SECCIÓN GENERAL

Eliana Sánchez González¹

¹ Politóloga, Universidad Nacional de Colombia. Investigadora asociada al grupo Hegemonías, guerras y conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Estudiante de maestría Claves del Mundo Contemporáneo, Universidad de Granada–España. Correo electrónico: esang07@gmail.com.

Fecha de recepción: noviembre de 2012

Fecha de aprobación: enero de 2013

Cómo citar este artículo: Sánchez González, Eliana. (2013). Las disputas por la memoria. Las víctimas y su irrupción en la esfera pública, Medellín 2004–2010. Estudios Políticos, 42, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 61–84.

RESUMEN

El artículo analiza los procesos de construcción de memoria sobre el conflicto armado que han desarrollado en la esfera pública organizaciones de víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en Medellín entre 2004–2010. Para dicho análisis se realizaron entrevistas a miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), se revisó el material producido por las organizaciones y se asistió a diferentes actividades públicas convocadas por estas organizaciones, además de la consulta de otras fuentes documentales. El texto se compone de cuatro partes: la primera introduce el problema de la memoria en una dimensión colectiva, conflictiva y social; la segunda se aproxima al universo de víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en Colombia, a partir de las organizaciones Movice y Asfaddes; la tercera aborda el tema de esfera pública y los procesos de construcción de memoria; finalmente, se plantean unas reflexiones en clave de hipótesis sobre la irrupción de las víctimas y sus organizaciones en los discursos públicos, así como por la visibilización o invisibilización de sus memorias en la esfera pública.

Palabras clave: Memoria; Esfera Pública; Víctimas de Crímenes de Estado; Víctimas de Grupos Paramilitares; Organizaciones de Víctimas; Colombia.

Abstract

This article presents an approach to the process of memory building in the armed conflict developed by victims of paramilitary organizations and State Crimes in Medellin between the years of 2004–2010. This study derives from the analysis of interviews to members of the National Movement of State Crimes Victims (Movice) and the Association of Relatives of Missing Detainees (Asfaddes), the revision of the material produced and the attendance to public activities called by these organizations, among other document sources. The article is composed by four parts: the first one introduce the problem of memory in a collective, conflictive and social dimension; the second one approaches the universe of the victims of paramilitaries and State crimes in Colombia associated with the Movice and Asfaddes organizations; the third one addresses the subject of the public sphere and the processes of memory building; finally, some hypothetical considerations are proposed on the incursion of the victims and their organizations into the public discourses, as well as on the visibility or invisibility of their memories in the public sphere.

Keywords: Memory; Public Sphere; State Crimes Victims; Paramilitary Groups Victims; Victims Organizations; Colombia.

He reflexionado muchas veces acerca de nuestra búsqueda rígida. Me ha mostrado que todo queda iluminado a partir del pasado. Está siempre al lado nuestro, desde el interior, mirando hacia fuera. Como tú has dicho: inside out. En este viaje, Jonathan, en este viaje, yo siempre estaré acompañando tu vida. Y tú siempre estarás acompañándome en la mía.

Everything is Illuminated (Liev Schreiber, 2005)

Introducción

En las últimas décadas y a partir de la acción de organizaciones y movimientos de víctimas, en sociedades que viven procesos de transición política, se ha logrado incluir lentamente en el debate público la idea de que no solo se deben tener en cuenta los intereses de los victimarios sino también los de las víctimas. Dicha inclusión se ha visto reflejada en las agendas tanto de los movimientos sociales, las agencias multilaterales de cooperación para el desarrollo, la academia, como de los gobiernos, poniendo de manifiesto el modo en que las organizaciones de víctimas se constituyen y movilizan tanto para expresar públicamente sus reivindicaciones como para ser reconocidas social y políticamente, legitimándose frente a la sociedad a través de diversas formas de acción.

La centralidad que adquieren los discursos sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario después de la Guerra Fría, creó un contexto desfavorable para quienes han incurrido en genocidios y crímenes de lesa humanidad; de esta manera, y ante la preocupación por los derechos de las víctimas, fueron creados un conjunto de instrumentos internacionales que recomiendan y exigen a los Estados desarrollar herramientas que garanticen estos derechos, reconocer a las víctimas adecuadamente y tratarlas conforme a los mandatos de la dignidad humana y otorgarle a las víctimas mecanismos ágiles y apropiados para reparar los daños sufridos, tratar los traumas emocionales y otros problemas causados por la victimización a la que han sido expuestas.

En Colombia, el debate frente a las víctimas del conflicto armado¹ se ha generado de manera significativa a partir del proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de los grupos paramilitares iniciado en el año 2003. Esto no significa que este proceso suponga un escenario de posconflicto en el caso de Colombia, entendiéndolo como la terminación absoluta de la confrontación armada, bien sea por la firma de un acuerdo de paz o por la imposición de un actor de la guerra sobre el otro; no obstante, reviste especial importancia en este estudio sobre la emergencia de las víctimas porque, como lo señalan Kimberly Theidon y Paola Andrea Betancourt (2006), se asiste a un proceso transicional en medio de la guerra; es decir, se aplica todo un diseño normativo bajo un modelo de justicia transicional, en el que se pretende dar garantía a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, pero en un contexto marcado por dinámicas de conflictividad creciente en las cuales se siguen produciendo víctimas.

El proceso de negociación con los paramilitares,² si bien inicialmente solo tuvo en cuenta los intereses de los victimarios, reflejado en la aplicación de un modelo de justicia transicional benévolo con los desmovilizados —penas mínimas que debían pagar por los crímenes cometidos, escaso diseño de instrumentos para desmontar las estructuras de poder que conservaban—, sirvió como escenario, paradójicamente, para el posterior diseño institucional en materia de víctimas. Fue así como ante la idea de impunidad que rodeaba el proceso, las víctimas comenzaron a desarrollar procesos de visibilización, debate y discusión pública sobre sus derechos, demandas y reivindicaciones, contrariando los discursos oficiales que negaban la guerra y la existencia de las víctimas, o incluso de los discursos de los victimarios, quienes en las audiencias públicas declaraban sobre una guerra sin muertos o, peor aún, con muertos pero sin víctimas (Cf. Alonso, 2007; Gil, 2007).

Este escenario coincidió además con una explosión de noticias, publicaciones, videos, discursos y eventos sobre el tema de las víctimas a partir del año 2005. Desde entonces el surgimiento de diversos debates y preguntas que relacionan el tema de las víctimas con la memoria, da paso a un momento que se puede denominar: momento de activación de la memoria.³

La investigación que sustenta este artículo, se ocupó de analizar los procesos de construcción de memoria sobre el conflicto armado desarrollados por organizaciones de víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en Medellín en el periodo 2004–2010, y su configuración como tema de debate público en los ámbitos local y nacional. Para esto se eligieron dos organizaciones de víctimas, Movice y Asfaddes, con las cuales se desarrollaron entrevistas en profundidad, asistencia a actividades convocadas por las organizaciones —plantones, marchas, audiencias públicas— así como la consulta de material documental producido por ambas organizaciones.⁴

Tres interrogantes guían la presente reflexión: ¿cuáles han sido las formas de enunciación de la memoria que sobre el conflicto armado han desarrollado las organizaciones de víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en la esfera pública local? ¿Cómo, a partir de estas formas de enunciación, las víctimas avanzan en procesos de construcción de memoria sobre el conflicto armado? ¿De qué modo la memoria de las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado ha pasado a ser tema de debate público tanto en el ámbito local como nacional?

1. La memoria en un sentido colectivo, conflictivo y social

Al realizar una revisión de la literatura producida sobre el tema de la memoria, se encontró que uno de los puntos de partida es la pregunta ¿qué es la memoria? En ese sentido, aparecen posturas que le atribuyen a este concepto un conjunto de significados muy amplio, en el que se asume que la memoria es ''toda representación del pasado compartida, total o parcialmente, por un número mayor o menor de individuos que, de este modo se conciben como portadores de una memoria colectiva'' (Beramendi y Baz, 2008, p. 14); también aparece la posición de aquellos que niegan tajantemente el reconocimiento de cualquier memoria que no sea individual y esté compuesta exclusivamente por recuerdos de lo vivido directamente. En este artículo el objeto de análisis se inscribe en un concepto de memoria colectiva y social, en la cual podemos reconocer otro tipo de memorias: hegemónicas, oficiales (Cf. Aguilar, 1996, p. 25), subterráneas (Cf. Jelin, 2002), insurgentes (Cf. Marcos, 2008).

La memoria es una forma de distinguir y vincular a la vez, el pasado, el presente y el futuro; no se refiere tanto a la cronología de hechos que han quedado fijos en el pasado como a su significado para el presente. La memoria es entonces un acto del presente y su verdad no radica tanto en la exactitud de los hechos como en el relato y la interpretación de ellos. Como plantea Remo Bodei (1995), tanto la memoria como el olvido, más que terrenos neutrales, son verdaderos y auténticos campos de batalla en los que se decide, se modela y se legitima la identidad colectiva (p. 90). Así, cuando se habla de ''memoria contra el silencio'' o ''contra el olvido'' lo que está detrás es una oposición entre distintas memorias rivales, en la que cada una de ellas incorpora sus propios olvidos y silencios.

En esta misma línea, Elizabeth Jelin (2002) ha señalado que el espacio de la memoria es en realidad un espacio de lucha política en el que se debaten memorias rivales, dando paso a un enfrentamiento de memoria contra memoria (p. 100), una disputa sobre las interpretaciones del pasado —y sus implicaciones en el presente— entre diversos individuos y grupos sociales.

Ahora bien, la relevancia que se concede a la memoria no pretende desconocer el derecho al olvido; como lo señala Tzvetan Todorov (2000), si bien la recuperación del pasado es indispensable, ello no supone que este deba regir el presente. El uso selectivo de la memoria estará de algún modo determinado por el peso que el pasado tiene en el proceso de construcción de la identidad a través de las imágenes del pasado.

La memoria, entonces, puede entenderse como un campo de batalla, un proceso individual y colectivo en el que múltiples actores se disputan la interpretación sobre los hechos del pasado y, en todo caso, como un proceso dinámico y en permanente construcción. En el caso de sociedades que han experimentado conflictos armados o situaciones de violencia intensa, estos aspectos son mucho más complejos y problemáticos; al respecto, Gonzalo Sánchez (2006) plantea que la memoria es la pluralidad de relatos, impresiones y huellas que han dejado los hechos de la guerra en la sociedad, configurándose de este modo en un terreno esencialmente político en el que se relacionan los grupos sociales y se ejerce el poder; advierte además, que si se sobredimensiona, el exceso de memoria podría provocar efectos paralizantes en la sociedad, mientras que un olvido estratégico cumpliría una función liberadora.

Jesús Martín–Barbero (1999, p. 41), señala que la memoria es producto de una tensión no resuelta entre recuerdo y olvido; está hecha de una temporalidad inconclusa y, en ese sentido, es activadora del pasado y reserva/semilla del futuro; no existe por fuera del conflicto pues —según él— nunca hay una sola memoria, siempre existe una multiplicidad de ellas en lucha. Significa que por cada memoria activada hay otras reprimidas, desactivadas, enmudecidas; por cada memoria legitimada hay montones de memorias excluidas.

2. Las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en el heterogéneo universo de víctimas en Colombia⁵

La construcción social, histórica y política de la víctima, exige a cada país una caracterización de las víctimas que no resulta fácil, mucho menos en países con expresiones diversas de violencia o con conflictos políticos y armados tan complejos como el colombiano. La promulgación de leyes como la 975 de 2005 y el posterior decreto 1290 de 2008,⁶ formulados a raíz del proceso de desmovilización paramilitar, desató fuertes debates sobre quiénes eran las víctimas y cómo se incorporaban a este proceso sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, evidenciando las múltiples posturas y tensiones que existían sobre el tema. Ahora bien, el abordaje de las víctimas trasciende las definiciones jurídicas e involucra elementos de análisis desde otras disciplinas y más allá de su definición, existe un sinnúmero de consideraciones sociológicas, sicológicas, históricas, culturales y políticas para tener en cuenta cuando se propone darle centralidad a las voces de las víctimas en medio del conflicto.⁷

2.1 El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: un nuevo espacio para la lucha contra la impunidad

El 25 de junio de 2005 en Bogotá, más de 800 delegados asistentes al II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa humanidad, Violaciones graves a los Derechos Humanos y Genocidio, decidieron conformar el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en el cual se agruparon cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil, con el fin de impulsar ''una expresión de afirmación del derecho a la auténtica verdad, justicia y reparación integral'' (Cf. Movice, 2005, p. 1). En ese sentido, el Movice definió una postura de lucha contra el olvido y la impunidad en un contexto político complejo, marcado entre otras cosas por la reciente desmovilización de grupos paramilitares y la aprobación de la Ley de Justicia y Paz.

Luego de múltiples discusiones y acuerdos entre organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, se creó el Movice, partiendo del reconocimiento de que estos crímenes ''se constituyen en una ofensa contra la conciencia de la humanidad por las modalidades de su ejecución, por la naturaleza de los agentes que las llevan a cabo y por las connotaciones que trae el daño causado'' (Cf. Cepeda y Girón, 2005, p. 263).⁸

Una vez constituido el movimiento, se configura en un espacio que propone la convergencia de organizaciones de familiares de víctimas directas de todo el país, asumiéndose como:

una expresión de coordinación de los grupos y personas que han sido afectados por la violencia estatal en Colombia, que aparece como resultado de una necesidad sentida en Colombia [dado] que una gran franja de los sectores víctimas del Estado y los paramilitares hacían un trabajo fraccionado impidiendo con ello una expresión orgánica colectiva (Barrera, 2008, p. 1).

Para el desarrollo de sus objetivos, el Movice ha definido unos marcos jurídicos y organizativos a través del diseño de ocho líneas de trabajo, dentro de las cuales se ha construido una amplia estrategia de memoria contra la impunidad. El Movice (2005) plantea la verdad como el pilar fundamental tanto para el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad, como para el soporte de una justicia y una reparación adecuadas para la dignidad y el derecho de las víctimas; además, hace énfasis en que la verdad debe tener presencia y efectos prácticos en la esfera pública: ''La verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública'' (p. 46).

Por esto, el Movice considera que en la medida en que se de a conocer la verdad sobre los perpetradores y los autores intelectuales, se debilita la mentira que sostiene a los diferentes grupos de poder que se beneficiaron de dichos crímenes; de ahí la segunda estrategia del Movimiento, sustentada en una de sus principales reivindicaciones: la lucha por la memoria, la cual está estrechamente relacionada con la necesidad de desmentir, aclarar, sacar a la luz datos, hechos y procesos que han sido negados, ocultados, invisibilizados o tergiversados: ''se trata de contraponer una versión del pasado alternativa a la enarbolada por los voceros del Estado'' (p. 46).

2.2 Asociación de Familiares de Detenidos–Desaparecidos: más de veinte años de lucha en contra de las desapariciones forzadas

Asfaddes, es una organización no gubernamental de derechos humanos, la cual surge en Bogotá en 1982, con el fin de emprender la búsqueda de 12 estudiantes de la Universidad Nacional, un obrero y un dirigente campesino desaparecidos forzosamente, al parecer, por unidades del entonces F–2 (organismo de seguridad de la Policía Nacional), en asocio con un narcotraficante. Con el acompañamiento de dos defensores de derechos humanos, el abogado Eduardo Umaña Mendoza y el padre Javier Giraldo, este grupo de familiares se unieron para buscar respuestas sobre sus seres queridos y con ello iniciaron lo que es hoy Asfaddes, inspirados en la experiencia de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina (Cf. Asfaddes, 2003).

En su mayoría, los miembros de Asfaddes son mujeres que han perdido a sus familiares por causa de la desaparición forzada y se han asumido como organización de familiares–víctimas de este crimen de lesa humanidad. La asociación desarrolla su trabajo en tres dimensiones fundamentales: procesos de autoayuda enfocados a la recuperación integral de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada desde una dimensión intersubjetiva; empoderamiento como sujetos de derecho que permita trascender la dimensión individual de la desaparición forzada hacia una dimensión colectiva y social en la que se relacione la problemática particular con la situación de derechos humanos en el país; y finalmente, la consolidación de la organización (Cf. Asfaddes, 2003).

A partir de 1985, Asfaddes pasa a ser una organización reconocida por el Estado colombiano a través del otorgamiento de la personería jurídica,⁹ pero desde 1983 ha sido filial de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (Fedefam), organismo no gubernamental con estatus consultivo II ante la ONU.

3. Esfera pública y memoria: pluralidad, diversidad y conflictos

Esfera pública es un concepto que ha permitido a autores de distintas disciplinas, agrupar en una misma categoría de análisis acciones, dinámicas y características de las sociedades en sus formas de construir lo que es común y que afecta los intereses de una colectividad; igualmente se ha entendido la esfera pública como un ''lugar'' donde existe un despliegue comunicativo que abarca a ciertos actores y que está predispuesto a regenerarse continuamente a través de diferentes prácticas sociales.

Para Nora Rabotnikof (1995), el espacio público se concibe como una:

red de procesos comunicativos, autorregulados, sostenidos por organizaciones fluidas, horizontalmente interdependientes, de naturaleza más inclusiva y de forma más o menos discursiva, que se hallan en oposición a las iniciativas que emanan de organizaciones que intervienen en un espacio público dominado por los medios (p. 58).

La idea de ''espacio público o esfera pública'' emerge en parte —siguiendo a Rabotnikof— como respuesta a la necesidad de presencia ''ciudadana'' frente a la fragmentación identitaria y de reivindicación de la diversidad frente a viejas caracterizaciones unitarias; en ese sentido, se habla de esfera pública como aquel espacio generado también desde la sociedad civil y en beneficio de la ''reconstitución de la integración social'', en donde se genera un flujo comunicacional alterno al institucionalmente constituido que no abarca sus sentires, demandas, reivindicaciones, historias e intereses; se entiende entonces la esfera pública más allá de su dimensión estatal y, en todo caso, como un espacio plural, diverso y conflictivo en el que tienen lugar una serie de disputas entre distintos actores. En palabras de Geoff Eley:

Se trata de un escenario estructurado en donde tiene lugar la competencia o la negociación cultural e ideológica entre una variedad de públicos. En este ámbito hay una construcción de la autoridad que no es necesariamente racional y legítima, sino que es controvertida, modificada y ocasionalmente derrocada por múltiples grupos y sujetos subalternos. Por ello, es necesario estudiar la esfera pública desde la pluralidad, diversidad y conflictividad, y no desde la mirada que privilegia el acuerdo y lo homogéneo, que ha caracterizado gran parte de los estudios sobre el tema (Citado por Mónica Pérez, 2007, p. 351).

La pregunta por lo público o, en palabras de Jorge Bonilla y Camilo Tamayo (2005), por lo visible, lo reconocido, lo que es de todos e involucra los intereses comunes en casos complejos como los derivados de contextos de guerra y violencia, pretende comprender el modo en que las víctimas y sus memorias, en particular las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado, irrumpen en la esfera pública, convirtiéndose en tema de debate; y cómo desde esa perspectiva, pasan a ser parte de un escenario ampliado de mediaciones en que ''los actores producen e intercambian acuerdos, disensos, argumentos, sentimientos, miedos, esperanzas y pasiones sobre asuntos particulares de la vida que renuevan la capacidad que tiene la sociedad de actuar sobre sí misma'' (p. 8).

Cabe señalar que en entornos de conflicto armado y violencia, la resignificación de la esfera pública asociada a la memoria supone un proceso complejo, en tanto el conflicto armado ha alterado no solo la vida cotidiana de las personas sino también sus lazos sociales; en ese sentido, las comunidades se enfrentan al miedo de poner sus memorias en la esfera pública, pues en muchas ocasiones a causa de estos relatos y duelos colectivos, han sido constreñidas, silenciadas e incluso eliminadas por los poderes armados.

Ahora, el debate en Colombia alrededor de las víctimas se da en distintos ámbitos o escalas de la esfera pública: una micro–esfera local y una macro–esfera nacional. En estos ámbitos se sitúan los actores que participan de esos debates. La esfera pública se concibe, en este caso, como el espacio de interacción de diversos actores, donde estas interacciones, desde una perspectiva relacional, son las que permiten reconstruir la dimensión conflictiva de las luchas por la visibilidad de las víctimas y sus memorias.

Algunos estudios sobre el proceso de desmovilización paramilitar, han señalado que en este proceso, y en la aprobación de la Ley 975, se invisibilizó a las víctimas y temas como los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; es decir, estos asuntos no constituían un aspecto central del debate (Cf. Gil, 2007).¹⁰ Los actores principales en la esfera pública eran el gobierno nacional, los paramilitares y la iglesia, para quienes la reconciliación y el perdón constituían una preocupación prioritaria. Los derechos de las víctimas fueron pensados como una vía necesaria para lograr el perdón y un camino para lograr la reconciliación nacional. El derecho a la verdad fue concebido como un derecho a saber lo que les había pasado a las víctimas y a sus familiares, pero fue planteado como un asunto individual que no comprometía a la sociedad en general con los hechos ocurridos (Cf. Yarce, 2004).

Sin embargo, en Colombia, a partir del año 2005, se comenzó a hacer un diseño institucional en materia de víctimas con la expedición de la Ley 975, la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y el Fondo para la Reparación de las Víctimas; este diseño institucional, dio origen a una multiplicidad de debates en los que, por ejemplo, las organizaciones de víctimas como el Movice y Asfaddes, pusieron en tela de juicio los alcances de dicha normativa y las limitaciones en relación con las víctimas.

En este escenario, las organizaciones de víctimas aquí estudiadas —como se expondrá más adelante— construyeron y se apropiaron de lugares de referencia para poner en público sus demandas y reivindicaciones, constituyéndose en lugares habitados por los sujetos para la enunciación y construcción de sus memorias: acciones como los plantones, las manifestaciones y las conmemoraciones, dan cuenta de la existencia de lugares tomados como la calle y de la convergencia de voces tanto horizontales como verticales según el escenario planteado.

Siguiendo a Guillermo O'Donnell (1997), la aparición de los ciudadanos en la esfera pública se da mediante una voz horizontal, una voz vertical y una voz oblicua, las cuales se expresan y relacionan de forma diferente bien sea en contextos democráticos, regímenes represivos o autoritarios. La voz horizontal se refiere a la formación de una identidad colectiva, en la que se comparten ideas básicas acerca de lo que nos hace un ''nosotros'', en la que existen unos intereses materiales cuya reivindicación guía la acción colectiva; la voz vertical puede ser individual, pero en política —particularmente en la política democrática— la forma más importante de voz vertical es colectiva, en ocasiones dicho tipo de voz es directa, por ejemplo, cuando los individuos se reúnen en las calles para expresar su descontento, pero la forma más frecuente de la voz vertical colectiva es indirecta, es decir, cuando ciertos individuos se dirigen a las autoridades diciendo que lo hacen en representación de una cierta constelación de individuos; la voz oblicua emerge en regímenes represivos en los que se consigue, así sea por un tiempo, eliminar la voz vertical, este tipo de voz se refiere a un tipo particular de voz horizontal que intenta ser oída y comprendida por ''otros como yo'' que comparten la oposición al régimen represivo y que al mismo tiempo espera no ser percibida por sus agentes.

3.1 Procesos de construcción de memoria: mecanismos, reivindicaciones y lugares de referencia

Los procesos de construcción de la memoria elaborados por una sociedad se ven enfrentados a la imposibilidad de recordarlo todo, por ello, los grupos sociales eligen a través de una serie de mecanismos qué recordar y cómo hacerlo. Como señala Louis Bickford (2008), respecto a los procesos de construcción de memoria y refiriéndose particularmente a aquellos que son desarrollados por las víctimas de la violencia política:

La pregunta es qué vamos a elegir. Vamos a elegir solamente los hombres en caballo, los conquistadores o solamente historias gloriosas. Y en este punto destaco algo muy interesante que está pasando ahora en el mundo y es que grupos que no tienen poder reconocen el poder de la memoria e insisten en participar en la construcción de este paisaje. Durante toda la historia, la memoria la definieron los poderosos, los vencedores, pero ahora también los grupos que no tienen ese poder están jugando un papel importante. Eso es diferente, algo está cambiando en ese sentido, sumado a que podemos elegir qué recordar y hacer una conexión entre lo que recordamos y el futuro (p. 1).

En ese sentido, organizaciones como el Movice y Asfaddes, han visibilizado las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo, a través de una serie de mecanismos que buscan resignificar y elaborar los sentidos del pasado en la búsqueda de integrar una nueva interpretación de lo sucedido:

Los trabajos con la memoria desde el Movice buscan mostrar el pasado como parte de un horizonte de sentido en continuo diálogo con el presente. Este pasado se materializa día a día en acciones y trabajo colectivo del presente. La memoria, más que ser algo pasado sobre lo que se piensa y se discute, es aquello con lo que se piensa y con lo que se configura la identidad, las relaciones sociales y la propia acción. Las cicatrices que han quedado de los crímenes no desaparecen, reaparecen día a día de nuevas formas, se acentúan con las nuevas heridas que no cesan, con el silencio cómplice, con la falsedad, con el olvido. El acontecimiento pasado, así como todo aquello que ha enmarcado nuestro ser dentro de esa larga cadena de instantes que se escapan, define en gran medida la forma como se relaciona cada persona con el mundo y con las demás personas; es decir, derivan lo que son de las vivencias pasadas, en un proceso de significación y construcción de lo real, en el que se hace posible activar el pasado en el presente, o activar la memoria como presente del pasado (Movice y Colombia Nunca Más, 2011, p. 11).

Lo anterior nos reafirma, en la línea de los planteamientos de Maurice Halbwachs (2004), que el proceso de activación del pasado no ocurre en individuos aislados, sino por el contrario, en individuos que se encuentran insertos en redes sociales, grupos, o instituciones, por lo cual, la construcción de la memoria colectiva es posible en tanto esta ''no retiene del pasado más que lo que se halla todavía vivo o capaz de vivir en la conciencia del grupo que lo mantiene'' (p. 131).

Sobre esa puesta en público de las memorias, es relevante inscribir discursos como el de un miembro del Movice, que pone en evidencia las disputas por la memoria que han tenido lugar en la esfera pública:

Nosotros hemos tenido experiencias muy dolorosas con la Alcaldía de Medellín en el tema de memoria, no quiero aquí personalizar el asunto y decir que esto es un problema de tal o cual alcalde, estoy diciendo, ahí hay unas experiencias dolorosas y esas experiencias dolorosas nos han mostrado diferencias frente al tema de la memoria [...] La primera vez que sacamos los ladrillitos que habíamos pintado las víctimas —una actividad que empezó en el Parque del Museo de Antioquia, luego los pusimos hasta el Parque de las Luces— el Secretario de Gobierno de ese momento, en una forma agresiva los mandó a quitar que porque estaban obstruyendo el espacio público. Yo me senté a llorar y decía: cómo es posible que esto nos esté pasando. Pero en el fondo me pregunto ¿era por qué? Porque nosotros veníamos en una campaña con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, lo que aquí han llamado los falsos positivos y obviamente todos los victimarios que aparecían eran del Ejército. Entonces como así que cuando decimos que los victimarios son las guerrillas eso tiene todo el espacio, pero cuando decimos que son crímenes de Estado eso siempre se obstaculiza (Corporación Región, 2011, p. 5).

Lo anterior permite evocar lo planteado por Estela Schindel (2009) cuando afirma que la ciudad es, entre otras cosas, una proyección de los imaginarios sociales, en donde los procesos de memorialización que se imprimen en el espacio urbano componen un texto privilegiado en el que pueden leerse las valoraciones e interpretaciones colectivas de las memorias, así como el grado de consensos y conflictos que subyace a los relatos sobre el pasado y las tensiones que atraviesan en el presente, es decir, sus disputas; por otro lado, el modo en que estas organizaciones, a la vez que luchan y reivindican la memoria, reconocen la importancia del olvido, tal y como lo planteaba Todorov. Para organizaciones como el Movice, el empeño por no olvidar a pesar de lo que ellos nombran como ''lo necesario del olvido'', tiene que ver con su clara oposición a los silencios y olvidos impuestos que dicen haber experimentado:

Cuando afirmamos que nos han impuesto el silencio, queremos decir que desde un principio los crímenes que nos han causado profundos dolores, fueron negados; que la identidad de nuestros familiares fue mancillada; que nos fue negado el acceso al aparato de justicia; que los sueños y proyectos que causaron la muerte de nuestros familiares fueron sepultados en fosas comunes; y que hoy enfrentamos una sociedad que sigue negando de forma sistemática que su ser, sus instituciones, su orden social, es el producto de una gran masacre que no cesa de reproducirse para poder mantener sus estructuras fundadas en el terror. Queremos ser nosotros y nosotras quienes decidamos qué olvidamos. Queremos que no se niegue lo ocurrido, a pesar de la vergüenza que pueda sentir una sociedad que ha cohonestado con la barbarie (Movice y Colombia Nunca Más, 2011, p. 16).

Por otro lado, existen dos puntos en los que ambas organizaciones coinciden: primero, la diferenciación de la memoria con el recuerdo; y segundo, el sentido público y colectivo que le otorgan a la memoria; por ejemplo, para miembros del Movice es claro que no solo se busca recordar, sino que la memoria sea memoria viva y que, en ese sentido, las estrategias planteadas permitan reestructurar el recuerdo para volverlo a poner en el ahora:

Si durante muchos años no nos hubiesen condenado al silencio y la tergiversación, seguramente nuestros ejercicios de memoria serían más un acto individual muy cercano a lo místico [...] Pero, ante la mentira, la impunidad, la censura, y principalmente, ante la imposición de un modelo de sociedad diseñado a la medida de los victimarios; nos vemos obligados(as) a levantar nuestra voz de memoria y futuro como una forma de deslegitimar a aquellos que, amparados bajo una bruma de impunidad, siguen hoy aprovechándose del dolor de otros.

Nuestra apuesta por el recuerdo, por el develamiento de intereses, por la recuperación de sueños y proyectos, parte de una idea de pasado donde lo que fue puede volver a ser [...] debemos conocer nuestra historia para repetirla, para transmitirla, para darle continuidad, para poner de nuevo en juego los proyectos de sociedad que los victimarios pretendieron sepultar junto con los cuerpos desmembrados de nuestros familiares (Movice y Colombia Nunca Más, 2011, p. 17).

Por su parte, para miembros de Asfaddes, la memoria tiene un valor en tanto tiene una dimensión pública debido a que la causa de las desapariciones es política y necesita de un reconocimiento social. En sus palabras:

La falta de lugares públicos para la expresión de esa memoria es parte de esa falta de reconocimiento. Los familiares se ven forzados a una privatización del recuerdo que cuestiona muchas veces la propia validez de su experiencia, al no tener posibilidades de expresión pública. Las actividades como la Galería de la memoria, las semanas de conmemoración, etc., constituyen formas de recuerdo y reivindicación de sus familiares y una llamada de atención sobre la impunidad. Sin embargo, también esas actividades han sido objeto de hostigamientos y amenazas. Como parte del apoyo a los esfuerzos de los familiares y del deber de reparación moral del Estado, éste [sic] debe proteger la memoria de las víctimas y desarrollar acciones de reconocimiento social (Asfaddes, 2003, p. 315).

De este modo, en la búsqueda de activar el pasado en el presente, ambas organizaciones han definido una serie de mecanismos o estrategias para luchar por la memoria y en contra del olvido: las galerías de la memoria, las marchas, los plantones, las audiencias públicas por la verdad, la documentación de casos y las comisiones éticas. Las anteriores son estrategias mediante las cuales las organizaciones de víctimas buscan, por un lado, esclarecer qué pasó, cuáles fueron los intereses en juego; y por otro, dignificar a las víctimas y recuperar los sueños por los cuales fueron victimizadas. Algunos de estos mecanismos se presentan con un poco más de detalle en el siguiente apartado, con el fin de ilustrar esas estrategias de visibilización de las víctimas en la esfera pública.

3.2 Galerías de la memoria

Las galerías se entienden como un dispositivo colectivo, público e itinerante, articulado a la lucha por la memoria y a los procesos de recuperación de la memoria colectiva de las víctimas de crímenes de Estado. En su construcción participan familiares, colegas y amigos de personas que han sido víctimas de la violencia estatal en Colombia. Como señalan integrantes del Movice, este tipo de espacios buscan por medio de objetos personales cotidianos, legados artísticos e intelectuales y, en general, de todas aquellas cosas que permitan recrear los momentos más significativos de las vidas de los ausentes, mostrar al público quiénes eran las personas victimizadas y cuáles eran sus proyectos de vida; se trata además de humanizar las cifras y datos estadísticos de la violencia, reconstruir la memoria en cada caso particular para inscribirla en el contexto general de violencia y dar cuenta del camino recorrido por los familiares de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación o de las condiciones en las que en cada caso se ha producido la impunidad (Cf. Movice y Colombia Nunca Más, 2011).

Recogiendo los planteamientos del Movice, la Galería de la Memoria es una herramienta pensada para potenciar la participación política y que surge con el objetivo de propiciar el debate sobre la memoria de las víctimas en el espacio público, además de constituirse como un mecanismo que posibilita un trabajo de rememoración. En el caso del capítulo Bogotá, la Galería de la Memoria se instala como una exposición pública, el primer viernes de cada mes, en un lugar diferente de la ciudad; igualmente se presenta en eventos públicos y homenajes a los que convoca o participa el movimiento. A diferencia de Bogotá, en Medellín no hay una dinámica de instalar mes a mes este dispositivo, sino que las galerías se sitúan en el marco de eventos conmemorativos, muchos de ellos llevados a espacios públicos de la ciudad como la plazoleta del Museo de Antioquia, la Plazoleta de la Dignidad en el Centro Administrativo La Alpujarra, el Parque de las Luces y la Plazoleta Barrientos en la Universidad de Antioquia.

3.3 Audiencias públicas por la verdad

Son espacios públicos que se generan para denunciar los crímenes cometidos por el Estado, a los que son citados medios de comunicación, miembros del Congreso, poderes públicos de control y la comunidad en general, para que escuchen a partir de la versión de las víctimas, cómo, cuándo y dónde se cometieron los crímenes. Las audiencias aparecen en respuesta al contexto en el que se han presentado los crímenes de Estado en Colombia y la forma como, según ellos, se han impuesto silencios, censuras, odios y justificaciones, impulsando a las víctimas de crímenes de Estado a narrar una versión de los hechos que no ha sido ampliamente divulgada; como ellos mismos expresan, se trata de:

Difundir las realidades que han atravesado nuestras vidas y que han sido encubiertas por medio de la implementación de diversos mecanismos de impunidad, que no solo han sellado la injusticia, sino también han constituido un espacio social cínico que justifica la barbarie y la inhumanidad como necesaria para defender un modelo de sociedad que se considera el mejor (Movice y Colombia Nunca Más, 2011, p. 17).

En Medellín por ejemplo, en el mes de marzo de 2008, Asfaddes realizó tres audiencias preparatorias para el Tribunal Internacional de Opinión sobre Desaparición Forzada, llevado a cabo en Bogotá ese mismo año y en el cual participaron familiares de víctimas de este crimen de lesa humanidad, representantes de organismos de control del Estado, miembros de Asfaddes y jueces de seis nacionalidades diferentes. El objetivo del evento preparatorio era presentar diez casos emblemáticos de desaparición forzada en Antioquia debidamente documentados y que serían expuestos ante el Tribunal Internacional de Opinión sobre Desaparición Forzada.¹¹

3.4 Documentación de casos

El Proyecto Colombia Nunca Más es un antecedente significativo en la reconstrucción de la memora colectiva del país; en ese sentido la documentación de casos desarrollada por el Movice se desprende de este proyecto, el cual fue iniciado desde el año 1994 por numerosas organizaciones sociales que se pusieron en la tarea de diseñar un instrumento para evitar que la verdad sobre miles de crímenes cometidos en Colombia, desde la década de 1960, desaparecieran en el olvido y la impunidad.

Según expresan integrantes del Movice, ha sido una preocupación fundamental de los equipos de trabajo que han participado de la construcción de estos informes, reunir todos los elementos posibles para que los crímenes puedan ser mirados en su contexto, o sea, en el desarrollo de formas de injusticia, formas de resistencia, formas de represión, formas de impunidad y efectos de los crímenes sobre los tejidos sociales; pero además, el resultado de este trabajo ha permitido dar impulso al Movimiento Nacional de Víctimas en el ámbito nacional y regional, y ha permitido consolidar una memoria histórica del Movice, concretada en la publicación de una serie de informes regionales (Cf. Movice y Colombia Nunca Más, 2011).

Sin embargo, el ejercicio práctico de recopilación de las memorias de las víctimas ha mostrado que todavía falta desarrollar un seguimiento más juicioso de los casos y su evolución, pues ha faltado sistematicidad y organización en este ejercicio. Según Vidales (2011): ''en todas partes se han hecho trabajos de recuperación de memoria, pero no como algo estratégico, como una política [...] se están aportando herramientas que consoliden este ejercicio para que se pueda hacer algo unificado'' (p. 44).

Es pertinente resaltar que las acciones de recuperación de la memoria que se vienen adelantando desde el Movice, si bien buscan poner la memoria en la esfera pública, disputarse los sentidos del pasado y su uso en el presente, todavía se presentan como historias fragmentadas que en muchas ocasiones no logran trascender el hecho de visibilizar una memoria individual, para inscribirse dentro de procesos colectivos de memoria del conflicto social y armado del que hacen parte. Pese a los avances en la visibilización de las memorias de las víctimas, existen tanto factores externos —el miedo y la desconfianza—, como factores internos —la fragmentación de los procesos organizativos que convergen en el Movice—, que dificultan la consolidación del movimiento en el ámbito regional y nacional, pero sobre todo, en su posicionamiento público.¹²

Como señala Jelin (2002), en escenarios de conflicto social y político, distintos actores sociales con diferentes tipos de vinculación con la experiencia pasada, se disputan la legitimidad de su verdad. En el caso colombiano, estas disputas se habrían presentado entre actores que buscan el reconocimiento y, por supuesto, la legitimidad de su palabra y sus demandas; pero además, las memorias de quienes fueron victimizados o de sus familiares, irrumpen públicamente tanto con la pretensión de dar su versión de los hechos a partir de su memoria, como de exigir justicia, por lo que conceptos como memoria, verdad y justicia, aparecen en ocasiones como sinónimos, pues la disputa por el sentido del pasado, hace parte de la demanda de justicia del presente.

4. La irrupción de las víctimas en la esfera pública: ¿visibilización de las víctimas, invisibilización de sus memorias?

La reflexión sobre la irrupción de la memoria de las víctimas en la esfera pública, ha significado acercarse, por lo menos, a tres dimensiones de este problema.

En primer lugar, la forma como las víctimas han buscado ser reconocidas y el acompañamiento que han recibido, en un contexto en el que los victimarios que negociaron con el Estado recibieron mayor atención.

En segundo lugar, la necesidad de situar en el debate público lo imperativo del reconocimiento de los derechos que le asisten a las víctimas para garantizar la reparación, el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, puso en evidencia que no bastaba la visibilización de los actores concebidos como víctimas, sino que era preciso avanzar hacia su reconocimiento como sujetos de derechos.

En tercer lugar, las dificultades que supone en ese proceso de visibilización de las víctimas, el reconocimiento de sus memorias. Si bien las organizaciones de víctimas examinadas en esta investigación, han producido un discurso público sobre la recuperación de la memoria de las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado, surge la pregunta de ¿hasta qué punto, lo fragmentado de algunas de sus acciones, la individualización de sus testimonios y la falta de visibilidad pública de sus discursos, han limitado la construcción de memorias colectivas?

El análisis de la información recolectada permite constatar que si bien los hechos noticiosos se refieren de manera reiterada a determinadas acciones públicas desarrolladas por las organizaciones de víctimas, sigue siendo marginal la alusión al proceso de construcción de memoria y su importancia para pensar en procesos de verdad, justicia y reparación que permitan ajustar cuentas con el pasado violento.

Ahora bien, no se pretende desestimar la importancia que tiene para el proceso de construcción de memorias colectivas, las dinámicas organizativas aquí abordadas, pero es igualmente importante el reconocimiento de otras formas de expresión no organizadas que también vienen dando cuenta del modo en que la pregunta por la memoria circula en diferentes esferas de la vida social,¹³ las cuales ponen en evidencia la complejidad de un proceso en construcción en el que también tienen cabida las reflexiones sobre la memoria de otros sujetos y actores sociales.

Este ejercicio investigativo más que cerrar discusiones frente al tema de las víctimas y sus memorias, lo que propone es abrir nuevos interrogantes sobre el tema. Particularmente en este escenario, que algunos han nombrado como ''el tiempo de las víctimas'', resulta pertinente preguntarse: ¿cuáles son las realidades que subyacen a la categoría ''víctima'' hoy en Colombia? ¿Cuál es la situación de las víctimas y las organizaciones después de 6 años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz? ¿Qué balance hacen las organizaciones y las víctimas en general sobre dicha Ley? ¿Se han conseguido —así sea de modo parcial— los propósitos que se han trazado las organizaciones? ¿Se ha avanzado en el reconocimiento de las memorias de las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado, o por el contrario, se han invisibilizado aún más, a pesar de lo reiterativo que hoy resulta el tema de las víctimas en el debate público? ¿Qué efecto tendrá, en los procesos de reconstrucción de la memoria, la puesta en práctica en 2012, de la ley 1448 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado?

Por otro lado, frente a lo que se ha denominado la irrupción de las víctimas en la esfera pública, si bien se ha abierto una puerta para el debate, falta avanzar en la discusión sobre una dimensión colectiva del daño que ha causado la violencia sociopolítica en Colombia, pues sin duda, a pesar de los esfuerzos de diversos actores por abordar el tema de las víctimas, ha faltado hacer visible a partir de una puesta en público de los testimonios, la verdad de lo sucedido, trascendiendo la reconstrucción testimonial de los acontecimientos relacionados con experiencias traumáticas subjetivas, para llegar a una puesta en escena de las memorias de la violencia que se relacione con los contextos y los actores e intereses que la producen.

Finalmente, es preciso reiterar que se reconoce que las posiciones de las víctimas se encuentran ligadas a las experiencias de violencia de las que han sido objeto, por lo cual se entiende que no existe una sola memoria y, por tanto, no puede erigirse un solo relato de esta, ya que las víctimas son múltiples y de carácter diverso, y en ese sentido la memoria de las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado es una de las memorias que se pueden encontrar sobre la guerra.

Notas

* Este artículo es resultado de la investigación Las disputas por la memoria: Las víctimas y su irrupción en la esfera pública, Medellín 2004–2010, en el marco del programa Jóvenes investigadores de Colciencias ''Virginia Gutiérrez de Pineda'', 2011.

1 El conflicto armado en Colombia se ha prolongado durante los últimos cincuenta años, de ahí la multiplicidad de víctimas producidas por un número igualmente diverso de victimarios. En el año 2005 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación advertía que en Colombia las víctimas correspondían a: 8.003 víctimas de masacres entre 1993 y 2004, según estadísticas oficiales; 12.148 homicidios políticos cometidos entre 1997 y 2004, según el CINEP, o 25.574 que contabiliza la Comisión Colombiana de Juristas entre 1997 y 2003; 1.215 secuestros cometidos por las AUC y 12.545 perpetrados por la guerrilla entre 1996 y 2005, según la Fundación País Libre; 502 indígenas asesinados entre 2002 y 2005, según el Gobierno; y 3.500 líderes sindicales asesinados en los últimos quince años, de acuerdo con la CUT; y 1.685.635 desplazados registrados por la Red de Solidaridad Social entre 1995 y 2005 o 2.483.504 estimados por Codhes (Cf. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, 2005, p. 2).

2 El proceso de negociación con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, inició a finales del año 2002 con la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades por parte de los grupos paramilitares. El 15 de julio de 2003, se firmó el Acuerdo de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia entre representantes del gobierno y las AUC, en el que se pactó el cese de hostilidades, la desvinculación de las autodefensas del narcotráfico, el desmonte de las estructuras armadas y la desmovilización y reinserción de los combatientes; al finalizar el balance dejó 31.671 hombres y mujeres desmovilizadas y 18.051 armas entregadas. Actualmente, la mayoría de los jefes paramilitares se encuentran extraditados (Cf. Alonso et al., 2007).

3 Si bien Elizabeth Jelin habla de momentos de reactivación de la memoria para el caso argentino, en el caso colombiano se refiere a un momento de activación, en cuanto se trata de un tema nuevo en términos de ímpetu y relevancia pública (Cf. Jelin, 2002).

4 Se seleccionaron a las organizaciones a partir de una experiencia laboral en la Personería de Medellín en el año 2008, la cual, a través del acompañamiento jurídico a las víctimas del conflicto armado, permitió evidenciar que, si bien la normativa colombiana recogía elementos significativos de los instrumentos internacionales para determinar las situaciones que definen a las víctimas, la legislación nacional las reducía a las afectadas por los grupos armados al margen de la ley, dejando por fuera un significativo número de víctimas, como las de crímenes de Estado; se le sumó la negación por parte del gobierno de Álvaro Uribe de la existencia de un conflicto social y armado, así como la afirmación de la disolución total y exitosa de los grupos paramilitares, lo que sin duda tuvo repercusiones transcendentales —pero sobre todo negativas— para las víctimas, pues se negaba la existencia de las víctimas del paramilitarismo posteriores al proceso de DDR, considerando solo a las víctimas de la guerrilla.

La experiencia posibilitó establecer lazos de cercanía con miembros de Asfaddes y el Movice, así como conocer sus dinámicas organizativas; pero además, permitió reconocer la dimensión política de ambas organizaciones, la persistencia de sus luchas, el alcance de sus reivindicaciones y el impacto de sus discursos en el conjunto de organizaciones de derechos humanos de la ciudad.

5 Los planteamientos de este apartado se abordan de un modo más amplio en el informe final de investigación, los cuales han sido sintetizados por motivos de espacio, al igual que la caracterización de las organizaciones Movice y Asfaddes de las cuales solo se presentan rasgos generales.

6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 975 de 2005. 25 de julio de 2005. Ley de Justicia y Paz. Diario Oficial 45980. Bogotá, D.C., 25 de julio de 2005.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1290 de 2008. 22 de abril de 2008. Decreto de reparación por vía administrativa. Diario oficial 46968. Bogotá, D.C., 22 de abril de 2008.

7 Conviene resaltar la posición de Iván Cepeda y Claudia Girón (2005), quienes señalan que en Colombia cualquiera puede ser víctima de crímenes de Estado, dado su permanente uso arbitrario de la fuerza; sin embargo, los blancos de esa violencia sistemática han sido sectores organizados como sindicalistas, sectores políticos, grupos de oposición, estudiantes universitarios, líderes comunitarios; y que desde el ejercicio de esa violencia sistemática se ha buscado no solo la aniquilación física sino también producir cambios en el tejido social, específicamente en la subjetividad colectiva.

8 En el Derecho Internacional, la definición de los crímenes de Estado ha sido construida a partir de dos aspectos constitutivos de estas formas de violencia: son hechos brutales de carácter generalizado y son de índole sistemática.

9 La consolidación institucional de la asociación, el otorgamiento de la personería jurídica por parte del Ministerio de Justicia el 19 de marzo de 1985, ha sido un elemento significativo que les ha permitido establecer relaciones institucionales con diversas organizaciones, así como participar en redes interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional, posibilitando —entre otras cosas— la gestión de recursos económicos y humanos, así como la coordinación de acciones de cabildeo que, para los miembros de la asociación, ha fortalecido su dimensión pública y organizativa.

10 Vale la pena resaltar la significativa presión de los organismos internacionales para que se incluyera como un tema fundamental de debate, en el marco de la naciente Ley 975 y la negociación con los grupos paramilitares, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

11 Los casos presentados en esta audiencia fueron: Caso Ángel Quintero y Claudia Monsalve; Caso Vereda La Esperanza del Oriente Antioqueño; Caso Luis Fernando Lalinde; Caso Comuna 13 de Medellín; Caso Norberto Javier Restrepo; Caso Olga Luz Echavarría, Eliécer Pérez M. y Cristóbal Vargas; Caso Johan Lotero Gil; Caso Alberto León Ledesma Ríos y Caso Francisco Gaviria Jaramillo.

12 Como manifestaron miembros de las organizaciones en las entrevistas, la fragmentación ha sido una constante en el movimiento de derechos humanos. Dicha fragmentación se evidencia en la dificultad que todavía se tiene para trabajar en equipo y sacar adelante propuestas conjuntas en que la participación se haga efectiva para todos.

13 Durante el desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo una serie de eventos sobre memoria emprendidos por el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, instituciones educativas como Bellas Artes y múltiples organizaciones sociales, estudiantiles y comunitarias.

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