Rafat Ghotme¹; Jesica Leguizamón²; Ingrid Garzón³

¹ Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia. Doctorando en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor asociado, investigador y director del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, UMNG. Correo electrónico: rafat.ghotme@unimilitar.edu.co.

² Estudiante de octavo semestre del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, UMNG. Asistente de investigación. Correo electrónico: jesicaleguizamonrrii@gmail.com.

³ Estudiante de octavo semestre del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, UMNG. Asistente de investigación. Correo electrónico: nina24–81@hotmail.com.

Fecha de recepción: agosto de 2013

Fecha de aprobación: octubre de 2013

Cómo citar este artículo: Ghotme, Rafat; Leguizamón, Jesica y Garzón, Ingrid. (2013). Narcotráfico en México. ¿Nuevo direccionamiento en la política exterior? (2003–2012). Estudios Políticos, 43, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 136–155).

RESUMEN

En este artículo se aborda cómo México ha tenido que afrontar al narcotráfico como un fenómeno transnacional y al mismo tiempo cómo se ha visto sometida a la presión de la alta demanda de drogas en Estados Unidos. Para la indagación se recurre a la teoría del realismo neoclásico, sosteniendo que por las relaciones de poder asimétricas con Estados Unidos y, en general, por las condiciones de debilidad interna de México, el narcotráfico se ha afrontado a partir de una perspectiva militarista e injerencista, lo que a su vez ha socavado los principios de la política exterior mexicana —preservación de la soberanía, promoción de la cooperación y defensa de los derechos humanos—.

Palabras clave: Política Exterior; Narcotráfico; México; Estados Unidos.

Abstract

This article examines how Mexico has had to face drug trafficking as a transnational phenomenon and at the same time how it has been under pressure from the high demand for drugs in the United States. The research refers to neoclassical realism, arguing that due to asymetrical power relationships with the United States and the weak conditions around Mexico in general, drug trafficking has been faced with a militaristic and interventionist perspective, which has then has undermined the principles of Mexican foreign policy —preservation of sovereignty, promoting cooperation and defense of human rights—.

Keywords: Foreign Policy; Drug Trafficking; Mexico; United States.

Introducción

El estado mexicano ha intentado constituirse en un actor relevante en el sistema internacional y, particularmente, adquirir liderazgo en su región de influencia. México cuenta con recursos de poder para posicionarse como un actor significativo, con un mercado y economía sólida aunque dependiente de los Estados Unidos; esto lo ha convertido en foco de la inversión extranjera, además de participar como sede de foros mundiales y promover la cooperación con diversos países en torno a una agenda común, como en el G20 y la Alianza Pacífico. Esta conducta compagina, en teoría, con sus principios de política exterior: no intervención, cooperación para el desarrollo y promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, en los últimos años se han presentado algunos problemas que imposibilitan el sostenimiento de sus pilares de política exterior, principalmente, el narcotráfico. En este artículo se cuestiona si el narcotráfico ha logrado ocasionar un socavamiento de los dogmas y un cambio en la formulación y ejecución de la política exterior de este país.

Para desarrollar este argumento, se parte de una perspectiva general sobre los efectos del narcotráfico en la sociedad mexicana y se abordan los principales pilares de su política exterior —no intervención, cooperación, seguridad y derechos humanos—haciendo énfasis en la forma como el narcotráfico los ha socavado. Si bien estos principios aparecen como parte de una doctrina liberal, se considera que el marco teórico que mejor puede dar luces sobre la relación entre el narcotráfico y la política exterior mexicana es la teoría del realismo neoclásico, en tanto que permite analizar las variables internas y estructurales que afectan la formulación de la política exterior; después, se presenta un análisis de los dogmas de la política exterior, considerando que el narcotráfico ha trastocado la mayoría de los dogmas de la política exterior.

1. Teoría del realismo neoclásico

Los Estados se enfrentan a amenazas domésticas y mundiales. Como se dijo, la política exterior mexicana ha estado duramente sometida a los efectos del narcotráfico. Para encontrar una relación satisfactoria entre ese problema y la ejecución de la política exterior mexicana, se abordan las variables explicativas de la teoría del realismo neoclásico:

El realismo neoclásico observa cuáles son las características internas de un Estado, que se interponen entre la evaluación y toma de decisiones de los líderes sobre las capacidades materiales relativas frente a las amenazas y oportunidades que hay en el sistema internacional, junto con las conductas externas que configuran la política exterior de un Estado (Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009, p. 21).

Para el realismo neoclásico, de hecho, los Estados son actores unitarios, por lo que las presiones sistémicas son los principales determinantes de los resultados, pero no por eso le restan importancia a los factores internos. En términos generales, estas variables se resumen así: el sistema internacional—o el contexto en el que se formula la política exterior—,para percibir la relación entre la distribución de la capacidades de poder, las amenazas externas y la acción de los Estados en la arena internacional, permite analizar la fortaleza del aparato estatal expuesta a través de su política exterior, que a su vez es configurada por dichas capacidades materiales (Rose, 1998); el Estado, que responde a las circunstancias que se dan en el ámbito mundial, permite observar y explicar el desenvolvimiento de este actor frente a las coyunturas de su entorno que impactan en la formulación de la política exterior, en el modo de actuar de los líderes y en el posicionamiento de los Estados en el sistema internacional en términos de poder; y los líderes, que tienen poder de decisión pero están limitados por variables domésticas y estructurales (Rose, 1998; Juneau, 2010; Merke, s.f.; Lobell, Ripsman y Taliaferro, 2009; Pippia, 2011).

Las capacidades de poder relativo, como afirma Gideon Rose (1998), son preponderantes para el posicionamiento de los Estados en el escenario internacional. México es un país que puede considerarse potencia regional, con una economía medianamente estable, su participación activa en foros y organismos internacionales (Herrera y Chavarría, 2009; Montalvo, 2013; Jay–Kennedy, 2012)¹ y su posición estratégica en términos territoriales, a pesar de ello cuenta con dos limitantes sistémicas: en primer lugar, al colindar con Estados Unidos —una de las potencias más relevantes del sistema internacional—se enfrenta directamente a unas relaciones de poder asimétricas, una realidad que implica que Estados Unidos pueda ser percibida ''como una potencia que impone sus intereses frente a México y que este último se asuma como un país subordinado frente a Washington'' (Velásquez, 2011). En segundo lugar, y aunque en principio este problema tiene su propia lógica interna, México se enfrenta al narcotráfico como un problema transnacional, que se refuerza con otros tipos de amenazas, como el crimen organizado y el tráfico de armas (Hurtado y García, 2013; Rodríguez, s.f., p. 2).

El narcotráfico ha sido una fuente de amenaza que ha afectado el posicionamiento de México en el ámbito internacional—como se expone más adelante—pero en términos domésticos, los problemas de orden público han afectado también las capacidades de poder —tanto materiales como intangibles— del Estado. En términos generales, la economía mexicana ha podido crecer gracias a la influencia del narcotráfico a través del uso de empresas fachada, testaferros, entre otros factores que generan crecimiento económico (Banco Mundial, 2004). Pero los problemas asociados, como el crimen organizado, el sicariato, la corrupción, la ineficiencia gubernamental, el lavado de dinero, la relación con grupos al margen de la ley, la violencia a gran escala, la inseguridad e inestabilidad, han debilitado las estructuras económicas y políticas. Las empresas extranjeras manifiestan cierto temor a invertir en México, ya que muchas empresas son intimidadas económicamente —lo que se podría llamar como narcocuotas—, factor que perjudica la economía de este país (Vargas, 2012; Jay–Kennedy, 2012; Wolf, 2011).

En cuanto al papel del líder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012) se caracterizó por ser un gobernante controvertido. ''La guerra contra carteles de narcotráfico que emprendió a unas semanas de asumir el poder, han causado la muerte a unas 50.000 personas'' (Nájar, 2012). Con la Operación Michoacán y la Iniciativa Mérida, el Presidente Calderón puede ser visto como un astuto político que utilizó la guerra contra el narcotráfico como una forma de buscar legitimidad ante las diversas crisis electorales e institucionales, y no como un hombre de Estado que busca acabar sinceramente con el problema del narcotráfico (Wolf, 2011, p. 672). Calderón era calificado también como un ''hombre práctico, político hábil y buen negociador'', que tras llegar a la presidencia volatizó la economía mexicana (Infolatam, 2012). Según Érika Ramírez y Nancy Flores (2006), en un análisis psicológico y grafológico, el presidente Calderón era ''influenciable y timorato'' y por ser inseguro ''solo mantenía su liderazgo en ambientes que le eran favorables''; además se indicaba que antes de lanzarse a la presidencia, era uno de los candidatos que menos aspiraba a ocupar tal cargo, por lo que muchos podrían argüir que calificaciones como estas influyeron en que se agudizara el problema del narcotráfico.

1.1 Causas y efectos del narcotráfico en México

El narcotráfico ha sido un negocio muy lucrativo desde la antigüedad (Davenport–Hines, 2003), gradualmente se fue relacionando con actividades delictivas —pasó a llamarse narcodelicuencia— y el sicariato, conllevando una gran inestabilidad. Actualmente, se evidencian con claridad los principales mercados de la producción de heroína consumida en la mayor parte del mundo, destacando el ''Triángulo de Oro'' o ''Triángulo Dorado'', ubicado en la zona fronteriza entre Laos, Birmania y Tailandia; otros que merecen ser destacados son: Pakistán, Afganistán, Líbano, Colombia y México (Williams y Milani, 1999).

En México, los factores que han contribuido a acelerar este proceso son los altos índices de desempleo y subempleo, bajos ingresos y precariedad de las condiciones laborales; cubrimiento gubernamental ineficiente; impunidad; ausencia de oportunidades para obtener mejor calidad de vida; y la segmentación social. Asimismo, el narcotráfico ha sido un fenómeno que ha llevado a la intensificación de ciertos fenómenos ya existentes, como la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Ante la avalancha de ganancias que representa el narcotráfico, se asegura que en esta red participan campesinos, productores de droga e integrantes de sectores diversos que buscan preservar y favorecer el negocio ilícito:

por cada 100 campesinos involucrados en la producción de droga existen alrededor [...] 56 personas entre químicos, abogados, comerciantes, transportistas, y ''instrumentos'' de seguridad y vigilancias, conocidos como sicarios o pistoleros.

El narcotráfico ha extendido su influencia en el campo [...] los salarios y beneficios laborales que ofrece son mucho mejores. Un campesino llega a percibir hasta 400 mil pesos por hectárea cosechada y un salario de alrededor de 300 pesos diarios [...], los narcotraficantes ofrecen ''seguridad social'' mediante el pago de una fracción del valor total de la cosecha, [...]. En tanto, un productor de maíz recibe [...] 12 mil pesos por hectárea cosechada, un sueldo de sólo [sic] 54 pesos diarios, y no cuenta con seguridad social (Vargas, 2012).

Se registra gran diferencia de ingresos por regiones; por ejemplo, Chiapas percibe salarios entre 40 y 45 pesos diarios por jornadas laborales de 12 horas, distinto a la situación de Sonora y Guanajuato que presentan ingresos más altos, entre 70 y 80 pesos diarios; esto no solo afecta por la poca cantidad de dinero que se percibe, sino también porque transforma la densidad geográfica de cada uno de los Estados (Gómez, 2012).

Desde el punto de vista de la seguridad, expertos han detectado que en el territorio mexicano existen 27 rutas para el tráfico de drogas, entre las que se encuentra el Distrito Federal para la distribución de estupefacientes; así como tres zonas en disputa y siete rutas internacionales para el arribo dela droga vía China, Venezuela, Colombia y Brasil, y que cruzan las fronteras mexicanas por Cancún, Veracruz, el Distrito Federal, Acapulco y Jalisco. Como apunta Jorge Fernández (2001), respecto al problema del narcotráfico y los límites territoriales:

es ineludible la presencia del narcotráfico, sus recursos y estructuras; [...] falta de un control real sobre las fronteras, [...] que se agudiza con el tráfico organizado de gente, armas y todo tipo de contrabando; como industria multinacional; y [...] en los grupos armados que [...] terminan dependiendo, [...] de los espacios de poder territoriales y económicos que les brinda el crimen organizado [...] Estos, en conjunto constituyen un poder alterno al Estado; son el otro poder (p. 15).

Por lo tanto, las fronteras —permeables— han desempeñado un rol sustancial en la expansión de este fenómeno; en México se han convertido en un puente de interconexión para el narcotráfico con Estados Unidos —principal mercado de drogas en el mundo que presenta un nivel elevado de tráfico y consumo— (Cuba Hoy, 2012).

Aparte de las estructuras sociales, comerciales y políticas, el narcotráfico sigue permeando los límites intraterritoriales; el objetivo de los grupos ilegales es obtener el control de los territorios para ejercer su labor cómodamente, coaccionando a los habitantes u obligando a las fuerzas militares y policiales a enfrentarse al dilema plata o plomo (Fernández, 2001, p. 174).²

El negocio de las drogas es un oficio que asegura más beneficios que costos, por lo que su práctica ha tenido gran acogida. ''[...] En el 2003, el total de las ventas de todas las drogas ilícitas se estimó en 320.000 millones de dólares [...]'' (UNODC, 2012, p. 98).El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Yury Fedotov, determinó que para 2012 lo recaudado por el tráfico de drogas equivalió a 2.1 billones de dólares, que representa 3,6% del PIB Mundial (ONU, 2012), lo que demuestra que este negocio ha aumentado significativamente sus dividendos en el mediano plazo. En el caso de México, se observa que el negocio de las drogas es un componente significativo para su economía. Así lo reveló el diario El Economista tras el estudio elaborado por la Cámara de Diputados de México en 2012:

El narcotráfico en México lava al año cerca de 10,000 millones de dólares, [...] La DEA indica que en la economía mexicana hay un excedente de entre 9,200 y 10,200 millones de dólares, que al final no justifican una fuente legítima...No Money Laundering, una organización no gubernamental estadounidense, presume que los cárteles en México obtienen ganancias de alrededor de 5% del PIB, cifra que representa poco más de 59,500 millones de dólares, si se considera el PIB nominal del segundo trimestre de 2011 (El Economista, 2012, abril 7).

La narcoherenciaes una forma de perpetuar los ingresos (Ravelo, 2007); es decir, el narcotráfico se convirtió en un negocio familiar. Como muestra de esto, a finales de 2006 emerge en Michoacán la organización criminal llamada La Familia, identificada por la Procuraduría General de la República de México como la extensión del cartel del Golfo. Aparte de esto, los narcotraficantes han tramado toda una red de políticos entre sus familiares. Como se evidencia en la tabla 1, los parientes de Mario Villanueva —ex político mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México— ocuparon importantes cargos políticos en el país.

2. Principios de la política exterior de México y su aplicabilidad

Los principios de la política exterior de México se enfocan, como en cualquier otro Estado, a la defensa de intereses básicos: la soberanía nacional, la integridad territorial y el irrestricto respecto a las instituciones y decisiones del pueblo mexicano. Para insertarse en el sistema internacional, México ha decidido, además, aplicar varios principios, entre ellos: no intervención; cooperación para el desarrollo; paz y seguridad internacional; respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

2.1 Principio de no intervención

Consiste en que ningún Estado debe interferir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Esta tradición fue reiterada por varios gobiernos (El Universal, 2008).México fue, por ejemplo, el único país que no rompió relaciones con Cuba ante la insistencia de Estados Unidos, ni votó a favor de las superpotencias —Estados Unidos y la Unión Soviética— cuando fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el periodo 1981–1982, ni se inmiscuyó en la guerra entre Irán e Irak, el conflicto árabe–israelí, la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, la proliferación de regímenes dictatoriales en América (Vautravers y González, 2012, p.119).

Ahora bien, el narcotráfico, al tomarse como un problema transnacional, ha obligado a México a socavar el principio de intervención, específicamente con la Iniciativa Mérida y, en general, frente a la política norteamericana.

La versión oficial manifiesta que la Iniciativa Mérida es un esquema de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos:

para combatir más eficaz y exitosamente a la delincuencia transnacional [...] Sus cuatro pilares son: 1) Fortalecer la cohesión social, 2) favorecer el desarrollo integral de los individuos y las instituciones, 3) atender las causas de raíz del crimen y la violencia, desarticulando su capacidad delictiva, 4) desarrollar una frontera segura y competitiva para el siglo XXI (Arambula, Santos y Bustos, 2008, p.72).

Además, ese acuerdo suponía el respeto pleno a la soberanía, mutua confianza y responsabilidad compartida, programas de capacitación y no despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos en México.

La Iniciativa Mérida se fijó como un instrumento de cooperación bilateral con incidencia en Centroamérica con el objeto de luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, basados en la necesidad de resguardar la seguridad estatal. Con un enfoque militarizado, se configura como ''la primera expresión en México donde se acepta un programa de cooperación con el extranjero, para atacar un fenómeno que se expresa en territorio nacional'' (Benítez, 2009, p. 222). Es cierto que esta iniciativa surgió como un acuerdo de consenso y mutua conveniencia en la medida en que buscaba ''evitar el tráfico de drogas provenientes de México hacia Estados Unidos, y de armas, de Estados Unidos hacia México, así como la circulación de personas involucradas en estas actividades y de recursos financieros ligados a ellas'' (Benítez, 2009, p. 228). Pero esta iniciativa presenta varios problemas.

En primer lugar, tras la adopción de la Iniciativa Mérida en el periodo 2007–2008, se desconoció la participación de la sociedad civil (Wolf, 2011) debido a que era necesaria la aprobación inmediata para dar la sensación de la implementación de decisiones pragmáticas ante el problema que representaba el narcotráfico. Si se asume uno de los pilares de la política exterior —la soberanía popular—, se puede evidenciar que se desplegaron procedimientos necesarios para defender y propender por la seguridad estatal, quitando primacía a escenarios o mecanismos de participación civil inherentes a esta —a pesar de la aprobación del Congreso—, comprobando cómo la fuerte influencia de Estados Unidos y su discurso de seguridad han logrado penetrar y modificar un procedimiento de orden legislativo, como de la participación de la sociedad civil en la aprobación de acuerdos, lo que socavó el principio de no intervención.³

Mónica Serrano (2012), manifiesta que la Iniciativa Mérida ha estado sujeta a ser expuesta como una violación al principio de no intervención, pero al mismo tiempo, es ''[...] una iniciativa que difícilmente conseguirá modificar las reglas del juego y, por consiguiente, los resultados'' (p. 38). Desde el punto de vista realista, la cooperación se logra solo cuando sirve a los intereses de los Estados. Y si bien el Presidente Calderón pudo obtener algunas ventajas para legitimar su proyecto político, en general, al enfocarse en la Iniciativa Mérida, se puede vislumbrar un retroceso en la capacidad para ejercer soberanía en México, tanto desde arriba como desde abajo.

Por lo demás, se destaca que en la relación bilateral México– Estados Unidos ha primado una dicotomía de cooperación–conflictividad. En lo concerniente a conflictividad, se pueden señalar el nacionalismo mexicano antiestadounidense, derivado de la guerra y el despojo territorial en la historia, aspectos que se traducen en sentimientos antiestadounidense; igualmente, pervive la asimetría de los dos países en términos de poder, los conflictos migratorios y el narcotráfico. Por su parte, en el escenario de cooperación, se resalta la interdependencia económica —TLC, el papel estratégico de México y el establecimiento de objetivos de política exterior comunes (Velásquez, 2011)—. Así que se puede observar que el narcotráfico ha conllevado a los dos tipos de dicotomía citados anteriormente, sin embargo se sostiene que ha prevalecido el escenario de conflictividad por razones de carácter injerencista.

Siempre prevalece el riesgo de que la política antidrogas estadunidense pueda derivar en intervenciones o violaciones a la soberanía, como resultado de la participación de agencias federales de ese país en territorio mexicano en tanto que las posibilidades de injerencia o intervención de fuerzas militares en nuestro país atentarían contra uno de los principios fundamentales de la seguridad nacional: la soberanía territorial (Hurtado y García, 2013, p. 56).

El programa Rápido y Furioso (2009–2010), mediante el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (ATF) envió armas a México como estrategia para detener a operadores de la delincuencia organizada y que terminó en un fallido rastreo, es una prueba de ello; además, México ''se convirtió en la 'zona cero' de la lucha contra el narcotráfico'' (Méndez y Román, 2011, s.p.). Esto quiere decir que la Iniciativa Mérida refleja la incapacidad gubernamental para luchar contra el crimen organizado trasnacional con sus propios mecanismo jurídicos, ''también es una entrega de soberanía y una violación descarada a la Constitución'' (Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), citado en Méndez y Román, 2011, s.p.). Según el New York Times, los ''intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes de narcotraficantes'' (Méndez y Román, 2011, s.p.). Pero buena parte de esos mecanismos se han militarizado y le han entregado parte de sus funciones a las autoridades mexicanas:

Si el intercambio de información y la suma de inteligencias han dado tan buenos resultados en capturas y ejecuciones, ¿por qué no ha descendido el nivel de ingreso de drogas al vecino del norte? ¿A quién le están haciendo el trabajo? (Heraclio Bonilla, ex abogado del ex presidente Luis Echeverría, citado en Méndez y Román, 2011, s.p.).

Operativos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y civiles con entrenamiento militar, han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde ''por primera vez funcionarios de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recolectar información sobre los cárteles de las droga y colaboran para planear operaciones'' (Méndez y Román, 2011, s.p.). Esta política intervencionista permite que se ''refuerce la penetración e intervención económica, política, cultural y ahora policiaco–militar de Estados Unidos en México'' (Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, citado en: Méndez y Román, 2011, s.p.). A Estados Unidos sigue ingresando 80% de la droga que se produce en México, por la que la ''colaboración'' del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ''resulta hipócrita, pues no hay un compromiso de frenar el consumo, que es el motor principal de este negocio ilícito'' (Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, citado en: Méndez y Román, 2011, s.p.).

2.2 Lucha por la paz y la seguridad internacional

México ha llevado a cabo esfuerzos para involucrar la temática del narcotráfico como parte de los puntos en la agenda de cooperación internacional para el desarrollo (Brown, 2009). En el logro de esta estrategia y para fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, se han llevado a cabo proyectos multilaterales —aparte de la Iniciativa Mérida— para la lucha contra el narcotráfico, como la Alianza por la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), el Grupo de Alto Nivel en Seguridad Fronteriza (GANSEF) con Belice y Guatemala (Brown, 2009; Santos, 2009). Con sus países vecinos busca reducir las tensiones, como en el caso de Guatemala en relación con la entrada de refugiados, las operaciones de las guerrillas e incursiones del ejército de Guatemala en Chiapas (Heller, 2010).

Teniendo en cuenta los planteamientos del realismo neoclásico en lo que respecta a la (in)seguridad, esta influencia repercute en otros Estados, además de que es un concepto maleable que los Estados pueden buscar de distintas maneras (Pippia, 2011). En el caso de México, con toda certeza el narcotráfico y las migraciones han sido un punto trascendental en la agenda de seguridad de México. Respecto a esto es importante resaltar:

[...] la crisis de violencia y corrupción que ha padecido México en las últimas décadas se explica [...] a partir del auge de las políticas prohibicionistas. La prohibición y el despliegue de políticas represivas de la oferta y consumo de estas sustancias han sido causa y motor de los problemas a la seguridad interna y externa. [...] la proximidad entre narcotráfico, terrorismo y migración ha sido consecuencia directa de las visiones punitivas de seguridad nacional (Alvarado y Serrano, 2012, p. 247).

Estas políticas prohibicionistas implantadas para combatir el narcotráfico han dado como resultado la aparición de interdependencias negativas. Ejemplo de esto es la reubicación de los circuitos de producción de Turquía a México a principios de la década de 1970, y entre México y Colombia a lo largo de las últimas décadas; que dejan ver la presencia de un ''dilema de seguridad'', lo que ha demostrado que las distintas injerencias en la producción y tráfico de drogas ilícitas pueden tener influencia en algunos lugares en las que se fabrican las drogas, pero no lo hacen de manera global (Serrano, 2012).Es decir que la seguridad en estos campos ya no es solo una necesidad particular de México, sino una necesidad general y compartida que influencia el posicionamiento de cada Estado en la esfera global, en que el narcotráfico ha influenciado la seguridad interna, la seguridad fronteriza y la seguridad global.

Por otra parte, México ha incentivado proyectos de dejación de armas convencionales que aportan grandes dividendos de paz. En materia de narcotráfico, los países han observado que este ha sido un punto común de sus agendas; en consecuencia, Estados y organismos internacionales han emprendido esfuerzos para coartar dicho flagelo acogiendo estatutos jurídicos, políticos y sociales, y realizando diálogos multilaterales para combatir el narcotráfico. Así, países como Colombia y Estados Unidos, acogieron la política King pinstrategy que consistía en la persecución, captura y extradición de jefes criminales (Pardo, 2008); por su parte, la ONU creó la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB).

También se puede afirmar que el narcotráfico ha sido un tema de mutuo interés para México y Estados Unidos. Como resultado, estos dos Estados han acogido medidas conjuntas, como el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN) que promovía el ''intercambio técnico y el desarrollo de proyectos de cooperación en las áreas de control de cultivos ilícitos, [...] reducción de la demanda y producción de drogas'' (Díaz, 2005, p. 43). Igualmente se puede destacar que Enrique Peña Nieto, anunció la creación de una Gendarmería Nacional para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, afirmando que ''invertiría alrededor de US$1.000 millones para financiar programas de prevención del delito'' (Salazar, 2012, s.p.).

Se puede decir que México no ha tenido conflictos directos a causa de este flagelo con otros Estados, dado que el mundo ha conocido que el comercio, la producción, la distribución, el tráfico y, en general, el mercado de las drogas, es una amenaza que atenta contra la seguridad, prestigio y orden público de todos los países; por ende, y en cuanto este fenómeno se fortalece, los Estados han acreditado la lucha global contra las drogas; sin embargo, frente a Estados Unidos, México ha tenido que reformular su política de seguridad. Desde que Washington convirtió el problema del narcotráfico en un problema de ''seguridad nacional'', quiso imponer esa política al resto del mundo, particularmente en México y Colombia. La presión de Estados Unidos hizo que México convirtiera el problema del narcotráfico en un asunto de seguridad nacional y no de seguridad pública (Bailey y Chabat, 2003). Esto quiere decir, en últimas, que el narcotráfico se ha convertido en un problema cuyo enfoque de solución es militar e injerencista.

2.3 Respeto, protección y promoción de los derechos humanos

Como dice Natalia Ziccardi (2012), en la década de 1990 México cambió su enfoque de una política hacia la protección de la soberanía nacional a una motivada por la necesidad de incursionar en su papel de gobierno democrático; abogar por los derechos humanos no solo para el pueblo mexicano sino también para ser un líder en esta materia en el escenario internacional. Para esto se ha mostrado de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, el ambiente actual en esta dinámica es muy oscuro debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos.

Según el informe de Human Rights Watch(2012), en México se está viviendo una generalización de la violencia, transgresión de derechos humanos y alta tasa de homicidios, que se presenta a raíz de las distintas acciones realizadas para luchar contra el narcotráfico emprendido por el Presidente Felipe Calderón. Estos crímenes han sido perpetrados tanto por las organizaciones criminales como por las fuerzas de seguridad del país. Según este informe:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha publicado informes [...] sobre casi 90 casos desde 2007 en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y han recibido denuncias adicionales de casi 5.800 violaciones [...] ocurridas entre 2007 y octubre de 2011 (Human Rights Watch, 2012, p. 60).

Además, Amnistía Internacional (AI) indicó que en 2011 más de 12.000 personas murieron y 150.000 fueron desplazados, por consecuencia dela violencia suscitada por el narcotráfico—lucha emprendida entre los carteles de la droga y ataques entre los carteles y el ejército— que no solo ha conllevado al asesinato de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también de la población civil que no tiene relación con esos grupos; además, los periodistas no han salido bien librados, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en el gobierno del Presidente Calderón más de 16 periodistas fueron asesinados por informar sobre la violencia del narcotráfico (CNNMéxico, 2013; Juventud Opina, 2013; El Economista, 2012, mayo 23).

Conclusión

Los principios de la política exterior mexicana se han visto sometidos a fuertes presiones derivadas del narcotráfico. El narcotráfico ha socavado la estructura social, causando un alto grado de inseguridad y ha llevado al estado mexicano a invertir muchos recursos para su erradicación; en ese sentido, ha implementado una política ineficaz e insuficiente, y poco dirigida a atacar las causas estructurales, a la vez que se enfrenta a la alta corrupción de las fuerzas militares. Además, tiene que enfrentarlo como un problema transnacional. Por tanto, las condiciones internas y externas han desvirtuado la ejecución de la política exterior, modificando estructuralmente su diseño e implementación.

El socavamiento delos principios de la política exterior mexicana está relacionado con la ineficacia de los instrumentos internacionales implementados para enfrentar el narcotráfico —aunque sean numerosos—. Si bien hubo variables internas y sistémicas que constriñeron el modo de acción y decisión de México en materia de narcotráfico, este país tampoco contó con capacidades relativas de poder y autonomía para proceder y resolver el problema. Su estrategia en materia de política exterior para erradicar el narcotráfico fracasó.Y no solo eso, tanto la promoción del principio de la soberanía como el de los derechos humanos fueron violados con el fin de legitimar las acciones del gobierno.

Notas

* Este artículo es producto de un proyecto de iniciación científica (PIC), llevado a cabo bajo el auspicio del Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), Bogotá, durante el primer semestre de 2013.

1 En una perspectiva general, la economía mexicana tuvo un ligero crecimiento (Schwab, 2011), ubicándose en el puesto 58 en el índice de competitividad. El tamaño significativo del mercado interno, la adecuada infraestructura de transporte y políticas macroeconómicas eficientes —aspecto que se ve reflejado en la conducta del PIB durante los años 1985–2010—, demuestra que México tuvo mayor crecimiento con relación a países de América Latina y el Caribe, registrando en 2008 un PIB de alrededor de US$ 15.000 per cápita; este crecimiento se dio en medio de la crisis de 1995 y de 2008. El llamado ''Efecto Tequila'' fue una crisis de origen local causada por una moneda sobrevalorada, grandes déficits del sector público y la dependencia del gobierno al financiamiento vinculado al dólar; como una crisis financiera global. México, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, sufrió una caída de 6,2% en el PIB, lo que le llevó a pedir ayuda financiera internacional (CNNExpansión, 2011). Para 2009 tuvo nuevamente una leve caída a causa de las consecuencias de la crisis mundial de 2008, y pasados ya cinco años de esa crisis, junto a otras alternas como la de la zona euro y el vaivén en que se encuentra la economía estadounidense, la economía mexicana no ha vuelto a ser la misma.

2 Según la Drug Enforcement Administration (DEA) (Department of Justice, 2010), existen 30 grandes organizaciones criminales mexicanas a cargo del tráfico de droga, entre las quedestacan: El cártel de Juárez —Carrillo Fuentes—, el cártel del Golfo —Osiel Cárdenas—, el cártel de Tijuana —Arellano Félix—, el cártel de Colima —Amézcua Contreras—, el cártel de Sinaloa —Palma–Guzmán Loera—, el cártel Milenio–Valencia y el cártel de Oaxaca —Díaz Parada— (Explorando México, s.f. a; s.f. b).

3 Esta cuestión no se observa, por ejemplo, en el Acuerdo Global de México con la Unión Europea, que impulsó mayor participación de la sociedad civil y la fuerte necesidad de su inserción en la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por organizaciones de la sociedad civil, la cual buscó acoger y moderar la participación de la población en ciertos temas que calan en el escenario internacional (Arroyo et al., 2008).

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