ARTÍCULOS ORIGINALES DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN

Acción colectiva de las organizaciones de población desplazada en Medellín. Ciclos, contextos, repertorios y perspectivas*

The Collective Action of the Organizations of Displaced Populations in Medellín. Cycles, Contexts, Repertoires and Perspectives

James Gilberto Granada Vahos**; Sandra Milena González Díaz***

** Trabajador Social, Magíster en Ciencia Política. Profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. E-mail: jamesgranada@hotmail.com

*** Socióloga. Investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. E-mail: sandiaz222@gmail.com

RESUMEN

El presente artículo ubica, como asunto de preocupación académica y social, el papel activo que los desplazados internos han jugado como sujetos colectivos en la lucha por la garantía y el restablecimiento de sus derechos. Retomando la teoría sobre los movimientos sociales construida por Sidney Tarrow, se reflexiona acerca de dos ciclos de acción colectiva: 1996-2003 y 2004-2009. En ellos se muestra el aumento y diferenciación de las acciones llevadas a cabo por la población desplazada que se asienta en el municipio de Medellín; se referencian las estructuras de contexto que incentivaron, abrieron oportunidades o limitaron la puesta en marcha de las acciones colectivas; se analizan los repertorios para la acción y las diversas formas de interacción entre los sujetos afectados y la administración municipal. Con esto se busca constatar, en el último ciclo, que aparecen formas re-creadas de acción y participación de la población desplazada, tanto a la hora de relacionarse con las instancias e instituciones encargadas de la política, como en el fragor de las acciones de hecho, y que ambas son formas de acción que llaman la atención sobre la garantía de sus derechos conculcados, lo cual se constituye, sin duda, como un reto para la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada en Medellín.

Palabras clave: Acción Colectiva; Desplazamiento Forzado; Redes Sociales; Organizaciones Sociales; Administración Local; Medellín.

 ABSTRACT

The present article locates, as a matter of social and academic concern, the active role that internal displaced persons have played as collective subjects in the fight to guarantee the re-establishment of their rights. Using the theory on the social movements proposed by Sidney Tarrow, the article reflects on two cycles of collective action, carried out between 1996-2003 and 2004-2009. In them, one finds the increase and differentiation of the actions carried out by the population of displaced person that have settled in the municipality of Medellín; it references the context structures that encouraged, opened opportunities or limited the setting in motion of collective actions; it analyzes the repertoires for action and the diverse forms of interaction between the affected subjects and the local government. With this the article attempts to verify, in the last cycle, that re-created forms of action and participation appear amongst the population of displaced persons, especially at the moment to engage the instances and institutions responsible for relevant policies, as well as at the beginning of actions. Both are forms of action that call attention to the guarantee of denied rights, which constitutes without doubt a challenge for the Mesa de Organizaciones de Población Desplazada in Medellín.

 Key words: Collective Action; Forced Displacement; Social Networks; Social Organizations; Local Administration; Medellín.

Introducción

El Desplazamiento Forzado en Colombia, como problemática social y situación límite, ha sido abordado desde diferentes perspectivas, las cuales han posibilitado una lectura amplia y compleja del problema, de sus características, actores, afectaciones, geografía del conflicto y motivos de desplazamiento, entre otros. No obstante estos avances, se reportan vacíos en los ejercicios de investigación que indaguen por las personas desplazadas en su rol de sujetos colectivos, capaces de incidir en los escenarios de política pública. Una lectura de este tipo reconoce que ''[...] lejos de la inercia y la victimización, o la indiferencia con que usualmente se perciben [...] (los sujetos desplazados) retejen silenciosamente desde la cotidianidad, sus procesos sociales [y en definitiva] [...] generan diversas estrategias y acciones para sobrevivir y resistir en medio de la guerra'' (Osorio, 2002, p. 55).

El interés del presente artículo es mostrar, con base en algunas referencias teóricas, los contextos en los cuales la población desplazada que habita el Municipio de Medellín ha desarrollado acciones colectivas, sus formas de expresión y de interlocución con el Estado, su capacidad de incidir en las decisiones públicas como ciudadanos capaces de poner en el escenario público su problemática, reivindicar sus derechos e incentivar, en las autoridades locales, iniciativas políticas orientadas al mejoramiento de su situación. Estos asuntos podrán observarse a través del análisis de dos ciclos de protesta, el primero, entre 1996 y 2003, marca el inicio de las acciones colectivas de la población desplazada y muestra los motivos de su debilitamiento; y el segundo, que inicia en el 2004 y llega hasta el año 2009, pone al descubierto nuevos repertorios de acción, expresión de una variación sustancial en el discurso de los líderes y organizaciones afectadas por el desplazamiento forzado.

Los acercamientos empíricos en complemento con la teoría muestran, en el primer ciclo, que las acciones colectivas de la población desplazada posibilitaron visibilizar en el escenario público la problemática del desplazamiento forzado, llamar la atención sobre la magnitud y la situación de precariedad en que sobrevive la población y, además, evidenciar la puesta en juego de sus aprendizajes políticos previos, y sus iniciativas de interlocución con la administración. Se exponen también las respuestas de parte de la administración, centradas en el impulso a los retornos, los desalojos, la represión, el señalamiento de los líderes y sus movilizaciones, con las consecuencias negativas para los procesos organizativos embrionarios que empezaban a posicionarse en el contexto.

El segundo ciclo muestra cambios en la estructura del contexto, permite resaltar y avizorar la utilización de repertorios de acción diferentes, sin dejar de lado los ya utilizados en el ciclo anterior, y posibilita observar un cambio en el discurso de los sujetos afectados, en la lucha por la garantía de los derechos conculcados, en un contexto en el cual se amplía el reconocimiento de derechos con los avances en la jurisprudencia colombiana en relación con la atención de la problemática. Se plantean además, nuevos retos organizativos y de participación de la población desplazada en su interrelación con las instancias e instituciones encargadas de la política, canalizados a través de la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada en Medellín. En contraste, continúan las acciones de hecho que llaman la atención sobre los derechos de la población víctima del desplazamiento.

Alrededor de estos dos ciclos se desarrollará el artículo, teniendo como base teórica los planteamientos de los ciclos de acción colectiva elaborados por Tarrow (1998), adaptando algunos supuestos teóricos a la realidad de las acciones colectivas de la población desplazada en Medellín. Así, llenando de contenido la primera fase de movilización, se trabajan conceptos como los de conflicto y difusión, repertorios, marcos y aumento de la interacción, y en la segunda fase, de desmovilización, los conceptos de agotamiento y polarización, violencia, institucionalización y represión, posibilitando una lectura que permita identificar los momentos más álgidos de movilización en los dos ciclos, así como las características de su debilitamiento. Acudiendo a los aportes de dos investigadores colombianos (Osorio, 2004; Ortega, 2006), se hará uso de algunas tipologías con miras a complementar e ilustrar los repertorios de acción utilizados por la población desplazada en Medellín, resaltando sus diferencias en cada ciclo.

El artículo termina realizando un balance de lo que han sido más de diez años de movilización social de la población desplazada en Medellín, de las relaciones con los gobiernos municipales; se hace un especial énfasis en los cambios que se han venido produciendo especialmente desde el año 2007 con la aprobación de un acuerdo municipal en el que se realiza una reorientación en el enfoque de política pública municipal, que beneficia y reconoce la participación y organización de la población desplazada; cambios que se siguen materializando en el plan de desarrollo municipal y en el fortalecimiento del Comité Local.

Además se presentan los retos a la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Medellín (MOPDM), que deberá procurar seguir siendo representativa, incluir a las nuevas organizaciones y liderazgos que van surgiendo, continuar y adecuar, en la medida que sea necesario, sus estrategias de participación, organización, confrontación y negociación.

1. Ciclos de acción colectiva y estructuras de movilización

 1.1 Ciclos de la acción colectiva: definición y componentes

 Desde los planteamientos teóricos de Tarrow (1998) sobre los movimientos sociales y la acción colectiva, se pueden resaltar tres asuntos importantes para explicar las acciones colectivas llevadas a cabo por la población desplazada en Medellín. El primero de ellos hace referencia a los ciclos de la acción colectiva; el segundo, a los elementos que integran las fases que componen los ciclos; el tercero y último, la relación directa de los ciclos con las estructuras de oportunidad política que éste y otros autores han trabajado bajo el enfoque de proceso político.

En lo que respecta a los ciclos de acción colectiva, Tarrow (1998) emplea el término para referirse a

[...] una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados, a los menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada y una secuencia de interacción intensificada entre disidentes y autoridades (Tarrow, 1998, p. 202).

Los ciclos, según el autor, se han usado comúnmente para analizar la evolución de los movimientos, para identificar los cambios efectuados a lo largo de muchos años y, en menor medida, para seguir el rastro de los cambios que se suceden en la acción a través de tiempos más cortos.

Los ciclos de protesta son definidos como puntos de inflexión para el cambio social y político, en los que la acción colectiva se amplía, siendo también el resultado de la interacción entre actores de la movilización y autoridades, donde se pueden identificar nuevas formas de acción, formas de respuesta de las autoridades (tales como reformas, represión o combinación de ambas), y donde además se avizoran los posibles resultados. En desarrollo de estos elementos, el autor bosqueja dos fases de la movilización e identifica los principales elementos que integran dichas fases, caracterizando así los ciclos de la acción colectiva con miras a la comprensión de su desarrollo. El autor plantea, entonces, una fase de movilización en la que se evidencia una intensificación del conflicto y, entre otras cosas, una expansión de los repertorios de confrontación; y una fase de desmovilización donde se hace evidente las diferentes formas de declive o reconfiguración de la acción (Tarrow, 1998).

Estos ciclos de protesta, con sus características y fases, se inscriben en lo que se ha denominado estructuras de oportunidad política, que está presente y hace parte del enfoque del proceso político[1] en el que se afirma que los cambios ocurridos en la estructura institucional estatal generan oportunidad a los movimientos, siendo esto lo que da origen a los ciclos. Sin embargo, tanto éste como la diferenciación tajante de las fases, será un asunto que se complementará y adaptará a las particularidades de los ciclos de la acción colectiva llevada a cabo por la población desplazada en Medellín.

La fase de movilización planteada por Tarrow (1998), también contempla el conflicto y difusión. En esta fase, se deja claro que existe una intensificación de los conflictos en diferentes lugares de la interacción social, y que éstos, que siempre han estado presentes, se intensifican con la aparición de actores nuevos o poco comunes en el escenario de la confrontación. Así mismo se contempla la difusión, la cual hace referencia a la propagación de la acción hacia otros actores que comparten las reivindicaciones, pero en la cual hay también respuestas por parte de los antagonistas, que posiblemente también incrementan sus acciones.

Los repertorios y marcos, evidencian la modalidad de las acciones llevadas a cabo en los ciclos, en muchas de las cuales se producen nuevos símbolos, marcos de significado de la acción y se ponen en juego diversas y diferenciadas ideologías, o en su defecto, se transforman las que ya existían. En relación con esto, los marcos exitosos se retomarán en otros momentos y en otras movilizaciones: cuando la acción colectiva va llegando al punto más alto, se producen incentivos u oportunidades para que surjan nuevas organizaciones o para que las existentes radicalicen las tácticas, objetivos y discursos que les han traído triunfos. Las nuevas organizaciones tendrán sus objetivos específicos, por los cuales movilizarán nuevos recursos para los que esperan nuevas respuestas, lo que posibilita la prolongación de las acciones colectivas. Un último elemento, no menos importante, se da con el aumento de la interacción, cuando se intensifica la confrontación, pues ''aumenta la frecuencia e intensidad de la interacción entre los grupos de disidentes y las autoridades'' (Tarrow, 1998, p. 208).

En la fase de desmovilización, se analizan tres tipos de procesos causales que parecen estar presentes en buena parte de los puntos finales de los ciclos. En primer lugar, se halla el agotamiento y fraccionamiento de la acción en la que ''el cansancio producido por una intensa movilización, unido al riesgo y los costes personales y, muy a menudo a la desilusión, es probablemente la principal causa de que descienda la participación y se inicie el declive del ciclo de protesta'' (Tarrow, 1998, p. 210). Esta fase no afecta de igual manera a los miembros; los menos implicados encuentran razones para desistir, los más militantes fácilmente se radicalizan, lo que lleva a que se produzcan divisiones y polarizaciones al interior de la organización. Otro de los componentes de esta fase es la institucionalización y la violencia, en el cual se presentan dos opciones: que los líderes moderados institucionalicen las tácticas con el objeto de mantener el apoyo de los seguidores, o que el sector radical emplee tácticas de enfrentamiento para ganar a los más militantes. Un tercer y último componente es la facilitación y represión, ''que corresponden a las reacciones de las autoridades del Estado''; en la actualidad ''es más común emplear una facilitación selectiva para los objetivos de algunos grupos y una represión selectiva para otros'' (González, 2006, p. 26).

El presente artículo pretende, leer y caracterizar el ciclo, esto es, las acciones colectivas llevadas a cabo por la población desplazada en Medellín. En esta medida, aunque se habla de una fase de desmovilización, no se plantea un punto final del ciclo, sino que se observa una transformación de las acciones colectivas pasando de un plano público, bullicioso y visible a un plano un tanto más invisible, posiblemente limitado por los temores en razón de los cuales se re-crean nuevas formas de acción y se dan las condiciones para el surgimiento de un nuevo ciclo.

1.2 Estructura de contexto (una mirada ampliada a las estructuras de oportunidad política)

 Resulta fundamental diferenciar entre la lectura que se hace de la estructura de oportunidad política anclada en el acervo analítico del enfoque de proceso político, trabajada por autores como McAdam (1996), Tarrow (1996) y Tilly (1996) —en la que se afirma que los cambios ocurridos en la estructura institucional estatal se hacen cada vez más relevantes en los estudios de acción colectiva—, y la estructura de contexto trabajada por Dieter Rucht (1999), reforzada con la lectura acerca del contexto violento realizada por otros autores.

Al respecto de la estructura de oportunidad política, se aduce que, la incidencia de la protesta está estrechamente relacionada con la naturaleza de la estructura de oportunidades políticas, definida como ''el grado de probabilidad que los grupos tienen de acceder al poder e influir sobre el sistema político'' (Melucci, 1996). Una lectura ampliada, tal y como la propone Adriana González (2006), además de las dimensiones señaladas por Tarrow y los demás autores promotores de la estructura de oportunidad política, se complementa y amplía con la incorporación de asuntos considerados de renovada importancia para abordar casos concretos en las circunstancias actuales de los procesos de movilización y protesta. De allí entonces el interés de emprender análisis de contextos —más allá de los rasgos explícitamente políticos de los mismos, por cuanto se ha asumido de manera hipotética, que es en virtud de las peculiaridades del contexto que la acción colectiva adopta formas diversas, que determinan, en última instancia, su impacto y permanencia en el tiempo.

Hacer una lectura de la estructura de contexto que incorpore las estructuras de oportunidad política, permite contar con una categoría analítica más amplia para descifrar el cómo y el cuándo se produce una acción colectiva y los mecanismos concretos que la materializan en condiciones específicas, por ejemplo, aquellas que definen los contextos violentos. Esto lo plantea Dieter Rucht aduciendo que es necesario ampliar el concepto de estructura de oportunidad política, de tal forma que pueda incorporarse en él otras dimensiones importantes; así, la estructura de contexto a la que se refiere Rucht (1999), implicaría tres dimensiones básicas: el contexto cultural, el social y el político.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en este artículo se identifican dos ciclos o momentos de la acción colectiva llevada a cabo por la población desplazada en Medellín. El primero de ellos, va del año 1996 al 2003, hace énfasis en la estructura de contexto en el cual surgen las acciones, se exponen las acciones colectivas, los repertorios, los marcos y se describen los procesos causales que ocasionaron su declive y debilitamiento, resaltando éste como el ciclo donde se dio la llegada masiva de población y se llevaron a cabo las primeras protestas. El segundo ciclo va desde 2004 al año 2009, en éste se evidencia el surgimiento de nuevas organizaciones de población desplazada, con el apoyo de otras, y aparecen nuevos elementos que, integrados, darán paso a la creación de la Mesa de Población Desplazada. En este ciclo se describe la estructura del contexto en el cual se promovió un viraje en la concepción del desplazamiento forzado, y empiezan con propiedad los líderes y las organizaciones a cambiar gradualmente el discurso de las necesidades por el de los derechos, se ensayan nuevos escenarios de acción y se resignifican los existentes, lo cual viene a marcar el panorama actual, donde se abren nuevas posibilidades y expectativas a futuro para la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada y para las demás expresiones organizativas y acciones colectivas.

2. Primer ciclo. Llegada de población desplazada a Medellín, las primeras acciones colectivas: 1996-2003

 Describir el ciclo 1996 a 2003, donde se llevaron a cabo las primeras acciones colectivas de la población desplazada en Medellín, supone, en principio y con base en los planteamientos anteriores, identificar los factores que dentro de la estructura de contexto facilitaron o limitaron la acción colectiva. Podría decirse que existen diversos factores que incentivaron el desarrollo de las acciones: el aumento en el arribo de población en situación de desplazamiento forzado a Medellín en condiciones extremas de pobreza; la falta de respuesta de atención y de la administración local; y sobre todo, apoyos significativos en la sociedad y de parte de algunas instituciones del ámbito nacional.

Para una mejor ilustración de este ciclo es necesario recordar, apoyados en la investigación de la Conferencia Episcopal de Colombia (2001), que inclusive desde unos años antes —entre 1992-1995—, se empezó a notar la llegada de población procedente de Urabá y Chocó hacia Medellín. Pero, es a partir de 1996, cuando se presentan los movimientos más álgidos de población y se diversifica la procedencia de ella, algunos arribaron de la subregión de Urabá, otros llegaron desplazados del Norte (Yarumal, Briceño, Ituango; Puerto Valdivia), Bajo Cauca (Caucasia); Occidente (Dabeiba, Sabanalarga) y Nordeste (Cisneros); todos compartiendo una especie de suerte común: el hecho de encontrarse en una situación de desplazamiento forzado, después de abandonar sus tierras, y para localizarse en un nuevo territorio en condiciones de extrema pobreza.

Situarse en ese momento histórico obliga a hacer lectura de las respuestas dadas por la administración, pues será precisamente éste el detonante de las acciones, en la medida que el desplazamiento era entendido como un problema ajeno, en el cual no tenía ninguna competencia el Municipio, y al contrario, se le asignaba toda la responsabilidad de atención y solución a los niveles departamental y nacional; medidas como los desalojos forzosos (El Colombiano, 1996, julio 19, p. 3D) se constituyeron en una de las respuestas más comunes que las tres administraciones darían al problema[2], hechos que junto con el aumento en el número de población desplazada y las necesidades apremiantes de alimentación y techo (El Colombiano, 1996, julio 14, p. 10E) se constituyen en elementos que justificaron e incentivaron las primeras acciones colectivas llevadas a cabo por la población desplazada, con base en un interés común: la satisfacción de sus necesidades inmediatas, en últimas, su sobrevivencia.

Sin embargo, el desarrollo de la acción sólo va a ser posible gracias a las capacidades de liderazgo y los acumulados de experiencias organizativas previas con los que cuenta la población desplazada; inclusive la acción va a ser más impulsada y potencializada por los apoyos que se reciben de otras organizaciones no gubernamentales en la Ciudad, y las exigencias puntuales que desde el Gobierno Nacional se hacen al Departamento y al Municipio en lo que respecta a la atención del desplazamiento forzado.

En 1996, se presenta el momento más álgido de las acciones y empieza a desarrollarse la fase de movilización: evidenciados y padecidos los agravios con ocasión de su situación de desplazamiento, las necesidades apremiantes y el descontento frente a la indiferencia de la Administración, cientos de personas desplazadas empiezan a plantear exigencias concretas, las primeras que desencadenan el ciclo de protesta. Exigencias que tendrían tres niveles de materialización, no excluyentes sino complementarios, ''[...] las demandas mediadas, que pueden ser de tipo administrativo y legal, y las acciones de hecho. Las primeras emplearían los canales regulares, y dependen de los tiempos y decisiones burocráticas, las segundas, las legales, tendrían otro canal particular y serían de cumplimiento obligatorio para las instituciones estatales, y las del tercer tipo, serían de confrontación directa con las instituciones'' (Osorio, 2004, p. 182) y es precisamente en el nivel de las acciones de hecho, donde se centran los principales esfuerzos de la población desplazada en este primer ciclo de protesta, sin desconocer las demás formas también empleadas por la población.

Las dinámicas de las acciones de la población desplazada van a oscilar entre los asentamientos de hecho, los desalojos y otras formas de acción colectiva. Así, tras el afán de encontrar un lugar donde albergarse y sin más opciones donde habitar, la población desplazada, en el mes de abril de 1996, realiza la invasión de un sector del barrio Villatina ubicado al centro oriente de Medellín, en la Comuna 8; constituyéndose ésta en la primera acción de hecho, en la que participaron unas 75 familias desplazadas, procedentes de la subregión del Urabá antioqueño. Esta invasión terminará, luego de dos meses, cuando, desalojados por la Fuerza Pública, empiezan a padecer la respuesta represiva del Estado (Morales, 2006).

Esta invasión marca el inicio de un ciclo en el que se llevaron a cabo diversas expresiones de acción colectiva en las cuales la población hará uso de diferentes repertorios[3] para plantear sus exigencias. Si las invasiones posibilitaron identificar la necesidad apremiante de techo y albergue, las tomas que posteriormente iban a aparecer en el escenario público, se constituirían en una forma de ''alteración del orden público'', lo que según Tarrow (1998, p. 142) ''[...] no es más que una amenaza de violencia'', en la cual los sujetos afirman su identidad y refuerzan su solidaridad, al mismo tiempo que obstruye las actividades de sus oponentes, de los observadores o de las autoridades y les fuerza a atender las demandas de los manifestantes, ampliándose así el circulo del conflicto.

Los participantes y líderes de estas acciones van a poner en juego sus aprendizajes políticos previos y sus capacidades, sobre todo aquellos que desde sus lugares de origen habían ejercicio el liderazgo, evidenciando así formas de actuar y participar que parten de su experiencia en el entorno rural, recreando y creando itinerarios y repertorios de acción útiles para la acción colectiva en los lugares de asentamiento, asunto que empezó a reforzarse a medida que iban desarrollándose las acciones colectivas e iban surgiendo nuevos liderazgos.

De esta manera, deambulando por lugares sin respuesta y sin lograr acomodo, familias desplazadas ocupan la iglesia de La Candelaria[4]. De allí son trasladadas al albergue de Belencito y frente al desconocimiento de las condiciones y necesidades urgentes de esta población —y de cara a un posible desalojo—, la población desplazada responde de nuevo con otra acción directa: el bloqueo de la vía pública en las cercanías del albergue, asunto que molestó a los vecinos y por tal motivo fueron nuevamente desalojados[5]. Después del desalojo, la población continuó con varias ocupaciones de las universidades públicas en aras de hacer presión sobre la exigencia de mejores condiciones de vida[6], así, se tomaron la Universidad Nacional el 25 de junio[7] y la Universidad de Antioquia el 30 de octubre[8]. Todas estas acciones durante el año 1996.

Para esta fecha, era evidente la carencia de una política orientada a la atención de la población afectada por el desplazamiento forzado. Como agravante aparecía la respuesta de la administración del municipio de Medellín, que además de los desalojos, estuvo orientada a impulsar el retorno, y sólo en algunos casos se brindó algún tipo de atención a la población. Al respecto, Sergio Naranjo, para ese entonces alcalde de Medellín, sostiene que la atención se brindó ''[...] en razón del sentido humanitario y de solidaridad que para este tipo de situaciones deben de tener todas las personas y/o instituciones [dejando] claro que dicho compromiso es del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y sus programas para con los desplazados [...] Al igual que la competencia debería recaer más directamente sobre las autoridades departamentales [...]'' (Carta del alcalde, 29 de agosto, 1996).

La dinámica del ciclo pone en evidencia que, no obstante las exigencias hechas por la población desplazada, el Estado continuó en su inacción, situación que prolonga la vulneración de los derechos, pues una respuesta que no llega a las necesidades urgentes es la prolongación en la afectación del derecho. Como soluciones ofertadas, estaba la del retorno: sin mínimas garantías de seguridad y sin importar la voluntariedad de la población; por lo cual, los desplazados consideraban que este tipo de propuestas ponían en riesgo sus vidas, las mismas que trataron de salvar con el desarraigo forzado (El Colombiano, 1996, julio 30, 3C).

De esta manera, las acciones realizadas empiezan a crear entre los desplazados presentes en Medellín un ambiente de solidaridad, se crean posibilidades para nuevas acciones, y el gobierno local empieza a entender que no se trata de un problema exclusivo de los que actúan o de los que lideran y planean las acciones, sino que existe un gran número de población que padece la misma situación. Por lo tanto, si no se le presta atención a las acciones vendrán más protestas; los desplazados por su parte entienden lo mismo y saben que las acciones de hecho son la única posibilidad que tienen, hasta ese momento, para denunciar su situación y solicitar atención.

En 1997, año de aprobación de la Ley 387 para la atención a la población desplazada, y dado que aumentaban en Medellín y el Área Metropolitana el número de asentamientos informales donde se ubicaba la población desplazada de todas las subregiones de Antioquia, la Asociación Campesina de Antioquia, preocupada por el crecimiento acelerado de las comunidades de desplazados en el Valle del Aburrá y por la difícil situación en que se encuentran las mismas, junto con otras organizaciones, acompañó la conformación y consolidación del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia —MOSDA (Castrillón, 2003). Con este movimiento se pretendía que los desplazados fueran gestores de su propio desarrollo, trabajando mancomunadamente con otras comunidades de desplazados del Valle de Aburrá y de Antioquia para que se fijaran políticas claras, tendientes a buscar salidas colectivas y de fondo a la problemática de los desplazados.

Sin duda, puede plantearse que muchos de los avances logrados por la población desplazada estuvieron acompañados por organizaciones de Derechos Humanos quienes abogaron por la formación y fortalecimiento de los liderazgos, y por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entre las organizaciones no gubernamentales que acompañaron este proceso se reseñan la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), la Fundación Sumapaz, la Pastoral Social y otras organizaciones (El Colombiano, 1997, enero 21, p. 1997).

A pesar de que desde la administración municipal se rechazaban las acciones de hecho de la población desplazada, porque con muchas de ellas ''se alteraba el orden público'', poco a poco, y debido a las propuestas elaboradas por la población, empiezan a ser reconocidos como interlocutores válidos con los cuales se podía dialogar (El Colombiano, 1996, agosto 2, 9A). Inicia así la negociación del Municipio con los líderes desplazados, principalmente con los representantes del MOSDA, organización que después de su aparición en el escenario público lideró las negociaciones de la mano de las organizaciones sociales y de base.

Mientras se daban estos procesos de negociación, persistieron las respuestas coercitivas y, claro está, la práctica de los desalojos. Es con motivo de esta persistencia en las respuestas represivas y violentas, que las acciones de la población desplazada se prolongan en el tiempo. Este es el caso de la ocupación de la iglesia de la Veracruz en 1998, y del taponamiento de la autopista Medellín-Bogotá en la Curva de Rodas, en el año 2000. Las acciones directas se mantienen con los mismos objetivos de buscar soluciones a los viejos problemas, profundizados por falta de atención como el caso de la alimentación, la salud y la vivienda, entre otros. En este ambiente, continúan llegando pobladores a la ciudad, algunos de los cuales se sumaban a las acciones que se estaban desarrollando en Medellín (El Colombiano, 1998, mayo 4, 3B).

Ante la falta de cumplimiento de los acuerdos en diversos procesos de negociación, en noviembre de 2002 se realiza la segunda toma pacífica de la Universidad de Antioquia, la cual se presenta como un referente ya que tuvo el objetivo de ''[...] llamar la atención por los continuos atropellos de la fuerza pública contra la comunidad y especialmente con sus líderes [y] [...] exigirle al Estado que no le diera una salida militar, sino social a la difícil situación que venían padeciendo estas comunidades'' (Castrillón, 2003). Producto de esto, se da un proceso de negociación que culmina con un pliego de peticiones, al frente del cual estuvo MOSDA. Para el año 2003, sin resultados significativos del pliego de peticiones, se desarrolla la Operación Estrella VI, en la cual varios líderes del movimiento y habitantes del asentamiento La Honda en la comuna 3 de Medellín, fueron detenidos y judicializados, acusados de ser ideólogos de la insurgencia.

La represión de la Fuerza Pública, bajo el pretexto de que los desplazados estaban siendo orientados por grupos ilegales, se constituyó en una de las principales respuestas a sus necesidades (El Colombiano, 2003, enero 16, 8A) y excusa utilizada constantemente para deslegitimar el accionar de la población.

La toma de la Universidad de Antioquia se constituye en la última acción colectiva reseñada en el ciclo. La misma en la cual se hace evidente el debilitamiento de la movilización, la fragmentación y la desintegración de organizaciones, situaciones que terminan generando profundas desconfianzas y temores en la población desplazada y que transformará, en algunos, sus formas de ejercer el liderazgo y representación, además de las formas de exigir la atención. Aunque fueron varias las personas que desde el inicio de las acciones colectivas desistieron de su participación y fueron reduciendo de manera gradual el número de población que apoyaba las protestas. Es éste momento en específico, y dados los ejercicios muchas veces infructuosos de negociación, que muchos de los sujetos activos del movimiento desistieron de la idea de manifestar su descontento y exigir atención a través de las acciones colectivas.

Es de notar que la población en situación de desplazamiento forzado que arribó a Medellín en condiciones extremas de pobreza, no llegó a enfrentarse sólo con la dualidad de acciones represivas y de diálogo implementadas por la administración municipal, llegó a moverse en un contexto de violencia, donde muchas de las familias fueron nuevamente victimizadas por los actores armados en los lugares de asentamiento, que atacaban las formas organizativas de la población y los liderazgos. No obstante esta situación, la población denunció en su momento que era evidente la falta de respuestas o las respuestas negativas por parte del municipio.

Así, cabe entonces señalar, que las acciones colectivas de la población desplazada se convirtieron, no sólo en mecanismos de presión frente al municipio, el departamento y el gobierno nacional para el logro de la efectiva atención de la problemática, sino que estas acciones de hecho fueron el medio más útil para poner en el escenario público el conocimiento de la problemática que padecían cientos de familias provenientes del campo, la dimensión de sus afectaciones y la necesidad apremiante de su atención. Las acciones de hecho, además, se han constituido en formas válidas de resistir frente al olvido, pues mediante la realización de éstas los campesinos en situación de desplazamiento forzado han albergado la posibilidad del reconocimiento y al mismo tiempo han luchado por el mejoramiento de las condiciones de vida para el conjunto de la población asentada en este territorio.

Con la aprobación de la Ley 387 de 1997, con el apoyo de organizaciones e instituciones y con las continuas presiones de la población desplazada hacia la administración, se inicia un proceso gradual de reconocimiento institucional, disminuyen las acciones de hecho y se configuran en el panorama nuevas acciones institucionales orientadas a la atención de la población. Se convocó en el 2001 al Comité Local de Atención a la población desplazada de Medellín, lo cual fue posibilitando la aparición de nuevos escenarios institucionales para tratar el problema por vías políticas no represivas, facilitando así mayor interlocución con los gobiernos en los diferentes niveles territoriales.

Definitivamente van a ser otras formas organizativas las que se impondrán después, y que comenzarán a hacer parte del proceso formativo realizado por la Alianza de Organizaciones no Gubernamentales, operadoras del Plan Integral Único del Municipio de Medellín en el año 2005. De este proceso surgirá la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Medellín, que definitivamente marcará una forma re-creada de actuar en Medellín y jugará un papel fundamental en el segundo ciclo de protesta.

 3. Segundo ciclo. Las nuevas organizaciones y la conformación de la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada: 2004-2009

En un contexto de cierto desencanto de algunos líderes de la población desplazada hacia la participación, provocado un fraccionamiento de las organizaciones lideradas por la población, y abiertas las posibilidades jurisprudenciales en la garantía de derechos de la población a través de la Sentencia T-025 de 2004, inicia este ciclo con la fase de movilización. En ésta, aunque no tendrá las mismas connotaciones ni características del ciclo antes descrito, los sujetos desplazados empiezan a cambiar su discurso y a incidir en los escenarios institucionales creados para la prevención y atención, lo cual pondrá al descubierto la reconfiguración de las dinámicas y formas de participación, organización y acción de la población, y evidenciará una especie de interacción directa con el Estado.

Es así como luego de varios años de lucha en Medellín, la población desplazada aprende a hacer uso de otras formas de accionar, de relacionarse, de conseguir apoyos y de moverse en el mundo institucional. A los saberes que se traen de sus lugares de origen, a las capacidades de convocatoria, organizativas y de movilización, a los itinerarios y repertorios de la acción puestos en el escenario público durante el ciclo pasado, empiezan a sumarse aprendizajes de nuevas formas de participación y acción y la apropiación de nuevos escenarios de interacción e interlocución que van a empezar a abrirse en el municipio y en los microterritorios locales (Acevedo, 2007).

En este marco, la población combina diversas formas de acción colectiva: unas más cerca de las acciones de hecho —aunque disminuyen en comparación con el ciclo anterior—, y otras, de carácter más institucional, que se centran en la interlocución directa con el gobierno local. Al igual que en el anterior ciclo, la población desplazada en el desarrollo de sus acciones se vale de las redes de amistad, vecindad, religiosas, sociales y políticas para acceder a los recursos necesarios para la organización y la sobrevivencia.

En un marco general como el descrito aquí, surge la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada del Municipio de Medellín. Entre los aspectos que más incidieron en su surgimiento se pueden referenciar: factores internos como sus objetivos legítimos, líderes con experiencia anterior en Medellín, experiencias organizativas anteriores, posibilidades abiertas por la Rama Judicial, apoyos sociales, aliados en la Administración Municipal, y las exigencias de un medio hostil.

Es de resaltar que si bien existen aspectos de contexto que posibilitan un accionar, este sólo es real si existe alguien con la suficiente capacidad para interpretarlo, aprovecharlo y materializarlo en la consecución de recursos y en la creación de nuevas oportunidades. La Mesa es precisamente un momento de cosecha de numerosas organizaciones, que aún con falencias, alcanza la madurez suficiente para aglutinar organizaciones de base, a nivel de barrio y comuna, y superar individualismos y protagonismos para actuar y participar en escenarios de discusión y decisión como el Comité Local, y en los espacios de construcción de la política pública de Medellín, que es un buen ejemplo de las capacidades en la conquista de logros y en la apertura de nuevas oportunidades para futuras acciones.

La Mesa empieza a pensarse en el panorama municipal a partir del año 2005, momento en el cual diferentes organizaciones (Corporación MANAPAZ, Centro de Recursos Integrales para la Familia -CERFAMI, la Fundación Sumapaz y La Asociación Campesina de Antioquia) conforman la Alianza PIU 2005-2006. Dado que estas organizaciones venían participando del Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada CLAIPD, por su trabajo con la población desplazada en la Ciudad desde varios años atrás y que era función del CLAIPD la construcción del Plan Integral Único PIU, se acuerda que serían estas organizaciones quienes deberían estar al frente del proceso por su experiencia en el trabajo. Las organizaciones de esta Alianza ven una oportunidad importante de trabajo conjunto con la administración, pero sobre todo, la posibilidad de articular un enfoque de reconocimiento de los derechos de la población desplazada, y elaborar un plan coherente con la situación real de la población que apuntara a soluciones de largo plazo y no a soluciones asistencialistas[9].

En el marco de esta Alianza, nace la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Medellín (en adelante MOPDM), a partir de un proceso de formación a líderes y de fortalecimiento de sus organizaciones. ''[…] Es a través de los talleres, en la socialización de la ley y la jurisprudencia, y en las actividades donde ellos se dan cuenta de la necesidad de establecer un espacio concreto que les permita una interlocución con el Estado en condiciones de igualdad y deciden emprender el proceso. No obstante, la Mesa nace con muchas dificultades, entre ellas, algunos liderazgos problemáticos y cierta incapacidad de pensar en colectivo''[10].

La Mesa es el resultado, sin duda, de los avances en el Municipio de Medellín respecto a la creación de escenarios y espacios de participación que posibiliten a la población la interlocución con el Estado, lo cual se logra a través del diseño del PIU, donde además se da un reconocimiento de las diversas formas organizativas de la población, y se esboza claramente la necesidad de su incidencia en los escenarios creados. Este punto es fundamental porque marcará la forma de la estructura y funcionamiento de la Mesa, tal como lo definen las normas nacionales y según fases de atención o componentes de la política pública.

El funcionamiento de la MOPDM, que en un principio tuvo un acompañamiento constante y directo de las organizaciones que conformaban la alianza PIU, posteriormente en el año 2006, pasó a convertirse en un escenario más autónomo, a definir su estructura, plantear las reglas de funcionamiento interno y a distribuir responsabilidades concretas. De esta manera, la Mesa define una estructura similar a la de las Mesas nacionales: con una Secretaría Técnica que coordina y mesas temáticas de educación, vivienda, salud, restablecimiento y ayuda humanitaria, además de una comisión de seguimiento (Mesa de Organizaciones Líderes y Lideresas en Condición de Desplazamiento Forzado del Municipio de Medellín, 2004) y es a partir de este momento cuando comienza la consecución de recursos como MOPDM.

Desde el mismo año 2006, se presentan algunos problemas internos entre sus miembros, por la consecución o distribución de funciones y recursos de todo tipo, aunque hay que decir que la mayoría de ellos con un miembro en particular, el mismo que más tarde conformará una mesa alterna. Sin embargo, los demás miembros de la Mesa —o por lo menos los que continúan en ella—, utilizarán la ley y las vías legales para sustentar cada acción, buscando apoyos en las instituciones para obtener recursos, hacer denuncias y demandas. Es en este momento, que se hace evidente el cambio en el discurso de los líderes y de algunos de los miembros de las organizaciones. En el ciclo anterior se hablaba de la urgencia en la satisfacción de necesidades, pero en el presente ciclo, empieza a hablarse con mayor apropiación en lenguaje de derechos, para demandar prevención y atención por parte del gobierno local y nacional y hacer uso con mayor recurrencia de aquellos repertorios de acción de tipo administrativo y legal.

En el marco de este viraje en el discurso de los actores, y en un contexto propicio para la acción debido a la proclamada Sentencia T-025 de 2004 que declara el Estado de Cosas Inconstitucional, la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada realiza durante el año 2006 una serie de acciones de cara al escenario de discusión y definición de políticas públicas de atención a su situación.

Para el año 2007, aunque la Mesa continúo con un repertorio de acciones administrativas y legales, éstas no tuvieron mayor reconocimiento por parte de la Secretaría de Bienestar Social, entidad encargada de diseñar y ejecutar los programas y proyectos orientados a la atención de la población desplazada. Empero, la Mesa continúa fortaleciendo su estructura interna con la elaboración del primer Plan Operativo, y en la primera sesión del Comité Local del año 2007, apoyados en el Decreto Presidencial 250 de 2005 y en la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, presenta los tres representantes de la población desplazada elegidos para participar en este escenario de coordinación local, rinde cuentas en público de las acciones desarrolladas y socializa el Plan Operativo.

De lo anterior se puede destacar que, a pesar de que la Mesa en desarrollo de sus acciones actúa dentro de la legalidad, éstas no bastan para ser reconocidas por la Administración Municipal; en particular, el desconocimiento, para aquel momento, de los representantes de la Mesa ante la instancia del Comité Local. No obstante, vale resaltar, la Mesa y la población, continúan, como en años anteriores, realizando acciones de hecho, no porque se salgan del derecho, puesto que no se trata de acciones violentas, criminales o punibles, sino porque tratan de que se les reconozca un derecho por las vías de hecho.

En los años 2007 y 2008, se realizaron marchas de la población en el marco del cumplimiento de los 10 y los 11 años, respectivamente, de la Ley 387 de 1997. En la última marcha, además de la MOPDM, apareció en el escenario público la Coordinación Metropolitana de Desplazados, creada desde el año 2006. Con las dos acciones colectivas se pretendía ''[…] llamar la atención de la sociedad sobre el incumplimiento sistemático de las entidades estatales en cuanto al restablecimiento de sus derechos, lo que se traduce en que muchos de ellos vivan actualmente en condiciones de pobreza extrema y en alto riesgo de amenazas contra sus vidas'' (Agencia de Prensa IPC, 2008, Julio 17).

Para recapitular, los cambios que se destacan se refieren, sobre todo, al aumento de acciones administrativas y legales, sin abandonar las acciones colectivas de hecho. En segundo lugar, la Mesa cuenta, a diferencia de las organizaciones en años anteriores, con un respaldo jurídico y legal para sus acciones, y constantemente se apoya en esto para actuar, lo cual, definitivamente, da cuenta de repertorios que difícilmente aparecerán en la teoría. Es una combinación de apoyo legal para que una rama del poder, la Ejecutiva, les reconozca los derechos que ya son reconocidos en otras instancias pero que no han logrado ser interpretados de la manera adecuada en el nivel local.

4. A modo de conclusión: perspectivas y retos

Más de diez años de organización han sido recogidos en este artículo. Se destacan líderes y lideresas, propuestas hechas, acciones y capacidades demostradas, también persecuciones sufridas, y gobiernos que no han estado a la altura de los retos. La respuesta de la población frente a sus problemas se ha dado por diferentes caminos, según las organizaciones y sus posibilidades, pero aún no se pueden pedir acuerdos amplios y generales cuando los intereses son tan diversos.

Además de la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Medellín, existen otras experiencias organizativas que han surgido paralelamente en Medellín y que también deben ser incluidas en cualquier decisión y acción a tomar. Las soluciones a la situación de la población desplazada pasa por las políticas públicas, pero un enfoque inadecuado, con identificaciones apresuradas, definiciones imprecisas, con diagnósticos errados, con enfoques restrictivos llevaría finalmente a que los problemas se mantengan o, más aún, se empeoren.

Durante la mayor parte del período analizado se destacan obstáculos externos tales como los enfoques de política de las diferentes administraciones municipales que no se orientaban al goce y acceso a los derechos, la continuidad del conflicto armado, la producción de nuevos desplazamientos forzados y los recursos escasos. Pero uno de los mayores obstáculos ha sido el desconocimiento de la situación de víctimas, con necesidades, vulneraciones y capacidades.

Sin embargo, del primer ciclo se deben destacar precisamente las acciones de la población desplazada, que junto con el acompañamiento social, lograron que el problema no se ignorara y por el contrario se mantuviera en la agenda pública en el municipio de Medellín, el problema permaneció visible, pero además se logró que el tema perdurara durante estos diez años en la agenda de los diferentes gobiernos municipales que cada vez fueron destinando recursos a la atención de las víctimas del desplazamiento forzado.

Un enfoque de derechos contribuiría a darle salida a problemáticas que se han tenido desde los gobiernos municipales con las formas organizativas y de acción colectiva de la población desplazada; justamente en esta perspectiva se inscriben algunos cambios producidos desde el año 2007. Como una oportunidad para la acción que se presentan en la estructura de contexto de este ciclo, cabe destacar el Acuerdo 049 de 2007, por el cual se adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento, restablecimiento y reparación de la población afectada por el desplazamiento forzado en el Municipio de Medellín, el cual fue aprobado por unanimidad en el Concejo de Medellín, y se constituye en una herramienta oportuna para que se logre una mejor atención a la población desplazada en todos sus derechos, incluido el de la participación, la organización y conformación de movimientos sociales autónomos.

Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, se logran incluir las líneas estratégicas de la política pública, se logran recursos para que algunas de las acciones de la política sean una realidad para la población desplazada, se plantea la creación de una Gerencia de Desplazamiento como ente coordinador de las acciones orientadas a la atención de la población en el Municipio. Con base en la política y en las metas del Plan de Desarrollo, se formula en el año 2009, y según postulados normativos, el Plan integral único de atención a la población desplazada del Municipio de Medellín, a través del cual se ordena y complementa la oferta para la atención de la población, y se reconocen las demandas en términos de la garantía efectiva de los derechos.

Estas iniciativas, en los últimos tres años, han permitido la reactivación y fortalecimiento del Comité Local, y la potenciación de la participación de la población desplazada en los diversos escenarios de discusión de la política local. Este panorama parece más alentador, sin embargo dependerá, por un lado, de la interpretación que haga la población desplazada, y por otro lado, del aprovechamiento y potenciación de las oportunidades abiertas a nivel local.

A estos avances se plantean dos riesgos: el primero es que no se realice la adecuación institucional necesaria para que la población sea atendida de manera coordinada bajo perspectivas diferenciales, garantistas de derechos; el segundo, que no se cuente con los recursos necesarios, ni con el personal adecuado que afiance la fidelidad al enfoque que reconoce a la población desplazada como víctimas y sujetos de derechos.

Sólo una consolidación de los cambios iniciados en las políticas públicas locales, y el respeto de la autonomía de las organizaciones para decidir, para elegir, para actuar, podrá llevar a que se superen, al menos, una parte de los problemas que hasta hoy se presentan.

La Mesa debe continuar con acciones para incluir a otras organizaciones de otros asentamientos, además de lograr la inclusión o re-inclusión de miembros que se han retirado, con el fin de darle más peso a sus acciones y más respaldo de base, necesario para el sostenimiento de cualquier propuesta y el logro de los objetivos. Así mismo, deberá estar preparada para negociar en cualquier momento, ya no sólo con otros pares y organizaciones, sino con la Administración Municipal; deberá permanecer en los escenarios de participación y fortalecer su representación en el Comité Local y otros espacios abiertos por la política pública, sin renunciar en ningún momento a su autonomía. De esta manera, la experiencia adquirida les permitirá sostenerse, como lo han hecho, en el escenario público, ganar legitimidad y respeto de muchas instituciones y organizaciones en la ciudad y el país.

Referencias bibliográficas

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Fecha de recepción: 23 de septiembre de 2009 / Fecha de aprobación: 5 de octubre de 2009

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