SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número50La política de Chile hacia Bolivia, 1990-2009. Ni coordinación política, ni cooperación económica índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Estudios Políticos

versión impresa ISSN 0121-5167
versión On-line ISSN 2462-8433

Estud. Polit.  no.50 Medellín ene./jun. 2017

http://dx.doi.org/10.17533/udea.espo.n50a01 

Editorial

Construcción de paz y universidad

Deicy Hurtado-Galeano1 

1 Colombia. Directora revista Estudios Políticos. Socióloga. Magíster en Filosofía Política. Grupo Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: deicy.hurtado@udea.edu.co

La paz no solo se pacta o se negocia sino que se construye. Es una sentencia en la que se viene insistiendo desde 1992, cuando el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, posicionó en la agenda del organismo que la paz había que establecerla y mantenerla —diría yo, cuidarla— como vía para no sucumbir de nuevo al conflicto armado interno en aquellos países en transición de la guerra a la paz. Y esto se ha dicho porque tanto la guerra como la paz no son procesos que incumban solamente a los actores enfrentados en armas —Estado-guerrillas—, pues en ellos está involucrada la sociedad civil —organizaciones sociales, iglesias, gremios económicos, academia, actores internacionales—, bien sea como víctimas o agentes de resistencia y contención durante el conflicto armado, o como actores legitimadores y veedores de las estrategias adoptadas para la superación de los conflictos durante la transición, tal como lo ha estipulado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno Colombiano.

Como han dicho los expertos en el tema, la sociedad civil es la «aliada no armada» en los esfuerzos de construcción de paz (Rettberg, 2002): las organizaciones no gubernamentales que desde finales de la década de 1980 han desplegado acciones cada vez más sistemáticas en pro de la paz; algunas iglesias que han posicionado la necesidad de superar el conflicto armado mediante programas e instituciones que, en las regiones de Colombia agobiadas por los «señores de la guerra», han acompañado a las comunidades en su resistencias y duelos; y, por supuesto, la academia —aunque tímidamente— que desde 1995 empezó a hacer los estudios pioneros sobre paz y resolución de conflictos, y que al despuntar el nuevo milenio empezó a consolidar agendas investigativas sobre estudios de paz negociada.1

Y es justo en ese último actor que quiero detener la mirada a partir de unas preguntas: ¿son las universidades colombianas las aliadas estratégicas en este azaroso camino de transición de la guerra a la paz que Colombia —¡al fin!— ha empezado a trasegar? ¿Se constituirán las universidades en actores capaces de participar en la apropiación y sostenimiento de la agenda de construcción de paz en los territorios? Sin duda lo deberían ser. De hecho, algunas lo vienen siendo incluso antes del actual proceso de paz, cuando a la par que estudiaban los orígenes, modalidades y consecuencias del conflicto armado, se atrevían a avizorar los retos del país en un eventual postconflicto como la construcción de paz, la resolución de conflictos, los procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la reintegración de excombatientes, la memoria, las pedagogías para la paz, el desarrollo sustentable y la justicia social.

En efecto, si entendemos que la paz no se reduce a silenciamiento de fusiles y a la disminución de los homicidios atribuibles a la confrontación armada —¡lo que no es nada desdeñable!—, sino que ella debe estar soportada en transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que permitan superar los detonantes del conflicto, las universidades tienen un compromiso insoslayable con la construcción de una paz estable que impone el reto de hacer lecturas pertinentes de los contextos nacional y local donde se implementarán las estrategias pactadas para la paz; es decir, que son ellas, en cooperación con actores locales, las que mejor podrían hacer el análisis de las condiciones culturales, económicas, sociales, infraestructurales, ambientales, institucionales y políticas que obstaculizan o viabilizan lo pactado. Son las universidades las que antes, durante y después del pacto de paz tienen el compromiso de generar argumentos cualificados sobre la importancia de pactar la paz y sostenerla en un país que se ha desangrado durante más de medio siglo y en el que la guerra ha servido para justificar exclusiones e injusticias.

Se trataría pues de reconocer que el conocimiento científico y académico construido en las universidades colombianas —nacionales y regionales— en sus distintas áreas —exactas y naturales, salud, sociales, humanidades y artes— constituye un acervo importante que podría hacer grandes contribuciones —a la sociedad, al Estado y al sector productivo— en la reconstrucción de la infraestructura territorial requerida, en los diseños institucionales que la transición política supone, en las propuestas para el desarrollo económico de las regiones y municipios; así como en la recuperación, fortalecimiento o construcción del Estado social de derecho, en las transformaciones educativas y culturales, o en el fortalecimiento de la ciudadanía que un país como Colombia requiere para que la paz, y no la resolución violenta de los conflictos, tenga asiento en nuestras mentalidades, en las actitudes y comportamientos con los que asumimos la vida cotidiana.

En hora buena, el mismo Acuerdo involucra a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad de los Andes —junto con otros centros académicos internacionales, Foro Nacional por Colombia, Viva la Ciudadanía y el Cinep— en asuntos de rediseño institucional para la participación política electoral y para el fortalecimiento de la sociedad civil, y deja las puertas abiertas para que las prácticas profesionales y los programas de extensión solidaria se involucren en los procesos de participación ciudadana, así como en los de control y veeduría en la implementación del Acuerdo. De igual manera, con este se convoca a las universidades y centros de investigación para que presenten propuestas a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR).

Tal llamado a las universidades me lleva a nuevos interrogantes: ¿las universidades regionales, en especial la Universidad de Antioquia, tendrán la voluntad de participar en la consolidación progresiva de las estructuras institucionales y culturales, en los ámbitos locales y regionales, que urgen en esta sociedad transicional para no retornar a las dinámicas del conflicto? Me pregunto si más allá de ver esta coyuntura política como una oportunidad para acceder a recursos públicos de la nación y de la cooperación internacional, ¿los actores universitarios asumirán el compromiso ético y político de liderar intelectualmente la construcción de un país y unas regiones en los que la justicia social y la paz sean su horizonte de posibilidad?

Mientras la Universidad de Antioquia toma la decisión de instalar y darle cuerpo a la mesa universitaria por la paz, mientras decide si es pertinente que esta institución haga presencia en los espacios de ciudad para hablar de paz y ayudar a construirla en Medellín y en las regiones, mientras se despejan las dudas de algunos sobre si la paz debería ser o no un eje estratégico de su plan decenal de desarrollo; mientras todo esto se discute… la revista Estudios Políticos, tal como lo hizo en 2012 cuando apenas se instalaba la Mesa de Negociación de La Habana, vuelve a abrir sus páginas a quienes han tenido la osadía de construir conocimiento sobre la paz negociada, un tema urgente y pertinente, pero poco «taquillero» en la región antioqueña.

Con esta edición y su sección temática sobre estudios de paz, la revista Estudios Políticos celebra sus 25 años de participación en la construcción de comunidad académica, y lo hace con la esperanza de que este joven campo de conocimiento en Colombia llegue a ser tan prolífico como ha sido el de la guerra y la violencia.

Referencias bibliográficas

1. Rettberg, Angélika. (2002). La construcción de paz bajo la lupa: una revisión de la actividad y de la literatura académica internacional. Estudios Políticos, 42, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 13-36 [ Links ]

Cómo citar este artículo: Hurtado Galeano, Deicy. (2017). Editorial. Construcción de paz y universidad. Estudios Políticos, 50, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. DOI: 10.17533/udea.espo.n50a01

1Por ejemplo, el Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (ConPaz) del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, nació en el 2003. También la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que desde 2011 propuso a la comunidad universitaria y a la sociedad la Cátedra Manuel Ancízar «Construir paz: aportes desde la Universidad Nacional de Colombia».

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons