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Estudios Políticos

versión impresa ISSN 0121-5167
versión On-line ISSN 2462-8433

Estud. Polit.  no.50 Medellín ene./jun. 2017

http://dx.doi.org/10.17533/udea.espo.n50a14 

Sección general

La construcción de legitimidad a través del capital simbólico. El caso del proceso de paz de Colombia*

The Construction of Legitimacy through Symbolic Capital. The Case of the Colombian Peace Process

Irene Larraz-Elorriaga1 

1 España. Licenciatura en Periodismo. Especialista en Análisis de Problemas Sociales con Enfoque en Derechos Humanos. Master en Relaciones Internacionales. Magíster en Ciencias Políticas. Correo electrónico: i.larraz@hotmail.com

Resumen

El objeto de este artículo es responder cómo se ha tratado de legitimar el proceso de paz y qué recursos simbólicos han sido puestos en juego para convertir a enemigos históricos en aliados para construirla. La hipótesis es que el énfasis en un discurso estratégico sobre las causas estructurales ha impedido valorar el efecto que los símbolos y otros cambios han ejercido en la legitimación de los diálogos y en la construcción de una cultura de paz. Este artículo se basa en la sociología política y la teoría del capital simbólico de Pierre Bourdieu para examinar la construcción de legitimidad como un conjunto de prácticas mediante las cuales el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han redefinido su identidad. La conclusión apunta a que el éxito del proceso reside en un discurso de reconciliación con el pasado y de un futuro prometedor, y el fracaso responde a las tensiones entre la esfera de valores y la estructura social, que bloqueó la legitimación del proceso en el plebiscito, reavivando símbolos arraigados en los esquemas sociales.

Palabras-clave: Proceso de Paz; Capital Simbólico; Sociología Política; Legitimidad; Reconocimiento; Colombia

Abstract

The aim of this article is to answer how the peace process has been legitimated and which resources have been put into play to transform historical enemies in allies in order to construct peace. The hypothesis claims that the emphasis in a strategic discourse about the structural factors favoring a peace process hinders the possibility of valuing the effect that symbols and other changes have had in the legitimation of the dialogues and the construction of a peace culture. The framework of this article is based on political sociology and Bourdieu’s theory of symbolic capital in order to examine the process of construction of legitimacy as a set of practices through which the Colombian Government and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) had redefined their identity. The conclusion points to the discourse of reconciliation with the past and the promise of a shining future. On the other hand, its failure has been identified as the product of the tensions between the sphere of values and the social structure that blocked the legitimation of the process in the plebiscite, reviving rooted symbols in the social schemes.

Key words: Peace Process; Symbolic Capital; Political Sociology; Legitimacy; Recognition; Colombia

Introducción

El mismo día que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos asumió su mandato (2010, agosto 7), pronunció un discurso renovador. Por primera vez, después de cuatro años de lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el más severo ministro de Defensa, se refirió a la posibilidad de un diálogo con la guerrilla. Aunque repasó los avances militares de la política de seguridad democrática1 del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), reconoció que todavía había «un largo camino por recorrer» para el final de la violencia y advirtió que aspiraba «a sembrar las bases de una verdadera reconciliación». Pero, más significativamente, se refirió a poner fin al «conflicto armado», un término expulsado del lenguaje oficial de la última década. Era el inicio de un nuevo universo simbólico.

Nunca antes un presidente había llegado a una negociación de paz en unas condiciones militares y políticas tan fuertes, pero a la vez con una sociedad tan polarizada respecto a negociar con la guerrilla. Las victorias militares del gobierno sobre las FARC habían instaurado una nueva relación de poder, fortalecida por el crecimiento económico y la coyuntura internacional, lo que contribuyó a difundir la idea de que la victoria final estaba cerca. A diferencia de los tres anteriores procesos de paz, cuando la sola idea de los diálogos generaba un inmediato respaldo (CNMH, 2014a), la oposición a las FARC se impuso durante la última década al punto de rechazar cualquier posibilidad que no fuera una derrota absoluta de la guerrilla: «Los colombianos inauguraron una nueva era de protesta social en el mundo: la globalización del repudio» (El Tiempo, 2008, febrero 4), titulaba el diario de mayor circulación, tras una multitudinaria marcha contra las FARC en 2008. Sin embargo, la búsqueda del por qué un proceso de paz tiene lugar en este momento ha prevalecido sobre el cómo en la literatura académica, subestimando el hecho de que la creación y legitimación del proceso de paz requirió de un cambio concreto en la representación de la estrategia de guerra.

Las explicaciones realistas y los estudios estratégicos han tratado de dar respuesta a las causas estructurales que han propiciado el proceso, dejando de lado la investigación sobre la forma en que se han dado esas transformaciones. Los trabajos se centran en el estudio comparativo con los anteriores diálogos (Palacios, 2010; Nasi, 2010) y en el análisis de las reformas constitucionales como mecanismos de resolución de conflictos (Hurtado, 2006; Gómez Araújo y Gómez, 2002), con el ejemplo del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares en 2005 (Jaramillo-Marín, 2010; Roht-Arriaza, 2016). La teoría de la oportunidad política de los conflictos armados, por último, acapara parte de la atención (Rettberg, Leiteritz y Nasi, 2014). Siguiendo estos modelos teóricos, la mayor parte de los trabajos presentan el proceso de paz como el resultado lógico de las múltiples mutaciones de esta guerra.

Lo cierto es que, pese a que los cambios estructurales son esenciales para entender la coyuntura del proceso de paz, ningún trabajo académico ha generado una explicación sobre cómo los actores han hecho ese cambio aceptable en el terreno social y político, y cómo esta legitimidad ha crecido y ha llegado a imponer una nueva verdad durante las negociaciones. ¿Cómo se explica que tras décadas de violencia política y un absoluto descrédito de las FARC, un proceso de paz haya tenido lugar? ¿Bajo qué circunstancias y cómo ha sido posible este cambio? Incluso, ¿qué elementos simbólicos han jugado en contra de la aprobación del plebiscito?

Este artículo busca exponer que las teorías estructurales fallan en explicar cómo el simbolismo puede contribuir a reestructurar la percepción social y, más significativamente, qué tan reconocida y autorizada es esta visión (Chenoweth y Ulfelder, 2015). El énfasis en las causas continúa pervirtiendo el entendimiento del conflicto y del No en el plebiscito por la paz.

La hipótesis principal es que la creación y legitimación del proceso de paz requirió un cambio en la representación de la estrategia de guerra. La deconstrucción de las FARC como enemigo absoluto no puede ser atribuida a la idea material de los réditos políticos de la paz, ni tampoco es una consecuencia exclusiva del debilitamiento militar de la guerrilla. Su reconocimiento implica desafiar la instalada solución militar como única vía para la construcción de seguridad e impulsar la idea de que la paz es la solución.

Como hipótesis secundaria se busca analizar cómo la institución de paz se convirtió en el campo de batalla entre dos estructuras sociales que utilizaron los símbolos para legitimar y deslegitimar el proceso. Para esto el artículo aborda cómo los intercambios lingüísticos de capital simbólico alrededor de la paz produjeron un efecto ideológico para dotar de legitimidad al proceso y, en consecuencia, generar confianza; y cómo el capital simbólico en contra de los acuerdos, encarnado en la figura de Uribe, produjo el efecto inverso. El análisis del discurso y de las acciones performativas puede revelar que el capital simbólico es una herramienta de máximo poder para legitimar o deslegitimar la paz negociada y al mismo tiempo resolver las contradicciones y dilemas internos que esta genera. La sociología política es el marco más apropiado para estudiar qué permite hablar de paz en la Colombia de 2012 y examinar la interacción e interdependencia entre las instituciones sociales y políticas, así como los procesos y acciones para legitimar el proceso de paz como solución. En contraste con otros análisis recientes (Higuita, 2014; Villa e Insuasty, 2014), la teoría del capital simbólico puede ayudar a llenar los espacios vacíos que no pueden ser totalmente explicados con teorías más estructurales.

A partir de una perspectiva analítica, este artículo busca exponer los modos en que los actores reemergen y luchan por el reconocimiento (Lindemann, 2011) y la legitimidad (Weber, 1964), alrededor de proyectos de paz y guerra en competencia. Particularmente, cómo la producción simbólica devuelve una organización social en la que el Estado posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza y las FARC conquistan su anhelo inicial de llegar a la política como un acto refundacional. Finalmente, la teoría del capital simbólico, entendida como el análisis de «la forma en la que varias especies de capital asumen cuando son percibidas y reconocidas como legítimas» (Bourdieu, 1991), da cuenta de la reinvención de la democracia y la ciudadanía colombiana con una nueva imagen-país. Observar estos signos implica trascender su significado inmediato (Braud, 1996) y cómo se utilizan a través de speech acts (Habermas, 1970) para generar legitimidad.2

Empíricamente, este método integra técnicas de recolección de datos que incluyen la observación directa, las publicaciones en medios, entrevistas directas y semidirectas, análisis del discurso, estudio de encuestas de opinión, identificación de modos de reapropiación y contra-uso de símbolos y análisis de speech acts. Como fuentes primarias se incluyen comunicados conjuntos de la Mesa de Negociación (66), informes conjuntos (6); comunicados de prensa de las FARC (534); pronunciamientos de la delegación del Gobierno (79); documentos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (8); y discursos del presidente de la República (44). El texto está estructurado de forma cronológica para estudiar los diferentes mecanismos de legitimidad movilizados en cada fase.

1. La política de reconciliación de Colombia

1.1 El proceso como oportunidad histórica

En 2012 el gobierno Santos comprendió que una victoria militar sobre la guerrilla no era posible ni deseable, y las FARC desestimaron su utopía de más de cincuenta años de llegar al poder por la fuerza. Tres factores explican esta situación: a) una guerrilla militarmente debilitada; b) un entorno internacional favorable a la paz; y c) el crecimiento del país en medio del mandato de un gobierno con perspectiva de reelección. Por primera vez, en 2013 había menos de ocho mil guerrilleros y la superioridad militar del Estado era evidente. La reputación de las FARC era tan baja que en 2012 42,2% de la población se oponía a una solución negociada (véanse Gráfica 1 y Gráfica 2).

Fuente: tomado de García, Montalvo y Seligson (2015, p. 80).

Gráfica 1 Porcentaje de apoyo a un acuerdo de negociación con las guerrillas. 

Fuente: tomado de García, Montalvo y Seligson (2015, p. 81).

Gráfica 2 Apoyo al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.  

Líderes de la izquierda revolucionaria como Hugo Chávez y Raúl Castro mediaron por la paz; además, otros grupos guerrilleros de la región demostraron que podían alcanzar el poder a través de elecciones (The Economist, 2015, octubre 31), como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador o el M-19 en Colombia. Asimismo, durante medio siglo las FARC han existido en áreas en las que el Estado no tenía presencia; sin embargo, el gobierno colombiano de 2012 es estable y capaz de cubrir el territorio. En este contexto, la lucha histórica de las FARC estaba perdiendo preponderancia, lo que podía obstaculizar sus ambiciones políticas.

En una guerra de más de cincuenta años contra la guerrilla más antigua del mundo, la clave de la transición hacia la paz era sellar un acuerdo en el que no hubiera vencedores ni vencidos. La inteligente maniobra para legitimar el proceso fue presentar la paz como una victoria de todos; una oportunidad histórica. El gobierno reforzó esa idea con la amenaza de que se trataba de un «ahora o nunca», con el poder evocativo de la despedida que se atribuye al guerrillero Alfonso Cano al concluir los diálogos de Tlaxcala: «Nos vemos dentro de 10.000 muertos» (Romero, 2016, octubre 5).

1.2 Una estrategia basada en el aprendizaje de los errores pasados

El actual modelo de negociación resume el aprendizaje de errores anteriores en tres estrategias: a) evitar la exclusión histórica que llevó a la formación de la guerrilla; b) corregir fallas procedimentales; y c) mostrar un compromiso firme.

Las políticas de Santos fueron acercándose a las demandas históricas de las FARC, invalidando sus argumentos para seguir luchando. La Ley de Víctimas y Restitución de tierras en 2011, la Ley Marco para la Paz en 2012 y otras medidas para ampliar el acceso a la tierra y la emisión de títulos para propiedades rurales se incluyeron en la negociación. Santos (2016) aprovechó la coyuntura para afirmar: «Esto es lo que necesita el campo; tenemos que hacer esto con o sin las FARC». Más tarde, ambas partes acordaron sustituir los cultivos de coca con alternativas legales por medio de erradicación manual, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara el glifosato como cancerígeno. Argumentar que los acuerdos eran, en cualquier caso, del interés de Colombia es un fuerte aparato legitimador.

Sin embargo, el giro más importante fue mejorar los procedimientos, como reducir la agenda de 47 a 6 puntos con cambios sustanciales: el modelo del Estado y del Ejército no serían negociables; no habría despeje de territorio, ni cese de operaciones militares; las conversaciones serían fuera de Colombia para garantizar la confidencialidad; el tiempo sería limitado y nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado; por último, la población refrendaría los acuerdos. El Estado debía además garantizar el cumplimiento de los acuerdos y marcar distancia respecto al exterminio de alrededor de 3600 miembros de la Unión Patriótica.

1.3 Legitimación a través de una política reconciliatoria de reconocimiento

Un gesto de apenas cuatro segundos bastó para encapsular el universo simbólico surgido del proceso de paz. Notablemente incómodo y presionado por Raúl Castro, Santos estrechó la mano del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, visto como un terrorista por muchos. Este acto institucional era la culminación de un proceso de reconocimiento de las FARC.

El solo hecho de instalar una mesa de negociaciones suponía renombrar a las FARC como institución política, en lugar de presentarlas como un grupo ilegal, y al mismo tiempo hacerlas partícipes de la solución en lugar del problema (Holsti, 1996). Alias Timochenko advirtió: «Volvemos a una mesa reconocidos como adversarios militares y políticos, convidados y protegidos por quienes nos persiguieron, acompañados y avalados por la comunidad internacional» (El Tiempo, 2012, septiembre 4). De esta forma, el gobierno también redefinió su propia identidad, convirtiéndose por primera vez en el dueño del monopolio del uso legítimo de la fuerza (Weber, 1964). Este paso significaba destruir la imagen que habían construido en torno al otro, reivindicarse ante la sociedad y comenzar un nuevo capítulo en la historia.

1.4 Revertir la política de deshumanización para desactivar la violencia

El conflicto colombiano ha seguido paso a paso la teoría del no reconocimiento (Lindemann, 2011), que afirma que las guerras no están motivadas solo por una búsqueda de la máxima utilidad, sino también por la búsqueda de reconocimiento. El comprometedor gesto de Santos dejaba al descubierto los límites de la teoría realista de la elección racional, que defiende que los actores buscan maximizar su poder evitando la guerra —o la paz— cuando el adversario puede infligir costes desproporcionados en comparación con los beneficios anticipados. Los argumentos de la elección racional desempeñan un papel fundamental, pero la búsqueda por la paz de Colombia no puede explicarse solo por esta lógica, ya que subestima la dificultad de justificar y legitimar la paz por motivos puramente materiales.

Los marcos de negación del otro como estrategia de guerra han estado presentes en Colombia desde el origen del conflicto, tensando el lazo entre la exclusión política y la insurrección (Nasi, 2010). En el imaginario popular la guerrilla se había convertido en un enemigo a erradicar. Las FARC pasaron de ser «enemigo político» a «enemigo absoluto» a través de la «aniquilación» de su entidad (Berger y Luckmann, 1999). El uso consistente de calificativos como «narcotraficantes», «terroristas», «delincuentes», «comunistas», «criminales», «bandidos» y hasta «ratas humanas» (Blu Radio, 2015, mayo 8), borró todo rastro político de la identidad de la guerrilla. Su constante negación tuvo la capacidad de transformar el histórico movimiento armado en una mera lucha contra el terrorismo, incluso recibir ayuda de Estados Unidos a través del Plan Colombia.

Este discurso tuvo efectos poderosos en la población y en la entidad de su enemigo, abriendo espacio para el odio y la venganza. La guerra ha sido posible de mantener por tanto tiempo porque las emociones de compasión y empatía fueron neutralizadas. La guerrilla también contribuyó al deterioro de su propia reputación por sus métodos —narcotráfico y secuestro— y por la pérdida de sus objetivos originales. Pero ni los narcotraficantes ni los grupos paramilitares sufrieron tal proceso de degradación, haciendo de las FARC un chivo expiatorio (Verdad Abierta, 2015, julio 31).

La política de Santos de restaurar la entidad de su oponente —no enemigo— y de hablar del conflicto −no lucha antiterrorista− fue clave para revertir el proceso de deshumanización. El poder de esas concesiones simbólicas muestra cómo la pacificación social pasa por un ritual de compartir historias para recuperar la empatía.

1.5 Reconciliarse con la historia y con las víctimas poniéndolas en el centro

Las FARC también dieron un giro en el reconocimiento de su culpabilidad, pasando de negar su responsabilidad y atribuirla a un «Estado criminal», hasta llegar a admitir que han «cometido errores», en un mea culpa sin precedentes (Lafuente, 2015, noviembre 20):

Para superar el pasado era necesario abordar la verdad a través de un proceso de justicia transicional (Lecombe, 2013), en el que el fin de la violencia estuviera ligado a la capacidad colectiva de seleccionar y reproducir una historia que fomente el reconocimiento y la reconciliación, no la vergüenza.

La participación de las FARC en la Comisión de la Verdad permitió crear esa narrativa común del conflicto para entender y evitar la repetición (Castrillejo, 2015). Pero, más significativamente, aceptaron ser juzgadas y condenadas por una corte, otro reconocimiento inédito a la autoridad del Estado. De esta forma, las FARC admitían que no eran solo víctimas rebeldes de la injusticia social y de un Estado opresor, sino también victimarias que cometieron crímenes terribles que no podían justificarse como lucha política.

La política de reconciliación incluyó no solo el reconocimiento a los 7,7 millones de víctimas, sino también considerarlas una voz central en los diálogos (Nussio, Rettberg y Ugarriza, 2015) como parte del rito de reconciliación (Bourdieu, 1991). La política de reconciliación implicó pedir perdón, e incluso la promesa de reparación y no-repetición. Como resultado, el respaldo de las víctimas como voz autorizada es un elemento decisivo para la legitimidad y la reconciliación simbólica del país. Y en lugares donde las FARC llevaron a cabo actos simbólicos de perdón, como en Bojayá, la población votó mayoritariamente Sí en el plebiscito.

Anticipando los beneficios de la justicia transicional antes de la firma del acuerdo, las FARC dieron pruebas de su compromiso (Lecombe, 2013). Paradójicamente, las víctimas están más inclinadas a perdonar que el resto de la población (Semana, 2014, octubre 25), lo que sugiere que las acciones simbólicas fueron necesarias pero no suficientes para legitimar el proceso. En ello influye que parte de la población consideró que reparar a las víctimas es un deber de las FARC y no una prueba de buena voluntad.

2. Desmovilizar las mentes: instalar una «cultura de paz»

2.1 Presentar la paz como un imperativo social para la construcción de la nación

Legitimar el proceso de paz pasaba por demoler la cultura de la solución militar y convencer a la población de que la única salida al conflicto era el diálogo. El gobierno de Uribe promovió la idea de que la paz solo sería alcanzada con más violencia y basó la confianza en las instituciones en su capacidad de combatir y derrotar al enemigo. En ese contexto, la violencia contra la guerrilla era percibida como justa y necesaria (Ayoob, 1991; Elias, 2010).

La clave del proceso fue redefinir el modo en el que el conflicto estaba enmarcado (Edelman, 1985), rompiendo el silogismo que unía terminar la guerra con ganar la guerra, para hacer que significara alcanzar la paz. Colombia necesitaba revertir la idiosincrasia de «naturalizar la violencia y entenderla como el resultado de una tragedia evitable» (FIP, 2016). Santos evocó su autoridad como exministro de Defensa para probar que un triunfo militar no era posible: la victoria era la paz (Elhawary, 2008).

El recurso empleado fue cuestionar «verdades» previas: ¿qué era válido: derrotar al enemigo o reintegrarlo en sociedad? ¿Cuál es la victoria: una militar que siembre odio o la paz con los viejos enemigos? ¿Cuál es el problema: no ganar la guerra o ganar una guerra sin resolver el problema histórico que la generó? En esa misma línea, el planteamiento de si el país estaba listo para la paz contribuyó a presentar el proceso como una prueba de madurez y civilización.

En esta sección se ponen en diálogo las teorías de las redes de significado y la construcción de problemas (Edelman, 1985), con los repertorios de acción colectiva (Tilly, 1984) y el concepto de rito de institución (Bourdieu, 1991) como herramientas analíticas.

2.2 Continuar el combate militar para mantener las puertas abiertas si el diálogo falla

La continuación de la lucha armada supuso una señal para la elite opuesta a las negociaciones. La eficacia de estos dos repertorios de acción —la retórica de reconciliación y la celebración de victorias militares— descansa en dos círculos interconectados: uno definido por la coerción y otro por el capital político. En las fases de avance de la negociación, el gobierno minimizaba el discurso militar y recurría a él cuando la coerción era necesaria. Lo mismo hicieron las FARC, quienes recrudecían sus ataques para llegar reforzadas a los puntos sensibles de la agenda.

Esta realidad se hizo evidente en el asesinato de once soldados en el Cauca, en medio de un cese unilateral del fuego declarado por las FARC. La guerrilla culpó a la inconsistencia del gobierno y reclamó el cese bilateral urgente. Santos se refirió a este como un «ataque terrorista», volviendo al viejo lenguaje (Bermúdez y Azuero, 2014, julio 10).

En este sentido, ha sido clave desminar las palabras para transformar el lenguaje en una retórica de paz. La teoría neo-kantiana otorga al lenguaje y a las representaciones una eficacia simbólica específica en la construcción de la realidad, y la definición del problema a través de una red de significados genera autoridad (Edelman, 1985). Sin embargo, el gobierno no logró superar la dicotomía que trataba de dividir a las FARC entre un grupo terrorista o una insurgencia política.

Por último, las FARC actualizaron su lenguaje anclado en la semántica de la oligarquía, el Estado criminal y la lucha de clases (CNMH, 2014a) para abordar una agenda más progresista. Por ejemplo, ya no hablaban de suprimir los acuerdos de libre comercio, sino de revisarlos, rebajando sus expectativas sobre los cambios sistémicos que podrían hacer.

La transformación simbólica del discurso de la guerrilla es un intento de superar la desconfianza sobre su transición a la política. Uno de los líderes de las FARC, alias Marco León Calarcá, aclaró: «No estamos pidiendo la ‘revolución por contrato’, sino una reestructuración política sólida que nos permita participar en la construcción de una verdadera democracia» (Molano, 2013, mayo 18).

2.3 Pasar de la violencia a la política: la dejación de armas

El elemento clave para desenredar el salto de las FARC a la política era el desescalamiento de la violencia. Las FARC habían dado fuertes pasos con el cese unilateral del fuego; sin embargo, la entrega de armas era el punto más delicado y la guerrilla usó el asesinato de líderes sociales como argumento para evitarlo, generando cierta incertidumbre contraria a la legitimación del proceso. Alias Andrés París anunció: «Nadie va a tener la foto de la entrega de las armas de las FARC». Alias Catatumbo añadió: «Las FARC van a dejar las armas, pero no a entregarlas (…). Si lo que quieren es la satisfacción de humillarnos, no nos pidan eso» (Molano, 2013, mayo 18).

Las FARC temían que la entrega de armas pudiera ser vista como un signo de derrota y subyugación; significaba rendirse cuando no habían sido derrotadas (Coser, 1961; Galtung, 1965). El problema real es que la paz quedó reducida a un debate terminológico sobre el abandono de las armas. Finalmente, la entrega de armas quedó en manos de Naciones Unidas, un organismo internacional de máxima legitimidad, lo que trajo consigo múltiples representaciones simbólicas para el rito de paso, como el compromiso de fundir las armas para hacer monumentos y el «balígrafo», una bala convertida en bolígrafo en la que se puede leer: «Las balas escribieron nuestro pasado, la educación, nuestro futuro», recordando que en 2016, por primera vez el gobierno asignó más presupuesto para la educación que para el conflicto.

El acierto del diseño del modelo para la dejación de armas fue incluir a jefes militares en el Subcomité para la Terminación del Conflicto, devolviendo al ejército su legitimidad para defender a la población tras años de exponer una «vulnerabilidad militar» (Lindemann, 2011), y evitando un posible boicot del Ejército, como había sucedido en intentos de paz anteriores. Alias Timochenko señaló que el papel de los militares había sido clave: «Se necesitan militares activos en la mesa. Y nunca fue posible en otro proceso. El debate entre hombres que conocen la guerra facilita las cosas» (Gómez Giraldo, 2016, marzo 13). El gobierno ha reforzado consistentemente estas señales, por ejemplo, nombrando al general Óscar Naranjo, ministro de la Presidencia para el Posconflicto.

Otro elemento clave fueron las acciones unilaterales de buena voluntad de las FARC, como el acuerdo humanitario para el desminado,3 el fin del secuestro extorsivo4 y el freno al reclutamiento de menores, que han contribuido a desactivar el conflicto, abandonando gradualmente los recursos violentos a favor de otros reconciliatorios.

En resumen, la consistencia entre el discurso de las FARC y sus actos probó ser sustancial para la aprobación tanto de sus ambiciones políticas como para la legitimidad del proceso de paz. Como resultado, desde 2013 ha habido un significativo aumento en los índices de confianza para todos los actores armados tras ocho años de declive, y la favorabilidad en garantizar la participación política entre los desmovilizados está creciendo lentamente (véase Gráfica 3).

Fuente: elaborado a partir de García, Montalvo y Seligson (2015, p. 84) y García, Rogríguez-Raga, Seligson y Zechmeister (2015, p. 208).

Gráfica 3 Actitudes hacia que el Gobierno garantice la participación política de miembros desmovilizados de las FARC (2013-2015). 

3. La promesa de un futuro esperanzador

El término posconflicto ha estado presente desde el lanzamiento de los diálogos para mostrar todo lo que podría traer la paz, convirtiéndola en un acto refundacional de la patria (Castañeda, 2014). Aunque ese futuro promisorio fue un fuerte aparato legitimador, el acierto del gobierno fue rebajar las expectativas, advirtiendo que el posconflicto sería tan difícil o más que los diálogos de paz, y que es posible que nuevas versiones de bandas criminales emerjan, perpetuando otros tipos de violencia y saboteando del posconflicto, ya que son las más beneficiadas con las economías de guerra.

En casos como el de El Salvador, al firmarse la paz la sociedad esperaba que los acuerdos solucionaran los problemas políticos, institucionales, sociales y económicos, y a pesar de que el número de homicidios aumentó, en la mente de la población los acuerdos fueron exitosos e impusieron un tipo de pacificación (Salgar, 2015, junio 8). En el caso de Colombia, aunque se firmaron los acuerdos con las FARC todavía hay otros grupos armados que amenazan la paz. Por eso el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es otro elemento para generar confianza en el proyecto de paz.

3.1 Conectando el posconflicto con el desarrollo: cerrando brechas con el campo

El poder legitimador de la idea del posconflicto procede de dos estrategias: a) igualar paz con desarrollo; y b) involucrar a las comunidades en el diseño de la paz.

El posconflicto ha sido presentado como la oportunidad de crear instituciones más inclusivas que extiendan el Estado de derecho y se dirijan hacia mayores niveles de bienestar social e igualdad. Detrás de este argumento está la idea que sin la lucha militar el Estado tendrá la capacidad y los recursos para concentrarse en los problemas reales del país, pospuestos durante décadas. La paz se ha convertido en el motor transformador para superar la inestabilidad institucional, cerrando brechas con el campo. Por otra parte, el posconflicto pretende involucrar a las comunidades en la discusión sobre el nuevo país que se espera, como una forma de ganar su autorización y respaldo.

La fortaleza de estas dos estrategias performativas es que apelan a una autoridad carismática (Weber, 1964), como la campaña en la que Santos pregunta a varias madres si prestarían a sus hijos para la guerra (Santos, 2014, mayo 29), lo que contribuyó a generar una sensación de que otro país era posible. También ha sido crucial el apoyo de actores legitimados de la sociedad, como la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, uno de los símbolos de la era del secuestro, quien presentó la reconciliación como una oportunidad para cambiar los esquemas de violencia en la idiosincrasia de Colombia (Betancourt, 2016, mayo 6).

4. Contrarrestando el saboteo: una lucha de narrativas

4.1 Cooptando a Uribe para alcanzar la paz de «todos los colombianos»

Álvaro Uribe, exgobernador de Antioquia (1995-97) y expresidente de Colombia (2002-2010), se convirtió en el mayor saboteador del proceso de paz, librando una batalla personal con hasta cuarenta tuits diarios con mensajes como: «Santos no es la paz la que está cerca, es la entrega a Farc y a la tiranía de Venezuela» (Semana, 2014, octubre 25). El boicot se agravó durante la campaña presidencial de 2014, cuando el sucesor de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, contrató a un hacker para espiar las comunicaciones entre el gobierno y las FARC.

Pero a pesar de que muchas de las afirmaciones de Uribe resultaron falsas o «sin sentido» (The Economist, 2014, noviembre 1), Uribe creó su propia narrativa de racionalidad lejos de sus evidentes beneficios personales para justificar una de las posiciones más difíciles de defender: el no a la paz,5 refiriéndose a los acuerdos como «claudicación», «golpe de Estado» y «dictadura». Incluso se declaró «en rebeldía».

Este artículo afirma que Uribe es un saboteador entendido como «líderes y partidos que creen que la paz emergente de negociaciones amenaza su poder, visión del mundo e intereses, y utilizan la violencia para socavar los intentos de alcanzarla» (Stedman, 1997). Tras el fracaso del Caguán fue fácil para Uribe construir una narrativa extremista de combate que conectó con el odio y el anhelo de venganza de la gente. Su propia historia representa a la oligarquía de los terratenientes antioqueños afectados por los grupos guerrilleros, en un populismo de derechas que prometía poner orden al narcotráfico, presentando a Venezuela como el antimodelo. Esa legitimidad permitió que durante su gobierno se organizaran las Autodefensas Unidas de Colombia para combatir a las FARC, y pese a ello y a las persistentes violaciones a los derechos humanos logró mantener su popularidad por encima del 85% al final de su segundo mandato. Su discurso alcanzó a convencer a sus seguidores de que una «victoria diluida» sobre las FARC era posible, y que, por tanto, negociar suponía reinventarlas (CNMH, 2014a).

El mayor problema reside en la idea de que la paz no puede alcanzarse sin Uribe. Tras el rechazo del exmandatario a reunirse en privado, Santos reafirmó su compromiso: «La paz se va a lograr con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él. Que sea una paz de todos» (Lafuente, 2016, marzo 17). La señal más fuerte para Uribe fue asegurarle que mantendría su inmunidad pese al acuerdo de justicia transicional, lo que le permitía evitar ser juzgado por crímenes cometidos en el marco del paramilitarismo.

A partir de 2015 el expresidente cambió su diatriba y aclaró que su oposición no es a la paz, sino a la impunidad, mostrando una posición menos hostil con términos como «reenfocar los acuerdos», «reformar los términos», «reorientarlos».

4.2 La apropiación del discurso de paz como método deslegitimador

Con la llegada del plebiscito, Uribe logró canalizar el rechazo a las FARC articulando la campaña por el No en torno a las dos «concesiones» del acuerdo: que los guerrilleros rasos no irán a la cárcel y que podrían participar en elecciones al Congreso. Uribe alegó que esto significaba pagar un precio demasiado alto y que las FARC no merecían tales concesiones. De esta forma transformó su negativa a la paz en una negativa al acuerdo de paz: «Solamente nos queda la opción de decir Sí a la paz votando No al Plebiscito» (Noticias RCN, 2016, agosto 3).

Convertirse en un pacifista e incluso insistir en que su lucha era por una paz más justa, se tornó una «tercera vía» para los que no querían ver a las FARC como un nuevo grupo político, pero que a la vez no podían seguir defendiendo la guerra en este nuevo contexto.

Si el éxito legitimador de Santos fue advertir que toda Colombia ha salido ganando con el acuerdo, Uribe anuló ese efecto alegando que Santos se había «arrodillado» ante las FARC. Los símbolos de perdón y reconciliación se contrarrestaron con otros que cuestionaban la convivencia con aquellos que habían sido sus enemigos, generando el sentimiento de que los exguerrilleros se convertirían en ciudadanos con sus mismos derechos. Más allá de la justicia transicional y de las instituciones, eso despertó un sentimiento de que los exguerrilleros se habían «igualado» sin tener derecho a ello.

Para entender el respaldo a Uribe y al No, que obtuvo un 50,21% de los votos en el plebiscito, es importante comprender la profundidad de los símbolos puestos en juego. Este artículo defiende la tesis de que Uribe secuestró la idea de la paz, articulando el repudio a las FARC mediante una retórica de miedo y desinformación (The Economist, 2016, septiembre 10).6 Uribe, como líder carismático, guió la campaña a través de las emociones de odio a las FARC, haciendo que los argumentos racionales y los intentos legitimadores de las partes negociadoras no lograran cambiar los esquemas cognitivos en tan corto espacio de tiempo (Marx, 1968). Por ejemplo, tras combatir la supuesta impunidad que ofrecía el acuerdo, Uribe propuso amnistía a guerrilleros sin condenas y «alivio judicial» a policías y soldados, lo que no suponía ningún cambio respecto a la jurisdicción especial contemplada en los Acuerdos. Es importante precisar que el mérito no fue solo de Uribe, sino que él canalizó el rechazo que todavía existe hacia las FARC.

4.3 Una campaña por el Sí bañada de asociaciones negativas

Parte del apoyo que obtuvo el No se lo dio la campaña por el Sí, rodeada de imágenes negativas, como «tragarse sapos», y utilizando el miedo: «si gana el “no” tendremos enormes dificultades para retomar las conversaciones»; «el llamado a renegociar es un llamado a la incertidumbre» (Lafuente y Palomino, 2016, octubre 1); o «si el plebiscito no se aprueba, volveremos a la guerra» (Santos, 2016, junio 16).

Pese a los esfuerzos legitimadores que alegan que «lo acordado es lo mejor que se pudo lograr» o que «la impunidad con nombre de justicia transicional es el costo de una guerra», el acuerdo no logró cambiar los marcos cognitivos y los esquemas de valores de la sociedad. Eso explica la distancia entre el respaldo unánime de la comunidad internacional —incluyendo la concesión del premio Nobel de la Paz a Santos—, y el rechazo interno hacia el Presidente.

Pese a que la falta de respaldo de la campaña por el Sí no se puede atribuir a una sola causa, algunos analistas apuntan a que faltó humildad para escuchar las críticas, ya que en realidad el acuerdo cambiaba lo que muchos no querían cambiar. A eso se suman el escaso tiempo para hacer campaña y la falta de un fuerte símbolo por la paz, más allá de asumir que el agotamiento de la guerra haría que la gente aceptara el acuerdo.

Conclusión

Con el triunfo del No en el plebiscito, cabe preguntarse hasta qué punto se legitimó realmente el proceso de paz. El objetivo de este artículo era analizar cómo se articuló la legitimación del proceso de paz, y en ese sentido, pese a que el referendo dio como resultado un rechazo a los acuerdos, se generó un consenso mayoritario en torno a la búsqueda de la paz, avalando los diálogos como método de resolución del conflicto.

La reacción de las FARC de mantener su voluntad de paz, las marchas universitarias que siguieron al plebiscito, el restablecimiento de la mesa de negociación, las rondas de diálogo con la oposición y el rápido anuncio de un nuevo acuerdo avalan la hipótesis inicial de que el capital simbólico puesto en juego por las partes negociadoras fue trascendental para sembrar un cambio que legitimara la paz como salida al conflicto.

Santos tenía razón al afirmar que el peor enemigo del proceso es el escepticismo y su falta de legitimidad (Santos, 2013, octubre 8). Los rituales de institucionalización y rehumanización de las FARC han sido cruciales para encontrar nuevos repertorios de acción (Bergamaschi, Tickner y Durán, 2016) y nuevas redes de significación que contribuyeron a crear una ruta hacia la reconciliación nacional.

Sin embargo, también hay errores y torpezas que han impedido una mayor legitimación, no solo del proceso de paz sino de los Acuerdos: primero, tanto el Gobierno como las FARC desestimaron la enorme aversión que todavía existe hacia estas y las acciones simbólicas del grupo guerrillero fueron escasas y tardías. Las FARC también tardaron en entender que no tenían el apoyo que creían y que necesitaban una estrategia articulada para generar algo más que actos aislados de perdón. Segundo, se subestimó el enorme respaldo que la solución militar mantuvo durante gran parte de las negociaciones, profundizando la polarización. Por último, el Gobierno ha carecido de una campaña real de comunicación para difundir las bondades del acuerdo —el documento final constaba de 297 páginas con un lenguaje farragoso—, y sus esfuerzos han estado más centrados en responder tanto a afirmaciones de las FARC como a los ataques de saboteadores.

Pero más importante es la falta de un espacio real para la reconciliación social. Los muy anticipados beneficios del posconflicto están efectivamente teniendo lugar, pero todavía hay resistencia por parte de la población en asumir la cultura de paz y, en especial, la reintegración de guerrilleros, que sigue siendo tabú.

A esto debe añadirse que el posconflicto podría traer más violencia, generando la sensación de que la paz no hubiera cambiado nada. Los muy prometidos planes para la reintegración están supeditados a la voluntad política y social, así como a los recursos para cumplir con todo lo acordado. La decepción puede llegar desde varios frentes.

Por eso es importante para la legitimidad del proceso que la población sienta que gana más con la paz que lo que tenía que perder manteniendo la guerra, y que el beneficio simbólico de la reconciliación es más importante que el material. Los tímidos pasos seguidos por el Gobierno y otros líderes para reforzar la imagen-país y el sentimiento nacionalista y de hermandad entre los colombianos apuntan a esta dirección. Al final, la paz es entre colombianos, no con las FARC.

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*El artículo se deriva de la tesis The Construction of Legitimacy through Symbolic Capital: The Case of the Colombian Peace Process, realizada para el Máster en Ciencias Políticas en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica, en el curso 2015-2016.

Cómo citar este artículo Larraz Elorriaga, Irene. (2017). La construcción de legitimidad a través del capital simbólico. El caso del proceso de paz de Colombia. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 50, pp. DOI: 10.17533/udea.espo.n50a14

1Eje de la administración Uribe. Su objetivo era intensificar el conflicto armado para restaurar la autoridad del Estado mediante el contra-terrorismo y el anti-narcotráfico. Esta «pacificación» se presentó bajo una narrativa en la que matar era un mal necesario (Semana, 2005, septiembre 18).

2La condición de legitimidad corresponde al consentimiento de la población, la cual se adhiere libremente a un poder que no está fundado en la coerción (Lemay-Hébert, 2014).

3En junio de 2015, por primera vez un batallón del ejército y un grupo de guerrilleros trabajaron juntos para localizar y eliminar minas antipersona. El proyecto comenzó en El Orejón, Antioquia, un pueblo con más minas que personas. Desminar el campo era clave para cumplir con las responsabilidades del acuerdo y un fuerte símbolo de consistencia.

4Las FARC cumplieron su promesa con la liberación del general Alzate, en 2014.

5El mismo Uribe trató de iniciar durante su gobierno un diálogo con las FARC (Molano, 2013, mayo 18).

6El gerente de la campaña por el No, Juan Carlos Vélez, reveló que la estrategia se basó en «tergiversar mensajes» y «dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación» (El País, 2016, octubre 6).

Recibido: Junio de 2016; Aprobado: Octubre de 2016

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