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Estudios Políticos

versão impressa ISSN 0121-5167

Estud. polit., Medellín  n.37 Medellín jul./dez. 2010

 

 

Organizaciones de población desplazada en la construcción de presentes y futuros dignos*

 

Organizations of Displaced Persons for the Construction of a Dignified Present and Future

 

Alfredo Ghiso Cotos**

Ricardo Briceño Ayala***

Jenny Acevedo Valencia****

 

** Docente  Investigador  del  Laboratorio  Universitario  de  Estudios  Sociales  (LUES),  FundaciónUniversitaria Luis Amigó (FUNLAM), Medellín. E-mail: aghiso@funlam.edu.co

*** Magíster  en  Ciencias  Políticas.  Docente  Co-investigador,  Grupo  de  Estudios  Sociopolíticos Contemporáneos, Fundación Universitaria Monserrate, Bogotá. E-Mail: ricardo.briceno@fum.edu.co

**** Socióloga. Investigadora Auxiliar del LUES (FUNLAM). Medellín. E-mail: jenynar@yahoo.com

 

 


RESUMEN

Partiendo  de  los  resultados  ofrecidos  por  la  investigación  realizada  en  las ciudades de Medellín y Bogotá, en este artículo se pretende dar cuenta de los rasgos del contexto en el que las organizaciones de población desplazada (OPD) intervienen; la  manera  que  éstas  tienen  de  buscar  el  restablecimiento  de  derechos  y  algunas tensiones que se presentan en las interacciones que las organizaciones establecen con la institucionalidad pública y privada. Se concluye que las urgencias vitales, la respuesta a las necesidades básicas y las problemáticas de seguridad que presentan los contextos urbanos, los modelos organizativos y de liderazgo, los modos de enfrentar las negociaciones con el Estado determinan los alcances y límites de las luchas por el restablecimiento de los derechos de la población desplazada.

Palabras claves: Desplazados; Organización de Población Desplazada; Restablecimiento de Derechos; Acción Colectiva.


ABSTRACT

Based on the results offered by research conducted in the cities of Medellín and  Bogotà,  this  article  aims  to  understand:  the  characteristics  of the  contexts  in which Organizations for Displaced Populations (OPD in Spanish) intervene; the way in which they aim to re-establish rights; and some tensions in the interactions these organizations have with public and private institutions. It  concludes  that  vital  urgencies,  responses  to  basic necessities,  security problems presented by urban contexts, organizational models, leadership, and modes of negotiating with the State determine the reach and limits of the struggles for the re-establishment of rights for displaced populations.

Keywords: Displaced Persons; Organizations for Displaced Persons; Re-establishment of Rights; Collective Action.


 


Introducción

 

La investigación partió de la identificación y caracterización crítica de la grave problemática del desplazamiento forzado, e indagó las prácticas de las OPD[1]en Medellín y Bogotá, con el fin de reconocer sus alcances, limitaciones y retos en los procesos de restablecimiento de derechos.

El  estudio  se  realizó  con  un  enfoque  cualitativo,  optando  por  la estrategia metodológica de la teoría fundada, comprendida como el proceso de construcción  argumentativa  y  conceptual  sustantiva  que  se  enraíza  en observaciones  participantes,  comparaciones  y  contrastaciones constantes de la información generada. Se procedió sistemática y rigurosamente a la codificación, tematización, análisis e interpretación de los datos (Cf. Corbin y  Strauss,  2002),  en  los  que  se  expresan  los  diversos  modos  y  maneras de ser y hacer de las OPD y se fundan las características de las prácticas encaminadas al restablecimiento de sus derechos. Para ello, se interactuó con líderes, hombres y mujeres miembros de las organizaciones, a través de encuentros permanentes en foros, reuniones, talleres, entrevistas y visitas a diferentes localidades, barrios, asentamientos y acciones de hecho, donde se reclamaban y denunciaban los obstáculos existentes para el restablecimiento de sus derechos.

La investigación se acercó a procesos y prácticas organizativas de la población desplazada, para generar un conocimiento que las OPD demandan y reclaman con urgencia para nutrir los espacios, para realizar debates en los que intervienen con otras organizaciones sociales, la academia y las instituciones públicas y privadas involucradas; argumentos e información que requieren mayor difusión y circulación entre las organizaciones y la ciudadanía porque, aunque “se evidencia un gran avance en términos de la definición de normas y de la política de atención para la población desplazada (Sin embargo) en este contexto el tema del restablecimiento es relativamente nuevo […]” (Bello, 2001, p. 115).

La reflexión que presenta el artículo, se forja en torno a la voz de los desplazados, a los hallazgos investigativos, situando la atención en la descripción de los contextos que impulsan o limitan los procesos y prácticas de las OPD; a la caracterización de las modalidades organizativas, para centrarse, por último, en el análisis de las dinámicas y acciones que median las relaciones de las OPD con la institucionalidad pública y privada, en pos del restablecimiento de sus derechos y la construcción de presentes y futuros dignos.

 

1.  Contextos en los que intervienen las OPD

En  Colombia,  el  desplazamiento  forzado  de  población  ha  sido  un fenómeno que se ha presentado por oleadas y se ha asociado a la evolución geográfica y social del conflicto. Es así como, desde mediados de los años 80 del siglo XX, el desplazamiento cobró en el país un dinamismo sin precedentes, ligado a una intensificación de las confrontaciones armadas, al surgimiento del paramilitarismo y al narcotráfico como un factor que hilvana y alimenta las guerras rurales y urbanas. Este fenómeno histórico y estructural de la sociedad colombiana se presenta no sólo como un “daño colateral” del conflicto armado interno, sino, principalmente y cada vez más, como una estrategia de guerra generada por la expansión del latifundio, la agroindustria, los cultivos ilícitos y por la imposición de macro proyectos que se presentan como una

[…]  manifestación  más  clara  de  la  permanencia  histórica  y  la consolidación de un modelo de desarrollo excluyente, caracterizado además por relaciones clientelistas, corruptas, de patronaje y de fuerza. Estas relaciones configuran el telón de fondo del conflicto armado interno (Bello, 2004, p. 20).

En éste sentido, estudios recientes coinciden en definir al desplazamiento como estrategia de guerra eficiente  para el control  de los territorios,  para su homogeneización y para la sostenibilidad política y social de los grupos armados  (Cf.  Osorio,  2006).  Todos  estos  procesos  tienen  como objetivo consolidar dominios territoriales, por medio de la ampliación y concentración del poder político, económico y militar.

El desplazamiento forzado se constituye en una estrategia que permite la consolidación de un modelo que se quiere imponer, por tanto entre más ruptura haya del tejido solidario y social, entre más expulsión de comunidades ocurran, entre más se aniquilen los procesos organizativos y participativos de  una  comunidad,  será  más  fácil  la  imposición  y,  por  supuesto,  la  no participación de la población en procesos de construcción de desarrollo de un país, de un Estado y de una nación, así serán otros los que a nombre de muchos consoliden sus intereses (Rodríguez y Torres, 2008, p. 52).

Como resultado de este modelo, según CODHES[2] (2009), se estima que entre 1985 y 2008 han sido desplazadas alrededor de 4’629.000 personas; Por lo menos, 385.000 familias perdieron o abandonaron 5,5 millones de hectáreas. Este despojo y el lucro cesante que genera, representan pérdidas por 42 billones de pesos. Son ocho las micro-regiones en Colombia que se caracterizan por ser grandes expulsoras de población, éstas son:

Tabla 1. Micro-regiones expulsoras de población en Colombia

En estas regiones, con el paso del tiempo, el desplazamiento se fue convirtiendo en parte esencial de estrategias de control político-militar de los actores armados: grupos paramilitares, guerrillas, bandas emergentes y Fuerza Pública. La problemática llega a afectar, entre el 2008 y 2009, a más de 300.000 hogares colombianos  (Cf. Acción  Social,  2009) de los que el 98% incluidos en el registro oficial sobrevive en condiciones de pobreza y el 82% subsiste por debajo de la línea de indigencia; del total de las personas afectadas por esta problemática, el 51.6% son mujeres y el 48.4% hombres, siendo menores de edad el 53.7% (Cf. Acción Social, 2008). Sólo un 2% de las familias desplazadas ha recibido completa la Atención Humanitaria de Emergencia (Cf. CODHES, 2009).

Del total aproximado de población desplazada (4’629.000 personas),  el Estado[3], por medio de Acción Social, sólo reconoce cerca del 50% debido a que sus registros generados desde 1997 corresponden a listas de personas asistidas en los programas de atención y protección de índole nacional, lo que podría evidenciar deficiencias en los procesos de reconocimiento, protección y asistencia,  aspecto  que incide en el restablecimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento, manifestando una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (Cf. CODHES, 2009).

Esta situación ha desbordado todos los márgenes de acción planteados desde las instituciones públicas y privadas tanto del orden nacional, como del internacional. Entre las ciudades receptoras más afectadas por la problemática; según datos de Acción Social, en 2008, se encuentran Bogotá con 204.021 y Medellín con 106.518 personas, ubicándolas como las principales ciudades que reciben desplazados en Colombia.

Como  lo  indican  investigaciones  realizadas  sobre  el  tema  el desplazamiento  no  es  sólo  un  problema  económico  o  político,  es  una problemática que deja una profunda huella en lo individual y en lo colectivo (familiar, comunitario), todo ello porque las personas se ven forzadas a vivir situaciones  extremas  que entran  a  formar parte de sus cotidianidades  (Cf. Rodríguez, Torres, 2008).

1.1   Incertidumbres y riesgos cotidianos

La vida de la población desplazada está marcada por el desempleo, la falta de vivienda, la insuficiente atención en salud y educación que hacen, cada día, más precarias las condiciones de vida, poniendo a la población desplazada en circunstancias de exclusión, marginalidad y en algunos casos de indigencia.

En estos momentos hay gente de las organizaciones que están viviendo de la misma mendicidad,  en la calle;  duermen en las terminales de transporte,  muchas veces debajo de los puentes. A mí me tocó que recoger un muchacho de la Terminal (Mujer, Zaragoza)[4].

Muchas mujeres vivimos en un estado muy mal, muy mal, porque no tenemos como pagar el arriendo para nuestros hijos y si tenemos con qué pagar el arriendo, pues aguantamos necesidades como lo de la comida básica de ellos. Entonces (…) pues a ver si de pronto el Estado nos puede cumplir con nuestros derechos, el principal derecho de nosotros es la vivienda (Mujer, Medellín).

Los desplazados soportan necesidades que a los ojos de algunos líderes de las OPD, afectan a todos los miembros de la familia de modo diverso, según sea su edad y género. Niños y niñas desplazadas enfrentan una serie de riesgos sociales que van desde el ausentismo y deserción escolar, el trabajo infantil, la explotación sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación a bandas o grupos armados y el desamparo, entre otros. Según el Magistrado: Nilson Pinilla Pinilla[5]  en el 2008

[…] El 54% del total de la población desplazada inscrita en el Registro Único  de  Población  Desplazada  corresponde  a  niños,  niñas  y adolescentes; que 90 de cada 100 menores viven en condiciones de pobreza y de estos 70 en situación de indigencia. La vulnerabilidad extrema se  manifiesta  en situaciones de desnutrición  que  afectan al 70% de los menores, lo que influye negativamente en el crecimiento físico y cognitivo y aumenta el riesgo de contraer enfermedades (Pinilla, 2008, p. 37).

Las mujeres desplazadas madres, muchas de ellas cabeza de familias, sufren cotidianamente el miedo de dejar sus hijos solos (Cf. Jaramillo, Villa, Sánchez, 2004), y por ello experimentan en carne propia el apremio de tener que decidir las estrategias de generación de ingresos diarios: les toca elegir entre salir a trabajar, en lo que sea y “dejar sus hijos solos a la deriva” o quedarse en la casa, generando algún ingreso a partir de los saberes y habilidades que tienen para la cocina, la costura, el arreglo de ropa o las artesanías.

[...] en mí organización, hay mujeres que saben hacer tamales, saben hacer de esas arepas vallunas, la comida dentro de la misma casa, sin necesidad de dejar sus hijos solos; pero al no tener casa, le toca dejar sus hijos solos a la deriva, sin saber qué les pueda pasar. Porque a uno le toca irse a trabajar, esa es la mayoría de mujeres con las que estamos luchando (Mujer, Bogotá).

Por otro lado, la vivencia de la exclusión y la marginalidad, se amplifica cuando  soportan,  en  sus  comunidades,  la  presencia  de  múltiples  actores (investigadores,  agencias  de  ayuda  humanitaria,  entidades  del  estado), que registran las condiciones de vida, establecen la magnitud de la huella dejada por el desplazamiento en las personas, especialmente en las mujeres y los niños, sin contribuir con algún tipo de colaboración o respuesta a sus necesidades, generando desconfianzas y conciencia de ser utilizados para la ganancia de otros.

Las  que  manejan  la  UAO  […]  van  a  una  casa,  toman  fotos,  sacan los  peladitos  flaquitos.  ¿Ellos  qué  hacen?  Se  burlan  de  la  población desplazada porque ellos van por allá, recogen, pero no he visto el primer desplazado que diga, ayuda humanitaria me dio este negocio, yo tengo esta fábrica de trapeadoras, de escobas, o esta panadería y estoy bien. Entonces ¿dónde está la plata? (Mujer Medellín).

Yo quiero decir que ahora hay una cantidad de organizaciones ONG, universidades  y  de  todo.  En  este  momento  yo  se  que  gestionan  a nivel nacional e internacional un presupuesto, para el trabajo con la población desplazada; porque la población desplazada es una población que no tiene estudio y en las gestiones que hacen, cuando consiguen los presupuestos se gastan la plata para lo primero que dicen. No es que la población esté así por la falta de educación, […] les dan esas capacitaciones de tres o cuatro días, a veinte o veinticinco personas; los profesionales se ganan su plata, y así se gastan la platica del presupuesto del  pobre,  y  seguimos  lo  mismo.  Los  desplazados  se  comieron  el presupuesto, porque también tenemos que hablar de eso, la población desplazada es supremamente pobre, con hambre, y siempre se dice eso, si le dan a uno refrigerio o un almuercito vamos a la capacitación y eso es sólo lo que le queda a la persona que no quiere aprender (Mujer, Medellín).

Los miembros de las OPD perciben las tensiones entre actor/estructura, objetivo/subjetivo, público/privado (Cf. Rodríguez y Torres, 2008), lo sienten al ser intervenidos por muchas instituciones. Estas saben sobre ellos y les imponen diversas rutas y modelos para acceder a los bienes y servicios que responden, de alguna manera, a sus necesidades de sobrevivencia, haciendo difusa la real disputa por el restablecimiento total y radical de sus derechos.

La situación de desplazamiento, como tensión permanente entre los sujetos y de estos con la institucionalidad lleva a muchas mujeres, jóvenes o adultas a asumir nuevos roles al interior de la familia y de sus colectividades, así  enfrentan  nuevos  retos  culturales  y  organizativos  relacionados  con  la inserción  social  económica,  cultural  y  política  en  las  ciudades  y  con  la vinculación a procesos organizativos donde llevan a cabo sus luchas en pos del restablecimiento de derechos.

Nosotras quisimos [en la Organización] sólo mujeres, porque nosotras la mujeres tenemos más prioridad por parte del Estado y siendo aún así no nos cumplen, […] Por la Corte Constitucional tenemos una Sentencia que ordena que a todas las mujeres que son madres cabeza de hogar, le den, mes tras mes, la ayuda humanitaria y aún así Acción Social no lo cumple […] Mejor dicho cada año es que nos dan eso (Mujer Bosa).

Los  hombres  jóvenes  y  adultos  enfrentan  con  mayor  dificultad  la problemática laboral; en su inserción al mundo urbano, se ven obligados a resignificar su papel al interior de la familia y de las organizaciones de desplazados que luchan por el reconocimiento social. Otro grupo poblacional desplazado que sufre la exclusión, la marginalidad y la indigencia, son los adultos mayores y ancianos desplazados. Son pocas las entidades públicas o  privadas  que  dan  respuesta  a  sus  necesidades  y  es  a  la  vez  escasa  la representatividad que esta población y sus demandas tienen al interior de las OPD.

Las  incertidumbres,  la  lucha  por  la  sobrevivencia,  los  nuevos  roles asumidos,  las  transformaciones  identitarias  generadas  por  procesos  de acelerados cambios en la configuración de las subjetividades, la resignificación del papel de cada uno de los miembros de la familia de los desplazados lleva en algunos casos a procesos de fragmentación familiar y en otros impulsa a  la  reconstrucción  del  tejido  social  cercano  y  distante,  incidiendo  en  la consolidación, arraigo y fortalecimiento de las OPD, que según su identidad e intereses juegan un papel vinculante y orientador en la inclusión en nuevas redes sociales.

1.2 La inseguridad y el miedo

Tanto en Bogotá como en Medellín la inseguridad es una constante que marca la vida de los desplazados y el proceso organizativo que desarrollan en los asentamientos, barrios o ciudades.

[…] Decidí Bogotá y no otra ciudad porque aquí uno encuentra una facilidad de defensa, de escondite, más bien como refugio. Yo venía como asustado, inclusive en Villavicencio no pude estar más, porque llegué, denuncié, me dijeron que viniera en 20 días, si me aprobaban como desplazado. A los veinte […] no aparecía en las listas; entonces, me dijeron venga dentro de otros 20 días y ya no pude ir, porque antes de esos veinte días me tuve que salir volao (sic) para acá, porque ahí me dijeron: “No, usted por dónde anda lo encontramos, no sé dónde va a tener escondedero usted, pero es mejor que se pierda”. Me vine para Bogotá. En Bogotá ya llevo 5 años. Resulta, que en el lugar donde me encuentro, a nadie le digo que soy desplazado, a nadie (Hombre, Bogotá).

La población desplazada sigue bajo la mira de los actores armados, y la guerra continúa siendo un factor determinante en la construcción de condiciones de vida dignas.

Sí, hay mucha inseguridad. Porque en esos barrios, también hay grupos armados, no es que uno los vea pues en grupo, como milicianos. ¿Si me entiende? Entonces, cuando se dan cuenta de que uno es desplazado, lo ponen entre ojos, y se van a averiguar el por qué y, si alguien lo anda buscando […] La localidad de Bosa, como en la de Soacha son los lugares más peligrosos que hay para nosotros los desplazados (Mujer, Bosa).

Son múltiples los casos de familias que por miedo a que sus hijos sean reclutados o a que sus hijas sean violadas (Cf. Jaramillo, Villa y Sánchez, 2004)  han  tenido  que  recurrir  a  desplazamientos  interdepartamentales, intermunicipales y/o intraurbanos, reconocidos como fenómenos sociales, por sentencias como la T-268 de 2003.

[…] No estamos en un barrio, estamos regados por distintos barrios. Ahora, muchos barrios están calientes, entonces […] los que tenemos niñas, los que tenemos jóvenes, volvemos otra vez al desplazamiento. No encontramos una parte como segura donde podamos levantar nuestros hijos seguros (Mujer, Medellín).

 

Por otra parte, los líderes y las lideresas de OPD siguen siendo objeto de amenazas y persecución por parte de actores armados legales e ilegales.

[…] A mí me hicieron varios disparos, ahí hubo un enfrentamiento. Luego me mandaron los paramilitares a amenazarme. Un paramilitar fue a la casa y me llamó, me cogió en el camino donde yo estaba trabajando, porque yo salía a trabajar en la carretera, me llamó y me avisó con amenazas  y  todo.  […]  me  tocó  que  desaparecer.  Esas  denuncias  las he hecho en la Procuraduría General de la Nación, en la Fiscalía, en Derechos Humanos de aquí y en el Ministerio del Interior (Hombre, Bogotá).

En  la  sentencia  T-025  de  2004,  la  Corte  Constitucional  ya  había manifestado que, entre los derechos fundamentales de los desplazados, se incluye el derecho a la seguridad personal, puesto que el desplazamiento conlleva  riesgos  específicos,  individualizables,  concretos,  presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados. Además, en el 2007, la Corte Constitucional indicó mediante el Auto 200 que los líderes de organizaciones desplazadas están en una situación de alto riesgo y por ello requieren medidas eficaces y adecuadas de protección. Para ello, ordenó al Director del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia adoptar con urgencia estas medidas. Así todo, las amenazas, hostigamientos y asesinatos por parte de actores armados, hoy siguen siendo un factor que ahoga los procesos organizativos entre desplazados y frena las luchas por el restablecimiento de derechos.

[…] Yo en lo que no estoy de acuerdo, es en que mataron a un líder. Ahí me acabaron de llamar […] dizque anoche, pero yo apenas oí de dos líderes, […] un muchacho de la Mano de Dios, que vive ahora en Belén, y uno de la “Mesa de Desplazados” [...] y hay otro líder amenazado […] entonces no sé. Yo, sí oí de los muertos (Mujer, Medellín).

Las ciudades no son seguras para los desplazados. Los dispositivos que pudieran brindar las autoridades no existen porque “no hay espacios libres de la influencia de las redes informales o ilegales de poder en Colombia”. Los efectos de la inseguridad y del miedo que ésta genera son “la desconfianza, la separación y la erosión de los lazos sociales” (Jaramillo, Villa y Sánchez, 2004, pp. 114-116).

 

2.  Modos de ser y hacer de las OPD

La situación referida, ha obligado a poblaciones enteras a buscar formas y estrategias para resolver las necesidades que el Estado y las instituciones de Atención Humanitaria no logran satisfacer; para ello, se configuran redes solidarias, de cooperación reciproca, se recrean tejidos sociales recuperando prácticas y acumulados culturales desarrollados en los territorios de origen. Así, se van constituyendo identidades, agrupaciones y, poco a poco, diversas modalidades  de  organizaciones  de  desplazados,  algunas  de  ellas  alertas a  reconocer  y  utilizar  las  potencialidades,  posibilidades  y  oportunidades disponibles  para  emprender  el  camino  en  pos  del  restablecimiento  de sus derechos en un contexto que, habitualmente, se presenta adverso (Cf. Rodríguez y Torres, 2008).

Varios  colectivos  y  las  OPD  surgen  ligadas  a  la  satisfacción  de  las necesidades,  la  reivindicación  de  derechos  como  alimentación,  vivienda, empleo y atención en salud.

El  propósito  de  la  organización  es  que  todos  estemos  en  mejores condiciones de las que estamos viviendo, porque prácticamente, muchas mujeres vivimos muy mal, muy mal; porque no tenemos como pagar el arriendo para nuestros hijos y si tenemos con qué pagar el arriendo de nuestros hijos, pues aguantamos necesidades como la comida básica de ellos. Entonces […] pues a ver si de pronto el Estado nos puede cumplir con nuestros derechos, el principal derecho de nosotros es la vivienda. […] Porque tenemos un lugar donde tener a nuestros hijos seguros, si vamos a trabajar, o vamos a trabajar desde la misma casa; porque nosotros sabemos hacer cosas (Mujer, Bosa).

Es  de  notar  que  algunas  organizaciones  también  se  interesan  por reivindicaciones de tipo político como la visibilización de la condición de víctimas en el conflicto armado, la reparación integral y la participación e incidencia  en  políticas  públicas  orientadas  a  la  atención  de  la  población desplazada. Esto parecería depender de la concienciación adquirida sobre sus derechos, alertas que están relacionadas con “aprendizajes políticos previos […] que hacen parte fundamental de lo construido en el entorno de la población campesina desplazada” (González, 2008, p. 143) y de la labor de algunas organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en las ciudades y se hallan interesadas en fortalecer la capacidad de respuesta de las OPD, lo que las convierte en interlocutores legítimos y reconocidos ante el Estado.

Como  mujer  significa  que  yo  me  organicé  y  ayudé  a  impulsar  la organización  porque  no  solo  me  reivindica  mis  derechos,  sino  que también  me  permite  que  yo  pueda  incidir  a  nivel  social  y  político en las decisiones del Estado. Porque es que uno, a veces, se da a la tarea de criticar, pero uno no está haciendo un aporte, entonces ahí yo puedo incidir en lo que tiene que ver con los derechos de género, con los derechos como mujer, con los derechos como comunidad. Las mujeres hemos sido las que históricamente hemos hecho un proceso organizativo de base, pero que no ha sido reivindicado y normalmente, siempre  hacemos  el  trabajo  de  base  y  el  trabajo  como  hormiguitas (Mujer, Bogotá).

Los acercamientos investigativos realizados en las dos ciudades, dan cuenta de las luchas que las OPD tienen que librar, permanentemente, por la visibilización de su condición de desplazados, a la vez de su necesidad de impulsar sus ideales y proyectos, movilizando a la población a participar en programas y acciones orientadas a lograr el acceso a una vivienda digna, a conseguir empleo o a procurar educación y capacitación de los asociados (Cf. Acevedo, 2007; Arias y Baena, et al. 2004).

En esta investigación, se reconocieron los distintos modos y maneras de  ser  y  hacer  OPD,  lo  cual  depende,  en  muchos  casos,  de  la  posición política de sus líderes y la visión que construyen sobre la problemática del desplazamiento. En este sentido, algunas organizaciones se caracterizan por centrar su acción en la gestión de la Ayuda Humanitaria de Emergencia para sus asociados, incluyendo las acciones legales que se tengan que interponer. En este tipo de OPD las necesidades, intereses y demandas por la sobrevivencia de los asociados son el centro y por ello la participación se focaliza en la gestión, recepción y distribución de los recursos negociados. Es de notar que en este tipo de organizaciones pendientes de agenciar auxilios, los líderes pueden  obrar  como  unos  expertos  gestores,  que  ven  en  su  papel  no  una responsabilidad social y de servicio, sino un empleo, que en algunos casos puede llegar a ser rentable.

Porque ahora se ha presentado que el liderazgo se convirtió en un negocio. Hemos dejado de ser esos líderes que ayudamos, que compartimos con los vecinos las necesidades y las cosas. Entonces, este se convirtió, que como yo soy un poquito más preparado, yo aprovecho de aquel que no sabe leer ni escribir, para hacerle un montón de derechos de petición, de tutelas y cobrar por eso. Por decir algo, yo le ayudo a conseguir una ayuda, pero usted me tiene que dar tanto. Me parece eso muy triste y, enseguida cuando nos hemos reunido con las organizaciones a nivel nacional,  nos  han  generalizado.  Entonces,  eso  me  parece  gravísimo porque, entonces, ya hablan de los líderes, en general de la ciudad de Medellín, como unos vivos, unos violadores de derechos, unos abusivos de derechos (Encuentro con las OPD Medellín, 28 de agosto de 2009).

No nos tienen a nosotros como líder, si no como unas ratas. ¿Por qué como unas ratas? […] Muchos nos hemos creído de que somos unos abogaditos, sacamos derechos de petición, sacamos desacato y derecho de cumplimiento, pero qué pasa, que algunos están o estamos viviendo de la misma población desplazada y no del gobierno, ¿si me entienden? ¿Por qué? Porque con una acción de tutela que le haga una persona a un desplazado, le están cobrando plata, un montón de recursos para poderle montar una tutela (Encuentro con las OPD Medellín, 28 de agosto de 2009).

Lo anterior marca una limitante en el modo de ser y hacer, dado que pone a las OPD a depender y en función de ajustar las demandas de sus asociados a la oferta de los programas estatales, inhabilitando a los líderes y miembros de las OPD en la lectura estratégica de la realidad. Así, muchos dejan  de  visualizar  los  acumulados,  las  oportunidades  y  las  posibilidades que se presentan en el desarrollo de los procesos colectivos y en el entorno donde se asientan. También algunas personas desplazadas, que van llegando

a la ciudad y decidan participar en las OPD, corren el riesgo de desorientarse política  y  organizativamente  al  percibir  que  no  existe  un  movimiento  de organizaciones consolidado que posibilite el restablecimiento de sus derechos (Cf. Rodríguez y Gómez, 2007).

Enmarcadas en la lógica de la gestión de Ayuda Humanitaria, en Bogotá y en Medellín, aparecen una serie de OPD que sólo poseen un carácter nominal; organizaciones que existen formalmente pero que no tienen vida y presencia real en las comunidades donde, supuestamente, desarrollan su actividad.

Muchas  organizaciones  fueron  creadas  en  cámara  de  comercio, legalmente […] (sólo) para conseguir un contrato y yo comer. El otro que se queje. En el momento en que yo vaya ayudarle […] a la persona desplazada, no lo estoy haciendo de corazón (Encuentro con las OPD Medellín, 28 de agosto de 2009).

Yo prácticamente no sé nada de esa (asociación). Ella siempre nos dice: ustedes  son  de  la  asociación,  pero  nosotros  no  estamos  inscritas  en ninguna parte de los papeles. Si ella se coge algún beneficio, será para ella y la asociación, donde la mayoría de las socias son las hijas de ella (Mujer, Medellín).

En  estas  organizaciones  las  relaciones  entre  los  asociados  y  el  líder están  determinadas  por  la  satisfacción  de  necesidades  inmediatas,  las reglamentaciones, los beneficios monetarios o en especie, el juego clientelar con las organizaciones del estado y sus operadores. No es raro observar como estas OPD hacen parte de una manera consciente o ingenua de las redes clientelares,  generadas  y  sostenidas  por  algunos  programas  estatales  que intercambian bienes básicos a cambio de votos, configurando y afianzando un tipo de accionar funcional en las organizaciones.

No obstante, existen OPD, en las distintas ciudades que se configuran como  ambientes  de  formación,  información,  asesoría  y  articulación  de sujetos para la solución de necesidades concretas. Hay que señalar que los espacios  y  temas  que  preocupan  a  la  población  desplazada  se  politizan, en especial  cuando se tratan temas como: las políticas públicas  de orden nacional, departamental y local, los pronunciamientos normativos de la Corte Constitucional, la exigibilidad de derechos, la mujer desplazada, los programas de salud y proyectos que buscan la inserción y estabilización socioeconómica de las familias y en especial de los jóvenes desplazados.

Tratamos que la organización se capacite, que se enteren de toda la situación, lo que está pasando a nivel de la organización, a nivel de sus derechos y que ellos tengan conocimiento de ello. La idea es que nosotros aprendamos a defender nuestros derechos (Hombre, Medellín).

En la asociación únicamente asesoramos a las personas, las asesoramos a dónde pueden ir, qué deben de hacer, las reportamos a acción vida, a derechos humanos, allá reportamos la gente, para que ellos mismos vayan y para que ellos mismo hagan sus vueltas y aprendan a ir; allá pueden meter sus derechos de tutela, allá no les cobran ni un peso, o vayan a Derechos Humanos, yo siempre las oriento en esa forma, para que ellas mismas hagan sus vueltas (Mujer, Medellín).

La  idea  es  enseñarle  a  cada  una  de  estas  mujeres  que  ellas  mismas aprendan a defender sus derechos […] El recurso está simplemente en enseñar cómo llegar a él, cuál es la ruta directa (Mujer, Medellín).

En este tipo de OPD, se concibe al asociado, como una persona capaz de  defender  sus  derechos,  lo  cual  posibilita  relaciones  más  autónomas  y menos dependientes entre los participantes y los líderes. En las dos ciudades donde se realizó el estudio, se identificaron organizaciones configuradas como espacios movilizadores, que:

Reivindican el sentido político de su actuación, a la vez que buscan diferenciarse de las organizaciones de derecha y de izquierda […] capaces de definir objetivos a corto, mediano y largo plazos y proyectarse hacia las transformaciones de la sociedad, desarrollando procesos continuos de lucha y conciencia política popular (Torres, 2007, p. 125).

Estas OPD se manifiestan interesadas en dar cuenta de la situación de los desplazados, de develar los laberintos de las políticas públicas y de alertar socialmente sobre la permanente expulsión de población. Por ello, algunas organizaciones, en el caso de Bogotá, participan en los comités locales donde tienen  representación;  en  cambio  en  Medellín  las  OPD  participan  en  las mesas de trabajo municipales. Así se concreta la posibilidad de interactuar con miembros de otras organizaciones, con miras a incidir en las políticas públicas y planes de desarrollo locales. De esta manera, van logrando mayor apropiación  de  las  problemáticas  del  entorno  inmediato  y  se  habilitan para buscar alternativas que redunden en beneficio de las comunidades y el restablecimiento de derechos. Si bien es cierto que a estos espacios de coordinación concurren únicamente algunos de los líderes de las OPD, de todas formas la experiencia participativa adquirida allí, repercute sobre los procesos de gestión e interlocución.

Un espacio, donde somos todos iguales, trabajamos casi todos unidos. El espacio de la mesa es para socializar con todas las organizaciones que manejan población desplazada, es un espacio abierto donde cada organización, legítimamente constituida, entra ahí y miramos las falencias que hay de parte de las entidades, qué medidas se van a tomar, cómo vamos a reclamar, cómo vamos a hacerle un llamado a los coordinadores, directores de las distintas entidades y dialogar con ellos y exigirles algún cumplimiento de una ley. Cuando nos reunimos así, hay que explicarle a los que no conocen y dar orientación a los que están muy perdidos, a pesar de que todos, hemos recibido capacitaciones (Hombre, Medellín).

Este modo de ser colectivo se visualiza como un nicho organizativo con capacidad para coordinar acciones de hecho y movilizaciones en la ciudad, en las regiones y en el país, lo que los legitima como actores con poder de negociar y tomar decisiones frente a las problemáticas que los afectan. Esto implica que el espacio se configure desde dinámicas formativas en las que sea posible la apropiación de conocimientos operativos y políticos que no sólo los lleve a proceder mecánica y esporádicamente frente a las instituciones del Estado, sino a reconocerse como sujetos protagónicos capaces de ejercer sus derechos y de interlocutar, movilizar e incidir en las políticas que se crean y aplican en las ciudades para su reconocimiento y atención.

En  este  tipo  de  OPD  se  diseñan  y  ejecutan  procesos  de  formación política, jurídica y organizativa acordes con necesidades e intereses de la población desplazada; dinámicas que asumen como objetivos la construcción y cualificación de ámbitos (mesas) y de redes sociales que, ampliadas con la  participación  orgánica  de  actores  estratégicos,  generan  condiciones sociopolíticas  para  la  discusión  sobre  las  coyunturas  y  los escenarios  de futuro,  con  el  fin  de  construir  acuerdos  sobre  las  estrategias  de  acceso  y restablecimiento de derechos.

 

3.  Relaciones de las OPD con la institucionalidad pública y privada

Las OPD, a lo largo de la investigación aparecen, en algunos casos, como una mediación capaz de resignificar las experiencias de desplazamiento y de inserción en la ciudad; también, se las observa y entiende como medios estratégicos en el que tienen cabida las demandas y exigencias de la población, que, a los ojos de la institucionalidad publica, tienen como objetivo:

[…] la consecución de bienes y servicios en relación con la garantía de  los  derechos  como  población  en  situación  de  desplazamiento,  y al desarrollo de alianzas que posibiliten un mayor reconocimiento de su situación, y superación de su condición de vulnerabilidad (Unidad Técnica Conjunta & Gobernación de Antioquia, et al. 2009, p. 9).

Es claro que, la situación, el marco jurídico, las acciones legales, sus prácticas y movilizaciones permiten a la población desplazada estar en un contacto permanente con el Estado, las instituciones de ayuda humanitaria, las organizaciones no gubernamentales y las entidades académicas; y es que en la medida en que actúan, tramitan sus demandas, negocian recursos y exigen sus derechos, se ven obligados a interactuar con las autoridades políticas y, en algunos momentos, a denunciar la responsabilidad que éstos tienen frente al problema que los agobia

[…] En la mesa en la que estamos nosotros se está participando en el PIU[6] y eso es un bote de escape. Eso se viene cuadrando hace rato, siempre se viene a lo mismo y tenemos la piedra más dura que nos han metido como desplazados: es el nombramiento de la gerente de desplazados de Medellín. Nosotros nos hemos encontrado con ella y yo lo digo y se lo dije a ella una vez, es una figura decorativa que puso el municipio. Se supone que si ella es la gerente de desplazados de Medellín debe estar reunida con los desplazados y mirar alternativas. ¿Qué se va hacer? Vamos a tomar acciones. La marcha que nosotros hicimos el 16 y 18 de julio, el 19 era el día que cumplía la ley 387, 12 años, que son 12 años violándola y estamos en las mismas y seguimos con las mismas. Nosotros pensamos que ella, sabiendo que era el día de la celebración iba a estar, y no apareció, entonces en una reunión yo fui como dos veces al PIU y les dije a la gente: ustedes sigan votando escape aquí, pero ¡ésta [gerente de desplazados] a nosotros no nos sirve! (Hombre, Medellín).

Tanto los líderes, como las OPD se relacionan con las instituciones y los funcionarios del gobierno responsables de ejecutar las políticas públicas. En esta interacción, que no es ingenua ni desinformada, los desplazados asumen que el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos, como se hace con cualquier ciudadano del común; también, saben y se dan cuenta que se dispone de dineros y que son “sus” recursos los que, en muchas oportunidades, van a parar a otras manos por decisión administrativa o por corrupción. La población  desplazada  y  sus  organizaciones  no  son  “idiotas  políticos”;  en el proceso de lucha por el restablecimiento de sus derechos se van dando cuenta que muchos programas e instituciones que los operan y ejecutan, son el resultado de sus luchas, demandas y exigencias, pero no responden con el compromiso y la urgencia que quisieran.

La percepción que tienen muchos desplazados, líderes y miembros de organizaciones, de las relaciones, interacciones, diálogos y negociaciones que mantienen con las instituciones del Estado, sus funcionarios y las entidades o figuras administrativas operadoras de programas, es aquella en la que las reuniones  y  espacios  de  encuentro  son  sólo  momentos  que  se  limitan  a compartir ideas y a hablar en el vacío; generando la sensación de estar dando vueltas sobre lo mismo. No por nada, señalan que se está en las mismas, que el avance es mínimo y el desgaste máximo.

Por otro lado, vemos como en la interacción, las decisiones políticas y administrativas unilaterales de las autoridades afectan a los desplazados, en su búsqueda de alternativas. Cabe agregar, que éstos, en la relación que establecen con la institucionalidad, esperan del funcionario presencia efectiva y activa, con un involucramiento claro en las decisiones acordadas, porque es en estas negociaciones y diálogos donde las OPD y sus líderes “se legitiman como  actores  sociales  que  reclaman  sus  derechos  colectivos  sin  acudir  a las prácticas clientelistas, ni a expectativas paternalistas de las instituciones estatales” (Torres, 2007, p. 227).

 

Una de las conquistas de la población desplazada y de sus organizaciones, en esta disputa con el Estado por sus derechos, fue la demanda de participación en el proceso de restablecimiento de sus derechos, la cual ha sido reconocida por la Corte Constitucional a partir de la expedición de un marco legal que promueve la participación en organizaciones, además de garantizarles los espacios para intervenir en el diseño e implementación de políticas públicas; tal es el caso de la sentencia T-025 de 2004, el auto de cumplimiento No. 178 de 2005, el Decreto 250 y el Acuerdo 02 del mismo año.

“Yo en cambio que en el PIU, pienso que estamos avanzando, a mi me parece que los procesos hay que terminarlos […] Pero en relación a la política pública, ese PIU fue formulado para 8 años y dejemos cosas claras. Ojalá que, en realidad, la gerente, si para ese entonces está, haga cumplir eso que nosotros hicimos. Porque lo que elPIU dice esta como de adorno ahí no sé; pero sí creo que le falta que se toque un poquito más, que se pellizque por un poquito por la comunidad” (Hombre, Medellín).

La participación comprometida y oportuna de las OPD y de los líderes en  el  diseño  e  implementación  de  políticas  públicas  busca,  además  de plantear sus reivindicaciones, garantizar y afianzar los espacios sociopolíticos necesarios para intervenir en pro del restablecimiento de los derechos. Esto significa reconocer y legitimar el carácter de sujetos políticos, potenciando esta razón al interior de las dinámicas organizativas y reivindicativas propias de la población desplazada.

Es,  en  esta  condición,  que  se  presentan  varios  desafíos:  el  primero tiene que ver con la capacidad de defender y consolidar estos espacios de intercambio  y  negociación  con  las  autoridades  políticas,  porque  dejarlos perder  sería  sin  duda  echar  marcha  atrás.  El  segundo  reto  tiene  que  ver con el perfeccionamiento de los procedimientos de negociación. Para ello además de formarse en un pensamiento estratégico, se requiere que las OPD acuerden un protocolo que impida, en los trámites y debates, perder el norte del restablecimiento de los derechos. Un tercer desafío es el de afianzar la condición de sujetos políticos activos, de interlocutores válidos y legítimos ante las autoridades, las instituciones, los movimientos sociales y los diferentes actores sociales y económicos. Otro reto, de marca mayor, es el de articularse con otros actores locales y regionales para  proponer y concertar políticas públicas como una fuerza social y política capaz de aportar, con sus historias, dinámicas reivindicativas y de resistencia y, sobre todo, con sus luchas por el restablecimiento de los derechos.

“Mire yo no soy abogado pero yo aprendí a defender mis derechos. Ese día me dio tanta rabia porque perdí 19.000 pesos. Me llamó el juez, yo tenía una tutela, tenía 2 meses peleando con él. Me dijo el juez: ya le dieron una plata. Yo le dije: me dieron un mes, la ley dice que son tres meses y no son fraccionados. Entonces me dice que Acción Social no tiene porque darme la ayuda. Yo le pregunté ¿señor juez usted está de parte de quién? ¿Del desplazado o de Acción Social? Y él dijo: no, yo estoy de parte de la ley. ¡Pues está vendido! Así le dije de frente. Yo tenía tanta rabia y le dije: está vendido ¿sabe por qué? Porque usted no ha leído la ley 387. Dígame que dice la ley 387. ¡No, pero dígame usted que dice! Vea la ley 387 dice que el gobierno está implicado en obligación de darle al desplazado hasta que se vuelva autosostenible, dígame si no es así; entonces se quedo así” (Hombre, Bogotá).

Las OPD tienen la posibilidad de obtener mayor incidencia y visibilidad social, además de lograr una interlocución directa con las instituciones en lo referente al restablecimiento de sus derechos. En la actualidad diferentes sectores de la sociedad civil, como las ONG y las agencias de cooperación internacional,  desarrollan  diversos  programas  y  proyectos  tendientes  al empoderamiento  y  participación  de  estas  organizaciones,  de  manera  que sus miembros generen una capacidad crítica y movilizadora que les permita interlocutar  con  el  Estado  y  otras  organizaciones  sociales.  No  obstante, aunque se espera que estas entidades de apoyo generen en las organizaciones capacidades  para  demandar  y  exigir  al  Estado,  en  algunas  ocasiones  el desarrollo  de  proyectos  de  investigación  e  intervención,  se  quedan  en  la mera asistencia a la población, cumpliendo únicamente con actividades que no permiten potenciar a las OPD. Así, las capacitaciones por lo general, se realizan con los líderes, esperando que ellos repliquen en sus comunidades lo aprendido, sin embargo, esto no garantiza que se haga y que genere los resultados esperados. Muestra de ello, en el siguiente testimonio, una líder argumenta lo ocurrido:

Nosotros nos capacitamos por decir algo con ustedes, mañana con la Universidad  de  Antioquia,  pero  no  es  una  capacitación  que  de  una continuidad al proceso, si no que son pañitos de agua tibia […] la mayoría somos mujeres cabezas de familia, nos toca que dejar nuestros hijos, nietos, con las vecinas para estar allí, entonces hay muchas limitantes, a mi me parecería positivo que estas capacitaciones llegaran directamente a los barrios a los lugares de asentamientos para que la gente de base, en realidad se entere. Asi nuestros derechos no sean violados” (Mujer, Bosa).

Las organizaciones según sus trayectorias en las diferentes ciudades, vienen configurado un entramado de intereses, relaciones, aprendizajes y de  prácticas  condicionadas  por  los  múltiples  contextos  y  entornos  que,  a veces, y según la lectura crítica y estratégica que hagan, limitan o potencian los procesos de resistencia y reivindicación. Estos procesos, con identidades propias y vinculados a redes sociales, permiten a la población desplazada ejercer su condición de sujetos políticos protagónicos, condición necesaria para mantener la disputa histórica por el restablecimiento de los derechos y cualidad indispensable para la construcción de presentes y futuros dignos.

 

Notas finales

La población desplazada se ve obligada a enfrentar en las ciudades situaciones caracterizadas por la exclusión, marginalidad e incertidumbre, problemáticas  que  se  convierten  para  muchas  colectivos  y  pobladores  de asentamientos en motores de procesos organizativos que posibilitan el tránsito de  la  invisibilización  a  la  visibilización  social,  jurídica  y  política  de  sus organizaciones en sus carencias más apremiantes, reclamando y demandando al Estado y a sus operadores, pronunciamientos, decisiones y legitimidad que permita, entre otras cosas, destinaciones presupuestales para que las entidades de ayuda humanitaria puedan cumplir con su tarea en acuerdo con las OPD.

Al identificar las distintas formas de ser y hacer de las OPD se puede reconocer  las  posibilidades  que  tienen  para  establecer  redes  con  actores sociales, consolidar espacios de aprendizajes, identidades e intereses comunes, descubrir iniciativas productivas que se orientan a resolver las condiciones de  precariedad  económica,  planear  estratégicamente  acciones  colectivas orientadas a denunciar ante la opinión pública las problemáticas que afrontan en áreas marginales de las ciudades, así como visibilizar el papel limitado que cumple el Estado y sus operadores en función del restablecimiento de sus derechos.

Así,  en  medio  de  un  contexto  hostil,  las  OPD  se  enfrentan  a  retos permanentes,  relacionados  con  la  satisfacción  de  las  necesidades,  la visibilización y legitimidad social y política de sus luchas, la legalidad de sus demandas y reclamos y la ausencia de un estado que opere en justicia. Al responder a estos retos la población desplazada no sólo confronta al Estado y sus instituciones, sino que se enfrenta a modelos organizativos y de liderazgos clientelistas, asistencialistas o autoritarios capaces de entregar acumulados históricos por una prebenda económica.

La problemática del desplazamiento forzado hoy, en Colombia, requiere de mayores espacios de negociación donde se generen reales condiciones sociopolíticas para la discusión de estrategias de acceso y restablecimiento de derechos; para que ello se dé, las OPD tienen que fortalecer sus capacidades, reconocer  sus  acumulados  históricos  y  políticos,  impulsando  procesos  de acción  colectiva  descentrados  de  las  figuras  tradicionales  de  liderazgo, portadores de conocimientos estratégicos y pertinentes para la negociación y acceso a derechos que permitan proponer escenarios donde sea posible la construcción de presentes y futuros dignos.

 

 

Notas

* El  artículo  es  producto  de  la  investigación  cualitativa:  Organización  de  población  desplazada  yrestablecimiento de derechos en las ciudades de Medellín y Bogotá, avalado, financiado y aprobado por  COLCIENCIAS  y  los  Centros  de  Investigaciones  de  la  Fundación  Universitaria  Luis  Amigó, sede  Medellín,  y  de  la  Fundación  Universitaria  Monserrate.  El  proyecto  fue  diseñado  y  ejecutado por los Grupos de investigación: Laboratorio Universitario de Estudios Sociales y Grupo de Estudios Sociopolíticos Contemporáneos.

[1] En el estudio participaron inicialmente 19 organizaciones de la ciudad de Medellín y 15 de la ciudad de Bogotá.

[2] En este texto se asumen las cifras del CODHES, reconociendo que existen notables diferencias de éstas con las cifras oficiales y las aportadas por otras entidades. Los datos estadísticos en el caso del desplazamiento nunca fueron neutros o ingenuos; cualquiera que sea el estimativo adoptado, el tema es crítico y la magnitud del problema es muy grande y lo que importa es la gran cantidad de ciudadanos a los que se les está vulnerando sus derechos.

[3] Es de notar que el gobierno habitualmente discrepa sobre cifras de desplazados suministradas por el CODHES o ACNUR.

[4] Por razones éticas y de seguridad de los y las participantes, y para evitar equívocos con homónimos, el equipo de investigador decidió, en acuerdo con los entrevistados, dar cuenta sólo del género y lugar de procedencia del informante.

[5] Vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia.

[6] Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada.

 

 

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Fecha de recepción: 4 de marzo de 2010 / Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2010


Cómo citar este artículo

Guiso,  Alfredo;  Briceño,  Ricardo;  Acevedo,  Jenny.  (2010,  julio-diciembre). Organizaciones de población desplazada en la construcción de presentes y futuros dignos. Estudios Políticos, 37, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 73-94).