http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ.v34n66.44850

^a Investigador del CEHIR-ISHIR-CONICET/ Docente de la Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina.Correo electrónico: joaquinperren@gmail.com.

^b Docente de la Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina. Correo electrónico: lauralamfre@gmail.com

Sugerencia de citación: Perren, J., & Lamfre, L. (2015). La segregación residencial en tiempos de la "gran transformación neoliberal". Una aproximación al caso de la ciudad de Neuquén, 1991-2001.Cuadernos de Economía 34(66), 569-603. doi: 10.15446/cuad.econ.v34n66.44850.

El presente artículo tiene como propósito analizar la segregación residencial socioeconómica en una ciudad intermedia argentina. Nos detendremos en el caso de Neuquén, una aglomeración situada en la Norpatagonia, durante el periodo entre 1991 y 2001. Se propone un recorrido con tres momentos claramente diferenciados. En una primera sección, se describe el contexto que funcionó como escenario del fenómeno que pretendemos explicar. Luego, se realiza una breve aproximación a la idea de segregación, utilizando la información de los censos nacionales de población 1991 y 2001. Por último, se presentan los principalesresultados que obtuvimos en el análisis de algunas dimensiones para explorar las desigualdades socioespaciales que atravesaron la ciudad en el periodo. En todo este itinerario, a fin de reflejar en el espacio muchos de los fenómenos que las fuentes censales ponen en evidencia, se han elaborado cartografías temáticas a partir de la utilización de sistemas de información geográfica (SIG).

Palabras clave: segregación residencial, ciudades intermedias, historia urbana, desigualdades socioespaciales.

JEL: N36, N96, J00, J01, R12.

Keywords: Residential segregation, intermediate cities, urban history, socio-spatial inequalities.

JEL: N36, N96, J00, J01, R12.

Mots-clés : ségrégation résidentielle, villes moyennes, histoire urbaine, inégalités socio-spatiales.

JEL : N36, N96, J00, J01, R12.

Resumo

Palavras-chave: segregação residencial, cidades intermediárias, história urbana, desigualdades socioespaciais.

JEL: N36, N96, J00, J01, R12.

Hacia comienzos de 2014, Página 12, uno de los matutinos de mayor circulación a nivel nacional, dedicó un artículo al fenómeno de la segregación residencial en la Argentina. Los encargados de elaborar el texto fueron Groisman y Sconfienza, dos voces más que autorizadas dentro del ámbito de los estudios socioespaciales. Con una escritura llana, accesible para el gran público, los autores retrataron lo que entendían como uno de los rasgos más distintivos de las sociedades contemporáneas: las enormes desigualdades que existen en la distribución de los grupos sociales en el tablero urbano. Desde su perspectiva, coincidente con la de otros académicos de talla mundial, esas asimetrías eran un reflejo de la distribución de la riqueza y, por ese motivo, "aquellas sociedades con mayores niveles de igualdad presentaban diferencias menos marcadas en relación con las características de los hogares y su distribución espacial que los países con niveles de desigualdad más altos" (Groisman y Sconfienza, 2014, p. 1). Con ese background analítico, nuestros especialistas exploraron el caso del área metropolitana bonaerense y llegaron a una conclusión de alcance general: "si bien el panorama distributivo en Argentina durante los últimos años ha mejorado ostensiblemente, en los segmentos poblacionales en los que perduran la pobreza y la indigencia, la segregación residencial parece haberse consolidado y tiende a perpetuarse" (Groisman y Sconfienza, 2014, p. 2).

Esta nota, además de constituir un formidable fresco de la actualidad, nos brinda algunas pistas sobre la dirección que, en los últimos años, ha tomado la producción académica dedicada al estudio de la diferenciación socioespacial. Al igual que en otros países latinoamericanos, el grueso de la literatura especializada encontró en las áreas metropolitanas los escenarios dilectos de sus indagaciones. Sin ánimos de ser exhaustivos, podríamos mencionar excelentes textos, muchos de los cuales se convirtieron en clásicos de la materia, que abordaron los casos de Buenos Aires, Santiago, Montevideo, San Pablo, Río de Janeiro, Bogotá y México (Aguilar, 2014; Arriagada Luco y Rodríguez Vignoli, 2003; Bähr y Mertins, 1981; 1983; Borsdorf, 2003; Kaztman, 2001; Portes y Robert, 2005; Sabatini, 2003). Con todo, y pese a su innegable relevancia, las grandes urbes representan una minúscula porción de lo urbano. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2002), a comienzos del tercer milenio, solo existían 20 ciudades con más de 10 millones de habitantes y 31 centros con una población de entre 5 y 10 millones. En este reducido número de ciudades, que apenas supera el medio centenar, se alojaba un porcentaje muy pequeño de la población urbana del planeta: las ciudades de más de 10 millones concentraban menos del 8%, mientras que las que se encontraban entre 5 y 10 millones apenas un 5,9% (Bellet Sanfeliu y Llop Tomé, 2004). Una lectura superficial de estos guarismos nos permite arribar a una conclusión más que obvia: la mayoría de la población urbana habita en ciudades pequeñas y medias, que son, al mismo tiempo, mucho más numerosas. En la actualidad, cerca de dos terceras partes de la población urbana residen en urbes de menos de un millón de habitantes. Esta importancia relativa, sin embargo, no se ha traducido en mayor interés académico: para el caso argentino, son verdaderamente pocos los trabajos que han posado su mirada en la diferenciación socioespacial de aquellas ciudades que César Vapñasky ubica en el casillero de las Aglomeraciones de Tamaño Intermedio (ati) (Benítez, 2005; Buzai, 2003; Cáceres, 2012; Howell, 1989; Kaminker, 2013; Linares y Lan, 2007; Natera Rivas y Gómez, 2007; Natera Rivas, 2006; Reñe, 1994; Sassone, Sánchez y Matossian, 2007; Tecco y Valdés, 2006).

Además de focalizarse en las grandes ciudades, al punto de asimilar el estudio de una parte con el del todo, los trabajos interesados en el estudio de la segregación residencial se han detenido mayormente en el presente. Existen, al menos, dos razones que ayudan a entender esta preferencia temporal. La primera de ellas nos traslada al siempre complejo terreno de lo heurístico. En este ámbito, la cantidad de atributos captados por los instrumentos estadísticos no ha hecho más que multiplicarse en los últimos diez años. Basta un ejemplo para dar cuenta de este punto: la base Redatam, para el Censo 2001, ofrece a sus potenciales usuarios no solo un elevadísimo número de variables, sino también la posibilidad de realizar cruces entre las mismas. Como bien han señalado Gómez y Natera Rivas, el principal escollo que, hoy por hoy, debe sortear un cientista no es acceder a la información sobre los fenómenos que pretende explorar, sino "elegir un número relativamente reducido, pero significativo de variables" (2012, p. 14). La segunda razón, entre tanto, se vincula con las disciplinas que hicieron las veces de una plataforma desde la cual estudiar el fenómeno de la segregación. Un rápido repaso de la producción reciente sobre esta temática nos alertaría sobre la existencia de una más que evidente asimetría: la abundancia de estudios sociológicos, antropológicos y geográficos contrasta con la escasez de trabajos elaborados dentro de los límites de la historia.

El presente artículo nace de la voluntad de colaborar en la cobertura de las dos lagunas de conocimiento que se desprenden del balance que acabamos de realizar. En lugar de centrar nuestra atención en una de las muchas áreas metropolitanas de la región, nos detendremos en una de las aglomeraciones de tamaño intermedio de mayor crecimiento relativo a lo largo del siglo xx (Vapñasky, 1995): Neuquén, en la Norpatagonia argentina. Al mismo tiempo, y con el propósito de morigerar el sesgo presentista que ha atravesado la literatura sobre la segregación, privilegiamos una aproximación a la década de 1990, siguiendo el expediente abierto, entre otros, por Molinatti (2013), Linares (2012), Mignone (2011) y Prieto (2013) para los casos de Córdoba, el centro de la provincia de Buenos Aires, nordeste argentino y Bahía Blanca, respectivamente. Con esas coordenadas temporales y espaciales en mente, proponemos un recorrido que presenta tres momentos claramente diferenciados. En una primera sección, describiremos el contexto que funcionó como escenario del fenómeno que pretendemos explicar. Bucearemos allí en torno a los efectos sociales y espaciales de lo que Auyero, parafraseando a Polanyi, denominó "gran transformación neoliberal" (Auyero y Burbano, 2012, pp. 3-6). Luego, en un segundo apartado, realizaremos una breve aproximación a la idea de segregación, sondeando posibles vías para medirla al usar la información de los censos nacionales de 1991 y 2001. Por último, presentaremos los principales resultados que obtuvimos en el análisis de algunas dimensiones a partir de las cuales exploramos las desigualdades socioespaciales que atravesaron la ciudad durante el periodo seleccionado. En todo este itinerario, a fin de reflejar en el espacio muchos de los fenómenos que las fuentes censales ponen en evidencia, hemos elaborado cartografías temáticas a partir de la utilización de sistemas de información geográfica (SIG).

Aunque muchos de los cambios llevados adelante por el Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983, se inspiraron en recetas ortodoxas, el mayor proceso de neoliberalización debió esperar a los años noventa. Solo con la llegada de Carlos Menem a la presidencia vemos la consolidación de lo que algunos autores denominaron modelo rentístico financiero o, lo que es igual, un régimen social de acumulación basado en la fijación del tipo de cambio, la desregulación financiera, las privatizaciones, la flexibilización del mercado laboral y la liberalización del comercio exterior. En los tempranos noventa, este conjunto de políticas logró controlar la inflación y estimular un significativo crecimiento económico, pero -a largo plazo- dejó un saldo de desindustrialización y desproletarización. Ambos procesos, que fueron el resultado de la redefinición de las relaciones entre capital y trabajo, nos ayudan a entender el sostenido incremento del desempleo y del subempleo a nivel nacional. En 1991, la tasa de desocupación apenas superaba el 6%, y la de subocupación estaba por debajo del 9% (Calcagno y Calcagno, 2004). Diez años después, ambos valores se habían disparado a 18% y 15%, respectivamente (Casullo, 2005).

Antes de avanzar en el análisis de la "gran transformación" en Neuquén, conviene retroceder en el tiempo a fin de observar cuáles fueron las tendencias que se clausuraron con este proceso. A partir de los sesenta, y más decididamente en los ochenta, la joven provincia patagónica experimentó un tránsito hacia una modalidad de crecimiento basada en los beneficios derivados de la explotación de sus recursos energéticos (hidroelectricidad, petróleo y gas). Esta matriz económica pivoteó alrededor de un conjunto de empresas públicas que, de acuerdo con Bohoslavsky, se imaginaban a sí mismas como "una garantía de la ocupación de la Patagonia y como traccionadoras de esfuerzos, subsidios y personas hacia tierras naturalmente hostiles a la llegada de inversiones y pobladores" (2008, p. 24). Junto a estas auténticas fuentes de energía y soberanía, no podemos dejar de mencionar el impacto que sobre la actividad económica tuvo la creciente presencia del Estado provincial, en especial en áreas hasta entonces descuidadas, como la salud y la educación¹. Los fondos que comenzaron a ingresar por concepto de regalías por la explotación de hidrocarburos, así como también aquellos que llegaban a través del Régimen de Coparticipación Federal, permitieron que la "mano visible" del Estado se extendiera sobre la superficie neuquina. Esta activa presencia oficial, que explica el enorme peso del sector terciario en la conformación del producto bruto geográfico², fue la base material en la que se sostuvo la duradera hegemonía del Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial que, desde 1963, ganó cada una de las elecciones en las que se disputaba la gobernación. Sobre las causas de esta sólida performance electoral, las palabras de Taranda nos siguen pareciendo válidas:

La intensa presencia material de tener asegurado trabajo, vivienda, educación y salud, siempre al amparo del Movimiento Popular Neuquino, se internalizó en la conciencia de amplios sectores de la sociedad, posibilitando al partido provincial alcanzar, a mediados de la década de 1970, una posición política dominante. (2005, p. 14)

La década de los noventa rompió con las reglas básicas que habían posibilitado la reproducción exitosa de esta estrategia de crecimiento. La nueva legislación sobre el destino de los fondos federales, nacida con el menemismo, hizo inestables los ingresos provinciales³. Simultáneamente, y bajo los efectos de vaivenes en el mercado internacional del petróleo, los fondos en concepto de regalías disminuyeron de forma notoria. Esta situación adquirió ribetes dramáticos cuando, con la privatización de las empresas a cargo de los recursos naturales, se trazaron las líneas maestras de una nueva matriz económica. La desregulación de la actividad extractiva y una estrategia que privilegiaba la salida exportadora de los recursos multiplicaron la producción de petróleo y gas, pero los beneficios de la actividad no se volcaron en el territorio provincial (Favaro y Vaccarisi, 2005). Como no podía ser de otro modo, esta situación dejó su huella en materia de empleo: la reducida ocupación de mano de obra, que contrastaba con la elevada inversión en la producción, comenzó a convivir con una creciente pauperización del nivel de vida de amplios sectores de la población. Se trataba, en definitiva, de la quiebra de un estado interventor, planificador, distribucionista, que puso en jaque las bases sociales y económicas sobre las que se sostenía la provincia.

Esta marea de cambios no podía dejar de afectar la ciudad de Neuquén. Con un Estado provincial escaso de recursos y un conjunto de empresas públicas en franca retirada, la capital neuquina fue objeto de lo que Kessler (1997) definió en términos de una "epidemia del desempleo". El torbellino ocupacional de las décadas anteriores, ese que la había convertido a Neuquén en uno de los centros urbanos más dinámicos de la Argentina (Perren, 2012, pp. 10-11), se convirtió en un lejano recuerdo del pasado. De acuerdo con datos oficiales, la desocupación promedio de la ciudad prácticamente se duplicó entre 1991 y 1995: pasó de un 8% a cerca de un 16% (Taranda y García, 2001, p. 11). En la segunda parte de la década, merced a la aplicación de un subsidio para los desempleados, los niveles de desocupación tendieron a estabilizarse, oscilando en una franja comprendida entre 11% y 12%. Finalmente, en el marco de la profunda depresión de la economía nacional que caracterizó la corta gestión de la Alianza, vemos un nuevo brote de una enfermedad que, por aquel entonces, no parecía tener remedio. En 2002, justo después de la caída del presidente De la Rua, la capital neuquina alcanzó la mayor desocupación abierta de su historia: un quinto de la población económicamente activa no tenía empleo (Taranda, 2005, p. 5).

Claro que la epidemia no contagió a la sociedad neuquina en su conjunto y, menos aún, con la misma virulencia. Como bien ha señalado Auyero, "contra el idioma nacional que enfatiza el carácter global, general y transitorio del desempleo, en los noventa ni se encuentra caprichosamente distribuido ni es un fenómeno de corta vida" (2001, p. 49). Al igual que en otros escenarios urbanos, el desempleo aquejó principalmente a los jóvenes: a lo largo de la década que nos interesa, la franja etaria comprendida entre los 15 y los 24 años duplicó la tasa de desocupación promedio, alcanzando picos cercanos al 30%. Otro sector que sufrió los efectos de la falta de trabajo fue el de quienes se empleaban en la parte baja de la estructura ocupacional, sobre todo, aquellos que desempeñaban labores poco calificadas en el mundo de la construcción. Sobre este último, algunas cifras son suficientes para trazar un panorama bastante poco alentador: en 1983, el 16% de los ocupados se desempeñaban en el sector, mientras que, quince años después, esa proporción apenas alcanzaba el 8% del total (Mases et al., 2004). Como este era un nicho claramente etnizado, la caída en desgracia de la construcción afectó con particular dureza a la población de origen chileno. De acuerdo con un relevamiento realizado hacia comienzos del tercer milenio, Neuquén era la ciudad argentina que albergaba, en términos relativos, la mayor cantidad de trasandinos con problemas de empleo (Burnett, 2006).

No era más tranquilizadora la situación de quienes estaban ocupados. El deterioro del mercado de trabajo hizo que los puestos de calidad se convirtieran en algo más propio de una época que ya no existía. Ese "sueño distante", para usar los términos de McFate (1996), parecía hacerse añicos frente a una realidad signada por la precariedad laboral. En esta área encontramos la prueba más palpable de la existencia de la "desconexión funcional" de la que habla Auyero (2001, p. 47) para el caso del conurbano bonaerense. Pese a que la economía neuquina mostró, en los noventa, tasas de crecimiento positivas⁴, algo que la diferenciaba de su par nacional, prácticamente no se crearon puestos fijos y bien remunerados. Por el contrario, se observa el aumento en todas las categorías ocupacionales, de los empleos temporarios e inestables. Lo interesante de nuestro escenario es que, lejos de reducirse a la actividad privada, en la que la flexibilización es un eufemismo que encubre situaciones de mayor explotación, los empleos de dudosa calidad se multiplicaron en el sector público. Un dato es suficiente para dar cuenta de esta desestabilización de lo que, hasta entonces, era sinónimo de estabilidad: entre 1998 y 2002, se duplicó el número de trabajadores públicos contratados a término, sin ningún tipo de cobertura social y sindical (Taranda y Bonifacio, 2003).

No resulta sorprendente que la pobreza haya acompañado este avance acelerado de la desocupación y de la precariedad laboral. De hecho, una buena cantidad de trabajos, entre los cuales podemos destacar el clásico estudio de Murmis y Feldman (1992), ha señalado la elevada correlación que existe entre estas variables. Con todo, y pese a ir de la mano, vale la pena hacer algunas distinciones que no hacen más que mostrar la complejidad del caso neuquino. En los noventa, la inercia de las políticas de bienestar, sobre todo las relacionadas con la vivienda y la educación, dificultó el despegue de la proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI); esto es, de aquellas unidades censales que exhibían situaciones de insuficiencia en variables censales vinculadas a la calidad de la vivienda, disponibilidad de servicios sanitarios, accesibilidad a la educación y ocupación del jefe de hogar (Formiga, 2007). Eso no fue obstáculo para que se produjese una significativa caída del ingreso real medio familiar. Según las estimaciones realizadas por Salvia y Vera (2004), el descenso para el escenario que nos interesa fue del orden del 19,2%: los 1.133 pesos de 1991 (medidos en pesos de octubre de 2001) se convirtieron en 915 pesos en 2001. Así mismo, el ingreso medio por perceptor (medido en pesos de octubre de 2001) pasó de 697 pesos en 1991 a 567 pesos en 2001. Este declive, que fue mucho más pronunciado que el registrado en el área metropolitana bonaerense, afectó con particular fuerza a quienes ocupaban una posición baja en la estructura social: el quintil de menores ingresos perdió, a lo largo de los noventa, un tercio de su capacidad adquisitiva. Dicho de una manera más sencilla, al calor de la "gran transformación neoliberal", los pobres neuquinos se volvieron aún más pobres.

Como lo han demostrado numerosos autores, desde Castells hasta Harvey, la consecuencia necesaria del hiperdesempleo, de la precarización y de la profundización de la pobreza, es el incremento de la desigualdad social. Neuquén, una ciudad en el sur del sur global, no estuvo al margen de esa tendencia mundial hacia la polarización social. Taranda y Bonifacio (2003), en un trabajo de una riqueza empírica excepcional, brindan sobradas pruebas sobre la fuerte concentración de los ingresos que la capital provincial experimentó en la segunda mitad de los noventa, justo en el momento en el que el régimen de convertibilidad comenzaba a dibujar una parábola descendente. En 1998, el 40% más pobre concentraba apenas el 13% del ingreso (Taranda y Bonifacio, 2003, pp. 12-13). Cuatro años después, esa proporción se había reducido a un deslucido 11%. Exactamente lo contrario sucedió en la parte alta de la estructura social. En el mismo periodo, la porción del ingreso apropiada por el 40% más rico avanzó dos puntos (de un 72% a un 74%). Y esto, como no podía ser de otra forma, repercutió en Coeficiente de Gini, parámetro por excelencia para medir la desigualdad social, que alcanzó, en mayo de 2002, un significativo 0,46, su punto más alto en la historia reciente de la ciudad (Domeett y Kopprio, 2007, p. 15)

Una vez llegados a este punto, algunas preguntas se convierten en obligatorias: ¿Cómo se reflejaron estas transformaciones económicas en la estructura espacial de la ciudad? ¿Los niveles de segregación corrieron a la par del incremento de desigualdad social? ¿Las desigualdades espaciales colaboraron en la profundización del proceso de "dualización" al que se referían Taranda y Bonifacio? ¿"La gran transformación neoliberal" introdujo variantes en el esquema centro-periferia, que había prevalecido en los años dorados del Estado de bienestar alla neuquina (Perren, 2010a, pp. 17-18)?

Antes de responder estos interrogantes, vale la pena preguntarnos acerca de la definición de segregación residencial. En palabras de Lévy y Brun, este concepto remite a "las formas de desigual distribución de grupos de población en el territorio" (2002, p. 147). De ahí, que pueda ser pensada como una de las formas en que se expresa el proceso de diferenciación social o, lo que es igual, como la cristalización en el espacio de la estructura social (Machado Barbosa, 2001). Si aplicáramos esta idea al ámbito urbano, alcanzaríamos una definición como la de Sabatini, Cáceres y Cerdá (2001), para quienes la segregación residencial es "el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que este se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades" (p. 27). Para el caso que nos ocupa, dejaremos de lado las primeras tres opciones y centraremos nuestra atención en el último de los aspectos considerados por los autores mencionados.

Claro que esta proximidad o aglomeración puede asumir diferentes formas y esto, como es de imaginar, complica cualquier posibilidad de acceder al concepto de segregación a través de definiciones sencillas. En términos generales, es posible hablar de tres modalidades a partir de las cuales se manifiesta el fenómeno en cuestión. La primera de ellas se refiere a la proximidad física entre los espacios residenciales de diferentes grupos sociales, fenómeno que los expertos norteamericanos lograron medir a través de la distancia media entre minoría y mayoría. La segunda apunta a descubrir el grado de homogeneidad social de las distintas fracciones que componen el espacio urbano. Esta faceta de la segregación fue estudiada con detalle por la ecología factorial, disciplina basada en la idea de las "áreas sociales" de Shevsky y Bell (1955). El estudio de estas últimas, sostenido en la aplicación de técnicas estadísticas, permitía el acceso a aquellas dimensiones latentes que explicaban la diferenciación residencial al interior de las ciudades (rango social, urbanización y étnicas). Una última forma de segregación, quizá más conocida debido a la vasta producción científica dedicada al estudio de los guetos, se relaciona con la concentración de grupos sociales en zonas específicas de la ciudad.

La segregación, además de expresar en el espacio distinto tipo de desigualdades, constituye el cemento sobre el que tales diferencias se asientan, reproducen y agravan. Con esto queremos decir que la estructura espacial de la ciudad no solo refleja las asimetrías propias de la sociedad, sino también "retroalimenta una estructura social compleja en la que coexisten y se combinan procesos de diferenciación, desigualdad y exclusión" (Saraví, 2008, p. 27). Esta hipótesis, que pone a la segregación en el lugar de causa y no como una mera consecuencia, fue defendida por dos enfoques teóricos que, aunque diferentes, tienen más de un punto de contacto. El primero de ellos procuró desentrañar lo que algunos autores denominaron "efecto de barrio". Defendiendo la premisa de que "el vecindario importa", como alguna vez señaló Katzman (1999), los autores enrolados en esta tradición se esforzaron en demostrar cómo la formación de áreas socialmente homogéneas complicaba enormemente las posibilidades de movilidad social de quienes residían en ellas. En estos casos, el aislamiento espacial servía de catalizador a la reproducción de condiciones de vida, relaciones sociales y experiencias que resultan redundantes y poco enriquecedoras. La segunda perspectiva partía del supuesto que las comunidades con pocas oportunidades son aquellas que presentan inocultables déficits en rubros necesarios para que sus habitantes puedan desarrollar todas sus capacidades. Esa desigual "geografía de las oportunidades" involucra, entre otros elementos, la escasez de establecimientos educativos, la falta de puestos de trabajo, la baja tasa de creación de empleo y una insuficiente capacidad para generar recursos fiscales (Cáceres y Sabatini, 2004; y Galster y Killen, 1995). Más allá de sus obvias diferencias, ambas miradas entienden que el lugar de residencia constituye un factor clave a la hora de explicar los comportamientos individuales o, como alguna vez afirmaron Otero y Pellegrino (2003, p. 45), ambas perspectivas analíticas proponen "pensar lo micro como efecto de condicionantes macro" que operan en el plano espacial.

Ya sea en su carácter de causa o consecuencia, el estudio de la segregación residencial en la ciudad de Neuquén nos obliga a tomar tres decisiones meto dológicas de enorme importancia. La primera de ellas consiste en seleccionar una variable que nos permita visualizar las diferencias sociales que atravesaban la capital neuquina hacia comienzos de la década de 1990. Alrededor de este punto, los datos disponibles presentan una primera dificultad. Lamentablemente, los censos nacionales de 1991 y 2001 no brindan información sobre nivel de ingreso⁵. De ahí que solo podamos acceder a las diferencias sociales de la población a través de un ejercicio de aproximación: en ausencia de información referida a la condición económica de la población, utilizaremos el máximo nivel de instrucción del jefe de familia (MNI) como variable de segmentación socioeconómica. Pese a que se trata de un paliativo, no podría decirse que constituye una decisión caprichosa. Lejos de eso, numerosos trabajos han abrazado esta opción metodológica, y todos parten de una idea común: existe una estrecha correlación entre la educación del jefe de hogar y la probabilidad de obtener mayores ingresos familiares (Groisman, 2013; Rodríguez, 2008). Pero no se trata de una relación que podríamos pensar en términos unilaterales. Como bien han señalado Rodríguez Vignoli y Arriagada Luco (2004), los vínculos entre instrucción y pobreza funcionan en un doble sentido: por un lado, un bajo nivel de instrucción genera pobreza; mientras que, por el otro, la situación de pobreza aparece como un limitante a la hora de adquirir capital educativo, con lo que aquella se reproduce de manera intergeneracional.

Veamos ahora cómo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) volvió operativa la observación del MNI. Los censos de 1991 y 2001 nos proporcionan ocho categorías educativas que abarcan una gama de situaciones que van desde el analfabetismo hasta la titulación universitaria. Con el propósito de facilitar nuestra aproximación al fenómeno de la segregación, las hemos reagrupado en cuatro niveles: bajo, medio bajo, medio alto y alto. La Tabla 1 muestra la pertinencia de la elección de criterios educativos como forma de acceder al nivel socioeconómico de la población neuquina. Para sostener este punto, solo hace falta hacer referencia a algunos datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPN) para el aglomerado Neuquén-Plottier: el grupo de mayor nivel de instrucción tenía, hacia comienzos de los noventa, un ingreso familiar cuatro veces superior al del grupo de menor instrucción. Poco de este panorama se había modificado en la década siguiente: cuando el siglo xxi estaba dando sus primeros pasos, el estrato educacional menos aventajado ganaba, en promedio, un tercio de lo percibido por quienes estaban en la cúspide de la clasificación. Las diferencias entre los grupos intermedios no escapaban a una realidad surcada por las asimetrías: en 1991, quienes se ubicaban en el casillero "medio-alto" tenían un ingreso superior de más de una vez y media el ingreso de los situados en el "bajo", mientras que la distancia entre lo percibido por los primeros y quienes estaban situados en el "medio-bajo" era del orden del 60%. Diez años después, esas proporciones se ubicaron en 108% y 58% respectivamente.

La segunda decisión que debemos tomar se vincula a la elección de un conjunto adecuado de unidades espaciales, uno que nos permita apreciar en toda su dimensión el fenómeno de la segregación. En este terreno, resulta inevitable emplear unidades territoriales que, muchas veces, no reflejan "de modo estricto y fiel la realidad socioterritorial imperante" (Velázquez y Gómez Lende, 2007, p. 3). Este inconveniente, que los geógrafos denominaron "problema de la unidad espacial modificable" (PUEM) (Blalock, 1964; Openshaw, 1984; y Reardon et al., 2008), pone de manifiesto algo que, aunque sea obvio, no podemos dejar de mencionar: la operatoria censal no es neutra, sino que, por medio de la división del territorio o de la elección de determinados criterios de agrupamiento, puede enmascarar desigualdades. Con el propósito de controlar esta "artificialidad", debemos abordar la cuestión de la escala de las unidades espaciales. Al respecto, no estaría mal si dijéramos que, mientras más pequeña sea la unidad espacial escogida, mayores serán las posibilidades de atrapar situaciones que serían imposibles de observar a nivel general. Pero los riesgos de pecar por exceso están siempre presentes: si la unidad espacial elegida es demasiado pequeña, es probable que produzca una sobreestimación de la segregación. Por eso, el desafío reside en la definición de subunidades espaciales que sean lo suficientemente pequeñas, pero que, a su vez, sean significativas en cuanto al número de personas que las habitan. En función de estas recomendaciones, hemos utilizado información a nivel de radio censal que nos proporciona unidades espaciales cuya dimensión podría asimilarse a la de un vecindario (en su inmensa mayoría, superan el millar de habitantes) (Figura 1).

La tercera decisión, por su parte, nos conduce al mundo de los índices o, lo que es igual, de las distintas formas a partir de las cuales puede medirse la segregación. Con relación a esta problemática, decidimos seguir el rastro dejado por Massey y Denton (1988), dos referencias ineludibles en el estudio de la segregación residencial. En una obra clásica, ambos autores advertían que la diferenciación socioespacial se podía analizar a partir de distintos planos. Para los fines que alientan este trabajo, y en función de la información con la que contamos, nos conformaremos con abordar tres dimensiones en particular: la desigualdad, el aislamiento y el clustering (Tabla 2). Sin ánimos de ser exhaustivos, podríamos decir que los indicadores que se desprenden de la primera captan la distribución desigual de los grupos sociales en las áreas espaciales en las que puede subdividirse la ciudad. Dicho en otros términos, la desigualdad nos habla de la mezcla habitacional que existe entre dos grupos de la población. La segunda dimensión trata de elucidar el modo en que la distribución espacial condiciona las posibilidades de interacción entre grupos sociales, midiendo "la experiencia de la segregación sentida por el miembro promedio de la mayoría o la minoría" (Massey y Denton, 1988, p. 287). El clustering, tercera dimensión seleccionada, apunta a desentrañar en qué medida las áreas habitadas por miembros de un grupo lindan una con la otra en el espacio.

Para la medición de la segregación residencial de la primera de las dimensiones, emplearemos dos de los indicadores más frecuentemente utilizados en la literatura especializada: el índice de Segregación (IS) y el índice de Disimilitud (ID). Se trata de indicadores globales que proporcionan una única medida-resumen de segregación para el conjunto de la ciudad. En el caso de la dimensión interacción, nos conformaremos con calcular el índice de aislamiento (IA); un indicador que estima la probabilidad que tiene un individuo de una determinada condición de encontrarse en el área que habita con alguien de su misma condición social (Molinatti, 2013). Por último, y a fin de identificar aquellas áreas con alta concentración de jefes de hogar con MNI bajo y detectar distintas formas de agrupamientos, utilizaremos otros dos indicadores que, aunque no fueron desarrollados por Massey y Denton, se encuentran inspirados en sus principios: el Índice Moran, tanto global como local (IMG e IML).

DESIGUALDADES ESPACIALES EN TIEMPOS DE "GRANDES TRANSFORMACIONES"

Comencemos este recorrido con los indicadores que incluimos dentro de la dimensión igualdad: los índices de segregación (IS) y disimilitud (ID). Como señalamos en otro trabajo (Perren, 2011), ambos presentan rasgos compartidos: toman como referencia al conjunto de la ciudad y se interpretan como la proporción de un grupo determinado que debería mudarse para lograr la desagregación total con respecto a otro. Un valor cercano a 100 nos indicaría que el grupo en cuestión no comparte las áreas residenciales con miembros del otro grupo (realidad de segregación); y uno próximo a cero nos avisa que la proporción de ambos grupos para cada una de las subdivisiones estudiadas es idéntica (realidad de integración). La diferencia entre uno y otro estriba en que, mientras que el IS mide la distribución de un grupo respecto del total de la población, el ID mide la distribución de dos grupos entre sí. Si tuviéramos que marcar las fortalezas que ambos poseen con relación a otros indicadores, no podríamos dejar de destacar dos ventajas: por un lado, dado que se trata de medidas de resumen, su lectura es fácil e intuitiva; por el otro, su implementación no requiere de técnicas de georreferenciamiento (Rodríguez, 2008).

El cálculo del IS para el caso neuquino nos permite descubrir un primer aspecto significativo: los grupos menos homogéneamente distribuidos fueron aquellos que se ubicaban en los extremos de la grilla (Tabla 3). En 1991, cerca de un tercio de aquellos jefes de hogar que presentaban los peores indicadores educativos debía cambiar su lugar de residencia para obtener una distribución homogénea en toda la ciudad. La segregación de quienes mostraban un MNI alto era aún más fuerte. Un IS de 49 nos habla de una población de una escasa mezcla habitacional entre la población de mayores ingresos y el resto de la sociedad neuquina (Tabla 3). Recordemos que, de acuerdo con diferentes autores (Moya, 2003, p. 130), un IS de 30 sería el umbral a partir del cual se puede hablar de una situación de segregación. Luego de la aplicación de las recetas de corte neoliberal, la segregación protagonizada por quienes ocupaban la parte baja de la clasificación se incrementó un 10%, mientras que "por arriba" no se apreciaban cambios significativos. Eso quiere decir que, en los diez años que median entre ambos censos, la localización de los "pobres" en el tablero urbano se hizo aún más desigual, lo que podría leerse, tomando prestadas las ideas de Molinatti (2013), como la expresión de una mayor concentración de los mismos en algunos sectores de la ciudad.

Los grupos que ocupaban los casilleros intermedios de la clasificación exhibieron índices de segregación que se situaban entre ambos extremos. De todos modos, detrás de esta afirmación, bastante general por cierto, se ocultan dos aspectos que no podemos dejar de mencionar. El primero es que el grupo de MNI medio alto mostraba un nivel de segregación cercano a la barrera que arriba mencionamos, pero estable en el tiempo: tanto en 1991 como en 2001, un cuarto de los hogares cuyo jefe había completado el nivel secundario, debía cambiar su lugar de residencia para alcanzar una absoluta integración (Tabla 3). En segundo término, el grupo compuesto por los hogares cuyo jefe mostraba un MNI medio bajo se encontraba bastante mejor distribuido, aunque mostraba una tendencia hacia a una mayor segregación: en los diez años que nos interesan, su IS se deslizó de un modesto 15 a un mucho más significativo 25, lo que nos pone frente a un incremento del orden del 40%. Cifras como estas nos permiten abonar aquella hipótesis, defendida por Groisman y Sconfienza (2014), que sostenía que una distribución regresiva del ingreso tiene como consecuencia necesaria un incremento de las desigualdades espaciales al interior del espacio urbano.

Veamos qué sucede si, en lugar calcular el IS, prestamos atención al segundo de los indicadores a partir de los cuales podemos aproximarnos a la desigualdad: el índice de disimilitud. Los resultados obtenidos permiten sumar la ciudad de Neuquén a la abundante literatura dedicada al estudio de la segregación residencial socioeconómica. Al igual que otros trabajos, la medición del ID pone de manifiesto la alta correspondencia que existe entre la distribución espacial de los grupos y las distancias socioeconómicas entre ellos. El ID alcanza valores más altos al calcularse entre grupos extremos y valores más bajos entre los grupos salteados y contiguos (Tabla 4). Para demostrar lo primero, basta con mencionar una cifra: dos terceras partes de los miembros del grupo de MNI bajo debían cambiar su lugar de residencia para obtener una igual distribución respecto del grupo de MNI alto en todas las áreas de la ciudad. Pero este dato nos dice poco si no observamos desde una perspectiva más amplia: en caso de utilizar los parámetros provistos por Rodríguez Vignoli y Arriagada Luco (2004), estamos en condiciones de sostener que ambos grupos mostraban entre sí una realidad de hipersegregación.

Concentremos ahora nuestra atención en el nivel de segregación existente entre los grupos que no se encontraban en los extremos de la clasificación. En este sentido, las observaciones que realizamos sobre los grupos salteados se encuentran en el rango de lo esperable: el ID desciende si, en lugar de medir los extremos de la clasificación, nos ocupamos de aquellos que se encontraban a un casillero socioeconómico de distancia. De todos modos, la mezcla habitacional entre cada uno de ellos fue muy escasa a lo largo de los noventa, cuando mostraron una clara tendencia hacia una profundización de la segregación. Los datos que surgen al procesar la información suministrada por los censos de 1991 y 2001 son elocuentes al respecto. Hacia comienzos de la década, la relación del ID entre los grupos de MNI bajo y medio alto era del orden del 44%, mientras que entre medio bajo y alto alcanza el 52%. Diez años después, cuando el régimen de convertibilidad estaba llegando a su fin, dichos porcentajes se incrementaron hasta llegar a 46 y 54 respectivamente. Dicho en una forma más sencilla, cerca de la mitad de quienes conformaban estos grupos debían mudarse para lograr una distribución uniforme al interior de la ciudad. La "dualización" del mercado laboral tenía entonces un claro correlato espacial: la mayor distancia entre los grupos salteados, así como la creciente brecha entre quienes ocupaban en casillero medio-bajo y medio-alto, es la prueba más palpable de ello.

La fuente de fortaleza del IS y del ID es también su principal talón de Aquiles: por tratarse de indicadores-resumen, no nos dicen si las áreas de concentración de los grupos se distribuyen de forma aleatoria en el espacio o se adjuntan unas a otras, conformando contiguos homogéneos (Sabatini et al., 2001). En pocas palabras, con su auxilio podemos saber cuán desigual es la distribución de los grupos sociales en el territorio, pero no resulta posible saber dónde se dispone cada uno de ellos en el espacio urbano. De ahí la importancia de sumar a nuestra caja de herramientas medidas georreferenciadas que, siguiendo a Molinatti, "tengan como punto de partida la semejanza (o no) de las unidades espaciales vecinas" (2013, p. 132). Este es precisamente el rasgo que distingue a los indicadores que operan en la dimensión clustering; es decir, aquellos interesados en explorar detalladamente el grado de agrupamiento de las áreas que albergaban una elevada concentración de aquellos grupos que se encontraban segregados en el espacio urbano.

El Índice de Moran (IM) es un indicador que nos permite llevar adelante esa labor, debido a que, como bien han afirmado Buzai y Pineda, "no intenta medir la correlación entre dos variables diferentes en un mismo espacio, sino la correlación que tiene una misma variable en diferentes unidades espaciales contiguas" (2007, p. 18). En su versión global, el IM nos ofrece una medida general de clustering; esto es, de la aglomeración de los radios censales que presentan características similares en alguno de los atributos que podemos distinguir en ellas. El Índice de Moran Local (IML), también denominado LISA (Local Indicators of Spatial Association), nos permite saber a ciencia cierta cuánto contribuye cada unidad espacial a la formación del valor global. Lejos de ser contradictorios, ambos nos brindan elementos para abordar dos facetas indisociables de la segregación: si el IMG nos ofrece un panorama general del fenómeno, el segundo, por operar a escalas intraurbanas, hace posible una representación cartográfica del mencionado fenómeno o, dicho de manera más sencilla aun, que sepamos dónde se ubican las áreas segregadas. Para los fines que alientan el presente trabajo, nos conformaremos con aplicar ambas técnicas a aquellos grupos que, como demostramos anteriormente, mostraban una distribución desigual en el Neuquén de los noventa (MNI alto y bajo).

Cuando calculamos el IMG (Tabla 5) para ambos segmentos de la población neuquina, distinguimos, a lo largo de la década que nos interesa, una conjunción entre cambios y continuidades. En el primero de los renglones, debemos apuntar el fuerte nivel de agrupamiento de aquellas unidades espaciales que mostraban una fuerte presencia de quienes habían tenido un paso exitoso por el sistema educativo. La elevada autocorrelación espacial que detectamos en 1991 y 2001 pareciera así demostrarlo. Otra continuidad tiene relación con el menor nivel de clustering de aquellas unidades espaciales en las que los "pobres" mostraban un mayor peso relativo, algo que puede explicarse a partir de un patrón de asentamiento que asume la forma de múltiples enclaves. En lo referido a las transformaciones, no podemos dejar de mencionar el incremento de los niveles de autocorrelación espacial para ambos grupos: en el caso del grupo conformado por quienes ostentaban un MNI alto, el IMG experimentó un aumento del orden del 5%, mientras que en el conformado por quienes estaban en la base de la clasificación evidenciada, ese incremento fue de prácticamente el doble. Nuevamente, en este caso en la dimensión clustering, vemos cómo la "gran transformación" reforzó un cuadro de segregación que, como las cifras ponen en evidencia, ya comenzaba a insinuarse hacia comienzos de la década.

Ahora bien, ¿cuál era la ubicación donde se agrupaban aquellos radios censales en los cuales tenían una fuerte participación los "pobres" y los "ricos? ¿Esos clusters de ambos grupos estaban separados geográficamente? ¿Cuál era su tamaño, es decir, estamos en presencia de una segregación a gran escala o una microsegregación? ¿Qué cambios observamos alrededor de estas temáticas en el transcurso de la década de 1990?

Algunas respuestas a estos interrogantes se encuentran al observar los mapas que resultan de la aplicación del Índice de Moran Local para la población de MNI Alto (Figura 2). Una lectura superficial de la cartografía nos permite detectar una línea de continuidad entre 1991 y 2001: la mayoría de las unidades espaciales que se ubicaban en la periferia de la ciudad aparecen en color azul, lo que significa que allí se agrupaban radios censales con una baja concentración de "ricos", rodeados por unidades espaciales de las mismas características. En una franja intermedia, aparece una amplia franja de territorio donde no observamos relaciones significativas, dando forma a un espacio socialmente heterogéneo que podríamos pensar en términos de un área de "acrecentamiento in situ" (Griffin y Ford, 1991). Por su parte, las áreas rojizas constituyen el núcleo del agrupamiento, y ocupan una importante superficie que, a grandes rasgos, coincide con el "centro expandido" de la ciudad; es decir, aquel espacio conformado por el damero original y diferentes barrios residenciales que, en virtud del creciente precio de la propiedad inmobiliaria en el área comercial y administrativa, se construyeron en un radio comprendido entre quince y treinta cuadras del centro geográfico de la ciudad (Perren, 2010a). Al igual que otras ciudades latinoamericanas, los grupos sociales de situación socioeconómica más favorable evidenciaban a simple vista una clara segregación a "gran escala". O, en términos más sencillos, los sectores más encumbrados residían en un área específica de la ciudad, cuyos límites se confundían con lo que en otro trabajo denominamos "continente de la riqueza" (Perren, 2011).

Con una idea clara de lo sucedido en las áreas ricas, estamos en condiciones de observar el nivel de agrupamiento de aquellos radios en los que existía una fuerte concentración de jefes con MNI bajo. Lo primero que podríamos decir es que estos últimos invertían la distribución de las áreas "ricas": el cluster de color rojo lo encontramos en el "centro expandido" y, a medida que avanzamos hacia el noroeste, los niveles de agrupamiento se incrementan (Figura 3). En efecto, tanto en el censo de 1991 como en el de 2001, notamos un fuerte agrupamiento de áreas "pobres" en el sector norte del barrio Progreso, en el cuadrante de la ciudad que luego va a dar origen a dos nuevas jurisdicciones: "Villa Ceferino" e "Islas Malvinas". Pese a haber sido objeto de algún tipo de ordenamiento hacia fines de los ochenta, estos vecindarios continuaron siendo, a lo largo de la década siguiente, espacios de "destitución infraestructural", para usar las sugestivas ideas de Auyero y Burbano (2012). Para confirmar este punto, basta con echar un vistazo a las cifras provistas por una investigación periodística de la época: en 1993, ambos barrios presentaban sectores "con una falencia del 70% en todos los servicios [lo que] se agrava porque el 50% de los vecinos no posee la mensura de sus terrenos" (La revista de Calf, 1993a, p. 7).

El segundo agrupamiento que pareciera reforzarse a lo largo de los noventa es aquel ubicado en el confín noroccidental de la ciudad. En ese sector, cerca de mil familias vivían en lo que la prensa local denominaba en términos de "asentamientos espontáneos" (La revista de Calf, 1995, p. 14). A diferencia de "Villa Ceferino" o "Islas Malvinas", espacios cuya ocupación databa de fines de los setenta, en este caso estamos frente a un territorio que se comenzó a poblar hacia comienzos de los noventa. Ese carácter reciente hizo que allí se alojase una población a la cual no dudaríamos en ubicar en el casillero de la "pobreza estructural". Una breve descripción del parque habitacional nos brindaría valiosas evidencias para reforzar esta caracterización. De acuerdo con un estudio realizado por estudiantes de la carrera de Planificación Ambiental de la Universidad Nacional del Comahue, en este cuadrante de la ciudad, que luego se denominó hipeba, abundaban las viviendas de "maderas, chapas de cartón y otros materiales precarios; algunas revestidas en telas plásticas para una mejor protección de las filtraciones" (La revista de Calf, 1997a, p. 8). Al mismo tiempo, muchas de las soluciones habitacionales eran inconvenientes por haberse instalado en "cárcavas o en sus proximidades, exponiéndose a riesgos en caso de lluvias de cierta intensidad". Tal como Auyero y Burbano destacan para el caso del Gran Buenos Aires, en estos espacios de relegación asistimos simultáneamente a "una negación de infraestructura adecuada y la rutinaria ausencia de protección contra los riesgos y peligros ambientales" (2012, p. 14).

Un tercer cluster se distingue en la franja sur de la ciudad. Lo que, en 1991, era un radio censal aislado, apenas perceptible en la cartografía, diez años después se convirtió en un área bastante más extensa, que comprendía una colonia agrícola (Valentina Sur) y una serie de vecindarios ubicados en la zona ribereña de la ciudad (Don Bosco II, Don Bosco III y Limay). Más allá que no hayan funcionado como un conjunto articulado de experiencias y, menos aún, como un "área social" en el sentido expresado por Shevsky y Bell (1955), estas unidades censales mostraban un claro rezago en lo que a "geografía de las oportunidades" se refiere. Esto es particularmente evidente en el caso del barrio Valentina Sur. Nacido en los setenta, en las grietas de lo que otrora fuera un próspero emplazamiento productivo, este vecindario presentaba -dos décadas después- una realidad de fuerte hacinamiento: ante la falta de una activa política de vivienda por parte del Estado provincial, "los hijos se casa[ba]n y se queda[ba]n a vivir con sus padres" (La revista de Calf, 1993b, pp. 12-13), como alguna vez un dirigente vecinal sostuviera en una entrevista periodística. Este déficit habitacional llegaba a extremos tales que existían familias viviendo "en condiciones muy precarias, con una letrina para todos". No es extraño que esta situación, sumada a la "epidemia de desempleo" de los noventa, haya posibilitado que Valentina Sur liderara del ranking de barrios con mayor índice de desnutrición infantil: en 1993, un cuarto de la población menor a los dos años tenía problemas a la hora de alimentarse (La revista de Calf, 1993c, p. 13).

Un último agrupamiento de unidades espaciales donde el peso relativo de quienes estaban en la base de la grilla socioeconómica se abre paso en el norte de la ciudad, constituyendo una novedad con relación a 1991. Encontramos allí a la llamada Ciudad Industrial, un barrio nacido de la expresa voluntad del Estado provincial de replicar las aglomeraciones obreras de ciudades como Rosario o Córdoba. Con ese fin, se construyó un complejo habitacional que contaba con todos los servicios básicos, pero que, en palabras de un vocal de la comisión vecinal, "carecía de los servicios sociales mínimos indispensables" (La revista de Calf, 1994, p. 12), entre los cuales el dirigente señalaba la insuficiencia de las instituciones educativas, espacios verdes y alternativas recreativas. En materia laboral, y al igual que otros espacios de relegación, la "ciudad industrial" presentaba un cuadro social extremadamente delicado. Los datos ofrecidos por un censo alimentario-laboral levantado en 1994 hablan por sí mismos: cerca de un centenar de familias se hallaban en una situación crítica o, lo que es igual, unas quinientas personas solo contaban con una bolsa alimentaria para cubrir sus necesidades tradicionales mínimas (La revista de Calf, 1994, p. 13). Este barrio, quizá como ningún otro, funciona como una metáfora de los devastadores efectos de la "gran transformación": una urbanización planificada, recostada sobre el sector secundario, se volvió, al cabo de un puñado de años, en un territorio de marginalidad, exclusión y estigmatización.

En suma, en el caso del grupo cuyo máximo nivel de instrucción es bajo, advertimos una disposición en forma de enclaves que, con el desembarco de las recetas neoliberales, no hicieron más que aumentar en número y en dimensión. El "continente de la riqueza" se transformaba, en el caso de las áreas de mayor concentración de jefes con MNI bajo, en un "archipiélago de pobreza". En 1984, existía un total de 17 "asentamientos ilegales" que reunían una población aproximada de doce mil habitantes (Perren, 2010b). Trece años más tarde, la capital neuquina albergaba 21 "villas de emergencia", algunas regularizadas y otras en una situación de incertidumbre, en las cuales residían más de quince mil personas (La revista de Calf, 1997b, p. 15). Sin embargo, junto a este mayor peso cuantitativo, debemos señalar un segundo aspecto de enorme importancia analítica: los nuevos espacios de relegación que se abrieron paso en la periferia se localizaban a una considerable distancia del hot spot de la "riqueza". Dicho de otro modo, entre las áreas "ricas" y "pobres" no solo existía un abismo en materia de cobertura de servicios, sino que además la distancia física entre ambas se había incrementado con el paso de los años: un asentamiento tradicional como Villa Ceferino se ubicaba a unos 1.500 m del centro de la ciudad, mientras que, en el caso de hipeba, esa distancia se multiplicaba por tres. Esta lejanía relativa es clave para explicar lo que algunos teóricos llaman "desajuste espacial" (Klein, 2004): la distancia creciente entre las oportunidades de trabajo y la ubicación residencial de las minorías desventajadas es un factor clave a la hora de explicar las tasas de desempleo diferenciales al interior del tablero urbano, ya sea por la excesiva duración de los viajes, la discriminación de los empleadores o bien la falta de acceso a la información acerca de los empleos disponibles (Linares, 2013, pp. 9-10).

Luego de este recorrido por la historia urbana neuquina, una cuestión queda en claro: los grupos extremos de la clasificación, además de mostrar una distribución desigual, exhibieron una concentración en algunas áreas de la ciudad. Queda ahora por descubrir si estos sectores eran homogéneos en términos sociales; algo que nos permitiría aproximarnos, mal no sea superficialmente, al llamado "efecto vecindario". Con ese propósito, resulta necesario atender a una tercera dimensión de la segregación, la exposición, así como sumar el Índice de Aislamiento (IA) a nuestro instrumental. En palabras de Gómez (2011), este indicador mide la probabilidad que un "individuo comparta la misma unidad con un individuo de un grupo diferente" (p. 57). A diferencia del ID o del IS, los posibles valores del IA oscilan entre 0 y 1 (Tabla 6). El valor máximo nos indica que una determinada subpoblación está aislada en las unidades espaciales en donde reside, mientras que un puntaje bajo nos indica exactamente lo contrario: ese grupo, por habitar en un área heterogénea, debería tener mayores posibilidades de interactuar con otros grupos sociales. En resumidas cuentas, este indicador de exposición mide las probabilidades de interacción de los grupos sociales en el espacio urbano, tomando como ciertos una serie de supuestos que no siempre se cumplimentan. Entre ellos, podemos mencionar tres en particular: a) las personas interactúan solo con quienes viven en su propia área de residencia; b) cada una tiene igual probabilidad de establecer contacto con cualquier otra de la misma área, y c) las posibilidades de interacción tienen como único determinante la distribución residencial de la población (Marcos y Mera, 2009).

La aplicación del IA a la realidad neuquina nos muestra una realidad muy rica en matices. Si bien los grupos de MNI alto estaban más agrupados que aquellos que mostraban una fuerte concentración en determinadas áreas de la ciudad, el nivel de aislamiento de ambas subpoblaciones no era exactamente el mismo. En 1991, quienes exhibían un peor desempeño educativo estaban bastante más aislados que aquellos que podían demostrar un paso completo por la universidad. Los integrantes del grupo de MNI bajo alcanzaron en esta dimensión valores cercanos a 0,29, mientras que los jefes de hogar con MNI alto apenas obtuvieron un puntaje de 0,20 (Tabla 6). Esta diferencia nos indica que la proporción de "pobres" en las "áreas pobres" era mucho más elevada que la proporción de "ricos" en las "zonas ricas", lo que indicaría una realidad de segregación que afectaba principalmente a quienes se encontraban en la base de la estructura sociocupacional. Algunos de los problemas que surgen como producto de la aglomeración de familias pobres en áreas socialmente homogéneas son el bajo rendimiento escolar, la desprotección social, el deterioro urbanístico-habitacional, la degradación ambiental y la estigmatización (Katzman, 1999; Sabatini, 2003; Vargas y Royuela, 2006); todos elementos que señalamos cuando nos referimos a las características de cada una de las islas de la pobreza. Dicho de otra forma, el "efecto vecindario", que descubrimos para el caso neuquino para la década de 1980 (Perren, 2012), gozaba de muy buena salud en los noventa, lo que no hizo más que reforzar los efectos de una sociedad cada vez más polarizada por los efectos del proceso de neoliberalización.

En los diez años siguientes advertimos un claro proceso de convergencia. El grupo con menos rodaje en el sistema educativo perdió parte de su aislamiento; algo que no podemos explicar a partir de un proceso de movilidad social ascendente, sino por el significativo avance del sistema educativo y por el hecho de que, en función del deterioro generalizado de la economía, la conclusión del nivel primario no garantizaba la obtención de un empleo mejor remunerado (PNUD, 2009, p. 20). En este sentido, no estaría mal si dijéramos que estas cifras abonan la tesis de la dualización de la sociedad neuquina, pues nos indican que los clusters de la pobreza comenzaron a albergar a población que podríamos ubicar en el estrato "medio-bajo". Por "arriba", en cambio, apreciamos un notable aumento de la homogeneidad de aquellas áreas donde estaban concentrados quienes ostentaban un título universitario. Mucha importancia tuvo en este proceso el despliegue en la ciudad de "barrios privados", que fueron ideados como espacios residenciales que ofrecían una seguridad y un contacto con la naturaleza que, de acuerdo a las publicidades de la época, comenzaba a escasear en el centro de la ciudad. Que el radio censal que alojaba al Rincón Club de Campo, al norte del "continente de la riqueza", haya mostrado la mayor concentración de población con MNI alto es una prueba fehaciente de ello: la proporción de este grupo en la mencionada unidad espacial cuadruplicaba la media del grupo en el total de la ciudad. La conjunción de ambos fenómenos nos ayuda a entender la brusca caída del índice de interacción entre "ricos" y "pobres" entre 1991 y 2001: entre ambas fechas, este indicador, que expresa la probabilidad de que un miembro seleccionado al azar del grupo minoritario se encuentre en su subárea de residencia con un miembro del grupo mayoritario, experimentó un descenso del orden del 40% (Tabla 7).

El incremento de la segregación en cada una de las dimensiones trabajadas es la manifestación espacial de la creciente polarización de la ciudad de Neuquén, que refleja y refuerza el crecimiento de los niveles de desigualdad social. A lo largo de los diez años que cubre la "gran transformación", la distribución del ingreso en nuestro escenario se incrementó y esto, tal como sucedió en otros escenarios latinoamericanos, tuvo como efecto una disimetría en la estructura urbana. La aparición de los primeros "barrios cerrados", de esos enclaves a los que Pirez (2002) piensa en términos de "corredores de modernidad y salud", así como el notable incremento de los asentamientos irregulares, son las muestras más palpables de este proceso, pero no las únicas.

Tomando distancia de lo sucedido en las áreas metropolitanas de la región, el caso neuquino muestra algunas singularidades que nos brindan pistas sobre cómo el proceso de neoliberalización impactó en las ciudades de tamaño intermedio. La más relevante de ellas es, sin duda, el papel desempeñado por su distrito central: sin dejar de albergar el grueso de la actividad administrativa y comercial, siguió siendo el área donde residieron los miembros más encumbrados de la sociedad. Ese "continente de la riqueza", en cuyos márgenes hallamos la primera gated community, no fue objeto de una estampida hacia los suburbios, tal como ocurrió en otros escenarios urbanos. En todo caso, vemos en estos años los primeros -y todavía tímidos- pasos de un proceso que ganaría importancia conforme nos aproximamos al presente: la periferización de las pautas residenciales de la élite. Claro que no todo fue continuidad en este cuadrante de la ciudad: el creciente valor de la propiedad inmobiliaria, resultado de una demanda habitacional por delante de la oferta, hizo de este espacio uno mucho más homogéneo desde el punto de vista social, lo que restringió la interacción entre los distintos estratos que dieron forma a la estructura social neuquina. En este punto notamos la relevancia de analizar el fenómeno de la segregación a partir de distintos instrumentos. Si solo la hubiésemos explorado a partir de la dimensión clustering, no podríamos detectar estos cambios, que resultaron evidentes cuando echamos mano a indicadores ligados a la exposición.

Algo no muy diferente podríamos decir con relación a los asentamiento que se abrieron paso en la periferia de la ciudad. Como alguna vez afirmaron Heller y Evans (2010), estos enclaves son la "vidriera de las formas más durables y perturbadoras de la desigualdad contemporánea" (p. 444). El "archipiélago de la pobreza" de los ochenta, ese que analizamos en detalle en otros trabajos, poco tenía que ver con el que visualizamos una década después. La instalación de las primeras "villas" estuvo asociada a un modelo económico que pivoteaba alrededor del pleno empleo. En los noventa, en cambio, la producción de territorio periférico tuvo como condimento esencial el incremento de la desocupación. Vemos surgir en estos espacios segregados un amplio "precariado" que no solo enfrentaba una delicada situación laboral, sino que habitaban en "ambiente contaminado, riesgoso y degradado" que afectaba "su salud y las capacidades futuras" (Auyero y Swintun, 2009, p. 56). Analizar la "textura de las privaciones" en estos enclaves, en el sentido propuesto por Newman y Massegill (2006), constituye una apuesta a futuro, cuya resolución nos permitiría aproximarnos a las experiencias/vivencias de los sectores populares. En pocas palabras, y en forma de cierre, el desafío hacia adelante podría sintetizarse en una pregunta fácil de formular, pero de muy compleja resolución: ¿Qué tipo de habitus y qué clase de prácticas emergen al vivir en una ciudad fragmentada en términos sociales y espacialmente polarizada?

1 En el caso de la salud, entre 1970 y 1980 las partidas destinadas al sistema provincial de salud se multiplicaron diez veces. En todo este periodo, el peso de los fondos girados a la Subsecretaría de Salud estuvo siempre por encima del 13% del presupuesto oficial, mostrando la centralidad que esta área tenía en el diseño estratégico provincial (Blanco, Gentile y Quintar, 1999, p. 120). En el área educativa, los avances fueron igualmente significativos: mientras que a comienzos de los setenta la participación del sector en el presupuesto provincial rondaba el 8%, en 1985 esa proporción se ubicaba por encima del 20% (Blanco et al., 1999, p. 120).

2 El sector terciario experimentó, entre 1970 y 1985, un crecimiento sin antecedentes que lo llevaría a concentrar más de la mitad del Producto Bruto Geográfico (PBG) (Perren, 2012, pp. 56-58).

3 Bajo la presidencia de Carlos Menem, hubo pactos que tuvieron cierta influencia en la asignación de recursos. En 1992 se establecieron fondos pre-coparticipables, que permiten a la naciónquedarse con un 15% de la masa de recursos antes de la distribución primaria, para asignarlos discrecionalmente. Paralelamente, a las provincias se les garantizó un piso mínimo de recursos de la coparticipación, independiente de la recaudación. En 1993, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento elevó el piso mínimo y dispuso que el excedente de recursos tuviese una proporción destinada a la cancelación de deudas y el financiamiento de la reforma del Estado (Patrucci, 2005, pp. 4-5).

4 El Producto Bruto Geográfico provincial se incrementó en un 74% entre 1991 y 2001, pasando de $2.532 millones en 1991 a $4.413 millones en 2001 y a valores constantes de 1993 (Domeett y Kopprio, 2007, p 14).

5 La decisión de tomar la información de los censos de población se fundamenta por ser la única fuente que permite georreferenciar la información completa para la ciudad de Neuquén. Si bien la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un estudio oficial realizado periódicamente por muestreo, presenta datos sobre ingresos de la población, al ser una encuesta, resulta imposible cualquier tipo de análisis intraurbano.

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