SECCIÓN GENERAL

José Ignacio Ponce López (Chile)¹

¹ Profesor de Historia. Magíster en Historia (en curso), Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: jose.ponce.l@usach.cl.

Fecha de recepción: marzo de 2014

Fecha de aprobación: mayo de 2014

Cómo citar este artículo: Ponce López, José Ignacio. (2015). ¿Una revolución pacífica y armada? Cambio, conflicto, violencia social y política durante la revolución bolivariana de Venezuela, 1989–2006. Estudios Políticos, 46, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 33–54.

RESUMEN

Se historiza la revolución bolivariana dando cuenta del carácter conflictivo del proceso a través del problema de la violencia social y política, considerando que esta última se distingue por participar de una estrategia y por tener objetivos políticos. Se contextualiza el desarrollo sociopolítico venezolano entre 1989 y 2006, para sostener que, entre estos años, la violencia social y política ha estado muy presente, pero reconociéndose distintos momentos y tendencias en su devenir al ser aplicada por distintos actores: el movimiento popular, el gobierno, la oposición partidista y empresarial. Si tras la crisis orgánica de la década de 1980, los primeros instalaron la violencia social y política, con la llegada al ejecutivo de Chávez las acciones violentas estuvieron más politizadas y se trasladaron al bloque opositor empresarial, teniendo su umbral entre el 2002 y 2004. Sin embargo, la represión gubernamental bajó en su proporción comparada con el periodo anterior. Para argumentar esto, se utiliza bibliografía sobre el proceso, extrayendo datos cualitativos y cuantitativos para la reflexión.

Palabras clave: Revolución Bolivariana; Cambio Social; Conflicto; Violencia Social; Violencia Política; Venezuela.

Abstract

This article historicizes the ''Bolivarian Revolution'', accounting for the conflictive nature of the process by giving relevance to social and political violence, and considering the latter as having a strategy and political objectives. Venezuela's socio–political development between 1989 and 2006 is contextualized to argue that during this period social and political violence was present, but presented different temporalities and trends depending on the actors involved: the popular movement, the government and the economic and political opposition. After the organic crisis of the eighties the popular movement started the social and political violence. With the arrival of Chavez in the executive, violent actions were politicized and moved to the business opposition, having its threshold between 2002 and 2004. Nevertheless, government repression was reduced, compared to the previous period. This article is based on literature on the process, extracting both qualitative and quantitative data for the analysis.

Keywords: Bolivarian Revolution; Social Change; Conflict; Social Violence; Political Violence; Venezuela.

Introducción

El artículo reflexiona acerca de la violencia social y política en el desarrollo de la revolución bolivariana venezolana, entre el periodo 1989 y 2006, y busca ensayar una lectura desde un caso histórico específico sobre procesos de transformación sociopolítico y fenómenos de violencia. Con esto no se analiza la revolución encabezada por Hugo Chávez a partir de la perspectiva de su liderazgo o de las redes clientelares que habría construido para mantenerse en el poder, tampoco se realiza un balance de sus transformaciones sociales o políticas; esto porque ambos temas, por cuestiones analíticas y teóricas, han sido extraídos de un elemento central para comprender las dinámicas sociales: el conflicto. Por eso, sin dejar de mencionar la construcción del liderazgo de Chávez y los cambios llevados a cabo, aquí se enfocará el comportamiento político y las tensiones de los principales actores, cuestión que puede ayudar a comprender mejor uno de los procesos más relevantes de la historia reciente del continente.

A contrapelo de las lecturas que puedan haberlo caracterizado como un proceso ''pacífico'', proveniente más de deseos políticos que de análisis científicos, se pretende verificar en qué medida las acciones de violencia social y política han copado el escenario venezolano de las últimas dos décadas. Se propone que las violencias social y política han sido fenómenos significativos y con cierta permanencia en el devenir de la revolución bolivariana. Más allá de la pretensión de los líderes del movimiento popular que llegaron al Gobierno a través de elecciones, permitiéndoles impulsar sustanciales transformaciones sociales y económicas, desde la crisis de 1989 hasta mediados de la primera década del siglo XXI, el proceso ha estado plagado de acciones calificables como violentas, pero estas no han sido solo tributarias de un sector social subversivo antes explotado y oprimido. Al contrario, los sectores largamente explotados y marginados de la sociedad venezolana, aunque utilizaron inicialmente este tipo de acciones, se han desplazado a actuar dentro del marco institucional —transformado—, y han sido los sectores aún privilegiados económica y socialmente quienes han usado la violencia con un objetivo político: derrocar el régimen y revertir sus reformas.

En este sentido, el uso de la violencia social y política se explica por la crisis orgánica que vive Venezuela desde fines de la década de 1980, por el intento de salir de ella a través de políticas públicas precarizadoras de la situación de los sectores populares y por el intento de revertir las transformaciones impulsadas durante el gobierno de Chávez. Crisis, conflicto y horizontes para la sociedad venezolana, se cruzan para explicar las acciones violentas y las estrategias en las que se enmarcan.

Para fundamentar este planteamiento, se hará una diferenciación teórica sobre la violencia, para precisar qué se entiende por su expresión social y política, y cómo se relacionan con el conflicto y el cambio social. Luego se realizará un análisis de la revolución bolivariana a través de datos cuantitativos y cualitativos.

1. Violencia, violencia política y transformación social

Se entiende por violencia: ''una modalidad cultural, conformada por conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre otras personas [...] mediante el uso de operaciones que ocasionan daño o perjuicio físico, psicológico o de cualquier otra índole'' (Peyrú y Corsi, 2003, p. 20). Por lo tanto, la violencia es una relación social (Keane, 1996) históricamente condicionada, que no se remite solo a la coacción, sino que incluye otros actos coercitivos culturales y simbólicos. Estas premisas han llevado a que se haga la distinción de un ''triángulo'' de la violencia, en el que sus expresiones directas —física o verbal— son reacciones causadas por procesos culturales y estructurales —o socioeconómicos— más profundos (Galtung, 2004). Se comprende la violencia a partir de dos perspectivas, como acción y estado, que al interactuar constituyen un ciclo —vicioso— histórico y conflictivo a través de los cuales se desarrollan sus distintas expresiones.

De acuerdo con lo anterior y con base en las sociedades capitalistas– tecnoburocratizadas latinoamericanas, se propone una tipología de la violencia: a) anómica, expresión de in–integración o de actores marginados de la sociedad; b) socioestructural, resultado del puro arbitrio de una relación de poder basada en los cánones culturales de una comunidad; c) representada, aquella discursivamente modalizada y manejada por distintos motivos por los medios de comunicación; d) sociopolítica, aquella ejercida por los aparatos represivos del Estado; y e) un ''estado'' de violencia como consecuencia de un modelo social fijado por la extrema centralización del poder, que la convierte en una situación permanente, naturalizándola e ''invisibilizándola'' (Sodré, 2001). El autor coincide, con que la violencia es un fenómeno constitutivo y constituyente de las sociedades, del Estado de derecho (Agamben, 2007) o de la institucionalidad política. Al observar la historia de la región, existen diversos ciclos de violencia que tienen como causa la histórica exclusión social y política de amplios sectores de la población (Fandino, 2004), procesos en los que la violencia se manifiesta como mecanismo de dominación y de subversión a un orden para resolver conflictos sociales y políticos.

Toda violencia, como fenómeno y categoría general, es social, pero se diferencia entre violencia social —como tipología en particular— violencia política, se establece de acuerdo a si carece o contiene un objetivo en torno al problema del poder. Lo determinante no es quien la ejerce —el Estado o sujetos sociales, como propone Miniz Sodré (2001)—, sino la intencionalidad que hay detrás de ella. Puesto que lo político no se puede reducir solo a las instituciones estatales, sino que es un atributo potencial en los distintos sujetos sociales (Ramos, 1997), el Estado es solo la coagulación de una determinada y más compleja relación entre esos sujetos (Thwaites, 2012).

La violencia social la constituyen los actos de descontento popular expresado como ''reventones'', pero que no se articulan en torno a proyectos o finalidades políticas determinadas, mientras que la violencia política es: ''una acción de fuerza ejercida para obtener determinados objetivos en torno al poder, ya sea para mantenerlo, para destruirlo o reformarlo'' (Sánchez, 1997, p. 109). Aunque en muchas situaciones una serie de condiciones ''objetivas'' preexistentes la posibilitan, lo que presupone la violencia política es una instancia ''subjetiva'' en la cual se constituye una: ''determinada racionalidad, un proyecto y una organización; es decir, cierta voluntad consciente que puede y debe entenderse en términos políticos y no exclusivamente morales, aunque estos estén presentes'' (Sánchez, 1997, p. 110). Más que destruir individualmente a sus adversarios, estas acciones intentan doblegar su resistencia y voluntad para imponer las condiciones políticas. La violencia política no es exclusiva de un actor o ideología particular, sino que es un tipo de acción dentro de una estrategia ejercida por distintos sujetos sociales y políticos, sean dominantes o subalternos, y que se puede expresar a través de diversos repertorios de acción individual o colectiva (Tilly y Wood, 2010).

Esta última idea cobra sentido al analizar la violencia en el marco de un proceso de cambio social. Si un proceso de transformación —o praxis social— busca cambiar radicalmente una realidad, necesita desarticular o violentar las tendencias o ''leyes'' históricas de su desarrollo previo (Sánchez, 1967). Pero los actos de violencia pueden ser impulsados tanto por quienes quieren transformar el orden como por los sectores que se resisten al cambio, ya que:

Cuando se halla en peligro la existencia de la clase dominante, ésta [sic] no vacila en recurrir a las formas violentas más extremas incluso el terror masivo, pues ninguna clase social está dispuesta a abandonar voluntariamente el escenario de la historia (Sánchez, 1967, p. 12).

Aunque la praxis no se reduzca a la violencia, la tiene como elemento indispensable, develándose así su estrecha relación. Es el nivel de conciencia, perspectiva transformadora–conservadora de los sujetos y el estado del conflicto, lo que condiciona el rol de la violencia.

Este análisis aborda algunos hechos de violencia emprendidos por determinados sujetos sociales —el movimiento popular y la clase dominante— en torno al campo político (Del Olmo, 2000, p. 6) venezolano. Se toman como indicadores de violencia social y política, las protestas sociales y económicas, los movimientos militares y las acciones políticas institucionales, sumados a la contextualización del proceso venezolano, que permite comprender el contenido social o político de dichas acciones en busca de una determinada hegemonía y dominación.

A partir de este enfoque, la sedimentación histórica de la revolución bolivariana —como perspectiva de cambio social— se dio en un marco de crisis orgánica de la sociedad venezolana, que derivó en una precarización —o agudización del estado de violencia (Sodré, 2001)— de los sectores medios y populares, lo que detonó distintas acciones de violencia social y política provenientes del campo popular, a lo que se contrapuso la violencia de la élite venezolana. De tal manera, en el devenir de la ''revolución'' la violencia social y política ha desempeñado un papel no menor, que no ha mermado con la llegada de Chávez al poder, incluso el impulso de los sectores opositores ha aumentado.

2. Transformación y conflicto social en Venezuela

El mismo Hugo Chávez afirmó en más de una ocasión que el proceso bolivariano era una ''revolución pacífica, pero armada'' (Globovisión, 2010, septiembre 15). Aunque se comprende que su connotación hacía referencia a la pretensión de hacer transformaciones sociales a través de un proceso institucional, sin buscar una insurrección de los sectores populares para ''tomar el poder'', la idea puede haber creado una imagen en la intelectualidad y en la izquierda latinoamericana de que efectivamente no transitó momentos violentos. Las tensiones experimentadas en torno al golpe de Estado a Chávez de 2002 y los intentos desestabilizadores después de la elección presidencial de Nicolás Maduro en 2013 y 2014, podrían verse como dos acontecimientos muy acotados en la trayectoria de la revolución bolivariana. Para disipar esta potencial mirada, en perspectiva crítica e histórica, se considera que un hito inicial se puede circunscribir al periodo de crisis social y política que estalla en Venezuela en 1989.

2.1 Descontento popular: de la violencia social y política a la participación electoral

La década de 1980 se encuentra marcada por una tensión orgánica de la sociedad venezolana (López, 2008) que abarcó los planos económico, político y moral (Ruíz, 2010). El agotamiento del modelo industrializador por sustitución de importaciones y las repercusiones por la crisis de la deuda, empujaron a la economía venezolana a una profunda depresión. Tras una fuga masiva de capitales, los problemas se agudizaron entre 1982 y 1983 (Martínez, 2008). Los gobiernos de la época buscaron salir de la crisis aplicando políticas de corte neoliberal, lo que derivó en una pauperización de los sectores populares y medios (Ruíz, 2010).

Con la reiteración y masificación de las protestas callejeras, se dio un profundo cuestionamiento al sistema político y sus actores hegemónicos (López, 2008), criticando principalmente su corrupción. Fue solo bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989–1993) que se evidenciaron de manera clara estas tendencias que se venían larvando desde al menos una década atrás (Ruíz, 2010). Marcado por la corrupción y una actitud pro empresarial basada en políticas de corte neoliberal, recomendadas por el FMI, su manejo de la crisis terminó empeorándola (Cockcroft, 2001).

Fue en este marco, y al subir las tarifas del transporte público, que el 27 de febrero de 1989, en las afueras de Caracas, estalló el conflicto social. Sus primeras expresiones fueron motines, destrucción de vehículos de transporte y saqueos de supermercados y locales comerciales, acciones que se expandieron rápidamente por todo el país. Al extenderse hasta el día siguiente y desbordar a las fuerzas policiales, el gobierno recurrió al ejército para restablecer el orden, escalando las revueltas y sus expresiones más violentas hasta el 2 y 3 de marzo, momento en que por distintas circunstancias habían muerto más de mil personas (Cockcroft, 2001). El ''Caracazo'', tuvo su epicentro en las zonas que concentraban los mayores niveles de marginalidad social y dio cuenta del gran malestar incubado en los sectores populares. El nivel de violencia expresado en las calles reflejaba las frustraciones acumuladas por la pauperización sufrida por estos sectores a lo largo de toda una década (Martínez, 2008).

Este crítico contexto social, económico y político que se extendió por los años siguientes, explica por qué las protestas —entendidas como una amplia categoría de acciones beligerantes o hechos disruptivos de la vida cotidiana (López y Lander, 2010, p. 195)— se tomaron la política venezolana desde 1989. Salvo 1991, durante toda la década se incrementó —aunque oscilantemente— la movilización social. Esta progresión, que tuvo como puntos máximos 1992 y 1996, evidenció un crecimiento de todas las formas de protesta, pero aquellas de carácter confrontacional o violento pasaron de ser una cantidad minoritaria a una mayoritaria (véase cuadro 1), solo equiparándose al periodo entre 1997 y 1998. Cuantitativamente queda en evidencia la relevancia adquirida por la política callejera en Venezuela y el rol desempeñado por las acciones de protesta y violencia social en esta década.

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Aunque con algunas oscilaciones, las formas de violencia social tales como disturbios, quemas y saqueos ocupan un número relevante de las protestas bajo el gobierno de Pérez (1989–1993) y los años inmediatamente posteriores. En general, estas acciones no tenían un objetivo político claro, pero sí manifestaban una fuerte crítica a los partidos venezolanos. Estas acciones fueron expresiones de violencia social provocadas al acentuarse el ''estado de violencia'', dada la pauperización y marginación de amplios sectores del país, en el marco de la crisis económica y la aplicación de políticas neoliberales.

Esta violentada situación de los sectores populares y su respuesta beligerante, fue duramente reprimida desde el Estado. Tal como se aprecia en el cuadro 2, la acción represiva estatal se ejerció fuertemente en estos años para mantener un mínimo de orden social y posibilitar la aplicación de las medidas económicas para salir de la crisis (Ruíz, 2010). Con un debilitado régimen para conseguir esos objetivos, la represión como violencia política se desató desde el aparato estatal (González, 2012). Esta dialéctica tensionó aún más la situación crítica del sistema político–institucional.

Es diverso el origen social de los participantes en las protestas, pero coinciden en que eran sectores precarizados y con escasa capacidad de incidencia en la política nacional (López y Lander, 2010). Vendedores callejeros, jubilados, vecinos de sectores medios de las grandes ciudades, choferes de transporte, desempleados y estudiantes, protagonizan la movilización y contribuyen a deslegitimar poco a poco al bloque dominante configurado hacia 1989, compuesto por el empresariado e íntimamente relacionado al aparato público a través de los partidos Copei y Alianza Democrática (AD), la Iglesia y las Fuerzas Armadas, y la cúpula de trabajadores obreros y campesinos agrupados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) (Ruíz, 2010). Sin embargo, con la crisis este bloque experimentó convulsiones internas por la disputa entre la fracción tradicional petrolera y la emergente financiera, por un lado (Lacabana, 2006); por la precarización de sectores laborales, cuestión que movilizó a la CTV contra las medidas económicas, por el otro; y finalmente, en el interior de las Fuerzas Armadas que movilizaron a un sector del ejército contra el régimen en 1992.

Un momento político de inflexión fue la destitución por corrupción en 1993 de Carlos Andrés Pérez, cuestión que minó aún más: ''las bases de la democracia construida por partidos políticos, instituciones y factores de poder desde 1958'' (López , 2008, p. 61). La profunda inestabilidad estatal se mantuvo tras la salida de Pérez, pues se designaron una serie de presidentes interinos que solo paró en las elecciones de diciembre de 1993, marcadas por una abstención de 44% del electorado, en las que triunfó Rafael Caldera, apoyado por Convergencia Nacional, amplia plataforma que aglutinó a sectores de todo el espectro político (Cockcroft, 2001, p. 464). Esta alta abstención demostraba la deslegitimación del sistema de partidos y el triunfo de Caldera ponía fin al Pacto de Punto Fijo de 1958, acuerdo interélite que le dio gobernanza al sistema estatal a través de un sistema que alternó por treinta y cinco años en el gobierno a coaliciones constituidas en torno a la AD y al Copei. Dicha reestructuración política abrió paso a nuevas alternativas, en el que pudo ocupar un lugar el Movimiento bolivariano.

Este se originó en los cuarteles del ejército venezolano en la década de 1970, pero sedimentó sus posturas políticas e ideológicas con civiles durante la década de 1980, a través del Movimiento bolivariano–200 (MBR–200) (López, 2008, p. 56). Luego de la experiencia de 1989, en el Movimiento bolivariano surge la idea de la Asamblea Constituyente como único camino para salir de la situación en que se encontraba el país (Harnecker, 2002, p. 14). Su irrupción pública puede considerarse como uno de los primeros acontecimientos de violencia política proveniente de sectores no gubernamentales y vinculados a grupos medios y populares, a diferencia de la anteriormente mencionada violencia política estatal. El movimiento militar de febrero de 1992 es la coyuntura más crítica del gobierno de Carlos Andrés Pérez, en la que se movilizaron soldados descontentos, todos representantes de una facción de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y miembros del MBR–200, encabezados por los tenientes coroneles del Ejército Hugo Chávez, Francisco Arias, Jesús Urdaneta y Joel Acosta. La Operación Ezequiel Zamora —como la bautizaron sus autores— tenía como objetivo derrocar al gobierno, pero al no sumarse finalmente los sectores civiles que comprometiera ''Causa R'', terminó siendo controlada por el ejecutivo, aunque paradójicamente y contrario a lo esperado por este, posicionó a Chávez como una figura política muy popular en el ámbito nacional (Cockcroft, 2001, p. 463).² En noviembre de 1992 se generó una réplica de esta rebelión por parte de miembros de la Fuerza Aérea vinculados al MBR–200, que tampoco tuvo éxito, como resultado en ambas revueltas cientos de personas muertas, miles de detenidos (Cockcroft, 2001, p. 463) y decenas de oficiales exiliados.

Aunque ambas experiencias reunieron a fuerzas militares, a pesar de la simpatía y adhesión que despertaron no lograron contar con una abrumadora participación popular. Sin poder destituir al Gobierno, con los militares encarcelados, la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 terminó siendo una válvula de escape a la crisis venezolana (Harnecker, 2002, p. 16), frenando el paso de una crisis social a un posible derrumbe revolucionario del sistema.

Estos fracasos impulsaron al MBR–200 a convertirse en un movimiento político con inserción social. Asumiendo este desafío, su primer llamado fue abstenerse en las elecciones de 1993 e instalar la idea de un proceso constituyente (Harnecker, 2002, 18). Su crecimiento los llevó a articularse orgánicamente, apareciendo los llamados círculos bolivarianos; además, con Rafael Caldera en el gobierno, fueron sobreseídos de las causas interpuestas en 1992 los líderes del movimiento (Buttó, 2008, p. 36). En este escenario, se plantearon construir una alternativa articulando a los distintos grupos políticos y sociales de la izquierda, y llevar a cabo encuestas que concluyeron que las masas populares no recibirían de buena manera acciones militares (Harnecker, 2002, p. 19). El MBR–200 comprobó las limitaciones para realizar un movimiento político–militar y se planteó el escenario electoral para acceder al gobierno.

Mientras tanto, el movimiento social venezolano seguía protestando y comenzaba a instalar un discurso con determinadas reivindicaciones, que fue constituyendo en la práctica una ''agenda de los pobres'' (López y Lander, 2010, p. 201). El predominio de movilizaciones basadas en demandas económicas y sociales ratifica que en ellas predominan actores de extracción popular y grupos medios pauperizados.

Al ascender las movilizaciones sociales, se hacen patentes las demandas populares y posibilitan que se sintetice un esbozo programático, dotando a las acciones beligerantes de un incipiente contenido político. Por esto se considera que hacia mediados de 1990 progresivamente se pasa de un momento hegemonizado por la violencia social a uno que adquiere un carácter político. Ahora bien, lo interesante es que el movimiento que canalizó esas demandas en un proyecto de corte anti neoliberal fue el MBR– 200, el cual transita de un accionar insurreccional en 1992 a uno electoral en 1998, es decir, en sentido inverso.

En suma, la crisis orgánica y la agudización del ''estado de violencia'' desataron un conflicto mayor, donde estalló la violencia social de los sectores medios y populares pauperizados. El Estado pro empresarial en crisis respondió con violencia política represiva a esas movilizaciones. Con la progresiva descomposición del bloque dominante y el avance de la movilización social, se desarrollaron acciones político–militares que reflejaron el paso hacia formas de violencia política de los sectores medios y populares. Si bien las demandas comenzaban a estructurarse y a emerger nuevos referentes políticos, la fragmentada situación de estos sectores limitó el derrumbe del sistema a través de esta acción, dándole un respiro momentáneo al bloque dominante.

2.2 La revolución bolivariana y la violencia política del bloque social dominante

Para la campaña electoral de 1998, el MBR–200 creó con fines electorales el Movimiento Quinta República (MVR), inscrito como partido político en octubre de 1997 y que permitió establecer alianzas con grupos y organizaciones de diverso signo ideológico, dispuestas a apoyar la candidatura de Chávez (López, 2008, p. 59). En torno a esta se conformó el Polo Patriótico, coalición integrada por numerosas organizaciones: el Partido Comunista (PC), el Movimiento al Socialismo (MAS) y Patria Para Todos (PPT) (Harnecker, 2004, p. 10). Socialmente, se sostuvo en los sectores excluidos y precarizados que se venían movilizando —incluso en fracciones de la clase dirigente en un primer momento (Ruiz, 2010)—, especialmente en aquellos que tenían una novel experiencia política. Así, el movimiento bolivariano integra un complejo tejido de viejos y nuevos actores sociopolíticos, con preponderancia de estos últimos. La propuesta de Asamblea Constituyente, que buscaba una reingeniería social inclusiva de estos grupos y la construcción de un nuevo poder social, junto con un discurso que resignificaba la historia nacional, le permitió aglutinar este amplio abanico y convertirse en la fuerza hegemónica del campo popular (Ruíz, 2010).

El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales con 56% de la votación en primera vuelta (Harnecker, 2004, p. 5). Esta mayoría le permitió realizar en su primer año de gobierno un referéndum que aprobó la Asamblea Constituyente, que tras sesionar seis meses con 131 delegados, fue apoyada por más de 70% de quienes concurrieron a votar (Harnecker, 2004, p. 6). Junto con la Ley Habilitante de 2001, evidencian su decisión política para cambiar las reglas institucionales y concretar las transformaciones establecidas en la nueva Constitución. Estas leyes fueron cercando poco a poco a la élite económica, hasta tocar sus intereses.

Con Chávez en la presidencia, el empresariado trata de rearticular políticamente al antiguo bloque dominante para frenar el avance de las transformaciones gubernamentales. Si este sector le daba el horizonte político y estratégico a las protestas que impulsó, su masificación la aportaron los grupos medios descontentos con el ejecutivo. A la cabeza de este bloque opositor, ya no se encontraban los tradicionales partidos políticos, sino la asociación patronal con mayor incidencia económica y política del país, Fedecámaras, junto con la CTV y los altos funcionarios inactivos de Petróleos de Venezuela S. A., ''inconformes con la política petrolera del presidente'' (Velásquez, 2003, pp. 91–92); la alta jerarquía de la Iglesia católica; sectores de la Marina y de la Aviación —salvo la Brigada Paracaidista—; y medios de comunicación que también funcionaron como organizadores de la oposición (Harnecker, 2002, p. 20).

La salida a la calle de este bloque, para disputársela al Movimiento Popular Bolivariano, explica el salto de las protestas dado entre 1998 y 1999 (López y Lander, 2010). Estas se multiplicaron y volvieron a predominar las acciones confrontacionales (véase cuadro 1), expresadas en marchas, cortes de vías, tomas e invasiones de espacios públicos, aunque sin materializarse más violentamente (véase cuadro 2). No obstante, las últimas se triplicaron en términos absolutos y se duplicaron proporcionalmente entre los agitados años 1999 y 2000 (véase cuadro 4). En este nuevo ciclo político ''callejero'' las acciones de violencia desempeñaron un rol más relevante que antes (véase cuadro 4), ya no solo para los sectores populares, sino que también para la élite venezolana y el rearticulado bloque opositor. A diferencia de las emprendidas por aquellos, la violencia de este último fue más allá de una reivindicación económico–social, pues sus demandas eran eminentemente políticas además de ser parte de una estrategia comunicacional, económica y política, que contaba con un claro objetivo: derrocar a Chávez del poder y revertir sus transformaciones.

Politización y polarización corren de la mano, provocando que las distintas fracciones del empresariado, capas medias, trabajadores y desempleados tomen posición dentro de las heterogéneas polaridades constituidas (García, 2003) en torno a la dicotomía bloque empresarial– opositor versus bloque popular–bolivariano (Ruiz, 2010). La tensión crece tras una serie de políticas aplicadas por Chávez: la promulgación —noviembre de 2001— de diecinueve leyes enmarcadas en la Ley Habilitante, proclamada algunos meses antes por la Asamblea Nacional. La facultad de legislar sobre ciertas materias que le confirió al Ejecutivo, fue la base para el dictamen de las Leyes de hidrocarburos, de tierras, de pesca, de microcrédito y de cooperativas, entre otras, que hicieron colisionar al gobierno con el empresariado venezolano.

La oposición inicia una campaña de desprestigio y descontento con el ejecutivo, difundida a través de los medios de comunicación. Esto ayuda a que 2001 y 2002 estén marcados por una relación conflictiva entre el gobierno con los empresarios y la CTV, que promovieron una serie de movilizaciones que iniciaron una incitación mediática que llamaba al golpe de Estado. En los canales de televisión aparecieron militares manifestando su rechazo al gobierno de Chávez y pidiendo su renuncia. En marzo de 2002, Fedecámaras presenta como propuesta a la CTV y a la cúpula eclesiástica la firma de un ''pacto de gobernabilidad'', conocido posteriormente como Acuerdo nacional o Acuerdo democrático. La alta jerarquía de la Iglesia católica tomó partido por la oposición al gobierno, legitimándola y contribuyendo al clima de conflictividad.

El 11 de abril de 2002, antecedido por una masiva marcha de la oposición hacia el Palacio de Miraflores,³ ante la cual se organizó una concentración paralela en apoyo al gobierno, se lleva a cabo el golpe de Estado (Velásquez, 2003, p. 94). El saldo fue una veintena de muertos por francotiradores —que aún no se aclara si fueron instalados en el marco de esta estrategia (Villegas, 2012)— y la destitución de Chávez. La oposición instala como presidente a Pedro Carmona, el más alto ejecutivo de Fedecámaras, que deroga la Constitución y disuelve los poderes públicos (Harnecker, 2004, p. 20). Este plan fue apoyado activamente por el gobierno de Estados Unidos (Velásquez, 2003).

Pero a las pocas horas se difunde la noticia de que Chávez no había renunciado y que se encontraba preso. En ese instante comienzan a agolparse en las calles, en dirección a los cuarteles y al Palacio de Miraflores, miles de adeptos al gobierno que exigen el regreso de su Presidente. Esto, junto con las acciones que emprendieron los militares que permanecieron fieles al gobierno, permitió que en menos de dos días Chávez reasumiera la Presidencia de la República.

Tras esta fracasada estrategia, la oposición preparó un golpe económico; sin embargo, los trabajadores no apoyaron la acción, convirtiéndola en un lockout patronal en que los mismos dueños cerraban las puertas de sus empresas y fábricas para impedir el ingreso de los trabajadores (Harnecker, 2004, p. 25). Por esta situación, el paro fue más comercial que productivo y se localizó en barrios residenciales, ya que en el centro y los barrios populares de Caracas el comercio funcionó con relativa normalidad (Harnecker, 2004).

La misma lógica se expresó en el paro de la petrolera estatal PDVSA. Los trabajadores no apoyaron el paro, siendo los ejecutivos de la empresa quienes intentaron frenar la producción petrolera del país mediante un sabotaje. Gracias a sus conocimientos técnicos y el control de la información de la empresa, estando a punto de hacer explotar algunas instalaciones, bloquearon la producción y traslado del petróleo, por al menos dos meses (Centeno, 2003, enero 3). El daño económico generó pérdidas de ingresos, daños de equipos y sistemas de la industria (PDVSA, s. f.) que el país no subsanó en dos años (Harnecker, 2004, p. 25), aunque políticamente el paro petrolero fue neutralizado.

Después del fracasado intento de golpe y los paros económicos, la oposición desarrolló un plan para destituir al Presidente institucionalmente, lanzando la idea de un referéndum consultivo revocatorio en 2004. A pesar de reunir las firmas suficientes para llevarlo a cabo, 58% de los votos ratificaron a Chávez en su cargo.

Finalmente, la oposición vio fracasar los distintos intentos por derrocar al gobierno y este, en distintos aspectos, vio fortalecido el proceso, sentando las bases de su hegemonía política. Esta correlación diluyó durante un periodo el accionar deliberadamente violento de la oposición venezolana, permitiendo profundizar las políticas de la revolución bolivariana.

Durante este periodo la violencia siguió desempeñando un rol clave en la política venezolana, no solo por la estrategia política para derrocar a Chávez, que tuvo como punto máximo el intento de golpe de Estado, sino también por el incremento de la movilización callejera y las acciones de protesta contra el gobierno. Durante estos años, se da un nuevo auge de las acciones violentas, que llegan a ser de 20% durante la ofensiva patronal de 2002–2003 (véase cuadro 4), para luego decaer lentamente a las proporciones de la década de 1990, altas en relación con periodos anteriores. Ahora bien, se da una equiparación entre las protestas que demandan derechos civiles– políticos y económico–sociales (López y Lander, 2010), demostrando que en la movilización convergían sectores acomodados con algunos grupos medios y de trabajadores. Lo que más se diferencia del periodo anterior, es que las acciones violentas están marcadas desde un inicio por contenido político, en que los hitos más evidentes son las relatadas acciones político–militares impulsadas por el empresariado. Pero estas acciones fueron respondidas desde el Estado.

Panorámicamente, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se reprimieron muchas más movilizaciones pacíficas —absoluta y proporcionalmente—. Bajo el gobierno de Rafael Caldera, cuando el movimiento social experimenta un declive en las manifestaciones, se mantiene proporcionalmente un alto nivel de intervención de la fuerza pública. Pero cuando Chávez llega al gobierno, con un número más constante de movilizaciones, aunque con leves oscilaciones, la cantidad de manifestaciones reprimidas por el Estado se mantiene, pero baja su proporción en comparación con el periodo anterior (véase cuadro 5). Esta tendencia llegó a su menor nivel tras los intentos opositores por derrocar a Chávez, que posteriormente subió a los niveles iniciales del gobierno, aunque sin retomar la propensión represiva anterior a 1997.

Esto se explica porque la acción represiva era parte de una estrategia más compleja para frenar al bloque opositor. La menor disposición del Gobierno a la represión directa estuvo acompañada, por otro lado, de una importante construcción e intervención de organizaciones social–populares con el objetivo de apoyar el proceso de transformación en coyunturas como estas. No es casual que junto al contexto de movilización crispado y ascendente, el Movimiento Bolivariano haya llevado a cabo las misiones para consolidar su red dentro de los grupos con poca trayectoria organizativa, la intervención de las empresas públicas —especialmente PDVSA, posteriormente al lockout—, pero también apoyando a las fábricas ocupadas y autogestionadas por trabajadores; y en el plano de las organizaciones de más larga data, la disputa directa del movimiento laboral y campesino, entre otros, desde el bolivarianismo a la CTV (Ruíz, 2010). La compleja trama que articulaba el control del aparato público y la movilización social permitió al gobierno sortear estas complejas coyunturas.

En síntesis, con la llegada de Chávez y la tensión política que provocaron sus transformaciones, que erosionaron principalmente los intereses de la élite económica y política venezolana, se produjo un incremento casi sostenido de la movilización social, en el que las protestas violentas también crecieron. La dialéctica entre la violencia política desarrollada por cada sector, se mezcló con la movilización y el conflicto social, copando la escena política del país. En este proceso despuntaron la estrategia golpista y movilizadora de la oposición, pero también la organización política desde el Estado, del movimiento popular que apoya al gobierno. Sumado a la hegemonía de instituciones clave del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas, permitió al gobierno bolivariano sortear la ofensiva del bloque dominante conducido por el empresariado y apoyado por Estados Unidos. Quizás estas decisiones, que tenían a la movilización social–popular como uno de sus elementos clave, es uno de los factores que explican el incremento y el triunfo electoral de Hugo Chávez con 63% en 2006, momento en que su programa anunciaba el horizonte ''socialista del siglo XXI'' para la revolución. Con esto se inició un nuevo periodo del proceso bolivariano.

Conclusiones

Se analizó la relación entre transformación, conflicto, violencia social y violencia política a través de la revolución bolivariana, principalmente entre 1989–2006. A partir de este caso, se evidencia la estrecha y compleja relación entre dichos fenómenos. En efecto, si la precarización de la vida y la agudización de la violencia estructural posibilitaron la irrupción de un descontento popular, expresado en estallidos, al no tener necesariamente un contenido político, estos tuvieron un carácter social en sus inicios. La profundización de la crisis orgánica, junto con la violencia política represiva de los gobiernos de Pérez y Caldera, derivó en la radicalización de la violencia de los sujetos movilizados, quienes al mantener sus protestas posibilitaron la politización de sus acciones, tanto por la irrupción de una incipiente organización político–militar desde las Fuerzas Armadas para responder a sus demandas, como por la ''agenda de los pobres'' con la que fueron perfilando el contenido de sus marchas. El derrumbe del conjunto de partidos le otorgó a dicha organización la posibilidad de canalizar esa ''agenda de los pobres'', sin embargo, la mayor influencia de este grupo en el movimiento popular se logró cuando privilegió la acción electoral para acceder al poder, en un contexto en el que la agitación social se reducía y parecía estancarse.

Cuando en 1998 Chávez gana las elecciones y lleva adelante las políticas de transformación prometidas en campaña, se reactiva la movilización social, pero ahora desde el bloque dominante y sectores medios descontentos. Se multiplican rápidamente las manifestaciones y las de carácter violento ocupan una proporción creciente, llegando a su punto máximo en la coyuntura crítica de 2002–2004, periodo en que el bloque dominante desarrolla una estrategia para destituir a Chávez. La incitación comunicacional, las movilizaciones en contra del gobierno, el golpe de Estado y el lockout económico de 2002, fueron los puntos más álgidos de un nuevo ciclo polarizado, violento y politizado de acciones en Venezuela. Sin embargo, a diferencia de etapas anteriores, el gobierno de Chávez actúo proporcionalmente de una manera mucho menos represiva en el marco de un exponencial crecimiento de las movilizaciones sociales. Esto lleva a sostener que el movimiento bolivariano privilegió la desarticulación de la estrategia opositora a través de la organización y movilización de masas, del predominio en las instituciones estatales y de una intervención represiva no total de la oposición.

Con todo, se considera que si bien la pretensión del movimiento popular de emprender una revolución bolivariana pacífica, pero latentemente armada, se ha tropezado con un sinuoso camino lleno de conflictos, violencia social y política. En este sentido, los cambios sociales han tensionado la realidad del país, politizando y polarizando la posición de los diversos sujetos sociales. Por eso se concluye que en el caso de Venezuela, conflicto, transformación, violencia social y violencia política, tienen un fuerte lazo.

Tomando en cuenta este acontecimiento, uno de los más relevantes de la historia reciente del continente, y profundizando el estudio de casos, quizás se puede abrir, debatir y matizar, aunque no necesariamente negar de manera tajante, la caracterización de un repliegue de la violencia política hacia finales del siglo XX (Fandino, 2004; Alba y Kruijt, 2007). La complejización de la violencia en el continente —incluyendo fenómenos con otras causas—, si bien ha ampliado su espectro de acciones, no es menos cierto que en poco tiempo —especialmente en la primera década del siglo XXI— han rebrotado las acciones políticas beligerantes. Si se suma el movimiento militar encabezado por Chávez en 1992, el alzamiento zapatistas en 1994 en México, la agudización del largo conflicto político–militar colombiano, al estallido social argentino de 2001, la seguidilla de intentos golpistas fracasados —Venezuela 2002, Bolivia 2008, Ecuador 2010— o ''exitosos'' —Honduras 2009 y Paraguay 2012—, se puede decir que la violencia social y política ha estado lejos de desaparecer en el continente.

En este amanecer del nuevo siglo, la violencia social ha estado muy vinculada a los procesos de precarización social generados por el ciclo de políticas neoliberales, mientras que la violencia política a los intentos de reformas a esas políticas, tanto en formato de resistencia a esos cambios o de apoyo a ellos. Esto pone nuevas disyuntivas a los países del continente que buscan superar sus distintas problemáticas sociales, especialmente en torno a sus profundas desigualdades, pues las alternativas surgidas al modelo hegemónico en la región se han topado con profundos conflictos sociales, que incluyen la violencia como repertorios de acción colectiva. Por tanto, a partir de este caso, el desafío de transformar a las sociedades latinoamericanas parece incluir costos vinculados a la violencia social y política. Asumir esta situación para lograr esos cambios o moderar las propuestas reformistas, quizás al punto de inviabilizarlas —tal como ocurriera con las transiciones democráticas—, serán debates centrales para la actual y futura ciudadanía de los distintos países del continente durante el siglo XXI.

Notas

* Este artículo fue parte de una investigación desarrollada para el seminario Enfoques teóricos y modelos metodológicos para el estudio de la violencia política en América Latina, impartido por Igor Goicovic en la Universidad de Santiago de Chile, entre septiembre y diciembre de 2013. Agradezco los aportes de María Loreto Serra para la elaboración de este artículo.

1 Se entiende por convencionales a las acciones de protesta rutinarias frecuentemente legales y que no despiertan aprensión entre los participantes; por confrontacionales, a las que generan sorpresa, tensión y sentimiento de amenaza en la contraparte de quien realiza la acción; por violentas, a las manifestaciones que provocan o implican daños a bienes o personas (López y Lander, 2010, p. 198).

2 Se destaca la importancia que tuvo la cobertura mediática en vivo de la operación militar y, principalmente, la posibilidad que tuvo Chávez para dirigirse en directo al pueblo venezolano y al resto de sus compañeros de armas que aún se encontraban combatiendo (Harnecker, 2004, p. 30).

3 La marcha tenía como objetivo la sede de PDVSA, pero después cambió de rumbo a Miraflores.

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