SECCIÓN GENERAL

Felipe Cárdenas Támara¹

¹ Doctor en Antropología, Bircham University, Estados Unidos de América, New Jersey. Profesor Asociado de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana y director del grupo de investigación Sociopolítica, ambiente y análisis cultural. Correo electrónico: felipe.cardenas@unisabana.edu.co.

Fecha de recepción: febrero de 2013

Fecha de aprobación: abril de 2013

Cómo citar este artículo: Cárdenas Támara, Felipe. (2013). (Des)orden y signos políticos dominantes del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Estudios Políticos, 42, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 85–111.

RESUMEN

El trabajo realiza un análisis del campo discursivo del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (AUV). Con base en una metodología cualitativa de análisis de discurso, centrado en la construcción de unidades de interpretación hermenéutica (Cf. Kohler, 1993), se busca identificar la experiencia de orden de AUV. La pregunta de investigación se refiere a la identificación de los contenidos sígnicos connotados en la representación política de la realidad y su incidencia en la constitución del campo de la vida política nacional, en tanto modalidades enunciativas con poder de afectación de la realidad de Colombia.

Se correlaciona el proceso discursivo en función de la imaginación y las representaciones sociales que emanan de ciertos grupos políticos afines a la ideología de AUV; se corrobora que el discurso político en mención está anclado en el neoliberalismo y que AUV distorsiona los ejes conceptuales fundamentales de la noción del Estado social de derecho, consagrados en el ordenamiento constitucional de Colombia. Los efectos del discurso de AUV devienen en una construcción de la seguridad, ligada a visiones policivas y militaristas principalmente.

Palabras clave: Uribe Vélez, Álvaro; Análisis de Discurso; Discurso Político; Seguridad; Neoliberalismo.

Abstract

The paper makes an analysis of the discursive field of the former Colombian President Alvaro Uribe Vélez (AUV). Based on a qualitative methodology of discourse analysis, the research process develops the construction of hermeneutic units of interpretation, looks to identify the experience of order of AUV. The research question is related to the identification of the signical contents connoted in the political representation of reality and how they have influenced the formation of the political field of the nation, as enunciatively modalities with the power of changing the reality of Colombia.

This article correlates the discursive process with the imagination and social representations emanating from certain political groups that share the ideology of AUV; the study confirms that the political discourse in question is anchored in neoliberalism and that AUV distorts the fundamental conceptual axes of the Social State of Law notion, embedded in the constitutional system of Colombia. The effects of the discourse of AUV are related with the construction of the notion of security, tied primarily with police force actions and a militaristic view.

Keywords: Uribe Vélez, Álvaro; Discourse Analysis; Politic Discourse; Security; Neoliberalism.

Introducción

Este trabajo pretende complementar, a la luz de la categoría de experiencia de orden, varios de los estudios analíticos sobre el accionar político de Álvaro Uribe Vélez (AUV), que diversos analistas han realizado en los últimos años (Cf. Cárdenas, 2012; Castro, 2009; Cepeda y Rojas, 2008; Duzán, 2004; Fierro, 2011; Galindo, 2007; Palomares, 2009; Leal, 2006). Es relevante el estudio, teniendo en cuenta el papel protagónico que el expresidente colombiano sigue desempeñando en la dinámica política actual del país. Sus enunciados discursivos expresan elementos valiosos de la imaginación y las representaciones sociales de significativos grupos y actores nacionales, que plasman una experiencia de orden en la dinámica social y política del país.

La noción de experiencia de orden, habilita teóricamente la comprensión de los debates y las visiones de realidad que orientan a una sociedad (Cf. Cárdenas y Suárez, 2010) que, para este estudio de caso, se refiere al contexto particular de análisis sintético de los enunciados que AUV ha incorporado en la realidad política del país.

La experiencia de orden, como definición abierta, puede significar la condición emergente que un líder político, partido, gobierno, cultura o sociedad, expresan en la configuración de la realidad que se experimenta —objetiva o subjetivamente— sobre el acontecer de la realidad política, en un proceso que puede ser tanto sincrónico —el acontecimiento actual—, como diacrónico —engranajes históricos—. La condición emergente se configura mediante actos autoreferenciales —el mundo psíquico— y heteroreferenciales —la dimensión social—, de carácter comunicativo —sistema de producción discursivo—, surgidos dentro de acontecimientos y espacios discursivos que se recrean mediante actos de gobierno y acciones políticas concretas, que denotan y connotan los principios y valores fundamentales de quienes tienen el poder político, y su expresión configuradora de la realidad.

1. Los problemas con la experiencia de (des)orden de Uribe. Síntesis del contexto y continuidad discursiva

La versión colombiana del estudio sobre la cultura política mostró que los altos niveles de popularidad del expresidente AUV, generaron en la ciudadanía, durante sus dos periodos de gobierno, una percepción y evaluación positiva del sistema político colombiano; sin embargo, las recientes actuaciones del expresidente pueden estar afectando la percepción de los colombianos sobre la vida democrática del país (Cf. Latin American Public Opinion Project–Lapop, 2010; 2011). No deja de ser una paradoja que su popularidad en Colombia haya sido tan alta y que se mantenga, ya que es evidente que su gobierno y sus más cercanos colaboradores han estado involucrados en procesos judiciales ligados a hechos que implican faltas graves a la ley y que algunos ciudadanos, acudiendo a denuncias penales, han considerado como crímenes de lesa humanidad (Cf. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2010). La percepción que se tiene del expresidente en el exterior no es tan favorable (Cf. North American Congress on Latin America, 2010) y contrasta con la popularidad que ostenta en Colombia.

No es sorprendente que la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos se retrasara durante su gobierno. Su aprobación se logró el 10 de octubre de 2011, durante la presidencia de Juan Manuel Santos (JMS), ya que el gobierno de AUV se enfrentó al lobby de diversas organizaciones de derechos humanos muy influyentes en ese país y contó con la oposición de movimientos sindicales, así como con el rechazo de sectores de congresistas demócratas que se opusieron a la firma del tratado por parte de Estados Unidos, con un gobierno cuestionado en materia de derechos humanos.

A pesar de la popularidad que ha mantenido AUV en algunos sectores de la sociedad colombiana, los colombianos no han sido pasivos a su proceder. Una vez terminó su segundo periodo presidencial —7 de agosto de 2010—, el 29 de noviembre de 2010, miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, sindicatos, periodistas, partidos políticos y ciudadanos colombianos, presentaron ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia penal contra el expresidente por crímenes de lesa humanidad (Cf. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2010). La acusación sostiene que es muy difícil defender la tesis que pretende excluir al expresidente AUV de cualquier responsabilidad judicial o política en el accionar del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), teniendo en cuenta que sus más cercanos colaboradores estaban al tanto.

Las actuaciones comunicativas posteriores a sus mandatos presidenciales, que se pueden seguir a través de su cuenta en twitter, así como en sus pronunciamientos por otros medios de comunicación —radio y televisión—, y la utilización de los llamados talleres democráticos, dan cuenta de constantes ataques por parte de AUV al presidente JMS—su antiguo aliado— y a sus actos de gobierno.

A la luz de estos hechos y actuaciones, puede pensarse que en los últimos diez años el discurso dominante en el interior de la política y de la sociedad colombiana, ha estado influenciado por las categorías impulsadas por AUV. El grado de ascendencia y continuidad de su discurso expresa una condición atípica en la vida democrática colombiana contemporánea, ya que es extraño que un expresidente, que ayudó a configurar la línea de poder de quienes están en el gobierno, sea en la actualidad una de las principales voces de oposición.

2. El modelo analítico

La experiencia de orden de una sociedad se puede identificar mediante los signos singulares que se expresan en el discurso interpretativo dominante o en el discurso hegemónico; en ese sentido, el lenguaje y la narrativa del líder político se entienden como profundamente constitutivos de la realidad.

La noción de orden político está estructurada a partir de los postulados teóricos de Eric Voegelin (1957), cuya visión ha sido considerada como paradigmática para una aproximación científica y filosófica del hecho político. Su noción de lo político, parte del horizonte teórico que lo define por su carácter configurador del orden estructural de una sociedad (Cf. Cárdenas y Suárez, 2010). En las ciencias sociales, el tema del orden ha sido determinante en la comprensión de otras sociedades y de la sociedad humana en su conjunto (Cf. Balandier, 1998).

En la gráfica 1 se identifican los principales campos conceptuales que constituyen el modelo de análisis operativo sobre el cual se estructuró el trabajo de investigación. El eje de la derecha, constituido por los conceptos de legitimación, ideología e integración, aluden a escuelas teóricas que han servido para delimitar el análisis del discurso; el eje de la izquierda está enfocado en los conceptos centrales emanados de las categorías propias del discurso político de AUV. El proyecto acudió a procesos de codificación estructurados con base en la utilización del software Etnograph V6.0. La estructura computacional permitió expresar y sistematizar la realidad de lo observado, pensado desde el manejo de conceptos y herramientas de análisis heurístico. En consecuencia, estas herramientas facilitaron el descubrimiento de significados, relaciones y redes simbólicas, a partir de conexiones que pueden superar la dicotomía entre objetividad y subjetividad, y discurso emic–discurso etic.

3. Sobre caudillos políticos. Su experiencia de orden e ideología

El estudio sobre los líderes ha sido un campo significativo en el área de la política e historia comparada (Cf. Goemans et al., 2009, p. 269). El papel de los líderes políticos ha sido reconocido como relevante también en el campo de las relaciones internacionales. Si se fija la atención investigativa sobre los individuos tomadores de decisiones y sus discursos, se gana en la capacidad de identificar las contingencias y acciones políticas que moldean y son moldeadas por el ambiente político.

Los trabajos recientes más transcendentales sobre el tema, se hallan en los estudios de Jean Blondel (1987), Henry Bienen y Nicolas van de Walle (1991), y Bruce Bueno de Mesquita y Randolph M. Siverson (1995); cada uno destaca la importancia del líder político y fija la atención investigativa en su acción como individuo; en consecuencia, la categoría de líder político se entiende como una unidad de análisis en el campo de las ciencias sociales (Cf. Bueno de Mesquita, Smith, Siverson, Morrow, 2003). Particularmente, el campo de las relaciones internacionales ha realizado estudios sobre los líderes políticos desde hace cuatro décadas aproximadamente (Cf. Goemans, et al., 2009, p. 271).

El estudio del líder puede centrarse en el estudio de su discurso político y sus narrativas; en dicho contexto, el estudio de la semiosis discursiva es eminentemente interdisciplinario y se entiende como parte del ''giro interpretativo en las ciencias sociales'' (Cf. Kohler, 1993). El giro interpretativo, entre variadas posibilidades, busca entender aspectos de la vida social desde el microcosmos del discurso y sus narrativas; el análisis del discurso se entiende como interpretación y es inevitable porque las narrativas son representaciones de la realidad, tanto psíquica como social, del sistema político, y están enmarcados por la noción de ideología.

Los estudios contemporáneos sobre la ideología, en la obra de antropólogos como Clifford Geertz (1992) y de semiólogos como Eliseo Verón (1996), reivindican su capacidad simbólica y semiótica; para Geertz, una sociología de la cultura tiene que estar atenta a captar la apreciación significativa de la retórica, de la figuras, de los elementos de estilo ―metáforas, analogías, ironías, ambigüedades, retruécanos, paradojas, hipérboles― que obran en la sociedad, tanto como en los textos literarios; de ser así, la noción de ideología es mucho más que la simple deformación marxista de la realidad (Cf. Ricoeur, 2008). Para Verón (1996, p. 134), lo ideológico, es una expresión del sistema de relaciones de un discurso, que mediante sus condiciones de producción, pone en marcha mecanismos y procedimientos para el funcionamiento de una sociedad.

Por lo tanto, la ideología tiene el efecto de construir una experiencia de orden y poder que reflejan las bases constitutivas de una sociedad. Una ideología, cuyo operador es una compleja red semiótica de producciones de sentido, puede establecer procesos de legitimación de las ideas particulares de un grupo o clase social que busca universalizar sus intereses y presentarlos como los intereses de todas las clases; por ejemplo, la idea de prosperidad, de cuño liberal que aparece en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia,¹ se presenta como un código lingüístico universal y sirve como slogan–anclaje–signo de la base discursiva del gobierno de JMS, quien abandonó el signo seguridad democrática manejado por AUV y pasó a usar el signo prosperidad democrática, justificando así un sistema de autoridad–poder que da cuenta de las variantes discursivas del neoliberalismo y de la fuerza que tiene el marketing político actualmente en la constitución discursiva de las campañas políticas y programas de gobierno. En síntesis, los discursos son configuradores de experiencias de orden, están atravesados de poder e ideología y son productores de sentido.

4. Notas básicas de la experiencia de (des)orden del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Es básico recordar que la producción discursiva de AUV es el resultado de la disfuncionalidad de la sociedad colombiana, es decir, no se puede entender el papel protagónico de su producción discursiva sino se tiene en mente que Colombia, hacia el año 2002, venía de experimentar un fracasado proceso de negociación y paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998–2002), que no pudo terminar con un conflicto armado irregular de más de 50 años.

En los diálogos del Cagúan (1998–2002), las FARC terminaron manipulando los diálogos y usando la zona de distensión territorial que el gobierno les había otorgado, para terminar —continuar— delinquiendo mediante actividades de narcotráfico, secuestro, asesinato de civiles y reclutamiento de menores de edad. La situación del país era tan grave en aquellos años, que analistas internacionales como Juan Gabriel Tokatlian (2004) llegaron a afirmar que el Estado colombiano, era un Estado fallido y un problema para la seguridad regional de América Latina; fue tan grave, que las FARC hicieron ''presencia'' al sabotear el discurso de posesión de AUV, mediante la utilización de cilindros bomba disparados a la Casa de Nariño.

Dicho contexto, debe enmarcar las propias afirmaciones críticas que hacen parte de este artículo, ya que es un hecho que la política de seguridad democrática de AUV logró minimizar el poder armado y militar de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en todo el país (Cf. Lapop, 2011); sin embargo, dicha política no pudo derrotarlas, como fue su promesa electoral.

4.1 Doctrina política

Es significativo afirmar que el discurso político de AUV es un discurso lleno de fórmulas que simplifican el ejercicio político, denotándolo en frases cortas con alto impacto mediático:

la seguridad estimula la inversión, y ésta [sic], con responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y en la construcción de equidad. Mientras la seguridad y la inversión hacen sostenible la política social, ésta [sic] legitima las dos anteriores (2007e).

El orden y la prosperidad para AUV es simétrico: dado empleo–emprendimiento, constituido por seguridad–inversión–acceso a mercados e innovación productiva, más revolución educativa e infraestructura, igual desarrollo.

El cuerpo de la doctrina política de AUV se reproduce en instituciones no gubernamentales como el Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC) que busca validar académicamente una visión política, ideológicamente enfocada en la visión de un neoliberalismo militarizado; su discurso, cuya fuerza radica en el poder de codificación y descodificación ideológica anclada en el neoliberalismo, ignora cualquier referencia a visiones políticas alternativas que reflexionan sobre la importancia de generar políticas desde perspectivas ambientales y cosmopolitas, que articulen la significación del Estado social de derecho, desarrollando sus contenidos mediante estrategias de Estado y gobierno, sujetas a los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

En la estrategia de poder desplegada durante su gobierno, no se toma en cuenta con claridad elementos básicos de una propuesta de seguridad que trascienda exclusivamente el ámbito militarista. Los temas del territorio y de la población, carecen de desarrollos conceptuales, tanto en el discurso analizado, como en documentos gubernamentales que definieron su política.

Dentro del concepto de seguridad democrática, no se puede olvidar su propuesta de implementar por lo menos siete bases militares norteamericanas en el territorio nacional, un procedimiento abiertamente contrario a la Constitución Política (Cf. Semana, 2009, agosto 4). El hipercrecimiento del gasto militar y del número de efectivos de las fuerzas armadas, evidenció una política centrada en el concepto de seguridad nacional tan cuestionada y perjudicial para la estabilidad democrática del país y de la región. AUV consciente o inconscientemente le hizo juego a los complejos industriales militares.

Dentro de los efectos concretos de su visión política no se pueden olvidar los delitos cometidos contra la comunidad de San José de Apartado por parte de las fuerzas militares colombianas en acción conjunta con paramilitares. La comunidad sufrió varias masacres, entre ellas, en las veredas Mulatos y la Resbalosa de San José de Apartado, donde murieron niños indefensos, sin que se hiciera una intervención judicial efectiva que garantizara a sus pobladores el derecho a la verdad para preservar su memoria colectiva, el castigo de los responsables y la reparación por parte del Estado (Cf. Semana, 2009, agosto 4).

Públicamente, señaló a la comunidad como cercana a organizaciones insurgentes (Cf. El Espectador, 2013, enero 21), dando lugar a que la Corte Constitucional de Colombia solicitara al gobierno nacional la ''retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes'' en actos que venían desde el gobierno de Uribe.² Estos delitos se relacionan con el proceso de infiltración del paramilitarismo en el Estado colombiano, en el que el país sufrió una profunda transformación de la estructura de propiedad de la tierra (Cf. Reyes, 2009) —la insurgencia guerrillera es igualmente responsable en ese proceso— que aún no ha podido ser revertida por el gobierno de JMS y su política de desarrollo rural: recuérdese los delitos cometidos y originados por permitir la infiltración del paramilitarismo en el DAS y que su director era nombrado directamente por el Presidente de la República y que respondía directamente a él (Cf. El Espectador, 2011, febrero 11).

El expresidente AUV defendió públicamente el nombramiento y obra de Jorge Noguera, Director del DAS durante su primer periodo presidencial, quien durante su administración facilitó la elaboración de listas de personas que luego fueron asesinadas por los paramilitares (Cf. La W Radio, 2006, abril 10). En ese contexto, configuró un aparato político–jurídico personalista, centrado en un proyecto político contrario al sentido y espíritu constitucional; también debe tenerse en cuenta que jamás hizo pronunciamiento público alguno que condenara, como jefe de Estado, los crímenes cometidos por algunos sectores de las fuerzas militares–paramilitares. Conviene recordar que algunos estamentos del Ejército de Colombia, durante su gobierno, asesinaron extrajudicialmente a civiles inocentes que hacían pasar por guerrilleros, conocido como los falsos positivos (Cf. International Peace Observatory, 2010).

La Ley de Justicia y Paz —Ley 975 de 2005—, faro e hito de su gobierno con el paramilitarismo, selló de manera particular la experiencia de orden de AUV. En un análisis pormenorizado de la ley, el padre Javier Giraldo (2005) argumenta por qué esta fue una falacia. La ley, afirma, fue presentada como resultado: a) de una negociación política, b) como una negociación de paz, c) como un proceso de desmovilización, d) como el desmonte definitivo de los paramilitares, y e) como procedimiento para la superación de la impunidad.

A pesar de las primeras impresiones por parte de la ciudadanía e, incluso, de agencias humanitarias internacionales, el paramilitarismo en Colombia nunca se desmontó; por ejemplo, el alto comisionado de Naciones Unidas, Christian Salazar, hizo serias críticas a la eficacia de la Ley 975 de 2005, afirmando que la Ley de Justicia y Paz había sido todo menos de verdad, justicia y reparación (Cf. Naciones Unidas, 2009).

La falacia de todo el proceso deriva de la confusión y el engaño al que se arrastró al país, al creer que el paramilitarismo había sido erradicado: el encargado de dicho proceso, el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, en estos momentos sigue huyendo de la justicia colombiana y nunca explicó el tema de las falsas desmovilizaciones que ocurrieron durante el gobierno de AUV. El proceso de desmonte del paramilitarismo, derivó en bandas criminales (bacrim); la doctrina paramilitar, en su expresión política, mantiene vínculos y coincidencias en su visión de sociedad, en los métodos utilizados y en los objetivos perseguidos con la doctrina de seguridad nacional que configuró el escenario de la lucha contrainsurgente en Colombia y en el continente desde la década de 1960 (Cf. Reyes, 2012, pp. 12–241).

La doctrina de orden político de AUV se centró en programas que despilfarraron una cantidad enorme de recursos. Con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Diego Otero Prada (2010) señala que el gasto militar en Colombia entre 2002–2010, osciló entre 5% y 6% del producto interno bruto (PIB), representando la proporción más altas en el continente americano y mayor que en Europa. El gasto total para dicho periodo, representó un aumento real de 45,07%. En el contexto latinoamericano, la mayoría de los países tuvieron en el año 2008 un gasto militar por debajo de 1% del PIB —Argentina, Paraguay, México, Nicaragua, El Salvador, Guyana, Jamaica, Honduras, Panamá—, otros se encontraban entre 1% y 1,5% —Brasil, Venezuela, Perú, Uruguay y Bolivia—; Chile se salía de la tendencia con 3,5% y Colombia fue el caso excepcional con 5,47%. Sumados, los gastos militares y de servicio de la deuda externa e interna, afirma Otero, representaron entre el 53,43% del presupuesto de la nación en 2002 y el 41,6% en 2010:

[Desde el] punto de vista macroeconómico lo anterior significa, que en los ocho años del gobierno Uribe, en promedio, entre 2002 y 2010 un 50% de los egresos de la nación estuvieron orientados a gasto improductivo, una asignación de recursos inadecuada que no permite dedicar recursos a actividades productivas para aumentar la riqueza futura (Cf. Otero, 2010, s.p.).

El gobierno de AUV, en el contexto de un país con enormes necesidades sociales y productivas, dejó un presupuesto fundamentalmente destinado a la militarización de la experiencia de orden de los colombianos. El crecimiento del gasto militar, estuvo estrechamente relacionado con la consolidación de la estrategia minera y la defensa de la inversión extranjera. AUV fue el primer promotor de los TLC y le brindó todas las garantías jurídicas a las empresas privadas multinacionales; estas condiciones de negociación son contrarias a las leyes colombianas y han contado con facilidades y exenciones tributarias de las que no gozan los ciudadanos ni empresas colombianas (Cf. 20. Centro de Investigación y Educación Popular, 2010, pp. 1–15). En ese mismo horizonte, y como expresión de una regularidad en sus enunciados, su modelo económico funcionó con base en distinciones discursivas, que claramente expresaron el lugar que ocuparon los sectores populares y campesinos en su visión de la realidad: ''Ojalá prevalezcan las concesiones y los acuerdos entre industriales e inversionistas con los propietarios y poseedores, sin que estos sean desplazados'' (Uribe, 2008, s.p.).

Como rasgo vinculante con el anterior enunciado, hizo alusión a la Hacienda Carimagua, mencionándola como un baluarte destinado a los desplazados. Sorprende esta opinión ya que este fue un caso polémico en el que el gobierno asumió una posición contraria a la restitución de tierras a los desplazados, y centrada en los intereses de grandes inversionistas agroindustriales, incluso en contra de acuerdos ya existentes orientados a favorecer a familias desplazadas, que el presidente mencionó en su discurso del 20 de julio de 2008 (Cf. Molano, 2008; Uribe, 2008).

La doctrina política de AUV, en materia económica, se sintetiza en expresiones como: ''Acudimos a esta cita de la democracia con alegrías y expectativas en la seguridad, confianza en la inversión, dificultades en la economía y toda la determinación para avanzar en lo social'' (Uribe, 2008, s.p.).

La singularidad de sus enunciados, fueron de orden reiterativos en todos sus discursos sobre democracia: ''Se soporta en la seguridad desde la democracia, la inversión desde la responsabilidad social y la cohesión social desde las libertades. Estos tres pilares estimulan la confianza y a su vez se fortalecen al nutrirse de ella'' (Uribe, 2008, s.p.).

En la formación de conceptos y argumentos expresó una lógica de causalidades lineales y de agrupamiento de objetos con base en los significados monoculturales del neoliberalismo. El conjunto de los hechos discursivos evolucionan con base en una simplicidad asombrosa: ''La seguridad es presupuesto esencial de la inversión. Ambas, seguridad e inversión, causan la prosperidad que con responsabilidad social es equivalente a superación de pobreza y construcción de equidad'' (Uribe, 2008, s.p.).

Por otro lado, aludió —como en otras ocasiones— a la importancia de la cohesión social, como fundamental para la seguridad y el crecimiento, pero incorporó la democracia de opinión como nueva variable: ''En una democracia de opinión como la nuestra, la cohesión social es el legitimador que finalmente da sostenibilidad a la seguridad y a la inversión'' (Uribe, 2008, s.p.).

El operador psicológico del discurso, es decir, los agrupamientos y principales categorías psicológicas giraron en torno a la reiteración del tema de la confianza inversionista, pilar fundamental de su gobierno, cuyos requisitos identificó como la responsabilidad social traducida en transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado: ''solidaridad de los empresarios con las comunidades, especialmente en el respeto al medio ambiente; y, fraternidad laboral por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje en la relación entre empleadores y trabajadores'' (Uribe, 2008, s.p.). Este operador psicológico es contiguo a los enunciados en el mismo discurso y referidos a los sucesos de la Operación Jaque que puso fin al secuestro de varios colombianos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Cada victoria sobre el terrorismo es una victoria de la libertad. Colombia puede mirar hoy al mundo con la frente en alto y decir: aquí avanzamos frente a los violentos y saboreamos la libertad que nos querían arrebatar sin que esa libertad haya sufrido mengua alguna en la acción gubernamental de derrotarlos (Uribe, 2008, s.p.).

Su discurso social pareciera ser incluyente cuando se refiere a sus programas de Familias en Acción y Familias Guardabosques: ''Nuestro afán por la seguridad y la confianza inversionista es el medio para tejer la cohesión social expresada en superación de la pobreza y construcción de equidad'' (Uribe, 2008, s.p.); sin embargo, carecen de validez estos programas de orden paternalista y asistencialista ya que es sabido, en la teoría social y económica, que estos enfoques no resuelven los problemas estructurales de la pobreza (Cf. Suárez, 2010). Estos programas se complementaron mediante estrategias más integrales como la Banca de las Oportunidades basada en microcréditos, en la que se incorporó el tema de víctimas y desplazados con mayor ahínco (Cf. Uribe, 2006b). Abordando ciertos temas —cobertura en educación, macro proyectos de vivienda, Familias en Acción, Familias Guardabosques, Banca de las Oportunidades—, se acercó a una percepción democrática del problema social al sostener que:

La defensa de la política social se hace más urgente en momentos de inflación y dificultades económicas que descargan las mayores privaciones en los sectores pobres y vulnerables. La democracia se ve amenazada cuando las dificultades se enfrentan con maltrato a los pobres (Uribe, 2008, s.p.).

Con estas ideas reconoció la importancia de los sectores populares; sin embargo, este enfoque parece contradictorio con otra frase según la cual: ''En la fecha hacemos énfasis en los retos de la economía, porque solamente la prosperidad económica con sentido fraterno permite que los resultados sociales superen las expectativas de los discursos de campaña'' (Uribe, 2008, s.p.). Con lo anterior se denota nuevamente la concepción del economicismo neoliberal que sustentó el pensamiento del gobierno.

4.2 La noción de Estado

El Estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho

Álvaro Uribe Vélez.

La cita destaca una frase utilizada por AUV en más de 103 discursos, artículos y entrevistas, desde que se radicó en el Congreso el proyecto de referendo reeleccionista (C.f. Jaramillo, 2009 citado por Forero, 2009), que refleja claramente la tesis referida a un entendimiento precario de la noción de Estado social de derecho, al supeditarla a la noción de Estado de opinión, o Estado comunitario.

El juego semántico que se da en el enunciado se refiere a la banalización de la política que, en aras de un populismo neoliberal, terminó sometiendo los principios constitucionales al juego electoral del caudillo de turno. El concepto de Estado de opinión se introdujo justificando la propuesta constitucional que le permitiera reelegirse para un segundo mandato presidencial. La relación fue problemática, ya que se entiende que la noción de Estado de opinión se utilizó como una maniobra que sirvió para imponer y manipular, con base en el apoyo de una supuesta mayoría, la visión dominante de realidad del caudillo, y cuya intencionalidad buscó presentarse como factor legitimador ante la ley o como justificación basada en el clamor popular para violar la constitución (Cf. Forero, 2009). Su noción de Estado de opinión le restó autoridad a las instituciones establecidas —Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia—, dándole un espacio de poder acomodaticio a esferas no formales de participación ciudadana que lo favorecían. Su noción utilitaria del concepto de Estado, quiso aprovechar sus altos niveles de popularidad para manosear la opinión pública y la Constitución nacional (Cf. Forero, 2009).

No se advierte riqueza conceptual en la doctrina política de AUV. Él negó toda la articulación de los principios básicos de las democracias liberales (Cf. Cárdenas, 2012, p. 161); el juego político, sobre la gramática del signo Estado de opinión, se destaca con fuerza como proyección discursiva en el marco del proceso orientado a su segunda reelección, en un proceso político que fue negado por la Corte Constitucional de Colombia³

Para el propio AUV, el Estado colombiano destacaba por su ineficacia, corrupción, malas costumbres políticas y la poca inversión social (Cf. Uribe, 2002, s.p.); en lo fundamental, su experiencia de orden, enmarcada en el neoliberalismo, se refiere a canales de la imaginación social y cultural del caudillo que, como representante del Estado colombiano, manejó en una versión particular del Estado —Estado comunitario, Estado de opinión—, que refleja un desarrollo conceptual e ideológico precario de la noción de Estado social de derecho consagrado en la Constitución Política de 1991.

Negando su condición de neoliberal en sus discursos, dicha categoría se hizo explícita en su visión de realidad. En su primera alocución de posesión presidencial (Uribe, 2002, s.p.), se denotó su insistencia en el crecimiento económico y en la confianza inversionista como pilares del ordenamiento social; también sobresalió la importancia que le otorgó a la privatización, a la reducción del gasto estatal y a la liberalización de la economía. En sus críticas al Estado burocrático, reconoció que millones de personas no podían acceder a los beneficios establecidos en las políticas públicas —por ejemplo, en vivienda—, por no cumplir con los ''requisitos'' exigidos (Uribe, 2002, s.p.); el tema se presentó como algo natural que afectaba a todos por igual, pero lo cierto es que se puede afirmar que los que sufrieron la inoperancia burocrática fueron los ciudadanos más desprotegidos.

Esta situación denota una contradicción, ya que el gobierno de AUV afirmó haberse orientado por el ajuste estructural del Estado, pero la reducción del aparataje estatal, implícita en dicho ajuste, hizo que el acceso a determinados servicios o políticas públicas por parte de muchos ciudadanos fuera imposible, ya que el 45.5 % de los colombianos estaban por debajo de la línea de pobreza (Cf. Suárez, 2010, p. 153).

Su noción de Estado no dejó de ser contradictoria. Cuando expresó su visión de Estado, parecía no tomar partido sobre la naturaleza social del Estado (Cf. Uribe, 2006b). En el discurso de segunda posesión presidencial, hay una especie de intertexto, que se construye con base en la imagen neoliberal de Estado, que busca complacer a todo el mundo en el horizonte del juego mimético que presenta y oculta las verdaderas intenciones de su lógica y racionalidad (Cf.Cárdenas, 2012, p. 152).

El concepto de Estado de AUV, introdujo nociones extrañas al ordenamiento jurídico y constitucional de Colombia:

No desfalleceremos en la búsqueda del Estado Comunitario, en sus expresiones de capitalismo social. Queremos una Nación menos contenciosa; que la relación entre el Estado y la comunidad sea menos litigiosa. Necesitamos más Estado de Opinión, en el cual la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente, como en las audiencias públicas para la adjudicación de contratos y en las audiencias que nos proponemos reglamentar a fin de que los vigilantes de la conservación del patrimonio público puedan hacerse oír cuando discrepen de las decisiones de los administradores oficiales (Uribe, 2003b, s.p.).

En sus propias palabras: ''Las limitaciones de la democracia en Colombia no son limitaciones derivadas del Estado, son limitaciones impuestas por los violentos'' (Uribe, 2003a, s.p.). En la carta de presentación de la Política de defensa y seguridad democrática, se centró exclusivamente en las FARC, como la mayor amenaza a la democracia colombiana:

La antípoda de la política democrática es el terrorismo, que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles. Es lo que hemos visto en los atentados del club El Nogal en Bogotá y de Neiva. Es lo que hemos visto en Fortul, Arauca, donde terroristas engañaron a un niño con una bicicleta bomba que luego activaron, acabando con su vida. Frente al terrorismo solo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, soportarán todo el peso de la ley. (Presidencia de la República, 2003, pp. 5–6).

En esa misma carta habló de los principios guía que la regían, entre ellos, la necesidad de ser solidarios con la fuerza pública, de ser ''eficaces'' y ''transparentes'', de la necesidad de luchar contra el secuestro, de restablecer la confianza para atraer la inversión; no hizo ninguna referencia a los desplazados, a pesar de que el país ocupaba uno de los primeros puestos en número de población desterrada por la violencia; tampoco reconoció entre los principios guía de la política de seguridad democrática, la solución a la crisis humanitaria sin precedentes que atravesaba el país (Cf. Presidencia de la República, 2003, pp. 6–7). Es curioso que cuando habló de ''los violentos'', generalmente se refería a los terroristas sin entrar a diferenciar claramente entre guerrilleros y paramilitares. Solo en su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República 2005–2006, aparece por primera vez una distinción entre los dos actores armados (Uribe, 2006a).

Para AUV, la seguridad democrática fue exitosa debido al proceso de reinserción de paramilitares a la vida civil. La falacia de dicho argumento, es que el paramilitarismo no se desmontó en Colombia durante su gobierno y que muchos de los reinsertados terminaron delinquiendo y reestructurándose en nuevas bandas criminales (bacrim) (Cf. Reyes, 2012, p. 205).

Es interesante observar que la red conceptual de AUV —siendo expresidente— mantiene continuidad con sus posiciones referidas a la seguridad; sin embargo, la variación temática que hacía parte de su aparato discursivo cuando era presidente (Cf. Cárdenas, 2012), se diluye y empobrece en sus mensajes de twitter, que terminan reduciéndose a destacar los cambios del precio del dólar y como dijo Héctor Abad Faciolince a pregonar: ''los más pequeños episodios de orden público que suceden en el país'' (Corporación Nuevo Arco Iris, 2013, s.p.). La mentalidad policiva de AUV está orientada a cerrar cualquier tipo de negociación política del conflicto armado colombiano, su modelo exitoso es el que fue conducido por su gobierno con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, en un proceso que finalmente estuvo marcado por la reconfiguración del poder y del territorio del paramilitarismo en Colombia (Cf. Cubides, 2005, pp.88–94).

En la línea de las simplificaciones se encuentran afirmaciones como: ''Tenemos 43 millones de hectáreas en pastos y sabanas, que nos permiten proyectarnos como una potencia en biocombustibles, sin afectar la seguridad alimentaria y sin destruir un milímetro cuadrado de selva'' (Uribe, 2007, s.p.). Esta aseveración demuestra el bajo nivel de conocimiento de lo ambiental. Con sus perspectivas políticas, el país muy bien puede terminar destrozando el patrimonio ambiental de manera irreparable; su noción de capitalismo social, no deja de ser una caricatura de las fuerzas y dinámicas sociales que atraviesan al modo de producción capitalista. AUV representa contundentemente a las voces hegemónicas del capital agroindustrial mundial, que quieren imponer —haciendo pasar ese esquema como una política verde y ambiental— el monocultivo de especies destinadas hacia la producción de biocombustibles, negando la argumentación científica que sostiene que los biocombustibles no son ambiental ni socialmente sostenibles, y en ningún caso neutrales para el hábitat natural (Cf. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura–FAO, 2008, p. 64–83). Esta visión repercutió en el casi total desmantelamiento del sistema ambiental colombiano, que en los años anteriores a su régimen había logrado constituir uno de los sistemas ambientales más reconocidos del continente (Cf. Rodríguez, 2009, pp. 18–33; Cf. Carrizosa, 2008, pp. 1–64).

Las menciones de AUV sobre política de desarrollo, expresan claramente un modelo que no incorpora referencia alguna al desarrollo sostenible, se limita a la productividad económica y desarrollo de infraestructura, sin tener en cuenta que algunos de los proyectos que buscó impulsar no eran proyectos ambientalmente sostenibles; ejemplo de esto, fue su insistencia en impulsar la vía Panamericana por el Tapón del Darién (Cf. Uribe, 2004). Contando con su aval, las fuerzas uribistas en el Congreso, a partir del año 2007, se opusieron a la iniciativa del referendo por el agua que establecía un mínimo vital para todos los colombianos, propuesta que frenaba los procesos de privatización de acueductos municipales en Colombia y establecía significativos lineamientos de política ambiental para el país, a partir del fortalecimiento del régimen municipal en materia ambiental y de política de aguas (Cf. Acosta, 2009, sp; El Espectador, 2009, marzo 18, s.p.).

Lo sobresaliente en la vida y obra del discurso de AUV, ya sea en su coherencia o en sus contradicciones, es que revela poco diálogo con la lógica de la vida, la cultura y del Estado social de derecho. Como jefe de Estado, no aceptó y diluyó el tema de la responsabilidad del Estado en la violencia y conflicto que atraviesa a la nación desde hace cincuenta años (Cf. Álvarez, 2011, s.p.); introdujo conceptos ambiguos y erráticos —Estado de opinión, Estado comunitario, Estado de propietarios— que frenaron y atentaron contra la evolución conceptual de la noción de Estado social de derecho consagrada en la Constitución Política de Colombia; su gobierno negó el reconocimiento de leyes a favor de las víctimas del conflicto armado, que durante su mandato alcanzaron a ser casi tres millones de colombianos; negó su responsabilidad en relación con las violaciones a los derechos humanos impulsadas por las propias fuerzas estatales en un proceso reconocido por cortes internacionales, la academia colombiana y mundial, que se refieren, en muchos casos, a crímenes atroces que han sido imputados al Estado colombiano durante el gobierno de AUV (Cf. Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo–CEPRID, 2008; Amnistía Internacional, 2007, 2008, 2009, 2010). Muchos de esos crímenes fueron perpetrados por agentes directos del Estado o por los paramilitares y sus organizaciones, vinculadas doctrinalmente con el Estado colombiano en diversas fases del fenómeno del paramilitarismo en Colombia (Cf. Reyes, 2012, pp. 93–140).

Los enunciados referidos a los defensores de derechos humanos se caracterizaron por el uso de términos como ''hablantinosos'', ''voceros del terrorismo'', ''traficantes de derechos humanos'', ''compinches'', ''áulicos'', ''politiqueros'', y ''chismosos'' (Cf. Agencia de prensa IPC, 2009, s.p.). En declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y consejos comunales, arremetió contra personas y organizaciones de derechos humanos y negó toda responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado en acciones violatorias de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como en los falsos positivos (Cf. Agencia de prensa IPC, 2009, s.p.).

Conclusión

Los campos de fuerza de la lógica del discurso imperativo de AUV solo pueden manifestarse en el campo de fuerzas reales que jamás pueden crearse por sí solas y a partir de palabras; es decir, existe una realidad extratextual y hechos sociales que afectan y se ven afectadas por el discurso.

El discurso de AUV expresa la voz inconsciente del Estado neoliberal y de los grupos de presión que lo legitiman en el campo de una experiencia de orden anclada en el régimen de producción discursivo del capitalismo avanzado. Las huellas discursivas reconocidas en sus textos políticos son el resultado de una formación social cuyo orden referencial, en tanto discurso interpretativo dominante, es la moral del neoliberalismo que gramaticalmente se presenta como un discurso plural y de muchas significaciones, que finalmente privilegia, en lo que focaliza como discurso, el poder de clases, cuya existencia histórica se ha visto marcada por las relaciones de los flujos del capital en un mundo globalizado y marcadamente capitalista.

La ontología del discurso opera desde una lógica que es incapaz de reconocer los flujos diversos presentes en la geografía cultural de un país, de tal forma que su lectura geopolítica funciona con base en enunciados restrictivos y excluyentes, incapaces de ver la presencia de sujetos, espacios y esferas económicas que no sean las de las topologías reconocidos por la economía neoliberal. El discurso de AUV, como discurso hegemónico, expresa y canaliza los propósitos de las elites y los grupos dominantes organizados alrededor de alianzas de clases transnacionales y con capacidad de proyectar y circular un programa que impone un sentido cultural que es presentado como la verdad del desarrollo y del futuro de un país.

Los efectos de las políticas y de los programas del código–discurso analizado, paradójicamente se manifiestan en el desmonte del Estado social de derecho y en la privatización de los bienes colectivos de los colombianos; el Estado burocrático pierde su razón de ser y es configurado en función de los intereses del sector privado o de lo que AUV llamó ''la confianza inversionista''. En la expresión gubernamental, la lógica de AUV, como hecho social, moldea los imaginarios de la gente —Familias Guardabosques, Familias en Acción— en función de un asistencialismo social que mantiene la pobreza dentro de límites tolerables de cohesión social, que no afectan de manera grave la gobernabilidad del país.

En síntesis, lo esencial de dicha experiencia de orden se caracteriza por un reduccionismo extremo en referencia a la lógica de la vida, por eso las propiedades discursivas de AUV niegan el reconocimiento pleno de la diversidad y complejidad de los sistemas socioculturales existentes en Colombia. Un discurso de estas características irradia la lógica metadiscursiva, marcada por el empobrecimiento de la experiencia de orden de los agentes sociales y de la institucionalidad estatal que es desmantelada en tanto proveedora de servicios sociales y fortalecida como medio para continuar con el conflicto armado. Este es una de los grandes dilemas morales del neoliberalismo, aliado de los complejos industriales militares: su lógica empobrece la concepción estatal del liberalismo clásico que entendía que la guerra era tanto inmoral como perniciosa para toda la sociedad.

La relación entre la ideología de AUV y su discurso es pintoresca: niega sus vínculos ideológicos con el neoliberalismo, pero su expresión discursiva es neoliberalismo duro al servicio de la lógica del capital, cuyos actores más destacados son los empresarios y cuya principal racionalidad es la ganancia, la rentabilidad y la confianza inversionista. Desde luego, que trata de mimetizar su discurso neoliberal mediante estrategias que buscaron ocultar el conflicto en Colombia, pero la realidad del conflicto es tan contundente que las relaciones discursivas del propio AUV no se pueden sustraer de esa realidad, que termina filtrándose en todo su discurso mediante ''paquetes'' textuales, cuyos enunciados canónicos están atravesados por el conflicto; estos conjuntos significantes, explícitamente se llenan de sentidos violentos en las palabras que emanan con tono policivo y violento en sus tweets.

La interfaz cognoscitiva de AUV expresa un modelo mental que refleja el contexto y las duras contradicciones éticas y morales de la situación política que vive Colombia; el contexto político es leído e interpretado desde su condición subjetiva, marcadamente ideologizada por concepciones del orden ajenas al espíritu de la Constitución de 1991. Todo el sistema de producción discursiva de AUV, establece un canal para una semiosis de la violencia en la experiencia cotidiana del ciudadano.

El discurso político de AUV, tiende a negar y banalizar temas cruciales que están presentes en el ambiente político del país. Se puede afirmar que su sistema discursivo expresa modelos mentales pragmáticos del hacer, centrados en el eje de la seguridad como concepto esencialmente policivo y militar, sacrificando —en términos económicos reales— la inversión social. Su visión doctrinaria y estatal no implica contenidos profundos en relación con una visión política que se destaque por la riqueza conceptual y que le pueda permitir a los colombianos contar con ideas que los iluminen u orienten en su actuación, en su forma de enriquecer sus representaciones de la realidad.

Se puede afirmar que el conjunto discursivo de AUV está anclado en una lectura policiva y militarista de la realidad, que va en contravía de las nuevas demandas que la sociedad colombiana reclama y que están referidas a temas que ya no se entienden como circunscritos exclusivamente al problema de la seguridad y la violencia.

Notas

* Proyecto de investigación apoyado por la Universidad de La Sabana. Código HUM 40–2011. Las ideas del artículo no expresan la posición oficial de la Universidad de La Sabana.

1 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia (20 de julio de 1991). Atenea. Bogotá D. C., 1991. N.º 116.

2 COLOMBIA. CORTE CONSTITUTIONAL DE COLOMBIA. Auto 164 (6 de julio de 2012). Corte Constitucional. Bogotá, D. C. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2012/A164–12.htm

3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 141 (26 de febrero de 2010). Corte Constitucional. Bogotá, D. C. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c–141–10.htm

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1354, que abría las puertas a una segunda reelección y a una nueva violación constitucional por parte de AUV.

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