abogados contratado por estas, para entonces afirmaba: "En la época más aguda de la crisis el promedio de procesos que manejaba cada abogado aquí en Bogotá era más o menos de unos 600 procesos [...] era una cosa absolutamente masiva" (Barreto, 2012, 118). Este hecho hizo que las decisiones de la Corte Constitucional se orientasen a la resolución del problema de los deudores, decisión que, en palabras de Urrutia y Llano, iba en contra de las condiciones que la Junta Directiva de Banco de la República había definido para enfrentar la crisis.

El libro de Urrutia y Llano (2012) tiene en común con los enfoques desde los que se ha abordado la crisis económica de fin de siglo su preocupación por identificar las lecciones que se derivan de los episodios de crisis en un esfuerzo que puede asimilarse a lo que describe Bloch (2000, 47): "La incomprensión del presente nace fatalmente de la incomprensión del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente". Así, estos análisis muestran una evidente preocupación por dar cuenta del conjunto de reformas adelantadas, el contexto económico y social en el que se dieron y la incidencia del modelo de desarrollo dentro de los factores detonantes de la crisis.

Asimismo, Urrutia y Llano aportan al debate sobre las reformas adelantadas y el entorno económico y social en la década de los noventa. Dentro del referido debate se cuenta el trabajo de Flórez (2001) que señala que existían unas condiciones que diferenciaron a Colombia del conjunto de países de América Latina cuando se emprendieron las reformas de la década de los noventa. En particular subraya la estabilidad macroeconómica del país en la década de los ochenta, al tiempo que indica que

[...] aunque, como se ha dicho, entre las pautas de la reforma había múltiples desencuentros conceptuales que más temprano que tarde tendrían que desembocar en crisis, como ocurrió, en la euforia inicial se manejaron instrumentos para ocultar estos conflictos y para hacer creer que era un juego de suma positivo (Flórez, 2001, 40).

Se agrega el análisis de las condiciones estructurales subyacentes al desarrollo de la crisis de fin de siglo propuesto por Ocampo (2004). En este capítulo, el autor pone el acento en la existencia de dos tipos de barreras características de la crisis de fin de siglo: en primer lugar describe los problemas de economía política caracterizados por la adopción de medidas macroeconómicas restrictivas en medio de una abundancia de crédito y en segundo lugar subraya los problemas de coordinación, en particular el que existía entre el orden constitucional y la política económica.

Por último, dentro del análisis del modelo de desarrollo de los años noventa que propone Echavarría (2001) se llama la atención sobre los errores de política que se cometieron en el marco de la crisis al tiempo que se le resta importancia a la creencia extendida de que la puesta en marcha del modelo neoliberal fue la causante de la dramática desaceleración de la economía colombiana.

En el marco de las posturas teóricas mencionadas destacan dos puntos fundamentales: el señalamiento a las intervenciones de política económica y el reconocimiento de la existencia de oposiciones entre los actores económicos y los sociales que conformaron el orden institucional de entonces. En el trabajo de Urrutia y Llano (2012), en contraste con los señalados, se reconoce un intento por reconstruir los argumentos usados por los hacedores de política para justificar el desmonte de las bandas cambiarias y el cambio en las condiciones de competencia que enfrentaban las corporaciones de ahorro y vivienda; asimismo, se hacen claros señalamientos a las imposturas cometidas por el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional en procura de la búsqueda de mecanismos que permitieran el alivio temprano de la crisis.

El problema de coordinación que refiere Ocampo (2004) se explicita a lo largo del libro de Urrutia y Llano (2012), en tanto las descripciones que hace de las tensiones entre organismos del Gobierno, Banco de la República y Corte Constitucional dan cuenta de la constante pugna que acompañó a cada iniciativa de reforma que se gestó durante la crisis. Sobresale el claro señalamiento a la incapacidad del Gobierno para ejercer un control efectivo sobre el gasto y el carácter lesivo de las decisiones de la Corte Constitucional sobre la estabilidad macroeconómica.

Esta tensión se describe al detalle en el capítulo 5 con el escrito de Barreto, que llega a algunas conclusiones que se alejan de la defensa que hacen los autores de las decisiones de política que tomó la Junta Directiva del Banco de la República. En efecto, el autor llama la atención en la situación de tensión social que se derivó de las crisis en el mercado inmobiliario y las circunstancias a las que se vieron enfrentados los deudores de las corporaciones de ahorro y vivienda cuando el Gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República decidieron modificar las condiciones para determinar la unidad de poder adquisitivo constante (UPAC).

Además de su aporte al debate sobre las reformas de fin de siglo, en la perspectiva de la historia económica, el libro tiene dos características: 1) constituye una herramienta de consulta para aproximarse a los argumentos que esgrimieron los actores de la crisis para justificar sus intervenciones; esto es, reviste un interés documental asociado a las fuentes presentadas dentro de las que se cuentan informes técnicos presentados a la Junta Directiva del Banco de la República, informes de los ministros de Hacienda al Congreso de la República y la prensa de la época, y 2) su estructura nos remonta a las visiones de la historia propias de las narraciones de Heródoto, en tanto constituye una visión de totalidad como agregación de sucesos:

las estructuras recurrentes en el relato histórico herodoteo como el resultado de una concepción básica del historiador según la cual la Historia revela un proceso constante, regular e inmutable cuya estructura es cíclica y consta de un comienzo o principio ascendente y de un final de decadencia o caída [...] Estos ciclos [...] son, como decimos, recurrentes y nos sirven para poner en relación unos acontecimientos con otros, tienen su fundamento en el carácter individual de cada uno de los sucesos y hechos narrados (Eire, 1990, 76).

El texto es además un reflejo del estilo de historia que refiere Elias (1996, 41):

[...] en muchas exposiciones históricas, si bien, [...] los fenómenos sociales, las configuraciones que muchos individuos particulares constituyen entre sí, son tratados habitualmente como una especie de bambalinas, delante de las cuales los individuos solitarios actúan, al parecer, como los auténticos protagonistas de los acontecimientos históricos. Esta forma de percepción histórica y el énfasis puesto sobre los eventos irrepetibles y las figuras históricas individuales como primer plano nítidamente perfilado que se contrasta con el trasfondo relativamente inestructurado de los fenómenos sociales, obstruyen mucho el camino para clarificar la relación entre investigación histórica y sociología.

Esto es, se describe de forma detallada el conjunto de decisiones de los protagonistas de la crisis, pero es mucho menos notable en la exploración de las condiciones de los usuarios del sistema UPAC y sorprende la poca importancia que se le da a la creciente inestabilidad política que se derivó de una ya endémica violencia que se profundizó mientras la crisis se desarrollaba.

Así las cosas, el texto de Urrutia y Llano (2012) aporta herramientas para entender los mecanismos mediante los cuales operan los organismos decisorios frente a las circunstancias de crisis, pero no da cuenta de dos elementos que resultan vitales para comprender la lógica misma de las crisis: los elementos estructurales que las reproducen y profundizan en el contexto colombiano y las condiciones que enfrenta la base social ante circunstancias muy desfavorables, como la que se enfrentó hacia el cierre del pasado siglo.

REFERENCIAS

[1] Barreto, F. (2012). La crisis de sistema UPAC como crisis social y su dimensión jurídica: política, regulación y neoconstitucionalismo. En M. Urrutia, & J. Llano, Los actores en la crisis económica de fin de siglo (pp. 101-162). Bogotá: Ediciones Uniandes.

[2] Bloch, M. (2000). Introducción a la historia. México: Fondo de Cultura Económica.

[3] Echavarría, J. J. (2001). Colombia en la década de los noventa: neoliberalismo y reformas estructurales en el trópico. Cuadernos de Economía, XX(34), 57-102.

[4] Eire, A. (1990). De Heródoto a Tucídides. Historia Antigua, 8, 75-96.

[5] Elias, N. (1996). La sociedad cortesana. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.

[6] Flórez, L. B. (2001). Colombia tras diez años de reformas políticas y económicas. Cuadernos de Economía, XX(34), 31-55.

[7] Ocampo, J. A. (2004). Entre economía, conflicto y gobernabilidad en Colombia. En J. A. Ocampo, Las reformas y el conflicto: economía y política en Colombia (pp. 79-144). Bogotá: Norma.

[8] Urrutia, M., & Llano, J. (2012). Los actores en la crisis económica de fin de siglo. Bogotá: Ediciones Uniandes.