SECCIÓN TEMÁTICA: PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES

Víctor Arteaga Villa¹

Cómo citar este artículo: Arteaga Villa, Víctor. (2011). Hacia una caracterización del lugar y el perfil del elector colombiano. Estudios Políticos, 39, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 75-94).

El artículo presenta una aproximación a la caracterización del lugar que se le ha dado y del perfil con que se ha configurado el elector colombiano. A partir de la metodología del estado de arte, analiza la literatura más relevante que se ha producido en torno a la relación elecciones-partidos políticos-elector y señala las categorías de énfasis que se han privilegiado. Además, a partir del establecimiento de las razones de la decisión y de la orientación del voto, enlista algunos de los factores que, desde motivaciones muy particulares —cívicas (deber ser del ciudadano), cínicas (ser de la contraprestación)—, inducen al elector a su participación.

Palabras clave: Comportamiento Electoral; Elector; Proceso Electoral; Participación Electoral; Colombia.

Abstract

This article presents an approach to the characterization of the position that has been given and the profile that has been created of the Colombian elector. Taking as the starting point a literature review on the subject, this article analyzes the most relevant literature that has been produced on the relations: elections / political parties, politicians/electors and singles out the categories to be emphasized. Furthermore, starting from the establishment of the reasons for a decision and the voter orientation, it lists factors that spring from very particular motivations and induce the elector to participate, such as, civic (duties of the citizen, avoir faire of citizen), cynical (being part of the counterpart).

Keywords: Local Politics; Traditional Political Parties; Non-traditional Political Parties; Electoral Behavior; Electoral Strategies; Medellín, Colombia

A modo de introducción

Una inspección juiciosa a la literatura que se ha producido en Colombia, sobre todo en el periodo 1990-2010, en torno al proceso electoral en sus tres grandes jornadas típicas,¹ 1) de autoridades locales (alcaldes y concejos municipales), y regionales (gobernadores y asambleas departamentales), 2) de congreso nacional y 3) de presidente de la república (véase tabla 1), a las que cabría añadir la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (9 de diciembre de 1990) y el referendo (25 de octubre de 2003), lleva a constatar una significativa ausencia, casi absoluta, de atención por el principal agente de este proceso, a saber, el elector.

Los estudios electorales siguen prefiriendo para el análisis los lugares más seguros, más recurridos, ya canónicos: dinámicas de participación/ abstención, variantes coyunturales que permean y atraviesan los episodios comiciales y análisis de resultados obtenidos. Pareciera como si el elector fuera apenas un agregado superpuesto, sobreentendido, insumo sí necesario, pero ahí: una pieza del engranaje electoral que no reclama, en su dimensión subjetiva, consideración alguna. El electorado, masa informe, resultado de la suma de sufragios y determinada en porcentajes, absorbe al elector, individuo con nombre quien, desde sus circunstancias sociológicas, sus particularidades sicológicas y sus motivaciones de diversa índole —bien cívicas, bien cínicas— decide y vota, apelando a las lógicas de determinación electoral. Tal suerte de absorción del elector es un factor de la masificación y de la institución protectora del voto secreto. Esto, además, tiene implicaciones metodológicas que han sido formuladas de manera explícita por aquellos que ponen en evidencia el estudio de un objeto cuya decisión está resguardada por el secreto.

El interés de los estudiosos y los énfasis que han cometido se han concentrado de modo preferente en la lógica de los cambios partidistas (Cf. Gutiérrez Sanín, 2001, 2007; Arenas y Ospina, 2006; Basset et. al., 2011), en los candidatos (Cf. Botero, 2009), en las plataformas proselitistas y en las campañas (Cf. Giraldo et al., 2001; Arenas y Escobar, 2011), en los actos legislativos y las reformas políticas y su impacto electoral (Cf. Losada y Muñoz, 2007; González, en: Torres et al., 2010, pp. 35-48) y en los tránsitos ocurridos a partir de los resultados en los cargos de representación disputados (Cf. Bejarano y Dávila, 1998). Es indudable que alrededor de muchos de estos temas el avance es significativo en la última década y los trabajos que se registran dejan caminos abiertos para nuestras indagaciones sobre los temas enunciados.

Tres apartados integran el cuerpo de este artículo. El primero intenta delinear, desde un doble horizonte histórico y electoral, la identidad del elector colombiano. El segundo, refiriendo a la producción bibliográfica más destacada que se ha ido canonizando, examina algunas consideraciones y énfasis sobre el sujeto-objeto del que se ocupa el artículo, el elector colombiano. El tercero asume algunas de las razones de decisión-orientación electoral de este.

1. La identidad del elector colombiano

Los mecanismos de participación electoral, elemento de la participación política, en la historia de Colombia tiene un destino compartido con las vicisitudes mismas de los procesos de consolidación de nuestro estado democrático de derecho, identificado, en ocasiones, bajo la fisonomía de una democracia electoral (Cf. Botero et al., 201, pp. 44-54).

Advirtiendo que no se trata de efectuar una reconstrucción histórica del proceso electoral colombiano, es preciso apuntar algunos de los momentos más importantes de nuestro itinerario comicial. La Constitución de 1832 permite a los varones mayores de 21 años, casados y titulares de bienes raíces la participación en las elecciones para los delegados que tienen por función aclamar al presidente de la República y a los miembros del Congreso. El constituyente de 1843 contempla las mismas prerrogativas pero precisa que tales bienes deben estar tasados con un valor igual o superior a los trescientos pesos y que sus dueños han de percibir una renta anual de al menos ciento cincuenta pesos.

La Constitución de 1853 consagra el derecho al voto para los alfabetos mayores de 21 años que estuvieran casados. Introduce el sufragio directo y secreto para elegir al presidente y al vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al procurador general de la nación, a los gobernadores, a los senadores y a los representantes. En 1856, para el periodo 1857-1861, Mariano Ospina Rodríguez se convierte en el primer presidente de Colombia elegido a través de sufragio universal (Cf. Bushnell, 1975).

La Constitución de 1863 le permitió a cada estado federal regularse en materia electoral, señalando las calidades para los votantes y los cargos de elección. Con la Constitución de 1886 cambian las condiciones para el elector: varones mayores de 21 años nacidos en el territorio nacional, con una profesión, oficio u ocupación lícita y legítima como medio de subsistencia, con habilidades, aunque mínimas, de lectoescritura y con ingresos anuales de más de quinientos pesos o propiedades cuyo valor superara los mil quinientos pesos. Las elecciones para el presidente, vicepresidente y los senadores pasaron a ser indirectas; las demás, para los concejales municipales, los diputados departamentales y los representantes a la Cámara, directas.

La reforma constitucional de 1910 recupera la elección presidencial directa de la Constitución de 1853 y, desde 1914 hasta 2010, salvo el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953, todos los presidentes de Colombia han sido elegidos en las urnas por los ciudadanos calificados para hacerlo bajo el único criterio de la mayoría de edad. La elección de los senadores conservará su forma indirecta hasta 1945. En 1932 se elimina la cédula electoral y se instaura la cédula de ciudadanía como requisito de identificación para todos los efectos, incluso el ejercicio del sufragio (Cf. Pinzón de Lewin y Rothlisberger, en: Sánchez David, 1991, p. 134). Aprobado en 1955, el 1.° de diciembre de 1957, las mujeres hacen uso por primera vez de su derecho al voto. Colombia, en el concierto latinoamericano, es el antepenúltimo país en permitir el sufragio femenino, le seguirían Paraguay, en 1961, y Guatemala, en 1964.

El artículo 1.° de la Ley 27 de 1977 baja la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. Esto explica el mayor incremento porcentual del potencial electoral registrado en Colombia, del 29,05%: de 8.925.330 votantes en 1974, se pasó a 12.580.851 en 1978. Sin embargo y debido, quizás, a los retrasos comunes en la tramitación de la cédula de ciudadanía este aumento del censo no repercutió en la participación: en las elecciones legislativas, 26 de febrero, esta fue del 33,2% y en las presidenciales, 4 de junio, del 40,3%, el índice más bajo de votación en una elección presidencial en Colombia desde 1958, apenas superado por los resultados de la primera vuelta de 1994, 29 de mayo, que fue del 33,95% (Cf. Payne et al., 2006, p. 275).

La reforma constitucional de 1986 autorizó la elección popular de alcaldes, cuya primera jornada se llevó a cabo el 13 de marzo de 1988. Algunos analistas previeron la afluencia masiva de electores a las urnas en razón de la posibilidad que este acontecimiento brindaba para involucrar de modo más directo a los ciudadanos en las decisiones de sus comunidades locales (Cf. Castro, 1988, p. 45). No obstante, el aumento de la cauda electoral en relación con las últimas elecciones, las presidenciales del 25 de mayo de 1986, solo fue de 145.469 votos. La participación electoral en la primera elección de alcaldes en Colombia fue del 46,37%.

La Constitución de 1991 introdujo dos grandes novedades en lo que hace relación a los cargos de elección popular. El primero, consagró la elección popular de gobernadores, llevada a cabo por primera vez el 27 de octubre del mismo año; el segundo, adoptó el mecanismo de la definición por balotaje del presidente de la República, y su fórmula vicepresidencial, en caso tal que el ganador no obtuviera la mitad más uno de los votos en la primera vuelta.

Solo en Colombia y Chile, en América Latina, el registro electoral es voluntario, difiriendo en que Chile obliga al voto: ''Colombia es el único país donde tanto el empadronamiento como el ejercicio del voto son totalmente voluntarios'' (Payne, 2006, p. 269). Es posible que esto explique, en algo, por qué Colombia arroja el índice más bajo de participación electoral entre los 18 países ''democráticos'' de la subregión: 41,3% en la estadística sumada de las elecciones presidenciales y legislativas entre 1978 y 2004, frente al 89.8% de Uruguay, o el 90,1% de Chile, considerado sólo a partir de 1990 (Cf. Payne, 2006, p. 275).

La historiografía colombiana no ha sido especialmente devota de privilegiar in extenso una historia electoral de Colombia de manera sistemática; quizás el único esfuerzo encaminado en esta dirección se encuentre en Eduardo Posada Carbó, quien le dedica al asunto, ''El poder del voto'', poco más de cincuenta páginas en uno de los apartados de su libro ''La nación soñada'' (2006, pp. 149- 208). En el texto en mención, capítulo cuatro, recoge las ideas substanciales de dos artículos previos: ''Malabarismos electorales: una historia comparada del sufragio en la América Latina, 1830–1930'', en El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual y política en Colombia (2003), y ''Las elecciones presidenciales de Colombia en 1930'' (2000). Se pueden rastrear estudios parciales, además de adecuados, bien calificados, de episodios electorales. David Bushnell es autor de cuatro pequeños trabajos que enfatizan algunos momentos de las lides eleccionarias del siglo XIX: El sufragio en la Argentina y en Colombia hasta 1853, Voter Participation in the Colombian Election of 1856, Las elecciones presidenciales, 1863-1883 y Las elecciones en Colombia: siglo XIX. Bushnell no realiza una radiografía de la identidad del elector colombiano decimonónico; más bien, presenta un panorama estadístico de resultados, advirtiendo las tensiones entre las distintas fuerzas eleccionarias en pugna, lugar en el que sería posible, sin forzarlo, ubicar al elector desde su filiación partidista, y, desde esta, determinar su estatus económico. Así por ejemplo, el adepto a la causa de Obando, en 1853, es el artesano clase media-baja. Se encuentra acá, en ciernes, un rudimento de análisis para una primera determinación de la identidad del elector de la época.

Mario Latorre Rueda, en su colección de ensayos Política y elecciones (1980), privilegiando lo que ocurre en el partido liberal, se interesa más por las componendas preelectorales y los resultados electorales de la época del Frente Nacional y los años inmediatos que siguieron a este. El elector no aparece ni siquiera sugerido.

Obviando tendencias de participación electoral en lo que hace relación a niveles de educación, de cultura política, de estratificación social, de sexo, de agregación geográfica, de proximidad espacial y de edad, entre otros, dos trabajos significativos, a pesar de su énfasis estadístico, vienen a clausurar una tradición de interés por un electorado, que no un elector, eminentemente partidista: Legislación y comportamiento electorales: evolución histórica, de Fernán González (1978) y la Historia electoral colombiana, 1810-1988, de la Registraduría Nacional del Estado Civil (1991).

La irrupción de la elección popular de las autoridades locales, desde 1988, y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, desde 1991, han permitido que los alcances analíticos de los episodios electorales se amplíen, en la misma medida en que se ha ampliado la democracia electoral de Colombia, lo que no ha significado el desplazamiento hacia otras dimensiones del análisis electoral, concretamente al elector considerado en su más particular identidad. Rubén Sánchez David (1991), Patricia Pinzón de Lewin (1994), Ana María Bejarano y Andrés Dávila (1998), Francisco Gutiérrez Sanín (2001, 2007), Gary Hoskin, Rodolfo Masías Núñez y Miguel García Sánchez (2003), Rodrigo Losada, Fernando Giraldo y Patricia Muñoz (2004, 2007), Francisco Leal Buitrago (2006), Felipe Botero (2009) y Claudia López (2010), han planteado nuevas categorías de comprensión e interpretación, sin radicarlas definitivamente en el elector, desde dinámicas que sí permiten deducir un trazado de su identidad: desafiliación partidista tradicional y militancia en nuevos movimientos ideológicos que responden a situaciones tan coyunturales como ocasionales, proximidad con los candidatos y ponderación de la viabilidad real de sus ofertas políticas, orientación del sufragio bajo la inducción de la imagen y el marketing electoral, atracción e incorporación del votante flotante, reorientación del clientelismo y de las prácticas de intermediación de los operadores-activadores electorales, extensión de los canales de acceso a la información, superlativización de la agregación por sexo, densidad y edad en razón de la mayor presencia femenina, el crecimiento demográfico de las ciudades y el aumento del censo electoral por la precipitación de nuevos ciudadanos, estímulo-desestímulo de la participación por la potenciación-emergencia de grupos armados ilegales y su infiltración proselitista y económica en la vida eleccionaria del país.

2. Tras las huellas de lo que se ha dicho en Colombia sobre el elector

Una reiteración: al indagar por el lugar y el perfil del elector —que no del electorado colombiano— pareciera, como en efecto sucede, que los trabajos relativos al tema escasean. La pregunta por el elector hace parte de la pregunta macro por los procesos electorales, los que clásicamente se han incorporado en la preocupación estasiológica, es decir, relativa a los partidos y movimientos políticos (la categoría es de Duverger). Se observa un indisoluble maridaje entre formaciones proselitistas y elecciones, máxime a partir de 2003, cuando la reforma política de este año, contenida en el Acto Legislativo 1, del 3 de julio, decretó la supervivencia de los partidos, de los movimientos políticos y de los grupos significativos de ciudadanos, esto es, del reconocimiento de su personería jurídica —con lo que ello implica (posibilidad de inscribir candidatos, financiación por parte del Estado y reposición de votos)— por parte del Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando obtuvieran, como reza el artículo 108 de la Constitución Política, ''una votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones de Cámara de Representantes o Senado''. Es necesario agregar que el Acto Legislativo 1 del 14 de julio de 2009, incrementó, desde las elecciones para las mismas corporaciones públicas del 9 de marzo de 2014, dicho umbral a un tres por ciento (3%).

¿Es posible establecer un doble diafragma: el primero, eleccionespartidos políticos; el segundo, más audaz, elecciones/elector? o, ¿acaso son imposibles, máxime el segundo ya que el perfil del elector se activa en la justa electoral? ¿No podría aventurarse el diseño de la identidad de un elector, por su predisposición, por su decisión, por su formación, sin la mediación, y hasta la constricción, del proceso electoral? ¿Es siempre el elector un elector de situación electoral? El elector colombiano se ha comprendido en el rígido marco de la relación elecciones-partidos políticos; podría decirse que es apenas natural en cuanto que uno de los factores de análisis de la decisión y de la orientación del voto es el que tiene que ver con la filiación partidista. Pero el asunto no puede despacharse de manera tan ligera.

En 1974 Mario Latorre Rueda inaugura la bibliografía colombiana que, con referencialidad directa, se ocupa del tema de las elecciones; su visión implica más accidentalmente al electorado que al elector. Acentuando el énfasis en el vínculo elecciones-partidos políticos, y desde una perspectiva más anecdótica, da a entender el presupuesto del electorado desde dos semánticas: la primera, la del de-voto, por modo y moda ideológica, del partido que ha decidido su futuro en el escenario político colombiano, bien en la Presidencia de la República, bien en los cuerpos colegiados, en la Convención Nacional, y la del cliente, por el beneficio económico prometido; la segunda, la del resultado electoral que de antemano se sabe, porque entre decisión electoral y direccionamiento del sufragio no hay cabida a margen alguno de desviación.

En 1975 Libardo González publica un breve opúsculo intitulado El Estado y los partidos políticos en Colombia. En el mismo lugar de los partidos políticos en el que, con una rapidez y superficialidad que sorprenden, aborda los procesos electorales, acusa lo ya señalado: el electorado no es más que una masa informe cautiva de la dirigencia partidista que señala por quién hay que votar. El autor sostiene que lo más propio del electorado colombiano es la irreflexión que acompaña la decisión de participar en las urnas. Público cautivo de imágenes, de sonrisas, de airados tonos demagógicos y hasta de la asociación de la causa partidista con causas de centros o de periferias, de élites o de masas, de prédicas religiosas o de reservas y distanciamientos frente a estas, el electorado solo existe en los momentos eleccionarios.

De la lectura de Latorre Rueda y González se concluye sin mucho esfuerzo la convertibilidad de términos: partidos políticos, electorado, votos. Los votos son el caudal amarrado de los partidos políticos que se reordenan, por los mismos votos, en sus cúpulas pero que nunca se ordenan en sus bases. Los partidos políticos colombianos nunca procuraron procesos de educación de su electorado, así como tampoco permitieron el ascenso de electores intermediarios a sus cuadros directivos, operadores más pequeños, como los denomina Gutiérrez Sanín.

De 1977 data una investigación a cuatro manos, Fernando Cepeda Ulloa y Claudia González de Lecaros, en la que por primera vez se intenta establecer una tipología fundamental de diferenciación en la masa informe del electorado colombiano, pero no desde este, sino desde el referente del voto: Comportamiento del voto urbano en Colombia.²Pero, es menos de lo que promete el rótulo. No determina factores puntuales de lo que constituye la esencial diferencia entre el voto urbano, del que se ocupa, y el voto rural que por mera antonimia excluye. Apunta a caracterizar el voto urbano por registro de cifras de justas electorales cuasi radicadas en la capital de la república. Sin embargo, vale destacar del malogrado intento de apuntalar la identidad del elector urbano colombiano el hecho de confirmar una verdad ya instalada: las posibilidades de acceso a la información como variante de la decisión electoral. Además, sostiene la erosión urbana del voto cautivo dado que en la ciudad es mucho más difícil mantener el esquema patrón-cliente.

En la primera mitad de la década de 1990, Pierre Gilhodes elabora dos textos que ubican retrospectivamente —a partir de la primera elección popular de alcaldes, del 13 de marzo de 1988, y prospectivamente, desde el nuevo estatuto constitucional de 1991— ciertos matices de fractura en el régimen tradicional de los partidos políticos y en el sistema electoral colombiano, en lo que dice los niveles de las motivaciones y las formas de participación electoral, cooptado por los partidos, sobre todo desde el pacto consociacional bipartidista del Frente Nacional. ''Sistema de partidos y partidos políticos en Colombia'', contenido en el volumen ''Modernidad, democracia y partidos políticos en Colombia'', de 1993, y ''Los partidos políticos, 1990-1995'', de ''En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa'', de 1995, son los textos en mención. Gilhodes sostiene, palabras más, palabras menos, que la irrupción de la elección directa por parte de los ciudadanos de las autoridades locales y los mecanismos de participación alternativos consagrados por el constituyente de 1991 quebraron los ''monopolios autoritarios'' de los barones regionales que ungían a sus elegidos con el solo hecho de señalarlos con la obligación, casi religiosa, de votar por ellos o de sostenerlos en sus cargos a pesar de sus insuficientes desempeños. Propone que el reto de los partidos es buscar la inclusión de los electores, incluso los sin nombre, para redefinir la misma institucionalidad partidista desde el consenso elegido-elector. El giro de democracia representativa a democracia participativa que introdujo el constituyente de 1991 supone unas nuevas relaciones entre los partidos y sus militantes, que ahora no tienen solo voto, también voz. En el espectro de la democracia participativa la pluralidad electoral comienza a ser elector singular; en el espectro de la democracia participativa el vínculo elegido - elector deja de ser anónimo para tener nombre propio. En el escenario de la ''democracia electoral'' el electorado va cediendo su materia y su forma al elector: el elector ya va teniendo identidad diferenciada.

Alirio Gómez Lobo en un artículo, ''Régimen de partidos políticos y alternativas al sistema electoral'', también en ''Modernidad, democracia y partidos políticos'', plantea la necesidad de la inclusión real de los electores en los partidos políticos como únicas opciones para la pervivencia de los mismos, puntualizando que la Constitución de 1991 abrió la brecha, mediante los mecanismos de participación se consagró, para la fuga de electores descontentos con las causas partidistas, lo que por lo regular viene a constituir volúmenes importantes de votación flotante que responde a coyunturas desaprovechadas por los prospectos partidistas, que ya solo significan por la costumbre y el estilo que se resiste al cambio.

Atención especial demandan dos de los artículos de Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano, de 2001: ''¿Cambiar todo para que nada cambie? Representación, sistema electoral y sistema de partidos en Colombia: capacidad de adaptación de la élites políticas a cambios en el entorno institucional'', de Juan Carlos Rodríguez-Raga, así como ''La metamorfosis del sistema político colombiano: ¿Clientelismo de mercado o nueva forma de intermediación?'', de Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Natalia Delgado Varela; así como los análisis de Francisco Gutiérrez Sanín: ''¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002'' y ''¿Más partidos?'', de En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI. Estos textos examinan la nueva comprensión de la relación de partidos políticos, que comporta el rediseño del sistema de partidos, electores-participación electoral.

Lo anterior significa que, gracias a los instrumentos de la participación popular, el espectro electoral obliga a la inclusión del análisis de este no desde lo nacional, sino desde lo local, contrario a lo que se ha privilegiado: congreso nacional y presidencia de la república. Los mecanismos de participación ciudadana, el voto, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria del mandato, han redimensionado y enriquecido la democracia comprendida desde las periferias y desde los intereses de colectivos políticos que escapan a la órbita de los intereses directamente nacionales, congreso y presidencia. Por los mecanismos de participación ciudadana local, verdadero corazón de la democracia, se hace más fácil la determinación de las razones de la decisión y la orientación del voto de los ciudadanos y de ahí, también, la posibilidad de construir un perfil del elector que lo abstraiga de la masa electoral.

Participación política, participación democrática y participación electoral no son términos convertibles. La participación electoral es una forma de concretar la participación democrática y esta, a su vez, es una manera de comprender la participación política. No obstante, la participación electoral, como agente movilizador, es el indicativo que permite evidenciar el grado del compromiso, como pertenencia, político de los ciudadanos (Cf. Anduiza y Bosch, 2007, pp. 103-104). La participación electoral se mide siempre por oposición: del potencial electoral se resta el número de abstencionistas. La fórmula parece ser muy simple; sin embargo, no lo es. En ocasiones se complejizan más las razones de la no participación que las de la participación. Existen dos formas de análisis de la participación política, por extensión y para los presentes efectos se va a entender en cuanto participación democrática, una convencional y otra no convencional. La forma convencional remite a la participación: votar, participación exclusivamente electoral; la forma no convencional, propiamente política, presenta una gama amplia de opciones, entre las que destacan: firmar peticiones, participar en demostraciones, unirse a boicots, comprometerse con huelgas no oficiales, ocupar edificios y dañar la propiedad y ejercer violencia personal (Cf. García Sánchez, en: Hoskin, 2003, p. 229). La participación política está determinada por el entrecruzamiento de cuatro factores: la estructura de oportunidades asociada con el sistema político, la fuerza y el desarrollo de la sociedad civil, los síndromes de actitud (conciencia, en sus diversas modalidades actitudinales, de pertenencia al entramado político) y la incidencia y relevancia de los temas políticos en contextos específicos (Cf. García Sánchez, en: Hoskin, 2003, p. 228).

La participación electoral, desde un punto de vista normativo, favorece la legitimidad democrática del sistema político (de ahí el fácil lugar reductivo política-democracia-elecciones), ya que la participación señala la aprobación y el reconocimiento del sistema político, la mejora de la ciudadanía, porque la participación indica el interés y la implicación de los ciudadanos en las cuestiones políticas, y la igualdad política entre los ciudadanos, en razón de que los sitúa en igualdad de condiciones, la misma posibilidad de participar, independientemente de los agregados que puedan establecerse (edad, educación, sexo, posición socioeconómica, matrícula ideológica) (Cf. Anduiza y Bosch, 2007, p. 122). La forma convencional de la comprensión de la participación política, el voto, la participación electoral, está definida y atravesada por las razones de la decisión-orientación del sufragio, las que son comunes a cualquier proceso electoral: votar para que las cosas cambien, votar para cumplir con un deber ciudadano, votar para ejercer el derecho a opinar y a reclamar, votar para protestar contra la corrupción, votar para castigar a los malos gobernantes, votar para salvar al país y su institucionalidad, votar para apoyar a un partido y/o a un candidato, votar porque se dio algo a cambio o para conservar el empleo (Cf. García Sánchez, en: Hoskin, 2003, pp. 240-241). ¿Qué hay detrás de las razones por la cuales los electores se abstienen? No voto porque los candidatos no cumplen sus promesas, no voto porque la política es corrupta, no voto porque la política no me trae beneficios, no voto porque no entiendo de política, no voto porque, aunque lo hiciera, las cosas van a seguir iguales.

La periodicidad de las elecciones, uno de los principios del gobierno representativo, a la manera de Manin (1998), permite el funcionamiento de los sistemas democráticos en las llamadas democracias electorales, como la colombiana. El ejercicio del sufragio es, de ordinario, la manifestación fenomenológica del ejercicio de la ciudadanía y de la activación de la democracia. De hecho, la comprensión más simple de la democracia, como régimen, se identifica con las elecciones, como procedimiento (Cf. Castoriadis, 1995). Payne, citando a Heywood, sostiene que la participación electoral es importante ya que dinamiza la democracia permitiendo legitimar la autoridad gubernamental, formando el gobierno, reclutando los dirigentes políticos, promoviendo la discusión y el debate público sobre distintos asuntos de interés general y facilitando el desarrollo y el ejercicio de la ciudadanía (Cf. Payne. 2006, p. 264). A la base de la participación electoral está la adecuada información política, la que garantiza un buen gobierno, resultado de una ciudadanía bien informada y altamente participativa (Cf. Aguilar Fernández y Chuliá Rodrigo, 2007).

Las razones de la decisión-orientación del elector colombiano están profundamente ancladas en las tendencias de la participación electoral, las que los analistas clasifican en dos órdenes de factores: macrofactores, relacionados por la producción del sistema político de incentivos para que la ciudadanía se decida por la movilización y la participación políticas, y que conduce a la elección de líderes políticos, la expresión de intereses grupales e individuales y la generación de legitimidad para el sistema; y, microfactores, vinculados con el intento de entender cuáles son las características del individuo políticamente activo dentro de un Estado, y que ofrece a los individuos la oportunidad de expresar y desarrollar virtudes cívicas, identificarse con las reglas del juego democráticas, manifestar su satisfacción o descontento con los líderes políticos y, en algunas ocasiones, participar directamente en la toma de decisiones (Cf. Payne et al., 2006, p. 266; García Sánchez, en: Hoskin, 2003, p. 227).

Los macrofactores, por lo regular, se mantienen constantes. Se juzgan desde lo socioeconómico y lo político y se ordenan en cuanto estructurales y coyunturales. Los factores socioeconómicos estructurales tienen que ver con el nivel educativo, el desarrollo económico y la homogeneidad etnolingüística y religiosa; a los coyunturales, corresponden las crisis económicas, la aprobación de reformas socioeconómicas impopulares y las movilizaciones sociales. Los factores políticos estructurales se conectan con la cultura política, ''el nivel de confianza interpersonal y de cooperación cívica'', con los vínculos entre los partidos políticos y los principales grupos sociales, con las particularidades del sistema electoral (proporcionalidad, tamaño y tipo de circunscripción, voto obligatorio u opcional, inscripción en el censo electoral y tipo jerárquico de la elección en cuestión), y con la eficiencia, integridad y transparencia de los procesos políticos; a los coyunturales corresponde el proceso electoral, mediatizado por el momento de la elección y el impacto que ejerce la campaña electoral.

La revisión de la bibliografía temática en Colombia, producida a partir de 1990, lleva a obtener que en los factores socioeconómicos-estructurales, los ítems de preocupación han sido los correspondientes al nivel educativo y al desarrollo económico, deduciendo que ''una población con un más alto nivel de educación y de ingresos debería tener mayor conciencia política y mayor capacidad de participar en la vida política'' (Payne et al., 2006, p. 268). De los factores socioeconómicos-coyunturales, de manera exageradamente rápida, en el ítem de las crisis económicas, se ocupan cinco párrafos de Murillo y Fernández, señalando que unos de los determinantes de la elección presidencial de 2002 fue el desacertado manejo de la política fiscal de la administración Pastrana Arango (Cf. En: Hoskin, 2003, pp. 6-8).

Con respecto a los factores políticos, algunos asuntos han sido analizados con un poco de mayor atención. De los estructurales, del sistema electoral, se han ocupado Rafael Mateus (Cf. En: Bejarano y Dávila, 1998, pp. 483-484), Pedro Medellín y Juan Carlos Tarquino (Cf. En: Losada y Muñoz, 2007, pp. 11-44), así como Rodrigo Losada (Cf. Ídem, pp. 45-88) y Fernando Giraldo (Cf. Ídem, pp. 89-144). Poco se ha producido con respecto al tópico del sistema y la organización electoral. Tres trabajos muy recientes han abordado aspectos atinentes a la confianza de los electores en las instituciones electorales (Cf. Botero et al., 2010), a la eficiencia y eficacia de la organización electoral (Cf. Revelo y García, 2010) y a las perspectivas del proceso electoral legislativo de 2010 en la línea de la reforma política de 2009 (Torres et al., 2010). Como ya se señaló atrás, hay que tener en cuenta que en Colombia, al igual que en Chile, la inscripción en el censo electoral es voluntaria y que Colombia es el único país del concierto latinoamericano donde tanto el empadronamiento como el sufragio son voluntarios. Muchos han atribuido a esta doble circunstancia el índice porcentual tan bajo de la participación electoral en Colombia, por ejemplo, los analistas de Latin American Public Opinion Project (LAPOP).

Los microfactores, que son aquello de consideración más ocasional, que miran las características del individuo políticamente activo dentro de un mismo Estado, como se puntualizó, se clasifican en factores sociodemográficos y factores políticos, también con sus respectivos subórdenes estructurales y coyunturales. Los factores sociodemográficos estructurales hacen referencia al nivel de educación, el estatus socioeconómico (salario y ocupación laboral), la edad y la pertenencia a un grupo minoritario y/o subrepresentado; a los coyunturales corresponden la percepción de la situación económica personal y del país y la satisfacción con la calidad de vida en general. Los factores políticos estructurales tienen que ver con las actitudes políticascívicas,³ la relación de proximidad, acceso y calidad entre las instituciones y el ciudadano, y la legitimidad y credibilidad de las instituciones, actores y procesos políticos; de los coyunturales es la campaña electoral en lo que dice a la oferta y popularidad de los candidatos y la importancia de los temas de esta. Al esfuerzo por responder a las razones de la decisión-orientación del elector colombiano corresponde, en sentido estricto, el trabajo que, orientado desde estos microfactores, cometen Gary Hoskin, Rodolfo Masías y Miguel García, ''La decisión del voto en las elecciones presidenciales de 2002'', publicado en Colombia 2002. Elecciones, comportamiento electoral y democracia (2003, pp. 27-86)), revisitado en 2005 y publicado en el número 55 de la revista Análisis Político bajo el título de ''Modelos de decisión electoral y perfiles de votante en Colombia. Elecciones presidenciales 2002'' (2005, pp. 60-74). Los autores analizan como factores de decisión electoral la educación y las características de la identidad personal (estado civil, religión, religiosidad, edad y sexo), la condición laboral y económica (ocupación, situación laboral, ingresos laborales y estrato socioeconómico), las variables del contexto sociodemográfico, la percepción de la situación del país con el nuevo gobierno y de la situación de la vida personal, el clima de opinión, la filiación partidista, el grado de sofisticación política, los factores ideológicos y los temas de la campaña.

Dadas las cotas tan dispares en la participación de los ciudadanos en los distintos procesos eleccionarios en Colombia desde 1990, se hace difícil la determinación de las razones de la decisión-orientación del elector colombiano, máxime del bosquejo de su perfil particular, acusando además, la atomización coyuntural de las preocupaciones de cada uno de los momentos específicos del elector parlamentario y presidencial, relativamente concentradas en 2002-2006 por el fenómeno electoral, más que político, del uribismo, del que se desprende el análisis, también coyuntural, del estudioso. La marcada heterogeneidad del proceso electoral colombiano se convierte en el obstáculo casi insalvable para indicar, con cierta seguridad, los móviles de la decisión-orientación del elector colombiano, tan volátil cada cuatro años, y, así, para atreverse a cometer un perfil suyo, además de aproximado, pertinente. Correspondiéndose con esta situación, el elector colombiano, al igual que su analista, que prefiere la masa electoral, es coyuntural, no estructural, quizás, concediendo razón más a los historiadores que a los politólogos que nos miran desde fuera, porque ''la democracia colombiana, proyecto inconcluso, es si apenas un proceso en construcción'' (Cf. Rosanvallon, 2006; Thibaut, 2007).

Ciertamente no se ha agotado toda la bibliografía existente, lo que se aviene como un imposible desde muchos órdenes, sobre todo metodológico, pero sí se ha recurrido a la que se considera más importante, sobraría indicar reciente porque la preocupación temática lo es. Quedan las consideraciones expuestas en los tres apartados que dan cuerpo al artículo a la manera de inventariolevantamiento bibliográfico y, al tiempo, la doble tarea de rastrear otros tópicos ya formulados, coyunturas electorales, procesos histórico-políticos del país, metamorfosis del sistema de partidos y percepción de los electores frente a estos, afiliaciones y lealtades partidistas cautivas o racionales, como lo ha hecho, entre otros, Gutiérrez Sanín (Cfr. 2007), y continuar a la zaga de la futura producción afín, que remonte los lugares habituales, los partidos y las reglas electorales, y se centre más en los ciudadanos, en el ciudadano singular y sin plural.

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Notas

*Este artículo es producto de la investigación Perfil del votante urbano: determinantes de la participación en elecciones locales y nacionales, inscrito en la línea de investigación Partidos Políticos y Estudios Electorales, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. La investigación, financiada por el Centro de Investigaciones de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo entre mayo de 2010 y mayo de 2011, bajo la dirección del magíster Juan Carlos Arenas Gómez.

1 Según la Registraduría Nacional del Estado Civil elecciones típicas son aquellas que se convocan y realizan en la jornada comicial general. Se presentan elecciones atípicas, en fechas diferentes, para elegir alcaldes y gobernadores por las siguientes razones: declaración de la nulidad de la elección por parte de los tribunales administrativos de los departamentos o el Consejo de Estado, destitución de mandatarios por parte de la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría Provincial, renuncia irrevocable al cargo, desistimiento del elegido para la posesión, muerte del mandatario, destitución del mandatario por parte del Gobernador o del Presidente por tener sentencia penal en su contra, creación de nuevos municipios y ausencia de votantes el día de las elecciones (el caso del municipio de Argelia, Cauca, donde se celebraron elecciones el 24 de febrero de 2008, dado que ningún votante se acercó a las urnas el 28 de octubre de 2007). También la Registraduría define las llamadas elecciones complementarias, para elegir miembros de cuerpos colegiados, que se presentan por: creación de nuevos municipios, ausencia de votantes a las urnas el día de las elecciones típicas, omisión de elección de ediles para las juntas administradores locales y renuncia de representante y agotamiento de los miembros de la lista.

2 El trabajo ha sido incluido en la reciente compilación a cargo de Felipe Botero, (2011, pp. 147-172). El volumen hace parte de la colección conmemorativa de los 40 años del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

3 Almond y Verba. (1965), enumeran, entre otros, el interés por la política y el grado de información, la competencia objetiva —grado de conocimiento que el individuo tiene sobre los asuntos del Estado— y subjetiva —creencia que el individuo tiene en la propia capacidad de entenderse e involucrarse de forma activa en ellos y los sentimientos de eficacia y alienación.