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Innovar

Print version ISSN 0121-5051

Innovar vol.22 no.43 Bogotá Jan./Mar. 2012

 

 

 

Editorial

Es difícil reconocer que has tenido que ser testigo de la corrupción, pero es más triste ver los resultados que genera en las regiones apartadas y menos desarrolladas de Colombia. Los académicos plantean que el concepto de corrupción tiene dos enfoques: el moral y el de la evolución de las naciones. El primero se refiere al establecimiento de una relación entre coacción y corrupción como situación reprochable, y el segundo plantea que la corrupción es un fenómeno típico de regímenes políticos no evolucionados; sin embargo, la realidad ha desvirtuado este último al observar corrupción en algunas de las naciones más desarrolladas del mundo. Así, es difícil entender las causas de la corrupción, pero sí es evidente que el concepto está ligado a la violación del conjunto de reglas que determinan las prácticas sociales y al desafío a la autoridad y, por ende, a quien tiene competencia para tomar decisiones.

Este abrebocas conceptual fue para ilustrar cómo, durante mi visita a una pequeña región del país, me pareció curiosa una afirmación de la gente frente a su desarrollo: "Todo el desarrollo se dañó cuando se estableció la elección popular de alcaldes". Fue curiosa, porque la había escuchado ya en otras ocasiones en regiones similares pero ubicadas en otras latitudes de Colombia. La diferencia radicó en que, por la recurrencia de la misma, me aventuré a preguntar por el sustento de esta afirmación. Luego de una larga conversación, saqué como conclusión que todo está ligado a los intereses de quienes gobiernan y al concepto de autoridad. Antes de la elección popular de alcaldes, en estas regiones se nombraba a una persona prestante y que contaba con el respeto de la gente de la región; luego la persona se configuraba una autoridad real y no viciada por los no tan claros procesos de elección (clientelismo y manipulación de las creencias). Por otro lado, la prestancia de esta persona implicaba un mayor sentido de responsabilidad y, por tanto, reducía la posibilidad de acciones de inequidad entre las personas de su región. Esto necesariamente muestra que la democracia no siempre es adecuada, cuando los niveles de capacidad de decisión son desiguales, y sobre todo cuando factores adicionales pervierten la toma de decisiones a este respecto.

A pesar de que la democracia no siempre es la mejor forma de desarrollo, lo ideal es que sea un medio para el desarrollo en equidad, y se debería confiar en que es la mejor forma. La eliminación de la corrupción es el sueño de todos los que queremos el desarrollo equitativo del mundo, pero alcanzarlo no es una tarea fácil. Lograr un cambio de mentalidad colectivo y la eliminación de la prelación a los intereses personales frente a los colectivos -que se profundiza aún más con el aumento de la inequidad en nuestras sociedades- implica un trabajo de mucho tiempo en términos culturales, sociales, y, sobre todo, un cambio en la forma como se desarrollan las familias para que no se vean abocadas a violar sus principios para poder acceder a los servicios básicos de un Estado: seguridad, salud y educación dignas.

De esta manera, poder eliminar la corrupción pasa por muchas variables, pero a mi juicio la más relevante es la recuperación de los valores, que se han tergiversado tanto en las sociedades. Rescato el valor de la honestidad, que se ha perdido en el caso de Colombia por la desigualdad social que impera en todos los ámbitos y regiones. Entender que la honestidad es hacer las cosas bien cuando nadie te ve -y no solo cuando los demás te vigilan-, es el baluarte para recuperar el sentido de ese conjunto de reglas que determinan las prácticas socialmente aceptadas y el papel de la autoridad en la misma sociedad, pero también para que tanto las normas como quien las ejerce no agredan a los miembros de la sociedad y establezcan parámetros de equidad que no incentiven a violentar lo acordado.

 

Edison Jair Duque Oliva

Editor en jefe - innovar

Profesor tiempo completo. Escuela de Administración y Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

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