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Estudios Políticos

Print version ISSN 0121-5167
On-line version ISSN 2462-8433

Estud. Polit.  no.38 Medellín Jan./June 2011

 

Narcotráfico, violencia y crisis social en el Caribe insular colombiano: El caso de la isla de San Andrés en el contexto del Gran Caribe*

 

Drug Traffiking, Violence and the Social Crisis in Colombian Caribbean Islands: The Case of San Andrés Island in the Context of the Great Caribbean

 

Silvia Mantilla**

 

**Politóloga internacionalista especializada en estudios latinoamericanos. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, ha realizado investigaciones en los ámbitos de seguridad nacional e internacional y en temas migratorios y fronterizos. Actualmente es Candidata a Ph.D del Doctorado  Europeo en Migraciones y Conflictos en la Sociedad Global, por la Universidad de Deusto/Bilbao-España. Correo electrónico: scmantillav@unal.edu.co.

 


RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo presentar un diagnóstico preliminar de la magnitud del tráfico de drogas, sus dinámicas, modalidades, y las condiciones sociales y económicas que favorecen el desarrollo de este negocio ilegal en la isla de San Andrés (Colombia). El análisis se desarrolla, no obstante, en el marco de la condición histórica y natural de "zona de tránsito" de drogas, armas y otros recursos ilegales, que se le atribuye a la región del Gran Caribe, entendida como un continuo geográfico, histórico y cultural en el que se observan patrones comunes en materia de amenazas a la seguridad, la geopolítica de las relaciones con Estados Unidos y los efectos sociales y económicos derivados del flagelo del narcotráfico.

En este sentido, el caso de la isla de San Andrés (Colombia) se examina más como parte de la dinámica insular gran caribeña que como parte de las tendencias propias del negocio en la Colombia continental, lo que permite, sin embargo, establecer las conexiones entre ambos espacios regionales —el insular y el continental— y, a la vez, evaluar el impacto regional del fenómeno a partir de las conexiones ilegales que desde el archipiélago se establecen con algunos países vecinos del Gran Caribe. Finalmente, se sostiene la hipótesis de que el fenómeno del narcotráfico se instala en la isla como resultado de factores geohistóricos, culturales y socioeconómicos que en conjunto han determinado la participación activa de distintos sectores de la sociedad en este negocio ilegal.

Palabras clave: Narcotráfico en Colombia; San Andrés y Providencia; el Gran Caribe; Violencia; Crisis Social.


ABSTRACT

The objective of thispaper is to present a preliminary diagnosis of the magnitude, dynamics, and modalities of drug trafficking, together with the social and economic conditions that support the development of this illegal activity in the island of San Andres (Colombia). Analysis is conducted within a framework that identifies this trafficking zone as a natural and historic corridor for trade in weapons, drugs, and other illicit materials typically attributed to the Great Caribbean where patterns of security threats, geopolitical relations with the United States, and social and economic impacts of the narcotrafficking epidemic are commonly observed.

The article presents San Andres Island (Colombia) as a case that adheres more to the insular dynamics of the Great Caribbean region rather than one that mimics the tendencies of continental Colombia. This perspective permits the establishment of connections between both regional spaces —insular and continental—, and simultaneously evaluates the phenomenon´s regional impact by exploring the illegal connections formed in the archipelago with neighboring Caribbean countries. Finally, the hypothesis is sustained that the trafficking phenomenon on the island is a result of historical, cultural and socio­economic factors that explain the active participation of certain sectors of the island´s society in these illegal activities.

Keywords: Drug Trafficking in Colombia; San Andres Island (Colombia); the Great Caribbean Region; Violence; Social Crisis.


 

 

Introducción

La investigación que soporta los planteamientos expuestos en este artículo, se desarrolló a partir de un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el fenómeno del narcotráfico en la región del Gran Caribe y en el archipiélago de San Andrés (Colombia). Para la descripción del contexto general del Gran Caribe, se realizó un análisis de fuentes de segunda mano. Para el estudio de caso, el trabajo de campo incluyó la recolección de fuentes de primera mano basadas en entrevistas abiertas a los altos mandos de la Armada y la Policía departamental. Se analizó, además, el archivo periodístico de la isla para establecer las conexiones ilegales del negocio con otros países vecinos en Centroamérica y el Caribe.

El texto desarrollado en estas páginas, parte de la idea general según la cual, en un ámbito de relaciones históricas caracterizadas por la aceptación de las prácticas socioculturales y económicas de la informalidad, el contrabando y el tránsito indiscriminado de bienes y productos no sujetos a restricciones legales, el fenómeno del tráfico de drogas y sus delitos asociados se constituyeron en las prácticas ilícitas más comunes en el Gran Caribe durante las dos últimas décadas. En ese contexto, la región pasó a ser parte del nuevo marco de la seguridad internacional a partir de las políticas de interdicción y de law enforcement dirigidas a controlar el fenómeno del narcotráfico. Dichas tendencias se vieron reflejadas en la Isla que hacia finales de la década de los noventa se constituyó en un punto de tránsito y de interdicción de las drogas ilícitas. A continuación, se mencionarán de manera resumida las características generales de la región Caribe en materia de seguridad, tráfico y consumo de drogas ilegales, para luego entrar en caso del archipiélago de San Andrés.

 

1.       Caracterización del fenómeno del narcotráfico en el Gran Caribe

La región que comprende el Gran Caribe, es decir, el conjunto de Estados insulares y territoriales pertenecientes a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), está conformada por tres subregiones que tienen como atributo común su pertenencia o presencia en el mar Caribe. Los cinco países centroamericanos,[1] los miembros plenos y observadores del Caricom o Caribe insular[2] y los países latinoamericanos que tienen costas sobre el mar Caribe[3] son, sin embargo, tres subregiones que han evolucionado en distintos y diversos contextos políticos y culturales.[4]

Si bien ha existido gran heterogeneidad que ha dificultado el establecimiento de criterios únicos para definir al Caribe como región integrada,[5] sí ha sido posible identificar rasgos históricos compartidos que han permitido entender al Caribe como una entidad cultural[6] e incluso económica. En su sentido fundacional, por ejemplo, los países del Caribe compartieron toda una historia marcada por las economías de la plantación, la rivalidad comercial y política entre las potencias europeas y el sincretismo sociocultural de las tradiciones de las poblaciones indígenas, los esclavos africanos y los pobladores y regidores europeos (Cf. Pantojas, 2009). No obstante, estos rasgos compartidos se han articulado de formas específicas en cada país o sociedad para dar paso a una realidad más diversa y compleja generando un conjunto de retos de cara a su definición e integración como región Caribe.

Hoy en día, sin embargo, se habla del Gran Caribe para incluir a todos los países y territorios insulares que se encuentran en medio o que poseen litoral en este mar, y es precisamente esa condición la que ha propiciado un contexto favorable al desarrollo de actividades ilícitas de carácter transnacional como ha sido especialmente el tráfico de drogas ilícitas y de armas por la región.

En la medida en que este artículo se ha circunscrito al análisis de la problemática del narcotráfico en la Isla de San Andrés, que por su ubicación estratégica conecta con distintos puntos tanto del Caribe centroamericano como del Caribe insular, se tendrán en cuenta no solo los aspectos que son comunes a las distintas subregiones en torno a dicha problemática, sino los distintos aspectos que las diferencian y que enmarcan las diversas dinámicas de tráfico que ocurren en el contexto amplio del Gran Caribe.

La región del Caribe presenta, entonces, una serie de características generales que la hacen mayormente vulnerable a la expansión del negocio ilegal de las drogas. En primer lugar, su especial situación geográfica determinada por su ubicación natural como puente entre los países productores y los países consumidores de drogas ilícitas. [7]En este sentido, y teniendo en cuenta que la mayor parte de la cocaína se transporta por mar, la región se hace aún más vulnerable al tráfico marítimo (Cf. United Nations Publication, 2007, p. 19).

En segundo lugar, la gran fragmentación territorial de la región[8] ha permitido un mayor margen de maniobra por parte de los traficantes que dominan el negocio. A lo anterior, se suma el bajo costo de las operaciones de tráfico por la región,[9]  y la relativa estabilidad política y tranquilidad social, dado su posicionamiento como una de las zonas menos expuestas a conflictos de carácter civil, guerras y revueltas sociales.

El turismo constante y el desarrollo de la banca externa son aspectos adicionales que facilitan el lavado de dinero y el tráfico indiscriminado de todo tipo de recursos asociados al crimen transnacional. Los altos niveles de corrupción y la presencia de relaciones de informalidad y contrabando se pueden identificar, a su vez, como causa y efecto del fenómeno del narcotráfico en la región; si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el Caribe anglófono se encontraba hasta hace muy poco entre las regiones menos reguladas del mundo en tópicos como la financiación de los partidos políticos, que todavía son vistos bajo la ley como clubes privados (Cf. Pinto-Duchinsky, 2001, pp.21-24).

Desde una perspectiva estructural, la crítica situación socioeconómica de la región es una característica casi generalizada que, gracias a un sector cada vez más creciente de población empobrecida y sin oportunidades de empleo o de inserción económica, fortalece los negocios ilegales como el narcotráfico y otros asociados, constituyéndose en una fuente efectiva de recursos para los sectores más desfavorecidos. Se sabe, por ejemplo, que el Caribe contiene siete de las economías más empobrecidas del mundo y que, paralelamente, para el año 2000 el negocio del narcotráfico en esta región generó un estimado de 3,3 billones de dólares, representando el 3,1% de su Producto Interno Bruto (Cf. Klein et ál., 2004).

En cuanto a las tendencias de la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales, en el Caribe se localizan cuatro de los veinte países identificados como principales productores y puntos de tránsito, estos son: Bahamas, Jamaica, Haití y República Dominicana. En este contexto, la marihuana es la única droga natural producida en el Caribe, pero representa apenas el 4,2% de la producción global. El mercado más grande de marihuana en el Caribe es Jamaica, el cual genera unos 10 millones de dólares —casi la mitad del mercado regional y 2,8% del PIB registrado—. En el año 2000, las exportaciones de marihuana jamaiquina generaron 160 millones de dólares en réditos para el país. Jamaica produce 180 toneladas de marihuana anualmente sobre un área cultivada de 265 hectáreas, lo cual representa el 55% del total de la producción de marihuana caribeña. Por su parte, el Caribe oriental, incluyendo a Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes, producen 45 toneladas métricas de marihuana. San Vicente y las Granadinas han sobrepasado a Trinidad y Tobago como el primer productor de marihuana en el área con una producción total estimada de 25 toneladas métricas en un área aproximada de 20 hectáreas.[10] Es importante anotar, que ni el cultivo de amapola ni la producción de heroína tiene lugar en el Caribe. Pese a la información que ha emergido acerca de la existencia de laboratorios para la producción de anfetaminas en Puerto Rico, República Dominicana y Haití, no hay evidencia completa respecto a la manufactura de éxtasis en la región (Cf. Platzer et ál., 2004, p. 190).

En la última década, el tráfico de drogas por el Caribe ha sufrido, no obstante, una variación importante, pues los corredores centroamericano y pacífico han venido a ocupar un rol central en este sentido, especialmente en el tráfico de la cocaína que se produce principalmente en Colombia.[11]Algunos reportes evidencian, por ejemplo, que en los últimos años la situación se ha diversificado y que el Caribe se ha visto claramente desplazado como área de tráfico; debido al aumento de la capacidad de interdicción en esta zona los narcotraficantes están poniendo su mira incluso en el África occidental.[12] A pesar de lo anterior, el Caribe se mantiene como un corredor estratégico para los traficantes,especialmente cuando se fortalecen las estrategias de interdicción en Centroamérica y debido al menor costo que supone llevar la droga hacia Estados Unidos a través de países como Puerto Rico y República Dominicana, tal y como se señaló anteriormente.

De manera sorpresiva, se encuentra que el consumo de drogas en la región es muy bajo, pese a la gran cantidad de tráfico de drogas por la zona y a la percepción general de que aquellos países productores y de tránsito también terminan emergiendo como países de alto consumo. La prevalencia del uso de drogas anual en el Caribe está alrededor del 3,7 % en la población adulta. Esta proporción es levemente más baja que el promedio global, 4,2% y está muy por debajo de la prevalencia encontrada en los mercados mayores, 8,2% en Norteamérica y 10% en la Unión Europea (Cf. Platzer et ál., 2004, p. 200).

En cuanto a las consecuencias más importantes que ha tenido el flagelo del narcotráfico, se encuentra el aumento indiscriminado de los niveles de delincuencia y criminalidad, fuertemente asociado a la cantidad de recursos ilegales que entran a la región y a la debilidad estructural de muchos de sus países. En la región caribeña, las tasas de encarcelamiento asociadas a las drogas, las armas y la criminalidad se encuentran entre las más altas del mundo, pues se estima que 85.000 personas, el 3% de la población adulta, se encuentra en prisión (Klein et ál., 2004, p. 207). Así mismo, en Puerto Rico, aproximadamente 400 de cada 100.000 habitantes están presos, la que sería una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (Cf. Pérez, 2004). El lavado de dinero y la corrupción son también problemáticas asociadas que se suman a la dinámica de las drogas en esta región.[13]

Desde el punto de vista de la geopolítica, el rumbo de las amenazas en materia de seguridad y las medidas tomadas para contener el problema del narcotráfico han sido definidas durante el último siglo por la relación asimétrica entre los países del Caribe y la potencia norteamericana. La importancia geoestratégica que cobró la región durante la época de la guerra fría llevó a la presencia evidente de Estados Unidos, haciendo que el Caribe se convirtiera indudablemente en el "Mediterráneo Americano" (Cf. García, 1998, p. 74). De este modo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó una infraestructura de bases militares e instalaciones estratégicas; entre ellas, las bases e instalaciones en Panamá, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Antigua, Bahamas, Bermuda, Islas Vírgenes, Santa Lucía, Trinidad y Guyana, y las tropas estacionarias en Aruba, Curazao, Surinam, Guyana Francesa, Haití y República Dominicana.[14]

No obstante, luego del fin de la guerra fría el Caribe perdió protagonismo en la nueva agenda de seguridad estadounidense y el declive de la amenaza del comunismo llevó a una reformulación de dicha agenda y a partir de la década de los noventa, se incluyeron amenazas no convencionales como el fenómeno de las drogas ilícitas y otros temas relativos a la seguridad humana, entre ellos, la pobreza, los desastres naturales y las pandemias globales.

En el nuevo marco de la seguridad, el acercamiento que se hizo al Caribe se basó fundamentalmente en una política de interdicción y de law enforcement para controlar la dinámica del tránsito de las drogas provenientes de la región andina hacia los Estados Unidos. Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center en Estados Unidos, cuando la guerra contra las drogas fue desplazada y luego conectada a la guerra contra el terrorismo, fue más difícil evidenciar una relación entre ambos fenómenos (Cf. Munroe, 2004, p. 166). La principal preocupación en esta región se derivó de su condición turística relacionada con el flujo constante y abierto de personas en tránsito provenientes del mundo entero. El Caribe fue visto entonces como un escenario potencial para el albergue y tránsito de terroristas provenientes de ciertas regiones o países considerados como "peligrosos" por el gobierno estadounidense.

Cabe resaltar, sin embargo, que en su relación con los países del Gran Caribe y a pesar de las tendencias geopolíticas que marcan un especial rumbo en materia de amenazas a la seguridad regional, Estados Unidos también ha manejado estrategias diferenciadas según el rol específico que cumplen ciertos países en cada una de las subregiones en torno a la cadena y el circuito del tráfico de drogas. Así, mientras en un país continental como Colombia que tiene costas en el Caribe la atención ha estado completamente orientada hacia la reducción de la producción y la oferta de drogasa través de los conocidos Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina;[15] en la subregión centroamericana, los proyectos de la asistencia estadounidense a través del Plan Mérida se han concentrado en el combate a la amenaza del tráfico de drogas, armas y personas, aportando un enfoque especial a la relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia de las pandillas armadas que surgieron luego de los postacuerdos Esquípulas de la década de los noventa, sobre todo en países como El Salvador y Guatemala (Cf. Rivera, 2009).

En cuanto al Caribe insular, el énfasis se ha puesto en los programas de interdicción marítima, estando entre los territorios más representativos de esta problemática países como Jamaica, Bahamas, Aruba, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Es de resaltar este último país con quien Estados Unidos ha establecido importantes acuerdos de cooperación binacional,[16] debido al control que las redes ilícitas dominicanas ejercen sobre las redes de tráfico de drogas en Puerto Rico y en general en el este del Caribe (Cf. Bobea, 2009).

Pese a los intentos por lanzar iniciativas comunitarias en los escenarios de integración en el Caribe, tales como el Caricom y la AEC, la respuesta regional frente a la influencia de las políticas de seguridad estadounidense en la región se ha mantenido débil, debido a la centralización que caracteriza a las estructuras estatales de cada uno de los países caribeños, a la gran fragmentación de la región y a la debilidad institucional de sus Estados. Es así como en el Caribe se han visto muy limitadas las posibilidades de establecer coordinaciones interestatales en la lucha contra las drogas y otras problemáticas de seguridad, ya que hasta el presente, esta coordinación no ha sido fácil de concretar en los niveles interregional y hemisférico, en especial por falta de recursos y capacidades desde una perspectiva comunitaria e integradora.

 

2.       El caso de San Andrés: aspectos específicos del fenómeno del narcotráfico en la isla

El archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina situado a 775 km de la Colombia continental es un territorio de apenas 26 km2 con 70.500 habitantes aproximadamente. Por su ubicación geográfica —a solo 160 km de Nicaragua y en camino de las grandes rutas de comercio— el Archipiélago es un punto geoestratégico para el tráfico de drogas en la ruta hacia Europa y los Estados Unidos (véase la estrella señalada en el mapa 1). Recordemos, a su vez, que Colombia está catalogado como el primer país productor de cocaína: "en el 2007, a nivel mundial se produjeron 994 toneladas de cocaína, un poco más de las 984 toneladas producidas en el 2006, de las cuales Bolivia produjo 104, Colombia produjo 600 y Perú produjo 290" (Naciones Unidas, 2008, p.13). Debido al papel predominante que cumple Colombia en el tráfico mundial de drogas, especialmente en el caso de la cocaína, las grandes organizaciones del narcotráfico que operan actualmente en este país han aprovechado el potencial geoestratégico de la isla de San Andrés para llevar a cabo múltiples operaciones de tráfico con destino a los grandes mercados consumidores.

 

[17]

 

Para empezar a caracterizar la condición de la isla en el contexto del Caribe, resulta necesario identificar las tendencias que se han venido marcando en torno al tráfico de drogas ilícitas por la región. Como se puede observar en el mapa 1, una de las rutas más utilizada para el tráfico de cocaína en el Caribe insular es la que inicia en Colombia y se dirige a Jamaica y a Bahamas a través del Caribe occidental, con el fin de llegar a los Estados Unidos. Otra ruta importante es la que se dirige a Puerto Rico vía República Dominicana, con alrededor de 30 toneladas métricas de drogas anuales pasando por este corredor (Naciones Unidas, 2008, p. 195). En cuanto al Caribe continental, la tendencia principal de las drogas sigue siendo su desplazamiento hacia el corredor centroamericano entrando por las costas caribeñas, o saliendo por los países continentales del este con destino hacia Europa y África.

En medio de estas posibilidades o tendencias del tráfico, se puede ubicar a San Andrés como un punto de paso estratégico de drogas, que se encuentra especialmente cercano al corredor centroamericano, es decir, a la ruta actualmente más activa para el tráfico ilegal que opera en esta región. En este sentido, la ubicación geoestratégica del archipiélago lo dota de una ventaja comparativa importante cuando se trata de hablar de la "salida Caribe" de las drogas que provienen de la Colombia continental. A su vez, la isla permite establecer una fácil conexión con las islas del Caribe occidental más activas en el negocio del narcotráfico: Jamaica, Puerto Rico, Haití y República Dominicana.

El archipiélago ha venido cumpliendo, además, un papel específico en la cadena del narcotráfico que se ha establecido en el Caribe durante los últimos años, tanto desde el punto de vista de su participación en la dinámica del tráfico, como desde el punto de vista de las modalidades que para ello se utilizan. En general, una buena parte de los estupefacientes no están entrando de manera directa al territorio insular; de hecho, se cree que una mínima parte de lo que llega del continente toca el interior de las islas. En este sentido, la dinámica más frecuente con la que operan los traficantes en San Andrés se hace a través de una escala de abastecimiento en el mar, que no necesariamente pasa por territorio isleño.

En esta modalidad, los cargamentos de drogas salen desde cualquier parte del litoral del Caribe colombiano, zarpando especialmente de Cartagena, la Guajira, Coveñas y el Golfo de Morrosquillo. Una vez en medio del mar y a unas 10 o 15 millas naúticas del territorio insular, llegan las lanchas rápidas denominadas go fast (de tres o cuatro motores fuera de borda) o los pequeños barcos pesqueros provenientes de San Andrés que están involucrados en el negocio y que tienen como objetivo abastecer de combustible a estas embarcaciones para que puedan finalizar el trayecto hacia Centroamérica o Estados Unidos. De acuerdo con declaraciones oficiales de la Armada Nacional de Colombia,

[…] es común la utilización de modalidades en que las lanchas que salen de Urabá o la Guajira, vienen abastecidas con drogas y con alrededor de 400 galones de combustible para el camino. Cuando esta cantidad no es suficiente, los traficantes coordinan con algunos de sus contactos en San Andrés o Providencia donde una go fast o un barco pesquero, les suministra el combustible necesario para concluir el trayecto, en alguna parte de la ruta (Capitán Evelio Enrique Ramírez Gáfaro,comunicación personal, octubre 8 de 2009).

En otras ocasiones, las líneas mercantes o flotas grandes que traen víveres a la isla, esconden las drogas de múltiples formas,[18] que luego son transbordadas en el mar con ayuda de las go fast y llevadas directamente hasta las costas de Honduras, Costa Rica o Nicaragua, haciendo un trayecto corto de no más de seis horas, con el fin de ubicar a otros contactos y hacer el posterior traspaso de la droga para iniciar la ruta terrestre centroamericana.

Finalmente, se encuentra la modalidad aérea en la que el clorhidrato de cocaína y la marihuana son traídas por viajeros o turistas implicados en el negocio por medio de las aerolíneas y vuelos comerciales. En esta modalidad, lo común es dividir por partes (25 o 30 kilos) un cargamento que termina siendo de gran tamaño (300 kilos), camuflados o encaletados de distintas formas. Posteriormente, se emplea una lancha go fast de dos motores, con una altura considerable y en capacidad de enfrentarse al océano atlántico. La droga sale desde San Andrés y se entrega finalmente en Centroamérica, por tierra o en avión, desde donde normalmente se dirige hacia México y después se envía a los Estados Unidos. Hay rutas antiguas que hoy son menos utilizadas y que implican a la cadena de islas del Caribe: San Martín, Guadalupe, Dominica y Gran Caimán con destino a Miami.[19]

Como se ha podido evidenciar hasta el momento, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no solo se utilizan para traficar drogas por vía terrestre o marítima, sino que debido a la magnitud que le supone los aproximadamente 250.000 km2 de Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva, así como las fronteras marítimas que comparte con cuatro países centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras), se puede decir que el archipiélago se ha venido especializando como lugar de reabastecimiento y acopio de combustible y drogas en la cadena del narcotráfico que se mueve en la ruta por el mar Caribe y Centroamérica.

[20]

 

 

 

Por otra parte, si observamos el panorama general de la isla en cuanto a número de incautaciones, capturas por porte de drogas, armas y dólares, entre otros recursos de carácter ilícito, podemos hacernos una idea más realista de la magnitud del negocio en este territorio insular. Según los últimos datos reportados por dos de las agencias estatales de control del tráfico de drogas en la isla (la Policía Nacional y la Armada) que operan localmente, hay un movimiento importante en lo referido al número de incautaciones de drogas y capturas implicados en el negocio, como podemos ver en la tabla 1.

Dada la magnitud de las incautaciones registradas hasta el momento, se puede inferir que existe un movimiento significativo en la isla de San Andrés en lo relacionado con el tráfico de estupefacientes. No obstante, se puede afirmar que el archipiélago no representa actualmente un papel importante en lo relativo a la salida de cargamentos de droga, como sí ocurre en otras regiones desde donde los cargamentos salen directamente, como son el Pacífico colombiano[21] y la salida por el Caribe continental.

A pesar de lo anterior, en el último cuatrienio se ha presentado disminución relativa tanto en el número de incautaciones de drogas como en el de capturas en el archipiélago. Esta disminución puede deberse de manera específica a la gran cantidad de recursos que el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe ha ejecutado en el marco de su Política de Seguridad Democrática, que fue el pilar fundamental de su gobierno, y que, en términos generales, pretende atacar desde una drástica perspectiva militar y punitiva el problema de la insurgencia, la delincuencia y el tráfico de drogas.

En este sentido, en lo que respecta a la fuerza policial del archipiélago, se pudo evidenciar el incremento en el número de personal traído a las islas durante el último cuatrienio, pasando de 260 policías en 2004 a 479 en 2009.[22] De igual modo, el fortalecimiento de las fuerzas de control en el territorio insular se reflejan en el hecho de que San Andrés tiene uno de los índices más alto de policías por cada mil habitantes (4,4), después del departamento de Casanare con 4,5 y del departamento de Amazonas con 4,4.

En palabras del capitán Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, Director del Comando Específico de San Andrés y Providencia (CSYP) de la Armada Nacional de Colombia, "la disminución en las incautaciones se adjudica a factores precisos como el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, y al mejoramiento de las capacidades de control, lo que hace que a los narcotraficantes se les presente un mayor riesgo frente a la posibilidad de traer cocaína a la isla" (capitán Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, comunicación personal, octubre 8 de 2009). El capitán Ramírez anota, sin embargo, que también es necesario decir que el narcotráfico es un fenómeno dinámico y flexible que varía en sus formas de operar ante las medidas que toman los gobiernos o la fuerza pública para atacarlo. En este sentido, es posible que debido al impacto de las políticas del gobierno nacional se estén dando variaciones en las rutas y medios de transporte de las drogas, así como un perfeccionamiento en las estrategias y maniobras de los narcotraficantes, por lo que una disminución en la tasa de incautaciones no implica que esté saliendo una menor cantidad de droga del país.

En términos generales, con la Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, las autoridades de las islas han percibido el crecimiento del pie de fuerza de todo el comando general y de sus recursos técnicos, sin embargo, los índices de criminalidad asociados al narcotráfico se mantienen estables y hoy en día existen más de ochenta jóvenes sanandresanos judicializados y más de ciento veinte casos de muchachos comprometidos en la delincuencia común y el narcotráfico (teniente coronel Héctor Enrique Páez Valderrama, comunicación personal, octubre 302009). Nada más en el año 2010, 24 personas fueron asesinadas por grupos delincuenciales que se presume hacían parte de las denominadas Bacrim o bandas criminales que han surgido en los últimos años como producto del proceso de desmovilización y reinserción paramilitar (Sanchez, marzo 2 de 2011), lo que actualmente se constituye en el mayor problema de seguridad de la isla; ello lleva a pensar que existen diversos aspectos los cuales pueden explicar el incremento de la criminalidad en San Andrés a pesar del fortalecimiento de las medidas de seguridad. Entre estos aspectos se encuentra la ineficacia y la falta de consistencia de la política de reinserción y desmovilización que se ha llevado a cabo hasta ahora con los grupos armados de paramilitares en el país, que no ha tomado en cuenta la configuración de un orden social y cultural preexistente en la isla, el cual está basado en el desarrollo de prácticas ilícitas como parte de unas condiciones geográficas e históricas que explican en parte su propensión a la participación en negocios y economías ilegales. De igual manera el mantenimiento de una política de seguridad que se empeña en atacar el problema desde una estrategia puramente punitiva y militar y que da escaso tratamiento a las problemáticas económicas de la pobreza y marginalidad, las cuales han facilitado la expansión del narcotráfico y la violencia en la isla, es un aspecto más que incide en el problema de la criminalidad.

Además de los datos examinados anteriormente, otros datos suministrados por la Armada Nacional siguen mostrando la complejidad del fenómeno debido al gran movimiento de recursos ilegales de todo tipo que ocurre en el mar del archipiélago. Como se puede observar en la tabla 3, el archipiélago es un centro de tráfico de todo tipo de recursos ilegales, pues, además de las drogas, se trafica con dólares ilegales, combustible y, especialmente, armas y municiones. En este punto es de resaltar que el armamento proviene fundamentalmente de Centroamérica y otros países del Caribe, con el fin de ser suministrado a los actores del conflicto armado que operan al interior del país en una modalidad de intercambio de drogas por armas.

En general, la problemática de las armas hace parte de un contexto que es común a la región centroamericana y caribeña, como consecuencia de los remanentes de situaciones de postconflicto en los países de la región, en donde las armas son transferidas posteriormente de unos países a otros. Esto sin contar con los llamados países desarrollados (especialmente Estados Unidos y la Unión Europea) quienes constituyen las mayores fuentes de armas de América Latina y el Caribe.[23]

Hoy en día, esta problemática se refleja también en San Andrés, donde anualmente se decomisa un número importante de armamento y municiones, de los cuales una parte se queda en la isla y la otra continúa su trayecto hacia el conflicto que se vive en la Colombia continental. El arsenal que se queda, sin embargo, incrementa la tendencia a los crímenes armados y profundiza la precaria situación en materia de seguridad en el archipiélago, donde cada vez son más comunes los casos de homicidios, ajustes de cuentas y crímenes relacionados con los negocios ilegales. En cuanto al tráfico de drogas, durante los últimos años y al igual que con los datos suministrados por la Policía Nacional, los datos de la Armada también registran disminución de las incautaciones de droga en el mar. Como ya se ha mencionado, esto puede deberse al fortalecimiento de la Política de Seguridad Democrática y a la consecuente búsqueda de nuevos métodos y estrategias por parte de los traficantes para evadir a las autoridades a través de un refinamiento de sus operaciones ilegales.

 

 

 

Por otra parte, la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe no ha dudado en favorecer las operaciones conjuntas de las fuerzas armadas colombianas con unidades de guardacostas estadounidenses, que hacen presencia permanente en la región Caribe. Según la Armada Nacional, la isla de San Andrés cuenta con el apoyo estadounidense a través de una comunicación constante del Comando Específico de San Andrés y Providencia (CESYP) con los guardacostas americanos, a quienes se les informa cuando las embarcaciones se han escapado del control de las autoridades locales.[24] De esta manera, los buques de la marina y los guardacostas norteamericanos navegan en aguas colombianas fuera de las 12 millas que delimita la ley internacional del mar, donde está permitido el tránsito de otras banderas, desarrollando actividades de intervención marítima en coordinación con la Armada para luego comunicar los acontecimientos a las autoridades en Bogotá y proceder a la inspección (teniente Coronel Héctor Enrique Páez Valderrama, comunicación personal, 2009, octubre 30).

En términos generales, la presencia estadounidense en la región Caribe se sigue haciendo visible, de manera que países como Colombia y otros centroamericanos y del Caribe recurren con mayor regularidad al apoyo de los Estados Unidos para solucionar sus problemas de seguridad antes que optar por una cooperación directa con los países vecinos. Sin embargo, y a pesar de la relativa disminución en términos de incautaciones y capturas asociadas al narcotráfico así como de las políticas de seguridad democrática y la presencia permanente de Estados Unidos en la región, queda la duda de si la gran inversión que se ha realizado en el país para las operaciones de interdicción, aumentar el pie de fuerza y fortalecer las medidas de seguridad, han logrado mitigar el fenómeno de las drogas, la delincuencia y otros delitos asociados.

 

3.       San Andrés en medio del Caribe: relaciones de narcotráfico con los países vecinos

Por su ubicación geográfica, el archipiélago de San Andrés se ha constituido en un punto de tránsito para las drogas provenientes de la Colombia continental hacia el principal mercado consumidor que es Estados Unidos. La cercanía de la isla a las costas de los países centroamericanos, especialmente Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá se traduce en mayor impacto de las relaciones de narcotráfico que se ven reflejadas en el aumento de capturas de isleños y colombianos en los países vecinos y en el establecimiento de redes más estables de narcotraficantes de carácter transnacional. En una revisión del archivo local de prensa de la isla de San Andrés (Semanario The Archipielago Press) durante el año 2006, de un total de 162 artículos encontrados sobre narcotráfico, la mayoría de las noticias que involucraban a los países vecinos que perciben el impacto de la salida y tráfico de drogas desde el archipiélago hacían referencia a Nicaragua (12 noticias), Honduras (9 noticias) y en menor medida a Panamá (6 noticias) y Costa Rica (4 noticias).

En cuanto al número de capturados en el exterior, durante el mismo año, se reportó que 9 isleños fueron capturados en aguas hondureñas[25] y enviados a prisión en Estados Unidos como parte de los acuerdos de interdicción celebrados entre los dos países,[26] 8 isleños fueron detenidos en Panamá, 4 en Costa Rica y 10 en Nicaragua. Estos datos nos dan una idea acerca de los países con los que el archipiélago presenta mayor relación de narcotráfico. El primero de ellos Nicaragua, como es previsible, por su gran cercanía y por los históricos lazos familiares y culturales que unen a los habitantes de las costas nicaragüenses en Puerto Cabeza y Bluefields, con los raizales sanandresanos.[27] En orden de importancia, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica se ubicarían como los siguientes países centroamericanos con los que el archipiélago tiene una importante relación en materia de narcotráfico.

En lo referente a la dinámica de entrada y salida de drogas por las costas caribeñas de la región, un comunicado mexicano tomado de The Archipielago Press afirma con claridad que la isla de San Andrés es clave en el transporte de narcóticos hacia México. Entre la lista de las claves de las posiciones de trasiego allí relacionadas se encuentran: Caracas, a través de Maracaibo; Panamá, a través de Colón y Boca del Toro; Costa Rica, desde Puerto Limón; Nicaragua, a través de Bluefields y Puerto cabezas; Honduras, a través de Puerto Lempira, Trujillo, La Ceiba, Roatán, Islas Santanilla, y Belice y Chetumal México. También se menciona a Colombia, a través de Rioacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y la isla de San Andrés (The Archipielago Press, noviembre 4 de 2006, p. C2). Se evidencia entonces la gran dinámica que se mueve en ciertas regiones que están situadas específicamente en la periferia de estos países y que están ubicadas de cara al mar Caribe. El archipiélago de San Andrés, por su parte, estaría ubicado en el corazón de esta microregión caribeña, conectando a varios de los puntos geográficos más importantes para el tráfico de drogas por Centroamérica y el Caribe.

Algunas de la noticias recogen también comunicados que revelan la preocupación por la magnitud que está alcanzando el fenómeno, se resaltan, por ejemplo, las noticias hondureñas que dicen que el país no solo es un puente de paso de drogas hacia Estados Unidos, sino que cada año crece el consumo y las muertes relacionadas con el narcotráfico. En este mismo sentido, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo incluso que Honduras se había convertido en un narcoestado y que lo que estaba pasando en ese país se parecía a lo que pasaba con la evolución de este flagelo en Colombia. La situación resulta muy crítica por cuanto en Honduras ya no solo habría puntos ciegos en las fronteras terrestres, sino también puntos ciegos en el cielo y en las aguas nacionales hondureñas (The Archipielago Press, marzo de 2006, p. C2).

Otras noticias mencionan, por ejemplo, la preocupación de países como Nicaragua que, según fuentes de investigación, confirman que ha incrementado la presencia de traficantes mexicanos y colombianos en este país. El comunicado afirma que mientras los mexicanos estarían operando en el pacífico, los colombianos estarían operando en el Caribe a través de San Andrés (The Archipielago Press, octubre 6 de 2006, p. C2).

 

Conclusiones: aspectos explicativos de la presencia y expansión del fenómeno del narcotráfico en la isla de San Andrés

Existe un conjunto de condiciones geohistóricas, socioculturales y económicas que explican la presencia, permanencia y cada vez mayor expansión del negocio del nacotráfico y sus efectos asociados en la isla de San Andrés. Un primer aspecto para tener en cuenta se desprende de la relación geográfica e histórica que ha tenido el territorio isleño con el entorno del mar Caribe. Geográficamente, por ejemplo, el archipiélago estuvo localizado cerca de la ruta de los galeones durante el período colonial y se mantuvo como un punto de apoyo a las redes de piratería que, por la época, configuraban el poderío económico de las potencias europeas que se disputaban el conjunto de territorios circundantes a esta región caribeña. Las luchas coloniales, el contrabando y la piratería del siglo xvii configuraron con el paso del tiempo una zona de paso estratégica a través de la cual la isla de San Andrés se insertaba en el mundo de intercambios comerciales y relaciones económicas y de dominación con las principales potencias europeas.

Todos estos elementos geográficos e históricos ayudan a entender la forma en que la isla de San Andrés emergió a partir de una relación histórica con el comercio tanto legal como ilegal de bienes, que, a su vez, permitió la configuración de un uso territorial y poblacional de recursos insertados en las prácticas culturales y económicas propias del mar Caribe. El autor Alberto Abello (Cf. 2009, p. 74) argumenta, por ejemplo, que los habitantes de la isla adquirieron destrezas y herencias históricas en la navegación, lo cual se constituyó en un rasgo natural y cultural del isleño que en el siglo xx y bajo un contexto propicio para el desarrollo de nuevas actividades ilícitas ha sido aprovechado con el fin de transportar drogas por el mar Caribe y hacerlas llegar hacia distintos puntos en centroamérica u otras islas de la región.

Cabe anotar al respecto que existe toda una discusión académica que muestra la importancia de la configuración de los órdenes sociales y culturales alrededor de la economía ilegal como factor explicativo de la mayor o menor proclividad de ciertos territorios a las prácticas ilícitas. Francisco Thoumi (Cf. 2010, p. 7) define esta problemática como un conflicto que experimentan algunos países o regiones que se debaten entre la norma legal y la norma social, es decir, entre la ley y la cultura. Para el autor, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social o las crisis económicas no son las únicas variables que contribuyen con el desarrollo del negocio del narcotráfico, sino que también debe presentarse un factor clave y es que en la sociedad haya grupos para los cuales violar las leyes sea perfectamente aceptable.

Gustavo Duncan (Cf. 2008), por su parte, ha sostenido que el narcotráfico, a su vez, ha contribuido en la conformación de órdenes sociales que varían sustancialmente de acuerdo con la fase de la empresa del narcotráfico que predomina en cada territorio, a las características geográficas del entorno, a la población que lo habita y a la historia misma de esa población. Para Duncan, por ejemplo, el fin de un actor armado vinculado a los negocios ilegales por vía de la negociación o de la derrota militar no supone el fin de un orden social basado en las redes clientelistas y en un sistema de valores, normas, hábitos y comportamientos que le dan sustento a sus dominios ilícitos.

El caso de San Andrés Isla es un paradigma de esta situación, ya que podría afirmarse que, a la par de los factores históricos y geográficos mencionados anteriormente, existen otra suerte de condiciones sociales y culturales que han configurado un orden social permisivo con las prácticas ilegales y que se han instaurado como parte de una dinámica cultural que permea todas las capas de la sociedad, pero que impacta fundamentalmente a la población joven que se involucra en este tipo de actividades.[28] Así, la búsqueda del reconocimiento y el ascenso social, la necesidad de acceder a bienes y artículos de lujo, que de otra manera no podrían ser conseguidos, y la búsqueda de una vida con comodidades en un territorio que ha sido históricamente descuidado por el Estado y ajeno a las regulaciones formales en las actividades económicas han propiciado la permanencia y expansión del fenómeno del narcotráfico que, por definición, también viene acompañado de formas específicas de violencia y control territorial y social.

Además de estos condicionamientos, se puede decir que las transformaciones en el contexto socioeconómico de San Andrés en las dos últimas décadas han facilitado la inserción de la economía ilegal en la isla. Todo ello ha constituido al narcotráfico en una fuente de ingresos y de beneficios para algunos grupos pertenecientes a las capas más desfavorecidas de la población. Como ha sido discutido por Adolfo Meisel, desde que se declaró el fin del puerto libre[29] en1992 y la economía colombiana se abrió al mercado global, los privilegios de liberalización comercial que tenía la isla[30] se terminaron. Ello, por supuesto, impactó negativamente las posibilidades de ingresos para los isleñosy pudo haber propiciado su participación en el negocio de las drogas ilícitas.

Si se le da una mirada general al contexto socioeconómico de San Andrés en la última década, se encuentra, por ejemplo, que según datos aportados por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), para el año 2007, el 63,2% de la población que se encontraba en la cabecera de la isla y el 75,6% que se encontraba en el área rural y se encontraba en situación de pobreza. Para el mismo año, más de la mitad de los hogares en San Andrés, esto es, el 66,9%, se encontraba en situación socioeconómica vulnerable, es decir, en los niveles 1 y 2 en los que se identifican las condiciones de pobreza extrema y pobreza respectivamente (Cf. Departamento Administrativo de Planeación. Oficina de Información y Estadística, mayo de 2007). Este primer panorama socioeconómico advierte las dificultades que tienen sus habitantes para acceder a un nivel de ingresos adecuado que les permita sobrevivir. En esta medida, los negocios ilegales y, en especial, el negocio del narcotráfico podrían constituirse en una oportunidad económica para una población flotante, mayoritariamente joven, que no tiene otra opción más que participar en este tipo de actividades ilícitas. No puede afirmarse, sin embargo, que exista una relación directa entre el incremento de la pobreza y la marginalidad y los mayores índices de criminalidad y de actividades ilegales en la isla y demás territorios del Caribe.

Existen diversos estudios[31] que cuestionan la relación entre pobreza y violencia y conflicto o criminalidad, al argumentar que no en todas las regiones o países que existen niveles alarmantes de desigualdad y marginación ocurren conflictos armados o una propensión a las prácticas transaccionales de tipo criminal e ilegal. Se puede argumentar, no obstante, que las condiciones socioeconómicas, a menudo vinculadas con situaciones de ausencia estatal, pobreza y marginación, propician contextos, que en conjunto con otros factores de tipo histórico, geográfico, social y cultural, facilitan y reproducen dinámicas relativas a la violencia y a la ilegalidad.[32] Ello queda demostrado cuando se evidencia que el negocio de la droga no solo toca a los jóvenes de las clases más bajas, ya que los miembros de las clases altas y los empresarios también participan activamente del negocio a través del lavado de dólares y la compra de bienes muebles e inmuebles por cuenta de los recursos del narcotráfico y la corrupción.[33]

En conclusion, diversos factores contribuyen a explicar la permanencia y expansión de las actividades ilícitas en la isla de San Andrés, entre ellos, aspectos geográficos e históricos relacionados con la forma en que los territorios del Caribe han mantenido una relación dual con la legalidad y la ilegalidad desde la época misma de las luchas coloniales de las potencias europeas y que han moldeado las habilidades, intereses y comportamiento de sus habitantes. En un contexto de crecientes dificultades socioeconómicas, se entremezclan otros aspectos culturales como el afán por la respetabilidad, el consumo y los lujos, lo cual favorece la presencia y expansión del fenómeno del narcotráfico en este territorio particular.

 

Notas

* El presente artículo es resultado de la investigación "Diagnóstico de la problemática del tráfico ilícito de drogas en el Caribe insular colombiano", Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe, código, código 20101003423.

[1] Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras y el Salvador.

[2] El Caricom a su vez, se compone de sus miembros plenos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago; sus Miembros asociados: Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas; y sus miembros observadores: Aruba, Antillas Neerlandesas, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

[3] México, Colombia, Venezuela, Panamá y Cuba.

[4] Para profundizar en este tema véase Girvan, 2001, cap. 1.

[5] Para un análisis ampliado véase Ramírez, 1997.

[6] Para un análisis más amplio véase Benítez, 1997, p. 34.

[7] Como es bien sabido, la región suramericana produce la mayor parte de la cocaína del mundo, 88%, la cual es destinada a los mercados estadounidense y europeo, con un valor agregado de setenta billones de dólares. A su vez, los mayores mercados consumidores de drogas ilícitas son Estados Unidos y Europa, lo que hace que la región Caribe se constituya en un corredor natural de todo tipo de flujos ilegales (Cf. United Nations, 2005).

[8] Si se tiene en cuenta, por ejemplo, que algunos Estados insulares como San Vicente y las Granadinas reúnen cerca de 600 islas, o que Bahamas está compuesta por setecientas islas y dos mil cayos, esto hace que el Caribe sea muy proclive a la existencia de múltiples lugares inhabitados y a la ausencia de control de territorios y mares (Cf. Taylor, 2000).

[9] Trafficking groups based in Mexico normally will charge Colombian traffickers 50% of each shipment to transport their product through Mexico to the U.S. Meanwhile, groups from Puerto Rico and the Dominican Republic offer the same service for as little as 20%. Thus, many groups from Colombia, particularly those who have risen to power since the Cali syndicate’s fall, have returned to the traditional smuggling routes in the Caribbean. This has resulted in larger shipments of cocaine transiting the Caribbean Sea. Seizures of 500 to 2,000 kilograms of cocaine are common in and around Puerto Rico and the Dominican Republic. (Cf. Taylor, 2000).

[10] En el año 2000 Colombia producía trece veces más marihuana que la totalidad de la región Caribe. Buena parte de la marihuana que fluía en la región era atribuible a las importaciones de la marihuana colombiana para el consumo interno o para el transbordo afuera del Caribe (Cf. Platzer et ál., 2004, p. 196).

[11] En el año 2007, la superficie total dedicada al cultivo de coca en Bolivia, Colombia y Perú aumentó en 16% (181.600 hectáreas). Ello se debió sobre todo al aumento del 27% en Colombia. La superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia, aumentó a 99.000 hectáreas en 2007, sobre todo por el aumento registrado en las regiones del pacífico y central, donde se concentraron más de tres cuartas partes del aumento total de la superficie (Cf. Naciones Unidas, 2008, p. 13).

[12] Según el diario El Tiempo de Colombia, uno de cada tres kilos de coca se va por la ruta africana, la cual se ha convertido en la más utilizada para llevar el alcaloide a los mercados de Portugal, España, Francia y, últimamente, Rusia (Cf. Redacción Justicia, febrero 10 de 2009).

[13] Caribbean Financial Action Group (CFATF) calculó en $60 billones la cantidad de lavado de dinero en el Caribe de un total mundial de 300 a $500 billones. Hoy en día, algunas islas como Antigua y Barbuda, las Bahamas, Islas Caimán, Dominica, República Dominicana y Haití son seis de los territorios caribeños que se encuentran entre los países de mayor lavado de dinero (Rodríguez Beruff, 2005, 2009). Según García, "[e]n el período de 1943 a 1945, Estados Unidos tuvo la mayor presencia militar de bases y efectivos en el Caribe que nunca antes ni después (ni ahora)" (1998, p. 74).

[14] Según García, "[e]n el período de 1943 a 1945, Estados Unidos tuvo la mayor presencia militar de bases y efectivos en el Caribe que nunca antes ni después (ni ahora)" (1998, p. 74).

[15] El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina hacen parte de una estrategia hemisférica de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Colombia y los países de la región andina. El costo del Plan Colombia fue estimado a 7.500 millones de dólares y los Estados Unidos debían aportar una ayuda de 3.500 millones de dólares. Más de la mitad del porcentaje de las ayudas estadounidenses se han destinado a la estrategia de apoyo y cooperación militar en la lucha contras las drogas y el terrorismo.

[16] El más reciente de ellos se dio en el marco de la Cumbre Regional sobre Droga, Seguridad y Cooperación que fue promovida por el gobierno dominicano en 2009 (Cf. Bobea, 2009).

[17] En la estrella se señala el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

[18] La cocaína se envía camuflada dentro de la estructura de los barcos debajo de los tanques de agua o dentro de los cilindros de gas. Los cilindros, que supuestamente son para uso de las cocinas del barco, se encuentran en ocasiones desarmados y llenos de cocaína. En alguna ocasión se han encontrado en los alrededores de San Andrés buzos que se meten debajo del barco en la noche e introducen tubos de PVC compactos que son introducidos en los otros cargamentos, por ejemplo, llenando los compartimentos de una nevera, cuyo comprador se desconoce (Teniente Coronel Héctor Enrique Páez Valderrama, comunicación personal, 2009, octubre 30).

[19] Los datos aquí señalados provienen de infomaciones dadas por el Teniente Coronel Héctor Enrique Páez Valderrama durante una entrevista que sostuve con él en San Andrés Isla el 30 de octubre de 2009.

[20] Las autoridades decomisaron en esta isla del Caribe el mayor cargamento de heroína en al menos una década en la historia de Colombia (The Archipiélago Press, 2006, octubre 20, p. A3).

[21] A manera de ejemplo se pude decir que en el año 2005 mientras en la isla de San Andrés se decomisaban por parte de la Policia Nacional de Colombia 1,8 toneladas de cocaína, en Tumaco se reportó para la misma fecha un decomiso de 15,1 toneladas de la misma droga (Cf. Asociación para la Promoción Social Alternativa –Minga–, Corporación Acción Andina Colombia, Codhes, 2005).

[22] Parte Geonumérico de San Andrés y Providencia. Policía Nacional de Colombia-Seccional San Andrés, 2004-2009.

[23] En lo que respecta al abastecimiento, estudios recientes dan cuenta de que el Caribe y Centroamérica fueron las subregiones que, en términos proporcionales, recibieron la mayor emisión de licencias para la importación de armas desde la Unión Europea en 2004. Se sabe también, por ejemplo, que Estados Unidos suple gran parte de la demanda de armas latinoamericana y caribeña, como lo demuestra el hecho de que 80% de las armas con las que se cometen crímenes en la zona fronteriza de México provienen de Estados Unidos (Cf. Bobea, 2009, pp. 270-271).

[24] Un avance significativo en los últimos años, derivado de la fuerte inversión que hace el gobierno nacional en materia de seguridad en los mares, corresponde a la construcción de la estación de tráfico marítimo, cuya construcción inició hace dos años y que se espera inaugurar próximamente. Esta estación fortalece la capacidad operacional y es un ejemplo evidente del apoyo del gobierno a las necesidades que se tienen en la isla frente a la lucha contra el narcotráfico. Comando Específico de San Andrés y Providencia, Armada Nacional de Colombia. Entrevista realizada al capitán Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, San Andrés Isla, octubre 8 de 2009.

[25] La cooperación entre los dos países se da en el marco del tratado militar de 1954 que habilitó la instalación en los años 80 de la base estadounidense de Palmerola, la mayor de América Central, ubicada en el centro de Honduras. Durante la última gira de David Brownfield a Honduras en 2011, se anunció una ayuda por 200 millones de dólares para el istmo, con el fin de ser utilizados en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, el fortalecimiento institucional y democrático y la prevención de pandillas juveniles (Cf. Mejía, febrero 18 de 2011).

[26] Es necesario tener en cuenta que en el marco de los acuerdos de interdicción y extradición que han sido firmados por Estados Unidos con Colombia, Honduras y los demás países centroamericanos, aquellos isleños que son capturados en aguas internacionales son enviados en muchos casos a las prisiones estadounidenses a cumplir penas por tráfico de drogas. Este hecho se ha constituído en un aspecto conflictivo dentro de la sociedad isleña, que clama por el derecho fundamental a que sus familiares (que normalmente son apenas parte de un eslabón de tráfico y en ningún caso líderes del negocio) sean juzgados en territorio nacional y recluidos en la cárcel de la isla cerca de sus parientes, amigos y familiares.

[27]Al lado izquierdo del paralelo 82°, los vínculos han sido siempre más cercanos. Entre los habitantes de Puerto Cabeza y Bluefields, en la costa de los Misquitos a 127 millas de Corn Island y a 120 millas del archipiélago han existido extensos vínculos familiares construidos en siglos de historia y conservados gracias al intercambio comercial que pervive (pesca, ropa confeccionada, perlas de caracol, alimentos). La línea fronteriza no existe en la imaginación de los pueblos y a lado y lado de ella hay ansiedad por fortalecer los lazos de sangre (Abello, 2006, p. 20).

[28] Un estudio ampliado de esta problemática se encuentra en el artículo de Alberto Abello "Cultura y narcotráfico en una frontera del Caribe occidental, el caso de Colombia y Nicaragua", (2009).

[29] En 1953, el general Rojas Pinilla declaró a San Andrés "puerto libre" con el fin de permitir un comercio liberalizado de bienes y productos.

[30] La legislación sobre el puerto libre permitía a los turistas colombianos introducir al continente colombiano artículos comprados en San Andrés sin pagar aranceles hasta un cupo relativamente alto. Por lo tanto, se volvió muy atractivo volar a la isla para comprar artículos importados tales como televisores, relojes, perfumes, licores y adicionalmente gozar durante unos días de las hermosas playas y del clima caribeño (Cf. Meisel, 2003).

[31] En este sentido, se requieren otros factores que expliquen de manera más precisa la propensión de unas sociedades a este tipo de actividades ilícitas. Véase, por ejemplo, buena parte de la literatura existente sobre nuevas guerras y conflictos armados, especialmente en Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2001). Greed and Grievances in Civil War. Véase también Duncan, 2008.

[32] Se ha constatado, sin embargo, que en todos aquellos países o regiones que presentan conflictos armados, violencia generalizada y participación en economías ilegales existen condiciones abruptas de desigualdad social. En el centro del debate sobre la asimetría estructural entre países del norte y del sur han surgido otras propuestas teóricas que han dado cuenta de la correlación entre conflictos, inequidad y pobreza. Entre las más tradicionales se encuentran por ejemplo la teoría de la deprivación relativa de Davies (1969) y Gurr (1970). Las teorías de la elección racional de Lichbach (1989), la teoría del recurso de la movilización de Oberschall (1973) y Tilly (1978) y las teorías que vinculan la desigualdad en la distribución de la tierra como generadora de conflictos (Cf. Muller et ál.,1989 y Posterman y Reidinger, 1987). Véase también Collier, 2007.

[33] Algunos datos generales que han sido aportados por la Fiscalía de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) dan una idea clara de esta situación, pues se han mostrado algunos resultados positivos en la incautación de bienes de la mafia: Según la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, hasta el 15 de marzo de 2008 estaban ocupados en San Andrés con fines de extinción de dominio 270 inmuebles, 60 vehículos entre carros y embarcaciones y sociedades comerciales de fachada, cuyo valor estiman en más de 250.000 millones de pesos. (Cf. "Revista Cambio", noviembre 2 de 2008).

 

 

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Fecha de recepción: noviembre de 2010

Fecha de aprobación: enero de 2011

 

Cómo citar este artículo

Mantilla, Silvia. (2011, enero-junio). Narcotráfico, violencia y crisis social en el Caribe insular colombiano: El caso de la isla de San Andrés en el contexto del Gran Caribe. Estudios Políticos, 38, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 39-67).

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