Introducción

Medellín ha representado hasta hoy un foco de migración significativo para Antioquia y Colombia. A la ciudad han llegado cientos de familias en busca de nuevas oportunidades o expulsadas por el conflicto armado interno. La Comuna 3 de Medellín, conocida tradicionalmente como Manrique y en donde se encuentran los barrios sobre los que versa este artículo es, según los datos de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas (^{Umarv, 2015}), una de las comunas con mayor recepción de víctimas del conflicto armado en el ámbito municipal desde la década de 1990, con una cifra oficial de 31 000 víctimas de desplazamiento forzado. Teniendo en cuenta que el subregistro en este aspecto es cercano al 48%, según las organizaciones sociales y ONG locales (^{Asolavidi, 2012}; ^{Riocbac, 2010}), el dato podría duplicarse. Según estimaciones poblacionales del Perfil Sociodemográfico 2005-2015, Manrique es la quinta comuna más poblada de la ciudad, alcanzando 158 877 habitantes en 2014, que representan el 6,51% de la población de Medellín proyectada para ese mismo año (^{DANE y Alcaldía de Medellín, 2010}).

Los casos de poblamiento que se abordan en este artículo exponen los diferentes procesos de desplazamiento y otras formas de movilidad, buscando aportar a la descripción de las lógicas socioculturales e históricas que han incidido en las formas de habitar hoy el territorio, ante los incipientes estudios sobre trayectorias; al mismo tiempo, espera contribuir a la reconstrucción de la memoria de los barrios.

Para tal fin se recurrió a fuentes de información cualitativas y cuantitativas recolectadas a lo largo de seis años de trabajo en el territorio, durante la ejecución de dos proyectos del Banco Universitario de Proyectos y Programas de Extensión (Buppe), Universidad de Antioquia, enfocados a la reconstrucción de la memoria colectiva de los barrios de la Comuna 3 en el periodo 1970-2010. Los datos cualitativos se encuentran asociados tanto a información testimonial y narrativa de los habitantes, quienes recorrieron las rutas que aquí se presentan, como a los diálogos y entrevistas realizadas con diferentes instituciones en el marco de distintas actividades participativas, estos datos se sistematizaron en una línea de tiempo y en la construcción de una red de eventos memorables. Por su parte, la información de corte cuantitativo, importante para la construcción de las trayectorias y los mapas, se retomó de seis caracterizaciones realizadas en el territorio entre 2010 y 2016 por organizaciones sociales de víctimas, ONG locales, la Unidad de Víctimas y la Universidad de Antioquia (^{Riocbac, 2010}; ^{Asolavidi, 2012}; ^{Umarv, 2014}; ²⁰¹⁵; ^{Forjando Futuros, 2016}; ^{Rengifo et al., 2016}).

Así el estudio de caso pretende develar algunas lógicas del desplazamiento forzado interno urbano y rural en el proceso de poblamiento de las grandes ciudades capitales, desde el análisis de lo ocurrido en la ciudad de Medellín y por medio de trayectorias recorridas por los habitantes de los barrios abordados, lo cual no solo constituye un aporte a la memoria histórica y colectiva de la confrontación armada del país en el período reciente, sino una ruta para la compresión del fenómeno y la protección de los derechos a la ciudad y a la reparación de las cientos de víctimas asentadas de manera definitiva en las ciudades colombianas.

1. Consideraciones para la comprensión del desplazamiento interno forzado rural y urbano en Colombia

En el contexto sociopolítico colombiano la violencia se ha incrustado en la estructura sociocultural de diferentes formas, por ello es posible considerar que las múltiples maneras de movilidad social que caracterizaron los procesos de poblamiento de las ciudades colombianas tuvieron como razón originaria un matiz de violencia, ya sea directamente asociada al conflicto armado o producto de situaciones conexas como la pobreza, la falta de acceso a la tierra, a condiciones básicas de vida, a una vivienda digna, entre otras.

Esta violencia se ha manifestado de forma radical en el fenómeno del desplazamiento forzado interno rural en Colombia, el cual lleva cerca de dos décadas de estudio y un fuerte debate en el ámbito público y académico; por el contrario, el desplazamiento urbano tuvo un reconocimiento tardío y en consecuencia su tratamiento todavía es insuficiente, aunque en la ciudad de Medellín ha sido un tema incorporado en las agendas de discusión social, académica y pública desde la primera década del siglo xxi.

^{Corporación Región (2007)} señala que en Colombia hay diferentes formas de movilidad por violencia: desplazados internos y en frontera, exilados políticos y desplazamiento intraurbano. Ante esta complejidad, Alejandro ^{Castillejo (2000)} asevera que: «el desplazamiento es tan multifacético, azaroso e incierto en su amplitud que la simple idea de imponer límites, de cercar, es simplemente imposible» (p. 258).

El estudio de este fenómeno desde el ámbito normativo ha generado diferentes reflexiones, concretadas en legislaciones como la Ley 387 de 1997, primera normatividad expedida frente al tema de víctimas y conflicto armado en el ámbito nacional. A esta ley le sucedieron varias sentencias de la Corte Constitucional, especialmente la T-025 de 2004, que reconocen la grave situación y la desatención que viven los desplazados y la responsabilidad estatal para atender y resolver el problema. Un paso importante en esa dirección fue la promulgación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (^{Espinosa, Galindo, Bastidas y Monsalve, 2011}), la cual ofrece un marco amplio de comprensión del conflicto armado interno.

Por su parte, las organizaciones de víctimas han logrado significativos avances en el contexto nacional, al ser acompañadas por organismos de derechos humanos como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), posicionando el caso colombiano en la esfera internacional. En el ámbito local este tipo de acompañamiento ha permitido incorporar los casos de las víctimas en las agendas locales. Como lo señala James ^{Granada (2017)}, en Medellín se han realizado ajustes institucionales en los que han participado diferentes sectores, con el fin de avanzar en la prevención de hechos victimizantes y en la atención de las víctimas.

Finalmente, en el ámbito académico abundan las investigaciones respecto al tema (^{Bennett, 1998}; ^{Bonilla, 2004}; ^{Soledad, 2007}; ^{Soledad y Egea, 2011}; ^{Uribe, 2000}). Esto ha posicionado una discusión amplia en la que se ha ido superando el análisis casuístico y se ha aportado conocimiento sobre cómo el desplazamiento se encuentra vinculado con procesos históricos, políticos y sociales. Mención especial merece el debate sobre la identidad que se le ha imputado a la víctima al denominarse desplazado, categorías liminales que velaron el acercamiento al fenómeno del conflicto, al destierro y a la compleja realidad de ser desarraigado, y que fue necesario superar las categorías para resignificar y resituar a las víctimas en el ámbito político como agentes activos (^{Castillejo, 2000}; ^{Uribe, 2000}). Frente a lo anterior, la filósofa Beatriz Restrepo (2008) señala:

[…] Existe una resistencia epistemológica y moral con el término en uso, el desplazamiento, que a mi entender no hace justicia ni en lo político, ni en lo social, ni en lo moral, a la gravedad del fenómeno que padecemos al reducirlo, según el uso que hacemos, a un mero cambio de lugar. Más adecuado en todo sentido está el término de destierro, que nombra plenamente aquello que está sucediendo, la privación del referente a la tierra de arraigos y la expulsión de un territorio al que se siente pertenecer por métodos violentos (citada en ^{Rengifo, 2009}, p. 33).

Los avances al respecto solo podrán observarse al ubicar a las víctimas del conflicto armado colombiano en la esfera pública, permitiéndoles salir del anonimato y del silenciamiento. Dicha visibilidad es la piedra angular para la superación del estado de violencia, pues sus memorias preñadas de verdad histórica poseen la potencia de marcar nuevos derroteros para la sociedad y representan un importante giro en la comprensión y abordaje de la víctima como agente de historia (^{Uribe, 2008}).

Ahora bien, frente al debate de las trayectorias y el desplazamiento forzado se observa que los conflictos obligan a los seres humanos a desplazarse, pero también condiciones económicas, alimentarias u otras que pongan en peligro su sobrevivencia; así, «Los movimientos migratorios que ocasionan estas circunstancias deben considerarse migraciones forzadas» (^{Ruiz, 2011}, p. 142) y no solo un movimiento poblacional motivado por valores ajenos al conflicto. Es necesario entender la doble situación presente en los escenarios de los que queremos dar cuenta: movilidad de diferentes tipos y desplazamiento forzado.

Esta circunstancia permite comprender por qué algunas de las trayectorias seguidas por las personas que han sido forzadas a dejar sus tierras tienen tantos vínculos con las rutas que fueron tomadas antes por sus congéneres. En muchos casos se desplazan a lugares donde se encuentran familiares, aquellos con los cuales tengan una mayor afinidad cultural o donde puedan encontrar más alternativas económicas. En efecto, «lazos familiares y culturales que subsisten en otras regiones del país, producto de viejas migraciones, actúan como imanes y hacen visibles las redes migratorias» (^{Ruiz, 2011}, p. 155).

De igual manera, la lógica propia de poblamiento de las ciudades ha seguido rutas que responden tanto a motivos económicos y sociales como a violentos, pues las personas migran por la inexistencia de condiciones adecuadas de vida, circunstancia propia de una violencia estructural y de un Estado que no logra velar por las necesidades de sus ciudadanos. Lo anterior ha dificultado teórica y metodológicamente el análisis de los fenómenos, en tanto existe una superposición de movimientos poblacionales que responden a distintas motivaciones y recorren rutas y trayectorias similares. Ante este panorama, estudios recientes señalan que:

Debido a la aceleración del proceso migratorio campo-ciudad como consecuencia principal de la dinámica del desplazamiento, y a las dificultades para que los procesos de retorno adecuados tengan lugar, Bello, Medellín, y otros municipios, serán probablemente los lugares donde se desarrollen casi en su totalidad el proceso de generación de soluciones duraderas y sostenibles. Ante las situaciones prolongadas de desplazamiento forzado en las ciudades, tales soluciones deben abordar, de manera prioritaria, las tipologías de asentamiento mezcladas entre población desplazada y habitantes pobres de la ciudad, los medios de vida económicos y las nuevas identidades forjadas en la vida urbana (^{Naranjo y Granada, 2017}, p. 29).

Es evidente que esta situación hace también difícil el seguimiento de las trayectorias, pues en ellas hay lugares de tránsito que no se convierten en definitivos y que, en ocasiones, son muchos y no siempre reportados por las personas, por lo cual es posible construir datos de los lugares de origen y de llegada, pero no siempre de todo el trayecto recorrido, este tipo de caso se abordará en el segundo y tercer apartado de este artículo.

Además de esta precisión, es necesario observar tres fenómenos del desplazamiento forzado interno que se entrelazan para dar cuenta de lo que ocurre en los barrios de estudio, el primero de ellos es la movilidad forzada que no siempre se encuentra vinculadas a razones de violencia armada, pero sí a condiciones económicas que caracterizan un momento en el poblamiento de algunos de los barrios; el segundo, el desplazamiento forzado de origen rural, que permite entender la multiplicidad de rutas, las condiciones multiculturales y posteriores luchas en las que se revictimiza a la población; y el tercero, el desplazamiento forzado de origen intraurbano, fenómeno contemporáneo que además de evidenciar unas nuevas formas de conflicto y despojo, muestra un círculo de sufrimiento y vulneración para las comunidades de estudio.

2. Procesos de asentamiento en la franja alta de Manrique: el influjo del desplazamiento forzado rural y sus trayectorias

Las formas de llegada, apropiación y posterior poblamiento de los barrios de ladera de Manrique y de la ciudad de Medellín presentaron diferentes comportamientos: en algunos casos estuvieron ligados a móviles de reivindicaciones políticas, otros se dieron de manera dispersa y espontánea por cientos de familias que fueron subiendo a lo más alto de la ciudad en busca de un techo propio (^{Naranjo y Villa, 1997}), y otros motivados por la tenencia de un pedazo de tierra en el cual reproducir sus prácticas socioeconómicas y culturales.

Desde los inicios de la década de 1960 la ciudad de Medellín presentó un proceso de crecimiento general. En el caso de los barrios periféricos, y especialmente de la zona nororiental, las tierras rurales fueron anexándose a la zona urbana. Estos terrenos que pertenecían al municipio de Medellín y a familias solventes de la ciudad fueron vendidos o cedidos de forma concertada a nuevos colonos que posteriormente los lotearon, este es el caso de los barrios María Cano Carambolas y Bello Oriente. Simbólicamente, los habitantes de estos barrios mantenían la pretensión de luchar no por una habitación sino por la tierra, situación favorecida por la ubicación de estos territorios en los intersticios de lo rural y lo urbano, lo que influyó en la reproducción de imaginarios rurales a pesar de que el contexto de asentamiento fuera urbano (^{Monsalve, 2013}).

A su vez, una reconstrucción de las trayectorias de las familias que fundaron los barrios en un primer período indica su procedencia de barrios como San José de la Cima, Manrique Central, el Popular, Villa Hermosa, Picacho y Moravia; al igual que de los municipios de Bello, Envigado e Itagüí. Las motivaciones de estos movimientos se asociaban a la búsqueda de un lote para la construcción de un techo propio (^{Asolavidi, 2012}; ^{Riocbac, 2010}).

Por otra parte, los movimientos con orígenes rurales se encuentran asociados a la búsqueda de oportunidades en la ciudad o por expulsiones de sus tierras producto de la violencia bipartidista. En estos casos los mayores lugares de procedencia son Andes, Salgar, Ciudad Bolívar, Amalfi, Urabá, Ituango, Peque, Caracolí y municipios del Oriente (^{Asolavidi, 2012} y ^{Riocbac, 2010}). Gran parte de los asentamientos ocurrieron durante las décadas de 1960 y 1970, cuando «propietarios de fincas empezaron a vender sus predios en pequeños lotes, haciendo que aumentara el número de pobladores, hasta el punto de ser declarado barrio de invasión a finales de la década del 70» (^{Misas y Moreno, 2002}, p. 18). Estos procesos de asentamiento asociados al loteo pueden observarse también en el barrio La Cruz en la década de 1970, en Versalles N.° 2 en la de 1980 y en La Honda en la década de 1990, convirtiéndose en una estrategia tanto de apropiación del territorio como de consolidación urbana para la exigibilidad de derechos a la Administración central de Medellín.

A pesar de la multiplicidad de lugares de origen y de las razones para movilizarse, la búsqueda de tierra, o por lo menos de un espacio que cumpliera ciertas condiciones de reproductividad de prácticas e imaginarios tradicionales, fue una finalidad de los procesos de asentamiento que llevaron a la constitución de los nacientes barrios.

De esta manera, los primeros pobladores durante el proceso de ocupación y negociación, que habían hecho uso de las tierras para el cultivo de productos agrícolas y la crianza de animales, dispusieron de extensiones de tierra e hicieron común la práctica del loteo, lo que trajo consigo un fenómeno especulativo, «Muchos vendieron a otras personas, la mayoría vendía lo que había cogido y así esto se volvió un negocio» (Juana, comunicación personal, abril 20, 2012). En la década de 1980 esta misma situación convirtió a los barrios en un lugar de interés para la llegada masiva de personas provenientes de los barrios bajos de Manrique y municipios de Antioquia, que lograron obtener a bajos precios pedazos de tierra.

Los procesos de invasión que se dieron desde la década de 1960, pero que fueron más visibles en la década de 1980, se caracterizaron por haber ocurrido de dos maneras: la primera la denominamos concertada, pues se caracterizó por un proceso organizativo de familias que subieron a la zona y tomaron posesión de tierras; la segunda puede ser entendida como dispersa, al relacionarse más con una llegada de familias que, debido al voz a voz, se enteraron de las posibilidades de acceder a la tierra y se acercaron a la zona. A lo largo del poblamiento se presentó una constante: la tensión entre los antiguos propietarios y los nuevos pobladores, lo que generó recurrentes desalojos en los que participó la fuerza pública, lo cual instauró una forma específica de relacionamiento entre las comunidades y el Estado (^{Ghiso, Briceño y Acevedo, 2010}), marcada por la desconfianza.

La década de 1980 también supuso un período de consolidación del territorio, caracterizado por la disminución de los terrenos baldíos, el nacimiento de sectores urbanizados, la constitución de un tejido social, el fortalecimiento de organizaciones sociales y el avance hacia la legalización de los barrios, lo cual propició un viraje en el tipo de demandas de la población. Las necesidades para la época comienzan a ser otras: acceso a servicios públicos, desarrollo de vías o equipamiento urbano; constituyéndose como bandera en la lucha por la pertenencia a la ciudad.

Durante las décadas de 1980 y 1990 continuó el proceso de ocupación, los barrios se consolidaron y los espacios baldíos iban siendo ocupados; sin embargo, productos de los diferentes conflictos que vivía el país, seguían llegando personas, ahora mayoritariamente desplazados por eventos violentos como combates entre los actores armados, procesos de apropiación de tierras por actores ilegales, exterminio del contrincante político, entre otros (^{González, 2008}).

En este contexto se puede observar otra forma de apropiación de la tierra en Manrique: la «toma de tierras», práctica que, aunque no fue exclusiva de estos barrios, son en los que se evidencia de forma más clara y explícita, y que influyó determinantemente en el poblamiento de la zona alta al entrañar de manera manifiesta móviles políticos por parte de los pobladores y al ocurrir de forma planeada. A estas tomas solía precederles una formación política de sus participantes, lo que les permitió tener una mayor persistencia y resistencia frente a las acciones de la fuerza pública.

De este modo, las «tomas de tierra» se caracterizaron por la ocupación de centenares de familias, quienes al llegar al territorio se instalaron colaborativamente y comenzaron la planificación de acciones para la satisfacción de sus necesidades básicas como acueductos, construcción de casetas comunitarias, mejoramiento de vivienda y desarrollo de vías de acceso; todo ello enmarcado en un interés por hacer parte de la ciudad.

Asimismo, respecto a la «toma de tierras» conviene precisar que esta forma de ocupación también se dio en dos periodos: el primero en la década de 1970 en el barrio María Cano Carambolas, ubicado en la franja alta de Manrique, y que es descrito por uno de sus habitantes de la siguiente manera: «Los de Provivienda subieron con una gallada como de 25 o 30 familias […], entre esos hay unos todavía acá en el barrio. […] ellos nos daban unas charlas y nos enseñaban a cómo no dejarnos sacar de los ranchos» (Bertilda, comunicación personal, julio 15, 2015).

El proceso llevado a cabo por Provivienda es históricamente descrito por María ^{Naranjo (2014)}:

Creada en 1959, Provivienda es la primera organización social de destechados, aún vigente (Como CENAPROV) e integrada por desplazados forzados que buscaron refugio y obtuvieron vivienda propia mediante acciones colectivas. Muchos de sus protagonistas, que fundaron fincas cafeteras adquiridas ocupando baldíos, fueron despojados por la violencia de los años 50, colonizaron posteriormente ejidos y terrenos municipales en centros poblados, e hicieron parte de la Unión Patriótica (p. 89).

El segundo periodo aconteció a mediados de la década de 1990, en la zona sur del barrio la Cruz y la zona norte del barrio Versalles N.° 2, por parte de campesinos organizados desterrados por el conflicto armado mayoritariamente del Urabá antioqueño, especialmente por acciones perpetuadas por paramilitares. Estos desterrados poseían formación política por pertenecer a la Unión Patriótica y al Partido Comunista, el cual desde la década de 1970 lideró la denominada recuperación de tierras para los despojados de los campos colombianos.

En este último periodo se fundó La Honda, que marcó un precedente en las formas de asentamiento nucleado, al ser considerado el primer asentamiento de personas procedentes de un proceso de desplazamiento violento que se da de forma organizada. En efecto, La Honda fue uno de los asentamientos nucleados más grandes de la ciudad de Medellín y uno de los pocos que logró resistir a su desarticulación como barrio o proyecto comunitario; además, es sobre el cual se han realizado mayor cantidad de ejercicios académicos (^{González, 2008}; ^{Monsalve, 2013}; ^{Úsuga, 2013}).

Asimismo, en la franja alta de Manrique también se presentaron otros asentamientos nucleados significativos en los barrios La Cruz, Bello Oriente, María Cano Carambolas, cuyas dimensiones solo se develaron recientemente (^{Asolavidi, 2012}; ^{Cárdenas y Rengifo, 2015}, 22-24 de julio). Esta misma situación se presentó en las Comunas 1, 6 y 8, que se convirtieron en la expresión de un fenómeno que obligó a la ciudad a pensarse como parte del conflicto interno y, a su vez, cuestionó profundamente los diseños de ciudad de cara a este, al verse desbordada su capacidad de comprensión y de atención (^{Conferencia Episcopal y Codhes, 2000}).

Es importante reiterar que los asentamientos nucleados fueron los más estudiados (^{Conferencia Episcopal y Codhes, 2000}); sin embargo, el fenómeno presentó diversidad de expresiones o modalidades menos perceptibles y dispersas, donde pequeños focos de nuevos pobladores iban apareciendo silenciosamente, sin informar, por seguridad y miedo a su condición de desplazados. En este sentido, antes de que el fenómeno del desplazamiento se diera a conocer ya había acontecido una lenta diáspora de familias y comunidades enteras que gota a gota se desgranaron hasta terminar en la ciudad, siguiendo las rutas de sus congéneres. Esta es, indudablemente, una lógica que influyó en el poblamiento de la franja alta de Manrique y en la constitución de colonias enteras en él, este proceso no ha parado y actualmente sigue vigente en la comuna (^{Forjando Futuros, 2016}).

Al identificar las rutas de este segundo periodo es importante anotar que Antioquia ha sido uno de los mayores expulsores de población en el país, seguido de la costa atlántica y del departamento del Chocó, situación que se evidencia en los lugares de origen de la población de la franja alta, entre los que además se destacan otros departamentos de procedencia como Cundinamarca, Risaralda, Atlántico, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Nariño, Santander, Norte de Santander y Quindío (^{Asolavidi, 2012}; ^{Riocbac, 2010}). Ahora bien, dentro del departamento de Antioquia las subregiones de donde más provenían los habitantes de los barrios fueron Urabá, Norte, Occidente y Oriente, zonas de ubicación de los principales municipios de los que salieron más de 98 familias (véase Mapa 1).

Los municipios de donde provienen la mayoría de personas de los barrios son Medellín con 214, Ituango con 97, Dabeiba con 85, Apartadó con 71, Toledo con 71 y San Carlos con 64. En el Mapa 1 se pueden apreciar otros municipios de los que son oriundos los habitantes de los barrios. Medellín se presenta como el municipio más expulsor, siendo a su vez el receptor más grande para las víctimas del desplazamiento forzado provenientes de otros municipios.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 1 Municipios de expulsión de las familias desplazadas asentadas en los barrios de la ladera de la Comuna 3 de Medellín. 

Según el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia, en Manrique se logró identificar asentamientos de colonias muy focalizados en los barrios que lo conforman: en la franja media se encuentra una colonia del Oriente antioqueño; la franja alta agrupa una colonia del Urabá, al igual que en el barrio La Honda, donde además hay una colonia del Occidente antioqueño; en el barrio María Cano Carambolas se encuentra una colonia de Ituango; y en Bello Oriente una colonia del Chocó (^{Cartagena y González, 2016}).

Sin lugar a dudas, el impacto más importante en la reconfiguración del territorio fueron los aprendizajes políticos previos, que significaron una transformación de la reivindicación social y política por la tierra en la ciudad, traducida en un desarrollo endógeno con expresiones como los planes barriales y locales, y los diseños de legalización y escrituración (^{Fundación Sumapaz, 2007}). Estos procesos pueden entenderse como un quiebre en el poblamiento popular de las laderas que se venía consolidando desde los loteos, invasiones y resistencias a la municipalidad en la década de 1970, hasta las gestiones comunitarias y las juntas de acción comunal en la década de 1980 e inicios de la de 1990, en las cuales los barrios que buscaban consolidarse se vieron abruptamente desbordados con un éxodo sin precedentes y una violencia exacerbada.

Sin embargo, lo anterior también significó un gran reto para la comuna y sus organizaciones, al ponerlas de cara a un conflicto interno que lejos de ser solo rural ha tenido un gran influjo en lo urbano, en un reclamo histórico desde los campos hasta las ciudades colombianas por el derecho a la tierra (^{Zuleta, 2014}). De esta manera, no solo la exigencia por el territorio, sino por el techo y la vivienda han marcado diferentes periodos de movilizaciones comunitarias en la zona nororiental, que fueron alentadas desde los diferentes intereses que enmarcaron la conformación de organizaciones de base, las cuales posteriormente empezaron a diseñar planes barriales y locales de desarrollo desde adentro del territorio: «los nuevos migrantes forzados por la violencia al llegar a la ciudad, harán presión, de mil maneras, para la redefinición de una «nueva centralidad», si hemos de entender por ello, sus luchas por el derecho a la ciudad» (^{Conferencia Episcopal y Codhes, 2000}, p. 67).

Este proceso permite entender que las trayectorias de migración que reconfiguran el territorio no son solo geográficas, construidas por múltiples movilidades de los grupos poblacionales, sino que además entrañan aprendizajes sociales y políticos que posibilitan la conjugación de fuerzas en escenarios propicios para las reivindicaciones sociales. Indudablemente, esta característica está íntimamente ligada con los procesos organizacionales y políticos que se dieron en los barrios, los cuales dotaron de una capacidad de proyección y de un capital para la organización y la gestión que posibilitó la negociación con la institucionalidad. Movimientos como la Teología de la Liberación, el Nuevo Liberalismo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron pilares para la realización de estos reclamos por la tierra y la vivienda en la ciudad ante las exigencias de un ejercicio técnico y político de planeación del desarrollo que contó con la fuerte impronta que se le dio en el territorio (^{Monsalve, 2013}).

3. El desplazamiento intraurbano: revictimización, ruptura de las redes de apoyo y disputa por la reconfiguración territorial

Para dar cuenta de otras trayectorias que se han dado en el contexto de poblamiento de los barrios estudiados, es necesario tener en cuenta los procesos de movilidad que se han generado en la ciudad de Medellín, producto de otro proceso de desplazamiento que ha ocurrido al interior de la ciudad.

El desplazamiento intraurbano es un fenómeno que revictimiza y hace que tantas personas que vivieron el desplazamiento rural revivan sus experiencias con otras características y condiciones, hace parte de un conflicto que al ser estudiado no permite observar las particularidades que se presentan en las ciudades, imposibilitando la comprensión en el amplio espectro que él mismo sugiere. En la ciudad de Medellín las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han logrado develar el fenómeno y ponerlo en la discusión pública (^{Sánchez, 2009}); asimismo, instituciones como la Personería de Medellín han comenzado un proceso de seguimiento que ha hecho parte de sus informes anuales.

En estos procesos, como afirma Clara ^{Atehortúa (2009)}, «coexisten cuatro circunstancias: un escenario territorial determinado —el urbano o conurbano—; el conflicto como factor determinante; la inminencia de la huida para tratar de mantener la vida o la libertad, y la vulneración de derechos producto del redesplazamiento» (p. 102). Así, los barrios se han reconstituido producto de procesos de desplazamiento intraurbano, en los cuales los barrios han cumplido una función de recepción-expulsión, a tal punto que, fundamentalmente, las lógicas de estos procesos han dado cuenta de su poblamiento actual.

La falta de conocimiento de este fenómeno como un delito que vulnera los derechos de la población da cuenta de una práctica de guerra instalada y articulada al fenómeno en el contexto rural, pero que también ha sido impuesto en la ciudad como efecto de la urbanización del conflicto. Al igual que en el proceso abordado en el aparte anterior, el desplazamiento intraurbano se ha caracterizado por tener un altísimo subregistro, lo que hace difícil su seguimiento de forma longitudinal (^{Asolavidi, 2012}; ^{Forjando Futuros, 2016}).

En el caso de Medellín se presentó un proceso denominado «pacificación de la ciudad», el cual siguió a la desmovilización paramilitar de 2004. Esto y la continua campaña institucional de mostrar una ciudad que ha superado el conflicto desestimuló la discusión y el análisis de un fenómeno aún presente, lo cual pareciera haber abortado los intentos por su comprensión y análisis de manera prematura (^{Forjando Futuros, 2016}).

Los primeros antecedentes de este fenómeno en la ciudad en periodos recientes se pueden identificar a finales de la década de 1990 y principios del nuevo siglo, cuando los primeros grandes asentamientos de Medellín comenzaron a surgir. Las administraciones municipales debieron asumir las primeras oleadas migratorias por desplazamiento forzado desde las regiones a la capital antioqueña, optando por medidas represivas como los desalojos de los nacientes asentamientos, operativos en los cuales los ranchos eran derribados y las familias sacadas en camiones a las afueras de la ciudad o llevadas a sus regiones de origen, sin ninguna medida de protección o protocolo de retorno (^{Naranjo y Granada, 2017}). Estas prácticas de desalojos forzados por parte de la institucionalidad han sido una medida represiva de expulsión que solo hace que una gran masa de población se disperse momentáneamente, pero que busque espacios en la ciudad en los cuales instalarse, al tiempo que no es una medida concertada y que aun cuando no resulta efectiva se continúa implementando en la ciudad.

Es en este mismo periodo, cuando se agudiza la confrontación armada en la ciudad, es el tiempo de la lucha entre milicias guerrilleras, los nacientes grupos paramilitares urbanos y los operativos de las fuerzas armadas del Estado, estos dos últimos de manera articulada. Operaciones como Orión en la Comuna 13 y Estrella vi en la franja alta de las Comunas 1 y 3 coinciden con la llegada masiva de población víctima de desplazamiento forzado a las comunas de la ciudad (^{Biermann, 2009}; ^{Cárdenas y Rengifo, 2015}, 22-24 de julio), y a su vez fueron causantes de procesos de desplazamiento intraurbano que obligaron a la reconfiguración de barrios y asentamientos.

En el caso específico de Manrique, la movilidad urbana forzada se evidencia mediante las caracterizaciones y diagnósticos que organizaciones de víctimas de la comuna ejecutaron, develando la enorme dimensión del fenómeno y mostrando corredores de movilidad con las comunas vecinas o con aquellas donde se exacerbó con más fuerza el conflicto en la ciudad, como la Comuna 13 y la Comuna 8. Se identifica así que las familias desplazadas habían sido revictimizadas una o varias veces, siendo expulsadas de los barrios donde se instalaron, pero además esta modalidad también afectaba a los habitantes históricos de la comuna (^{Asolavidi, 2012}). Es evidente entonces que:

Si bien Medellín ha sido receptora de población desplazada desde el proceso de conformación de sus laderas, las dinámicas de la violencia también han provocado el desplazamiento intraurbano de un número importante de personas que suelen habitar los sectores más reprimidos de la ciudad […]. Pese a que se ha declarado la disminución de este hecho y otros gracias a los pactos entre las estructuras criminales más grandes de la ciudad (^{Umarv, 2014}, p. 36).

De esta forma se presenta un altísimo flujo interno que puede incidir en la recomposición territorial y puede ser útil para tipificar el desplazamiento intraurbano como una forma de victimización, un paso importante para continuar con su análisis, registro y prevención.

Igualmente, se hace crítico confirmar que la zona de mayor expulsión para los llegados a estos barrios es la misma comuna. Dentro de las razones para que esto se dé pueden mencionarse que los circuitos que recorren están íntimamente ligados con los procesos de asentamiento inicial, que llevaron a que los paisanos, sus colonias y familiares conocidos reconstruyeran redes que ahora posibilitan nuevamente el tránsito. Las posibilidades de movilidad de toda su estructura de subsistencia se encuentran íntimamente ligadas con la comuna, por lo cual prefieren desplazarse a barrios cercanos que permitan el mantenimiento de ciertos circuitos de subsistencia, como pueden ser lugares de rebusque y recorridos, al tiempo que sostienen las redes de vecindad y apoyo, asegurando el cuidado de sus inmuebles para no ser despojados o abandonados de manera definitiva. Es por todo eso que se logran identificar corredores de paso, puertos de llegada, lógicas de reagrupamiento de colonias o vecindad, entre otras.

Si bien no es fácil dar cuenta de cuántas personas llegaron de cada barrio o municipio del área metropolitana, se realizó un ejercicio en el caso del barrio María Cano Carambolas, a partir del cual se puede ofrecer información descriptiva. Los motivos decisivos por los cuales se desplazaron se encuentran asociados a las problemáticas antes mencionadas y los principales lugares de procedencia son San Javier, El Popular, Moravia, Barrio Carpinelo, así como municipios aledaños. En el Mapa 2 pueden observarse los lugares de origen y la permanencia del fenómeno entre 2010 y 2015.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 2 Desplazamiento intraurbano Barrio María Cano Carambolas, 1990-2015. 

Lo anterior reitera que en el caso de los barrios abordados una de las principales causas que manifiestan los habitantes para haber llegado es el orden público, producto del recrudecimiento de hechos como muerte de familiares, enfrentamientos, miedo y amenazas, estos últimos muchas veces vinculados al rol de liderazgo en la comunidad. Todas estas acciones se encuentran relacionadas con la violencia de la ciudad (^{Asolavidi, 2012}; Forjando Futuro, 2016; ^{Umarv, 2015}).

En general, puede observarse que el desplazamiento urbano ha configurado nuevas trayectorias de poblamiento que, si bien es difícil evidenciar, dan cuenta de un movimiento errante en la población que imposibilita el sostenimiento de las redes de apoyo y supone la constante reconfiguración del territorio.

Conclusiones

Las trayectorias de llegada de los habitantes de los barrios evidencian dos movilidades sociales que deben ser entendidos en sus diferencias y entrecruzamientos: las rurales, marcadas por la violencia política y procesos migratorios; y las urbanas, acentuadas por la violencia armada, en algunos casos con matices políticos, pero en la mayoría de ellos por un control territorial. Estas han estructurado y complejizado la observación de los efectos del desplazamiento en la ciudad. Hacer conscientes las rutas, los lugares de origen y las causas de estos movimientos permite avanzar en la comprensión del fenómeno y en el desarrollo de acciones que involucren los acervos socioculturales en la intervención de este.

El estudio sobre poblamiento de las ciudades colombianas ha abordado incipientemente el papel de la migración forzada y el desplazamiento rural en su conformación territorial. La centralidad que estos dos temas han tenido en el debate ha invisibilidad y relegado la influencia que tiene un fenómeno contemporáneo como lo es el desplazamiento intraurbano, excluyéndolo del debate y análisis que las instituciones gubernamentales hacen de dichos procesos. El caso referenciado aquí evidencia que es una problemática central para la comprensión del poblamiento actual de las márgenes urbanas.

El estudio de las trayectorias rurales y urbanas se asocia a procesos de expulsión por violencia, estas deben ser abordadas de manera conexa y articulada pues ambas responden a estrategias de guerra instaladas, utilizadas por los grupos armados legales e ilegales para controlar vastos territorios y movilizar población bajo presión. Reconstruir la memoria y avanzar en el levantamiento de las rutas emprendidas por nuestros congéneres aporta a una reflexionar que permite entender que los márgenes de la ciudad no son el resultado de procesos de invasión, sino de supervivencia al conflicto, que evidencia la lucha histórica por construir y pertenecer a un espacio que posibilite: la existencia, el habitar, el arraigo y la consolidación de un proyecto común, a pesar de la guerra interna que no hemos logrado resolver.