El contexto del problema

A principios de la década de los noventa, el futuro de algunas ESP en Bogotá parecía decidido. El proceso de privatización era inminente y los rumores sobre su probable venta o transformación crecían. Ante la multitud de mensajes, la confusión imperó. Ecos de privatización eran coreados desde diversos grupos sociales, economistas prestigiosos y medios de comunicación (^{Jaramillo, 1988}).

La privatización como fórmula contra la ineficiencia fue acreditada en diferentes círculos (políticos, económicos y académicos), hasta aquellos en los que insatisfechos consumidores se manifestaban (^{Montaño & Rendón, 2003}). Los sindicatos y los trabajadores entraron en pánico; realizaron corrillos y diálogos al interior de las empresas acerca del final de estas, y la posible pérdida de las conquistas conseguidas en la lucha obrera no pasó desapercibida, sino que generó temor. Solo algunos usuarios beneficiarios de estos servicios parecieron apoyarlos.

El proceso de apertura económica y la promulgación de la Constitución Política de 1991 abrieron las compuertas para este largo túnel. La incertidumbre terminó y muchas entraron en procesos de privatización, liquidación, escisión, administración delegada, etc. Otras se vieron enfrentadas a observar transformaciones en las estructuras de sus mercados y, de monopolios naturales, pasaron a ser competidoras, compartiendo mercados y estableciendo estrategias comerciales de supervivencia organizacional. Nuevos esquemas de administración y contratación hicieron más agresivas las políticas y acciones en las organizaciones. Para los trabajadores y sus sindicatos el escenario no era alentador.

Así, el proceso de transformación de las ESP en los noventa fue visto por muchos como parte de las dinámicas novedosas, procesos por imitar y ejecuciones necesarias para la supervivencia de muchas empresas. Cátedras, seminarios y cursos sobre las nuevas formas de regulación, la administración de contratos, estructuras flexibles, valoración de empresas, entre otros, encontraron un mercado abierto (^{Arbeláez, 1993}). La academia facilitó el proceso de digestión de un nuevo lenguaje, que se caracterizaba por afirmaciones y conceptos como la búsqueda de la eficiencia, la administración eficiente, el posicionamiento de tarifas costo-eficientes, la desregulación de los mercados financieros y la flexibilización laboral, entre otros.

Al 2002, se había privatizado parcialmente la Empresa de Energía de Bogotá, liquidado la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) y transformado funcionalmente la Empresa de Acueducto, así como se introdujo la Empresa de Teléfonos de Bogotá al mercado competitivo en la telefonía local y nacional. Todas estas trasformaciones significaron no solo nuevos propósitos y criterios de administración por parte de las organizaciones, sino que además generaron un marco cognitivo que facilitó el establecimiento ideológico de un nuevo orden social. Quien no estaba de acuerdo con las reformas era señalado de atentar contra la eficacia y equidad de las organizaciones. Véase tabla 1.

El mercado había llegado para quedarse. El mercado había llegado para nuestro progreso. El mercado se había confeccionado para mejores servicios, para la promoción de acciones empresariales más responsables, para el mejoramiento del medio ambiente, etc. En este contexto, las enunciaciones hacían parecer que la apertura de mercados y la privatización de los servicios servían para todo.

El problema en torno al estudio de este periodo es que la construcción de la memoria social ha vinculado la transformación de las estructuras organizativas a las necesidades técnicas de la ciudad o a la exigencia de un proceso de modernización administrativa o financiera. Este tipo de argumentos deniegan la existencia de las relaciones de poder alrededor de las empresas de servicios públicos y deja la sensación de que la implementación de políticas de control y administración en estas organizaciones fueron fenómenos independientes (^{Galbraith, 1980}; ^{Lerner, 1975}).

Este es un fenómeno discursivo que, como lo sugiere ^{Miller (1994)}, opera como tecnología de control, donde la gestión de números termina ocultando los hilos de poder que determinan el control organizacional. En ese marco, la gestión calculada de la vida social acaba imponiendo órdenes de realidad, que a mediano plazo parecen indiscutibles (Miller & Rose, 1992).

En este sentido, la investigación plantea que las transformaciones de los noventa deben ser entendidas en una clave comprensiva que va más allá de la entrada del neoliberalismo, pues son parte de un fenómeno de larga duración como la construcción discursiva de lo público en Bogotá. Los apartados siguientes presentan la estrategia seguida y la forma como, en términos de construcción y representación del discurso, se evidencia este fenómeno.

Revisión de la literatura

Abordar una realidad organizacional en el marco de un fenómeno complejo como la entrada del modelo neoliberal desde una perspectiva histórico-comprensiva es un proceso recursivo. La investigación consideró que el contexto de análisis debería partir de ligar los modos de regulación económica y social como un fenómeno de media duración (estructuración del capitalismo contemporáneo), donde la trasformación neoliberal obedece a un proceso de coyuntura.

Así, se plantea que el análisis de las prácticas discursivas asociadas a los modos de regulación económica (fordismo y posfordismo) propone un acercamiento que supera los estudios históricos tradicionales de la unidad de análisis, en nuestro caso la empresa de servicios públicos de Bogotá. La historia oficial en algunos casos puede ser superficial o estratégicamente enaltecedora de la organización, o bien está ligada a la historia del progreso, es decir, asociando la trasformación organizacional al cambio tecnológico, que corresponde a información de partida, útil para comprender parte del fenómeno y del contexto, pero insuficientes para cuestionar el papel de los actores y de su actuar.

Para ello, nuestra revisión recoge aportes de diferentes disciplinas, en especial los estudios críticos en historia contable y los estudios organizacionales. Unos y otros destacan como necesario el análisis de las relaciones de poder, el papel de los sujetos, su lugar en el proceso de regulación social, el uso del discurso y el lenguaje en la organización.

Los esfuerzos realizados para construir la historia de las ESP en Bogotá se han orientado por dos tipos de tendencias de análisis: por un lado, encontramos historias oficiales que narran hechos que son considerados importantes tanto por el investigador como por la institución, por lo que deben quedar registrados en la memoria colectiva (^{Rodríguez, 1999}, 2003); por otro, encontramos la construcción de historias que vinculan la evolución de la organización a fenómenos sociales como los cambios en el modelo económico, las transformaciones derivadas de la aplicación de una determinada política o simplemente se vinculan a la evolución de la ciudad (^{San de Santamaría, 1978}, 1983; ^{Sánchez, 1987}; ^{Samper, 1990}; ^{Gutiérrez, 1988}; ^{Jaramillo, 1995}; ^{Núñez & Rodríguez, 2003a}, 2003b; ^{Durán, 1982}) (véase figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Fenómeno y categorías presentes en la revisión de literatura 

Nuestra investigación está relacionada con lo que ^{Macintosh (2009)} llama estudios críticos de historia contable. El autor parte de la discusión entre ^{Sy y Tinker (2005)} y ^{Tyson y Oldroyd (2007)}, en la que se destaca el papel del trabajo empírico de archivo frente a las amplias posibilidades del uso de teorías de las ciencias sociales (historia, antropología, sociología, etc.), para entender la práctica contable como un fenómeno histórico. De igual forma, sostiene que los investigadores contables incorporan la estrategia genealógica para interpretar críticamente las prácticas contables, rompiendo con la idea de direccionalidad y progreso evolutivo de estas (^{Macintosh, 2009}).

Coincidimos con ^{Osorio-Bohórquez (2017)} cuando afirma que el acercamiento a las realidades que tienen que ver con la relación entre poder y economía requieren miradas interdisciplinarias, que dan cuenta del contexto como posibilidad de reconocimiento de múltiples articulaciones. Esta postura también coincide con el planteamiento de ^{Jacobs (2013)}, quien señala que para analizar adecuadamente el sector público se requiere una mirada que combine los estudios contables con diversas tradiciones de la filosofía y la sociología, de tal manera que, sea posible enfrentar la diversidad de fenómenos que esta realidad conlleva; de esta forma, el autor anima a los investigadores contables a construir estos puentes de "promiscuidad teórica".

Los estudios que analizan las relaciones de poder y la contabilidad son cada vez más numerosos. Algunos autores han realizado importantes revisiones examinando cómo esta categoría ha sido incorporada en varios casos organizacionales y contables. ^{Vogt et al. (2019)} analizan la forma en que se concibe el poder en los trabajos de investigadores contables que apelan a autores como Michel Foucault y Pierre Bourdieu, identificando su funcionalidad para comprender casos de asimetrías de poder, conflicto y configuración de subjetividades en los contextos organizacionales.

Tempranamente, ^{Gendron y Baker (2005)} analizaron el uso de las categorías propuestas por las teorías de Michel Foucault en la investigación contable desde una perspectiva interpretativa. ^{Riccio et al. (2007)}) identificaron que las categorías foucaultianas se han utilizado especialmente para analizar problemas de contabilidad de gestión y contabilidad financiera. Recientemente, ^{Ocampo-Salazar (2018)} realizó una importante revisión de las prácticas de gobernanza en la gestión de varias ciudades, identificando los aportes de investigaciones que utilizan los conceptos de Foucault para comprender las transformaciones de las prácticas contables.

El discurso de "lo público" es considerado por ^{Miller (2014)} como una narrativa ideográfica asociada al poder, institucionalizado y funcional al statu quo. El autor considera que tales narrativas siguen procesos evolutivos que determinan los signos distintivos de la diferencia de poder en la comunicación.

Los problemas del discurso y la construcción del lenguaje económico fueron estudiados por ^{Mallorquín (2017)}, quien se destaca cómo las políticas económicas están en correspondencia con los regímenes de poder y control del discurso técnico y académico. El autor concluye que la fuerza del neoliberalismo en la región fue importante, rompiendo con las tradiciones del pensamiento e imponiendo formas hegemónicas de control discursivo.

Un trabajo que expone cómo el discurso en la organización es el resultado de las luchas de poder entre sus actores sociales es el de ^{Valencia-Espinosa (2016)} quien, a partir del análisis del discurso, identifica cómo directivos y trabajadores luchan por el control del significado, partiendo de la ruptura de la construcción de subjetividades como estrategia para reducir el poder y legitimar la organización empresarial.

La metodología del análisis del discurso en términos de ^{Foucault (1979)} ha sido exitosa para el estudio de problemas donde tanto la conciencia como los individuos están dominados por reglas de la sociedad a través de instrumentos, discursos y dispositivos de control, en el que el hombre entrega su voluntad de poder para ser entendido como ciudadano. Ejemplos sobre este tipo de trabajos son los de ^{Said (1989)}, sobre los discursos que definen a Oriente, ^{Mudimbe (1988)}, sobre la invención de África, y ^{Escobar (2001)}, sobre la invención del Tercer Mundo.

^{Lambert y Pezet (2012)} demostraron que, en el contexto neoliberal, las tecnologías destinadas a medir el desempeño no son eficientes en términos de Foucault. Los autores encuentran que, por el contrario, estas tecnologías generaron prácticas que afectan a los sujetos y su rol en la organización. Así, la lógica del modelo neoliberal incide en las relaciones entre las instituciones y las personas que trabajan en ellas. Igualmente, ^{Ocampo-Salazar (2017)} identificó cómo la contabilidad pública ha sido un instrumento del pensamiento neoliberal a partir de la expansión de las políticas de la "nueva gestión pública", generando prácticas de gubernamentalidad que impactan la vida de los ciudadanos al imponer lógicas corporativas en la ejecución estatal, coincidiendo con el análisis sobre la introducción de innovaciones contables en la gestión pública que hace ^{Van Helden (2005)}.

Otro fenómeno asociado ha sido el impacto de los procesos de privatización y descentralización en diversos contextos. Al final del periodo analizado en esta investigación, ya existía escepticismo sobre la efectividad y resultados de las privatizaciones en el mundo (^{Cook & Uchida, 2008}; ^{Smoke, 2015}). ^{Narsiah (2008)} identificó que el proceso de transformación institucional de las organizaciones sudafricanas fue presionado por instituciones internacionales y el alto gobierno, lo que derivó en procesos de descentralización en las empresas públicas de agua. Adicionalmente, ^{Madhoo (2007)} identificó la existencia de diversos regímenes económico-políticos en la gestión de las empresas de servicios públicos de gestión del agua, encontrando que la privatización ha tenido diferentes efectos según la estrategia y el contexto social existente. Los discursos utilizados para la privatización y sus efectos sobre el sistema penitenciario fueron estudiados por ^{Taylor y Cooper (2008)}, quienes identificaron cómo las presiones corporativas logran cambiar las políticas públicas y generar marcos indeseables para la población. De igual forma, coincide ^{Robbins (2003)} en este postulado, al enfatizar el papel de la influencia de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la promoción de la privatización de las empresas públicas de gestión del agua en diversas economías utilizando el análisis del discurso.

Para resaltar, ^{Rahaman et al. (2013)} encontraron que existe un conjunto de conflictos morales en la promoción e implementación de procesos de privatización en África, en cuyo trabajo se plantea que actores importantes desarrollan estrategias discursivas que promueven convertir el agua en una mercancía en nombre de la eficiencia y la optimización del servicio, generando problemas de integración social.

Por otro lado, algunos estudios organizacionales en el contexto latinoamericano resaltan el hecho de que la característica principal de estas es la existencia de relaciones sociales no modernizadas (^{De la Garza-Toledo, 2001}). Poco a poco, dentro de la teoría administrativa y contable aumenta el interés por hacer evidentes las relaciones de poder, especialmente cuando se mueven a través de dispositivos sofisticados (^{Montaño & Rendón, 2003}), que hacen que el ejercicio del poder se coloque detrás del discurso (^{Foucault, 1981}).

La forma en que las organizaciones desarrollan estrategias discursivas en torno a la responsabilidad social ha sido estudiada por ^{Gil-Sánchez (2017)}, quien identifica cómo la élite empresarial española utiliza una estrategia de devaluación del discurso de la innovación en la implementación de la responsabilidad social. Los directivos generan procesos de aculturación donde crean elementos que refuerzan su figura como controladores de la imagen corporativa. Un trabajo que se adscribe en esta misma línea es el de ^{Siltaoja y Onkila (2013)}, quienes, a través del análisis del discurso, encuentran que en la generación de informes sobre responsabilidad social empresarial se desarrollan estrategias centralizadas y descentralizadas en las que los directivos buscan el control e imposición de significados frente a los otros grupos de interés.

Finalmente, la conformación de ideologías sobre el concepto de lo público ha sido un tema ampliamente estudiado en Latinoamérica y Colombia, desde diferentes esquemas, como su importancia, procesos de formación y hasta su papel en la conformación de la modernización social de estas sociedades. Dentro de los trabajos más significativos en este tema tenemos a ^{Acosta (2015)}, ^{Avella (2015)}, ^{Bocarejo-Suescún (2018)}, ^{Camps (1996}, 2001), ^{Duque (2013)}, ^{García (2000)}, ^{Iazzetta (2008)}, ^{Martín-Barbero (2001)}, ^{Mockus (2001)}, ^{Páramo y Burbano (2012)}, ^{Pecaut (2001)}, ^{Puyol (2001)}, ^{Román (2019)}, ^{Tena-Centeno y Vassallo-Magro (2010)}, ^{Thayer y Elizalde (2011)}, ^{Uribe y Valencia (2005)}, ^{Valencia-Agudelo (2004)}, ^{Vanegas-Carvajal et al. (2020)}, ^{Varela-Barrios (2005)}.

Destacamos en este contexto que el trabajo de ^{Uribe-Mallarino (2008)} ha identificado estrategias de segregación y estratificación de lo local. Se establece allí que la ciudad de Bogotá desarrolló toda una serie de estrategias y políticas, donde la prestación de servicios públicos es un instrumento para definir a quiénes se garantizan sus derechos y a quiénes se les niegan. Esto se materializa en la forma en que los habitantes reconfiguran sus representaciones sobre la ciudadanía en función de su estrato socioeconómico.

Estrategia metodológica

A diferencia de otros investigadores de las ciencias sociales (^{Bourdieu, 2008}; ^{Fairclough, 1995}; ^{Van Dijk, 1993}), Foucault no plantea de manera directa una metodología de análisis del discurso, pero en diversos textos nos deja diversos elementos que pueden ayudar a orientar el proceso del papel de los discursos en ámbitos que tienen que ver con el orden disciplinario, la modernización social y el papel de la política en la sociedad.

La investigación plantea una mediación metodológica, mediante la cual, partiendo de la descripción arqueológica, establece un sistema de clasificaciones de objetos y artefactos construidos por algunos agentes en diferentes momentos, teniendo como presupuesto los cambios en los modos de regulación económica, en el caso aquí establecido, en términos de fordismo y posfordismo propuesto por ^{Jessop (1990)}. En nuestro enfoque coincidimos con ^{Foucault (2007)} cuando considera que los discursos y las prácticas discursivas obedecen a unas reglas, que no son en sí lingüísticas, sino derivadas del contexto en la que habitan los sujetos.

Apuntes acerca de regulación y discurso

La reproducción en las sociedades capitalistas no es totalmente dependiente de las condiciones, ni tampoco responde contingentemente, sino que corresponde a procesos de encuadramiento progresivo en el que la voluntad del poder se establece en marcos específicos, dando lugar a órdenes institucionales concretos. La teoría de la regulación, a partir de sus diferentes vertientes (alemana, parisina, anglosajona), generó conceptos que llevaron a la comprensión institucional del análisis marxista de los modos de producción, reproducción y regulación en las sociedades de la segunda mitad del siglo XX.

Bob ^{Jessop (1990)} indicó algunos elementos ontológicos de la teoría de la regulación, que no solo la potencian como importante para el análisis económico y social, sino que le permiten actuar de manera complementaria con otras teorías y metodologías de las ciencias sociales. De esta manera, es posible enriquecer el análisis de la evolución de las estructuras del capital, con elementos estructuralistas o posestructuralistas, que permiten una mayor comprensión de los fenómenos y que ligan lo social, lo económico y lo cultural de manera recursiva (véase tabla 2).

En este sentido, la investigación apeló a los conceptos de fordismo y posfordismo, tal como lo proponen ^{Jessop (1999}, 2001a, 2001b) y ^{Aglietta (1976)}. Al depender de los órdenes de reproducción del capital, la modernización ha evolucionado de la lógica del capital industrial a la lógica del capital financiero (^{Jessop, 2001b}), con lo que se puede recalcar lo propone ^{Jessop (1990)}:

Se podría examinar la lógica del fordismo como un régimen de acumulación y/o un modo de regulación exactamente del mismo modo que se podría explorar la dinámica del modo de producción capitalista. [...] Porque cualquier necesidad natural del capitalismo debe ser recursiva y tendencialmente reproducida a través de prácticas sociales que son siempre (e inevitablemente) prácticas sociales definidas, articuladas más o menos estrechamente como momentos en modos específicos de regulación. (p. 180)

Se trata de conceptos descriptivos que permiten delinear estructuras propias de los modos de regulación del capital, y que ayudan al proceso de clasificación y delimitación, pero según el contexto describen realidades relativamente homogéneas, con diferenciales locales. Estos conceptos aún nos permiten comprender el papel de las economías locales en su correlato internacional, evidenciando la crisis de la industrialización y el papel de los Estados en el ascenso de nuevos agentes sociales. Lo local cobra un sentido, tal y como lo indica ^{Jessop (1990)}:

Pasando de capitales metropolitanas a economías (semi-) periféricas, encontramos estudios del desarrollo capitalista en el sur de Europa y el Tercer Mundo. Se examina cómo la naturaleza de la acumulación de capital ha sido influenciada no sólo por factores económicos, políticos y sociales internos, sino también por las modalidades cambiantes de su inserción en la división internacional del trabajo y/o en la jerarquía de los espacios económicos nacionales. Tales estudios incluyen análisis de la génesis del fordismo periférico y de la taylorización sangrienta y cómo encajan en la crisis global del fordismo. (p. 190)

Así, el análisis de los cambios de la regulación económica de un contexto específico tiene un correlato en los instrumentos y artefactos que las instituciones generan para el tipo de movilización de recursos por realizar (modo de producción), definiendo institucional o funcionalmente al Estado. Tales signos de cambio quedan inscritos en los discursos y enunciados que, como piezas arqueológicas, permiten establecer la forma como se gobierna la población.

La investigación considera que existen puentes conceptuales entre la teoría de la regulación y el análisis de las prácticas discursivas. Se trata de una propuesta de análisis posestructuralista, ya que plantea que los objetos de regulación son parcialmente estables en el tiempo, así como también son actualizables, no solo a los requerimientos de la reproducción del capital, sino a la estructura social.

La descripción de los regímenes de producción y representación del discurso

Consideramos que las formas sociales son el resultado de prácticas históricas de conocimiento y poder (^{Escobar, 2001}), de tal manera que esta investigación ve el discurso como "el conjunto de hechos lingüísticos reguladores en un nivel dado y polisémicos en otros niveles" (^{Foucault, 1980}, p. 13). Esta perspectiva nos permite, en primer lugar, desnaturalizar el discurso desde su halo de legitimidad permanente y colocarlo en un plano estratégico condicionante. En segundo lugar, implica el hecho de admitir que este tipo de discurso no es producto de todo el entramado social, lo que provoca la existencia de polisemia (^{Foucault, 1980}).

A partir de las consideraciones de ^{Foucault (1980)}, se plantea que los lugares donde se producen los discursos y los sentidos deben denominarse lugares donde se produce la verdad, ya que allí "se define cierto número de reglas de juego" (p. 15), determinando así la estructura, objetos y tipos de conocimiento legítimo que caracterizan la producción del discurso. Esto es importante porque es en el lugar de la verdad donde esta es reemplazada por la verdad del discurso (^{Foucault, 1980}), y esta política general es el resultado del ejercicio del poder, que genera grupos dominantes y sumisos en relación con el discurso.

La investigación aborda el fenómeno de los efectos de cambios de regulación económica y social en los discursos utilizados en la gestión desde una mirada arqueológica. Se considera que las prácticas discursivas están asociadas a la existencia de regímenes de producción y de representación de estos que pueden ser seguidos y caracterizados, tanto en los diferentes artefactos del actuar organizacional (informes, balances, correspondencia, publicidad, etc.), como en los artefactos generados en las instituciones que orientan la regulación social y económica de los actores (leyes, decretos, regulaciones, inspecciones, recomendaciones de misiones económicas, etc.).

En ese sentido, se recupera una mirada de orden posestructuralista de los fenómenos organizacionales, donde lo que sucede tanto afuera como al interior de las organizaciones está ligado a relaciones de poder/saber. Del mismo modo, cuando se intenta vincular los cambios en los modos de regulación del capital, con las maneras de operación discursiva, exige que la descripción arqueológica logre dar cuenta de las homogeneidades y las diferencias enunciativas de quienes tienen un lugar privilegiado en la producción del discurso. Por eso, nos orientamos por la descripción arqueológica, ya que

la descripción arqueológica se dirige a esas prácticas discursivas a las que deben referirse los hechos de sucesión, si no se quiere establecerlos de una manera salvaje e ingenua, es decir en términos de mérito. [...] Intenta únicamente establecer la regularidad de los enunciados. Aquí, regularidad [...] designa, para toda actuación verbal cualquiera que sea (extraordinaria o trivial, única en su género o mil veces repetida) el conjunto de condiciones en el que se ejerce la función enunciativa que asegura y define su existencia. Todo enunciado es portador de cierta regularidad, y no puede ser disociado de ella. No hay, pues, que oponer la regularidad de un enunciado a la irregularidad de otro (qué sería menos esperado, singular y lleno de innovación), sino a otras regularidades que caracterizan otros enunciados. (^{Foucault, 2007}, p. 188)

Los discursos sobre los modos de regulación del capital, al igual que muchos otros tipos de discursos, son la expresión de un poder calculado a través de objetos de dominación, que son agenciados por determinados grupos. La dominación se convierte en discurso y el discurso en norma en cuanto a su legitimidad. En consecuencia, el discurso "establece hitos, registra recuerdos de cosas y en entidades incluso lleva estadísticas de deudas" (^{Foucault, 1984}, p. 17).

Cuando queremos establecer los efectos de los cambios en los modos de regulación económica en los discursos con los que se opera en la cotidianidad, se vuelve necesario hacer la descripción de regímenes de producción del discurso, tanto de producción como de representación. No es exagerado decir que cada modo de regulación económico y social propicia sus propios regímenes discursivos; sin embargo, es necesario advertir que tal dependencia no es unidireccional y que pueden existir, más si insistimos en una mirada posestructural, otros aspectos, pues no queremos caer en un reduccionismo económico.

El régimen de producción del discurso es el espacio de producción del sentido del discurso. Es aquí donde se genera el discurso de la verdad. Es aquí donde se encuentran las instituciones generadoras de discurso junto con los operadores o motores que condicionan el discurso. La interacción productor-operador genera los diversos sentidos del discurso. El sentido depende de la interacción y de cómo se mueven las instituciones que intervienen en el espacio de producción, incitando a la producción de la verdad económica y política (^{Foucault, 1980}).

El régimen de representación es en sí mismo el espacio donde se distribuye y se consume el discurso. Es allí donde encontramos las instituciones que lo difunden de forma controlada, junto con los medios y mecanismos de producción del discurso. Este es el lugar donde se evidencian las políticas de generación de la verdad. En consecuencia, mientras que el régimen de producción genera los objetos y enunciados de control, el régimen de representación genera los objetos para la comunicación y difusión del discurso. Véase figura 2.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Producción y circulación del discurso según Foucault.  

Definición de los discursos

Lo público encarna aquellos temas, procesos, prácticas y recursos que una sociedad determinada puede considerar indispensables para su cohesión y reproducción colectiva (^{Molina, 2003}). Consideramos a la empresa pública como el tipo de organización e instrumento de control social colectivo de tipo tecnocrático-burocrático, que se encarga de la administración, elaboración, producción y distribución de bienes o servicios para una comunidad. Por tal razón, se encuentra en constante lucha política dada su amplia capacidad de incidir en los procesos de modernización económica y distribución del producto social, así como en la transformación de los entornos rurales y urbanos.

Para analizar los dispositivos del Estado, ^{Foucault (1984)} afirma que podemos explicar los efectos de la dominación estableciendo los operadores, las formas de conquista y sumisión, así como los dispositivos estratégicos donde funciona la política de verdad o cualquiera que sea el proceso de generación de discursos legítimos.

Nos acercamos al concepto de lo público en las ESP desde tres discursos operativos o movilizadores sociales (^{Beriain, 1996}), los cuales se encuentran ligados a los modos de regulación económica en términos de capital. Estos determinan el comportamiento organizacional y los procesos de cambio estructural en las instituciones, siendo los siguientes:

Consideramos que estos discursos no pueden jugar una agenda por sí mismos, sino que necesitan del poder para colocarlos en escena a través de grupos de presión social. El poder de los productores se manifiesta en la imposición de sentido y en la generación de objetos institucionales para su difusión. En el caso de las ESP en Bogotá, varios productores de sentido han jugado un papel relevante, tales como los organismos multilaterales, la tecnocracia, el sector industrial, los partidos políticos, la academia y la sociedad civil.

Es en el espacio de la producción de los sentidos donde estos grupos de presión se enfrentan entre sí, generando los discursos y determinando el concepto sobre lo público; en otras palabras, definen qué es público y que no lo es. Ubicadas en este contexto, las ESP han desempeñado el papel de productores y representantes del discurso, convirtiéndose en instrumentos de control social. Por lo tanto, hacen parte activa de la forma como se concibe lo público en la ciudad.

Criterios de selección documental

La investigación seleccionó para el proceso de análisis a la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), ya que tienen una dimensión histórica significativa en el contexto de la ciudad.

La EEB fue fundada en 1888. Hoy, lidera un holding con tres nuevas empresas: i) Empresa de Energía de Bogotá (empresa central del negocio), ii) Codensa (empresa de distribución y venta de energía eléctrica para uso residencial y provisiones industriales), recientemente trasferida a ENEL, y iii) Emgesa (empresa encargada del proceso de generación eléctrica y de la gestión de nueve plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica).

Por su parte, la EAAB es una entidad estatal que se encarga del control, gestión y venta del servicio de agua en la ciudad. La organización cuenta con más de cinco represas de agua en la zona -Chingaza y San Rafael, dentro de las más importantes-, con un rango del área de trabajo de más 3.000 km².

Otro factor de selección es que ambas empresas contaban con historiales oficiales (^{Rodríguez, 1999}, 2003), lo que permite hacer una verificación entre el discurso organizacional y la interpretación de ciertos hechos clave. Este trabajo, como plantean ^{Miller y O'Leary (1987)}, relaciona un perfil de investigación de tipo histórico y antropológico.

El grado de disponibilidad de información fue el último factor fundamental. Estas empresas tienen a su disposición una base documental de archivos de acceso público, lo que permitió realizar comparaciones de documentos fuente, como actas, balances, discursos e información de gestión con la estructura de análisis planteada. Los documentos fueron clasificados y se siguieron los enunciados en función de tres discursos relevantes: modernización, bienestar y planificación. Véase la tabla 3.

Los discursos y sus sentidos

Los discursos se originan en diversas relaciones entre el Estado y el sistema de producción capitalista. Al buscar una reproducción ampliada, el capitalismo requiere de mecanismos que articulen la generación de excedentes, que deben ser apropiados en una dinámica cada vez mayor; es decir, el capitalismo funciona en la lógica de reproducción y apropiación. La reproducción exige al capitalismo mayor rapidez en la explotación de factores (trabajo-capital), así como más mecanismos de salvaguarda de la propiedad (reglas, normas, instituciones), de tal manera que pueda mantener el orden social (^{Phillips, 1993}).

En este marco, el Estado debe afrontar dos proyectos: el primero es la generación de ciudadanía (justicia, armonía, identidad, reconocimiento); el segundo es el mantenimiento de un modo de producción social. De allí la contradicción central de la función del Estado en el proceso de la expansión del sistema del capital. La producción sensorial de los discursos que abordan esta relación no necesariamente proviene del Estado, ya que las organizaciones e instituciones que caracterizan al capital trazan sus contradicciones (interés capital-humanidad-Estado moderno) y en ocasiones las profundizan (^{Cruz-Kronfly, 1991}).

El discurso sobre la modernización es el máximo operador o conductor discursivo, ya que representa los fundamentos de la relación capital-Estado. Su origen tiene que ver con la crisis de la modernidad como espacio de realización social tanto individual como colectiva. Este tipo de discurso está siempre presente, mientras que los discursos del bienestar y la planificación pueden entenderse como discursos operativos de acción. El discurso sobre el bienestar va a marcar el camino mediante el cual se entienden las dimensiones de lo público en la esfera económica. El discurso sobre la planificación indica cómo las organizaciones se transforman de acuerdo con los requerimientos del contexto social. En otras palabras, estamos hablando de un proceso de generación de conceptos que funcionan en la teoría y en la práctica, es decir, son performativos.

Estos discursos sufren el llamado problema de la "solemnidad de origen", del que habla ^{Foucault (1984)}, ya que aparecen como discursos que generan verdad. En consecuencia, hoy en día es difícil no encontrar proyectos de gestión pública que no incluyan la búsqueda de algunos de estos discursos. Entonces, aparecen como discursos aparentemente positivos, y es en ellos donde "el conocimiento pierde la verdad sustituida por la verdad del discurso" (^{Foucault, 1984}, p. 128).

El discurso sobre la modernización

El análisis del proceso de modernización debe tener en cuenta los procesos típicos del contexto en el que funciona. En el caso colombiano, siguió el patrón de interpretación histórica conocido como la "modernización de arriba hacia abajo", que establece que la modernización en nuestro contexto se impuso sin ser un proyecto de base social, es decir, fue un proyecto de la élite criolla (^{Corredor, 1997}). Como resultado, generó un proceso que se ha denominado "cultura de favores", lo que implicó la aparición de un mercado político de burocracia nacional. Esto favoreció la captura de la institucionalidad del Estado por una parte considerable de la élite política (^{Corredor, 1997}). El discurso sobre la modernización se encuentra en documentos como planes de desarrollo, actas de fundación de empresas y políticas de gobierno.

El discurso sobre la modernización construye imágenes de lo que se desea, de la sociedad que se quiere. Sin embargo, la modernización esconde la voluntad de dominación en el capitalismo. Su razón de existencia es entonces ser garante de la reproducción ampliada del capital y evolucionar con sus cambios. Véase la tabla 4.

El discurso sobre el bienestar

El discurso del bienestar es un operador de control del capitalismo que se relaciona con el discurso de la modernización para gestionar las contradicciones del sistema. Es decir, el discurso sobre el bienestar no busca la inclusión social total, sino que interpreta la exclusión como un efecto colateral de la relación mercado-Estado. Esta construcción funciona en la gestión de la inequidad provocada por el capital y su dinámica de apropiación.

Se trata de una construcción social histórica generada en la base disciplinar del pensamiento económico; de allí que, cuando se refiere a la economía del bienestar se enfrenta con la imposibilidad de la equidad económica -e, incluso, política- dentro de los sistemas de relación capitalista.

A lo largo de sus distintas orientaciones, el discurso da cuenta tanto de la imposibilidad teórica (entendida como la relación de los medios argumentativos con la realidad), como de la imposibilidad ideológica (vista como un conjunto de ideas y creencias compartidas que suponen una construcción y posición política) de la articulación de una propuesta que pueden buscar la equidad como objetivo primordial en el capital (^{Puyol, 2001}).

Así, los sentidos del discurso recuperan diversas posturas teóricas que van desde la propuesta de búsqueda de la igualdad de oportunidades (^{Hurka, 1987}), igualdad de recursos (^{Rawls, 1971}), así como las tendencias clásicas de la economía de bienestar (^{Arrow, 1995}; ^{Scitovsky, 1974}, 1975) y la discusión sobre las capacidades (^{Nussbaum, 1996}; ^{Nussbaum & Sen, 1993}; ^{Sen, 1970}, 1988, 1992, 1997a, 1997b), entre otras formas de conciliar capital y equidad.

El discurso sobre el bienestar traza la línea entre lo que está y no está permitido en la lógica del capitalismo. El bienestar sigue "los principios de orden y distribución como si se tratara de dominar otra dimensión del discurso" (^{Foucault, 1984}, p. 109). Su orden y distribución tiene como propósito evitar la confusión entre discurso del bienestar con el discurso del socialismo. El objetivo global es condenar la inequidad excesiva y buscar el nivel adecuado de armonía en la sociedad.

La principal virtud del discurso sobre el bienestar es que, en términos de operador práctico, permite a la comunidad establecer qué es un derecho legítimo y la forma de obtener esos derechos. Este tipo de discurso permite a la colectividad participar en la generación de imágenes que componen el discurso de la modernización. Son imágenes complejas que se expresan en ideas como progreso, desarrollo y gasto social. El discurso sobre el bienestar resulta vital a la hora de discutir la provisión de servicios públicos, ya que su orientación determina las políticas de acceso, disfrute y consumo. Véase la figura 3.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Límites del sentido del discurso sobre el bienestar. 

El discurso sobre planificación

El discurso de la planificación es aquel mediante el cual la organización materializa los procesos de modernización y los sentidos del capital en la comunidad. El principal propósito de este discurso es la búsqueda de la racionalidad funcional que se muestra en la organización a partir de su metas y objetivos.

En el periodo prefordista, los servicios que prestan las organizaciones del Estado (tanto las productivas como las generadoras de consumos) se vuelven dependientes del cambio de los sentidos de acumulación del capital. En esta fase, en donde predominaba el Estado gendarme, las ESP no son generadoras de consumos.

Con el giro al modelo de reproducción del capital de tipo fordista y el reconocimiento de los derechos económicos del bienestar, el Estado emprende el establecimiento de organizaciones de intervención económica directa, ya sea productoras de mercancías estratégicas (monopolios) o generadoras de consumos masivos (prestadora de servicios).

Los monopolios estratégicos y las generadoras de consumo tienen dos puntos en común: i) acercar a la población al goce o disfrute de mercancías o consumos, que la dinámica liberal de la reproducción del capital no genera para todos y que son observados como nuevas necesidades (discurso de la modernización); ii) realizar por medio de sus actividades una redistribución del producto social, de manera que genera sentidos de inclusión social de los efectos del desarrollo (discurso del bienestar).

La organización productiva que genera consumos (^{González, 1988}), es decir, la ESP que es propiedad del Estado, sufre tales fenómenos y tiene que asumir tanto los cambios en el sentido del capital como el manejo de las contradicciones implicadas. Por lo tanto, la organización productiva pasa de proveer bienestar a la comunidad a ser productora de mercancías para que, finalmente, hoy pueda presentarse como un agente de un mercado regulado de capitales.

En el marco posfordista, la racionalidad del inversor de capitales se ha impuesto a este tipo de organizaciones. La gestión se orienta hacia el manejo de flujos de recursos financieros que deben garantizar su sostenibilidad ante la disminución de subsidios al consumo de los clientes por parte del Estado. Véase la tabla 5.

Tabla 5 Momentos y papel del Estado frente a las funciones de las ESP. 

Fuente: elaboración propia.

Se genera una fuerte presión sobre los consumidores, quienes se ven obligados a asumir los costos reales de la provisión de una determinada utilidad, lo cual tiene efectos devastadores en grupos de bajo poder adquisitivo. Por otro lado, quienes lideran el proceso también se ven obligados a inscribirse en un concurso determinado por los discursos que están disponibles para financiamiento, especialmente el financiamiento de infraestructura.

Adicionalmente, el discurso de la planificación ha tenido que hacerse cargo de la gestión de los procesos vinculados a la reproducción social. En consecuencia, articuló los discursos tecnológicos sobre urbanización y desarrollo sostenible con factores de legitimidad social en las dimensiones de producción, espacio y medio ambiente. Esto indica que, en términos del proceso posfordista, la planificación expande las expresiones del discurso en las dimensiones jurídicas, económico-neoliberal y del ambiente. Véase la tabla 6.

Los discursos en el caso de los servicios públicos de Bogotá

Los periodos expresan tendencias históricas del concepto de lo público en el contexto de las ESP en Bogotá. En otras palabras, cada fase integra un régimen de producción y representación del discurso mismo.

Tendencia 1: el prefordismo local de servicios públicos (1880-1936)

Esta tendencia se encuentra históricamente relacionada con un periodo en el que el Estado no asumió el control de este tipo de organizaciones. Sus actividades se consideraron de libre acceso y su disfrute no se identificó como un derecho, siguiendo las características propias del Estado liberal o gendarme del siglo XIX.

Durante esta etapa, no es posible determinar un objeto de articulación entre la esfera de producción de sentido y la esfera de representación. En el caso de la ciudad de Bogotá, es claro que una burguesía criolla fuerte y en crecimiento fue capaz de consolidar y satisfacer la provisión de servicios públicos que eran abastecidos por el Estado o caóticamente provistos por pequeños empresarios. En lo que concierne a Bogotá, esta primera fase va desde 1880 hasta 1936.

En la primera mitad del siglo XIX, la ciudad contaba con la misma infraestructura que había adquirido en la época colonial. Posteriormente, se contrastó la situación con inversión privada formada por capital familiar, que se hizo cargo de las actividades de los servicios públicos. Dado que los discursos fueron irradiados por la racionalidad de los emprendedores aventureros, el sentido del discurso se determinó por ellos.

El concepto de lo público se expresa entonces a través del discurso de modernización y estuvo representado por una clase empresarial compuesta básicamente por un pequeño grupo de la burguesía nacional y sector financiero local. Son ellos los que imponen la dinámica del concepto, ya que no existen objetos de articulación de carácter normativo y la institucionalidad del Estado fue relativamente baja. No obstante, al final de este periodo, dado el incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas por el capital privado, la Compañía de Agua pasa a ser manejada por el Estado. Asimismo, parte del sector académico comienza a solicitar la intervención del Estado como mecanismo para garantizar una mejor oferta de servicios.

Tendencia 2: el fordismo criollo

Durante el fordismo, la organización que proporciona servicios públicos y que es propiedad del Estado se asumió como un bien público. Su función principal fue generar bienestar mediante los consumos (satisfacción de necesidades) en la lógica del progreso, la disminución de la inequidad y el control racional de los recursos colectivos.

En este sentido, este tipo de organizaciones estatales se reconocieron formalmente como "empresas de servicios públicos", ya que es una empresa en el sentido organizativo racional de los recursos sociales disponibles (hijas del discurso de la planificación e instrumentos de control social del Estado). Además, se encargaron de la provisión de consumos para la generación de bienestar (disminución de la inequidad de mercado). Estas organizaciones se concibieron como "públicas", porque debían conciliar la dimensión política del Estado (satisfacción de derechos) y la dimensión productiva (reproducción ampliada del capital), por lo que su responsabilidad social es directa.

Durante esta etapa, la forma en que la empresa se articuló desde el espacio de producción de sentido hasta el campo de representación fue la política de "intervención". Así, la propiedad del Estado en estas organizaciones va más allá de una relación de capital meramente económica hacia la configuración de formas operativas para la integración social.

En este periodo, las lógicas provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial se impusieron apoyados por la consolidación de la tecnocracia criolla. Estos agentes usaron el discurso de la planificación para orientar el régimen de producción de sentido. En este marco, la empresa pública sirvió como instrumento de representación de los sentidos del discurso del bienestar a la ciudadanía y la clase política local.

En el caso de Bogotá, es posible identificar esta tendencia con dos etapas históricas de las ESP: la primera es una configuración del fordismo local (1936-1950) y la segunda es la consolidación de dicho proceso (1950-1985). Véase la figura 4.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Régimen de producción y representación del discurso del capital en el fordismo. 

Consolidación del fordismo local de los servicios públicos (1950-1985)

El estallido de la violencia rural junto con el proceso desarrollo industrial desorganizado hizo que las empresas de servicios públicos se vieran obligadas a realizar grandes inversiones que ya no podían ser asumidas únicamente por el Estado local. Por tal razón, los partidos políticos y la tecnocracia criolla se vieron obligados a depender del financiamiento de la banca institucional multilateral.

Este es un hecho importante, ya que los organismos multilaterales exigieron la "modernización" de las estructuras funcionales de las empresas de servicios públicos, que para la época contaban con sistemas de gestión rudimentarios y operando aún con las primeras instalaciones industriales de finales del siglo xix. Este contexto provocó la formación de primera "tecnoestructura" criolla, que dependía del tipo de financiamiento dado, la cual fue la encargada de difundir el discurso sobre planificación en las empresas de servicios públicos. Así, el sentido de lo "público" en este periodo se creó básicamente a partir de las demandas de los organismos financieros multilaterales; luego, ese sentido de la planificación fue transferido hacia el entorno social.

Hacia finales de la década de los sesenta se consolidó en el país el Frente Nacional, que permitió la creación de una serie de relaciones sociales que ubicaron a los partidos políticos de turno en el liderazgo de la alta gerencia de las empresas de servicios públicos. Estas se convirtieron en un botín político generando tensiones entre los diferentes niveles gerenciales.

Todo ello lleva a la consolidación de la política de intervención total ejecutada por el Estado como máximo garante de los servicios públicos, que se sintetiza en la Reforma Política de 1968 y la creación de la Junta Nacional de Tarifas. Si bien este era un organismo de decisión técnica, sus orientaciones estaban limitadas por la realidad política.

Tendencia 3: el posfordismo criollo (1985-2005)

Durante el posfordismo, la tecnocracia local asociada a la organización asumió las lógicas generadas por los entes de financiación multilateral a nivel interno. La regulación se presentó como un instrumento de capital para que la esfera política del Estado pudiera atender la esfera productiva, cada vez más privada. La regulación fue un instrumento de control social contractual donde los derechos de los ciudadanos encontraron un espacio para negociar con el interés privado, pero se antepuso el criterio del equilibrio de mercado. La regulación fue el objeto de articulación de lo "público", donde la esfera del mercado contribuyó con el marco del interés general, que fue básicamente el interés financiero, donde los ciudadanos asistieron como clientes.

Así, los servicios públicos se pueden analizar en dos dimensiones: i) la de la ciudadanía política, en donde la condición de derecho social pasa de resuelto a otorgado por el Estado y cambia su responsabilidad social; ii) la de ciudadanía de mercado, en donde se propicia una relación empresa/cliente, la cual garantiza el acceso mediado por el poder adquisitivo. El servicio se transforma en una transacción de mercado con libertad vigilada por el Estado, es decir, regulada.

La caída del comunismo determinó la dinámica expansiva de la globalización financiera y planteó al inversor institucional como el principal actor movilizador de los discursos. Desde esta perspectiva, se reclamó la "privatización" de los diferentes servicios y organizaciones que el Estado había consolidado durante su rol productivo en el periodo anterior para movilizar los mercados financieros.

La demanda de los mercados, ya que el inversor no tiene rostro, sería impulsada por los organismos multilaterales de financiación, así como por algunos intelectuales. Entonces, el Estado colombiano asumió el proceso de manera desarticulada que se tradujo en la paradoja discursiva de la "apertura económica para la modernización" o la "modernización para la apertura económica".

Por lo tanto, los cambios por los que atravesó el Estado nacional y local, tanto en la estructura como en la operación, no fueron provocados por un proceso social conjunto (mediante pactos o convenios sociales), sino por el cumplimiento de recetas dadas por los agentes operativos de los mercados financieros. El discurso de la planeación se impuso, y el discurso del bienestar pasó a estar en el escenario de la representación.

La regulación pasó a ser el objeto de articulación discursiva impulsada por los inversores. En el contexto colombiano, se sintetizó en la Constitución Política Nacional de 1991 y en la Ley 142 de 1993, que retiró la política de intervención para dar paso a la nueva política de regulación pasiva de los servicios públicos. Véase la figura 5.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Régimen de producción y representación de los discursos del capital en el posfordismo.  

Los sentidos del inversor estuvieron inmersos en la transformación organizativa de las empresas de servicios públicos. Tales sentidos se apoderaron del discurso sobre la dinámica de reproducción del capital retornando al discurso sobre la modernización. No se continuó reconociendo el capital productivo como el encargado de traer el progreso, sino que ese lugar pasó a ocuparlo el dinamismo de los mercados y de los instrumentos financieros.

El Estado asumió el control sobre contratos y tarifas, esperando que las fuerzas del mercado se equilibraran y posibilitando el retorno de la inversión y el cumplimiento del servicio. El "interés público" se encontró circunscrito al "inversor", y el concepto de ciudadanía pasa a un segundo plano.

Los sentidos de "transparencia" y "buen gobierno" han sido capturados, al menos en el contexto local, por la perspectiva del inversionista. Es decir, el buen gobierno como estrategia empresarial solo ha escuchado las demandas de los mercados financieros y ha disminuido el poder de la participación comunitaria, sobre todo en el diseño de políticas y el control de las organizaciones.

Discusión: los efectos de los discursos

Los discursos planteados tienen efectos sobre la manera como se instituyeron algunos elementos sobre la forma de concepción de las empresas de servicios públicos a finales del siglo XX. Entre los más destacables, se encuentran su orientación, las figuras de autoridad y el modo de producción.

Las figuras de autoridad legítima

En el fordismo local, la red institucional estuvo caracterizada por un ordenamiento en el que primaba el interés político, que se movilizaba por la existencia de fuertes relaciones clientelistas. Las autoridades legítimas estaban atadas al imaginario de "desarrollo", y desde allí se generaba la política de comando y control de tales organizaciones. Como resultado, mientras por un lado se impulsó el aumento de la demanda del servicio, debido a las presiones del ritmo de urbanización de la ciudad, por el otro, se generaron estructuras burocráticas con diversos tipos de valores anclados, que generaron procesos de corrupción desde los diversos integrantes de la organización.

El fordismo generó la formación de una tecnocracia propia, que no logro identificar un sistema simbólico de valores coherentes, debido a su fuerte conexión con la clase política tradicional, y su constante alternación del poder. El dilema entre tener que construir aparatos industriales racionales y, a la vez, dar gestión a las exigencias de "caciques" locales dio al traste con la consolidación de instituciones políticamente "modernas", siendo solo un ejemplo más de "modernización tecnológica" con bases políticas ancladas en relaciones de poder semifeudales.

El posfordismo en estas empresas se vive como un proceso de "revolución neoliberal" de tal magnitud que las condiciones de participación ciudadana planteadas por la Constitución Política de 1991 se ven opacadas por un esquema de financiación basada en nuevos instrumentos financieros. El esquema de control soportado en la configuración de superintendencias de control jurídico (Superintendencia de Servicios Públicos) y comisiones de regulación (Comisión de Regulación de Energía y Gas, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), para el control económico del mercado, ha creado policompetencias que generan dificultades para el ciudadano.

De este modo, podemos indicar que las figuras de autoridad legítima son los instrumentos de control social que presionan por la institucionalización de diferentes tipos de relación social que pueden resultar preferentes a los grupos de presión que, en el caso de las ESP, tienen las siguientes facultades:

Cambios en los modos de producción y distribución del servicio

Dos son los elementos fundamentales de los modos de producción y distribución del servicio: i) la relación costo-económica de los mecanismos de producción y ii) la relación existente entre medio ambiente y disponibilidad tecnológica. El fordismo en las ESP tuvo que hacer frente a la expansión de necesidades sociales, lo que generó procesos de gigantismo organizacional basados en la consolidación de la "racionalidad tecnocrática" de orden productivo. Como resultado de esto, se manifestaron inadecuados procesos de planificación y operación administrativa en este tipo de organizaciones, lo que las llevó a una crisis en la década de los ochenta, que, en el caso bogotano, se presentó como la expresión local de la crisis de la "deuda externa" que afrontaban otros contextos en Latinoamérica. En ese momento, las ESP experimentaron altos niveles de deuda exterior, que fue necesaria en décadas anteriores para afrontar el proceso de expansión urbana. Los altos intereses y una estructura tarifaria basada en arreglos políticos y no en pactos sociales pusieron en evidencia las debilidades de estas empresas.

El posfordismo cambio la relación social en estas instituciones. Se entiende la organización como intermediaria financiera para la prestación de actividades, por lo que se generan procesos en los que se puede comprimir la organización e implementar de manera intensiva prácticas de outsourcing, que fortalecen sentidos de eficiencia financiera por encima del control productivo en la integración social. Como resultado de estas transformaciones, la empresa termina legitimando procesos de "flexibilización laboral" que afectan a los trabajadores de manera directa (efectos económicos derivados de la pérdida del empleo, menores prestaciones en el caso del outsourcing, des-sindicalización, entre otros) e indirecta (problemas de reintegración al mercado laboral, desintegración de redes sociales, ausencia de acompañamiento social para trabajadores con mayor tiempo de servicio prestado).

Finalmente, se genera el proceso de "empaquetado del producto" como ámbito de consolidación financiarizada del servicio (agua o electricidad). La forma de distribución está sujeta a condiciones tecnológicas tanto de producción (capacidad tecnológica, tamaño de las redes, inversión), como por condiciones tecnológicas de la demanda (características geográficas de entrega del servicio, nuevas necesidades de conexión, consumos derivados de colectivos marginales, etc.), y por eso la capacidad de pago termina orientando la forma de oferta del servicio.

Comunicación con la comunidad

El periodo del fordismo generó la idea de que las empresas le hacían un "favor" a las personas que contaban con servicios públicos. De esa manera, su responsabilidad ante la comunidad era muy limitada y sus prácticas de servicio al cliente eran deficientes. Se descuidó el concepto de beneficiario de servicios públicos, ya que los clientes no eran tratados como sujetos activos y participativos, sino como clientes, cuya única función era pagar la factura.

Los grupos de presión que están a favor de los procesos de privatización modifican este universo simbólico, sustituyendo la idea de "beneficiario" por la de "cliente empresarial". De esta manera, se consolida la idea de "ciudadanía empresarial" y su responsabilidad ante la comunidad se limita a lo claramente expresado en el contrato que pactan.

Límites de investigación y nuevas oportunidades

La investigación analizó el periodo histórico de 18902005, teniendo como hito de cierre la consolidación de la privatización de la EEB. Es necesario un análisis de lo sucedido en estas organizaciones a partir de ese momento. En las últimas décadas, la tensión en la ciudadanía se ha visto modificada por una mayor presencia corporativa por parte de este tipo de organizaciones. Investigaciones futuras podrían reconocer estas dinámicas y los efectos que este orden sociopolítico tiene sobre el bienestar de la población.