ARTÍCULOS ORIGINALES DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN

Tragedia humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia*

The Humanitarian Tragedy of Forced Displacement in Colombia

Luis Jorge Garay Salamanca**

** PhD en Economía. Director del Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. E-mail: ljgara@yahoo.com.mx

RESUMEN

El artículo presenta un diagnóstico de la situación de la población desplazada en Colombia, a partir de los resultados de la II Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, realizada en 2008. Factores de vulnerabilidad en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda, informalidad laboral, generación de ingresos, entre otros, revelan una situación de extrema precariedad que está lejos todavía del goce efectivo de derechos por parte de la población en situación de desplazamiento, la cual sintetiza la gravedad de la crisis humanitaria que padece el país.

Palabras clave: Desplazamiento Forzado; Indicadores de Observancia de Derechos; Vulneración de Derechos; Tragedia Humanitaria.

AbSTRACT

This article presents a diagnosis of the situation of the population of displaced persons in Colombia, from the results of the Second National Verification Survey of the Monitoring Commission of Public Policies on Forced Displacement carried out in 2008. Factors of vulnerability in the areas of health, education, food security, housing, informal labor, generation of incomes, among others, reveal a situation of extreme precariousness that is still far away from the effective enjoyment of rights on the part of populations in situations of forced displacement, which synthesizes the gravity of the humanitarian crisis from which the country suffers.

Key words: Forced Displacement; Indicators for the Observation of Rights; Vulnerability.

Introducción

Este ensayo se basa fundamentalmente en los resultados de la II Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (II ENV-2008), aplicada y procesada por el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia. Dicha encuesta se implementó en 61 municipios del país, de los cuales más del 60% son municipios de menos de 200.000 habitantes, según el censo del 2005, y su aplicación se llevó a cabo entre el 10 de julio y el 10 de agosto de 2008.

En el desarrollo de la misma se contó con encuestas efectivas a más de 8.400 hogares, de los cuales más de 6.300 correspondieron a hogares cuyo desplazamiento ocurrió con posterioridad a 1997 y cuya inclusión en el Registro único de Población Desplazada (RUPD) tuvo lugar a partir de 1999. De igual forma, se dispuso de más de 2.100 encuestas de población desplazada no incluida en el RUPD, cuyo desplazamiento igualmente se presentó a partir de 1998.

Puede entonces asegurarse que los estimadores de los indicadores de observancia de los derechos adoptados por la Corte tienen alto nivel de precisión de acuerdo con la teoría estadística[1].

1.  Rasgos del desplazamiento en Colombia

Un porcentaje importante (aproximadamente el 15%) de los grupos familiares desplazados ha sufrido más de un desplazamiento forzado. Esto denota una falla reiterada en el deber de protección y de garantía de no repetición en cabeza del Estado, que genera condiciones de perdurabilidad de la crisis humanitaria. Cerca de un 63% de los grupos familiares de población desplazada incluida en el RUPD ha sido expulsado de zonas rurales, el 21,4% de centros poblados y el 15,6% de cabeceras municipales, lo cual confirma el origen predominantemente rural de la población afectada por el desplazamiento forzado.

El periodo 2000-2002 sigue siendo el que ha registrado los más altos niveles de desplazamiento (43,9%) como reflejo de la agudización del conflicto armado y el crimen organizado. Ello se debió, por una parte, a la expansión y consolidación del proyecto paramilitar, por otra, a la culminación de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. No obstante, se anota que el 41% de los desplazamientos de grupos familiares incluidos en el RUPD se produjo en el periodo comprendido entre enero de 2003 y agosto de 2008, periodo que cobija, entre otros desarrollos, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, una reproducción de otros grupos armados ilegales, una importante fase de los planes contrainsurgentes y antinarcóticos adelantados por el Estado colombiano y la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

A su turno, las amenazas directas son el principal motivo de desplazamiento durante todo el periodo analizado, y aumentan su incidencia en los últimos años al punto de afectar a cerca del 57% de los grupos familiares incluidos en el RUPD, desplazados entre 2005 y la fecha de aplicación de la II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (II ENV-2008). Mientras que para los grupos familiares incluidos en el RUPD las masacres constituyen la segunda causa de desplazamiento, lo son los combates para los grupos familiares no inscritos. Estas causas generaron desplazamientos que para el caso de los grupos familiares incluidos en el RUPD se produjeron en su mayoría de manera colectiva, ya sea bajo la modalidad grupal o de desplazamiento masivo.

Los periodos que señalan la ocurrencia de masacres como causa principal de su desplazamiento, guardan una cierta relación con los periodos de comisión de masacres y ejecuciones en el país. En efecto, las cifras publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, permiten concluir que entre enero de 1993 y agosto de 2008 en Colombia se registró oficialmente la ocurrencia de 1.587 masacres con un saldo total de 8.730 víctimas. Del total de masacres, 613 (38,6%) tuvieron lugar entre enero de 1993 y diciembre de 1998; 844 (53,2%) entre enero de 1999 y diciembre de 2004, y 130 (8,2%) entre enero de 2005 y agosto 30 de 2008.

En cuanto a la presunta autoría de los desplazamientos que afectaron a los grupos familiares inscritos en el RUPD, los paramilitares ocupan el primer lugar, y la guerrilla de las FARC el segundo; un orden similar se reporta para los grupos familiares de población no registrada. No obstante, según periodos bianuales, a partir de 2005 dicho orden se invierte y es la guerrilla la que ocupa el primer lugar y los paramilitares el segundo. Se anota que la presunta autoría atribuida a los paramilitares por los grupos familiares desplazados no incluidos en el RUPD es proporcionalmente mayor que para el caso de los grupos familiares desplazados registrados en el RUPD, especialmente en el periodo "2005 en adelante", que coincide con el desarrollo del proceso de desmovilización.

Sobre el tema puede señalarse que con ocasión del proceso de desmovilización de los paramilitares, algunas Unidades Territoriales de Acción Social comenzaron a negar sistemáticamente la inscripción en el registro de personas y hogares que señalaron en su declaración a los paramilitares como presunto autor de su desplazamiento. Así lo evidenció la Procuraduría General de la Nación (PGN) en su Sexto Informe de Seguimiento a la Sentencia T-025 en el año 2006, indicando a ésta entre las causas más frecuentes de la no inclusión, y como razonamiento de la decisión de no registrar al hogar o la persona que señale a los grupos paramilitares como presuntos autores de su desplazamiento. Al respecto la PGN (2006) recoge apartes de las resoluciones emitidas de no inclusión, recalcando:

Si el ciudadano declara haber sido desplazado por desmovilizados de los grupos paramilitares, su inscripción en el registro es negada, bajo el argumento de que ello ahora corresponde a la acción de la delincuencia común por causa de la desmovilización del grupo […] Porque declara haber sido desplazado por grupos de paramilitares, argumentando 'falta a la verdad', porque estos grupos oficialmente dejaron de existir como consecuencia del proceso de negociación con el gobierno nacional[2].

En su mayoría (78,7%), los grupos familiares de población desplazada incluida en el RUPD prefieren permanecer en la ciudad de asentamiento; al menos por ahora y mientras no se alteren las condiciones de seguridad y se pueda garantizar la posibilidad de su restablecimiento socioeconómico en los lugares de origen. Sólo un pequeño porcentaje (2,9%) desearía retornar ahora a su municipio de expulsión.

Por último, se evidencia un importante nivel de sub-registro de población desplazada (cerca de un 34,3% en términos de grupos familiares). De las personas desplazadas no registradas, un 72,8% no habría declarado su situación de desplazamiento ante las autoridades oficiales responsables y un 26,2%, que a pesar de que sí declaró, no fue incluido en el RUPD.

2. Perfil socioeconómico proclive a la vulnerabilidad extrema de la población desplazada

Los hogares de la población desplazada son hogares grandes: 5,1 personas en promedio para los hogares desplazados inscritos en el RUPD y 4,7 personas en promedio para la población desplazada no inscrita. Tienen, entonces, en promedio, una persona más que el conjunto de los hogares colombianos (3,9 personas en promedio, según el Censo de 2005). La tasa de jefatura femenina es más alta en los hogares de población desplazada que en el conjunto de hogares colombianos (43,8% para hogares desplazados vs. 29.9% para el total nacional, según el Censo de 2005), y buena parte de estas mujeres ejercen solas dicha jefatura: del total de hogares de población desplazada RUPD con jefatura femenina (43,8%), 66,8% tienen como jefe una mujer sin cónyuge y 49,4% de los hogares una mujer sin cónyuge, con hijos menores de 18 años. La situación de los hogares desplazados no inscritos en el RUPD es similar: 42,3% de jefatura femenina, de los cuales 70,5% son mujeres sin cónyuge y 46% mujeres sin cónyuge y con hijos menores de 18 años. Dos problemas se conjugan aquí: una mayor vulnerabilidad, causada por la jefatura única y la presencia de hijos menores de 18 años, y una mayor carga para las mujeres.

La pirámide poblacional de la población desplazada se parece más a la que el país tenía hace más de 20 años que a la que tiene actualmente. La alta presencia de niños, niñas y adolescentes (57,6% de personas menores de 20 años para la población desplazada RUPD y 53,6% para la desplazada no inscrita en el RUPD) y la menor proporción de personas en edades adultas hace que la dependencia demográfica y económica sea mayor. Esta situación se agrava con la alta tasa de embarazos (4,7% de las mujeres entre 12 y 50 años se encontraban embarazadas en el momento de la II ENV-2008), ya que sigue presionando la ampliación de la base de la pirámide.

La presencia porcentual de grupos étnicos entre la población desplazada es mayor que la censada a nivel nacional, lo que corroboraría que estas poblaciones han sufrido en gran medida el rigor del desplazamiento forzado: de acuerdo con la II ENV-2008, un 23,6% de la población desplazada se declara perteneciente a un grupo étnico (16% se declara afrocolombiana frente a un promedio del 7,2% a nivel nacional, según el Censo de 2005, y 6,5% indígenas, frente a un promedio del 3,4% a nivel nacional). A la vulnerabilidad del desplazamiento y de sus condiciones socioeconómicas actuales, se suma, para esta población, la vulnerabilidad ocasionada por la discriminación histórica.

Finalmente, el otro factor de vulnerabilidad identificado tiene que ver con la educación: altas tasas de analfabetismo de la población desplazada de más de 15 años de edad y particularmente de los jefes de hogar (del 19,7%) para la población desplazada inscrita en el RUPD, se conjugan con bajos niveles de educación promedio (los jefes de hogar alcanzan algo más de 4 años de educación promedio, es decir, 5 años menos que la educación obligatoria prevista en las normas constitucionales).

Por lo anterior, es claro que la población desplazada sufre una acumulación de factores socio-demográficos adversos que incrementan la vulnerabilidad propia de su condición, al punto de enfrentar una situación de verdadera crisis humanitaria. Si no se tienen en cuenta estos factores y se propicia su superación, no se podrá lograr que el goce efectivo de los derechos pueda llegar a ser una realidad para la población desplazada en el País.

3. Estado actual de los derechos de la población desplazada

3.1 Derecho a la atención humanitaria

Respecto a la provisión de ayuda o asistencia inmediata se observa un bajo nivel de cobertura para la población incluida en el RUPD, al punto que el 69% de los grupos familiares no recibió ningún componente de ayuda inmediata. Este nivel de cobertura es directamente proporcional al tiempo de desplazamiento de los grupos familiares. Es decir, que a menor tiempo de desplazamiento, ceteris paribus, menor la proporción de grupos familiares que logran acceso a algún componente de ayuda inmediata.

De otro lado, los registros sobre asistencia inmediata marcan una tendencia decreciente a partir de 2004 en los componentes de alimentación y albergue temporal, pese a que en la práctica esta ayuda se circunscribe básicamente a esos componentes. Es importante señalar que para todos los casos, el nivel de respuesta a las solicitudes de ayuda inmediata es inferior al de solicitudes interpuestas. Así mismo, se evidencia un rezago importante (de más de un 16%) en la provisión efectiva de la Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) para los grupos familiares incluidos en el RUPD. Analizados por componentes, resultan preocupantes los porcentajes de no acceso alcanzados en los componentes de vinculación a proyectos productivos (80,1%), cupos escolares (76,1%) y capacitación para la generación de ingresos (75,8%). Es importante anotar que de acuerdo con la prioridad que los grupos familiares otorgan a los apoyos que requieren, la vivienda ocupa un primer lugar, el acceso a empleo y la generación de ingresos un segundo lugar, y la alimentación un tercer lugar.

El hecho de que solamente el 0,4% y 0,2% de los grupos familiares desplazados hubieran recibido todos los componentes de la ayuda inmediata y la AHE, lleva a concluir sobre la imperiosa necesidad de reforzar y comprometer mayores esfuerzos en el desarrollo y adecuación institucional de políticas y medidas públicas dentro del propósito de avanzar hacia una adecuada observancia de la normatividad internacional y nacional en estos campos.

3.2 Derecho a la identidad 

Resulta preocupante especialmente la elevada proporción de hombres mayores de 18 años de edad que no cuentan con cédula de ciudadanía y libreta militar (superior a un 84% en promedio), porque implica que cerca de ocho de cada diez de ellos no cumplen con los requisitos formales mínimos para poder acceder a un trabajo formal y para ejercer sus derechos laborales y de ciudadanía. Ello trae serias consecuencias en términos de la precariedad de condiciones laborales que debe enfrentar y de los bajos ingresos derivados de sus actividades laborales, con serio detrimento para las condiciones de vida de sus hogares. Esta pareciera constituirse en una de las múltiples causas de la grave problemática de pobreza y generación de ingresos de hogares desplazados, como se ilustra en el acápite de generación de ingresos.

3.3 Derecho a la salud

Si bien debe mencionarse que una elevada proporción de la población desplazada se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) bajo el régimen subsidiado (69,7% para la inscrita en el RUPD y 57,4% para la no inscrita) —tendencia acorde con las políticas orientadas hacia una cobertura universal del aseguramiento que se ha fijado el gobierno en los últimos años—, cerca del 24,7% y 36%, respectivamente, todavía no están afiliadas al sistema y sólo puede acceder al servicio de salud por medio de subsidios a la oferta.

Se destaca que el porcentaje de población desplazada afiliada al régimen contributivo se aproxima al 6,7% en el caso de la no inscrita al RUPD y del 5,8% para la registrada, lo que muestra que es extremadamente bajo el porcentaje de la población que cuenta con ingresos estables y razonables para pertenecer a este régimen.

Con relación el acceso a los servicios vale anotar, en primer lugar, que dado que la población desplazada se vio obligada, en su gran mayoría, a salir del municipio donde residía y que un elevado porcentaje de población pertenecía al régimen subsidiado, una alta proporción perdió el acceso efectivo a servicios del sistema ante la no portabilidad de la afiliación. En segundo lugar, un aspecto relacionado, en alguna medida, con el acceso efectivo a servicios de salud a nivel de un grupo poblacional dado, es la auto-percepción de su estado de salud. En este sentido, sobresale cómo apenas un 62% de la población desplazada considera que su estado de salud es muy bueno o bueno, porcentaje claramente inferior al promedio nacional reportado por la Encuesta de Calidad de Vida 2003 (cercano al 72%).

Ahora bien, en términos de estado de salud se destaca que un 23,9% de la población desplazada inscrita en el RUPD estuvo enferma en algún momento durante los 30 días antes de la aplicación de la II ENV-2008; este porcentaje es significativamente mayor (en términos estadísticos[3]) para la población no inscrita (27,2%). Además, según la Encuesta de Calidad de Vida 2003 y la Encuesta Nacional de Salud 2007, la población colombiana presenta un grado menor de hospitalización al registrado por la población desplazada (6% versus 10,1%). Sumado a ello se observa que aquella población desplazada inscrita en el RUPD que fue hospitalizada, dejó de realizar sus actividades normales durante unos 30,8 días, en promedio, frente a 31,9 días para el caso de los no inscritos. Estos valores son similares a los encontrados a nivel nacional en la ECV 2003: la población que fue hospitalizada no realizó sus tareas normales durante unos 31,12 días, en promedio.

Por otra parte, no debe dejar de enfatizarse la poca demanda de apoyo psicológico de la población desplazada, no obstante haber sufrido el tipo de trauma característico de una víctima de delitos contra su humanidad. Por ello, resulta prioritario promover campañas encaminadas a brindar ayuda tanto individual como colectiva bajo un protocolo de atención que responda en propiedad a las características de la problemática psicosocial de estas víctimas.

Así mismo, es necesario realizar esfuerzos sustanciales para aumentar la cobertura de vacunación a umbrales considerados adecuados; para mejorar los programas alimentarios infantiles ante los muy elevados porcentajes de desnutrición global de la población desplazada menor de 5 años de edad; para mejorar el acceso a servicios de agua potable dada la alta proporción de niños con enfermedad diarreica aguda; y para ampliar los programas de educación sexual y reproductiva en razón de los elevados niveles de embarazo adolescente y la baja aplicación de controles prenatales.

En consecuencia, ante el mayor grado de restricción del Plan Obligatorio de Servicios —POS— y la existencia de barreras de acceso efectivo a servicios para el régimen subsidiado con relación al contributivo, y todavía más para el caso de los no vinculados al sistema, y dado el estado de salud general de la población en situación de desplazamiento, resulta evidente la necesidad de avanzar sustancialmente en la política pública de salud para garantizar una observancia adecuada del derecho para esta población.

3.4 Derecho a la educación

 Cerca de un 86,2% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, desplazados e inscritos en el RUPD, asisten a un establecimiento educativo formal. Sin duda hay avances en la observancia de este indicador de cobertura nominal, pero debe mencionarse que todavía subsiste un apreciable nivel de deserción intra-anual que contrarresta en la práctica, parte de lo logrado en la ampliación de cupos escolares.

En efecto, del total de menores desplazados(as) que se matricularon en el año escolar 2008, un 4,5% se habían retirado en julio del mismo año. Por grupos de edad, el mayor porcentaje se presenta entre los que tienen entre 5 y 11 años de edad, tanto en el caso de la población desplazada inscrita en el RUPD, como en el caso de la no inscrita. Por sexo, se aprecia que la mayor deserción afecta a las mujeres. La proporción del total de menores que se retiraron del colegio es significativamente mayor en el caso de los menores desplazados no inscritos en el RUPD. Estas diferencias entre los dos grupos de población desplazada se mantienen con un nivel de confianza de 95% para el caso de los hombres, pero no de mujeres.

Así mismo, se presentan serias deficiencias en términos del indicador de gratuidad y acompañamiento: sólo el 10,7% de los estudiantes reciben por lo menos parcialmente los libros y útiles, uniformes, transporte escolar e implementos de aseo que necesitan para asistir al establecimiento educativo. Ninguno recibe todos en forma completa o parcial; la gratuidad en matrícula es total o parcial para el 66,2%, al punto en que el 15,7% de los estudiantes paga la matrícula completa y el 18,1% paga parte de la misma. En cuanto a pensiones el porcentaje que no paga es más alto, pues alcanza el 94%.

Respecto a los problemas de calidad en la educación, al menos un 57% de los estudiantes de la población en situación de desplazamiento se estarían viendo perjudicados por la existencia de al menos uno de los problemas preguntados. Por ejemplo, la inexistencia de laboratorios y bibliotecas y el hacinamiento en los salones, son los principales problemas que afectan al 25,4% y el 24,5% de los estudiantes, seguidos por las instalaciones inadecuadas y la inseguridad dentro del colegio o en las zonas aledañas (perjudicando al 18,1% y al 19,8%, respectivamente), en tanto que la falta de profesores o su inasistencia estarían aquejando a un 12% de los estudiantes. No se identificó ninguno de los problemas para solamente un 38,2% de los estudiantes en situación de desplazamiento.

Finalmente, al comparar la situación entre estudiantes de la población desplaza inscrita en el RUPD con los de la población desplazada no inscrita, puede establecerse que para los primeros, los indicadores de observancia del derecho a la educación alcanzan resultados significativamente mejores (en términos estadísticos).

3.5 Derecho a la alimentación

En términos generales puede afirmarse que el grado de observancia del derecho a la alimentación, que de por sí era precario en el año 2007, se deterioró aún más en el 2008 (al menos hasta julio de 2008) a juzgar por la evolución de los indicadores analizados, lo cual puede explicarse fundamentalmente por el incremento registrado en los precios de los alimentos en los primeros siete meses del presente año, dada la precariedad de los ingresos de esta población. Adicionalmente, debe concluirse que en términos generales la población desplazada no inscrita en el Registro único de Población Desplazada se encuentra en una situación alimentaria aún más precaria en comparación con la población desplazada inscrita en el RUPD.

Los indicadores del enfoque de seguridad alimentaria estimados a partir de los resultados de la II ENV-2008 indican que la situación en materia de alimentación es crítica. En efecto, se observa que un 67,6 % de la población desplazada incluida en el RUPD y un 69,9% de la no incluida, señalaron haber presentado algún síntoma de alimentación insuficiente durante la semana anterior a la realización de la encuesta.

El 32% de la población desplazada incluida en el RUPD y el 33% de la no inscrita dejaron de consumir algún desayuno durante la semana anterior a la encuesta; el 23,3% y el 25% de estas poblaciones dejaron de consumir algún almuerzo respectivamente; y el 20,7% y el 23,4% dejaron de consumir alguna comida, reflejándose una situación más desfavorable en materia de alimentación para la población no incluida en el RUPD. Así mismo, se observa que, en general, las mujeres dejan de consumir un mayor número de comidas principales (desayuno, almuerzo y comida) en comparación con los hombres.

Tanto para la población desplazada inscrita en el RUPD como para aquélla que no está inscrita, los porcentajes de niños menores de 5 años de edad que permanecen la mayoría del tiempo con sus padres son sensiblemente superiores al promedio nacional, al ascender al 68,3% y al 72,1%, respectivamente. Así, el tiempo que el padre o la madre debe destinar al cuidado de sus hijos puede constituirse en una de las razones de la relativamente baja vinculación al mercado laboral, lo que, a su vez, atenta contra el nivel de ingresos del hogar.

Por último, el 92,1% de los hogares de población desplazada inscrita en el RUPD y el 95,8% de aquélla no inscrita, no resultan beneficiarios de programas que otorguen mercados, bonos alimentarios o canastas de alimentos. Sólo el 4,6% y el 2,0% de los hogares de población desplazada RUPD y no RUPD, respectivamente, resultaron beneficiados con ayuda humanitaria de emergencia, revelándose, en cualquier caso, una preferencia por la población inscrita en el RUPD y por aquellos hogares que cuentan con jefatura femenina.

3.6 Derecho a la vivienda

Es de anotar que apenas un 5,5% de los hogares desplazados incluidos en el RUPD habita en una vivienda que satisface las condiciones requeridas para poder ser considerada como digna. Esta situación es de impensable gravedad y denota las condiciones de extrema vulnerabilidad que caracteriza a la población desplazada en el país. Dentro del conjunto de indicadores sobre las condiciones de la vivienda se observan grados de realización relativamente menos inaceptables en el caso de ciertos componentes como: privacidad (89,4%), materiales apropiados (73,8%) y ubicación (77,5%). En contraste, existen otros indicadores fundamentales para los que se detectan déficits inaceptables como: tenencia segura (13,7%) y hacinamiento (43,0%).

Para los hogares de la población RUPD se tiene cerca de 3,2 personas por cada cuarto para dormir, cifra superior al indicador de hacinamiento crítico[4], que considera en esta situación a aquellos hogares que habitan en viviendas con más de tres personas por cuarto. Cabe mencionar que el indicador nacional incluye la sala, el comedor y los dormitorios, es decir, el total de las personas de la vivienda es distribuido por un mayor número de cuartos que el empleado en la II ENV-2008 para la población desplazada, para la cual el total de individuos del hogar es distribuido solamente entre los cuartos destinados para dormir.

Al realizar un análisis por tipo de vivienda se aprecia que la situación de mayor preocupación es la de la población desplazada que habita cuevas, cambuches, puentes. Para este segmento de población el hacinamiento es de 5,9 personas. Le sigue muy de cerca aquellos hogares que habitan en lugares adaptados para recibir población en situación de desplazamiento, con un hacinamiento cerca de 4,3 personas.

Las condiciones de la vivienda de los hogares que han recibido subsidio no son tan extremas, aunque debe destacarse que aún así solamente el 21,2% y 25,5% habitan una vivienda considerada digna en los casos de hogares desplazados RUPD y no RUPD, respectivamente. Ello, aparte de la modesta cobertura efectiva de los subsidios de vivienda otorgados, lo cual demuestra serias fallas en la concepción e implantación de la política pública de vivienda vigente. En efecto, aunque mejoran las condiciones de habitabilidad respecto a los hogares que no han recibido subsidios, se mantienen especialmente elevados los niveles de hacinamiento (para al menos un 39,5% y 30,2% de los hogares RUPD y no RUPD, respectivamente). Ello, con la baja utilización de subsidios por parte de hogares desplazados, es una muestra preocupante de fallas sistémicas determinantes de la política de subsidios parciales para buscar solucionar de manera efectiva la problemática de la vivienda digna de una población vulnerable como lo es la población desplazada en Colombia.

3.7 Derecho a la generación de ingresos

La situación de la población desplazada en materia laboral y de generación de ingresos es crítica. Las cifras obtenidas corroboran los resultados de la I ENV-2007.

El acceso al mercado laboral para una población con las características demográficas de la población desplazada, se convierte en un aspecto crucial para lograr la estabilidad económica. Se constata que los niveles de actividad económica de la población desplazada en edad de trabajar (46,4% se declaran ocupados y 4,8% desocupados) son inferiores a los de la población de las cabeceras municipales del país (53,5% ocupados y 7,25% desocupados). Ese bajo nivel de actividad ante las condiciones de vulnerabilidad sociodemográfica que caracterizan a la población desplazada —como alta proporción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (65% de la población tiene menos de 25 años), alta dependencia económica (3.5), bajos niveles educativos en el promedio de los jefes de hogar (20% analfabetas y 4,2 años de educación promedio)— agudiza sustancialmente las dificultades de los hogares para generar ingresos compatibles con niveles de subsistencia digna.

Al bajo nivel de actividad se suman unas condiciones laborales precarias: la mayoría de los ocupados se desempeña como trabajador independiente (55,4%) y buena parte como empleado doméstico (8,4%), posiciones ocupacionales tradicionalmente marcadas por la informalidad. No es extraño, entonces, que solamente un 25,8% de los ocupados cumpla jornadas semanales acordes con lo establecido por el Código del Trabajo (entre 40 y 48 horas por semana) y que haya una elevada proporción de ocupados que trabajan más de 60 horas (19,3%).

Los niveles de contratación formal son extremadamente bajos, hasta el punto que el 87,4% de los desplazados RUPD que se ocupan como obreros, empleados o jornaleros, no tienen contrato de trabajo escrito; un 6,9% tiene contrato escrito a término indefinido y un 5,1% adicional tiene contrato escrito a término fijo. La informalidad abarca, entonces, no sólo a los trabajadores domésticos e independientes, sino también a aquéllos que por su posición ocupacional deberían contar con un amparo legal al ejercicio de su actividad económica. Esta informalidad se aprecia también cuando se indaga por la afiliación a las formas de aseguramiento previstas por la legislación para los trabajadores no independientes. En efecto, el 80,6% de los ocupados como empleados obreros o jornaleros no tiene, por su relación laboral, acceso a ninguno de los tres sistemas de seguridad social; el 13,7% están afiliados a una aseguradora de riesgos profesionales (ARP), el 14,2% a una empresa promotora de salud (EPS)[5] y el 11,2% a un Fondo de Pensiones. Sólo el 8,4% de los desplazados RUPD ocupados en las posiciones mencionadas está asegurado para los tres sistemas.

La situación de los desplazados RUPD que ejercen su actividad como trabajadores independientes (cuenta propia, doméstico, trabajador familiar sin remuneración) es aún más precaria; puede afirmarse que ninguno cuenta con los mecanismos de aseguramiento contra estos riesgos. En todos estos indicadores, la situación de los desplazados no inscritos en el RUPD es similar a la de los inscritos.

Todo ello conduce a una extrema precariedad de los ingresos laborales. Sólo un 11% de los desplazados RUPD ocupados tienen ingreso iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente —SMMLV—. La situación es relativamente mejor para los empleados obreros o jornaleros, para quienes la proporción de ocupados cuyos ingresos igualan o superan el SMMLV alcanza el 17,9%, pero más precaria aún para los independientes (6,4%). Cuando se toman en cuenta los otros ingresos, además de los ingresos laborales monetarios, la situación mejora, pero no radicalmente: 14,1% de los ocupados RUPD alcanza o supera el SMMLV (21,8% entre los empleados, obreros y jornaleros y 8,3% entre los independientes).

Ahora bien, de la exploración de los factores que contribuyen a la determinación de ingresos de los hogares desplazados, resulta claro que hay al menos cuatro tipos que intervienen positiva o negativamente en el nivel de ingresos[6]. En primer término, factores asociados a la condición de desplazamiento que obran negativamente; en segundo lugar, otros relacionados con las posibilidades de inserción de los hogares desplazados en el mercado laboral: a mayor grado de formalidad alcanzado, ceteris paribus, mayor el efecto positivo en los ingresos; en tercer lugar, determinadas vulnerabilidades adicionales a las de la propia condición de desplazado que impactan negativamente, y finalmente, las estrategias que para enfrentar su precaria situación establecen los hogares en materia de composición. Todos estos factores tienen claras implicaciones en el diseño de una política de generación de ingresos, si su propósito fundamental fuera el de buscar la estabilización socioeconómica de los hogares desplazados.

4. Los efectos del desplazamiento: la pérdida de activos y el origen rural 

El factor que implica las mayores caídas en el nivel de ingreso es la no posesión de activos: los ingresos de los hogares que no poseen activos son inferiores en un 40% a los de los hogares que sí los tienen. El efecto de no poseer activos es la variable más importante en casi todos los tipos de hogar, salvo en los hogares biparentales compuestos y en los hogares afrocolombianos —en los cuales ocupa el segundo lugar entre los factores que inciden negativamente en el ingreso— y representa pérdidas relativas superiores a un 33%. Esto refleja tanto la pérdida asociada al desplazamiento, como las dificultades posteriores de generación de ingresos que les ha impedido su reemplazo, ante la ausencia de reparación integral, por ejemplo. El no contar con activos limita el desarrollo de actividades generadoras de ingreso. La reparación se constituye no solamente en un imperativo para la observancia efectiva de derechos, sino en una necesidad para que los hogares víctimas del desplazamiento puedan enfrentar en mejores condiciones su futuro económico y social. Políticas tendientes a su restitución, reparación y a la promoción de la generación de nuevos activos, son necesarias para producir un cambio real en la situación socioeconómica de las familias desplazadas.

La procedencia rural —hogares que antes del desplazamiento vivían en zona rural dispersa o centro poblado— como condición en que se encuentra cerca del 85% de los hogares, limita las posibilidades de generación de ingresos, en la medida en que los hogares en esta condición llegan a percibir ingresos totales inferiores hasta en un 9% respecto a los hogares que antes del desplazamiento habitaban en cabeceras municipales. La importancia varía por tipo de hogar, llegando a afectar los ingresos hasta en un 25% en el caso de los hogares biparentales extensos.

Finalmente, el tiempo que los hogares desplazados llevan establecidos en su lugar de asentamiento, medido como el número de años transcurridos desde el último desplazamiento, contribuye muy poco, aunque positivamente, a los ingresos de los hogares, tanto para el total de hogares desplazados como para los hogares biparentales nucleares.

5. Posibilidades de inserción en el mercado laboral

La gran mayoría de la población desplazada tiene una vinculación de tipo informal en el mercado laboral, como se puso de presente en el Séptimo Informe de la Comisión de Seguimiento a la Corte Constitucional. Esto, por supuesto, tiene efectos negativos en las posibilidades de generación de ingresos de los hogares. No es de extrañar, entonces, que aquellos hogares desplazados en los cuales el jefe ha logrado una vinculación laboral como asalariado, tengan un nivel de ingresos más elevado, en un porcentaje que oscila entre un 12% en el caso de los hogares monoparentales nucleares y un 28% en el de los hogares biparentales extensos. De allí que deban reconocerse la importancia de una relación laboral formal para el mejoramiento de los ingresos de los desplazados y la necesidad de revisar las estrategias de formación y capacitación para la generación de ingresos, de modo que no descansen sólo sobre el denominado "empresarismo" como forma de buscar su estabilización económica.

Otros factores relacionados con el mercado laboral que afectan los ingresos de los hogares desplazados, íntimamente relacionados con lo anterior, son: el desempleo del jefe se constituye en una catástrofe para los hogares, pues los ingresos, bajos de por sí, disminuyen aún más hasta en un 13%. En los hogares afrocolombianos este fenómeno es todavía más dramático, ya que la reducción de los ingresos en los hogares con jefe desempleado alcanza hasta un 42%.

La escolaridad del jefe de hogar y su experiencia laboral —medida en forma aproximada por la edad del mismo— que son las variables que tradicionalmente explican en buena proporción los ingresos de las personas, no tienen la misma importancia en el caso de los desplazados que la encontrada en trabajadores vinculados más formalmente a los mercados laborales. Este resultado está asociado, por supuesto, a la alta tasa de analfabetismo y a los bajos niveles educativos de la población desplazada, por una parte, y al tipo de experiencia laboral acumulada, que, como ya se señaló, no es la más pertinente en un medio predominantemente urbano.

6. Vulnerabilidades adicionales: estado de salud del jefe, presencia de discapacidad, embarazo del jefe o del cónyuge

Otros factores que contribuyen negativamente a los ingresos de los hogares desplazados tienen que ver con la presencia en el hogar de vulnerabilidades adicionales a la propia de su situación de desarraigo, aunque muchas veces relacionadas con ella. Se identifican al menos tres factores que permiten captar esta situación. En primer lugar, el estado de salud percibido por el jefe del hogar: en los hogares en los que el jefe declara que su estado de salud es malo, los ingresos son sustancialmente más bajos. Aunque este factor no afecta al conjunto de los hogares, sí impacta, y en forma muy importante, los ingresos de los hogares biparentales compuestos, de los hogares monoparentales extensos y de los hogares afrocolombianos. En segundo lugar, la presencia en el hogar de personas discapacitadas también reduce los ingresos, pues no solamente el hogar debe prescindir de la fuerza laboral potencial de estas personas, sino que algún miembro debe ocuparse del cuidado de la misma, en lugar de poder generar ingresos en el mercado. La discapacidad afecta en forma especial los ingresos de los hogares afrocolombianos. Finalmente, el estado de embarazo de la jefe de hogar o de la cónyuge del jefe, afecta también negativamente los ingresos, especialmente en los hogares biparentales nucleares.

7. Estrategias familiares: biparentalidad, tamaño de hogar y el trabajo/explotación infantil

Los hogares desplazados, como el conjunto de hogares vulnerables, recurren a estrategias familiares para hacer frente a su situación; dichas estrategias pueden ser útiles desde el punto de vista de la subsistencia, pero pueden traer consecuencias nocivas y permanentes de mediano y largo plazo. Tal es el caso de la presencia de menores de 18 años de edad trabajando, que contribuye positivamente al nivel de ingreso (23%), pero que puede asociarse al trabajo o a la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Esta estrategia es particularmente importante en el corto plazo en el caso de los hogares monoparentales extensos, ya que la actividad laboral de personas entre 12 y 17 años de edad incrementa el ingreso en un 31%.

Este resultado muestra, por sí sólo, la alta vulnerabilidad de los hogares desplazados. Sus adolescentes contribuyen con buena parte de los ingresos familiares, pero están expuestos a la explotación laboral, el abandono escolar y a la vulneración de sus derechos, de manera que se condenan a la reproducción de la pobreza y de su exclusión social, en la medida en que perpetúan los bajos niveles educativos y de capacitación de sus padres. La política pública debe tomar este resultado en consideración y buscar formas de reemplazar los ingresos generados por estos niños y niñas, de manera que se restablezcan sus derechos y se propugne por otros factores generadores de ingresos mayores y sostenibles en el mediano y largo plazo.

Otra estrategia recurrente para buscar reducir su extrema vulnerabilidad es la conformación de hogares extensos o compuestos: por cada persona adicional en el hogar, los ingresos totales se incrementan en un 11%. Es así como la conformación biparental del hogar —con la inclusión de cónyuge— implica incrementos en el ingreso familiar cercanos al 22%.

8. Informalidad laboral: pobreza e indigencia 

Dos indicadores resumen la precaria situación laboral y de ingresos de los trabajadores desplazados y sus hogares.

• Informalidad

El primero es la alta tasa de informalidad en el trabajo, que alcanza el 96,6% para los desplazados RUPD y 96,1% para los desplazados no inscritos.

• Pobreza e indigencia

El segundo es el relacionado con las líneas de pobreza y de indigencia. Cuando se toman sólo los ingresos laborales monetarios, el 98,6% de los hogares de desplazados RUPD tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza y el 82,6% inferiores a los de la línea de indigencia. Las condiciones de precariedad laboral explican estos resultados, agravados por aspectos macroeconómicos adversos como la alta tasa de inflación de alimentos que vivió el país en el primer semestre de 2008, que socavan los ingresos de subsistencia. Este último factor probablemente explica la diferencia encontrada con los resultados de la I ENV-2007, cuando el porcentaje de hogares que no alcanzaba la línea de indigencia se situaba en 74%. Para el caso de los hogares no inscritos en el RUPD, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia llega al 79,2%.

Si se toman los ingresos totales, la situación muestra una leve mejoría. La proporción de hogares desplazados RUPD cuyos ingresos totales son superiores a la línea de pobreza se sitúa en el 3,1% (vs. 1,4% para ingresos laborales), en tanto que la de los que superan la línea de indigencia llega al 22% (vs. 17,4% para ingresos laborales).

De cualquier manera, estos niveles son extremadamente altos si se toman en sí mismos o aún si se comparan con los de la población colombiana en general. Aunque hace varios años que en el país no se calculan oficialmente las líneas de pobreza y de indigencia, el último dato oficial disponible[7] para el segundo trimestre de 2006, señala que la población por debajo de la línea de pobreza se situaba en un 29,1% en zona urbana y en un 62% en zona rural. En tanto que, a la misma fecha, la pobreza extrema (línea de indigencia) se situaba en 8,7% en zona urbana y 21,5% en zona rural.

Puede entonces concluirse que la situación de la población desplazada en materia de pobreza configura una situación de crisis humanitaria. Lejos se está del cumplimiento de los indicadores de la Corte Constitucional en cuanto a lograr para la población desplazada unos ingresos adecuados que le garanticen niveles adecuados de subsistencia.

9. Pérdidas de capital social

Puede afirmarse que el desplazamiento afectó de manera drástica el capital social existente medido a través de algunos indicadores. En efecto, la población desplazada inscrita en el RUPD sólo mantuvo el vínculo con un 9,3% de las organizaciones existentes en el lugar donde habitaba antes de su primer desplazamiento. En el caso de la población no inscrita en el RUPD se presentó una situación casi idéntica, por cuanto continuó vinculada únicamente al 8,5% de las organizaciones a las cuales pertenecía antes de verse forzada a abandonar el lugar en que habitaba.

Así mismo, debe señalarse que el número de organizaciones existentes a las cuales pertenecía la población desplazada se redujo en un 50,5% para el caso de la población inscrita en el RUPD y en un 54,5% para la población desplazada no inscrita en el registro.

La mayor participación de la población desplazada, tanto para la inscrita en el RUPD como para la no inscrita, con antelación al desplazamiento se presentaba en las Juntas de Acción Comunal en las cuales alcanzaba hasta un 67,3% y un 63,4%, en su orden, seguida por aquellas organizaciones de carácter religioso con un 10,6% y un 8,7%, respectivamente.

Aún más, se presentó una variación en la composición de la participación de la población desplazada en las organizaciones sociales y comunitarias, evidenciándose, por una parte, una reducción drástica de la misma en las Juntas de Acción Comunal de 31,6 puntos porcentuales en el caso de la población inscrita en el RUPD y de 12,8 puntos porcentuales en el de la no inscrita—, y, por otra, un aumento sustancial de la participación en los grupos religiosos en el caso de la población desplazada no RUPD —del orden de 12 puntos porcentuales.

La reducción en el capital social como consecuencia del desplazamiento forzado se vislumbra de manera clara al observar que sólo se encuentran en operación un 36% de los proyectos sociales o comunitarios en los que participaba la población desplazada inscrita actualmente en el RUPD, y un 32% en el caso de la población desplazada no inscrita en el RUPD. Pero más grave aún, actualmente estos grupos de población desplazada se encuentran apenas a un 2,6% y a un 8,7% del número de proyectos en que participaban con antelación a su desplazamiento forzado.

No obstante lo anterior, conviene mencionar que el delito del desplazamiento ha motivado la construcción de algún tejido social en los nuevos lugares de asentamiento a juzgar por la vinculación actual de la población desplazada a organizaciones sociales o comunitarias, así como también por su adscripción a las organizaciones de población desplazada que han venido estableciéndose a raíz del agravamiento de la problemática del desplazamiento en el país. Ello ha sido particularmente característico de la población inscrita en el Registro único de Población Desplazada.

10. Abandono y usurpación de tierras y bienes. Daño emergente y lucro cesante

10.1 Pauperización de la población desplazada

El desplazamiento suscitó un proceso de pauperización masiva de una parte sustancial de la población colombiana. Se pasó de un escenario en el cual el 51% de las familias desplazadas eran pobres y el 30,5% indigentes a uno en el que el 96,6% de estas familias son pobres y el 80,7% indigentes. Este cambio está explicado por la variación sustancial en la composición de su remuneración anteriormente soportada, en una alta proporción, en actividades agropecuarias y extractivas que generaban ingresos considerablemente más elevados a los que perciben actualmente los desplazados en el medio urbano.

La contribución antes del desplazamiento de las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o la extracción de recursos naturales (por ejemplo, madera) en sus propias explotaciones al ingreso total de los grupos familiares era extremadamente importante (bajo diversas formas de tenencia). Los ingresos agropecuarios, junto con los derivados de las actividades extractivas, aportaban el 68% del ingreso de los grupos familiares antes del desplazamiento. Entre éstas, la contribución de las actividades agropecuarias era bastante más elevada (59%) que la derivada de la extracción de recursos naturales que constituían, en promedio, el 9% del ingreso total de las familias.

Pero lo más trascendental es el hecho de que los grupos familiares que percibían ingresos agropecuarios, registraban un ingreso familiar promedio superior en 49% a la línea de pobreza, mientras que aquellos grupos que no disponían de este tipo de ingresos no sólo contaban con un ingreso familiar promedio inferior en 54% a la línea de pobreza, sino que se encontraban también por debajo de la línea de indigencia.

Las familias que actualmente no están inscritas en el RUPD se han encontrado permanentemente en condiciones económicas inferiores a las de las familias actualmente inscritas en este registro. La mayor vulnerabilidad de las familias no inscritas exige con urgencia una atención por parte de los programas gubernamentales.

10.2 Pérdida masiva de tierras, cultivos y animales

Con el desplazamiento se produjo una pérdida masiva de tierras, animales y otros bienes que constituían activos productivos de los grupos familiares desplazados, circunstancia que implicó un deterioro sustancial de su situación económica, al mismo tiempo que se inhabilitaron sus capacidades de generación de ingresos. En efecto, sus experticias estaban centradas en la producción agropecuaria y extractiva, de manera que la mayor parte de los desplazados pasaron de ser de agricultores expertos a habitantes urbanos marginalizados. Al abandonar sus cultivos y animales, así como al perder la posibilidad de acceder directamente a ciertos recursos naturales, las familias desplazadas perdieron sus posibilidades de proveerse directamente parte de sus alimentos y se deterioró sensiblemente su seguridad alimentaria.

No se puede afirmar categóricamente que haya diferencias sustanciales entre los grupos familiares desplazados que provenían de las tres regiones analizadas: Costa Atlántica, Andina y el conjunto regional Pacífica – Orinoquía - Amazonía. Pero sí hay ciertos indicios que tienden a mostrar que antes del desplazamiento, los grupos familiares de la región de la Costa Atlántica tenían restricciones socio-económicas superiores a las de las otras regiones.

El total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono desde 1998 sería del orden de 5,5 millones de hectáreas —sin contar aquellos predios con extensión superior a 100 has., ni las tierras colectivas de afrocolombianos e indígenas—, que equivalen al 10,8% de la superficie agropecuaria del país. De manera que si el abandono de tierras fue masivo por la enorme cantidad de familias que involucró —cerca de 385.000 familias—, su magnitud en términos de la superficie también alcanza una proporción sensiblemente elevada.

La mayor proporción de la tierra abandonada se encuentra en la región de la Costa Atlántica (38,2%), seguida por la compuesta por la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó (34,5%) y finalmente por la Andina (27,3%). El área total dejada de cultivar por la población desplazada ascendería a 1.118.401 hectáreas a lo largo de los once años de desplazamiento contemplados en este estudio, la que representaría cerca de un 25% del área cultivada del país. En la medida en que estas áreas dejadas de cultivar por la población desplazada no estén siendo aprovechadas eficientemente o se hayan destinado a ganadería extensiva, se habría producido una disminución de la producción agrícola del país, lo cual podría constituirse en uno de los factores que explican el menor dinamismo del producto interno bruto del sector en los últimos años.

La población desplazada de la región de la Costa Atlántica que se caracterizaba por tener el menor acceso a la tierra, fue la que se vio forzada a abandonar un área mayor de cultivos, al punto de ascender hasta 425.031 hectáreas, que representaron el 38% del área total de cultivos usurpados o abandonados.

La yuca, el plátano y el maíz resultaron ser, en todas las regiones, los productos que con mayor frecuencia cultivaban los grupos familiares desplazados (con la excepción del ñame que en la Costa Atlántica ocupó el tercer puesto y que era cultivado por el 32,2% de los grupos familiares). Estos cultivos constituyen, a la vez, una fuente de autoconsumo alimentario y de ingresos monetarios, y son, por lo tanto, neurálgicos en la dinámica económica propia de la economía familiar rural.

10.3 Caracterización de las tierras abandonadas o despojadas

En primer lugar, el desplazamiento forzado no está representado en buena medida por el despojo de tierras de pequeños propietarios, es decir, el despojo de pequeñas extensiones individuales.

De acuerdo con la II ENV-2008, el 38,6% de los grupos familiares inscritos en el Registro único de Población Desplazada (RUPD) perdió predios con extensiones menores de cinco hectáreas y el 29,0% y el 32,4% se vieron forzados a abandonar tierras cuya superficie oscilaba entre 5 y 15 hectáreas o era superior a 15 hectáreas, respectivamente. Al analizar la distribución de las hectáreas perdidas por regiones, se observa que los pequeños propietarios resultaron los más afectados en las regiones Andina y Costa Atlántica, mientras que los propietarios de mayor tamaño fueron los más perjudicados en la región Amazonía, Orinoquía y Chocó.

En segundo lugar, una proporción no mayoritaria de los campesinos desplazados fue despojada de malas tierras periféricas, mal comunicadas, sin servicios sociales y con pocas probabilidades de desarrollo.

Como se mencionó anteriormente, el desplazamiento ha generado un proceso de pauperización masiva explicada por la variación sustancial en la composición de la remuneración de los hogares desplazados. Los ingresos agropecuarios, junto con los derivados de las actividades extractivas, aportaban el 68% del ingreso de los grupos familiares antes del desplazamiento. Entre éstos, la contribución de las actividades agropecuarias era claramente mayoritaria (59%). Pero lo más trascendental es el hecho de que los grupos familiares que percibían ingresos agropecuarios registraban un ingreso familiar promedio superior hasta en un 49% a la línea de pobreza, mientras que aquellos grupos que no disponían de este tipo de ingresos no sólo contaban con un ingreso familiar promedio inferior a la línea de pobreza (en un 59%), sino que se encontraban también por debajo de la línea de indigencia.

Si se toman en consideración este tipo de hechos constatados por la Comisión de Seguimiento, aparte de que cerca del 49% de la población campesina desplazada no era pobre antes del desplazamiento, resulta fácticamente impensable corroborar lo argumentado hipotéticamente por algunos analistas en el sentido de que el despojo se realizó de forma mayoritaria sobre la tenencia de lo que se denomina "tierras malas".

10.4 Daño emergente y lucro cesante

Según la Comisión de Seguimiento, la pérdida de tierra por parte de la población desplazada configura un daño emergente que se ha calculado en poco más de $7,4 millones (pesos del año 2008) en promedio para cada grupo familiar que efectivamente abandonó tierras como consecuencia del desplazamiento forzado. Cuando se considera, además de la tierra, el conjunto de bienes abandonados, esta cuantía se elevaría a cerca de $13,9 millones en promedio para cada uno de los grupos familiares que abandonaron algún bien. Así, el costo total por daño emergente de la pérdida de bienes, partiendo de los promedios familiares señalados, se estima en cerca de $8,4 billones (pesos del año 2008). A su turno, el lucro cesante para la tierra alcanzaría la suma de $42,3 billones y el lucro cesante, considerando además los otros bienes raíces abandonados, llegaría a unos $44,6 billones (del año 2008). Ajustada esta cifra por el rendimiento de los depósitos a término para contabilizar el costo de oportunidad de los ingresos dejados de percibir, el lucro cesante de las familias desplazadas se estima en alrededor de $49,7 billones (en pesos del 2008), cifra equivalente al 11,6% del Producto Interno Bruto a precios corrientes del 2007.

Si bien es cierto que el monto de recursos que implicaría una reparación integral para las víctimas del desplazamiento forzado constituyen para el Estado y la sociedad colombianos un enorme reto, también lo es que los costos que subyacen observarían una substancial reducción si los propósitos de restitución fueran claros y efectivos, y si las acciones hacia su consecución promovieran las condiciones de todo orden necesarias para la recuperación de los bienes usurpados por actores de diverso tipo, el desarrollo de procesos de retorno sostenibles y la provisión de garantías de no repetición.

Como consecuencia de todo lo anterior, es claro que siendo la población desplazada la más vulnerable entre las vulnerables del país, dadas unas características socio demográficas proclives a una mayor vulnerabilidad sistémica, un menor goce efectivo de la gran mayoría de los derechos y mayores niveles de pobreza e indigencia que la población pobre vecina de referencia —con la todavía mayor postración de algunos grupos dentro de la misma población desplazada, como por ejemplo, afrocolombianos, indígenas y hogares monoparentales—[8], y ante la magnitud de los daños de todo orden infligidos a estas víctimas, Colombia enfrenta una verdadera tragedia humanitaria con el flagelo del desplazamiento forzado.

Notas

* Esta reflexión es fruto de la investigación que adelanta la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado bajo la dirección del autor. El autor se hace responsable de los errores y omisiones del presente ensayo, sin que puedan comprometer de manera alguna a la Comisión de Seguimiento.

[1] Cuando la magnitud de la variabilidad es muy grande, los parámetros estimados pierden utilidad, pues el valor verdadero del parámetro en el universo puede estar comprendido en un intervalo muy amplio. Se suele considerar que el resultado de una estimación es robusto estadísticamente si su coeficiente de variación es menor del 5 %; aceptablemente práctico, entre el 5 % y el 10%; de baja precisión pero usable si es mayor del 10 % y menor del 15%. A diferencia, no es considerado robusto si es mayor del 15% y, por tanto, no se recomienda su uso. Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) flexibilizó los criterios para calificar la robustez de los parámetros, al señalar que aquéllos que cuenten con un coeficiente de variación inferior a 7.5% se considera bueno, aquéllos que dispongan de un coeficiente de variación que sea igual o superior al 7.5% pero inferior al 15% se califican como aceptablemente práctico, los que se caractericen por presentar coeficientes de variación iguales o superiores al 15% pero inferiores al 30% se consideran de baja precisión y deben tomarse sólo como referencia, y finalmente aquéllos cuyo coeficiente de variación sea equivalente o superior al 30% se califican como no útiles. Véase: DANE (2008). Censo General 2005. Ficha Metodológica Déficit de Vivienda. Calidad de los Indicadores, febrero.

[2] Procuraduría General de la Nación (2006). Sexto Informe de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Octubre 26.

[3] Valores promedio diferentes a un nivel de significancia del 99%.

[4] Colombia. Decreto 973 de marzo de 2005.

[5] Es claro, como se analizó en el apartado de salud, que la gran mayoría de personas tiene cubierto el riesgo de salud, por su afiliación al régimen subsidiado, pero esta afiliación no proviene de la relación laboral.

[6] El resto de este apartado se basa en el documento: Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento (2009). Análisis de factores que afectan la generación de ingresos de la población desplazada en Colombia. Bogotá.

[7] DNP. (2007). Estimaciones de pobreza en Colombia 2006. Presentación en rueda de prensa de la Directora.

[8] Para mayor detalle, véase: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2009). Superar la exclusión social de la población desplazada. Proceso Nacional de Verificación. Bogotá, abril, pp. 39-61.

Referencias bibliográficas

1. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2009). Superar la exclusión social de la población desplazada. Proceso Nacional de Verificación. Bogotá, abril, pp. 39-61.        [ Links ]

2. DANE (2008). Censo General 2005. Ficha Metodológica Déficit de Vivienda. Calidad de los Indicadores, febrero.        [ Links ]

3. Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento (2009). Análisis de factores que afectan la generación de ingresos de la población desplazada en Colombia. Bogotá.        [ Links ]

4. Procuraduría General de la Nación (2006). Sexto Informe de Seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004.        [ Links ]

Fecha de recepción: 9 de octubre de 2009 / Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2009

Garay, Luis. (2009, junio-diciembre). Tragedia humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia. Estudios Políticos, 35, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 153-177).