SECCIÓN GENERAL

DOI: 10.17533/udea.espo.n47a07

Gonzalo Sanz Cerbino (Argentina)¹

¹ Licenciado en Historia. Doctor en Historia. Investigador en formación del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe (IEALC), y docente del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: camilogx@yahoo.com

Fecha de recepción: agosto de 2014

Fecha de aprobación: octubre de 2014

Cómo citar este artículo: Sanz Cerbino, Gonzalo. (2015). La unidad corporativa de la burguesía agropecuaria pampeana frente a los conflictos laborales: del clamor represivo al golpe de Estado. Argentina, 1964–1966. Estudios Políticos, 47, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 109–128. DOI: 10.17533/udea.espo.n47a07

RESUMEN

El presente artículo analiza el posicionamiento de las entidades corporativas de la burguesía agropecuaria pampeana en Argentina frente a los conflictos laborales desarrollados entre 1964 y 1966. Intenta poner en discusión las interpretaciones dominantes que resaltaron los enfrentamientos entre los pequeños productores y los grandes terratenientes, dejando de lado los momentos en los que ambos sectores confluyen. La investigación —que se asienta en el análisis de documentos producidos por las corporaciones estudiadas y prensa periódica de la época— demuestra que existe una unidad de intereses en la burguesía agropecuaria a la hora de enfrentar los reclamos de los peones rurales, observase una confluencia que culmina con el pedido de una intervención represiva del Estado en los conflictos. En tanto ese pedido no es asumido por el gobierno democrático en funciones, la burguesía agropecuaria termina apoyando el golpe de Estado consumado en 1966, que despliega una ofensiva represiva destinada a disciplinar al movimiento obrero y disuade, por primera vez en varios años, los conflictos laborales en el campo argentino.

Palabras clave: Conflicto Social; Conflicto Laboral; Conflicto de Clases; Burguesía Agropecuaria; Dictadura; Argentina.

Abstract

In this article we analyze the political positioning of the corporate bodies of the agricultural bourgeois groups in Argentina against the labor conflicts carried out between 1964 and 1966. Our aim is to discuss the dominant historiography that is focused on the confrontations between small farmers and large landowners, leaving aside the times when both sectors converge. This article shows that there is a unity of interests within the agricultural bourgeoisie when facing the demands of rural workers. Through the analysis, it could be observed that there was an agreement between small farmers and large landowners in demanding a repressive government intervention to face labor conflicts. Given that this order is not followed by the democratic government in place, the agricultural bourgeoisie ends up supporting the coup accomplished in 1966. For the first time in several years, the government displayed a repressive offensive to discipline the labor movement and deterred the labor disputes in rural Argentina. This research is part of our doctoral Dissertation in History, and its methodology is based on the analysis of documents produced by the corporations studied, newspapers and printed press of the period.

Keywords: Social Conflict; Labour Disputes; Class Conflict; Agricultural Bourgeoisie; Dictatorship; Argentina.

Introducción

La importancia de la actividad agropecuaria en Argentina ha ubicó a la burguesía rural de la región pampeana, principal zona productora de bienes primarios exportables, como un actor central de la vida política nacional. Por esa razón, su intervención en la esfera pública es una preocupación constante para las Ciencias Sociales. La mirada académica tendió a centrarse en las corporaciones que aglutinaron los intereses de las distintas capas de esta fracción de la clase dominante: Sociedad Rural Argentina (SRA), tradicional reducto de la gran burguesía terrateniente; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que aglutinó a la burguesía media de distintos puntos del país; y Federación Agraria Argentina (FAA), que durante la primera mitad del siglo xx nucleó a la burguesía rural de menor tamaño, fundamentalmente arrendataria, aunque en la segunda mitad ganaron peso, los pequeños productores propietarios.

Los estudios sobre el tema tienden a privilegiar el análisis de los conflictos políticos en que se pone en evidencia el enfrentamiento entre estas corporaciones, relegando otros en que actúan siguiendo sus intereses comunes. Por ejemplo, muchos trabajos destacan el conflicto entre arrendatarios y terratenientes que enfrentó a la FAA con la SRA y las CRA (Halperin Donghi, 1984; Arcondo, 1980; Balsa, 2011; Lázzaro, 2005). También es bien reseñado el enfrentamiento entre dos capas de la burguesía ganadera, los invernadores y los criadores, que enfrentó en la década de 1930 a SRA con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), posteriormente incorporada a las CRA (Smith, 1986; De Olariaga, 1944). A su vez, muchos autores se ocupan de reconstruir las posiciones de estas corporaciones frente a las políticas públicas, destacando la tendencia de la SRA y las CRA a coincidir con gobiernos de signo liberal en contraposición con la FAA, que supo acercarse a aquellos que planteaban medidas reformistas (Palomino, 1988 y 1989; Martínez Nogueira, 1985; Makler, 2006, entre otros).

Este tipo de abordajes sobredimensiona una tendencia al enfrentamiento interno dentro de las corporaciones rurales, que ubica por un lado a los pequeños productores arrendatarios representados por la FAA y, por el otro, a los terratenientes agrupados en la SRA y las CRA. Sin embargo, esta división puede ser relativizada si se pone sobre la mesa otro tipo de conflicto mucho menos estudiado, el que enfrentó a toda la burguesía agropecuaria con los trabajadores rurales.

Los trabajos existentes sobre el problema muestran la tendencia de los grandes terratenientes a confluir con la burguesía de menor tamaño, cuando se trata de enfrentar los reclamos de los peones de campo (Sartelli, 2014; Bonaudo y Godoy, 1985). En este trabajo se aborda una serie de conflictos que no han sido estudiados en profundidad: las huelgas de peones rurales que entre 1964 y 1966 sacudieron el sur de la provincia de Santa Fe. Como se observará, los reclamos de los trabajadores fueron enfrentados con igual dureza por todas las corporaciones de la burguesía agropecuaria. El reclamo para que el Estado interviniera reprimiendo los conflictos es uno de los factores que llevó a las corporaciones agropecuarias pampeanas a apoyar el golpe de Estado producido en 1966.

En suma, el objetivo de este artículo es observar las relaciones conflictivas que todas las capas de la burguesía agropecuaria pampeana mantuvieron con el proletariado rural y con los trabajadores en general. Aunque la presente investigación hace foco en los conflictos desarrollados en una de las provincias que integran la región pampeana —Santa Fe—, la reacción ante los reclamos obreros excede este caso puntual. Similares posiciones se observan ante otros conflictos laborales como los de puertos y ferrocarriles. A su vez, el juicio que cae sobre los huelguistas santafesinos se extiende al plan de lucha de la confederación sindical nacional.

Este trabajo se asienta fundamentalmente en la reconstrucción de los conflictos laborales y hace foco en las posiciones asumidas por las corporaciones rurales frente a ellos. Se utilizaron como fuentes las publicaciones de las propias corporaciones, como el semanario La Tierra, voz oficial de la FAA y las Memorias anuales de la SRA; y dos periódicos nacionales, La Nación y Cronista Comercial, que además de servir de tribuna a estos y otros agrupamientos —CRA, Carbap y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)—, permiten incorporar otras voces al relato —sindicatos de obreros rurales, autoridades provinciales—.

1. La conflictividad laboral

La presidencia de Arturo Illia (1963–1966), se caracterizó por la profundización de los conflictos sindicales. Es imposible explicar esta intensificación de la lucha de clases sin remitirse a 1955, cuando un golpe de Estado desplazó del gobierno a Juan Domingo Perón, que forjó una alianza entre el proletariado y la burguesía industrial sobre la que se apoyó su gobierno. Entre 1943 y 1955, el proletariado obtuvo, no sin intensas luchas, una serie de conquistas laborales que soldaron su apoyo al gobierno peronista. Sin embargo, la crisis económica abierta a principios de la década de 1950 puso estas conquistas en la picota. El ingreso de la renta diferencial de la tierra, que permitió sostener en esos años, mediante transferencias a los sectores urbanos, la política industrial proteccionista y las reformas laborales, comenzó a disminuir considerablemente en la década de 1950. Se puso así de manifiesto la imposibilidad de seguir sosteniendo un esquema en que las transferencias de renta impulsaran el desarrollo del capitalismo argentino.

Había llegado la hora del ajuste, aunque tanto la clase obrera como la burguesía industrial tenían la capacidad política para resistir el embate. Por eso Perón no pudo avanzar con el ajuste y terminó desplazado por un golpe militar en 1955. El gobierno militar que le siguió intentó conjurar el problema interviniendo los sindicatos, reprimiendo al movimiento obrero y proscribiendo la actividad política del peronismo, condenando al exilio a su líder. Sin embargo, la intensificación de los conflictos obreros obligó a convocar nuevamente a elecciones en 1958. El peronismo, proscrito, apoyó al candidato que finalmente triunfó en las elecciones, Arturo Frondizi, pero el rebrote de la crisis económica llevó a este último a desconocer sus promesas electorales y avanzar nuevamente con un plan de ajuste y represión. Para esto implementó el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir en la represión interna. A pesar del duro golpe recibido por el movimiento obrero, el peronismo comenzó a reorganizarse y logró presentarse en 1962 a elecciones. Su triunfo en algunos distritos de significativa importancia fue la razón de un nuevo golpe de Estado, que anuló las elecciones y desplazó a Frondizi. En las nuevas elecciones de 1963, en las que se impidió la presentación del peronismo, triunfó finamente Arturo Illia (Rapoport, 2000).

Surgida en medio de una profunda crisis hegemónica, la presidencia de Arturo Illia se caracterizó por su marcada debilidad política. El escaso porcentaje de votos obtenido en las elecciones y la masiva abstención del peronismo proscrito, son la expresión más cabal de esta debilidad. Llamado a resolver la crisis de acumulación y flanqueado por las fuerzas enfrentadas en torno a la forma que adquiriría la resolución de dicha crisis, poco fue lo que pudo hacer antes de sucumbir tras un nuevo golpe. Acosado por una clase obrera organizada en torno a la Confederación General del Trabajo (CGT), dispuesta a defender sus conquistas y el valor de la fuerza de trabajo, y por corporaciones empresariales que demandaban orden y disciplina, Illia osciló entre uno y otro polo sin conformar a nadie.

La CGT, recientemente reorganizada, recibió a Illia desplegando un plan de lucha votado en 1963. La entidad exigió terminar con la represión a la actividad sindical, reclamando la libertad de los presos políticos, la derogación de la legislación represiva y el levantamiento de la clausura a los locales sindicales; en materia económica, demandaba recomposición salarial; y en materia política, la vigencia de las libertades democráticas y el fin de la proscripción del peronismo.

Como medidas de lucha, la primera etapa del plan contemplaba huelgas generales escalonadas; la segunda etapa, de mayor resonancia, propiciaba la toma de establecimientos fabriles, que se desplegó entre mayo y junio de 1964, movilizando a casi cuatro millones de obreros que participaron de la ocupación de unas once mil plantas en todo el país. A pesar de condenar virulentamente las acciones, el gobierno no dispuso el desalojo por la fuerza, sino que recurrió a la poco efectiva vía judicial para enfrentar el conflicto, lo que encrespó los ánimos de la burguesía (Cotarelo y Fernández, 1994). Los conflictos laborales continuaron a lo largo de 1965 y 1966, con huelgas parciales, ocupaciones aisladas de establecimientos, algunos enfrentamientos localizados con fuerzas del orden y paros generales. Illia pretendió minar las bases del poder sindical atacando su organización, con el intento frustrado de crear una central paralela y mediante la reglamentación de la Ley de asociaciones profesionales, que facilitaba la creación de sindicatos por empresa, quitaba poder a la cúpula para regimentar las disidencias y prohibía a los sindicatos realizar "actividades políticas partidarias". Sin embargo, no conformó a las cámaras empresariales, que presenciaron alarmadas no solo el despliegue de poder sindical, sino la actitud del gobierno, que juzgaban permisiva. Estas demandaron abiertamente que el presidente doblegara a los sindicatos, pusiera orden y garantizara condiciones estables de acumulación.

Más allá de que las demandas gremiales no superaran los límites del sistema, circunscribiéndose a reclamos económicos o, en el peor de los casos, a la plena vigencia de la democracia, su presencia constituía una amenaza (Míguez, 2013). Como estudios clásicos lo demuestran (O'Donnell, 2009; Murmis y Portantiero, 1987), la clase obrera argentina de la época se caracterizó por su fortaleza organizativa y su disposición a la lucha en defensa de sus conquistas, lo que se convirtió en un serio problema para la burguesía local. La necesidad de sanear la economía exigía disciplinar a la clase obrera organizada, y a su vez, existía el temor a que las bases desbordaran por izquierda a la dirigencia peronista, lo que agitaba el fantasma del comunismo. Todo confluyó así en un único reclamo: restablecer el orden. Y fueron los elencos militares los depositarios de tal demanda (Rapoport, 2000, pp. 489–605; O'Donnell, 2009, pp. 61–79).

La conflictividad laboral en el campo se encontraba determinada por este contexto general, aunque había elementos particulares que la incentivaban. Los salarios de los peones rurales, históricamente bajos, habían sufrido una caída considerable desde 1958, que encontraba su razón en la política económica de Frondizi, apoyada en un fuerte despliegue represivo. Como se observa en los gráficos 1 y 2, los salarios cayeron abruptamente en 1958 y se mantuvieron bajos hasta el comienzo de los conflictos. A esto hay que agregar el incremento de la brecha con los salarios industriales, ya de por si más elevados que los agropecuarios (véase gráficos 3 y 4). La situación era tan acuciante que la propia CGT incorporó a sus reclamos la "elevación de los salarios y condiciones de vida de los obreros rurales" (citado en Cotarelo y Fernández, 1994, p. 9).

Sin embargo, el deterioro salarial no fue el único problema que alimentó la conflictividad laboral agropecuaria pampeana en aquella época. En el contexto de la ofensiva patronal contra las condiciones de trabajo en general, dos conquistas obtenidas por los obreros rurales en las décadas previas intentaron ser barridas: el control sindical sobre las "bolsas de trabajo" y las disposiciones legales sobre conformación de las cuadrillas.

La existencia de "bolsas de trabajo" se remonta a principios de siglo y encuentra su razón de ser en las características estacionales del trabajo agropecuario. Durante los meses de cosecha la demanda de brazos en el campo se incrementa fuertemente, por esa razón afluyen a la zona amplios contingentes de mano de obra de provincias vecinas. Esto requiere la centralización de la oferta y demanda de fuerza de trabajo, que durante mucho tiempo estuvo bajo control sindical. Esta potestad fortalecía la posición de los sindicatos, garantizando la agremiación y otorgándoles herramientas para presionar sobre los niveles salariales, impidiendo la contratación de obreros por fuera de los convenios (Sartelli, 2014; Mascali, 1986). A través de las "bolsas", los sindicatos también se aseguraban de que las patronales respetaran las categorías laborales establecidas en los convenios, impidiendo la contratación de cuadrillas que no contaran con el número establecido de peones.

Tanto las bolsas de trabajo bajo control sindical como las categorías laborales fueron puestas en cuestión por las patronales agropecuarias. Sobre las primeras se objetaba el "excesivo" poder que le otorgaban a los sindicatos, impidiendo la negociación salarial "libre", es decir, era una traba para deprimir aún más los salarios rurales. Respecto a las categorías el problema era más complejo, ya que por efecto de la mecanización ahorradora de mano de obra, muchas de ellas se estaban tornando obsoletas; sin embargo, estas categorías, que impidieron en su momento la intensificación del trabajo, fueron cuestionadas por las patronales desde su imposición en la década de 1940. Sin duda, aquí también estaba en juego un avance patronal sobre las condiciones de trabajo en el campo (Mascali, 1986).

El detonante de la conflictividad en 1964 fue el problema salarial, que se impuso como reclamo general de todo el movimiento obrero. La inflación, que se ubicó durante todo el periodo por encima del 20% anual, obligaba a renegociar salarios año a año. En el caso de los peones rurales, la división interna de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre), intensificaba el conflicto. Es que las seccionales del sur santafesino, principal foco de conflictos, se encontraban dominadas por el Movimiento pro Unificación y Fortalecimiento de Fatre, una línea interna opuesta a la conducción nacional del gremio. Según algunas fuentes, este movimiento estaba alineado en el ámbito nacional con el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), que agrupaba a los sindicatos dirigidos por el Partido Comunista (La Nación, 1966, abril 9, p. 4; Mascali, 1986, pp. 95–98).

Los salarios rurales se establecían año a año en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Rural (CNTR), con acuerdo de la dirección nacional de Fatre y las patronales agropecuarias. Sin embargo, entre 1964 y 1966 los gremios locales del sur santafesino desconocieron los acuerdos nacionales de salarios para las cosechas de granos. Aprovechando el poder que les daba el control de la oferta de mano de obra y el apremio de los patrones durante los meses de cosecha —ya que de no recogerse a tiempo podía malograrse—, los sindicatos locales iniciaron una ola de reclamos y huelgas para conseguir mejores salarios. Generalmente, los conflictos se extendían hasta que los patrones cedían a los reclamos (La Nación, 1966, abril 9, p. 4; abril 11, p. 7).

Lo sucedido en 1965 describe la dinámica general de estos conflictos. En marzo de ese año, mientras se encontraba reunida la "paritaria nacional agraria" en el marco de la CNRT, el congreso regional de Fatre Santa Fe decretó una huelga de peones rurales. La medida de fuerza se hizo, según anunciaron los dirigentes sindicales regionales, en repudio a la "reacción patronal" que impedía acordar los salarios nacionales para la cosecha gruesa. En realidad, la propia dirección nacional de Fatre aceptó posponer el acuerdo salarial por unos días, buscando acercar posiciones con las patronales. Sin embargo, los sindicatos locales no esperaron y se lanzaron al paro el 12 de marzo, buscando presionar tanto a la dirección sindical nacional como a los patrones. Amenazaron, a su vez, con un plan de lucha que contemplaba paros escalonados semanales: de no llegarse a un acuerdo, el 18 de marzo se haría un paro por 48 horas y otro el 24 de marzo por 72 horas. Aunque el 16 de marzo se llegó a un acuerdo en la CNRT, los sindicatos locales lo desconocieron y mantuvieron su plan de lucha cumpliendo ambos paros, buscando obtener mejores salarios a los negociados por la dirección de Fatre. Las medidas de fuerza se mantuvieron hasta que se alcanzaron las mejoras demandadas por los gremios locales (La Nación, 1965, marzo 12, p. 9; marzo 13, p. 18; marzo 14, p. 13; marzo 17, p. 7; marzo 24, p. 4).

Cada conflicto fue acompañado por el repudio patronal, que condenó los "salarios abusivos" exigidos por los peones y atacó las bases de poder sindical, en particular, el control de las bolsas de trabajo exigiendo la "libre contratación". La presión de las corporaciones agropecuarias pareció surtir efecto a finales de 1965, cuando obtuvieron la sanción del decreto 8341, que quitó a los obreros el control de la bolsa de trabajo. Así, para la cosecha de 1966, los patrones intentaron recurrir a la "contratación libre" de peones, amparados por la normativa recientemente sancionada. Sin embargo, la ofensiva empresarial no hizo más que intensificar los conflictos. Los sindicatos locales del sur de Santa Fe no solo repudiaron el decreto, sino que llamaron a enfrentarlo (Mascali, 1986, pp. 102–118), convocando a la huelga y movilizando a los campos que intentaron recurrir al trabajo libre, logrando impedir la cosecha con amenazas y "piquetes". Esto derivó en la denuncia de ocupaciones de campos y amenazas, aunque no se llegó en ningún caso a enfrentamientos. Una crónica local describe la tensión que alcanzó el conflicto en la localidad de Villa Mugueta, Santa Fe:

Nuevamente se han tocado los extremos, y si los hechos no enlutaron esta progresista y laboriosa localidad, ha sido por causas completamente fortuitas: porque las condiciones fueron dadas para choques armados y de imprevisibles consecuencias. Sólo [sic] la responsabilidad de los actores que a último momento midieron las consecuencias, cuando las armas estaban a "boca de jarro", impidió el desgraciado y lamentable espectáculo (citado en Mascali, 1986, p. 118).

Un nota dirigida por la SRA a las autoridades nacionales, a finales de marzo de 1966, describía los sucesos en los pueblos santafesinos de San Eduardo y Maggiolo. En el primero, tras una asamblea de peones que decidió ir a la huelga, se organizaron comisiones sindicales que recorrieron los campos paralizando las máquinas. SRA denunció la irrupción en propiedad privada y amenazas. En Maggiolo la situación parece haber sido más extrema, ya que según SRA (1966):

[...] sesenta personas del Sindicato [...] invadieron el campo del señor Humberto Forréis, con armas de fuego, garrotes, fustas, palos, etc. y con amenazas de muerte detuvieron la máquina [...]. Ocho personas también se introdujeron en el campo del señor Jacinto Aramendi, intimando la paralización de las cosechadoras y usando revólveres (p. 73).

Como en los años anteriores, las huelgas solo cedieron en la medida en que los patrones aceptaron los reclamos sindicales. Sin embargo, las corporaciones agropecuarias intensificaron sus denuncias y se impuso con fuerza el reclamo al gobierno para reprimir a los huelguistas.

2. La respuesta patronal

Desde el inicio de los conflictos las corporaciones agropecuarias consideraron inadmisibles los reclamos de los peones. Ya en abril de 1964, la Sociedad Rural de Rosario, integrada a la CRA, exigió que el Gobierno declarara "zona libre de trabajo" a los departamentos del sur santafesino (Mascali, 1986, p. 102), es decir, que se le arrebatara a los sindicatos el control de la oferta de mano de obra para las cosechas. En una reunión convocada por la Secretaría de Agricultura en septiembre de 1964, a la que asistieron representantes patronales y obreros, los delegados de la SRA cuestionaron fuertemente la bolsa de trabajo, considerándola "inconstitucional". Allí sostuvieron que: "no puede imponerse en el país la agremiación obligatoria ni limitarse la contratación de mano de obra" (Mascali, 1986, p. 83). La Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), dirigida por elementos cercanos a la FAA, exigió dotar a la CNTR de la suficiente autoridad para que los acuerdos alcanzados allí en materia salarial no pudieran ser cuestionados zonalmente. FACA denunciaba también la existencia de "factores de perturbación" en las relaciones obrero–patronales y advertía que de no mediar cambios: "las cosas empeorarán y nos llevarán a la anarquía" (Mascali, 1986, p. 97).

En 1965, cuando por segundo año consecutivo se asistió a una ola de huelgas en el sur de Santa Fe, las patronales agropecuarias elevaron la voz. Los días 13 y 14 de febrero de 1965 sesionó en Río Cuarto, Córdoba, la Asamblea Nacional Agropecuaria, a la que concurrieron delegados de la SRA y las CRA de todo el país. Uno de los reclamos de las deliberaciones fue el referido a los conflictos laborales. El documento final señalaba que debía "dictarse con carácter urgente e impostergable la reglamentación del derecho de huelga, cuyo uso abusivo pone en peligro la paz social" (La Nación, 1965, febrero 15, pp. 1 y 4). Ya con huelgas en marcha en el sur santafesino, la SRA y las CRA emitieron un comunicado "deplorando" la actitud de los dirigentes obreros, en el que calificaron los reclamos salariales de "exorbitantes" y recomendaron a los patrones no pagar jornales por encima de los previamente acordados (La Nación, 1965, marzo 13, p. 18).

En este contexto, las patronales redoblaron su presión a las autoridades para eliminar la bolsa de trabajo bajo control sindical. En abril de 1965, la Comisión Especial de Representantes de las Entidades Agrarias para las Relaciones Laborales (Cerea), integrada por sociedades rurales del sur de Santa Fe que formaban parte de las CRA y por cooperativas de la zona vinculadas a la FAA, se pronunció contra las bolsas de trabajo. Luego de fustigar contra los salarios exigidos por los peones y contra los dirigentes zonales, "hombres de ideologías foráneas de extrema izquierda", advirtieron del peligro que representaba el control sindical de la oferta de trabajo: "ello debe terminar como única forma de finalizar con el estado de anarquía que nos conduce al caos" (Mascali, 1986, pp. 101–102). En mayo de 1965, la SRA exigió en nota al Ministerio de Trabajo la creación de bolsas de trabajo oficiales a las que pudieran concurrir trabajadores no agremiados, ya que el control sindical sobre las mismas constituía un "monopolio" que había que erradicar (SRA, 1966, p. 76). Finalmente, con la sanción del Decreto 8341, las patronales alcanzaron su cometido, aunque poco tardaron en salir a denunciar la no aplicación (SRA, 1966, pp. 52–57). El decreto no hizo más que avivar la conflictividad de los peones, que no estaban dispuestos a tolerar el avance que significaba sobre sus conquistas. El Gobierno, sin capacidad para disciplinar a los sindicatos santafesinos, no pudo hacer más que contemplar la escalada del conflicto. Por su parte, tanto la SRA como la FAA salieron a exigir, sin medias tintas, la intervención de la fuerza pública para reprimir la movilización obrera.

Con la nueva cosecha ya en marcha y ante los primeros conflictos, el presidente de la FAA se reunió con el gobernador de Santa Fe para demandar una solución al "proceso de distorsión que se viene advirtiendo en las relaciones laborales". Reclamaron de las autoridades locales: "una actitud firme frente a los alzamientos que [...] se vienen sucediendo en los departamentos del sur de la provincia (La Tierra, 1966, marzo 4, pp. 1 y 2).

La FAA cargó con fuerza contra los obreros rurales y sus dirigentes sindicales. No se privaron de agitar el fantasma del comunismo que estaría detrás de las huelgas, ni de denunciar la "pasividad" oficial que permitía tales desbordes, descalificando a la organización de los obreros rurales, señalando que este "pseudosindicalismo" poco conocimiento tenía del trabajo rural y que no eran más que "agitadores profesionales", que vivían "a expensas de los mismos obreros o, a lo mejor, pagados por algún comité internacional". Detrás de lo que se presentaba como demandas legítimas, ocultaban "sus oscuros designios de confundir y engendrar el caos, para desencadenar el desorden institucional y así servir a sus amos foráneos, materialistas y ateos" (La Tierra, 1966, marzo 18, p. 2). A la luz de este balance, que denunciaba a los sindicatos "comunistas" que exigían "salarios disparatados" y cuyo único fin sería engendrar el "caos", se entiende la exigencia de una "actitud firme" a las autoridades: como el resto de las corporaciones, exigían una intervención represiva que "restablezca el orden". Posteriormente sostuvieron, en una nota al gobernador de Santa Fe, que "la situación laboral en localidades del sur santafesino es insostenible" y solicitaron medidas que aseguraran "el orden de las tareas laborales" (La Tierra, 1966, marzo 25, p. 1). De hecho, pocas diferencias tiene su posición con la de la SRA, en ese momento enfrentada a la FAA por otras cuestiones —como el tema de los arrendamientos—. La SRA, en una nota remitida al Ministerio del Interior el 31 de marzo de 1966, demandaba también la intervención de las fuerzas del orden:

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E. solicitándole disponga con la mayor urgencia y energía la intervención de la fuerza pública nacional [...] como el único medio viable para poner fin de inmediato a la gravísima situación que se vive en los establecimientos rurales del sur de la provincia de Santa Fe, a raíz de los delitos cometidos por obreros [...]. Es público y notorio que [...] han invadido las chacras, y en actitud y con procedimientos intimidatorios, empleando armas y secuestrando personas [...] paralizan los trabajos rurales e impiden recoger la cosecha amenazando malograr sus resultados [...]. A ello se agrega la pasividad de las autoridades provinciales (SRA, 1966, p. 72).

Cabe aclarar que estos hechos, denunciados por SRA y otras corporaciones, fueron negados rotundamente por el gobernador de Santa Fe, que acusó a esa entidad de promover "los rumores más descabellados tendientes a lesionar la estabilidad institucional de la República" (SRA, 1966, p. 74). Fue respaldado por la dirigencia de Fatre, que señaló que las corporaciones empresariales "magnificaban" el conflicto para exigir una "enérgica represión" (La Nación, 1966, abril 11, p. 7).

El fantasma del "peligro comunista" fue un tema recurrente en las alocuciones patronales y un argumento central que justificaba el pedido de una intervención represiva del Estado. El presidente de la FAA sostuvo que el clima de tensión con los peones era obra de "elementos perturbadores, que son comunistas" y "catequizan" al obrero. En la misma reunión, el vicepresidente de Cerea señaló que "los comunistas siguen perturbando" (La Nación, 1966, abril 9, p. 4).

Los conflictos finalmente fueron mermando, como todos los años, a medida que los patrones acordaron con los sindicatos locales; sin embargo, las corporaciones rurales no dejaron de agitar viejos fantasmas. Los acuerdos obrero–patronales fueron denunciados tanto por la FAA como por Cerea, que recriminaron una solución en la que los productores se vieron obligados a "pactar" con sindicatos "dirigidos por comunistas", accediendo a pagar "salarios desmedidos" (La Nación, 1966, abril 9, p. 4; abril 11, p. 7).

Pero el problema no se circunscribía, para las corporaciones rurales, solo a las huelgas de peones. La multiplicación de conflictos gremiales, sobre todo los producidos en ramas como el transporte —marítimo y ferroviario—, que la afectaban directamente por las dificultades para comercializar su producción, era vista como un problema al que había que poner fin. Así, la SRA ubicaba el conflicto con los peones en el contexto más general de la ofensiva de la CGT, a la que calificaban como un "plan subversivo":

La situación imperante en el sur de Santa Fe se suma así, a la ola de paros, huelgas, delitos [...] que afectan a todo el país y tuvieron comienzo con el "Plan de Lucha" ejecutado por la CGT con el objeto extragremial de lograr un "cambio de estructuras".

La ocupación de establecimientos fabriles, la toma de rehenes en sus ejecutivos, a lo que se agrega la invasión de los campos y el secuestro de personas, parecen constituir hoy una norma común, sin que llegue a alterar la actitud, muchas veces contemplativa, de los Poderes Públicos [...]. Es que, sin duda, se ha quebrado el principio de autoridad [...]. Este estado de cosas [...] es el resultado de un plan subversivo que pretende sumir en el caos al país, para imponernos un régimen extremista, contrario a la idiosincrasia y el sentir nacional (SRA, 1966, p. 72).

Carbap, la corporación más poderosa dentro de las que conformaban CRA, compartía el balance en el que la CGT, sujeta a consignas impuestas por "una dirección exterior", fomentaba la conflictividad laboral "como previa y segura etapa de la dominación a la que aspira". Señaló que los sindicatos "han desbordado el cauce de su función específica pretendiendo interferir en la conducción gubernativa y usurpar una representación política de la que carecen". La alocución no era muy sutil: con el ambiente solo podía ser leída como una conjura dispuesta a generar el caos a través de la actividad sindical como paso previo a la toma del poder. Por esa razón, exigían "suprimir" este "factor de perturbación" (Palomino, 1989, pp. 62–63).

También la FAA se mostraba preocupada por una "avanzada sindical" que no solo afectaba a las cosechas:

Avergüenza y entristece el panorama desolador que ofrece la República cuando contemplamos azorados la proliferación de las huelgas que vienen repitiéndose a diario, por la manera sorpresiva en que se paralizan muchas actividades que hacen al desenvolvimiento integral de la riqueza del país, que se inmoviliza arbitrariamente y nos hace perder prestigio internacional [...] (La Tierra, 1966, abril 22, p. 2).

La ofensiva sindical se relacionaba con la "proliferación de ideologías extrañas", "ateas y materialistas", dispuestas a destruir a la nación, de "bases occidentalistas y cristianas":

Se hace necesario romper los esquemas estructurales caducos [...] para edificar un nuevo andamiaje acorde a los momentos que vive la humanidad, inspirados en los irrenunciables principios de argentinidad [...] con bases occidentalistas y cristianas [...]. Hay que sacar al país del estancamiento y retroceso en que está sumido, para impulsarlo hacia mejores destinos, aventando para siempre del solar patrio los caldos de cultivo de las ideologías ateas y materialistas, que vienen inculcando los ideólogos foráneos en las mentes serviles de algunos malos argentinos (La Tierra, 1966, abril 22, p. 2).

De esta manera, de la preocupación frente al avance de los sindicatos de peones rurales, las corporaciones rurales fueron avanzando hacia un balance altamente negativo del Gobierno y, en particular, del peligro representado por el ascenso de los conflictos sindicales, que Illia no enfrentó con la dureza necesaria. Fueron confluyendo de esta manera con el balance que hicieron otras fracciones de la clase dominante y los medios de prensa que promovían el golpe, que cuestionaban el "desborde sindical" y el "avance comunista" que no parecía tener solución dentro de los marcos del régimen democrático (Míguez, 2013, pp. 84–90). Todos los sectores patronales coincidieron en exigir la intervención de las Fuerzas Armadas para "restaurar el orden".

3. El golpe militar

El golpe finalmente se consumó en junio de 1966 y contó con el respaldo unánime de la clase dominante. Sus primeras medidas comulgaron con el objetivo de reestablecer el orden: se disolvieron los partidos políticos y el parlamento, y se intervinieron las universidades, único foco opositor; sin embargo, no se avanzó a fondo sobre la CGT, que apoyó el golpe, buscando mantener ese respaldo y controlarlo. En el plano económico, se anunció el objetivo de racionalizar la administración y las empresas estatales, apuntando a eliminar el déficit fiscal y reducir el gasto. Comenzó una política de despidos en el sector público que desató una serie de conflictos sindicales. Uno de los más importantes fue el del puerto, en donde los intentos de modificar el régimen laboral y las cesantías, dieron lugar a una prolongada huelga que terminó cuando el Estado desplegó la represión.¹ Sin embargo, mientras el Gobierno se enfrentaba a los sindicatos estatales, se intentó favorecer a ciertos sectores adictos dentro de la CGT. La dictadura procuró vehiculizar una tregua entre capital y trabajo, pero no conformó ni a unos ni a otros y pronto comenzó a perder respaldo. Los sindicatos fueron reaccionando tardíamente contra los ataques al movimiento obrero que iba desplegando el Gobierno.

Al compás de la racionalización de la administración, se sumaron nuevos despidos y sanciones hacia los gremios estatales. La política de represión selectiva fue sazonada con disposiciones que afectaron a todos los sindicatos por igual, como la Ley de arbitraje obligatorio, que prohibió el empleo de medidas de fuerza hasta que no mediara la intervención arbitral oficial. Finalmente, la CGT se lanzó en diciembre de 1966, a un plan de lucha que culminó en una estruendosa derrota poco tiempo después. Ante las amenazas de sanciones políticas y económicas contra los sindicatos, la CGT suspendió las medidas de fuerza convocadas. Se impuso de esa manera el "orden" que clamaba la burguesía y el Gobierno pudo instrumentar un plan de ajuste que no encontró oposición en el movimiento obrero (O'Donnell, 2009, pp. 61–107).

Las corporaciones de la burguesía agropecuaria, al igual que los representantes de otros sectores de la clase dominante, saludaron especialmente complacidos toda disposición que avanzara sobre las posiciones del movimiento obrero. FAA, por ejemplo, celebró que el gobierno militar protegiera "un estilo de vida puesto en riesgo inminente por el avance [del] materialismo dialéctico" y que la prensa no ocupara sus espacios en "comentarios de huelgas" (La Tierra, 1966, julio 15, p. 4). Frente a la huelga en el puerto, duramente reprimida por las autoridades, tanto la FAA como la SRA respaldaron el accionar militar (La Nación, 1966, diciembre 16, pp. 1 y 4; La Tierra, 1966, noviembre 25, p. 4). También manifestaron su preocupación, en vísperas de una nueva cosecha, por la posibilidad de que se producieran huelgas de peones. Anticipándose al problema, la FAA comenzó a exigir del Gobierno una intervención represiva para disuadir los conflictos:

[Resulta] imprescindible que las actuales autoridades manejen esta cuestión con suficiente decisión y energía [...]. Es imprescindible asegurar al productor la tranquilidad necesaria que le da el saberse amparado en su derecho de proceder al levantamiento de las cosechas, sin extorsiones ni violencias (La Tierra, 1966, septiembre 9, p. 4).

La SRA y las CRA, en un documento conjunto remitido a las autoridades nacionales, demandaron la derogación de las bolsas de trabajo que impedían al productor contratar libremente mano de obra estacional. Señalaron que ese régimen sería el responsable de las "distorsiones muy graves que se han producido en los últimos años en el levantamiento de las cosechas", ya que gracias a él los sindicatos pudieron "imponer salarios extraordinariamente altos" (Cronista Comercial, 1966, octubre 19, p. 2).

Finalmente, la cosecha pudo ser levantada sin conflictos. Tanto la FAA como la SRA adjudicaron el orden imperante a la acción disuasiva del Gobierno y lo felicitaron por eso. A comienzos de diciembre, en una entrevista de los dirigentes de la FAA con autoridades nacionales, estos destacaron que, después de muchos años, este era el primero en que se levantaba una cosecha en la provincia de Santa Fe sin conflictos laborales, "fruto, sin duda de la preocupación del gobierno de la provincia, a través de los organismos respectivos" (La Tierra, 1966, diciembre 16, p. 1). Poco tiempo después, la SRA hacía lo propio en un documento sobre la situación económica, destacando las disposiciones provinciales tendientes a dar garantía efectiva a los acuerdos sobre "salarios de cosecha" pactados en las comisiones paritarias (La Nación, 1966, diciembre 16, pp. 1 y 4).

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo se reconstruyen las posiciones de las corporaciones empresariales de la burguesía agropecuaria pampeana ante un conflicto puntual: las huelgas de peones entre 1964 y 1966. Frente a ellas, las diferentes capas de esta fracción de la clase dominante tendieron a coincidir en el diagnóstico y las soluciones demandadas. Más allá de sus diferencias en relación a otros problemas de la producción agropecuaria, las corporaciones rurales hicieron causa común al enfrentar los conflictos con el sector laboral. Comenzaron exigiendo que el Estado velara en favor de sus intereses y promovieron una intervención represiva que terminara con el problema. Confluyeron, finalmente, en una ofensiva que involucró al conjunto de las corporaciones empresariales que, denunciando la pasividad del Gobierno frente al "desborde sindical" y el "avance comunista", respaldó la intervención militar.

La investigación aquí presentada resulta útil para introducir ciertos matices en la línea de interpretación dominante acerca de la intervención política de la burguesía rural durante la etapa, que tiende a acentuar las divergencias entre sus diferentes capas restando importancia a los intereses comunes que las llevan a confluir frente a determinadas coyunturas. Cuando se trata de combatir las aspiraciones de los peones rurales, todas se muestran unidas exigiendo el disciplinamiento de los trabajadores.

Notas

* Parte de la tesis doctoral en Historia La burguesía agraria entre Onganía y el golpe militar de 1976. La Sociedad Rural Argentina, la Carbap y la Federación Agraria Argentina ante la crisis orgánica argentina, 2012, financiada con una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Buenos Aires, Argentina.

1 Este conflicto, expresión de la resistencia al intento oficial de anular viejas conquistas del trabajador portuario, fue la primera gran huelga que debió enfrentar la dictadura de Onganía, con una extensa duración —de más de treinta días— y la paralización total de los puertos de todo país. Fue reprimida con fuerza por el Gobierno, mediante la intervención del sindicato y la detención de su máximo dirigente, Eustaquio Tolosa.

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