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Introducción
El objetivo de este artículo es caracterizar la influencia de la participación comunitaria, la gobernabilidad y la gobernanza en experiencias de construcción paz para el posconflicto desde el departamento del Cauca, Colombia. A partir de un plano descriptivo, se analiza y se caracteriza el proceso comunitario: Lerma: Territorio de Convivencia y Paz.1 La reconstrucción y reconocimiento de este tipo de dinámicas permite tener mayores elementos de análisis para los diversos actores sociales y políticos involucrados en discutir sobre la materialización del posconflicto; además, proporciona herramientas para debatir y confrontar las nociones y elementos teóricos «clásicos» alrededor de la gobernabilidad y la gobernanza.
De otro lado, esta propuesta se presenta como una oportunidad para conocer los procesos de participación comunitaria que se gestan desde el ámbito territorial, contextos en el que el tema de la construcción de paz, la resolución de conflictos y los marcos de convivencia se constituyen como ejes articuladores del desarrollo local. El reconocimiento y análisis de esta experiencia permite considerar nuevos mecanismos participativos desde lo territorial, acordes a la promoción de nuevos modelos de planeación basados en la gobernabilidad democrática y la superación del conflicto.
El carácter de este estudio es de tipo descriptivo y exploratorio, puesto que además de caracterizar y detallar el proceso organizativo de esta comunidad en relación con la conformación de «hechos de paz», también se constituye en una posibilidad para conocer una dinámica sociopolítica poco estudiada, la cual puede aportar nuevos conceptos y modelos relacionados con la gobernabilidad y la gobernanza desde los territorios. Para la recolección de datos, se privilegió la realización de entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave involucrados en el proceso organizativo y comunitario de esta región. En este caso, se tomó como referencia a los principales promotores de esta iniciativa.
Concretamente, se tienen en cuenta tres dimensiones para el análisis: redes y relaciones de actores, participación e incidencia de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y capacidad de los actores sociales para transformar su realidad social. De igual forma, se acude a referentes teóricos y estudios previos relacionados con el tema, los cuales ayudan a enmarcar tanto el debate teórico inicial como la contextualización del territorio.
1. Gobernabilidad y gobernanza desde los territorios
Independientemente de la multiplicidad de sentidos que han adquirido en razón a los diversos contextos sociopolíticos y socioeconómicos en los que han evolucionado, los términos gobernabilidad y gobernanza guardan una estrecha relación, ya que activan y refuerzan el orden de la política, es decir, se encuentran comprometidos con los procesos de toma de decisiones, los cuales no solamente se dirigen a rescatar marcos de cooperación y convivencia sino también a considerar conflictos (Revesz, 2009). Esta condición permite que ambos conceptos apunten a direcciones complementarias de la administración del poder: por un lado, la gobernabilidad representa su verticalidad y, por el otro, la gobernanza evoca la multidireccionalidad (Cante y Trujillo, 2014). Para efectos de este artículo, se privilegiarán aquellas acepciones que destacan la importancia de los procesos participativos y el desarrollo territorial local, no sin antes hacer algunas precisiones semánticas e históricas alrededor de los dos conceptos.
1.1 Origen y evolución de los términos
En sentido estricto, el término «gobernabilidad» se refiere a la habilidad de gobernar, es decir, la cualidad que el Estado y el gobierno adquiere en la medida que hace uso de sus recursos para alcanzar una efectividad y una legitimidad mínima respecto a las decisiones que toma en una sociedad (Revesz, 2009). Este es un concepto propio de la Ciencia Política que irrumpe en la primera mitad de la década de 1970, el cual se vio seriamente comprometido con los intereses del ideario neoliberal de la época, la cual a partir de la conformación de esta serie de conceptos intentó dar explicaciones a la profunda crisis política, social y económica por la que se estaba atravesando (Benavides y Duarte, 2010).
En el caso de Latinoamérica y otros países que experimentaron la llamada tercera ola de la democratización en la década de 1980 (Huntington, 1994), la noción de gobernabilidad fue adaptada para tratar de comprender los procesos de transición democrática; en este caso, adquiere el rótulo de «gobernabilidad democrática» (Prieto, 2003); sin embargo, a pesar de las buenas intenciones para llevar a feliz término este proyecto, todavía se sobreponen criterios de racionalidad económica, basados principalmente en políticas de ajuste y determinismos tecnocráticos que enfatizan sobre la inevitable reducción del Estado. Para la década de 1990, como consecuencia del proceso de globalización de la economía, este término se tiende a ajustar y pasa a comprenderse como «buen gobierno», producto de la insistencia por parte de los organismos internacionales de financiación —caso Banco Mundial— que simplifican la lógica gubernamental a partir de los siguientes planos: «el uso de la autoridad política, la práctica de control sobre una sociedad y la gestión de sus recursos para el desarrollo social y económico» (Rosas, Caderón y Campos, 2012, p. 115).
Las dimensiones propias que constituyen a la gobernabilidad se dan a partir de tres factores: efectividad, legitimidad y estabilidad; en ese orden, su conformación depende de la capacidad del gobierno para promocionarlas (Camou, 2000). Los criterios en los que se enmarca la gobernabilidad desde esta lógica son los siguientes: «1) el Estado de derecho: seguridad de los ciudadanos, respeto de la ley e independencia de los magistrados; 2) la buena administración: gestión pública eficaz y equitativa; 3) la responsabilidad y la imputabilidad: rendición de cuentas por parte de los dirigentes políticos frente a la población, y 4) la transparencia: información disponible y fácilmente accesible» (Hufty, 2006 citado por Cante y Trujillo, 2014, p. 29). De otro lado, en Latinoamérica y otros lugares del mundo, desde hace algunos años se ha articulado el término «gobernabilidad territorial», aspecto dirigido a analizar tres fenómenos en particular: la descentralización, el desarrollo y la nueva configuración territorial (Revesz, 2009).
Respecto al término «gobernanza», su origen es más reciente y se encuentra comprometido con el ámbito de la economía institucional y de la regulación (Rosas, Calderón y Campos, 2012). Para una aproximación inicial, la gobernanza es entendida como una forma de gobernar, concretamente, como un proceso en el que se ponen de presente las relaciones entre el Estado y la sociedad (Revesz, 2009). En este caso, entran a operar los aspectos instrumentales relacionados con el ejercicio del poder, es decir, se destacan aquellas facultades propias del Estado y del mismo gobierno y, a su vez, se reconocen las que provienen del resto de organizaciones e instituciones que están «afuera» pero que también inciden en el debate político.
El origen del concepto gobernanza tuvo lugar a finales de la década de 1980. En primera instancia, surgió en correspondencia con las reformas al sector público ocurridas en Europa, producto de las recomendaciones hechas por el Banco Mundial, las cuales estaban dirigidas a simplificar los procesos de intervención de los poderes públicos y facilitar la intervención de la toma de decisiones a agentes colectivos no estatales, en este caso, preferiblemente económicos (Rosas, Calderón y Campos, 2012).2 Por otra parte, no hay que perder de vista que la noción anglosajona, governance, ya había sido implementada en la década de 1960 desde la llamada teoría de la dirección política, la cual consistía en el análisis del papel de la autoridad política en su propósito de regular los procesos y las estructuras socioeconómicas; sin embargo, más adelante esta tarea trascendió, dejando de ser una teoría prescriptiva dirigida a la planificación de políticas a concentrarse en el desarrollo e implementación de estas (Prieto, 2003). La confusión semántica del término provocó la generalización y relativización del mismo, en el sentido de que la mayoría de sus acepciones están sujetas a contextos político-administrativos diversos. En este escenario, tomó fuerza la perspectiva relacionada con «la adopción de nuevas modalidades de la gestión pública que responden a la idea de que los regímenes democráticos reforzaban su legitimidad y su eficiencia tomando en cuenta las interacciones entre la esfera gubernamental, el mundo de la empresa y diversos actores de la sociedad civil» (Revesz, 2009, p. 34). En consecuencia, se puede decir que el término gobernanza es un concepto en construcción, lejano aún de un significado único e intersubjetivo; sin embargo, en los últimos años se destaca su influencia e intervención en los procesos de toma de decisiones.3
El marco analítico propuesto por Marc Hufty (2009) ayuda a comprender mejor la evolución y aplicabilidad del concepto. En ese sentido, la gobernanza puede ser agrupada a partir de tres enfoques: como sinónimo de gobierno, como marco normativo y como marco analítico para los sistemas de coordinación no jerárquicos.4 Esto corrobora la superación de la lógica clásica del concepto, pasando a constituirse una relación más horizontal en la que intervienen diversos actores sociales, administrativos y empresariales, todos comprometidos con el direccionamiento de la sociedad y la economía. De esta forma, la gobernanza empieza expresarse y configurarse desde diversos ámbitos, a saber: gobernanza multinivel o global, gobernanza democrática, gobernanza territorial o local y gobernanza urbana integrada (Hufty, 2009; Rosas, Calderón y Campos, 2012). De otro lado, autores como Francisco Longo (2009, 27-30 de octubre), Claire Launay (2005) y Luis Aguilar (2006) se inclinan por hacer una distinción entre una definición descriptiva y una normativa o prescriptiva sobre el término, conformándose nociones tales como buena gobernanza, gobernanza como eficacia, nueva gobernanza, entre otras.
Para efectos de este artículo y advirtiendo su énfasis sobre lo territorial, se privilegia la disertación hecha por Freddy Cante y Luisa Trujillo (2014), quienes a partir de las consideraciones hechas por Jan Kooiman definen a la gobernanza como la manera en que los grupos políticamente organizados buscan resolver los problemas a través de acciones colectivas novedosas.
1.2 Gobernabilidad territorial y gobernanza local
Los términos gobernabilidad territorial y gobernanza local responden a dinámicas asociadas a la aparición y conformación de procesos propios de la globalización, en las cuales, ante la incapacidad del Estado para resolver y atender el sinnúmero de demandas sociales, diversos actores sociales y políticos del orden local se postulan como agentes relevantes para la consecución de la gobernabilidad (Prieto, 2003). El uso de estos términos ha sido muy común durante los últimos años en Latinoamérica, contexto en el cual han tenido lugar procesos sociopolíticos de gran impacto en el ámbito territorial, entre los que se destacan la descentralización, la subsidiariedad y el desarrollo local.
Este contexto posibilita que nociones como las de gobernanza territorial o gobernanza local se afiancen, toda vez que se constituye en un proceso organizativo de carácter amplio basado en la interacción de intereses y de actores presentes en el territorio. La conformación de esta estructura permite la elaboración de una «visión territorial compartida», indispensable para obtener la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, desde lo local a lo supranacional (Rosas, Calderón y Campos, 2012, p.124).
En concreto, la gobernanza territorial guarda una profunda relación con la gobernabilidad, en el sentido de las acciones del gobierno e implica la conformación de un nuevo modelo operativo para los actores y sectores que intervienen en la toma de decisiones y en la actividad política en general (Rosas, Calderón y Campos, 2012). Un componente esencial en este escenario es el protagonismo que adquiere la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, cuestión que, de paso, es motivo de estudio en el presente artículo. Para el caso de Colombia, algunos autores asumen que la participación es un acto eminentemente político que contribuye a afianzar y legitimar los procesos de toma de decisiones en el orden local (Velásquez y Gonzáles, 2003 citados por Milanés, 2015). De otro lado, cuando se pone de presente la relación entre la participación y los procesos de movilización social, estos coadyuvan a legitimar la conformación de políticas públicas locales, puesto que existe una relación un poco más «horizontal» en términos de relaciones de poder entre los representantes de la sociedad civil y la institucionalidad (Sarmiento, 2010 citado por Milanés, 2015).
Este marco de acción permite identificar tres dimensiones esenciales en los que se ratifica el proceder de la gobernanza desde el ámbito local:
Coordinación y Cooperación: se evalúa la relación entre gobierno local y organizaciones sociales (Redes/relaciones de actores).
Participación/Incidencia: la ciudadanía debe ser parte de los procesos de toma de decisiones que le afecten o le interesen.
Transformación: se evalúa la capacidad del actor social para incidir de forma efectiva y clara en los procesos de política pública y transformar sus realidades (Milanés, 2015, p. 10).
2. Breve aproximación a la conflictividad sociopolítica del departamento del Cauca
Para tener mayor claridad respecto al proceso comunitario sobre el que se enfatiza el presente artículo, es indispensable hacer un bosquejo sobre las actuales conflictividades sociopolíticas del departamento del Cauca, teniendo en cuenta tanto sus antecedentes como su impacto en el ámbito regional. Sin embargo, antes de remitirnos a cada uno de ellos, resulta conveniente hacer una descripción sociodemográfica del territorio.
2.1 Características sociodemográficas del departamento del Cauca
El departamento del Cauca cuenta con una extensión 30 169 Km2, se encuentra ubicado al suroccidente de Colombia, entre las regiones Pacífica y Andina y las cordilleras Oriental y Central. Limita al sur con Putumayo y Nariño, al occidente con el océano Pacífico, al oriente con Huila y al norte con Tolima y Valle del Cauca. Político-administrativamente está conformado por 42 municipios, distribuidos en 6 subregiones: Norte, Centro, Pacífico, Oriente, Sur y Macizo. El departamento cuenta con una población estimada en 1 268 937 habitantes, con una proyección a 2014 de 1 366 984 habitantes, de los cuales 20,72% se reconocen como indígenas y 22,9% como afrocolombianos; 40,53% de la población habita en centros poblados, mientras que el restante 59,47% está establecida en el sector rural (DANE, s. f.).
2.2 Actuales conflictividades sociopolíticas del departamento del Cauca: antecedentes, causas e impactos
De entrada, hay que tener en cuenta que el departamento del Cauca ha sido históricamente un territorio de disputa y control territorial, de heterogeneidad cultural y con procesos políticos especiales como las movilizaciones indígenas y campesinas, la persistencia de élites políticas tradicionales y la presencia de economías legales e ilegales. Sumado a lo anterior, el narcotráfico y el conflicto armado se disputan el control de las vías, los corredores estratégicos y los centros de procesamiento de la droga (Chilito y Calvache, 2018).
Entre las hipótesis más sobresalientes que intentan explicar las diversas conflictividades sociopolíticas del departamento del Cauca se encuentra aquella que se refiere a las crisis de poder y de relevo de una clase política «aristocrática», la cual se niega a abandonar sus privilegios heredados desde la colonia, y de las mismas guerras intestinas del siglo xix. Este hecho impacta enormemente en diversos ámbitos, por ejemplo: en lo económico se mantienen formas de organización como la hacienda, la cual ha facilitado el sometimiento de campesinos, indígenas y afrodescendientes; fuera de ello, se constituyó en un obstáculo para impulsar proyectos económicos de mayor integración social como la agroindustria y la producción manufacturera (PNUD, 2014).
Esta situación provocó la emergencia de una nueva clase política procedente de los sectores sociales medios de la sociedad caucana, pionera en la implementación de los métodos clientelistas y subordinada ante el poder abominable del narcotráfico y el paramilitarismo provenientes de otros departamentos. Todos estos hechos confluyen con la efervescencia de la conflictividad social de la década de 1970 y los cambios institucionales de la década de 1980, que en el primer caso se destaca la lucha por la tierra por parte de las comunidades indígenas, mientras que para el segundo el afianzamiento de nuevos proyectos políticos y sociales de índole regional y local (PNUD, 2014).
De otro lado, la histórica presencia de guerrillas en este territorio inicialmente estuvo relacionada con la ubicación geoestratégica del mismo, la cual permitía su movilidad y repliegue; sin embargo, la persistente conflictividad social, la creciente inequidad, la ausencia de liderazgo político y la incapacidad del Estado, conllevaron a que estos grupos armados ilegales tuvieran en algunos casos una relación cercana con la población (PNUD, 2014).
2.2.1 El acceso equitativo a la tierra y la definición de territorios étnico-culturales
Los conflictos por la tierra y el territorio han estado presentes a lo largo de la historia del departamento del Cauca; sin embargo, estos pasan a ser más pronunciados a partir de comienzos del siglo xx. En este caso, la controversia se dirige principalmente a la disputa entre grandes propietarios y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. De esta manera, los problemas tienden a ser múltiples debido a que no es solo la cuestión de la distribución de la tierra, sino también, el uso y la tenencia de la misma (Duque, 2015). En este contexto, es la organización indígena la que empieza a liderar procesos de recuperación de tierras y de derechos para su comunidad, cuestión que más adelante va a ser replicada por las comunidades afrodescendientes en razón de su cultura (PNUD, 2014).
Por otro lado, las comunidades campesinas que no se reconocen propiamente como una etnia, pero sí como una cultura, reclaman el acceso a mejores tierras, toda vez que la vocación y requerimientos propios de sus suelos no son aptos para un desarrollo de la producción agrícola a gran escala y, en algunos casos, para garantizar la soberanía alimentaria de sus comunidades. Según, este hecho ha provocado que la «frontera agrícola» se extienda hacia zonas de protección y conservación poniendo en riesgo al ecosistema (PNUD, 2014).
2.2.2 Los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal
La difícil situación económica del departamento ha obligado a cierto sector de la población a optar por estas actividades ilícitas, las cuales, para su establecimiento y expansión, generalmente acuden a la intimidación y el desplazamiento de la población por intermedio de estructuras armadas ilegales que hacen presencia en los territorios.
Para el caso de los cultivos ilícitos, su llegada a la región data desde finales de la década de 1970, sin embargo, es para la década de 1980 que esta economía ilícita experimenta periodos de «bonanza», aquí se ven comprometidos tanto diversos territorios del departamento como tipo de cultivos: coca, amapola y marihuana: «En 1984 se dio la primera bonanza cocalera, luego se inició el cultivo de amapola durante los 90 para declinar a mediados de la misma década y luego a finales de los 90, regresan los cultivos de coca del Putumayo hacia el Pacífico y el macizo» (Duque, 2015, p. 25). Vale la pena aclarar que en el caso los cultivos de hoja de coca, estos no siempre han estado relacionados con la ilegalidad, en el sentido que han tenido un uso ancestral por parte de comunidades indígenas y campesinas dirigido a lo medicinal y lo alimenticio (Duque, 2015).
En el caso concreto de los procesos organizativos y comunitarios, se puede decir que todas las actividades provenientes del narcotráfico afectan la gobernabilidad y la territorialidad de las comunidades en el sentido de que las hace más vulnerables y frágiles. De otro lado, las acciones inconsultas de los gobiernos para contrarrestar esta problemática —aspersiones aéreas y erradicación forzada— afectan directamente al «eslabón más débil» de esta cadena productiva: el cultivador. Lo anterior debido a que este actor se ha visto involucrado en situaciones de desplazamiento forzado, violaciones de derechos humanos y deterioro de su entorno ambiental (PNUD, 2014).
Por último, el fenómeno de la minería —legal e ilegal— se ha acentuado durante la última década, y la postura por parte de los diversos grupos poblacionales del departamento ha sido de rechazo, en el sentido de que esta actividad se constituye como una amenaza al territorio, la autonomía y el medio ambiente. Sin embargo, existen sectores a favor de la misma, puesto que la definen como una «alternativa» para mitigar el problema de desempleo y la generación de ingresos. En el caso de la minería ilegal, «se ha concentrado entre 2010 y 2014 en la zona norte del Cauca en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires y Caloto, y en la zona sur, en los municipios del Patía, Bolívar y Almaguer» (Duque, 2015, p. 25). Entre los principales inconvenientes relacionados con el establecimiento de esta última, tienen que ver con la intervención de diversos actores armados ilegales —grupos armados privados, bandas criminales y guerrillas— que rivalizan por el control de la actividad (Duque, 2015).
2.2.3 El conflicto armado y la violencia sociopolítica
La amalgama de conflictos sociopolíticos presentes en el devenir histórico del departamento ha conllevado a que en la región hayan tenido presencia diversos actores armados ilegales, inicialmente grupos insurgentes;5 además, la posición geoestratégica del territorio lo ha constituido como «epicentro» de la guerra durante un poco más de dos décadas. En este escenario ha tenido lugar la disputa por el control territorial y de diversas actividades ilícitas —minería ilegal, narcotráfico y tráfico de armas— por parte de grupos armados guerrilleros y la contrainsurgencia a cargo de grupos paramilitares y bandas criminales (Chilito y Calvache, 2018).
A partir de 2003 los planes militares del Gobierno se fortalecieron, prueba de ello, es la implementación del Plan Nacional de Consolidación Territorial en asocio con el Gobierno de Estados Unidos, que con el aumento considerable de la fuerza militar buscaban recuperar el control de aquellas zonas que habían sido afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y por el narcotráfico (Indepaz, 2012). En este contexto, la presencia de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca tiende a fortalecerse; sin embargo, entre el periodo 2007-2013, en el que tienen lugar las dos primeras fases de esta iniciativa, se presentó el mayor número de violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y hechos de violencia sociopolítica (PNUD, 2014). De igual manera, se agudizó la problemática del desplazamiento forzado, producto de la combinación de las estrategias para confrontar la insurgencia y la siembra de cultivos de uso ilícito; además de las acciones de las llamadas bandas criminales o neoparamilitares, y las situaciones de confinamiento de los territorios colectivos de indígenas y afrodescendientes (Indepaz, 2012).
3. Experiencias de construcción de paz y de participación comunitaria en el departamento del Cauca: el caso del corregimiento de Lerma
Debido a la compleja realidad sociopolítica por la que históricamente ha atravesado el departamento del Cauca aparecieron una serie de procesos organizativos y comunitarios que buscan confrontar y alterar dicha situación. Por tal razón, es común el surgimiento y sostenimiento de diversas organizaciones sociales y políticas que se fundan en correspondencia con la condición pluriétnica y multicultural de la región. En ese orden, existen organizaciones y procesos dirigidos a reivindicar los derechos de indígenas, campesinos y afrodescendientes. Sin embargo, con el recrudecimiento del conflicto armado y la emergencia de nuevos tipos de «violencias», durante los últimos años se han gestado múltiples iniciativas y dinámicas frente a la guerra y por la paz. Respecto a este tipo de motivaciones se destacan: la «minga indígena», las iniciativas campesinas para la sustitución de cultivos ilícitos, la lucha por los territorios para comunidades afrodescendientes y la promoción de las Zonas de Reserva Campesina, entre otros (PNUD, 2014).
El anterior escenario concuerda con el debate alrededor del llamado posconflicto, cuestión que tiende a ser manifiesta a la luz de los acuerdos de La Habana, los cuales fueron firmados por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en 2016. De esta manera, la experiencia sobre participación comunitaria que aquí se recoge se constituye en un aporte para comprender las implicaciones de la llamada «paz territorial», sobre todo para un contexto como el caucano, en donde confluyen diversas visiones en torno a la construcción de paz.
El enfoque al que se acude para abordar esta dinámica es el de la gobernanza territorial o gobernanza local, que además de advertir las condiciones de gobernabilidad del contexto, permite comprender la interacción de intereses y de actores presentes en el territorio. En este caso, se analizarán tres dimensiones propias de esta dinámica: redes y relaciones de actores; participación e incidencia de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y capacidad de los actores sociales para transformar su realidad social.6
El acercamiento a la experiencia del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma, permite conocer su historia e identificar los actores sociales e instituciones que lo han posicionado como un proceso con reconocimiento en el ámbito nacional, debido a su compromiso con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos y la generación de marcos de convivencia desde el ámbito territorial (Comisión Europea, DPS y Suyusama, 2015).
Lerma, es uno de los quince corregimientos que conforman el municipio de Bolívar, está ubicado al sur del departamento del Cauca y hace parte de la subregión del Macizo Colombiano, sus habitantes en su mayoría son de origen campesino e indígena provenientes de diversos lugares del sur del Cauca. Cuenta con una población de 2300 habitantes de los cuales 1214 son hombres y 1086 son mujeres La base de su economía es netamente agropecuaria, en donde se destacan productos como el café, la caña panelera, el frijol, la yuca, el maíz y los frutales. El cultivo de la coca también ha hecho parte de la economía familiar de subsistencia, su uso ancestral producto de la influencia de comunidades indígenas como la Yanacona ha repercutido en prácticas medicinales y nutricionales de sus pobladores desde hace más de cuatro décadas (Plan de Desarrollo Municipal de Bolívar, 2012-2015).7
3.1 Problemas y conflictos
La principal problemática que ha tenido que confrontar esta comunidad desde hace más de cuatro décadas es la del cultivo de coca, ya sea lícito o ilícito. La posición geográfica y las condiciones climáticas del corregimiento de Lerma le han permitido producir una variedad de coca de óptima calidad. Este hecho se constituyó en un atractivo para que a finales de la década de 1970 se genera un fenómeno social conocido como la «bonanza cocalera», el cual no solo impactó en la cotidianidad y en los usos y costumbres de sus pobladores, sino también en disposiciones y hechos políticos que aún son controversiales, de los cuales se destacan: el uso de la fuerza por parte del Estado para la erradicación de cultivos, la criminalización de la protesta social y campesina, la militarización del territorio y el involucramiento de actores armados ilegales en el control de esta actividad ilícita (Comisión Europea, DPS y Suyusama, 2015).
La emergencia de un proyecto comunitario dirigido a la construcción de paz se encuentra estrechamente vinculado con las repercusiones que tuvo inicialmente la «bonanza coquera» —como también es llamada por parte de sus pobladores— (Muñoz, N., comunicación personal, 2017, septiembre 9). Este proceso que tuvo lugar durante el periodo 1978-1983 se asocia con la activación y expansión de la economía ilícita del narcotráfico, la cual, como ya se dijo, repercutió en la modificación de los parámetros socioculturales de la región. Una vez entró en declive en 1983, las consecuencias sociales en la comunidad no se hicieron esperar, entre ellas: la drogadicción, la «cultura del dinero fácil», los robos y la agudización de la violencia común (Gómez, L., comunicación personal, 2017, septiembre 23).
El aumento considerable de la violencia durante los cinco años que le siguieron al declive de la «bonanza» provocaron la conformación de iniciativas ciudadanas para contrarrestar dicha problemática y, de paso, plantear alternativas frente al uso del cultivo de la coca. Sin embargo, el «negocio» no claudicó, más bien se transformó, la violencia tampoco se acabó pero disminuyó significativamente. Este nuevo panorama político-social viene recreado por el narcotráfico y otros actores armados ilegales, principalmente por la FARC y los paramilitares, quienes tienen presencia en gran parte de la región del sur del Cauca. Con ello, otra problemática salta a la vista: la estigmatización de los líderes del proyecto comunitario al ser acusados de tener nexos con la guerrilla (Comisión Europea, DPS y Suyusama, 2015). En ese orden, el debate actual sobre el tema de los cultivos ilícitos se centra en dos dimensiones que se contraponen y que se recrean en el Cuadro 1.
Cuadro 1 Postura de los habitantes del corregimiento de Lerma sobre el cultivo de la coca.
Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea, DPS y Suyusama (2015) .
3.2 Redes y relaciones de actores
El Territorio de Convivencia y Paz de Lerma surgió como una iniciativa de construcción de paz en la que intervinieron inicialmente actores sociales e institucionales establecidos en la localidad, cuyo propósito originario era el de contrarrestar el clima de violencia tan generalizado producto de la «bonanza cocalera». Una vez este proceso se estableció se dirigió a otros ámbitos relacionados con las implicaciones del cultivo de la hoja de coca, entre los que se destaca lo ambiental, lo económico y lo político. Dicho escenario, provocó la intervención de otra serie de actores sociales y políticos, no solo nacionales sino también internacionales (Comisión Europea, DPS y Suyusama, 2015) (véase Cuadro 2).
Cuadro 2 Actores comprometidos en la experiencia Lerma, Territorio de Convivencia y Paz.
Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea, DPS y Suyusama (2015).
El Cuadro 2 ratifica la existencia de una dinámica propia de gobernanza local, expresada en dos etapas, por las que ha atravesado este proceso social: inicial y reciente-actual. Respecto a la primera (1988-1998), conformada propiamente por diversos actores del orden local, basada en iniciativas de «autogestión comunitaria» encaminadas a la sensibilización, educación y organización comunitaria frente al tema de la violencia y la «descomposición social» del territorio. En cuanto a la segunda (1998 en adelante), tiene que ver con el afianzamiento del proyecto y sus implicaciones no solo en el orden local y regional. Este último escenario se caracteriza por la multiplicidad de actores sociales y políticos que intervienen, algunos de ellos provenientes del orden institucional y otros de la sociedad civil, entre los que se destacan ONG y organizaciones sociales.
3.3 Participación e incidencia de la comunidad en los procesos de toma de decisión
Desde 1988 la experiencia del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma se ha constituido como un proceso de participación comunitaria que incide en la toma de decisiones en el territorio; prueba de ello son los diversos proyectos de autogestión comunitaria que emprende, dirigidos no solamente a contrarrestar la violencia sino también para mejorar las condiciones de vida de los lermeños. En tal sentido, el proceso comunitario y social de Lerma se define como un espacio de diálogo, concertación, articulación y acción institucional, para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, la construcción de paz y el desarrollo local (Navia, D, comunicación personal, 2017, septiembre 23).
Cuadro 3 Iniciativas de autogestión comunitaria y acciones institucionales en el marco del Territorio de Convivencia y Paz.
Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea, DPS y Suyusama (2015).
3.4 Resultados de la experiencia de construcción de paz en Lerma
Sensibilización de la comunidad. Este es un aspecto para destacar fruto de este proceso comunitario en el largo plazo. Aquí tienen lugar, por un lado, el cambio de actitud frente a la violencia y, por el otro, el cuestionamiento y concienciación respecto a los efectos de los cultivos de uso ilícito. En el primer caso, independientemente de que medidas restrictivas que se tomaron en la primera etapa del proceso, como el cierre de bares y cantinas para evitar brotes de violencia a raíz del excesivo consumo de alcohol, hayan desparecido, hoy en día los lermeños son consecuentes respecto a los problemas sociales que se pueden desencadenar con esta dinámica (Comisión Europea, DPS y Suyusama, 2015).
Declaratoria del Territorio de Convivencia y Paz de Lerma. Entre los mayores alcances institucionales se encuentra el reconocimiento por parte de las autoridades municipales y departamentales del proceso comunitario a través de disposiciones y actos administrativos en los que se declara al corregimiento de Lerma como Territorio de Convivencia y Paz. En primera instancia, el Concejo Municipal de Bolívar hace este reconocimiento a través del Acuerdo 002 del 29 de mayo de 2013 y se institucionaliza el espacio cultural y artístico: Visitamos a Lerma de Paz, el cual tiene lugar cada año, el primer sábado del mes de septiembre. En este espacio confluyen los gestores del proceso, así como colonias del corregimiento establecidas en otras regiones o ciudades del país. En segundo lugar, en 2013 la Asamblea Departamental emitió una ordenanza que amplió el reconocimiento anterior, en el que se establece el propósito de las autoridades departamentales de adelantar la reparación colectiva de las víctimas de la violencia en este territorio, tomando como referente lo consagrado en la Ley de Víctimas de 2011 (Gómez, L., comunicación personal, 2017, septiembre 23).
Articulación institucional. Esta dinámica ha estado dirigida principalmente al impulso de la Propuesta de desarrollo alternativo, la cual está encaminada a entablar diálogos y acuerdos con la institucionalidad regional y local respecto a la problemática del uso ilícito del cultivo de hoja de coca. Los debates relacionados con esta materia han estado dirigidos a replantear las políticas gubernamentales del Estado, en donde sobresalen la erradicación forzosa y la implementación de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos no concertados con la comunidad ni con las organizaciones que la representan; fuera de ello, se discuten los insuficientes recursos con los que se cuenta para su implementación (Ruiz, H., comunicación personal, 2017, septiembre 17).
Fortalecimiento de la organización comunitaria y articulación con el entorno regional. En la búsqueda de la conformación de una ciudadanía más empoderada y propositiva, en constate relación con el movimiento social del Macizo colombiano, el proceso comunitario del corregimiento de Lerma promueve la realización constante de asambleas comunitarias y capacitaciones de sus líderes en derechos humanos y asuntos de interés local y regional (Navia, D., comunicación personal, 2017, septiembre 23).
Gestión Pública. En alianza con ONG y algunas administraciones municipales se han adelantado una serie de obras y proyectos que redundan en el bienestar y la calidad de vida de sus pobladores, entre estas se encuentran: construcción del centro de salud, consecución de la ambulancia, renovación del alcantarillado, adquisición de la finca Loma Linda para la Institución Educativa Alejandro Gómez, la construcción del auditorio Los Fundadores y la declaración como área estratégica natural de la reserva El Rayo, ubicada en el cerro de Lerma (Comisión Europea, DPS y Suyusama, 2015).
Conclusiones
La recurrencia a este tipo de escenarios evidencia la profunda cercanía entre la gobernanza territorial y la gobernabilidad; en este caso, a partir de una experiencia de participación comunitaria se recrea un modelo político para la toma de decisiones y el desarrollo local, en donde las acciones del gobierno no son las únicas ni suficientes, puesto que se articulan a una serie de repertorios, acciones y actores presentes en el territorio.
La experiencia del corregimiento de Lerma en el departamento del Cauca: Lerma: Territorio de Convivencia y Paz, se constituye como un referente para la gestión de las problemáticas locales relacionadas con la convivencia y la construcción de paz. El reconocimiento y análisis de esta experiencia permite considerar nuevos mecanismos participativos desde lo territorial acordes a la promoción de nuevos modelos de planeación basados en la gobernabilidad democrática y la superación del conflicto. De igual forma, enfatiza sobre aquellos componentes relacionados con la construcción de paz desde lo territorial, los cuales no solamente se dirigen a confrontar el conflicto armado sino también a resolver disputas internas de las mismas comunidades. En ese orden, el proceso comunitario y social de Lerma se define como un espacio de diálogo, concertación, articulación y acción institucional, para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, la construcción de paz y el desarrollo local.
Por último, esta experiencia concuerda con el debate alrededor del llamado posconflicto, cuestión que tiende a ser manifiesta a la luz de los acuerdos de La Habana. De esta manera, las experiencias sobre participación comunitaria que aquí se recogen se constituyen en un aporte para comprender las implicaciones de la llamada paz territorial, sobre todo, para un contexto como el caucano y el colombiano en donde confluyen diversas visiones en torno a la construcción de paz.
