a crisis del modelo liberal de Estado de bienestar se atribuye, a menudo, a la macrocefalia del Estado que terminó monopolizando toda la actividad económica ligada a la universalización de los servicios necesarios para la satisfacción de los derechos de segunda generación —sociales, económicos y culturales—, al convertirse el Estado en el máximo contratista y empleador, es decir, en la máxima empresa. Este diagnóstico confunde la consecuencia con la causa.

Es cierto que el resultado del monopolio estatal sobre el control de toda la operación de los servicios de bienestar, directamente o travs de contratistas, fue la ineficacia y la quiebra económica de la “gran empresa”. Pero estos son sólo los sntomas del proceso de degeneración de los valores y de la misión del modelo de bienestar, que fue inducido por la corrupción en la tramitación y en el costo de los contratos. Los principales protagonistas de este proceso fueron los administradores del Estado, los intermediarios polticos y las empresas contratistas. Los grandes perdedores fueron los necesitados del bienestar y los grandes ganadores fueron las empresas privadas contratistas que engrosaron sus arcas adelgazando las de la hacienda pública.

En cuanto a las instituciones, en esa feria dominguera en que se convirtió la rapiña para contratar con el Estado, el gran perdedor fue el sistema representativo que, en su carrera degenerativa, se llevó en alud a los partidos polticos, e incluso a otras formas de representación como los sindicatos. El resultado general fue la desinstitucionalización de todos los procedimientos regulares de tramitación entre el Estado y la sociedad, que de ser indirectas, como solicita el original modelo liberal de representación, pasó a ser directa pero informal y corrompida; de ser una actividad poltica pública, pasó a ser una actividad con las caractersticas de un negocio privado.

Al perder centralidad el Estado y al quitarle el monopolio de la representación a los procedimientos tradicionalmente asignados a los partidos, se abren canales de comunicación más directos con la sociedad abierta como una forma de democratización de sus relaciones. Pero esa alternativa produce una consecuencia que no es tan democrática; en efecto las comunicaciones directas entre Estado, gobierno y sociedad puede servir para refrendar popularmente decisiones tomadas en nichos especficos de poder a travs de mecanismos y procedimientos de participación directa que esquivan los procedimientos regulares de la intermediación representativa tpica del liberalismo, apelando a formas de comunicación mucho más expeditas que las que son propias de los engorrosos y costosos procedimientos electorales mediadas por los partidos polticos.

Además, es poco creble que las reformas políticas introducidas para controlar la intermediación política, que la ampliación de los canales de participación en las decisiones, que la pérdida de centralidad del Estado, en fin, que el rescate de la sociocracia pueda tener eficacia, si tales reformas políticas no se producen en paralelo con las reformas al sistema económico; puede resultar inocuo introducir reformas para controlar el sistema de representación sin introducir reformas para controlar el sistema económico. En efecto, se reformó el sistema representativo introduciendo mecanismos propios de la participación directa, pero al mismo tiempo se desreguló la actividad económica liberándola de legislaciones laborales onerosas para el negocio, liberándola de imposiciones fiscales directas y facilitando el acceso en condiciones de mercado libre para la prestación de servicios, otrora asignados a la responsabilidad del Estado. En esas condiciones, el sistema de mercado libre y desregulado de la economía siguió enajenando el sistema representativo porque mantuvo intacta su capacidad de cooptar las decisiones legislativas y gubernamentales; con ello la sociocracia viene a ser el modelo más amable para el neoliberalismo. La deslegitimación de las instituciones, de los procedimientos regulares de control estatal y del contrapeso de poderes, es el aval de su propia legitimación.

Fabio Humberto Giraldo Jiménez

Director

Instituto de Estudios Políticos