Tras los rastros de la movilización social y la confianza pública: apuntes sobre capital social y desarrollo en el departamento del Cauca*

After Traces of Social Mobilization and Public Trust: Notes on Social Capital and Development in the Department of Cauca

Raúl Cortés Landázur***

RESUMEN

El presente artículo busca en la actividad movilizatoria post reformas institucionales de la década del 90, rastros de capital social en el Departamento del Cauca. Se establece una relación entre dicha actividad movilizatoria y la estructura de las organizaciones de la sociedad civil del Cauca, a través de un modelo econométrico (logit bivariado), que pretende mostrar los principales determinantes del capital social interno y externo, impulsores del desarrollo regional.

Palabras clave: Capital Social; Republicanismo Cívico; Acción Colectiva; Desarrollo. 

Abstract

The present article looks within the mobilizing activity of post institutional reforms of the decade of the 90’s, for the characteristics of social capital in the Department of Cauca. It looks to establish a relationship between this mobilizing activity, and the structures of Cauca’s civil society organizations, through an econometric model (logit bivariate), that seeks to show the main determinants of internal and external social capital, which are motors of regional development.

Keywords: Social Capital; Civic Republicanism; Collective Action; Development.

Introducción

La historia reciente de las ciencias sociales, no sólo de América Latina sino también del primer mundo, ha estado dominada por la búsqueda de nuevos paradigmas o formas simplificadas de entender cómo funcionan la economía y la sociedad bajo la impronta de encontrar, entre otras cosas, alternativas para salir o alejarse del atraso. En el caso particular de esta zona, a la pregunta clásica por establecer lo que mantiene o ha de mantener unida a una sociedad desterrando el “dilema de la acción colectiva” que puede privilegiar el apetito individual sobre el interés general (Elster, 1999), se le ha sumado la de identificar los alcances de la actividad movilizatoria que dejara la primera generación de reformas institucionales, en cuyo catálogo estaba la competencia individual y la libre iniciativa privada. Esto porque estaría en juego, no sólo lo que podría legarse al futuro en materia de reglas de juego social que en un panorama sombrío podría conducir a la atomización propia de “La tragedia de los comunes”, sino también porque estaría de por medio el éxito de la coordinación de políticas internacionales y la profundización de diferencias intrarregionales.

En todo caso, los resultados de los años noventa, dejaron en claro que la complejidad del desarrollo implica una nueva postura frente a los nexos entre crecimiento económico, estabilidad política y solidez institucional, a la que da gran parte de sentido la existencia de una sociedad civil activa y deliberante en defensa de lo público. Para autores como Rodrick, Subramanian y Trebbi (2002) y Acemoglu, Johnson y Robinson (2005), y en general, una nueva corriente de neoinstitucionalistas, la alta calidad institucional se convierte en uno de los principales determinantes que explican el bajo desarrollo de América Latina y algunos países de África, puesto que gobiernos de mala calidad implican necesariamente malas políticas pero también fenómenos como corrupción, clientelismo, y poca participación y vigilancia de la sociedad civil en el control y supervisión de la acción estatal. En esta dirección, desde mediados del decenio de 1990, entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1995) adoptaron el enfoque de la gobernanza, como estrategia que hace hincapié en la calidad de los procesos de participación política, el protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil, y el papel del Estado en la promoción del desarrollo humano y no sólo económico (PNUD, 1995)[1] con miras a cambiar los bajos resultados alcanzados.

Sin embargo, la buena gobernanza, requiere como condicionantes un conjunto de relaciones “simbióticas” entre el Estado, la sociedad, y el mercado, que garanticen la internalización de los costos y beneficios externos asociados a los recursos comunes y bienes públicos. Según Fukuyama (2004), estas relaciones son catalizadas por el capital social, fenómeno capaz de promover la cohesión social y la búsqueda del bienestar, a partir de la revelación de actitudes de colaboración colectiva, y la generación de confianza entre e intragrupos, necesaria para dinamizar las transacciones económicas —tal como lo plantea Dixit (2004)— y asegurar la vigencia del orden institucional.

El capital social ha estado presente en la sociología durante décadas: Bourdieu (1980) y Coleman (1990) utilizaron esta denominación desde la década de 1980, mientras Granovetter (1985) utilizó la noción de lazos fuertes y lazos débiles y North (1990) desarrolló su teoría de la institucionalidad con contenidos muy similares a lo que hoy se conoce como capital social. Sin embargo, fueron Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) quienes lo pusieron en el centro de la discusión académica al explorar el rol de la sociedad civil en la determinación de los desequilibrios en el desarrollo regional. En América Latina, el término en cuestión se relaciona con ideas asociadas a partnership, gestión asociada, parcería, o formas de desarrollo comunitario (Ruiz, 2004; Villar, 2003).

La indagación de las características subregionales del capital social supone encontrar rastros de confianza, o bien en las formas asociativas —por ejemplo en la gestión asociada—, o bien en los resultados producto de la acción colectiva, que hayan permitido movilizar recursos para la acción y lograr evidencia de transformación del desarrollo local.

El análisis a nivel subregional, particularmente para un departamento como el Cauca, requiere indagar en los acontecimientos recientes la capacidad transformadora del capital social, utilizando para su medición variables proxy o aproximadas que definan la existencia de dicho capital social. Al respecto, la literatura empírica ha utilizado entre otras la densidad asociativa (Cuellar, 1999), la confianza y el aporte cívico (Knaff y Keefer, 1997).

El problema para el Departamento es que a pesar de eventos de cohesión social como los que ha ostentado la movilización social en el Cauca[2], el grado de articulación de las élites políticas del Departamento con la capital del país —centro de decisiones de política nacional—, y la presencia de algunas ventajas comparativas asociadas a la disponibilidad de recursos naturales como bosque, biodiversidad y minerales, el Departamento no ha logrado alcanzar una mejor posición económica en el ranking nacional ni mejorado las condiciones sociales que garanticen una mejor calidad de vida a sus habitantes[3]. Es claro, que la presencia simultánea de estos dos hechos —alta movilización social y bajos niveles de desarrollo— hacen pensar que las redes de cooperación de la sociedad civil del Cauca se debaten en el dilema de estructurar fuerzas capaces de generar sinergias en la formulación y operación de políticas de desarrollo para la región; o por el contrario, mantener las fuerzas que garantizan el mantenimiento del status quo a partir de procesos con características retardatarias y paquidérmicas.

En este sentido, las líneas que siguen pretenden, primero, establecer un marco analítico que plantea el papel del capital social como elemento promotor del desarrollo regional; segundo, mostrar un panorama general del desenvolvimiento de las organizaciones de la sociedad civil caucana en la primera mitad de la década de 2000, buscando establecer alguna externalidad derivada de la movilización de la última década del siglo XX en términos de relaciones reticulares de colaboración, con el objetivo de encontrar rastros de capital social en las movilizaciones sociales ocurridas. Tercero, a partir del método de análisis no paramétrico se formularon dos modelos: uno para explicar el capital social interno y otro para mostrar el capital social externo. Finalmente, en la última sección, a partir de información proveniente de una encuesta a 293 organizaciones sociales y civiles del Cauca, se contrastaron las hipótesis formuladas en los modelos indagando principalmente sobre la capacidad de generar redes sociales en función de proyectos generadores de bienes públicos.

1. El capital social en los confines del desarrollo: un marco de análisis

El capital social entendido como “las características de la vida social —redes sociales, normas y confianza— que permiten a los participantes actuar juntos de una forma más efectiva para conseguir objetivos compartidos” (Putnam, et. al., 1993, p. 167), es una de las categorías más importantes en las ciencias sociales actualmente. Su capacidad como elemento movilizador de los recursos asociativos presentes principalmente en comunidades pequeñas, ha sido reconocido por autores tan diversos como Bordieu (1980), Granovetter (1985), Coleman (1990), y más recientemente, Durlauf y Fafchamps (2004), quienes destacan la existencia de un consenso académico acerca de los efectos benéficos del capital social en los agregados sociales.

Cuadro 1. Evolución de demandas colectivas

Sin embargo, la existencia de movilizaciones sociales no necesariamente implica la existencia de capital social, tal como lo plantean las definiciones clásicas de Coleman (2001), Putnam et. al. (1993), Bordieu (1980), y Dasgupta (2004), que lo vinculan prima facie al fortalecimiento de redes colectivas externas al grupo promotoras del desarrollo, a la capacidad institucional y a la formación de capital humano capaz de proveer bienes públicos.

De acuerdo con Galvis (2005) la acción colectiva apunta a conservar o a modificar la posición y los intereses de cada grupo en el conjunto social. Generalmente, varios sujetos de un mismo grupo, que comparten una misma posición y un mismo proyecto y que se organizan de forma relativamente centralizada, conciertan un curso de acción a seguir que les permita alcanzar sus objetivos comunes. De acuerdo con Vallés (2000), Mariñez (2001) y Mueller (2003) motivados por factores racionales, autores como James Buchanan y Gordon Tulluck de la Escuela del public choice y Mancur Olson con su teoría de la movilización de recursos, se vinculan al desarrollo de la corriente ortodoxa de la economía, interpretando los comportamientos humanos como guiados por una racionalidad instrumental que balancea los beneficios frente a los costos de emprender una actividad colectiva. Mientras que motivados por factores no racionales, autores como North (1991), Ostrom (1990) y Ritzer (1993) se instalan en lógicas de reflexión mucho más cercanas al terreno político, en tanto consideran como determinantes de las actuaciones humanas aspectos como la historia, la socialización en la vida temprana, la influencia de la cultura y la familia.

En términos generales, la acción colectiva es el producto del rol de los grupos y organizaciones, que fungen como estructuras construidas para proteger el interés de sus miembros (Olson, 1982), los intereses comunes se constituyen en el incentivo principal para que los individuos dejen atrás sus intereses egoístas —considerados como una característica innata al ser humano y ahistórica—, por tanto, los intereses individuales motivan acciones individuales y los intereses comunes motivan acciones colectivas.

Sin embargo, desde la perspectiva racionalista, los incentivos de tipo económico y los incentivos sociales como el grado de aceptación social y la reputación individual, frecuentemente persiguen bienes individuales y no colectivos. Olson (1982) plantea una teoría de la acción colectiva que permite identificar a los grupos como el mecanismo capaz de permitir el alcance de ciertos objetivos a un costo mucho menor al que se incurriría en forma individual, o el alcance de bienes que de otra forma no podrían disfrutarse. Lo más interesante de este planteamiento es que sólo los grupos pequeños logran la suficiente cohesión como para permanecer y ser efectivos, al tiempo que los grupos grandes trabajan por la persecución de bienes colectivos. Por tanto, es la racionalidad individual la que subyace en el proceso de formación de grupos.

La principal implicación de este planteamiento racionalista es que individuos racionales no participarán en grupos grandes a menos que se les coaccione o se les estimule mediante la obtención de algún bien. Sin embargo, es posible encontrar a este tipo de individuos actuando como free rider, esto es, disfrutando los bienes colectivos sin asumir los costos de membrecía del grupo, lo que termina por limitar la efectividad de la acción colectiva.

Todo esto contrasta con el planteamiento de Turaine (1978) sobre los orígenes de la movilización social en América Latina, según el cual este tipo de manifestaciones responden a conflictos internos causados por la permanente reivindicación de las comunidades frente a carencias de calidad de vida (vivienda, empleo, seguridad alimentaria, servicios públicos); las luchas identitarias por la autonomía económica y política, y el enfrentamiento de clases, en efecto, se entienden como brotes que aspiran a transformar la vida social superando la defensa de los intereses individuales y poniendo por encima el bienestar colectivo, aunque agrega la debilidad de los mismos debido a la no separación del espacio privado del público.

A pesar de esto, no es claro desde la perspectiva de Turaine (1978) en qué sentido estructuras organizativas variables, como las de las movilizaciones sociales con discursos transversales (tal como se muestra en la clasificación del cuadro 2), pueden promover el desarrollo a través del logro de bienes colectivos. Por el contrario, una perspectiva más consistente puede encontrarse en los planteamientos de Coleman (1990) que presentan la necesidad de presencia de cierre de grupo y estructuras más fuertes vinculadas con lazos sociales como los de consanguinidad o los derivados de la tradición, capaces de permanecer en el tiempo más cercanos a los grupos de interés o a los partidos políticos.

Sin embargo, el cierre de grupo no puede ser excesivo[4], puesto que se recaería en la ralentización vinculada a instituciones tradicionales como la colonia o a la dependencia del ejercicio de los poderes tradicionales, impidiendo el desarrollo de la autonomía de los grupos sociales y limitando la interacción social a espacios privados como la familia. En este sentido, formas de hacer política, populares en América Latina, como son el caciquismo y el clientelismo, han moldeado la administración del Estado y los movimientos sociales terminan tutelados de una u otra manera por el Estado.

El cuadro 2, siguiendo algunos de los planteamientos de Vallés (2000), presenta una caracterización de los principales actores colectivos en una sociedad, a saber: movimientos sociales, grupos de interés[5] y partidos políticos, bajo los siguientes criterios: grado de estabilidad de su estructura organizativa o capacidad institucional, el patrón discursivo, grado de cohesión interna y presencia de redes externas. 

Cuadro 2. Caracterización de actores colectivos

En general, el cuadro muestra que los movimientos sociales son los actores más débiles en términos institucionales de los tres tipos categorizados, más aún, dado que su tamaño y los impulsores (factores causales) de movilización son variables, es difícil que puedan lograr bienes colectivos. Estos grupos tienden a “erigir instrumentos de participación dentro del proceso político y se proponen obtener de esta actividad resultados prácticos, obligándose a entrar en contacto con el poder establecido o confrontándolo, para negociar y pactar con él (Vallés, 2000, p. 341)[6].

Las disonancias que produce la coordinación de comportamientos individuales o corporativistas, imponen linderos a veces estrechos a las posibilidades de ampliar el espacio público y la acción colectiva. Por un lado, porque no es posible colocar en un mismo continuo todas las preferencias individuales y, con ello, expresar una única preferencia social que las profiera completamente; por otro lado, porque la coordinación de comportamientos llevada a cabo por actores individuales (o grupúsculos), se va a mover siempre en el marco de alguna variedad de conflicto en el que estén en pugna racionalidades o intereses particulares (Aguiar, et. al., 2008). Lo que sí es cierto es que la combinación de ambas características puede conducir a pobres resultados en materia de bienestar colectivo.

Bajo una postura evolutiva, como la explorada por Dasgupta (2004), el capital social se convierte en una forma de resolver el dilema de la acción colectiva, en la medida que la propia sociedad a través del tiempo genera mecanismos de aprendizaje para desterrar los peligros de la no cooperación en la generación de algunos bienes públicos, que el ejercicio individual o corporativo (del tipo clientelar) no podría generar o lo haría inadecuadamente si se construyen especulativamente o con alcances de corto plazo. Esto no desdeña y no puede eliminar el conflicto, pero permite pasar de los juegos de suma cero, como los que plantean algunos textos de ciencia y filosofía política (Múnera, 2001; Orestes, 2001) bajo el rótulo de la relación amigos-enemigos, a otra donde se presentan juegos de suma positiva característicos de la relación aliados-adversarios y donde, por demás, la colisión de intereses no implica eliminar sistemáticamente al contradictor. Nótese que en esta última trama, los mecanismos de aprendizaje social robustecen el espacio público vigorizando la cohesión y el capital social.

2. ¿Rastros de capital social? La actividad movilizatoria de los años noventa

En el caso colombiano, la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1970 y la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) a finales de la década de los sesenta, son ejemplos de la trascendencia de la acción colectiva en el concierto del desarrollo regional[7]. La historia reciente del Departamento del Cauca evidencia un conjunto importante de movilizaciones colectivas; tal como se muestra en el cuadro 3, los años noventa mostraron un promedio aproximado de 86 movilizaciones anuales. No obstante, las primeras movilizaciones se vieron surgir en la primera década del siglo pasado, con el levantamiento indígena dirigido por quien se convirtiera en un mítico dirigente: Manuel Quintín Lame. Según Jaramillo (2003), Lame confrontó los valores hegemónicamente dominantes frente a su etnia y se constituyó en una fuerza que debió tenerse en cuenta en las relaciones de poder. Más tarde, su nombre sería utilizado por una facción guerrillera que tendría su mayor despliegue en la década de 1980.

Cuadro 3. Registro de Acciones Colectivas en el Departamento del Cauca

Los años noventa traerían un conjunto de reformas económicas con gran impacto en los sectores sociales caucanos, caracterizados por ser principalmente rurales y pobres. Según datos del DANE, en el año 2000 el PIB per cápita del Cauca ocupaba el puesto 23 entre 24 departamentos, el 77,2% de la población caucana era pobre, y cerca del 60% era rural. Fenómenos como la apertura económica —que significó un aumento de la competencia y el deterioro del sector agrícola—, el aumento de la deuda externa, la privatización de varias entidades estatales y el aumento del desempleo, generaron una oleada de protestas y movilizaciones en un marco de inestabilidad política causada por la pérdida de gobernabilidad que sobrevino a los escándalos de corrupción y la penetración del narcotráfico en el gobierno del ex presidente Ernesto Samper, a la actividad violenta generada por el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia común y, finalmente, al intento fallido del pacto de paz con la guerrilla de las FARC durante el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana, que a la postre escaló la acción guerrillera y paramilitar en el país.

Según información de Agredo y Flórez (2005) recopilada de informes periodísticos y diarios locales y nacionales, entre agosto 20 y 26 de 1991 se realizó el Primer Paro Cívico Regional del Macizo Colombiano, que vinculó nueve de los cuarenta y dos municipios del Departamento. La movilización contó con aproximadamente 30.000 campesinos que llegaron a la carretera panamericana, en el sitio de Rosas, pero luego de seis meses de preparación y negociaciones con el grueso de funcionarios del gobierno nacional, los recursos de la acción colectiva se derrumbaron. Jaramillo (2003, p. 23) anota:

Las movilizaciones y la creación del CIMA como organización social, que lideraba la búsqueda de dichos objetivos comunitarios y se sumaba a otras organizaciones indígenas como el CRIC y AICO[9], permitió llegar a unos acuerdos con el gobierno a través de un conjunto de proyectos que debían ser ejecutados a lo largo de los años 1996, 1997 y 1998.Sin embargo, la movilización cesó y muchos de los acuerdos pactados quedarían sin cumplir (Jaramillo, 2003). El proceso dejaría como resultado la ganancia organizativa de distintos grupos sociales caucanos, sin importar si habían participado activamente en la movilización y asumido los costos de la acción. Esto significa, que algunos grupos sociales actuaron como free rider y ondearon la bandera reivindicatoria anexándose a lo que en términos generales desde allí se llamaría “el movimiento indígena”.

Los grupos más organizados y con estructuras más comprometidas adquirieron nuevas formas y recursos de acción colectiva, recurriendo a la formación de nuevos vínculos con entidades y organizaciones nacionales, pero sobre todo internacionales, que les permitiría asumir un papel más activo en la política nacional y un cierto protagonismo en la esfera política, aprovechando el nuevo marco multicultural de la Constitución Política de 1991.

Hasta ahora debe ser claro que la movilización social en el Departamento del Cauca, si bien ha sido intensa, no muestra evidencia preliminar de existencia de capital social capaz de promover el desarrollo al extender redes de confianza entre distintos grupos e individuos que permitan poner recursos públicos y privados a favor del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos de la región.

Con miras a probar esta hipótesis, en la sección 3 se busca identificar, a través de un modelo, si la extensión de la confianza y las redes de colaboración de la sociedad civil caucana son suficientes para promover el desarrollo de la región. Para ello, se realizó una encuesta telefónica a una muestra aleatoria representativa de 293 organizaciones sociales y civiles del Departamento del Cauca a partir de la base de datos de la Cámara de Comercio del Cauca que contiene los registros de 3951 organizaciones, de las cuales 2035 estaban activas y solo 1240 tenían información de contacto.

Donde:

PATRIMOi: variable dicotómica que representa la disponibilidad (o DAC) a aportar la mitad del patrimonio (si=1; no=0) para un proyecto de naturaleza colectiva.

PROCUMi: Variable dummy que refleja la realización de proyectos de naturaleza regional (colectivo) en el pasado (si=1; no=0) con otras organizaciones.

CONTRIBi: variable dicotómica que recoge la disponibilidad (si =1; no=0) a vincularse a actividades de origen comunitario.

RECWEBi:

AYUDEXTi: variable dummy que indica la adquisición (si=1; 0=no) de recursos de cooperación internacional.

ELECTi: Variable cuantitativa que mide el porcentaje de votación sobre el potencial electoral del municipio en las elecciones a alcaldía de 2006-2007 para cada organización[13].

AÑOSi: Variable cuantitativa que mide el número de años de funcionamiento de la organización.

OPROYECi: variable dicotómica que refleja la participación en proyectos ligados al objeto principal de la organización (si=1; no=0).

La variable más significativa para explicar el capital social resultó ser la forma de tomar decisiones a interior del grupo, CRi. Esto supone que es la regla de la mayoría la que puede elevar la confianza al interior de la organización, cosa que contrasta con la poca relevancia de la disponibilidad a contribuir en una actividad comunitaria (DAC) o la generación de fiducia al exterior de la asociación. Es más, dado el alto nivel de significancia de la primera variable (8,11), se revalida la hipótesis fundamentada en la existencia de una cultura corporativista de la organización social prototípica del Cauca, aunque no deja de asombrar la inclinación hacia estructuras decisorias más democráticas y horizontales al interior de cada entidad.

Para identificar el ajuste del modelo, se tuvo en cuenta otra medida de bondad de ajuste que operan como pseudo R-cuadrado, tal es el caso del R-cuadrado de Mc Fadden. El modelo como un todo presentó un ajuste global aproximado de 5,37% con la R2 de Mc Fadden, lo que indicaría que aún falta reconocer variables explicativas importantes para entender el fenómeno del capital social al interior de los grupos. Sin embargo, el modelo hace un aporte interesante en la comprensión de este tipo de procesos, más aun, teniendo en cuenta que en modelos de elección discreta o respuesta binaria “la bondad de ajuste no es tan importante como la significancia estadística y económica de las variables explicativas” (Wooldridge, 2002, p. 465).

La ecuación 2 presenta el modelo 2 de capital social externo estimado (t estadísticos entre paréntesis).

Todo esto lleva a pensar en una alta aversión al riesgo de las organizaciones sociales y civiles del Cauca, en tanto probablemente el relativo corto periodo de vida, la precariedad de los recursos al inicio, y una racionalidad especulativa allende los mecanismos de cooptación política (clientelar), no permitirían desplegar la confianza necesaria para interlocutar con otras organizaciones de la sociedad civil, de no estar suficientemente claro el patronazgo (Niskanen, 1993; Bergasa, 2001) o la intermediación política acompañada de una vía expedita para la captura de rentas.

Del total de las organizaciones (cuadro 6), entre las que sí están dispuestas a aportar se resalta el alto valor simbólico del recurso trabajo —tipo minga— que representa el 24,9% del total, consecuente con el trasegar de comunidades cuyo ámbito de desarrollo es primordialmente la vida rural, pero también la precariedad de los niveles de acumulación y de recursos que para el mundo occidental resultan esenciales para el ejercicio de la vida pública. De las restantes, el 2,7% están dispuestas a aportar en bienes, el 4,8% en dinero y el 1,4% en otros recursos.

Finalmente, es claro que la extensión de los recursos para la acción de las organizaciones sociales caucanas depende, en gran medida, de su estructura que a su vez se subordina a la forma de tomar decisiones en el caso del capital social interno; y de antigüedad de la organización, la coherencia con sus objetivos y la capacidad de articularse con otros grupos en proyectos conjuntos y recibir ayudas externas.

Conclusiones

El capital social es un elemento capaz de promover el desarrollo regional en la medida que genere redes externas a las organizaciones sociales y promueva la generación de bienes públicos. Claramente, comprobar la existencia de capital social promotor del desarrollo a nivel subregional es un desafío que se logró superar utilizando la contrastación empírica a partir de una metodología de análisis bivariado (Modelo Logit) que permitió encontrar los principales determinantes del capital social interno y externo para una muestra aleatoria de 293 organizaciones sociales y civiles del departamento del Cauca, ya que, el seguimiento de la acción movilizatoria como principal hecho estilizado de la última década del siglo XX en el Cauca, evidenció más que un rastro de capital social, un fortalecimiento del proceso organizativo alrededor de factores como la identidad étnica y el encuentro entre miembros de la comunidad.

 Entre los factores determinantes del capital social interno, se encontró la forma de tomar decisiones dentro de la organización como la variable más significativa para entender este tipo de capital social, particularmente, las decisiones por mayoría. Sin embargo, el ejercicio de una democracia sustancial per se, no asegura la inexistencia de formas de cooptación propia de las estructuras capturadoras de renta. Lo que sí merece destacarse, es que esto resulta en un principio de futuras prácticas mejor articuladas a la provisión de bienes colectivos y a la extensión de una cultura cívica que amplíe el espacio de la deliberación pública y mejore la coordinación de acciones colectivas, en tanto se puedan combinar con mecanismos efectivos de control social más robustos y una ciudadanía social activa articulada a la vigilancia y solidaridad frente a los asuntos de carácter comunal.

Además, se encontró que los determinantes más significativos para entender el capital social externo tienen que ver, si bien con la estructura de la organización como son la antigüedad de la organización y la coherencia de los proyectos ejecutados con sus objetivos; o bien con las redes externas que puedan relacionar, como son la capacidad de articularse con otros grupos en proyectos conjuntos y la capacidad de recibir ayudas externas (incluida la cooperación internacional). Estos últimos elementos vinculados con el análisis de redes son interesantes y dejan un amplio espectro para profundizarse en análisis posteriores.

* Este documento resume algunos resultados de la investigación “Capital social y desarrollo en el Departamento del Cauca”, realizada desde 2008 por el Grupo de Investigación Desarrollo y Políticas Públicas (POLINOMÍA), Universidad del Cauca. Los autores agradecen a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca la financiación de esta investigación, como también a los colegas, Juan José Caicedo, Francisco Javier Aguilar y Mauricio Gómez por su colaboración en el procesamiento y análisis de los datos que soportan los comentarios de este trabajo. No resta advertir que los errores o aciertos del texto, son de la absoluta responsabilidad de los autores.

[1] En el caso colombiano, se puede decir que existe una política pública para la formación de capital social, convalidada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el documento Conpes 2779 de 1998.

[2] Tal como lo evidencian el bloqueo de la vía Panamericana durante 8 días en el año 1999 o la marcha de más de 30.000 indígenas sobre la vía Panamericana en el año 1991 (Agredo y Flórez, 2005).

[3] Para el año 2005 según el DANE, el 46,4% de la población del Cauca tenía necesidades básicas insatisfechas, mientras el promedio nacional era de 27,6%.

[4] En Putnam (2000), es posible distinguir entre capital social positivo y negativo. El primero generador de virtudes cívicas consecuentes con la ampliación del espacio público y el fortalecimiento de redes sociales impulsoras de instituciones formales y el progreso económico; el segundo, generador de círculos cerrados promotores de contubernios y redes delictivas.

[5] Los grupos de interés son asociaciones voluntarias que tienen como objetivo principal influir sobre el proceso político defendiendo propuestas que afectan los intereses de un sector determinado de la comunidad (trabajadores asalariados, empresarios) persiguen objetivos políticos determinados, pero sin aspirar a un proyecto global de gobierno (Galvis, 2005).

[6] Las movilizaciones sociales tienen muy en cuenta la repercusión mediática y la acción sobre la opinión pública para defender una causa. No constituyen una organización única, ni cuentan con un programa expreso de actuación, pero nacen del rechazo a los canales institucionales y hacia las formas convencionales de revelación de preferencias. Por ello recurren a acciones como cadenas humanas y resistencia civil.

[7] Es importante revelar que las nuevas formas de acción que reemplazaron la antaña lucha de clases, recurrieron a figuraciones mediáticas como las que se vieron en la actuación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México o las que han acompañado el Foro Social en Brasil. Es más, este tipo de cambios facilitaron el crecimiento de los movimientos antiglobalización, que abogan por la equidad y la justicia global junto a reivindicaciones étnicas y culturales.

[8] Según el DNP (2007), la población indígena es el 21% del total de la población del Cauca, 84,5% de ésta vive en áreas de resguardo que ocupan el 17,7% del total de la superficie departamental.

[9] CRIC (Corporación Regional Indígena de Colombia), AICO (Autoridades Indígenas de Colombia).

[11] En un estudio similar, Sudarsky (1999) cuestiona este tipo de metodologías, toda vez que para él, la participación cívica es apenas una dimensión del capital social. Asegura que factores como la confianza institucional, agrupación política, control de la sociedad sobre el Estado y jerarquías, son elementos que Putnam desecha y que Cuellar tampoco considera.

[12] Nótese además, que la expresión conecta teóricamente Capital Social interno y externo, suponiendo que un capital social interno de naturaleza horizontal, en este caso patente en la forma de tomar decisiones, sumado a un capital social externo promotor de redes de confianza al exterior del grupo sería un aliciente que alimentaría la confianza al interior generando una suerte de externalidad positiva.

[13] Algunas elecciones para alcalde y concejo municipal, no se pudieron realizar en el calendario prefijado y tuvieron que realizarse después por razones de orden público, fraudes, destituciones etc. Tal fue el caso del municipio de Puerto Tejada.

[14] No sobra advertir que las estimaciones realizadas aquí acogieron los procedimientos de Máxima Verosimilitud (MV) que genera resultados más confiables de las realizadas por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) toda vez que se corre el riesgo de sobrevaloraciones y poca significancia de los parámetros involucrados (Novales, 1993).

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