Petróleo sin gente, una estrategia que es necesario modificar dentro de un estado social de derecho

Oil without People, a Strategy that Needs to be Changed in a Social State under the Rule of law

Alfonso Avellaneda Cusaría⁽¹⁾

⁽¹⁾ Magíster en Ingeniería, Profesor titular, Universidad El Bosque, Bogotá D.C. avellanedajose@unbosque.edu.co

Recibido 15 de mayo de 2014. Modificado 20 de mayo de 2014. Aprobado 25 de mayo de 2014.

Palabras clave

Hidrocarburos, medio ambiente, responsabilidad social empresarial, territorio.

Resumen

Este artículo parte de una revisión de lo que ha sido la actividad petrolera en Colombia en los últimos cien años, caracterizada como una actividad de invasión de territorios ancestrales indígenas y campesinos, y plantea una reflexión sobre lo que debería ser el papel de la ingeniería en la humanización de dicha actividad, con el objetivo de respetar los patrones territoriales y culturales de las poblaciones y la gente que habita en las zonas de influencia de los proyectos de hidrocarburos, siendo esta una condición indispensable para la búsqueda y construcción de la susten-tabilidad ambiental.

Key words

Hydrocarbons, environment, communities, corporate social responsibility, territory.

Abstract

This article is based on a review of the history of oil exploration and production in Colombia during the past hundred years, characterized as an activity whereby the lands inhabited by ancestral native and peasant communities are invaded. It proposes a reflection on what should be the role of engineering should be in the humanization of the oil and gas activities. The goal here is to respect the territorial and cultural patterns of the communities who live in the areas of influence of hydrocarbon projects, proposing that this is a necessary condition for the quest and achievement of environmental sustainability.

Introducción

Hace un siglo que las actividades petroleras iniciaron su incursión en el territorio nacional de mano de las empresas norteamericanas, en un país que no se había recuperado de la Guerra de los Mil Días ni de la pérdida de Panamá. Los gobiernos sin representatividad democrática, surgidos del dominio del Partido Conservador triunfante en la confrontación de inicios de siglo y dotado de una Constitución centralista, abrieron los espacios físicos y legales para que esta actividad se iniciara en las regiones del Catatumbo y el Magdalena Medio. Estas regiones no tenían peso ni representación política en el gobierno nacional, lo cual propició que las empresas petroleras ocuparan esos espacios y territorios con sus propias reglas y decisiones sobre vidas, tierras y recursos (Jiménez, 1985). Este inicio definiría a lo largo del siglo XX y hasta el presente las características de la explotación de hidrocarburos en casi todo el territorio nacional.

Breves anotaciones de historia en un siglo de petróleo en colombia

Estamos a un poco más de un siglo de haberse iniciado la exploración de hidrocarburos en Colombia, desde que el ilustre escritor Jorge Isaacs se adentró en la zona de Urabá a realizar las primeras exploraciones en busca del oro negro, seguido en la primera década del siglo XX por la expedición militar contra los pueblos indígenas Motilón-Barí para despejar los territorios e iniciar las exploraciones en la Concesión Barco (Avellaneda, 1998). Desde esos años y hasta ahora la búsqueda del oro negro ha sido un proceso de invasión de territorios de pueblos ancestrales con transformación de espacios y consolidación de zonas de poder del gran capital y sus intereses, en su mayoría extranjeros, sobre el territorio colombiano.

Existen tres regiones en Colombia donde esta actividad se ha manifestado con toda su plenitud, lo que las ha llevado a consolidarse como regiones petroleras: Catatumbo, Magdalena Medio y el Piedemonte Amazorinoqués.

En el primero, la Standard Oil Company, con el ejército colombiano, desató una guerra contra los pueblos ancestrales Motilón-Bari durante las primeras décadas del siglo XX hasta casi su exterminio, para dar paso a los campos petroleros de la Concesión Barco. Los indígenas fueron vistos como individuos que debían dominarse. De esta forma el Catatumbo se fue construyendo como región petrolera y tuvo su auge hasta llegar a casi el agotamiento de los yacimientos en los años de 1960. En esa misma región la Texas Petroleum Company explotaría petróleo que era enviado hacia Alemania durante la Segunda Guerra Mundial (De la Pedraja, 1985).

En el Magdalena Medio, la Tropical Oil Company (Troco), llegó a los territorios ancestrales de los yariguíes y establecería su dominio por cuarenta años entre 1912 y 1952 (Castillo & Varela, 2013). Los últimos indígenas ya-riguíes sucumbirían bajo el dominio de los territorios por la Troco en la década de 1920 (Avellaneda, 1998). En esta misma región Texaco ocuparía el Territorio Occidental de Boyacá y Oriental de Caldas para establecer su domino sobre la vida de los pobladores y los recursos del suelo y del subsuelo. Para esto se valió de cédulas reales, validadas por el Estado, y no pagaría las regalías a Colombia durante cuarenta años de explotación del Campo Velásquez en Puerto Boyacá.

En el Piedemonte Amazorinoqués a la Tropical Oil Company se le otorgaron la mayoría de los bloques de exploración de hidrocarburos por parte del gobierno de Olaya Herrera (19301934) y esa compañía estableció en Orocué su centro de actividades para el departamento del Casanare (Avellaneda, 1998). Las comunidades indígenas de guahibos y salivas, así como sus territorios, fueron las principales víctimas de la ocupación petrolera. En la década de 1940, colonos de la zona recuerdan la cacería de indígenas por parte de los petroleros de la Troco como actividad de diversión (Avellaneda, 1998). La masacre de Planas, efectuada a los indígenas guahibos por colonos a principios de la década de 1960, dejaría ver el horror de esta práctica que desde años atrás habían efectuado los petroleros innumerables veces. En el Putumayo la Texaco, durante las décadas de 1950 a 1970, ocupó a su manera los territorios de los pueblos kofanes e introdujo patrones de ocupación que implicaron la prohibición de la lengua y las costumbres kofán al mejor estilo de la conquista hispánica en pleno siglo XX. (Avellaneda, 1998).

La visión implícita en la conformación de los campos petroleros como espacios de poder

Hacia el año 1989, cuando se proyectaba construir el oleoducto Colombia entre Puerto Berrío y Coveñas, en la reunión entre técnicos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDE-RENA) y las compañías petroleras se presentó un General de la República, quien presidió la reunión con la siguiente afirmación: "Construir un oleoducto es una operación militar". No era la primera vez que esto ocurría en Colombia. Durante todo el tiempo que se estableció la Texas Petroleum Company en Puerto Boyacá, un batallón del ejército colombiano estuvo bajo su mando, y eran los soldados los que en los fines de semana traían mujeres a los campamentos de la petrolera, bajo el terror de las familias que no podían hacer nada cuando sus hijas eran conducidas a estos territorios militares-petroleros. Estas reflexiones sobre las traumáticas relaciones entre las actividades petroleras y las poblaciones de su área de influencia son válidas en el contexto del análisis de este dossier "Ingeniería, sosteni-bilidad e hidrocarburos", en la medida en que en el centro de las preocupaciones sobre la sostenibilidad ecológica y socioeconómica-cultural está la gente que vive en las regiones petroleras o potencialmente petroleras. Las universidades y, particularmente desde la Ingeniería Ambiental, consideramos que el componente sociocultural debe ser el centro de cualquier prospección o propósito de desarrollo, entendido este en los mejores términos como el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población. Desde este enfoque somos profundamente críticos del establecimiento de los campos petroleros como espacios de poder apoyados en la fuerza de las armas, así sean estas del ejército nacional, ya que esta circunstancia deslegitima una actividad económica, que puede contribuir a la superación de las deficiencias en necesidades básicas insatisfechas, que existen en las regiones con recursos energéticos y la convierte en una actividad de saqueo y destrucción de los territorios campesinos e indígenas, los cuales han sido construidos durante cientos de años por los pueblos ancestrales.

Petróleo, conflicto armado y crisis social

En un escrito, de hace ya una década (Cárdenas, 2004), presentamos las siguientes hipótesis sobre los hidrocarburos en Colombia en términos de ocupación de territorios:

La hipótesis que desarrolla el presente ensayo es que el conflicto petróleo-medio ambiente, está basado sobre un escenario de inequidad y segregación que se ha venido construyendo en las zonas petroleras a lo largo de un siglo, afectando territorios y culturas indígenas, destruyendo recursos naturales estratégicos como la biodiversidad y el agua dulce y creando y alimentando situaciones de conflicto que se proyectan más allá de las regiones donde se explota este recurso energético, impactando a toda la nación.

Se destacan cuatro elementos que relacionan directamente los hidrocarburos con el conflicto actual. Primero: las condiciones de explotación han sido impuestas por las compañías petroleras. Segundo: las formas de explotación se han hecho sobre la base del modelo de inserción que las compañías han traído, decidiendo sobre vidas, tierras y recursos en las zonas petroleras creando estructuras paraestatales de poder. Tercero: se crean enclaves de producción, que debido a los altos salarios, desestabilizan la economía local, propician el desplazamiento de trabajadores del campo hacia el sector petrolero, afectando la producción agraria y el desempleo urbano y cuarto: el propósito de extraer el petróleo a los mayores volúmenes de producción y en los menores tiempos implica conflictos con las instituciones y las poblaciones locales, debido a los daños ambientales generados y a la invasión de territorios étnicos, propiciando directa o indirectamente la violación de los derechos humanos como respuesta a las resistencias de comunidades indígenas y poblaciones campesinas.

En conjunto, en relación con el medio ambiente y la paz, las actividades petroleras han dejado un inmenso pasivo ambiental, generando conflictos sociales que se prolongan por largos periodos, alimentando el conflicto armado actual.

Se subraya que las principales víctimas directas del conflicto político y ambiental generado durante los últimos veinte años son:

• Los pobladores ubicados a lo largo de los corredores de los oleoductos, generalmente pequeños campesinos minifundistas que vieron cómo se destruían sus fincas y su patrimonio familiar por la construcción de los oleoductos, contaminadas las aguas y amenazada su vida por la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Algunos de ellos inocentemente han pagado con su vida, como en el caso del caserío de Machuca en el departamento de Bolívar, por efecto de la explosión del oleoducto Colombia realizado por el ELN en octubre de 1998.

• Los pescadores de las ciénagas del río Catatumbo en la región de Tibú y la Gabarra en Norte de Santander y de Cesar y Magdalena en el complejo cenagoso de Zapatosa y Simaña y de los esteros y caños que alimentaban al Caño Limón, que vieron cómo se taponaban los drenajes naturales, se contaminaban las aguas y desaparecía la pesca. Los pescadores artesanales del Golfo de Mo-rrosquilo, que sufren la merma de la pesca por la destrucción de los corales y la contaminación de las aguas por los derrames crónicos de hidrocarburos en el proceso de embarque del petróleo para exportación. Los pescadores del caserío de los municipios de Cicuco y Talaigua Nueva, que vieron los últimos cuarenta años el agotamiento de la pesca, debido a la inmensa contaminación y destrucción de sus ciénagas por las actividades petroleras, hasta quedar sometidos a condiciones de desnutrición e inmensa pobreza y los pescadores de la Ciénaga de Palagua, que fueron testigos de que por treinta años la que fue su fuente de alimento se convirtiera en un depósito de hidrocarburos.

• Los indígenas kofanes, que han visto reducir su territorio desde que las compañías petroleras llegaron a él en la década de 1950 y que hoy están casi extintos. Algunos grupos indígenas han propuesto que se haga una moratoria de la explotación petrolera en áreas ocupadas por ellos. (Avellaneda-Cusaría, 2004, págs. 458-459)

Los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana: realidad o falacia

El Acuerdo 189 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos de los pueblos ancestrales reconocidos en la Constitución de 1991, dieron pie para que las comunidades negras e indígenas en 1998 consiguieran que se reconociera la Consulta Previa a través del Decreto 1320, como un mecanismo mediante el cual es obligatorio consultar a estos pueblos antes de realizar proyectos que puedan afectar sus territorios.

La Corte Constitucional, que es el más alto tribunal en la defensa de los derechos, ha sentenciado que:

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. (Sentencia, 1997).

Sin embargo, a pesar de la existencia de la legislación nacional e internacional que protege a los pueblos ancestrales, la ocupación de los territorios U' wa en el piedemonte de la Serranía del Cocuy por la empresa Occidental de Colombia entre 1992 y 2002 con la Licencia Ambiental concedida por el Ministerio de Medio Ambiente, mostró los límites precarios de estos derechos. En otros territorios indígenas, la presencia de las petroleras ha causado conflictos ambientales que el Estado en general ha resuelto en favor de las empresas petroleras (Burgos, 2006). Diversos autores (Barona & Rojas, 2007; Martínez, 2004) han realizado estudios durante la última década que concluyen en la precariedad del cumplimiento de los derechos de los pueblos ancestrales. Por otra parte, una de las debilidades de la legislación colombiana, cuyas raíces están en la propia Carta Política de 1991, fue el hecho del desconocimiento de los derechos de los pueblos campesinos, razón por la cual durante los últimos años estos han venido reclamando un reconocimiento de sus derechos en equivalencia con los que contempla el Decreto 1320 de 1998 para los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Instituto Cinara, de la Universidad del Valle, ha concluido un estudio sobre los principales conflictos ambientales en Colombia, en donde aparecen aquellos donde las actividades petroleras han afectado territorios indígenas y campesinos en los últimos años (Pérez-Rincón, 2014). La llegada de las actividades petroleras a Boyacá ha agudizado un conflicto ambiental entre campesinos y petroleras que ven cómo se destruye la belleza abigarrada de colores del paisaje boyacense y se atenta contra la continuidad y supervivencia de sus sistemas productivos campesinos, forma en que se expresa su cultura ancestral hispánico-chibcha. Como ejemplo se cita el siguiente testimonio:

Corrales es un municipio pequeño en la Provincia de Sugamuxi, categoría sexta. Nos reunimos con concejales y con un grupo de habitantes en compañía del periódico el Diario de Boyacá, con el objetivo de dar inicio a una acción popular que permita resolver conflictos que se han presentado con la Empresa Omega Energy, con registro en Panamá, y que desde hace aproximadamente dos años viene explotando en promedio 1500 barriles diarios de petróleo en la zona, en medio de un paisaje de cebolla bulbo, maíz, tomate de árbol del pan coger campesino, algo poco visto en Boyacá.

Puntos de discordia, como la exclusión de la mano de obra calificada y no calificada del municipio, no tener en cuenta el parque automotor tales como maquinaria pesada, volquetas, carro tanques; de personas de la zona; descuido y afectación ambiental en el área de explotación; desconocimiento de inversión social, afectación a fuentes de agua y contaminación; destrucción de malla vial y no socialización de las actuaciones de la empresa con sus autoridades locales son, entre otros, los puntos que hacen parte de las denuncias que los habitantes de Corrales piensan convertir en demanda, ante el trato discriminatorio que Omega Energy está causando en la zona. (Salas, 2013)

En el año 2013 en el municipio de Tauramena, aquel en el cual la British Petroleum Company y Ecopetrol, durante las décadas de 1990 a 2010 realizaron las más intensas actividades petroleras, dijo no a las mismas mediante consulta popular en la que votaron 4.610 ciudadanos, de los cuales, 4.426 rechazaron esta actividad. La exploración sísmica Odisea 3D, que adelantaría Ecopetrol en los municipios de Tauramena, Aguazul, Recetor, Chámeza, Monterrey (Casanare) y un sector de Páez (Boyacá), y que hoy está suspendida, desató un fuerte movimiento en defensa de los recursos hídricos de la región (Molano, 2013).

El hecho de que todo un pueblo que ha vivido las actividades petroleras durante más de veinte años le diga no al petróleo, es un indicador de gran significancia, cuando hablamos de que lo que ha predominado hasta ahora en las actividades petroleras en Colombia es la política de petróleo sin gente. En la Audiencia Pública de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el día 8 de abril de 2014, quedó en evidencia que la consulta popular en Tauramena es menospreciada por las autoridades ambientales y la Procuraduría General de la Nación, quienes han anunciado que abrirán investigación disciplinaria a las autoridades locales y regionales que estuvieron del lado de dicha consulta.

Nuevas tecnologías o nuevas estrategias de inserción de las actividades petroleras en los territorios, enmarcadas en la sostenibilidad ecológica y social y la justicia ambiental

Desde la Ingeniería Ambiental consideramos que ninguna tecnología puede ser ambientalmente sostenible si no reconoce y valora los espacios territoriales en sus componentes ecológicos, sociales y culturales. Una nueva concepción de la ingeniería colombiana, dotada de una visión humanista y respetuosa de la diversidad cultural y ecológica, que caracteriza el territorio nacional en sus diversas y ricas regiones, ante estos cuestionamientos, juega un rol fundamental para lograr que los recursos derivados de este sector puedan ser usados por futuras generaciones, y de esta manera el boom petrolero que está viviendo el país genere un desarrollo social y no un detrimento de nuestros recursos naturales.

Previo a la introducción de nuevas tecnologías de alto impacto, aquellas que trae la actividad de hidrocarburos, las empresas petroleras deberían estudiar la historia ambiental de los territorios donde planean los emplazamientos, reconocer las territorialidades que han construido los pobladores locales y recibir de parte de estos una capacitación sobre el valor económico y cultural de los recursos naturales y simbólicos, esto con el fin de que asuman las responsabilidades que implica la llegada de las actividades petroleras a los territorios, que van mucho más allá de los parámetros que contempla la llamada responsabilidad social empresarial con la cual las empresas en los últimos años quieren teñir de tinte social su relación con las poblaciones de su área de influencia. Más allá de la responsabilidad social está la justicia ambiental, que implica reconocer además que en los territorios existen históricamente sujetos sociales a los cuales es necesario respetar en su dignidad y cultura.

Así por ejemplo, aparece un absurdo en los planes de manejo ambiental aprobado por las autoridades ambientales, en cuanto que los petroleros realizan actividades de educación ambiental a las comunidades, cuando el hecho es que las empresas llegan a alterar la calidad del medio ambiente. Estos programas deben implementarse a la inversa.

Consecuentes con lo anterior, proponemos que desde las primeras actividades de aproximación a los territorios donde se han dibujado los bloques exploratorios, debe realizarse una inmersión de la mano de las comunidades y las instituciones locales, concertando sobre los beneficios que traería la actividad en los territorios étnicos y campesinos, las localidades y la región, aprendiendo y respetando las costumbres locales y sus gentes. Siendo que es común en la actualidad para el establecimiento de las actividades petroleras el montaje de infraestructuras para el aprovechamiento de los recursos hídri-cos, y que éstos se realizan captando aguas de las comunidades mientras que estas generalmente no tienen infraestructuras adecuadas de captación y aprovechamiento de las mismas, debe existir transferencia tecnológica en estas materias para la gente local. De esta manera esas comunidades se benefician de infraestructuras sanitarias adecuadas para el uso, manejo y tratamiento de los recursos hídricos de agua dulce, incluyendo el respeto y fortalecimiento de las fuentes hídricas y sus áreas de captación y recarga.

Ya es hora de que las actividades petroleras apliquen en Colombia tecnologías que eliminen la utilización de agua para la recuperación de yacimientos en lo que se conoce como la recuperación secundaria de petróleo, minimicen la construcción de nuevas vías y evacuen de las regiones los residuos sólidos y líquidos peligrosos.

Los petroleros deben entender que su actividad es temporal y que lo sustancial en la perspectiva de los tiempos histórico-culturales de las comunidades implica respetar las integralidades territoriales y subsanar los daños que puedan ocasionar las actividades petroleras, buscando al máximo evitar la ocurrencia de los mismos. En Colombia, país agrícola por excelencia, el respeto a la vida e integridad de las comunidades rurales campesinas, que producen los alimentos básicos con los cuales viven las poblaciones urbanas, es sustancial para establecer o restablecer ciertas armonías de la exploración y explotación de hidrocarburos con las poblaciones rurales. Apoyar decididamente la siembra del petróleo a través de proyectos de energías alternativas locales (eólica, hidráulica, geotérmica, de biomasa, entre otras) gestionadas directamente por las comunidades sería una de las acciones que definiría un real compromiso del sector petrolero en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población en que estamos empeñados desde la Ingeniería Ambiental.

Conclusión

Una nueva concepción de la ingeniería colombiana, con una visión humanista y respetuosa de la diversidad cultural y ecológica, fundada en el valor de los territorios ancestrales que han construido el territorio nacional en sus diversas y ricas regiones -indígenas, afrodescendientes y campesinos- juega un rol fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente en las regiones con procesos productivos gestionados por las comunidades locales.

Debe realizarse una inmersión en los territorios étnicos y campesinos de las compañías, de la mano de las comunidades y las instituciones locales, respetando los valores simbólicos y territoriales que existen, concertando sobre los beneficios que traería aprendiendo y respetando las costumbres locales y su gente.

La reciente ley sobre energías alternativas (Congreso de la República, 2014) abre importantes espacios para que las empresas petroleras apoyen procesos de generación energética local a partir de estas fuentes no convencionales, autogestionadas por las comunidades y los gobiernos locales, de tal manera que la siembra de petróleo se proyecte en el tiempo con sostenibilidad económica, social y ecológica lo que configura la sustentabilidad ambiental de los territorios. La Ingeniería Ambiental podría jugar un importante papel en alianzas del sector académico, las comunidades y las empresas petroleras en éste propósito.

Es necesario democratizar la vida económica y social de los pobladores en las zonas petroleras y definir reglas claras -respeto al derecho, la justicia ambiental, la transparencia, información, consulta previa, presencia de mediadores, definición de un código de conducta- que todos acaten. Reconocer el papel de los actores de la sociedad civil como sujetos sociales y culturales, en la solución de los conflictos, es un camino para evitar que crezcan éstos en grado de complejidad hasta la combinación con la violencia, la cual tiende a aparecer y a proliferar en sociedades frágiles y vulnerables, especialmente en aquellas de conformación reciente en zonas de frontera (Avellaneda-Cusaría, 2004).

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