El deterioro en la condiciones socioeconómicas de muchos hogares en Colombia como efecto de la pandemia, sumado a las preocupaciones sociales que ya en el pasado reciente (i. e., en el 2019) se habían evidenciado, por ejemplo, en lo que respecta a la financiación de la educación pública, la precariedad del empleo, el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC y los asesinatos de líderes sociales, concluyeron en un paro nacional que ya cumple más de 50 días (al 21 de junio de 2021). Por supuesto, hubo algunas propuestas de reforma, como la tributaria, que con la falta de solidaridad y tacto con la que se planteó caldeó los ánimos y se constituyó en el detonante de la actual crisis.

En efecto, un proyecto de reforma tributaria que se preocupaba por extraer más recursos precisamente de la clase media ya golpeada por la pandemia (e. g., a través del IVA), mientras evitaba considerar otras fuentes asociadas a los más ricos, era poco probable que prosperara tras los costos sociales parcialmente estimados de la pandemia y del confinamiento. Se estima, con base en los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que entre 2019 y 2020 el porcentaje de la población en condición de pobreza pasó del 35,7% al 42,5%; las cifras para pobreza extrema se incrementaron del 9,6% al 15,1%, y la desigualdad en la distribución del ingreso, medida con el Gini, saltó de 0,52 a 0,54. En consecuencia, no sorprende el malestar que generó la propuesta y que devino en un rechazo a la gestión del Gobierno.

Sin embargo, es necesario también reconocer que problemas como los antes mencionados no son de total responsabilidad de la administración actual, pues son el resultado de la falta de políticas concretas y de largo plazo que apunten a objetivos como la disminución continua de la inequidad, la pobreza y la corrupción. Esto requiere de políticas coordinadas que, por ejemplo, contribuyan a la construcción de un sistema tributario suficiente y que detraiga una mayor cantidad de recursos de quienes mayor capacidad de pago tienen (i. e., equitativo), junto a un financiamiento adecuado de la educación pública en todos sus niveles y la promoción de los sectores económicos que puedan convertirse en "jalonadores" del empleo.

Sin embargo, nada de esto se ha logrado, pues las críticas al sistema tributario colombiano por su complejidad, ineficiencia e inequidad han sido las mismas durante los últimos 20 años (^{Clavijo, 2005}; Ministerio de Hacienda y Crédito Público ^{[MHCP], 2020}), a la vez que con normas como la Ley 30 de 1992 se mantiene congelada la financiación de las universidades públicas desde 1993. Además, el proceso sostenido de desindustrialización en el país se ha acompañado de un mayor protagonismo de sectores poco intensivos en trabajo, como el sector financiero que ha crecido a ritmos vertiginosos (^{Villabona, 2015}).

Así las cosas, resolver los numerosos problemas que han volcado a diferentes sectores sociales a las calles es una tarea de largo plazo, que requiere de la coordinación entre diferentes entidades públicas y de la continuidad de las políticas acordadas, lo que en definitiva supone olvidar las diferencias políticas. De otro modo, el riesgo es que el paro termine en acuerdos transitorios que solo desescalan transitoriamente la protesta, por el desgaste de las partes involucradas, pero sin resolver las causas estructurales. Por ejemplo, programas como el de Matrícula Cero pasan por alto los problemas para acceder a la educación pública universitaria en Colombia, de modo que muchos jóvenes para poder estudiar deben hacer importantes esfuerzos financieros, sin que ello garantice que luego puedan vincularse al mercado laboral en unas condiciones dignas.

Al respecto, y de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (^{MEN, 2019}), se estima que por cada 100 niños que ingresan al primer año de educación solo 44 se gradúan como bachilleres, y de estos últimos solo el 42% (alrededor de 18 individuos) acceden inmediatamente a la educación superior. Además, alrededor del 50% de quienes ingresan a la educación superior se gradúa, lo que no garantiza la consecución oportuna de un empleo si se tiene en cuenta que la tasa de desempleo de la población joven (14 a 28 años) en el trimestre móvil febrero-abril de 2021 fue de 23,1°%.

En definitiva, no basta con programas que momentáneamente favorezcan a un colectivo, por ejemplo, a los estudiantes de las universidades públicas, pues este tipo de iniciativas no tienen en cuenta los problemas sectoriales, como la alta deserción, la insuficiencia de la oferta pública de educación y la falta de oportunidades laborales dignas para los recién egresados. En general, esta coyuntura también es una oportunidad para debatir muchos problemas sociales olvidados por décadas, plantear acciones de largo aliento a cargo del Estado (no de los políticos de turno) y pensar en las alternativas de financiamiento a largo plazo, en donde se debe plasmar la voluntad de los ciudadanos por coadyuvar a los fines estatales, pues cabe recordar una frase célebre del magistrado estadounidense Oliver Wendell Holmes: "los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada".

Ahora bien, con relación a esta entrega de Innovar, me complace anunciar la publicación de once nuevos artículos, que han superado un rigoroso proceso editorial. Este número se compone de tres secciones, "Competitividad & Gestión", con cinco trabajos; "Innovación", con otros dos artículos; y "Gestión & Organizaciones", con cuatro aportes adicionales. Cabe destacar que los documentos acá publicados fueron allegados por un total de 21 autores adscritos a universidades e institutos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España y México. Confío en que esta publicación siga generando interés en nuestros lectores y contribuya al desarrollo de las ciencias de la gestión, teniendo en cuenta el arduo trabajo dedicado por el equipo editorial, autores, evaluadores y comités editoriales y científicos para hacerla posible.