SECCIÓN TEMÁTICA: HISTORIA POLÍTICA RECIENTE DE MEDELLÍN (1953–2013)

Santiago Leyva¹

¹ Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT. Magíster en Cambio Organizacional, Universidad de Lancaster. Doctor en Administración Pública, de la misma universidad. Profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, Universidad EAFIT, Medellín–Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Estudios sobre Política y Lenguaje (cat. A1–Colciencias). Correo electrónico: sleyvabo@eafit.edu.co

Fecha de recepción: octubre de 2013

Fecha de aprobación: enero de 2014

Cómo citar este artículo: Leyva, Santiago. (2014). ¿Crisis o continuidad? Una discusión sobre el poder en Medellín a partir de la década de 1970. Estudios Políticos, 44, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 115–138.

RESUMEN

El artículo revisa la literatura académica sobre el tema de las élites en Medellín durante las últimas décadas del siglo xx, para luego proponer algunas nuevas interpretaciones a partir del enfoque de la economía política cultural (EPC). Se sugiere la transición de una élite orgánica a un orden fragmentado —más competitivo—, caracterizado por el surgimiento de varios grupos de poder. En este sentido, se ilustra cómo los cambios en el modelo de acumulación favorecieron a nuevos sectores —diferentes del industrial—, gracias a los acelerados procesos de urbanización, formal e informal, al creciente papel financiador del Estado, a la emergencia del narcotráfico y a la diversificación de la sociedad. Finalmente, se enuncia que es necesario desplegar una forma de análisis político capaz de entender la fragmentación de los recursos políticos y económicos, sin caer en un pluralismo que asuma una competencia abierta entre actores desconozca las desigualdades en la repartición de los recursos y que comprenda el papel estructurador del Estado en las relaciones de poder.

Palabras clave: Economía Política Cultural; Poder Urbano; Política Urbana; Élites; Hegemonía; Crisis Urbana; Medellín.

Abstract

This article reviews the academic literature on urban elites in Medellin in the last decades of the twentieth century in order to offer new interpretations from a Cultural Political Economy perspective. The article suggests a transition from an organic elite to a fragmented and more competitive order, characterized by the emergence of different powerful groups. In this sense, it illustrates that changes in the mode of accumulation favored new sectors —different from industry— due to rapid formal and informal urbanization, the increase in state financing, the emergence of drug trafficking and the diversification of urban society. Finally, it suggests the need for new forms of political analyses that help understand the fragmentation of urban political and economic power, without falling into a pluralistic approach that assumes an ongoing open competition and does not acknowledge that resources are asymmetrically distributed. It is suggested that a new approach should help to understand the structuring capacities of the state in power relations.

Keywords: Cultural Political Economy; Urban Power; Urban Politics; Elite; Hegemony; Crisis; Medellín.

Introducción

Este artículo ofrece una interpretación sobre la transformación del poder urbano en Medellín a partir de la discusión con la literatura sobre las élites urbanas en la ciudad. Se revisa, en primera instancia, los aportes de diferentes autores, mostrando la existencia de diversas hipótesis sobre el grado de fragmentación que se ha dado entre el papel político de las élites económicas y su relación con la nueva clase política que emerge gradualmente desde la década de 1970. A partir del análisis de esta ruptura, se explora el nuevo espacio político emergente, sin determinar la preexistencia de una coalición orgánica o tomar por dada la necesaria fragmentación de los dos ámbitos.

En términos generales, la metodología del artículo explora: a) la separación entre lo político y lo económico, b) el campo de tensiones y alianzas que lleva al surgimiento de coaliciones; y c) la capacidad de estos diferentes proyectos para articular una visión hegemónica, un proyecto de Estado y un régimen de acumulación, que pueda hacer a su proyecto sostenible en el tiempo. La hegemonía de estas coaliciones temporales —y abiertas a cambios—, nunca se establece como punto de entrada, sino que tiene que ser probada por la selectividad estratégica existente en la ciudad en cada momento, dentro de un proceso de construcción de poder entendido en términos evolutivos.

Este enfoque ''evolutivo'' del poder urbano retoma las ideas de la economía política cultural (EPC) (Sayer, 2001; Fairclough, Jessop y Sayer, 2002; Jessop, 2004, 2005; Sum, 2004) que se encuentran expuestas en detalle en Leyva (2012). En términos muy generales se trata de entender la evolución del poder en una economía política, pero aceptando los retos del giro cultural y hermenéutico, en particular de Michel Foucault (1994), en el análisis de la economía política urbana. Para esto se parte de la idea de que el poder también se construye bajo la lógica del mecanismo evolutivo en tres etapas diferenciadas:

[La] variación en los objetos, sujetos, propósitos y tecnologías de poder; la selección de algunas tecnologías y prácticas en vez de otras; y la retención de algunas de ellas mientras son integradas a estrategias [de poder] más amplias y más estables (Jessop, 2006, p. 5).

Como una teoría que se interesa por el cambio social y la construcción de un orden político, se pretende analizar la consolidación del poder como un proceso activo de formación y mantenimiento de relaciones–coaliciones, explorando en segunda instancia la ''hegemonía como un proceso reflexivo en el que el bloque de poder, los grupos subalternos y las fuerzas contrahegemónicas se encuentran en estado constante de negociación, compromiso y cambio'' (Jones, 2006, p. 79), en el que se pueden presentar fallos y crisis. Con este enfoque se trata de reconstruir el análisis del poder, no como un ''estrato de continuidad enterrado'' y estable (Foucault, 1994, p. 226), sino como una serie de capas, tendencias y lógicas, todas separadas pero que pueden ser articuladas entre sí a través de la emergencia gradual de un orden más general, por lo cual es clave partir del estudio del poder en periodos concretos, observando cómo se van construyendo gradualmente mecanismos más generales de poder que ordenan una sociedad. Se trata pues de ''crear una historia de las distintas formas por las cuales, en nuestra cultura, los seres humanos son hechos sujetos'' (Foucault, 1994, p. 326), y además observar la producción de hegemonía que permite integrar esos mecanismos en un poder más general (Gramsci, 2003).

Este artículo implementa esta lectura a partir de la década de 1970, cuando la crisis de la ciudad lleva a la erosión de las tecnologías de poder del industrialismo, permitiendo observar la evolución de una nueva economía política del poder urbano; sin embargo, se debe señalar que por limitaciones de espacio no se cubre todo el proceso en Medellín, más bien se fija el análisis en las décadas de 1970 y 1980, periodo en el que la separación entre las dimensiones política y económica del poder urbano ya era un hecho cumplido y, por lo tanto, permite observar justamente las interrelaciones evolutivas ya mencionadas en etapa de gestación.

1. Sobre la separación de lo político y lo económico en la literatura sobre el poder urbano en Medellín

Estudiar la política urbana en medio de la mayor fragmentación de los recursos políticos y económicos, requiere observar empíricamente cómo se unen eventualmente fuerzas, intereses y recursos para producir poder. Como señalaba Charles Lindblom, el reto analítico es entender cómo se coordinan ''la posición privilegiada del mundo de los negocios [...] con la igualdad en el derecho de voto de los ciudadanos'' (Citado en Stone y Heywood, 1987, p. 15). En este sentido, estudiar la naturaleza de la fragmentación, así como los dispositivos que emergen para realizar alianzas y coaliciones en El Tiempo, son dos de los principales objetivos del análisis político urbano. Desde esta óptica, una de las tendencias más importantes que se identifica en la literatura sobre el poder urbano en Medellín es el mayor distanciamiento entre los ámbitos político y económico en la segunda mitad del siglo xx, en especial a partir de la década de 1970 (Franco, 2006; Restrepo, 2011; Dover y Ocampo, 2006; Uribe de Hincapié, 2001; Gouëset, 1998). Sin embargo, los autores difieren en la manera como entienden las variaciones de estos cambios, que oscilan desde la separación relativa de la política en la que aún existe una relación orgánica con lo económico, hasta la total ruptura que ha dejado a la política local con mayor independencia. Igualmente, difieren sobre cuál ha sido el impacto de esta separación en la realidad política, mostrando, por un lado, la visión que habla del surgimiento de coaliciones y, por otro, la lectura de conflicto entre los sectores emergentes.

Vilma Franco (2006) es una clara representante de las dos primeras posturas. La autora argumenta que con la profesionalización de la política a partir de finales de la década de 1960, solo se da ''una separación gradual de dominios y no una ruptura entre centros de poder'' (p. 29), dado que la profesionalización y el surgimiento de políticos ''plebeyos'' no logró desarrollar una clase política que fuera antagónica a la clase dominante, estableciendo así ''un vínculo orgánico que ha sido favorable a la estructuración de los intereses políticos y propicio para la administración del territorio y las tensiones sociales con los sectores subalternos'' (p. 370). La autora señala que no ha existido una ''polarización política de intereses entre políticos y fracción hegemónica, [ni una] pérdida del dominio político y [un] cambio en el sistema político'' (p. 48).

Sin embargo, Franco (2006), más que otros autores, enfatiza la importancia de revisar el papel de la coalición como centro principal de su análisis. Para ella la autonomización de la política y la economía requiere ''el establecimiento de una relación orgánica de coaligación entre centros de poder económico y redes de poder político'' (p. 285). Pero más que explorar el proceso coalicional entre los llamados ''centros de poder económico'' y ''el estrato político'' (p. 368), la autora asume la existencia de ''[...] un vínculo orgánico entre centros de poder económico y político en un espacio determinado y una dimensión temporal diacrónica'' (p. 24), señalando que no le interesa evaluar a ''la coalición en términos del éxito en la ejecución de sus proyectos y de su incidencia directa en los procesos de toma de decisiones'' (p. 68.). En conclusión, presenta una coalición que es estable en el tiempo, denominada ''coalición política dominante'' (CPD), argumentando su influencia durante los últimos treinta años en importantes decisiones sociales tomadas en la ciudad y en el país, y por lo tanto su condición hegemónica.

El trabajo de Nicanor Restrepo (2011, p. 88) suscribe también las tesis de la separación gradual de los empresarios y la representación política. Como señala el autor, ''el surgimiento de nuevas figuras en la escena política no solo desplazó a las élites patronales de la arena electoral después de 1970, sino que las llevó a modificar su relación con lo público [...]'' (p. 89). Su trabajo identifica también claramente ''cómo a partir de 1970, y en menos de diez años, su participación se redujo drásticamente, casi hasta desaparecer'' (p. 89). Sin embargo, Restrepo (2011) presenta una tesis diferente sobre la influencia continuada de las élites patronales, que el autor entiende como ''los primeros ejecutivos de las organizaciones, que en Colombia se llaman presidentes o gerentes generales'' (p. 78). En su trabajo argumenta que los directores empresariales aún hoy poseen suficientes recursos como para ser actores importantes en la ciudad, ''dada su capacidad de permanecer ejerciendo su influencia en el gobierno, sin tener en cuenta el apoyo político de otros tiempos'' (p. 91).

Más que presentar el análisis sobre cómo se supera la división que emerge a partir de la década de 1970, el trabajo de Restrepo (2011) explora las razones que explican la manera en que las élites patronales de la ciudad son aún influyentes. Su contribución ayuda a entender la forma como se coalicionan las élites patronales en Medellín, proponiendo que existen relaciones orgánicas en el interior de estas, que les permite ser influyentes, aun a pesar del advenimiento de los políticos profesionales. Tales relaciones orgánicas se construyen dado que estas élites ''frecuentaron los mismos lugares de socialización, como el Club Unión y el Club Campestre, y casi todos ellos tuvieron casa de campo en el oriente cercano de Medellín'' (p. 58).

En este sentido parecería que para Restrepo (2011) no es tan importante explorar el papel de una coalición entre actores diversos, como explicar que la influencia de las élites patronales aún es importante. Al contrastar los textos de Franco (2006) y Restrepo (2011), surgen múltiples preguntas: ¿influyen las ''élites patronales'' a través de una coalición con los políticos? ¿Lo hacen por el peso mismo de lo económico sobre lo político? ¿Existe mayor separación, rivalidad o interdependencia de la que reconoce uno u otro autor?

Para abrir la caja de posibilidades sobre las interrelaciones entre actores económicos y políticos emergentes, resulta conveniente explorar a Vicente Gouëset (1998), que argumenta que la fragmentación de la década de 1960 lleva al surgimiento de un político que ''no vacila en tomar los intereses del pueblo'' (p. 121). Más concretamente, ve una ruptura de la vieja relación orgánica y el surgimiento de una mayor fragmentación en las élites regionales. Resulta esclarecedor de su posición la cita que hace de Miguel Urrutia para señalar que:

[...] la élite colombiana está probablemente más dividida de lo que creen los politólogos o los historiadores que escriben desde una perspectiva marxista. En realidad durante los años 70 [sic] no hubo muchos puntos de contacto entre la clase política [...] y la clase empresarial (Citado en Gouëset, 1998, p. 121).

Con esto, Gouëset configura una interesante tesis sobre la ruptura como una de las realidades clave de la política urbana en Colombia después de la década de 1970.

Finalmente, y en una línea similar, Robert Dover y Gloria Ocampo (2006), presentan una lectura mucho más precisa del conflicto que emerge entre los actores políticos y los herederos de la vieja élite de Medellín, lo cual abre una avenida muy interesante para explorar la hipótesis de la fragmentación, sin que con ello arrojen muchas respuestas sobre la organización de la política urbana, pues los autores ven estas relaciones de conflicto como siempre abiertas y competitivas. Estas relaciones de conflicto enfrentan a la ''élite tradicional de la ciudad'' con ''los intereses de la clase política'' (Dover y Ocampo, 2006, p. 254), especialmente por sus diferentes visiones de lo público. Lo interesante de su trabajo es que precisamente permite rastrear el origen de esas pugnas mucho más atrás de la década de 1970 a través de la exploración del caso de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta visión de conflicto y de relaciones menos orgánicas sirve para abrir la pregunta por las relaciones entre política y economía, aunque aún sin resolver por qué en ciertos momentos se logran coaliciones entre los actores diversificados y cómo estas cambian en el tiempo.

2. Sobre la producción de hegemonía en la literatura

Un punto importante es explorar cómo se establecen las relaciones de poder entre los sectores sociales dominantes y la sociedad en general, especialmente en el ámbito de lo popular. Como señala Antonio Gramsci (2003):

[...] la hegemonía presupone tomar nota de los intereses y tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía va a ser ejercida y que se forme un cierto equilibrio de compromisos —en otras palabras, que el grupo líder debe hacer sacrificios de tipo económico–corporativo (p. 161).

En este sentido, Franco presenta en su trabajo una coalición orgánica que es capaz de ejercer prácticas políticas dominantes que influyen en toda o buena parte de la sociedad. Esto implica que, siguiendo a Nicos Poulantzas (1977), la hegemonía de esta coalición orgánica se materializa ''en la combinación de las prácticas hegemónicas de consenso y coerción'' (Franco, 2006, p. 377). Para la autora, las primeras se evidencian en el discurso de la quiebra moral y crisis regional, en la presentación de una actualización del mito antioqueño con las nuevas grandes obras de infraestructura, la difusión de un discurso de igualdad y de trabajo individual y, finalmente, la construcción de un interés general en la manos de los nuevos políticos (Franco, 2005, pp. 62–66). Las segundas se materializan, según Franco (2006), en la manera como el ''Estado descentraliza el monopolio de la violencia'' y permite que otros la ejerzan sobre ''grupos obstáculo'', y brinden protección a la población, constituyendo una relación de miedo y poder (p. 377).

Restrepo (2011) limita su análisis de la construcción de hegemonía a la enunciación del poder reputacional de las élites patronales, señalando que ''la tradición antioqueña les asigna a los presidentes una reputación de poder [...] y les otorga símbolos de prestigio y privilegios'' (p. 78), lo cual evidencia su enfoque a partir de la teoría elitista bajo la influencia de Jacques Coenen–Huther (2004).¹ El autor también deja ver que la producción de la hegemonía de este grupo patronal, cuando también fungía como élite política y social, se daba en gran medida a través de la influencia de los gremios en el gobierno nacional, además de la participación directa en el Congreso y los cargos locales, y la intermediación de la Iglesia. Igualmente, Restrepo (2011) muestra cómo algunos de estos mecanismos se van haciendo cada vez más imperceptibles desde finales de la de década de 1960, lo cual para el autor se explica por ''el cambio que dio la sociedad colombiana en el decenio de los sesenta [sic]'' (p. 99), de allí que se pierda parte de la capacidad de este grupo para ''legitimar el poder político local y el poder de los empresarios'' (Pécaut, citado en Restrepo, 2011, p. 98).

Dover y Ocampo (2006) exponen que parte significativa de la producción de hegemonía antes de la separación residía en la existencia de una ''ideología del orden social natural'' con unas élites legitimadas y sin cuestionamientos (p. 263). Una vez se rompe esta relación orgánica, los autores plantean que ''la irrupción del Estado burocrático'' entra a ocupar el papel que anteriormente tenían los vínculos paternalistas del empresariado. Para ellos, la responsabilidad de la construcción de un vínculo hegemónico pasa a ser una función ''de una nueva élite, la clase política, que se conforma alrededor del aparato burocrático y del poder regional'' (pp. 263–264). Esta nueva clase, en términos amplios, no solo está conformada por los políticos clientelistas, sino también por las burocracias funcionales que, como EPM, desempeñan un papel crucial en la creación de ciudadanía. En pocas palabras, ''La política se populariza y la burocracia se descentraliza'' (p. 264) y de alguna manera se asume que la función de construcción hegemónica recae en el nuevo estado–burocrático.

Finalmente, María Teresa Uribe de Hincapié (2001) permite cuestionar la supuesta condición hegemónica de las élites patronales, los políticos emergentes y las coaliciones que emergieron entre ellos, hablando incluso de una ''ingobernabilidad'' (p. 28). La autora entiende la crisis en el sentido más amplio de la incapacidad para producir hegemonía, señalando que en la década de 1980 puede observarse ''una crisis orgánica cuya resolución ha sido pospuesta, congelada, [llevando a] la descomposición del tejido social y la multipolaridad'' (p. 32). En este sentido, la autora propone la existencia de ''fuerzas alternativas que intentan reemplazar las viejas élites'' para posicionar sus ''proyectos políticos y ético–culturales'' (p. 62). Lo anterior permite entender que la lectura de Uribe de Hincapié (2001) configura una propuesta muy distinta a la de Franco (2006) pues evidencia el conflicto entre ''propuestas aisladas, inorgánicas, desagregadas, [y] territorializadas'' (Uribe de Hincapié, 2001, p. 112).² Igualmente, permite poner en contexto la lectura de Restrepo (2011) contribuyendo a entender que si bien las élites patronales siguen siendo influyentes, ya no lo son en el mismo sentido de una élite orgánica, sino de un grupo de influencia que compite con otros, en medio de una descomposición profunda del orden social.³ Como se observa, son múltiples las tesis sobre la continuidad o erosión del poder regional, por lo cual se da justamente la necesidad de explorar empíricamente estos asuntos, y de repensar el estado actual de la literatura en relación con estos diálogos.

3. Hacia una lectura revisada de la separación entre lo político y lo económico a partir de la década de 1970

Para poner en práctica el enfoque de la EPC, es necesario empezar a reconstruir la historia de la autonomización entre lo político y lo económico. El proceso de urbanización —altamente informal en Colombia— creó las bases para la construcción de una nueva relación política basada en el clientelismo, que fue ganando importancia política gradualmente a partir de 1970 por la reactivación de las elecciones competitivas. Tal y como lo señalan Gloria Naranjo, Deicy Hurtado y Jaime Peralta (2003), la construcción de una relación clientelar estuvo basada inicialmente en la legalización de los predios ocupados ''ilegalmente'' por inmigrantes rurales y desarrollados bajo dinámicas de autoconstrucción. La magnitud del fenómeno no era menor, pues ''transcurridas las décadas de 1960 y 1970, llegaron a 600.000 los habitantes residentes en barrios ilegales de la Ciudad (el 50% de la población)'' (p. 146). Estas dinámicas de inmigración y urbanización informal trastocaron profundamente las relaciones de poder tradicionales, a la vez que erosionaron poco a poco las bases materiales del industrialismo antioqueño, configurando un espacio propicio para el desarrollo de nuevas sociabilidades políticas y de informalización de la economía. En últimas, esto implica que localmente los industriales de Medellín eran menos responsables de manejar por sí mismos todos los instrumentos de ''hegemonía popular'', mientras que se concentraron en lo que Uribe de Hincapié (2001, p. 113) llamó las ''acciones tecno–económicas'' en el interior del modelo de regulación del proteccionismo.

El ideal liberal de desarrollo de las élites políticas del Frente Nacional implica que el Estado inició su expansión en los barrios de las ciudades (Gutiérrez, 2007), pero estuvo condicionado por el tamaño reducido y las capacidades limitadas de los aparatos estatales en Colombia (Pécaut, 2006). Así que en la primera etapa del clientelismo, que aquí se entiende como una de convivencia temporal entre la élite tradicional y la clase política emergente, no logró configurar un proyecto ético–cultural (Uribe de Hincapié, 2001, p. 117). Es más, esta debilidad sirvió para reducir el rol distributivo de los políticos clientelistas —que a su vez imposibilitó la emergencia de populismos (Palacios, 2001)— y los limitó a un simple rol de intermediadores sin proyecto propio. Este modo de representación, unido al Estado pequeño y débil existente en Colombia (Leyva, 2010a), condicionaron —en su primera etapa— las capacidades del sistema político del clientelismo y lo moldearon a los intereses de las élites.

Sin embargo, la etapa de convivencia se empieza a volver más compleja a medida que avanza la década de 1970 y que la separación funcional del clientelismo se empieza a volver más clara —cuando gradualmente las redes clientelistas ganan un poder propio—. En efecto, Daniel Pécaut (2006) y Francisco Gutiérrez (2007) sugieren que la insubordinación parcial del clientelismo se consolidó con la elección del presidente Julio César Turbay en 1978, momento en el cual las redes políticas se volvieron más autónomas. Es ilustrativo observar que el crecimiento reducido pero continuo del Estado nacional⁴ llevó a la planta de empleados públicos de 118 000 funcionarios en 1950 a 444 000 en 1972 (Uricoechea, 1986), creando así una fuerza propia que le dio mayor importancia política al control de los empleos estatales y de las relaciones de intermediación (Leal y Dávila, 1990). De hecho, en las elecciones de 1974, uno de los mayores caciques del clientelismo antioqueño, Bernardo Guerra Serna, ''consiguió tener cuatro senadores, nueve representantes a la Cámara y 12 diputados'' (Ocampo, 1998, p. 16A), controlando a principios de la década de 1980 por lo menos a la mitad de los municipios de Antioquia y más de 25 000 puestos de trabajo (Ocampo, 1998). Estas tesis que están recogidas en el trabajo de Dover y Ocampo (2006), bajo el concepto del surgimiento de un ''estado burocrático'', se pueden releer más adecuadamente si se entiende la centralidad del clientelismo en la ampliación del Estado, pues lo que realmente emergió fue una burocratización parcial, siempre intermediada por lo que Leal y Dávila (1990) llaman el sistema político del clientelismo.

La separación no se reduce al antagonismo entre la vieja élite social y los nuevos políticos emergentes. El clientelismo, aún en su época de insubordinación después de 1978, lejos de crear una ''clase política'' autónoma con un proyecto popular propio, no pudo más que posicionarse como un articulador del desorden en un sociedad política cada vez más informal y fragmentada (Uribe de Hincapié, 2001). Se debe recordar que en la década de 1980 emergen nuevas formas de movilización social en los barrios (Angarita, 1996) y de una ciudadanía con mayor diversidad en sus formas de participación (Naranjo, 1992); también se presenció la emergencia de los grupos milicianos y paramilitares (Ceballos, Jaramillo y Villa, 1998), así como de los diferentes proyectos para organizar la criminalidad en la ciudad (Vélez, 2001; Giraldo y Mesa, 2013).

El clientelismo no pudo consolidar un monopolio en la representación política por la excesiva faccionalización de los partidos tradicionales en clientelas (Gutiérrez, 2007), por el surgimiento de nuevas formas de ciudadanía y por el advenimiento de la criminalidad organizada con amplia dominación en algunos territorios; sin embargo, si bien no se trata de una nueva ''élite'' política que controla estos recursos con el mismo monopolio que tuvo en algún momento el viejo empresariado, claramente el clientelismo ilustra el nacimiento de formas de representación política con cierto grado de autonomía que exigen ser estudiadas sin asumir su subordinación.

4. Hacia un nuevo análisis de la fragmentación del poder económico y político

Resulta interesante ver que en la década de 1980 la fragmentación de la élite —en singular— en grupos de poder diferenciados, llevó a la desaparición gradual del uso de la palabra ''industriales'', remplazándose por el término ''dirigentes'', para luego, en la década de 1990, posicionarse el de ''empresarios'' (Leyva, 2010b).⁵ Estos cambios sugieren que entender los grupos de influencia económica en Medellín después de la década de 1970 debe ir más allá de la revisión de la transición y reorganización alrededor del Sindicato Antioqueño (Franco, 2006), o del estudio de la transición lineal entre una élite social y una patronal que aún es influyente (Restrepo, 2011). Estas resignificaciones y transformaciones en la identidad de la antigua élite, se dan en medio del surgimiento de nuevos procesos de acumulación en el sector comercial, financiero y de servicios, así como de un proceso de informalización (Betancur, Stienen y Urán, 2001). El reto justamente es revisar qué sectores económicos quedan por fuera en esa transición y cómo se transforman y dividen las identidades de esa vieja élite, conformando una pléyade de nuevos actores que también buscan tener representación política para asegurar sus beneficios.

En la literatura existen trabajos significativos que exploran el proceso de transformación en la economía formal e informal hasta la década de 1990, como el de Soledad Betancur, Angela Stienen y Omar Urán (2001), pero en general se habla poco de los nuevos actores económicos cuyo proceso de acumulación es más dependiente de su contacto directo con la política. Uno de los fenómenos más importantes en este sentido, aparece con el surgimiento de una nueva clase de empresario que se focalizó principalmente en la construcción formal. La creciente importancia de esta nueva industria de la construcción no solo se consolidó desde el plan de desarrollo impulsado por el presidente Misael Pastrana (1970–1974), sino a partir de las dinámicas creadas por el propio Municipio de Medellín mediante el impuesto de valorización, que producía a la ciudad ingresos per cápita por más del doble que los de Bogotá y casi 20 veces más que los de Cali (Bird, 1970).⁶ Con estos recursos, el Municipio de Medellín abrió tierras, construyó avenidas y expandió los servicios públicos, invirtiendo la lógica de acumulación en este sector, pues la administración municipal en sí misma se convertía en un motor de crecimiento que le empezaba a dar cierta independencia a los políticos en la generación de rentas y plusvalías. Esta transformación no pasó desapercibida en esos años e incluso algunos críticos como el urbanista Carlos Julio Calle la llamaron públicamente como la ''maquinaria especulativa más gigantesca que la ciudad pueda recordar'' (Calle, Poveda y Wolff, 1981, p. 8).

Debe señalarse que la actividad de la especulación inmobiliaria fue durante todo el siglo XX una actividad importante de las élites sociales, pues estas nunca fueron totalmente industriales y siempre tuvieron carteras de inversiones diversificadas (Gouëset, 1998). Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad se empieza también a producir una especialización de este sector inmobiliario en manos de nuevos agentes con vínculos políticos. El punto de quiebre que permite acelerar la autonomización de lo político para generar rentas y plusvalías se alcanza con el gobierno de Turbay cuando entre 1978 y 1982, en medio del auge mundial de los créditos, el gobierno colombiano sumó US$ 1200 millones anuales a su deuda externa, de forma tal que en 1982 esta era cinco veces mayor que en 1970, para un total de US$ 9410 millones. Particularmente en Medellín, esta nueva forma de dirigismo estatal —vía crédito— llevó a la construcción de la Autopista Medellín–Bogotá, el Metro de Medellín, el Palacio de Exposiciones, el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y el Plan de Puentes, este último adelantado por Bernardo Guerra Serna como Alcalde y Álvaro Villegas Moreno como Gobernador. Se puede decir que este quiebre contribuyó en el origen a una nueva forma de ''capitalismo político'', para usar la categoría de Max Weber (1996), cuya lógica de acumulación estaba atada a la financiación de las rentas públicas y el control de la política —y el presupuesto— local para sostener sus propios procesos de acumulación. La importancia de este tipo de desarrollo local especulativo en la economía política urbana ha sido ampliamente trabajada bajo el nombre de ''máquinas de crecimiento'' (Logan y Molotch, 1987; Leyva, 2012), pero merece ser mucho más estudiado en Colombia, sobre todo a la luz de la creciente importancia en las últimas décadas de la contratación pública en la economía política colombiana.

Otro proceso destacado aparece con el surgimiento de los comerciantes como nueva clase social emergente, quienes ''representaban un nuevo poder económico y un nuevo sector social en la sociedad medellinense'' (Dover y Ocampo, 2006, p. 269). Un grupo de los nuevos comerciantes se desarrolla con dinámicas muy cercanas al contrabando de bienes de consumo masivo y las ventas informales. Este comercio informal se diversifica y consolida más tarde con las posibilidades de negocio creadas por el narcotráfico y el lavado de dólares y activos, configurando así otra facción del sector comercial que era más cercana a la delincuencia (Duncan, 2013). Esta nueva forma de acumulación desplegó sus beneficios sobre el sector comercial, la especulación inmobiliaria, la industria de la construcción y el propio comercio informal —incluyendo al contrabando—, llevando beneficios materiales a un espacio social mucho más amplio del que estaba involucrado directamente en actividades criminales (Duncan, 2013). Pero con El Tiempo, la repartición selectiva de estos beneficios ayudó a consolidar redes que articulaban a parte de la ''clase política, los empresarios del lavado de divisas y demás sectores sociales que acumulaban poder alrededor de los capitales del narcotráfico'' (p. 249). De ahí que estas redes emergentes pudieran empezar a disputar la ciudad, especialmente en sectores de los cuales habían estado previamente excluidos (Martin, 2012; Duncan, 2013).

En resumen, empresarios, dirigentes, constructores, comerciantes, capitalistas políticos y también aquellos políticos al servicio del narcotráfico, conformaron —entre otros— un nuevo escenario en el que se pueden leer las distintas luchas, disputas y coaliciones por la ciudad a partir de la década de 1980, desde la óptica de la EPC. Este nuevo escenario, lejos de darle origen a un eje unificado y hegemónico, se hace mucho más abierto a modelos de organización temporal —evolutiva—, a la construcción de formas de dominación muy parciales en medio de un Estado limitado, y a la reproducción de ciertas formas de antagonismo que han caracterizado la ciudad de los últimos treinta años.

5. La formación de coaliciones

Para entender la separación entre lo económico y lo político, así como la importancia de estudiar las relaciones–coaliciones de poder que emergen en medio de la estructuración que posibilita el Estado, conviene revisar algunas de las luchas entre élites urbanas en la década de 1980. Un momento clave para visualizar la política urbana es durante el gobierno de Belisario Betancur (1982–1986). Su campaña electoral y posterior triunfo ayudó a dar una forma más clara a la nueva rivalidad emergente, como se puede ver en la siguiente declaración del propio Betancur:

Antioquia ha visto transformarse en una aglomeración de cantones, antagónicos y hostiles entre sí mismos, y sin coincidencias en intereses y conductas, y disperso en grupos, cuya única razón para existir era su auto–perpetuación [sic] parasítica en la estructura administrativa de la sociedad [...] (El Colombiano, 1982, enero 22, p. 12A).

El triunfo de Betancur llevó a posicionar a miembros de la antigua élite social en cargos influyentes en el ámbito nacional y local.⁷ Pero esto fue solo el punto de partida, pues los mismos empresarios estaban fragmentados y, dada la pérdida de importancia de la ANDI, se hacía necesario hacer un ejercicio coalicional para ampliar su influencia. En una carta abierta al presidente Betancur firmada por los dirigentes económicos más poderosos del departamento (El Colombiano, 1983, enero 26, p. 12A), se afirma que la designación de Nicanor Restrepo y Juan Felipe Gaviria en los dos principales puestos regionales creó un impulso sin precedentes, que ahora necesitaba consolidarse ''a través de un acuerdo social sólido que incluyera voluntades y mentes de todas partes de la sociedad bajo el liderazgo de la clase dirigente'' (p. 12A). Esta alianza se materializó en 1983 con un ejercicio llamado el ''Gran Encuentro de Antioquia'' (El Mundo, 1983, julio 20, pp. 1–42). Este encuentro consistía de una reunión de todos los ''dirigentes'', ''sin distinción política'', para discutir el futuro de la región y presentar un proyecto de reconstrucción de proteccionismo económico, así como todo un ejercicio de producción de identidad compartida en el ámbito regional que interpelaba al receptor con la frase ''Arriba Antioquia''. En la publicidad del encuentro se ve claramente cómo se apelaba a lo que Franco (2005, p. 160) llama la ''actualización del mito fundante'' haciendo un llamado más popular y emocional que técnico: ''Ha llegado la hora de unirnos, de realizar esfuerzos heroicos, de pasar de la teoría a la práctica, de responder con un rotundo sí al trascendental momento histórico que vivimos'' (El Colombiano, 1983, julio 12, p. 12C).

Sin embargo, la pregunta más importante para entender qué tanto este ejercicio coalicional realmente configuraba una dominación hegemónica, es: ¿qué tan efectivas fueron las estrategias de los ''dirigentes'' para oponerse al poder del clientelismo y, especialmente, para configurar un proyecto hegemónico frente a competidores poderosos como el mismo narcotráfico? Para responder esta pregunta resulta ilustrativo ver que la coalición de ''dirigentes'' asumía que la ''clase política'' podía ser reemplazada por tecnócratas, asunto que, como se demostró más tarde, no reconoció que el papel de los nuevos políticos profesionales estaba imbricado al mismo funcionamiento del Estado a través del clientelismo. Esto se demostró en menos de dos años por todas las dificultades que encontró esta coalición para hacer realidad sus planes. Quizás dos aspectos muestran cómo los empresarios, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograron sostener su coalición y menos imponer su proyecto hegemónico:

Por un lado, la profesionalización de la política era ya un hecho tan cumplido que los ''dirigentes'' y Betancur no lograron imponer la idea de su proyecto como meramente tecnocrático y anticlientelista, pues al participar directamente en la política los ''dirigentes'' quedaron expuestos al juego de los políticos profesionales y a ser identificados con el proyecto particular del Partido Conservador,⁸ y no como una iniciativa de los dirigentes en abstracto. Esto mostraba claramente que ya no era posible articular la política y la economía de la misma manera.

Por otro lado, la llegada de Virgilio Barco (1986–1990) a la presidencia llevó al retorno inmediato de los llamados ''clientelistas'' con Bernardo Guerra Serna (Gobernador de Antioquia)⁹ y William Jaramillo Gómez (Alcalde de Medellín),¹⁰ así como al resurgimiento de los efectos negativos de la faccionalización partidista sobre el ejercicio del gobierno local. Transcurridos solo dos años ya habían ejercido cuatro gobernadores y dos alcaldes. Entonces, Nicanor Restrepo se lamentaba:

[Cada día el divorcio entre industriales y políticos se hace más claro,] nos quejamos todos los días de la mala gestión de los políticos, de sus deseos clientelistas [...] pero lo peor es que no hemos hecho nada distinto a dejar un espacio [...] que es ocupado por aquellos del tipo que acusamos. Si los políticos tradicionales fracasan, es necesario que emerjan otros [...] Estamos ad portas de un gran cambio que, desde mi punto de vida, fortalecerá la democracia [...] por ejemplo, la elección popular de alcaldes [...] Esa realidad, más que una amenaza, es una oportunidad única para proponer nuevos nombres a los partidos (El Colombiano, 1987, febrero 28, p. 7A).

Sin embargo, una cosa era lanzar esta propuesta y otra cosa era ganar en la arena electoral. Esta distinción aparece claramente en las elecciones de 1988 y 1990, cuando dos candidatos apoyados por el empresariado tradicional perdieron las elecciones. Todo esto llevó a que en la década de 1980, lejos de presentar una coalición dominante, se diera una gran fragmentación en el campo de lo político y la ausencia de un proyecto hegemónico.

6. La producción evolutiva de hegemonía como clave de una economía política cultural del poder urbano

La producción de hegemonía se entiende como el proceso evolutivo por el que una fracción social moviliza sus proyectos en coalición con grupos sociales más amplios para así ejercer el liderazgo e institucionalizar un orden social que lo reproduzca (Jessop, 1997). La producción de hegemonía es un proceso que, si es exitoso, lleva gradualmente a una relación orgánica entre el Estado —sociedad política— y la sociedad civil, institucionalizando en el primero los intereses de los actores dominantes y subalternos (Gramsci, 2003; Jessop, 1997). Igualmente, lleva al establecimiento de un modo de regulación económico que con sus instituciones logra estabilizar el proceso de acumulación. En este sentido, la producción de hegemonía no se limita a la imposición de un discurso hegemónico, sino que gradualmente esta visión hegemónica se tiene que probar exitosa en la transformación del Estado y en la estabilización de un régimen de acumulación.

Por eso es necesario tener en cuenta el campo estratégico del Estado como aquel en el que esencialmente se materializa la posibilidad de desarrollar un proyecto hegemónico sobre la sociedad (Jessop et al., 1985). El problema está en asumir que el Estado siempre puede construir la hegemonía de la fracción dominante, sin condicionar esto a la existencia de un Estado con un alto nivel de estatalidad. Ante la presencia de un Estado débil y pequeño como el que existía en Medellín hasta finales de la década de 1990 (Leyva, 2010a), la condensación de fuerzas en el Estado se hacía imposible, por lo que ocurrían fenómenos que se han caracterizado como ''colonización urbana'' (Naranjo, 1992) por los grupos de inmigrantes campesinos que habitaban la ciudad, intentando reproducir sus viejas formas de socialización rural o dejando el espacio abierto para la emergencia de ''soberanías en vilo'' (Uribe de Hincapié, 2001).

Debe entenderse que el Estado colombiano era hasta mediados de la década de 1990, uno de los más pequeños en el continente americano (CEPAL, 2006). Adicionalmente, los problemas del Estado local entre 1985 y 1992 eran aún más graves por la crisis fiscal que se experimentó en esos años (Leyva, 2010a). Las capacidades de inversión del Municipio de Medellín en 1987 eran tan pequeñas que el Alcalde William Jaramillo (1988) declaró que:

[...] si no se llega a un acuerdo sobre la deuda externa, en 1987 el municipio perderá la totalidad de su capacidad de inversión y caerá en una situación crítica de insolvencia [...] este es, sin duda, el problema central de Medellín. Me refiero, por supuesto, a los problemas de corto plazo, porque aquellos que emergen de la estructura de nuestra sociedad requieren un tratamiento distinto [...] por ejemplo, la inseguridad y el desempleo. ¿Pero cómo podemos luchar contra ambos malestares en un municipio sin recursos? (pp. 9–10).

La deuda se adquirió en 1981, cuando Guerra Serna era el Alcalde, con la idea de llevar a cabo un plan de construcción ''masiva'' para generar empleo. Para 1985, la crisis financiera nacional forzó una devaluación nacional del peso, lo cual duplicó el tamaño de la deuda —en pesos— del municipio y en 1988 elevó la proporción del costo de la deuda hasta 65% del presupuesto total (Alcaldía de Medellín, 1990, p. 48). Además, la continuación de la crisis hasta 1992 implicó que la situación no cambiara radicalmente con la elección por vía popular de los dos primeros alcaldes entre 1988 y 1991.

Todo esto habla claro de un ''desfase'' entre el Estado realmente existente y las demandas sociales, que sirvió ''como caldo de cultivo para la manifestación explosiva de [...] nuevas conflictividades urbanas'' (Naranjo et al., 2003, p. 148). Las relaciones de autoridad en la ciudad después de 1980 deben leerse en el contexto de una doble crisis: la influencia del industrialismo sobre los sectores populares —crisis de la hegemonía— y la fragmentación del modo de representación política prevaleciente —crisis de la sociedad política—. Esta última, por la imposibilidad del clientelismo para imponerse como modelo único de organización política en los barrios, dada la diversificación de la sociedad y los límites ya explicados del Estado en el ámbito local.

Conclusión: hacia una economía política cultural del cambio social en Medellín

Es necesario aclarar que hablar de la fragmentación de la élite no es hablar de desaparición o desvanecimiento de la influencia del capital económico, es hacer evidente que a partir de la década de 1980 esta influencia se organiza bajo otras formas y compite con otros intereses. La ruptura que emerge entre lo político y lo económico tiene consecuencias fundamentales para pensar la política urbana aún hoy en Medellín, pues desde entonces ayudó a ''revelar el carácter político (en sentido amplio) de las relaciones sociales'' (Laclau y Mouffe, 2001, p. 162), mostrando así las relaciones de poder que estaban ocultadas por la coexistencia del poder moral, político y económico en cabeza de las mismas élites industriales hasta la década de 1960. En este sentido, se evidencia que explorar la política urbana en medio de una mayor fragmentación de los recursos políticos y económicos, requiere estudiar empíricamente cómo se unen eventualmente fuerzas, intereses y recursos, para producir hegemonía, entendiendo que estas alianzas y coaliciones se dan en medio de posibilidades y restricciones creadas por la organización del Estado y la sociedad política ampliada.

Entender la ciudad partir de la década de 1980 debe pasar necesariamente por la explicación de la producción del orden entre los diferentes grupos de poder —incluyendo las distintas subjetividades y formas de capital— que emergieron después de la crisis, ya no élites o coaliciones dominantes, sino grupos sociales con un poder mucho más localizado y en relaciones específicas con espacios institucionales del Estado o la sociedad política. No obstante, se debe aclarar que esta fragmentación tampoco significa que cada uno de estos grupos o facciones cuente con igual influencia que los demás, como se podría asumir desde una posición pluralista, simplemente se sugiere que, a partir de entonces, emerge una mayor distribución de los recursos de poder, dado que los capitales políticos, económicos y morales dejaron de estar unificados y, por tanto, se hace necesario desplegar una forma de análisis político que sea capaz de entender el proceso para construir coaliciones, partiendo de esta fragmentación y de los recursos específicos con los que cuentan los actores a analizar.

No se trata de adoptar el marco de una teoría del régimen urbano (TRU) porque esta solo es capaz de explicar el proceso de formación de coaliciones a través de los incentivos institucionales que ''inducen a la cooperación (Stone, 1989, p. 8). Al tomar el enfoque de la economía política cultural (EPC) se pretende explorar la construcción y mantenimiento de los regímenes urbanos a partir del concepto evolutivo de la producción de hegemonía mediada por el Estado u otras formas de institucionalizar el poder (Jessop, 1997). Esto resalta que la construcción de ''poder para'',¹¹ entendido como la necesidad de obtener un poder productivo¹² en medio de la fragmentación de recursos, no debe ser la única forma de explicar este proceso. Por lo tanto, la EPC extiende el análisis a la construcción de un orden social que implica el ejercicio de una actividad ético–política deliberada entre distintos grupos, la cual deben ser funcional para la construcción del consentimiento de los grupos subalternos, la estabilización de un nuevo proyecto de Estado y el desarrollo de una estrategia sostenible de acumulación.

Igualmente se propone, siguiendo el marco propuesto por Leyva (2012), que es importante prestarle más atención al análisis del cambio social. Otros autores revisados en este artículo parten de metodologías como el marxismo o el funcionalismo del elistismo posicional, estos métodos les dificultan ver el cambio y la significativa función de los nuevos actores políticos. La metodología evolucionista de la EPC pone a esas categorías en movimiento, entendiendo que no solo las élites se transforman en El Tiempo, sino que también ocurre lo propio con sectores dominados y con otros contrapoderes. Se puede decir que el esfuerzo que se hace pretende continuar en la senda trazada por Uribe de Hincapié (2001) a través de un enfoque evolucionista, cosa que apenas se inicia en este artículo con la exploración de las décadas de la crisis.

Finalmente, se trata de reivindicar la importancia de lo político para el análisis del poder urbano. En esta lectura se sugiere que es crucial estudiar los antagonismos en la política urbana, sin limitarse a las categorías de élites y políticos (Leyva, 2012), más bien, cualquier esfuerzo que se haga por comprender la reconstrucción del poder urbano debe entender la ampliación de las subjetividades económicas y políticas en la ciudad, y lo que esto implica en diferentes etapas evolutivas de la producción de poder.

Notas

* Este artículo deriva de la investigación Las transformaciones del Estado a nivel del gobierno local desarrollada y financiada en 2011en el marco del grupo Estudios sobre Política y Lenguaje del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Este trabajo también continúa el iniciado entre 2004 y 2010 denominado Towards a Cultural Political Economy (CPE) Reading of Medellín's Governance: Rebuilding and Rescaling Economic Hegemony at the Urban Level in an Age of Neoliberalism, desarrollado en el Cultural Political Economy Research Centre (CPERC ) de la Universidad de Lancaster, Inglaterra, como tesis de doctorado.

1 Su metodología tiene mucho sentido para analizar las cúspides patronales, pero un poco menos si se quiere entender el poder en la ciudad, dado que, como ya se ha dicho, las relaciones entre economía y política se transforman y se hace necesario revisar también el poder y la influencia de los políticos emergentes, y de otros sectores económicos. Es decir, el trabajo de Restrepo (2011) tiene que ser tomado por lo que es: un análisis de la influencia de las élites patronales.

2 Por otro lado, mientas que Franco (2006) ve el discurrir de la violencia como parte de las estrategias hegemónicas de dominación, Uribe de Hincapié (2001) propone que ''las carencias de consenso se cubren con la fuerza y la violencia [...]'' (p. 112).

3 Justamente en el contexto de esa crisis, su trabajo se extiende con el de múltiples autores que expanden la lectura de la crisis de la ciudad (Naranjo, 1992; Restrepo et al., 1994; Vélez, 2001; Naranjo y Villa, 1997; Ceballos, Jaramillo y Villa, 1998).

4 En comparación con su tamaño previo y no según estándares internacionales. En realidad, hasta la década de 1990, el Estado colombiano se caracterizó por su debilidad y tamaño reducido. Si bien este se empieza a consolidar hacia finales de la década de 1950, hacia la década de 1980 aún tenía un tamaño comparativamente reducido (Kalmanovitz, 2001; CEPAL, 2006).

5 Esto lo refleja claramente la reorganización de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) que pasa de ser un gremio de ''industriales'' a uno de ''empresarios''.

6 Como señala Richard Bird (1970, p. 169) en una ciudad que crecía a 6,2% se requería impulsar el crecimiento de infraestructuras, servicios urbanos y vivienda. Para eso se creó desde principios de la década de 1950 el sistema del impuesto de valorización que fue pionero en Colombia. Este sistema llegó a ''producir más ingresos que el mismo predial, contribuyendo con el 30% de los ingresos corrientes'' (p. 177).

7 Édgar Gutiérrez Castro como ministro de Hacienda, Juan Felipe Gaviria como alcalde de Medellín, y Nicanor Restrepo como gobernador de Antioquia.

8 El Partido Conservador apoyó a las figuras designadas por la administración Betancur en el ámbito local; igualmente se reporta que Guerra entró a la oposición (El Colombiano, 1983, enero 25, p. 2A).

9 Guerra Serna solo duró unos meses como gobernador, fue reemplazado por Antonio Yepes Parra, que a su vez fue reemplazado en 1987 por Fernando Panesso Serna.

10 Jaramillo se mantuvo en la dirección del municipio por los siguientes dos años.

11 La razón fundamental con la cual Clarence Stone (1989) explica la construcción de coaliciones.

12 Esta diferenciación se hace pensando en Foucault (1994) y sobre el poder como una relación social que ''produce cosas, induce placer, forma conocimiento y produce discursos'', y como un poder punitivo que restringe, produce represión e impone orden y castigo (p. 120).

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