Las últimas editoriales de INNOVAR han tenido una característica particular, que responde a la coyuntura en materia tributaria y fiscal propia del periodo de publicación de cada número. En el momento en que escribo estas líneas, me interesa comentar algunas medidas establecidas por la Ley de Financiamiento y, más recientemente, por el Plan nacional de Desarrollo 20182022, titulado "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", que ponen en riesgo el adecuado financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud (SSSS) y de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por ejemplo, es claro que si bien el régimen simple de tributación, creado por la Ley de Financiamiento, supone unas ventajas y desventajas que deben ser sopesadas por cada interesado para decidir sobre su traslado, al final ello implicará una disminución de los recursos que se trasladarían a las entidades mencionadas en el párrafo anterior, pues la reforma tributaria del 2018 aclara que los contribuyentes de dicho régimen gozarán de la excepción del pago de parafiscales y aportes al SSSS. Así las cosas, si el valor recaudado por el régimen ordinario del Impuesto sobre la Renta (ISR) se reduce, esto supondrá una menor cantidad de recursos con destinación específica para las entidades de las que trata el Artículo 243 del Estatuto Tributario, entre ellas el SENA, el ICBF y las instituciones de educación superior públicas.

Aunque el parágrafo 2 del mismo artículo indica que los déficits entre los presupuestos aprobados del SENA y del ICBF, en ocasión de una caída de los recursos de destinación específica del ISR, serían cubiertos por el Gobierno nacional, en el largo plazo se vislumbra un riesgo. Si de manera permanente cae el recaudo del ISR, el Gobierno debería aplicar medidas de racionalización del gasto, dadas las presiones fiscales para cumplir con la llamada "regla fiscal", lo que al final afectaría el presupuesto de estos establecimientos públicos.

El escenario anterior se vuelve cada vez más probable si se considera que, además del régimen simple, la Ley de Financiamiento creó sendas exenciones para sectores como el de la economía naranja y el agropecuario, entre otras mencionadas en la versión actual del Artículo 235-2 del Estatuto Tributario. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo continuó con el mismo lineamiento, de modo que ahora encontramos, por ejemplo, beneficios tributarios para las empresas que se ubiquen en la Zona Económica y Social Especial, que incluye a los departamentos de la Guajira, Norte de Santander y Arauca. La tarifa aplicable para ellas será del 0%, durante sus primeros cinco años de existencia, y del 50% de la tarifa general, para los siguientes cinco años.

Este tipo de medidas, que sigue el esquema de los beneficios fiscales ya probado con la reforma tributaria del 2016, en relación con las nuevas sociedades que iniciaran operaciones en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), suponen que los inversionistas toman medidas de inversión basándose principalmente en argumentos de tipo tributario. Sin embargo, la literatura especializada ha mostrado que los impuestos, en el mejor de los casos, juegan un papel secundario sobre la inversión, pues hay otros factores que inciden en el riesgo y rentabilidad de un negocio, por ejemplo, la seguridad jurídica, la estabilidad política y económica, el tamaño de la economía y la cualificación de la mano de obra (^{Jiménez & Podestá, 2009}). También hay estudios que indican que la inversión no responde a la dinámica de los impuestos (^{Hunady & Orviska, 2014}), de suerte que medidas como las anteriormente descritas pueden significar una pérdida injustificada de recursos.

En este orden de ideas, es necesario que en Colombia se realice un debate más juicioso en relación con la política tributaria y fiscal, pues aquellas medidas que tradicionalmente se aprueban persiguiendo el interés solo de algunos sectores, sin un estudió serio de sus potenciales beneficios y costos, contribuyen a la incertidumbre sobre la financiación de gastos fundamentales para el desarrollo del país. Este es el caso del SSSS, del ICBF, del SENA y de las instituciones públicas de educación superior, que en parte dependen de la dinámica del recaudo del ISR. Pareciera que el papel que desempeñan estos elementos del gasto en la creación de competencias productivas se juzgara como secundario, para prestar mayor atención a la formalización y atracción de inversión a cualquier costo, aún sin la seguridad de que los beneficios fiscales que se crean sirvan efectivamente a ese fin.

Ahora, en lo que respecta al presente número de INNOVAR, nos enorgullece poder entregar diez aportes allegados por académicos de diferentes partes del mundo, que esperamos sean del total interés y agrado para nuestros lectores. Estos trabajos se han organizado en cuatro secciones, a saber: "Gestión Humana", con dos artículos, "Finanzas" y "Emprendimiento", con otros tres trabajos cada uno, y "Aportes a la investigación", también con dos artículos.

La sección "Gestión Humana" se abre con el artículo titulado "Prácticas de recursos humanos que impactan la estrategia de sostenibilidad ambiental", que corresponde a un aporte de las profesoras Jimena Gutierrez-Rua, Maria Daniela Posada-Garcia y Maria Alejandra Gonzalez-Perez, todas ellas adscritas a la Universidad Eafit (Medellín, Colombia). Dicho artículo recurrió a una revisión de la literatura, que arrojó una muestra de 1.672 trabajos académicos publicados en el periodo 1990-2017, para determinar aquellas prácticas de recursos humanos que pueden incidir en las estrategias organizacionales de sostenibilidad ambiental. Entre otras cosas, las autoras muestran que es importante que las organizaciones involucren sus áreas de recursos humanos en las estrategias de sostenibilidad ambiental, en aras de lograr un desempeño ambiental satisfactorio. Sin embargo, en el artículo también se indica que, para que lo anterior ocurra, es necesario que exista una adecuada articulación entre procesos, procedimientos y políticas de recursos humanos, de modo que se favorezca la aparición de elementos como el liderazgo ambiental y la comunicación y cultura organizacional, todos ellos fundamentales para una debida implementación de las estrategias de sostenibilidad ambiental.

El segundo artículo de la sección es provisto por el profesor Cristian Bedoya-Dorado, de la Universidad del Valle (Cali, Colombia), bajo el título "Construcción social del miedo en el trabajo: análisis desde la noción de atmósfera afectiva". En este artículo se estudia el modo como se genera el miedo en el trabajo a través del análisis del discurso, método que se aplicó a las respuestas aportadas por nueve participantes a una entrevista semiestructurada realizada en Santiago de Cali. Las categorías de análisis empleadas por el autor, como los sentimientos y pensamientos, junto a las reacciones fisiológicas de los participantes en esta investigación, le permitieron analizar la construcción del miedo en el trabajo desde la noción de atmósfera afectiva, en que se evidencia la pluralidad de discursos y experiencias con que los sujetos relatan dicho sentimiento.

En la sección de "Finanzas" se encuentra el primer aporte internacional a este número bajo el título "Información integrada, verificación externa y otros condicionantes", suscrito por las profesoras María Fuster y Esther Ortiz, de la Universidad de Murcia (Murcia, España). Este trabajo analiza la relación entre la publicación de información integrada, por una parte, y factores como su verificación externa, el tipo de empresa que verifica, el ámbito de tal verificación y la cotización de la firma que reporta, por otra, a partir de un ejercicio econométrico que está soportado en la información obtenida de 271 grandes empresas de España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, que durante el 2016 publicaron informes no financieros de acuerdo con la versión G4 de las normas CRI. Entre los hallazgos de esta investigación se encuentra que, a pesar de las numerosas variables exógenas consideradas, solo hay evidencia estadística de la asociación entre la elaboración y publicación de información integrada y el país de origen de la respectiva empresa, de modo que las firmas españolas son las que en particular tienden a hacer amplio uso de dicho formato de reporte de información.

El segundo trabajo de la sección de "Finanzas", titulado "Riesgo cambiario: ¿cubrirse o no? El caso de los multifondos de pensiones en Chile", es producto de la cooperación entre el profesor Eduardo Sandoval-Álamos, adscrito a la Universidad Tecnológica Metropolitana (Santiago, Chile), y la analista independiente Triny Ortega-Pacheco, con residencia en Chillán (Chile). Los autores comparan los índices de rendimiento mensual ajustado por riesgo de variabilidad, como medida de desempeño financiero, entre los multifondos de pensiones de Chile que implementaron estrategias de cobertura de riesgo cambiario y los que no lo hicieron, para el periodo comprendido entre septiembre del 2010 y marzo del 2014. Esta investigación corrobora que la cobertura del riesgo cambiario se asocia con un mejor desempeño financiero de los multifondos de pensiones de Chile, lo que supone la necesidad de fortalecer la aplicación de este tipo de estrategias, con el fin de salvaguardar el ahorro de los aportantes.

El artículo "Determinantes institucionales del crédito bancario: ¿importa el nivel de desarrollo?", tercero y último de la sección, es producto de la cooperación interinstitucional entre universidades de Estados Unidos y México. Este trabajo es aportado por los profesores Ramón A. Castillo-Ponce, adscrito a California State University y a la Universidad Autónoma de Baja California (Los Ángeles, Estados Unidos), María de Lourdes Rodríguez Espinosa, adscrita a la Universidad Tecnológica de la Mixteca (Huajuapan de León, México), e Irasema Borbón Contreras, adscrita a la Universidad Autónoma de Sinaloa (Culiacán, México). En el documento se analiza la relación entre el crédito otorgado al sector privado y diversas variables institucionales, a partir de un panel de datos que incluye 126 países en diferente nivel de desarrollo económico, durante el periodo 2004-2013. Los resultados indican que la eficiencia institucional, capturada a través de índices como el de fortaleza de los derechos legales y el de profundidad de la información crediticia, sí está asociada positivamente con la magnitud del crédito bancario, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Por otra parte, la sección "Emprendimiento" inicia con el trabajo "General Enterprising Tendency (CET) in Brazilian Taxi Drivers: Alternative to Unemployment or Form of Action?", suscrito por los profesores e investigadores Sérgio Roberto da Silva (Centro Educacional Educamais, São Paulo, Brasil), Luís Flávio Chaves Anunciação (Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil), Gustavo Adolfo Rubio-Rodríguez (Universidad Cooperativa de Colombia, Ibagué, Colombia) y Silvia Regina Guberovic (Centro Universitario ENIAC, Guarulhos, Brasil). En esta investigación se buscó evaluar el grado de emprendimiento de los taxistas en Brasil a través de un modelo de tendencia emprendedora general, que se aplicó a una muestra de 147 taxistas adscritos a una cooperativa de la ciudad de Santo André, en el Estado de Sao Paulo (Brasil). Los resultados de esta investigación indican que la población objeto de estudio no alcanza el umbral promedio de ninguna de las cinco dimensiones del modelo empleado, entre las cuales se encuentra la necesidad de logro y de autonomía, lo que sugiere que los taxistas realizan dicha actividad solo por necesidad, como alternativa al desempleo.

Además, los profesores Rafael Eduardo Saavedra-Leyva, adscrito a la Universidad Autónoma de Baja California (Tijuana, México), y Michelle Texis Flores, adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, México), nos aportan el trabajo titulado "El factor institucional en el emprendimiento por oportunidad de América Latina y el Caribe", segundo artículo de la sección de "Emprendimiento". En esta investigación se indaga sobre el papel del Estado en la promoción de la actividad emprendedora por oportunidad, a través de un enfoque cuantitativo basado en un panel de datos desbalanceado que incluye observaciones para 17 países de América Latina y el Caribe, durante el periodo 2005-2016. El artículo constata que indicadores relativos a la rendición de cuentas, el control de la violencia, la efectividad del gobierno, la calidad regulatoria y el control de la corrupción se asocian de manera estadísticamente significativa con la creación de emprendimientos por oportunidad en la región.

Por su parte, los profesores e investigadores Johnker Santamaría-Ramos y Camilo Alberto Madariaga-Orozco, ambos adscritos a la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), nos aportan el trabajo "Determinantes de la innovación social en las fundaciones de cuarta generación de Barranquilla, Colombia", el tercero de la sección de "Emprendimiento". En esta investigación los autores estudian, a través de un modelo de regresión lineal múltiple, el efecto de cuatro variables (i. e., la capacidad de financiamiento, la capacidad técnico-científica, la apropiación social del conocimiento y la articulación interinstitucional) sobre el Número de Iniciativas de Innovación Social (NIIS), con base en encuestas realizadas en 22 fundaciones de cuarta generación de Barranquilla, durante el 2016. Entre los resultados de este artículo se encuentra que la apropiación social, como factor que captura en parte la acción colectiva, es el de mayor incidencia sobre el NIIS.

Por último, la sección "Aportes a la Investigación y a la Docencia" en esta ocasión incluye dos artículos. El primero de ellos se titula "The use of TOPSIS for Ranking WIPO'S Innovation Indicators", provisto por tres profesores e investigadores de la Universidade Federal Fluminense (Niterói, Brasil): Marcela do Carmo Silva, Carlos Francisco Gomes y Castelar Lino da Costa Junior. Este trabajo sugiere el uso de la Técnica de Ordenamiento de Preferencias por Similitud con la Solución Ideal (TOPSIS, por su sigla en inglés) como alternativa al método empleado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por su sigla en inglés) para emitir el ranking de innovación. En el artículo se fundamenta el uso de TOPSIS como herramienta válida para fortalecer la construcción de indicadores de innovación y rankings en la materia.

El último artículo de este número responde al título "Toma de decisiones: intuición y deliberación en la experiencia de los decisores", en el que los profesores Horacio Manrique, adscrito a la Universidad Eafit (Medellín, Colombia), y Alberto De-Castro-Correa, adscrito a la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), presentan los resultados de una investigación cualitativa sobre la toma de decisiones directivas. El trabajo explora los elementos fenomenológicos presentes en la toma de decisiones por parte de siete directivos expertos (con más de diez años de experiencia) vinculados a organizaciones de diferentes sectores, para luego, tras analizar las once entrevistas que se aplicaron, identificar 527 unidades de sentido, 17 categorías y 43 subcategorías.

Confiamos en que este número, así como los anteriores, mantenga el interés de nuestros lectores y contribuya al desarrollo de las ciencias de la gestión en nuestro medio. También es importante mencionar que esta publicación no sería posible sin el trabajo arduo del equipo editorial y la disponibilidad de una extensa red de colaboradores, que incluye autores, evaluadores y comités editoriales y científicos.