SECCIÓN TEMÁTICA: HISTORIA POLÍTICA RECIENTE DE MEDELLÍN (1953–2013)

Gustavo Andrés Alzate Quintero¹

¹ Historiador de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: sexopio@gmail.com

Fecha de recepción: octubre de 2013

Fecha de aprobación: febrero de 2014

Cómo citar este artículo: Alzate Quintero, Gustavo Andrés. (2014). Intervención urbana en el antiguo Basurero Municipal de Medellín: una respuesta ineficaz al abandono estatal (1977– 1986). Estudios Políticos, 44, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 191–217.

RESUMEN

El artículo aborda el Programa de Rehabilitación del Basurero Municipal —también conocido como Moravia—, ejecutado por la Administración Municipal de Medellín entre 1983 y 1986, con el fin de ''legalizar'' y ''solucionar'' algunos problemas que padecían habitantes del área tras 20 años de abandono estatal. A partir de la investigación histórica se intenta responder las preguntas de cómo y para qué se implementa esta política de regularización urbana, describiéndose el desarrollo y la configuración urbana de la zona, los problemas de orden socioeconómico que pesaban sobre los habitantes, así como la formulación y ejecución de un programa de intervención urbana que terminó por someter a la población a los designios de la administración municipal bajo el modelo de participación comunitaria. Esto derivó, entre otras cosas, en una serie de conflictos que enfrentaron a las partes interesadas y socavó las organizaciones barriales.

Palabras clave: Hábitat Popular; Organizaciones Comunitarias; Rehabilitación Urbana; Historia Urbana; Medellín.

Abstract

The article discusses the Municipal Landfill Renewal Program (also known as Moravia), implemented by the city of Medellin's administration between 1983 and 1986. The program aimed at solving, through processes of legalization, some of the problems that resulted from 20 years of state neglect. Through historical research, this article aims to study how and why this community's regularization policy was implemented. Through the description of the process of urban configuration and development and the analysis of socio–economic problems, the article analyses how a program of urban intervention eventually subjugated the population to the plans of the local government under the community participation model. This led, amongst other things, to a series of conflicts that confronted different parties involved, undermining neighborhood organizations.

Keywords: Low–Income Settlement; Community–Based Organizations; Urban Renewal; Urban History; Medellin.

Introducción

A mediados del siglo xx, América Latina atravesó un proceso migratorio masivo de habitantes del campo hacia las ciudades, motivado por distintas razones: presión contra el minifundio, violencia rural, desarrollo industrial, ascenso social, búsqueda de prosperidad económica, entre otras. La capacidad de las ciudades receptoras se vio desbordada ante el arribo de millones de personas, muchas de las cuales terminaron viviendo en condiciones sumamente precarias e infringiendo la normatividad urbanística, lo cual generó procesos contradictorios de integración de amplias masas a la lógica y funcionalidad urbana. Surgieron, entonces, serios problemas de déficit habitacional que se agudizaron desde la década de 1950.

Con el fin de controlar esta situación, los gobiernos latinoamericanos recurrieron constantemente a ayudas financieras internacionales para implementar, entre otras cosas, las medidas necesarias que contrarrestaran el déficit de vivienda y las condiciones de mal alojamiento de aquellos pobladores que, al no adquirir una residencia, optaron por la construcción de barrios no reglamentarios.¹

Las políticas que buscaron contrarrestar esta situación iban desde el desalojo y la obstaculización a los procesos de autoconstrucción, con base en la reglamentación de los espacios públicos y la propiedad privada, pasando por políticas asistencialistas que brindaban apoyo para el mejoramiento, sobre todo, de los servicios públicos de los asentamientos, hasta aquellas que fomentaban y fortalecían la construcción de viviendas de ''interés social''. Aunque estas medidas se venían tomando desde la década de 1950, el fomento a la construcción y adecuación de viviendas para las capas pauperizadas de la sociedad se dio con mayor constancia a partir del triunfo de la revolución cubana, por medio de la Alianza para el Progreso, estrategia para la planeación del desarrollo ideada por Estados Unidos para la contención del comunismo (Ziccardi, 1989, p. 46).

Las medidas de los gobiernos se concentraron, mayoritariamente, en acciones tendientes a la rápida acumulación de capital para generar solvencia económica. No obstante, debido a la recesión económica de la década de 1970, los préstamos de las agencias internacionales que fueron recurrentes en la década anterior se paralizaron y, en cambio, los cobros se mantuvieron vigentes. La construcción de vivienda popular se estancó, dando paso a políticas asistencialistas como la regulación de los asentamientos no reglamentarios, basada en la legalización de la propiedad de la tierra, la instalación de los servicios públicos y la adecuación de las viviendas.

Una nueva fase de desalojos e intervenciones urbanas se cernía sobre algunos puntos de las ciudades. Bajo concepciones estéticas y de control, las políticas urbanas buscaron modernizar la ciudad mediante su reordenamiento, remodelación y funcionalidad, a través de proyectos viales y la transformación del espacio público, que terminaron afectando nuevamente a los sectores populares que ''obstaculizaban'' el desarrollo y la planificación urbana.

Medellín no estuvo exenta de tales contradicciones expresadas, por ejemplo, en el Basurero Municipal. Este representa un escenario donde los habitantes enfrentaron, resistieron y, finalmente, acataron la autoridad, buscando canales de interlocución con el Estado —representado en la municipalidad— que permitieran encontrar soluciones concretas a diversos problemas de orden social y económico que pesaban sobre los habitantes.

1. Configuración de un espacio urbano no reglamentario

Durante la década de 1960 fueron asentándose en el norte de Medellín pobladores de distintas procedencias que llegaban individualmente y se establecían con sus familias en ranchos que levantaban en las márgenes de la vía férrea. Las ocupaciones de terrenos fueron aumentando, en parte, por descuido de las autoridades que se hallaban concentradas en tratar el problema que representaban los asentamientos en los sectores de La Iguaná y La Alpujarra, más próximos al centro de la ciudad. Con el depósito indiscriminado de basuras durante años, tanto en el río Medellín como en las márgenes y lagunas que iban desde lo que hoy es la Universidad de Antioquia hasta la Terminal de Transportes del Norte (Jaramillo, 2003, pp. 4–7), aquella zona quedó definida como basurero de la ciudad y sumida en el mayor descuido y desinterés por parte de las autoridades. El Basurero Municipal se fue configurando durante aproximadamente 23 años, en medio de múltiples dificultades (véase anexo 1).

A partir de 1965, proliferaron los asentamientos, constituyéndose inicialmente tres barrios bien definidos: Fidel Castro, Moravia y El Bosque; tanto por las formas de acceso al suelo —''invasión'' o urbanización ''pirata''— como por sus formas organizativas. Durante cerca de doce años, hasta que la montaña de basura comenzó a crecer rápidamente, posibilitando la formación de otros cinco asentamientos, los habitantes de estos sectores se establecieron configurando un espacio urbano marcado por el hacinamiento, la carencia de servicios públicos y vías de acceso, y el mal alojamiento, aunque cada uno con sus particularidades.

El primero comenzó a poblarse a través de la ''invasión'' espontánea desde 1961, hasta que en 1968 el plan de ''invasión'' organizada que agrupó 200 familias (CLEBA, 1987, p. 33), apoyado por el padre Vicente Mejía, dio forma al barrio que sus habitantes denominaron Fidel Castro (Ruiz, 1987, pp. 52–53). Inicialmente, los habitantes se agruparon para responder a la represión oficial que buscaba su desalojo y también para lograr la instalación de servicios públicos, primordialmente el agua.

Una vez instalados los servicios a través de la práctica denominada ''contrabando'', el sector comenzó a crecer más. Fue elaborado un plano² que permitía pensar la organización del barrio, estimular la ''invasión'' planificada de estos terrenos y la reivindicación del derecho a la ciudad y la vivienda (CLEBA, 1987, p. 41). El diseño, y posteriormente el barrio, contó con trazados de calles, áreas comunales y racionalización del espacio. Los habitantes del barrio Fidel Castro se asociaron en una organización enfocada a garantizar y defender sus intereses comunes, bajo una lógica que les permitió diferenciarse de las Juntas de Acción Comunal (JAC), creadas en otros sectores del basurero.

Durante el proceso que culminó con la ''invasión'' planificada, se conformó y consolidó el Comité Popular Fidel Castro, comprometido en las luchas y acceso a la tierra de nuevos ''invasores'', que fueron llegando a lo largo de la década de 1970, tanto en el barrio como en los alrededores. Frutos de esta organización fueron, en primer lugar, el impulso hacia la unidad de distintos grupos de la ciudad que luchaban por la tierra y la vivienda, proceso que derivó en 1974 en la creación del Comité Central Municipal de Tugurianos; y segundo, la conformación en 1975 de la Corporación Social de Solidaridad con los Tugurianos, que se fundó para motivar, capacitar y asesorar la organización de sectores populares, así como para apoyar, con los mecanismos posibles, proyectos comunales y divulgar sus problemáticas. A través de esta corporación y con algunos auxilios recibidos, se impulsaron proyectos que permitieran crear oportunidades de trabajo para los habitantes de tugurios, tales como la Cooperativa de Recolectores de Subproductos, integrado por trabajadores de la basura, y el Tejar Las Margaritas, que buscaba producir materiales para el mejoramiento de vivienda (Hernández, 1986, pp. 33–34).

En paralelo, se fueron consolidando otros asentamientos caracterizados por el pago de lotes a urbanizadores ''pirata'', caso del barrio Moravia, y la combinación de este método con la ''invasión'', caso de El Bosque, ambos aledaños al barrio Fidel Castro. El bajo precio de la tierra en el basurero motivó a decenas de familias para ocupar aquellos espacios, dando ''solución'' a sus necesidades de vivienda. Los nuevos pobladores comenzaron a organizarse en función de sus demandas y reivindicaciones; en el barrio Moravia, la organización estuvo ligada al asentamiento inicial a principios de la década de 1970. La Acción Comunal Moravia Oriente, como se llamó desde 1974, contaba con un radio de acción que comprendía los barrios Moravia, Fidel Castro, El Bosque, Llanos y Llanitos.³ Este hecho generó distintos enfrentamientos entre la comunidad de los barrios Fidel Castro y Moravia, puesto que la primera tenía su propia organización popular, surgida de las desavenencias con las instituciones del Estado. Además, la ejecución por parte de la Junta de Moravia de distintas obras de infraestructura y mejoramiento de vivienda dentro de su radio, provocó riñas con el Comité del Fidel Castro ya que aquella tomó el papel como reordenadora oficial, desconociendo el trabajo previo y los intereses de los demás sectores (CLEBA, 1987, p. 63). La JAC Moravia Oriente comenzó un proceso en el que, amparada por el directorio del Partido Liberal, buscaba la instalación de servicios públicos, la adecuación de vías y el fin del depósito de basuras.

El barrio El Bosque se desarrolló rápida y desordenadamente desde inicios de la década de 1970. En este asentamiento las formas de acceso a la tierra fueron más variadas y no existió, como en los casos anteriores, la conformación rápida de una organización que velara por sus necesidades e intereses. Allí se dio tanto la ''invasión'' como la compra de terrenos y ranchos a propietarios y poseedores, con un grado de improvisación tal que el resultado fue el hacinamiento, la escasez de vías de acceso, la inexistencia de áreas comunales y servicios públicos, y la precaria dotación del alojamiento.

Por estas razones, algunos pobladores buscaron su propia forma de organización, constituyendo la JAC de El Bosque en 1978. Su radio de acción comprendía, además de este barrio, zonas de formación tardía como Milán y La Playa. Si bien su trayectoria organizativa no fue tan amplia como la de las organizaciones de los otros sectores, sus lineamientos estuvieron un poco más ligados a las experiencias del Comité Popular Fidel Castro; de este modo, la junta buscó y logró la instalación de servicios públicos y alcantarillado —incluso bajo las modalidades de fraude y ''contrabando''—, así como el sostenimiento de una escuela (CLEBA, 1987, p. 65).

Después del asentamiento en estos tres sectores–eje y de generarse sus respectivos procesos organizativos, nuevos habitantes siguieron llegando al área del basurero, dándole así la forma definitiva al espacio urbano no reglamentario. Los nuevos asentamientos que se constituyeron a partir de la ayuda de barrios ya consolidados y organizados fueron: Llanitos, Los Llanos, Milán, La Playa y El Morro —comprendido por los asentamientos La Divisa y Brisas de Oriente—. Todos ellos comenzaron a configurarse tras el rebosamiento del depósito de basura, que entre 1976 y 1984 generó una pestilente montaña de basura de unos 30 metros de altura.⁴

El sector de Llanitos se configuró en la década de 1970 como un barrio de invasión, a la orilla del río y sin servicios públicos; además, no contó con una organización popular propia, ya que la JAC Moravia Oriente los cobijó en su radio de acción. El sector de Los Llanos tampoco tuvo un proceso organizativo que les permitiera autonomía con respecto a los existentes. El asentamiento se desarrolló con la colaboración, en una fracción del mismo, del Comité Popular Fidel Castro que, solidarizado con los nuevos ''invasores'', se enfrentaba contra la policía y colaboraba en la ubicación y levantamiento de los ranchos. Mientras tanto, la JAC Moravia Oriente, desacreditando el proceso invasivo que promovía el Comité del Fidel Castro, posibilitó el acceso a la tierra de nuevos habitantes por medio del loteo pirata y la compra de ranchos y terrenos (Hernández, 1986, pp. 38–39). Así, este nuevo sector se configuraba bajo distintas modalidades, respaldado por dos organizaciones casi antagónicas.

Entre 1977 y 1983 se construyeron los asentamientos La Playa, Milán y El Morro. Los dos primeros eran de una posición económica más elevada que los demás sectores. El acceso a la tierra fue logrado a través de la compra de terrenos y posesiones, con el fin de adquirir tierra barata e iniciar inmediatamente la construcción y adecuación de sus viviendas. La mayoría de los ocupantes contaban con estabilidad económica —obreros y empleados— que les permitía mayor capacidad adquisitiva y poco a poco se fueron convirtiendo en los ''ricos'' del lugar (Hernández, 1986, p. 25), lo que después generó desavenencias cuando el municipio inició la ''rehabilitación urbana''. Su organización dependió de la JAC de El Bosque, con la cual lograron obras de adecuación del terreno, servicios públicos y alcantarillados.

A diferencia de La Playa y Milán, los asentamientos de El Morro fueron más precarios e insalubres. Sus pobladores vivían del ''rebusque'' entre toneladas de basura. No tuvieron acceso a servicios públicos y el mal alojamiento fue la constante. Su organización fue la más tardía entre todos los barrios que se configuraron en el área del basurero. Bajo el auspicio del Movimiento de Renovación Liberal, los habitantes constituyeron en 1982 el Comité La Divisa, después de que el sector sufriera un incendio que consumió cerca de medio centenar de ranchos. Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante antioqueño, facilitó ayudas para reconstruirlos nuevamente. A partir de ese momento, junto al dirigente político Jairo Ortega y el presbítero Elías Lopera, Escobar comenzó a idear un ambicioso programa de vivienda de interés social ''encaminado a solucionar el problema de los tugurios'', no solo en El Morro sino en la totalidad del área del Basurero Municipal, a través de la construcción de viviendas sin costo alguno por la Corporación Medellín Sin Tugurios (Medellín Cívico, 1984, enero, p. 1). Dado el carácter coyuntural de la creación del Comité La Divisa, su acción se restringió a la adopción del programa de viviendas de interés social que la corporación prometió a sus habitantes, así como a la facilitación de los primeros acercamientos entre los entes municipales y la comunidad del sector, en vista de la intervención urbana que se planeaba sobre el conjunto del área y el traslado inminente que se cernía sobre los asentamientos en la montaña de basura.⁵

De acuerdo con Juan Camilo Ruiz Pérez, Coordinador del Programa de Rehabilitación, los barrios Fidel Castro, Moravia, Milán y La Playa, contaban en 1983 con vías de acceso y servicios comunales como cancha de fútbol, iglesia y escuela; además, la calidad de las viviendas se encontraba, regularmente, en buenas condiciones y ''desde el punto de vista urbanístico, [era] la zona que [presentaba] mejores condiciones'' (Ruiz y Jaramillo, 1984, pp. 10–11). Por otro lado, los barrios Llanitos, Los Llanos, El Bosque y El Morro, se caracterizaban por sus pésimas condiciones habitacionales.

2. El problema urbano en los asentamientos del antiguo Basurero Municipal

A medida que se fueron configurando distintos asentamientos en el basurero, sus terrenos, desdeñados en principio, comenzaron a valorizarse como efecto del desarrollo infraestructural. Desde inicios de la década de 1960, en Medellín existían asentamientos no reglamentarios, establecidos en sectores céntricos de la ciudad y, por ende, más problemáticos urbanísticamente (PEVAL, 1985). Por tal razón, en la década de 1970, la Administración Municipal adoptó una medida jurídica que procuraba las herramientas necesarias para llevar a cabo una intervención urbana, ''declarando estos terrenos como área de expansión del complejo recreativo cambiando su carácter de 'bien fiscal' a 'bien de uso público''' (Arango, 1984, p. 4). El mismo, fue ratificado mediante el Acuerdo 3 del 29 de abril de 1977.⁶

Aunque el proyecto de expansión del parque no se llevó a cabo, el Municipio de Medellín inició la recuperación del espacio, transformado y apropiado ya por sus habitantes, tras definir la propiedad y el carácter del terreno para luego obligar a esta población a aceptar el Programa de Rehabilitación; además, el ''desconocimiento'' por parte de las autoridades municipales de las personas que residían allí, permitió que la disposición de basuras se siguiera efectuando provisionalmente hasta que, con la ejecución del programa, se diera fin en 1984, cuando la montaña de basuras cubría una base de 10 hectáreas y más de 30 metros de altura (Ruiz y Jaramillo, 1984, p. 1).

A inicios de la década de 1980 emergía un problema que trastocaba distintas esferas de lo urbano, lo social, lo político y lo económico. El equipo técnico del Programa de Rehabilitación halló que, en términos físicos, el sector presentaba problemas de soporte de los suelos, debido al asentamiento urbano sobre depósitos de basura así como mala calidad ambiental por la evacuación de gases y líquidos (López, Peláez y Villegas, 1991, p. 2). Esto sin contar con la emergencia sanitaria que para la ciudad y los habitantes del área representaban las plagas y la contaminación del medio ambiente.

El asentamiento se había configurado cerca de un espacio urbano concurrido y las acciones de la municipalidad no se hicieron esperar; después de 20 años de iniciado el poblamiento, la declaración del sector como espacio de ''bien público'' permitiría la implementación de acciones administrativas para intervenirlo. Alrededor del sector se localizaban o localizarían lugares de interés para la ciudad como el Parque Norte, el Jardín Botánico, la Terminal de Transporte del Norte, la Universidad de Antioquia, el Planetario Municipal y el Museo Pedro Nel Gómez (véase anexo 2); además, la Administración Municipal proyectaba la construcción de una estación del tren metropolitano —actual Estación Caribe del Metro— y la adecuación y prolongación de la vía regional como parte integral del Plan Vial de la ciudad.⁷

Si bien estas razones justificaron el Programa de Rehabilitación para tratar un problema de ciudad, las dificultades sociales y económicas de la población suponían también un inconveniente político. En 1983, 14 632 habitantes ocupaban 22 hectáreas en 3362 viviendas —una densidad de 681 habitantes por hectárea— a solo 2,5 kilómetros del centro de la ciudad (Arango, 1984, pp. 3–4). Asimismo, las familias eran numerosas, las condiciones de higiene y hacinamiento alarmantes y los ingresos de la población precarios —a excepción de algunos sectores como Milán y La Playa—, fruto del trabajo informal y la recolección manual de desechos reciclables (López et al., 1991, p. 3).

Vale destacar el significado del depósito de basuras desde el momento en que sus pobladores comenzaron a llegar, pues estos vertederos permitieron la extracción de materiales —cartón, lata, madera, plástico, entre otros— para construir sus ranchos y acceder a alimentos y elementos para el sustento económico. Ante el desinterés de las autoridades municipales para dar soluciones a los problemas que aquejaban a esta población, los residuos proporcionaron medios necesarios para la supervivencia (Jaramillo, 2003, pp. 3–15). De tal modo que, con el cierre y traslado inminente del basurero contemplado en el Programa de Rehabilitación, se agravaría aún más la problemática de los sectores cuyo sustento dependía exclusivamente de la basura.

Además del alto número de habitantes, de la dimensión del área, de la situación económica y de alojamiento, y de las demás problemáticas mencionadas, interviene un factor complejo que tiene que ver con la propiedad del terreno,⁸ ya que si bien el municipio lo declaró como suyo y le dio características de ''bien de uso público'', no era poseedor de facto de ningún lote. Es decir, aunque las herramientas jurídicas le permitían intervenir estos sectores, la apropiación del terreno, su desarrollo infraestructural y la consecuente valorización, había corrido a cargo de los mismos pobladores durante un proceso de aproximadamente 23 años. La municipalidad buscó mecanismos para tomar posesión del territorio y, mediante la intervención urbana, racionalizar el suelo y valorizar el área global y los sectores circunvecinos.

3. Programa de Rehabilitación del antiguo Basurero Municipal

El 15 de abril de 1983 se inició oficialmente el programa, en presencia del Alcalde Juan Felipe Gaviria. Según el censo de 1983 realizado por los equipos técnicos del programa, el área contaba con 3362 viviendas, de las cuales poco más de la mitad eran tugurios y menos de un tercio estaban terminadas en materiales reglamentarios para la construcción. Fueron censadas un total de 3072 familias, de las cuales la mitad accedieron a los terrenos por medio de la compra o mejoras y poco más de un cuarto se asentaron allí a través de la invasión, todas caracterizadas por la precariedad y los altos índices de desempleo (López et al., 1991, p. 3). Las viviendas eran habitadas por 14 362 personas —en su mayoría mujeres— de las cuales la mitad estaba compuesta por menores de 14 años (Arango, 1985, p. 6).

Para llevar a cabo tal proyecto, fue necesaria la elaboración de los objetivos y del cronograma de trabajo. 1983 fue el año de los estudios técnicos y físicos, realizados por equipos técnicos y profesionales del Instituto Metropolitano de Valorización (INVAL), a través de la Secretaría de Obras Públicas, así como de grupos de la Alcaldía para análisis sociales.⁹ El programa contaba con dos bloques de trabajo, con múltiples funciones y subdivisiones, encabezados por profesionales de universidades de Medellín; el equipo técnico y físico, encargado del diseño urbano y del manejo del presupuesto; y el equipo social, dirigido a la ejecución de programas que involucraran a la población, tales como la organización, la vivienda, la recreación, la cultura, la educación, la salud, el empleo y la comunicación.

A partir de julio de 1983 se elaboraron las pautas generales, se sustentó el programa y se dieron debates en los grupos de trabajo que duraron cerca de un año. Los objetivos apuntaban, en primer lugar, a la rehabilitación física que pretendía el reordenamiento urbanístico, la racionalización de suelos, la adecuación de redes viales y peatonales, la dotación de infraestructura de servicios, la reubicación de predios en los lugares donde fuera indispensable, la canalización de quebradas y el saneamiento de la montaña de basuras, principalmente;¹⁰ y en segundo lugar, a la rehabilitación social a través de programas de educación, recreación, empleo, salud y capacitación, que buscaban promover el espíritu comunitario y solidario de la población como estrategia de fomento a la organización y participación comunitaria, así como la dotación de recursos para el funcionamiento de instituciones educativas.¹¹

Igualmente, con el fin de informar a los habitantes y capacitar a líderes comunitarios, estos equipos programaron asambleas sectoriales que buscaban comunicar las discusiones en el interior del grupo y los avances en materia de obras, para lograr un acercamiento con la población que permitiera el debate con información actualizada de las propuestas y las negociaciones. Para llevar estos objetivos a cabo, la Alcaldía de Medellín y la Dirección del Programa conformaron un comité integrado por Empresas Varias, Empresas Públicas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Planeación Metropolitana, INVAL, Corporación de Vivienda Municipal y Secretaría de Programas. Cada uno de ellos, encargado de ejecutar los distintos componentes del programa (Ruiz y Jaramillo, 1984, p. 7).

Al finalizar las discusiones en marzo de 1984, los equipos de trabajo presentaron por escrito las bases del Programa de Rehabilitación: una reforma urbana para la legalización del sector, la negociación con la comunidad y la construcción de infraestructura para servicios y otras obras civiles requeridas como la canalización de quebradas, adecuación de senderos y vías de acceso;¹² igualmente, se inició una corta fase de evaluación de los logros de los subprogramas a cargo de los equipos, con el objetivo de organizar el trabajo para la etapa de concertación y las nuevas estrategias para su ejecución. Entonces surgió una preocupación por el papel que desempeñaban las entidades interventoras, ya que algunos delegados de los programas percibían falta de compromiso con el programa, especialmente de EE. PP. de Medellín, así como del programa con las labores de los equipos de trabajo.¹³

El descontento y la preocupación de los grupos de trabajo del programa eran generalizados. Percibían en la población una férrea resistencia y otro tanto de confusión, que la dividía en relación con la aceptación del Programa de Rehabilitación, con el problema de vivienda y con los subprogramas que llevaban a cabo, pues no estaban totalmente dirigidos a los intereses sectoriales ni propiciaban la ampliación de la participación de sus habitantes. La mayor preocupación de los residentes estaba en la adquisición del título de propiedad y el mejoramiento de las condiciones de alojamiento que, si bien no iba a ser garantizada por el Municipio, se veían retrasados ya que la División de Habilitación de Viviendas incumplía sus funciones.¹⁴

El equipo técnico–físico manifestaba que el programa proponía teóricamente una planeación integral en la que se respetara la permanencia de todos los habitantes del área, los trazos existentes —en la medida de lo posible—, la localización de los servicios públicos y la participación comunitaria. Pero en la práctica manifestaba la inexistencia de la participación de los pobladores en los trabajos, así como la lentitud y el desorden en las labores de las entidades interventoras.¹⁵ Además, argüía que se necesitaban discusiones en el programa y que había que extenderlas a la población, para lograr una interacción entre las partes interesadas ya que ''este diseño urbano no ha tenido ninguna confrontación para ir acomodándolo más a la realidad''.¹⁶

Otro inconveniente tuvo que ver con el asentamiento en la montaña de basura, precisamente con el Comité Popular La Divisa (El Morro). La Corporación Medellín Sin Tugurios había enviado sociólogos a reunirse con el equipo social del Programa de Rehabilitación, para recoger e intercambiar información con el fin de canalizar fondos para el sector de El Morro.¹⁷ No obstante, tras reunirse, los representantes de La Divisa —a las órdenes de la corporación— comenzaron a manifestarse en contra del programa liderado por la Alcaldía. La inminencia del traslado y la entrega de viviendas en el sector de La Milagrosa, en el centro–oriente de Medellín, ponían en tela de juicio las labores de los entes interventores en los distintos sectores del área, con relación a las que ejecutaba la organización creada por Pablo Escobar. Como parte del conflicto de intereses, los equipos social y técnico manifestaron su desacuerdo con la corporación. Percibían que sus miembros estaban coaccionando distintos sectores de la población y presionando a sus beneficiarios de la montaña de basura, bajo la amenaza de no salir favorecidos con las viviendas que otorgaría Pablo Escobar, como estrategia para evitar su adhesión al programa de la Alcaldía.¹⁸

El grupo del Programa de Rehabilitación se proponía confrontar y comprometer al representante del Comité, Pedro Pablo Gil, durante las sesiones de la venidera etapa de negociación para que, tras el traslado, no se volvieran a ocupar los ranchos dejados y, de este modo, presentara la lista de los beneficiados con las viviendas para proceder al derribamiento de los ranchos, una vez salieran del sector. No obstante, esta acción no se realizó en dicho espacio pues, entre el 17 y 20 de mayo de 1984, más de 400 familias salieron tempranamente del lugar hacia La Milagrosa —donde se edificaba el barrio Pablo Escobar—, afectando los trabajos de instalación de servicios públicos y obligando a un nuevo censo de las familias que se quedaron, con el fin de redistribuir los servicios y buscar su representación en la negociación que se avecinaba.¹⁹

4. Participación comunitaria y ''concertación'' del Programa de Rehabilitación

La participación comunitaria, promovida desde la Administración Municipal, se produjo con la intención de integrar a los distintos sectores afectados al desarrollo de los objetivos planteados por los equipos técnico y social. Este método pretendía una organización de las bases para que tomaran conciencia de sus problemas y pudieran ser parte activa en las soluciones y la transformación de sus condiciones de vida, pues de no lograrse consensos ni la integración entre las partes, podrían germinar reivindicaciones mucho más profundas que aquellas que el Estado, representado por el Municipio, podía canalizar (Trochez, 1987, pp. 21–22).

La participación comunitaria, implementada desde gobiernos anteriores, había sido un proceso educativo para la población, que implicaba el reconocimiento por parte de las administraciones de la capacidad que tenían los sujetos para posibilitar su desarrollo. Los habitantes podrían identificar problemas que los aquejaban y tomar parte en la comprensión de los fenómenos que los producían, para idear soluciones consecuentes con sus realidades, siendo además capaces de participar en la ejecución de los proyectos. Sin embargo, el éxito de esta participación no estaba garantizado, pues se requería la comprensión del concepto de comunidad en su sentido de comunidad geográfica²⁰ y una visión que considerara por aparte los sectores que conformaban el área, en los cuales se presentaban intereses particulares en relación con problemáticas comunes (Londoño, 1987, pp. 2–3).

Una de las fallas del Programa de Rehabilitación fue no reconocer los problemas comunes que afectaban a la población —pobreza, desempleo, insalubridad, falta de servicios públicos, mal alojamiento, entre otros—, ''desconociendo'' las particularidades de algunos sectores que componían a la ''comunidad''. Por ejemplo, una porción de los habitantes de Milán y La Playa se veían afectados por la racionalización de predios, ya que estas zonas contaban con posesiones de mayor amplitud que la estipulada por la Alcaldía, con un límite de 80 metros cuadrados, lo cual conllevaría a la pérdida de una porción de los terrenos y, en muchos casos, su otorgamiento a familias reubicadas. También, la existencia de viviendas ocupadas por varias familias, sobre todo en los sectores más pauperizados como El Bosque y Llanitos, no contó con una solución que pusiera fin al hacinamiento. Por otra parte, las familias que habitaban los denominados tugurios, ubicados sobre todo en El Bosque, Llanos, Llanitos y El Morro, no tuvieron una solución de vivienda, ni les fueron otorgados gratuitamente —teniendo en cuenta su condición socioeconómica— materiales para mejorarlas por su cuenta, pues el programa no consideró este punto, pese a que cerca de la mitad de la población total del área vivía en estas condiciones.

En consecuencia, la concertación derivó en acuerdos globales para problemas generales, cuando se hacían necesarias soluciones específicas y adecuadas para los sectores que presentaban particularidades. Barrios como El Bosque o Moravia, por ejemplo, podían presentar distintos tipos de ocupación del suelo, variadas clases de vivienda, condiciones de hacinamiento complejas, desnutrición, entre otras, que diferían de otros sectores, como Milán y La Playa, que presentaban viviendas espaciosas y terminadas en material, acceso al suelo por medio del loteo pirata, fuentes de ingresos estable, servicios públicos comunitarios, trazado urbano, entre otros. Estas diferencias derivaron en tensiones entre los intereses de los más y los menos pobres en una carrera que presentaba solo una vía: la resignación. El resultado fue la falta de consenso entre los habitantes y los distintos representantes de los sectores, así como las constantes rupturas dentro de la organización.

Después de la discusión en el seno de la Administración Municipal, el 25 de marzo de 1984, en asamblea general, fueron presentadas las propuestas oficiales para que los distintos sectores se organizaran, las discutieran y se prepararan para las negociaciones. Entre las propuestas más problemáticas se encontraban: a) el Municipio era el propietario del terreno y por eso realizaba un Programa de Rehabilitación de la zona; b) quienes tuvieran propiedades o posesiones en otro lugar deberían salir del sector; c) no debería haber familias con más de un lote; d) entre los beneficiarios del programa se haría un reparto equitativo del terreno disponible en lotes iguales con reloteo y reubicación en la zona; e) los beneficiarios deberían pagar los lotes y luego se procedería a escriturar bajo la modalidad de patrimonio familiar; y f) las viviendas de las familias beneficiadas por el programa y localizadas en el cerro de basura, paralela al río y las afectadas por las obras físicas, deberían demolerse para su reubicación.²¹

El 16 de abril de 1984 iniciaron las sesiones de concertación entre la Administración Municipal y la comunidad; luego se retomarían entre el 15 de junio y el 11 de agosto en los auditorios de la Biblioteca Pública Piloto, el Museo de Arte Moderno y la Terminal de Transporte del Norte. En la primera sesión, los habitantes de los distintos sectores presentaron pliegos de peticiones y sentaron posición frente al Programa de Rehabilitación, el cual consideraron que debía suspenderse dado que la comunidad de manera consensual lo había rechazado, pues constituía un atropello a sus derechos.²² No obstante, pedían la continuación de la habilitación del sector por parte de planeación, la cual se debería hacer para la instalación de los servicios públicos.²³

Del mismo modo, los habitantes manifestaron desde el principio su preocupación por la propiedad del suelo, pues de este problema se desprenderían los puntos más problemáticos de la concertación sobre racionalización, pago de predios y vivienda. Las inquietudes recogidas en los pliegos, expresaban preocupación por la pérdida de propiedad, que reivindicaban al declarar que los dueños absolutos eran los mismos habitantes, como una respuesta a la declaración de la Administración Municipal donde se acreditaban como los propietarios del terreno.²⁴

Desde el inicio de la negociación, los representantes de los distintos sectores venían divididos, ya que los puntos que favorecían a unos desfavorecían a otros; además, estos argüían que al no haber sido informados de la reunión tempranamente, la totalidad de representantes no estaba presente. En consecuencia, se presentaron desacuerdos entre ellos mismos y con la Administración Municipal, por lo cual la mayoría, como método de protesta y presión al programa, se retiraron de la mesa de negociación del 15 de junio, amenazando con no volver si no existían garantías. Tras este retiro, quienes quedaron presentes en la reunión discutieron una serie de puntos para la concertación, no sin que la Administración Municipal expresara antes que no se trataba de ganar por mayoría sino de llegar a un acuerdo en la mesa,²⁵ lo cual sugería que no era necesaria la presencia de todos los representantes para aprobarlo y que todas sus demandas no serían satisfechas. Al finalizar la jornada, 11 puntos de 21 propuestos fueron suscritos.²⁶ A lo largo del proceso, los retiros de las mesas fueron tan constantes como los regresos.

Durante las reuniones, la Administración Municipal usó medidas que, amparadas en figuras jurídicas y en la tramitología burocrática, se encaminaban a doblegar a los pobladores de los sectores y a sus representantes. Inicialmente, ante las preocupaciones latentes por la propiedad y el pago de lotes, los representantes de las juntas y los comités expresaron su descontento con la enajenación del globo del terreno por parte del Municipio y, más aún, con el pago de los lotes una vez rehabilitado el sector. Algunos expresaron su intención de recurrir a las vías legales, ante lo cual Juan Fernando Álvarez Castrillón, director general de programas (1983–1984) y garante del proceso de negociación, respondió que no había problema ''puesto que el Municipio no cerraba a nadie la vía de solución'', pero que no obstante, ''quien estaba de acuerdo podía pasar a firmar [los puntos discutidos]'', agregando que ''si las obras del Programa de Rehabilitación no se iniciaban antes de diciembre, la plata se perdería, porque los dineros para construir estas obras provienen de una entidad que exige el gasto durante el presente año''.²⁷

Las negociaciones seguían y las discusiones aumentaban. Los representantes y sus representados insistían en ser los propietarios de la tierra y, como tales, podían dar la lucha jurídica. La Administración Municipal, previendo la situación, afirmó que ''quien recurra a la vía legal renuncia a este proceso de conciliación con el Municipio, si se pierde este, se procederá a aplicar los principios del programa'';²⁸ es decir, que quedaría excluido de los beneficios del mismo y tendría que litigar con la Administración Municipal la expropiación del predio. Además, aclaró que la mayor parte del terreno estaba bajo propiedad del Municipio, mientras que las áreas restantes se encontraban en proceso de expropiación, y que por no haber sido terrenos adquiridos individualmente sino entre varias personas, debían ser expropiados para repartirlos legal e individualmente. Finalmente, amenazó con aplicar la ley para el desalojo ''de los ocupantes en bienes públicos no coartándoles la facultad de acudir a la vía jurisdiccional del ejercicio de sus acciones correspondientes''.²⁹

Esta amenaza, anudada a la declaración inicial, previno —y asustó— a los habitantes que pretendían litigar, pues le permitía a la administración hacerse como propietaria del área en conjunto y realizar las labores de remodelación que considerase pertinentes, dado el caso, sin importar el consenso; además, le permitía obstruir y condicionar tanto la negociación como la posibilidad de demandas por propiedad a los habitantes del sector que, sin mayores opciones para la solución de la legalidad de sus predios —acción de primera necesidad— y ante la eventualidad del desalojo, terminarían por firmar, no sin antes oponer resistencia, a los acuerdos que iban siendo presentados por la Administración Municipal.

Como resultado, distintos representantes sectoriales denunciaron el carácter unilateral de la aprobación de los puntos discutidos, ya que la Alcaldía los presentó desatendiendo los pliegos de las comunidades y evitando que fueran discutidos; asimismo, denunciaron la desinformación y las firmas precipitadas de los puntos, que no estaban siendo consensuados, incluso algunos se estaban oficializando a espaldas de la comunidad. Ante la problemática suscitada, la Alcaldía presentó una propuesta que, a pesar de todo, mantenía la condición de pago por el valor de la propiedad en una relación de 70% de trabajo comunitario y 30% de pago en efectivo.³⁰ Los representantes de los sectores no la aceptaron y mantuvieron su posición de no pago. En respuesta, la Administración Municipal pidió una contrapropuesta, pero los representantes, especialmente de los Comités Populares, reafirmaron sus exigencias de no pago sin condición, ante lo cual les respondieron que ''el municipio no tiene más propuestas al respecto y quien quiera firmar será recibido en la oficina'', ya que ''si no se llega a un acuerdo, existen mecanismos legales [para llevarlas a cabo]''.³¹

Tras el uso de estas medidas, el 11 de agosto de 1984 finalizó la negociación con la firma de 21 acuerdos, entre los que destacaba el pago de lotes con trabajo comunitario, y excepcionalmente con dinero, de acuerdo con la normatividad de la regularización de predios,³² satisfaciendo solo en parte las constantes peticiones que los distintos sectores hicieron con relación con este punto.

5. Inicio del fin del Programa de Rehabilitación

Pese a que se consolidaron y se firmaron los acuerdos, las discrepancias entre algunos sectores continuaron, entre otras cosas, porque el punto referido a la repartición equitativa del globo del terreno entre los habitantes, generó debates entre los más pauperizados y los que, teniendo mejores ingresos, pudieron adquirir lotes más extensos y construir sus casas con materiales de mejor calidad. Debido a ciertas condiciones de los terrenos y los adelantos en las obras de remodelación, el programa exigía la cesión de parte de los terrenos que sobrepasaran 80 metros cuadrados, para la reubicación de otros habitantes o la extensión de viviendas colindantes que ocupaban menos de 50 metros cuadrados, afectando directamente a los poseedores de predios amplios.

La rapidez de las discusiones de los puntos del Programa de Rehabilitación y las condiciones que impuso la administración mediante mecanismos restrictivos, obligaron un consenso precipitado que afectó los intereses de parte de la población. De este modo, la participación comunitaria, restringida por una administración que no permitió a los habitantes tomar parte activa en la planeación y discusión de los parámetros del programa, significó más un mecanismo de legitimación de la intervención urbana estatal para hacer ''más viable'' y ''menos traumático'' su proyecto, que un mecanismo de integración real de la comunidad. Los procesos organizativos en función de la satisfacción de las demandas de los pobladores —a excepción de algunos Comités Populares—, las asambleas sectoriales, así como la misma negociación, hicieron posible la cooptación política con propósitos electorales, afines a intereses políticos partidistas.³³

La vivienda, necesidad básica y más urgente de la población,³⁴ quedó prácticamente excluida, tanto de las negociaciones como de la rehabilitación urbana. La adecuación de las viviendas debió correr por cuenta de los habitantes, pues el programa no planteó más solución que la ubicación de un depósito de materiales, a precio de costo, para que quien pudiera y tuviera los recursos con qué mejorar sus viviendas lo hiciera.

Con el fin de apaciguar los ánimos de quienes pedían la entrega de las primeras escrituras rápidamente y mostrar hechos concretos, la Alcaldía pidió a la división encargada de la habilitación de las viviendas agilizar sus trabajos y dar vía libre a algunas propiedades. A pesar de que las obras de remodelación apenas comenzaban y el programa no había culminado, en el mes de diciembre de 1984 se procedió a la entrega de escrituras para demostrar que existían las garantías para el proceso y que los objetivos se estaban cumpliendo.³⁵

Asimismo, después de las negociaciones comenzaron los trabajos comunitarios, con el objetivo de asegurar la propiedad de la vivienda mediante el Bono de Ayuda Mutua. Este representó el comprobante que certificaba el cumplimiento de las jornadas y labores necesarias para la obtención de la escritura que legalizaba sus predios (Ruiz, 1978, pp. 57–58). Durante los años que sucedieron a la firma de los acuerdos, el Programa de Rehabilitación, aunque tibiamente y en medio del descontento general (CLEBA, 1987, p. 86), llevó a cabo el reordenamiento urbanístico del sector, la rehabilitación física, el saneamiento del cerro de basuras y la dotación de servicios comunitarios. El proceso de legalización y titulación de predios, que comenzó en diciembre de 1984, fue incumplido y solo se otorgaron teniendo en cuenta la existencia de poco más de 3000 predios, 400 títulos de propiedad (Arango, 2007, p. 2). Entre los programas productivos, solo la Cooperativa Recuperar se mantuvo vigente (Jaramillo, 2003).

La culminación de las obras no estuvo exenta de problemas relacionados con la seguridad para las organizaciones que quedaron en pié, a raíz del complejo panorama de orden público que fue cerniéndose sobre la ciudad y este sector en particular, durante la década de 1980. Así consta en carta enviada por los representantes de los Comités Populares del Antiguo Basurero a Héctor Abad Gómez, Presidente del Comité de Derechos Humanos, el 11 de septiembre de 1985:

Por medio de la presente, los nueve Comités Populares de Moravia [...] queremos hacer denuncia ante la organización que usted representa, de la violación al derecho a la vida de que fue objeto nuestro compañero Rafael Moná Aragón [...] vilmente asesinado el pasado 31 de Agosto del presente año, aproximadamente a las tres de la tarde, de cinco tiros ubicados en la cabeza [...] ya se habían realizado dos atentados anteriormente y uno de ellos fue al compañero asesinado en días pasados [...] Es nuestro temor que se continúen realizando atentados y es por esto que los dirigentes de los Comités Populares nos encontramos preocupados y precisamente acudimos a usted, para que haga la denuncia respectiva [...].³⁶

Finalmente, las obras civiles comenzaron a tardar más de lo esperado y los temores de los habitantes se hicieron realidad. El Programa de Rehabilitación fue interrumpido en 1986 por más de una década (Arango, 2007, p. 2–3) tras padecer, durante su ejecución, la falta de sostenibilidad como de compromiso, ante la sucesión de administraciones entre 1983 y 1986³⁷ y los cambios continuos de los equipos de trabajo.

Conclusión

En función del interés económico y social, y bajo concepciones estéticas y de control, la intervención urbana institucional en estos asentamientos de la ciudad de Medellín, buscó la forma de integrar a la población mediante proyectos de rehabilitación y mejoramiento barriales que permitieran su regularización jurídica, la instalación de los servicios públicos y la adecuación de alojamientos y vías de comunicación. Sin embargo, como resultado de la ineficacia estatal, estas medidas no fueron lo suficientemente integrales y terminaron afectando, nuevamente, a los sectores populares a raíz de la falta de cobertura en servicios como salud, educación y empleo. El descontento y la preocupación de los equipos de trabajo del programa y la comunidad fueron generalizados, pues consideraron que el programa no garantizaba la participación integral de los habitantes ni estaba totalmente dirigido a la satisfacción de sus necesidades. Prueba de ello fue la continuidad del problema de la vivienda.

Las limitaciones de los parámetros del programa y la falta de solidez en la organización comunal, derivó en una falta de consenso entre la población y los distintos representantes de los sectores, así como en constantes rupturas dentro de la organización. El Programa de Rehabilitación propició, en términos generales, la división de la comunidad. Las organizaciones populares se enfrentaron entre sí, lo que produjo su resquebrajamiento sin lograr aún los fines para los cuales surgieron y se fortalecieron durante años: la defensa y consecución de derechos básicos. Estos fueron garantizados solo en parte por el Municipio, tras los acuerdos firmados y la clausura del Basurero Municipal. A través de obras urbanísticas complementarias al desarrollo que ya habían gestado los habitantes del terreno, el programa consiguió, por medio de la regularización jurídica de los predios, la instalación y el cobro de los servicios públicos.

Así, a pesar que las fuentes documentales producidas por las administraciones que ejecutaron el Programa de Rehabilitación del Basurero Municipal, dispuestas en el Archivo Histórico de Medellín, demuestran un proceso minado de inconvenientes y contradicciones, la idea que pretendieron formar al finalizar las labores fue la de un programa ejemplar y exitoso.

Notas

* El artículo es producto del trabajo de grado ''A falta de Echavarrías buenos son Escobares'': Urbanización y narcotráfico en Medellín 1977–1987 (El caso del antiguo Basurero Municipal), para optar al título de historiador de la Universidad de Antioquia en 2013.

1 Esta denominación se atribuye a todos aquellos espacios urbanos que violaban la normatividad urbanística vigente, es decir, que no estaban construidos con materiales sólidos y tampoco contaban con la autorización de Planeación Municipal para su desarrollo infraestructural.

2 Hasta el momento se desconoce el paradero de dicho plano.

3 Los dos últimos barrios mencionados corresponden a una formación tardía de mediados de la década de 1970, con respecto a los sectores de El Bosque, Moravia y Fidel Castro.

4 En 1964, las Empresas Varias (EE. VV.) de Medellín, tras realizar estudios del depósito de basuras en el sector, decidieron aprovechar los agujeros existentes por la extracción de material de playa y verter allí las basuras. Realizaron el drenaje de las lagunas existentes, excepto la del futuro Parque Norte, y las utilizaron para el mismo fin. No obstante, el área disponible se rebasó y el depósito de basura comenzó a crear la montaña desde 1976, aproximadamente (Jaramillo, 2003, p. 4; Ruiz, 1987, p. 53).

5 [s. n.] (Medellín 19 de Octubre de 1982), Archivo Histórico de Medellín (AHM), Gerencia Administrativa, INVAL, c. 441/leg. 8, f. 228v; ''Posibilidades de solución al problema de vivienda del basurero'' (Medellín 8 de Octubre de 1982), AHM, Gerencia financiera, INVAL, c. 346/leg. 1, ff. 62v–64v.

6 ''Acta Nro. 2'' (Medellín 8 de Julio de 1983), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/ leg. 8, f. 251v.

7 ''Informe labores semestrales'' (Medellín 24 de Julio de 1981), AHM, Gerencia General, INVAL, c. 438/leg. 2, ff. 287v–290v; [s. n.] (Medellín 8 de Septiembre de 1983), AHM, Gerencia Técnica, INVAL, c. 52/leg. 2, f. 433v.

8 La propiedad se atribuye al poseedor del título legal, es decir, al dueño jurídico del predio. Mientras que la posesión se refiere a la ocupación de hecho sobre un predio, sin que el ocupante sea necesariamente el titular del mismo (Rincón, 2005, p. 48).

9 ''Actas de reuniones'' (Medellín, 1 de Julio de 1983–29 de Marzo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115,/leg. 8, ff. 223v–274v.

10 ''Informe'' (Medellín, 4 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/ leg. 2, ff. 139v–143v.

11 ''Acta de reunión'' (Medellín, 19 de Agosto de 1983), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, ff. 270v–274v.

12 ''Acta de reunión'' (Medellín, 29 de Marzo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, ff. 223v–225v.

13 ''Memorando evaluativo'' (Medellín, 8 de mayo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, ff. 195v–198v.

14 ''Memorando evaluativo'' (Medellín, 8 de mayo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, ff. 197v–198v.

15 ''Memorando evaluativo'' (Medellín, 8 de mayo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, ff. 199v–201v.

16 ''Memorando evaluativo'' (Medellín, 8 de mayo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, f. 201v.

17 ''Acta de reunión'' (Medellín, 12 de Agosto de 1983), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, f. 256v.

18 ''Memorando evaluativo'' (Medellín, 8 de mayo de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, f.189v.

19 ''Informe'' (Medellín, 4 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/ leg. 2, f. 141v.

20 Aquella que es constituida por personas que residen en una misma zona.

21 ''Concertación entre la Administración Municipal y la comunidad del sector de Moravia (Antiguo Basurero Municipal)'' (Medellín, Septiembre de 1984), AHM, Gerencia General, INVAL, c. 438/leg. 2, f. 122v.

22 ''Concertación entre la Administración Municipal y la comunidad del sector de Moravia (Antiguo Basurero Municipal)'' (Medellín, Septiembre de 1984), AHM, Gerencia General, INVAL, c. 438/leg. 2, ff. 126v–139v.

23 ''Concertación entre la Administración Municipal y la comunidad del sector de Moravia (Antiguo Basurero Municipal)'' (Medellín, Septiembre de 1984), AHM, Gerencia General, INVAL, c. 438/leg. 2, f. 126v.

24 ''Concertación entre la Administración Municipal y la comunidad del sector de Moravia (Antiguo Basurero Municipal)'' (Medellín, Septiembre de 1984), AHM, Gerencia General, INVAL, c. 438/leg. 2, f. 122v.

25 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 1'' (Medellín, 15 de Junio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, f. 215v.

26 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 1'' (Medellín, 15 de Junio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, ff. 216v–217v.

27 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 2'' (Medellín, 28 de Junio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, f. 206v.

28 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 3'' (Medellín, 3 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, f. 201v.

29 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 3'' (Medellín, 3 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, ff. 201v–202v.

30 ''Circular Nro. 1'' (Medellín, 23 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, ff. 183v–184r.

31 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 6'' (Medellín, 23 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, f. 179v.

32 ''Concertación entre la Administración Municipal y la comunidad del sector de Moravia (Antiguo Basurero Municipal)'' (Medellín, Septiembre de 1984), AHM, Gerencia General, INVAL, c. 438/leg. 2, ff. 110v–117v.

33 ''Acta de reunión'' (Medellín, 16 de Enero de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, f. 232v.

34 ''Proceso de negociación comunidad Moravia: Acta Nro. 6'' (Medellín, 23 de Julio de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 115/leg. 8, ff. 178v–179v.

35 ''Memorando Interno'' (Medellín, 17 de Octubre de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, f. 103v; ''Memorando'' (Medellín, 12 de Octubre de 1984), AHM, Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía, c. 116/leg. 2, f. 127v.

36 Comités Populares del barrio Moravia, Carta recibida por Héctor Abad Gómez (Medellín, 1985), Colección Patrimonial de la Universidad de Antioquia, Héctor Abad Gómez (HAG), d. 34/c. 141, ff. 55–56.

37 Alcaldes: Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, enero de 1983 a abril de 1984; Pablo Peláez González, mayo de 1984 a agosto de 1986; William Jaramillo Gómez, agosto de 1986 a mayo de 1988.

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