Introducción

Los movimientos de protesta de inmigrantes que se desataron a inicios del presente milenio a lo largo del territorio español tuvieron como característica particular una marcada articulación de acciones en red. Multisituados geográficamente, los grupos compuestos por migrantes de diversos países en situación administrativa irregular demandaban al Estado su reconocimiento y regularización. Se entenderán las «luchas de migrantes» que aquí se revisan, en concordancia con ^{Amarela Varela (2015)}, como formas de disidencia transnacional, llevadas a cabo por sujetos migrantes imbuidos por culturas políticas que son híbridas y pluriétnicas.

Estas reivindicaciones fueron, en gran medida, el correlato de las experiencias suscitadas en los años previos —incluso simultáneamente— en otros países europeos, principalmente en Francia. Estos antecedentes históricos reforzaron la tendencia de la transnacionalización de los saberes y las prácticas en el campo de las luchas sociales. Cabe señalar e interrogarse acerca de «[…] cómo la producción de ciertas representaciones sociales que juegan [sic] papeles significativos en tanto articuladoras de sentido de las prácticas de organizaciones y movimientos sociales es impactada de diversas maneras por relaciones transnacionales entre actores locales y globales» (^{Mato, 2004}, p. 90). Las representaciones de los inmigrantes como «ilegales», «irregulares» o «sin papeles», calificativos con los que fueron denostados por funcionarios públicos españoles, sin embargo, sirvieron como una condición aglutinante. El cruce fraudulento de la frontera estatal denominado «irregularidad» no alcanza para comprender la «irregularidad sobrevenida», que se produce por la rigidez de las disposiciones normativas, por ello es propicio usar el término «inmigrantes en situación administrativa irregular», el cual no implica una falta total de documentación (^{Jaegermann, 2011}). En este artículo se opta por usar este último término para enfatizar que los temas documentarios constituyen una falta meramente administrativa. Estas disquisiciones son importantes a los efectos de que la frontera también se mueve siguiendo a los migrantes (^{Nyers, 2012}).

El propósito de este artículo es explorar el contexto de surgimiento de las principales protestas de inmigrantes en España en el periodo 2000-2002, comprendiendo el impacto de las normas específicas para inmigrantes en la gestación y el desarrollo de las protestas; y la incidencia de la situación administrativa de los inmigrantes en los métodos y objetivos de las protestas. A partir de un enfoque metodológico cualitativo, se utiliza la técnica de análisis documental, revisando especialmente tanto la normativa española relacionada con los inmigrantes como los discursos políticos de funcionarios públicos. Es importante resaltar que el tema abordado no ha sido lo suficientemente explorado, citándose a lo largo del texto los principales antecedentes de investigación, encontrándose muy poca producción reciente.

La elección del caso de estudio de las protestas transcurridas durante el primer mandato¹ de José María Aznar obedece a que han sido las principales de este tipo registradas en el contexto español hasta la actualidad. Tras iniciar este milenio, se sucedió una paulatina aplicación de herramientas políticas² que dificultaron la regularización de los inmigrantes administrativamente irregulares residentes en España; a ello se sumó el cambio de clima político³ y sancionatorio⁴ en ese país. Esta serie de factores concatenados abonaron a que no volvieran a presentarse con la intensidad que se describirá a continuación.

1. Antecedentes históricos

En la década de 1970, luego de la caída del modelo de Estado de bienestar y el cambio en el esquema global de la división internacional del trabajo, en Europa devino una etapa de endurecimiento de las políticas migratorias conocida como «de puertas cerradas» o «inmigración cero», que priorizó líneas de acción que oscilaron entre la regularización selectiva y la expulsión. Se desplegó el uso de la ayuda y la cooperación al desarrollo hacia los países de emigración como medida preventiva de futuras llegadas, así como el emplazamiento de emprendimientos productivos para alentar el «retorno» de los inmigrantes (^{Van Amersfoort, 1999}; ^{Tapinos y Delaunay, 2001}; ^{Marín, 2006}).

Es en el contexto posfordista, luego de la crisis del petróleo de 1973, cuando ingresó la «no categoría» jurídica de «ilegal» en el campo de los movimientos poblacionales, a la que luego se sumaron otras como «indocumentados» e «irregulares» (^{Suárez, 2007}, p. 23). Tomando el caso francés como paradigmático, los inmigrantes comenzaron a «ganar reconocimiento, por medio de un proceso paradójico en el que la reafirmación de la negación jurídica provocará para ellos un comienzo de la existencia jurídica» (^{Morice, 2007}, p. 50). Ese país había seguido una línea histórica que se remontaba a muchas décadas atrás, en las cuales «había regulado el caótico mercado de trabajo recurriendo a obreros extranjeros en tiempos de necesidad y deportándoles en tiempo de desempleo y crisis» (^{Arendt, 1999}, p. 363).

Los inmigrantes en Francia comenzaron a luchar por su derecho a quedarse y seguir trabajando (^{Krause, 2008}), en contra de las restricciones dispuestas en la normativa de extranjería. En 1972 y 1973 se sucedieron huelgas de hambre de inmigrantes dentro de iglesias, consiguiendo la adhesión de sacerdotes y buena parte de la ciudadanía, que lograron que el Estado francés regularizara a quienes hicieron la protesta y a más de quinientos mil inmigrantes, mientras que en 1980 y 1983, alrededor de 135 mil inmigrantes también fueron regularizados luego de reclamos que se produjeron, esta vez, con apoyo sindical (^{Krueger, 2001}).

Estos antecedentes colaboraron con el alto grado de organización que los inmigrantes en Francia mostraron en la década de 1990. En 1991 se iniciaron huelgas de hambre en Burdeos y París, que hasta 1992 se extendieron a unas sesenta ciudades francesas (^{Morice, 2007}, p. 55), logrando con estas medidas una nueva ola de regularizaciones. En 1996, la lucha tuvo su pico de visibilidad. Un grupo de migrantes, autoproclamados «sin papeles», se encerraron en iglesias parisinas para demandar la regularización administrativa de su situación ante los cambios en la legislación de extranjería, consiguiendo gran apoyo de una multiplicidad de actores políticos, sindicales, intelectuales, ONG, entre otros. que se expresaron a través de medios de comunicación y movilizaciones en el espacio público, adhesiones que también se replicaron en territorio español con la participación de ciudadanos, partidos políticos y asociaciones (^{Krueger, 2001}). Sin embargo, los migrantes fueron violentamente desalojados y parte de ellos fueron deportados de Francia.

La comparación de estudios de caso entre diversos países europeos y Estados Unidos permite concluir que «la existencia de movilizaciones de sin papeles no es coyuntural sino estructural» (^{Suárez, 2007}, p. 17). El apoyo español a la lucha de los migrantes en Francia no escapa a esta tendencia que avanzaba en paralelo por Europa. En Alemania los refugiados se organizaron en 1994 bajo la iniciativa The VOICE Refugee Forum para luchar en contra de las deportaciones, la discriminación en la ley y los campos de detención, lo que posibilitó luego, en 1997, la red No One is Illegal y dio lugar, un año después, a los campamentos NoBorder de intercambio de experiencias con otros movimientos migrantes, que se expandieron a través de varios países europeos por la iniciativa European NoBorder Network de 1999, aglutinando a grupos de lucha de Alemania, Francia, Austria, Polonia, Rumania y Ucrania (^{Georgi y Schatral, 2012}) hasta 2004, año de cese de las actividades (^{Barbero, 2010}).

En 2001 se realizó un campamento NoBorder en España en el que distintos grupos intercambiaron informaciones, reflexiones y experiencias sobre lo que se consideró un elevado control fronterizo devenido de los mandatos de la Unión Europea (EU), que provocaba que los migrantes desempeñaran el rol de mano de obra barata y disciplinada (^{NoBorder, 2001}). Como se precisará, los movimientos de migrantes comenzaron a congregarse, apenas iniciado 2001, en contra de la legislación de extranjería como elemento desencadenante de las protestas.

2. El peso de la normativa migratoria en la gestación y el desarrollo de las protestas

El caso de España es un ejemplo de las fronteras y límites impuestos a los inmigrantes puntualmente «no comunitarios» —como se denomina a los inmigrantes que están fuera del Acuerdo de Schengen de 1985—. El itinerario se inició con la primera ley específica de extranjería en 1985 como requisito de ingreso a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), predecesora de la EU (^{Mitchell, 1994}; Gil, 2006a; Agrela, 2007), en la cual España ingresó un año después. Esta ley estuvo impregnada de disposiciones, vocabulario y figuras jurídicas comunes al regionalismo europeo, que se fijaron como parámetros sobre movilidad, apuntando a la conformación de la UE en 1992.

Dos años después de iniciada la primera gestión de José María Aznar (1996-2000), del Partido Popular (PP), como presidente del gobierno español, el tema migratorio⁵ comenzó un derrotero legislativo en el Congreso. En 1998 se presentaron en el Congreso de Diputados español tres propuestas impulsadas por Convergència i Unió, Izquierda Unida y Grupo Mixto para cambiar la legislación de extranjería que databa de 1985. Recién a finales de 1999 pudo articularse una proposición de ley consensuada a nivel parlamentario,⁶ que finalmente se aprobó sin el visto bueno del PP, el cual retiró su apoyo inicial⁷ aduciendo que con ello se provocaría una «llegada masiva de inmigrantes», causando un «efecto llamada» para la inmigración irregular, por lo que prometió reformarla en una próxima legislatura si resultaran reelectos (^{Bravo, 2004}).

Con el consenso de distintos grupos parlamentarios, asociaciones de inmigrantes, sindicatos y ONG, a inicios del nuevo milenio se dio impulso a la aprobación del nuevo marco migratorio, la ^{Ley Orgánica 4/2000}, «derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social». Esta norma aplicó reformas que implicaron un avance en favor de los inmigrantes, contemplando derechos de educación, seguridad social, asistencia sanitaria, asociación, reunión, sindicalización, asistencia jurídica gratuita y reagrupación familiar (^{Pedone, 2003}). La ley incluía un proceso de regularización «extraordinaria» de extranjeros, cuestión que reavivó los argumentos sostenidos por el PP de que con ello se alentaba el ingreso de nuevos inmigrantes. Lo cierto es que las «regularizaciones» en España no eran para nada «extraordinarias», dado que se habían sucedido con continuidad desde 1991, como se verá en el apartado siguiente.

Cuando entró en vigencia el proceso de regularización migratoria de la nueva ^{Ley Orgánica 4/2000} se convirtió en uno de los factores desencadenantes de las movilizaciones de inmigrantes, debido a los estrictos requisitos documentarios solicitados que llevaron a que se aprobaran solo 137 454 de las 246 089 solicitudes presentadas, una cifra mucho mayor que en los procesos de regularización previos, pero escueta en relación con el número de inmigrantes y las necesidades del mercado laboral español (^{Suárez, Macià y Moreno, 2007}). El PP, con un segundo mandato (2000-2004) en ciernes y el abrumador respaldo electoral obtenido, que le posibilitó una mayoría absoluta en el Congreso, usó ese contexto de trampolín para modificar, tras solo once meses de vigencia, la normativa sobre extranjería, dando como resultado la nueva ^{Ley Orgánica 8/2000}.

Entre una y otra ley se produjeron brotes⁸ violentos de xenofobia en la sureña localidad agrícola de El Ejido, en Almería. El PP los capitalizó como una señal de alarma sobre las libertades que podían brindársele a la población inmigrante extracomunitaria, atribuyendo a la «irregularidad» la fuente de los ataques reaccionarios de la población local en contra de los inmigrantes. Como consecuencia, inmigrantes marroquíes iniciaron una «huelga contra el racismo» en febrero de 2000, a la que le siguió con éxito una huelga agrícola convocada por el Consejo de Trabajadores Magrebíes (CTM) (^{Varela, 2009}). Además, a mediados de 2000, trescientos inmigrantes en situación administrativa irregular se encerraron en una iglesia de Almería, protestando por el alto porcentaje de solicitudes de regularización denegadas, siendo el corolario de otras protestas, encierros y movilizaciones organizadas tras el silencio administrativo que siguió a las agresiones ocurridas unos meses antes en El Ejido (^{Suárez, Macià y Moreno, 2007}).

Apenas entró en vigor la ^{Ley Orgánica 8/2000} en enero de 2001, en la misma zona sur del país las condiciones de precariedad se hicieron sentir el 3 de enero, cuando doce ecuatorianos en situación administrativa irregular murieron en un accidente vial en Lorca, Murcia, mientras se dirigían a su empleo. Esto despertó la atención de los medios de comunicación, la población y los gobiernos de España y Ecuador, que justamente se encontraban en negociaciones oficiales sobre asuntos migratorios. Luego se sucedieron las primeras manifestaciones exigiendo permisos de trabajo en Murcia, llamadas «marchas por la vida», que visibilizaron el fenómeno de la precarización que alcanzaba a los inmigrantes de todo el país. Contaron con el soporte de asociaciones de migrantes, colectivos de apoyo españoles e inmigrantes, principalmente procedentes de países latinoamericanos y de Europa del Este: Ecuador, Marruecos, Colombia, Perú, Bolivia, Ucrania y Lituania (^{Suárez, Macià y Moreno, 2007}).

Como consecuencia de la cobertura mediática del accidente fatal, el gobierno español intensificó las inspecciones laborales, controles y redadas a inmigrantes, aplicando multas a los empresarios que emplearan a los trabajadores «indocumentados» (^{Varela, 2009}), lo que provocó un cese temporal en las contrataciones y una ola de despidos en todo el país.

En este contexto es que el 14 de enero de 2001, tras una asamblea, se produjo el primer encierro de ochenta inmigrantes en la iglesia de San Mateo, en Lorca, al que se agregaron otras localidades de Murcia como Los Alcázares, Totana y Ceutí (^{Mugak, 2001}). Los encierros se replicaron en semanas a otros enclaves murcianos con apoyo de inmigrantes magrebíes, ecuatorianos y colombianos, principalmente. Además, en Valencia, el 18 de enero un grupo de ecuatorianos se encerró en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia. En tanto el 20 de enero, trescientos inmigrantes⁹ se refugiaron en la iglesia de Santa María del Pi —que históricamente había prestado sus instalaciones para otras reivindicaciones sociales— en Barcelona, lugar con 70% de denegaciones sobre los expedientes de regularización presentados (^{Suárez, Macià y Moreno, 2007}). Esto se repitió simultáneamente hacia finales de enero en once iglesias más de Barcelona y otras tantas en cinco ciudades del resto de España (^{Varela, 2008}).

En apoyo a las protestas suscitadas en Murcia, en enero de 2001 un grupo de inmigrantes ecuatorianos se encerró en el Colegio Mayor Chamamine de Madrid y en una iglesia de la localidad de Lepe, en Andalucía, en febrero (^{Mugak, 2001}). Luego se le sumó un nuevo encierro de inmigrantes el 19 de febrero, esta vez en la Universidad de Almería.¹⁰ En marzo, los migrantes encerrados en esta casa de estudios y la Subdelegación del Gobierno almeriense suscribieron un compromiso de regularización; al mismo tiempo, se produjeron encierros de inmigrantes en universidades de Málaga y Madrid, y al mes siguiente se activó y concluyó el encierro de cuatrocientos migrantes en la sede de la asociación Almería Acoge (^{Varela, 2009}).

Estas fueron solo algunas de las principales medidas de protesta que pueden señalarse. En suma, en cuestión de meses las acciones de protesta por la «regularización» de los inmigrantes se extendieron por las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Valencia, Cataluña, Asturias, País Vasco y Canarias. A medida que avanzaban fue creciendo el respaldo de una serie de actores: sindicatos CC. OO. y UGT, las organizaciones humanitarias Cáritas y Cruz Roja, además de ONG regionales (^{Varela, 2009}). Los encierros fueron ampliándose, integrando también a otras personas de la sociedad civil, quienes ocupaban conjuntamente con los inmigrantes las iglesias, las universidades y el espacio público. Otros métodos de protesta fueron las huelgas de hambre por tiempo indeterminado, las manifestaciones y los acampes. Estas acciones colectivas de los inmigrantes lograron un récord de movilización en su apoyo, congregando 45 mil personas en Barcelona, 10 mil en Valencia, 6 mil en Madrid (^{Aierbe, 2001}). Todas estas acciones partieron de un movimiento organizado por los propios migrantes como sujetos políticos, así lo aseveraron los propios migrantes organizados en diversos comunicados (^{Asamblea de Vallecas, s. f.}; ^{Coordinadora Estatal de Inmigrantes Con y Sin Papeles, s. f.}).

Las asambleas, como forma de organización de los encierros, estuvieron cruzadas por los liderazgos, la diversidad de idiomas y los objetivos de los diversos grupos integrantes. Estas reuniones sirvieron a modo de estructuración interna para el intercambio de información, la constitución de comisiones y el acceso a la toma de decisiones de manera horizontal (^{Suárez, Macià y Moreno, 2007}). Existía interacción¹¹ entre los encierros a través de comunicados, posicionamientos y manifiestos en rechazo a las políticas de extranjería, a lo que se sumaba la comunicación entre participantes de distintas regiones, como en el caso de Murcia, donde se trasladaron algunos de los portavoces del encierro de la iglesia Santa María del Pi de Barcelona (^{Suárez, Macià y Moreno, 2007}). Aunque también hubo cortocircuitos, por ejemplo, se produjeron rispideces cuando la asamblea de Barcelona cerró un acuerdo que resguardaba a sus migrantes encerrados sin contemplar a las demás regiones del país que se habían aglutinado en lo que se denominó la «Coordinadora nacional de Sin Papeles» (^{Varela, 2009}, p. 156).

Si bien el accidente de Lorca, por un lado, potenció la unión de los inmigrantes en lucha para que el Estado español los reconociera y que les facilitara el acceso a su regularización migratoria, a la vez allanó el camino para que el gobierno del PP aplicara estrategias de desarticulación del movimiento. El incidente fatal precipitó las negociaciones de un plan de «retorno voluntario»¹² establecido el 31 enero de 2001¹³ y la firma, en mayo de ese mismo año, de un acuerdo laboral entre España y Ecuador —Acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios—, logrando la regularización extraordinaria de los nacionales de ese país sudamericano, quienes eran los principales actores latinoamericanos participantes en los encierros.¹⁴ Este arreglo sectorizado, por supuesto, hizo perder parte del grupo de presión y dejó en desventaja a inmigrantes de otras nacionalidades.

Comparando el desenlace de cada encierro, se puede discernir que la mayoría de ellos se prolongaron por diversos lapsos de tiempo y finalizaron con resultados dispares, debido a que su resolución fue dada a veces por los gobiernos locales y otras por el Gobierno central, utilizando principalmente tres medidas: reevaluación de procesos de regularización denegados, concesión de documentación y expulsiones del territorio español.

Entre los principales hitos de acción, el 10 de junio de 2002 se emprendió otro encierro, esta vez en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, días antes de la Cumbre Europea de Jefes de Estado y Gobierno celebrada en esa misma ciudad. Al igual que en los demás, se solicitaba la regularización inmediata bajo el lema «papeles para todos», consigna repetida en todas las manifestaciones de lucha. Consultado por la prensa al finalizar la Cumbre, la única declaración impartida por el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, acerca de los encierros fue:

No tengo nada que decir, sino simplemente que espero que esa situación se resuelva en el plazo de tiempo más breve posible; pero no tengo nada que decir. Yo creo que, cuando hay un ejemplo muy específico en el cual hay inmigrantes ilegales que protestan porque hay otros inmigrantes que son legales, es la demostración más palpable de que tenemos cosas que resolver […]. La Ley está hecha para cumplirla, no para incumplirla (^{Oficina de Información Diplomática, 2002, 22 de junio}).

En ningún momento de la lucha los inmigrantes en España plantearon la alteridad mencionada por Aznar de legal-ilegal al interior del movimiento, sino que fueron los propios migrantes, como sujetos políticos activos, los que mediante sus acciones pusieron el acento en que su situación era producto de la política de extranjería (^{Aierbe, 2001}). Con las medidas emprendidas, los inmigrantes quisieron crear una nueva relación de fuerza con el Gobierno, que diera cuenta de las contradicciones de su legislación (^{Krueger, 2001}).

La acción de la Universidad Pablo de Olavide terminó en agosto de 2002 con el desalojo de los encerrados a manos de la Policía. Concluyó con un apoyo social muy fragmentado, en un contexto de mayor endurecimiento de las políticas migratorias en España y en Europa, lo que dio por fruto una nueva reforma de la legislación migratoria con la sanción la ^{Ley Orgánica 14/2003}, que se escudó en los cambios producidos en la inmigración y en la incorporación de los instrumentos sancionados en la UE. La normativa simplificó tanto los trámites administrativos para los inmigrantes como el régimen jurídico de los extranjeros en España, haciendo foco en la inmigración «legal», la «integración» y el reforzamiento de los procedimientos de «devolución» de extranjeros que accedían «ilegalmente» al país (Exposición de motivos II, ^{LO 14/2003}). Una vez más se expresó la solución dicotómica que se había practicado con los migrantes participantes de los encierros: regularización o expulsión.

3. La «regularidad» administrativa de los inmigrantes extracomunitarios como condicionante

En líneas generales, la regularidad administrativa negada o restringida legal y políticamente fue un condicionante compartido por los extranjeros encerrados y desempeñó un papel crucial en la conformación del movimiento migrante en España. La particularidad de los llamados «sin papeles» es que luchan para dejar de serlo (^{Aierbe, 2001}), es decir, confluyen alrededor de una categoría que con sus acciones pretenden abandonar. Sin embargo, la irregularidad administrativa de los extranjeros no los constituye per se como grupo. Es el poder de la acción conjunta de los migrantes lo que los instaura como actores políticos (^{Krause, 2008}) y les da fuerza a sus acciones.

En la visión de Aznar, la «entrada de inmigrantes ilegales» era un «problema» acarreado por la «prosperidad» (^{Aznar, 2004}, p. 254). Detenerse en las maneras de pensar la migración que utiliza Aznar es primordial para «develar las formas en que se sustancializa a los sujetos migrantes […], cómo […] los nombran y los clasifican y, de este modo, cómo influyen estas nominaciones en las representaciones sociales y en la vida misma de las personas que cotidianamente experimentan la vida como migrantes» (^{Feldman, Rivera, Villa y Stefoni, 2011}, p. 17).

Al igual que la ciudadanía, la «ilegalidad» es un estatus jurídico que implica una relación social con el Estado y, como tal, la «ilegalidad» migrante es una identidad política que confiere el Estado (^{De Genova, 2002}). Desde la perspectiva de Aznar, son los migrantes los que llegaron desde la «ilegalidad», son ellos quienes tienen la responsabilidad de su situación administrativa, como si su estatus frente al Estado fuese una opción voluntaria. Cuando se etiqueta a los inmigrantes como «ilegales» es el mismo Estado el que trata de poner fuera de foco su propia responsabilidad política en la construcción de la inmigración. La denominación de los migrantes bajo el término «ilegales» forma parte de una negación que suele hacerse desde el Estado sobre la propia situación estructural donde se insertan los inmigrantes, las relaciones político-sociales que se construyen con los extranjeros y las consecuencias que esto genera para los grupos inmigrantes.

La irregularidad administrativa en España está amparada bajo dos pilares, uno es la estructuración del trabajo y otro es la ley de extranjería. El mercado de trabajo español se caracteriza por:

La precariedad del empleo; las elevadas tasas de paro […]; las grandes diferencias regionales en cuanto a la distribución del empleo, el desempleo y la población activa; la escasa movilidad geográfica de trabajadores; el gran peso del sector servicios; la descentralización y subcontratación en el sector de la construcción, la extensión de la economía sumergida y la importancia del sector informal (^{Gil, 2006b}, p. 105).

Esto provoca que las relaciones laborales en España no siempre impliquen un contrato de trabajo. Un reflejo de esto fue la concentración de las protestas migrantes en la región sur del país, donde confluyen factores domésticos y estructurales. Por ejemplo, Murcia, uno de los principales epicentros de los encierros, concentra una zona agrícola exportadora cuyos niveles de rentabilidad se basan en los grandes márgenes de beneficios devenidos de los bajos salarios, la alta flexibilidad y precariedad de las condiciones laborales, lo que le otorga competitividad en el mercado mundial (^{Laubenthal, 2005}). Los inmigrantes que participaron en las protestas eran parte de esa realidad y comportaban «un elemento constituyente de las condiciones productivas» en esa región (p. 168). Es este trasfondo el que emerge cuando se presta atención a las soluciones políticas ofrecidas y a los actores que abogaron en favor de los migrantes encerrados.

Una característica fundamental para analizar la inmigración extracomunitaria en España es la relación entre el trabajo y la regularidad que se establece en toda la normativa migratoria desde 1985. Para ser considerado en regularidad administrativa, el extranjero depende de la obtención de dos condiciones mutuamente indisociables: permiso de trabajo y permiso de residencia. Es decir que, de acuerdo con el texto normativo, un inmigrante que quede desempleado puede ser considerado «irregular» y ser expulsado del país. De aquí la importancia de rescatar la categoría de «irregularidad sobrevenida» de Zuzanna ^{Jaegermann (2011)} para el caso de España.

Las medidas de excepción, que intentaron subsanar la «irregularidad» administrativa de cientos de miles de inmigrantes, visibilizaron la dificultad que supone mantener de forma estable el trinomio trabajo-residencia-regularidad impuesto en la Ley. Para ello, España alternó dos procesos: la regularización documentaria y la política de cupos-contingentes de trabajo, destinadas a la aprobación de una determinada cantidad de contrataciones laborales de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo español. Se produjeron regularizaciones documentarias en 1985, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005. Ciñéndonos al periodo abordado en este artículo, se regularizaron por esta vía a 199 926 inmigrantes en España, de las 247 598 solicitudes en 2000, y a 232 674 de las 351 269 personas que se presentaron en 2001; es decir al 80,7% y al 66,2%, respectivamente (^{Baldwin y Kraler, 2009}). La disminución que se da en 2001 tiene que ver con el endurecimiento de la legislación. Mientras tanto, se habían aprobado contingentes de trabajadores extranjeros casi anualmente en 1993-1995, 1997-1999 y 2002-2004.

En España, es la política de extranjería la que mantiene irregularizadas a las personas (^{Varela, 2008}). En este sentido, es necesario cuestionar si «la nueva frontera total es la ley» (^{Suárez, 2007}, p. 23). Las demandas en los encierros se sostenían contra la rigidez de las políticas de inmigración como condicionantes en el acceso a la ciudadanía y a los derechos. En este sentido, las reivindicaciones migrantes redefinen las fronteras, democratizando la ciudadanía al transformar los procesos de exclusión en procesos de inclusión (^{Naranjo, 2016}). En esta dirección, las estrategias utilizadas por los inmigrantes en España han tratado de atravesar los llamados «muros de papel» (^{Pedone, 2003}, p. 44), desafiando las restricciones de las disposiciones legales.

Consideraciones finales

El artículo ha mostrado de manera sucinta un panorama de los principales hitos de la lucha de inmigrantes en España para lograr su regularización documentaria durante parte de la segunda gestión de gobierno de Aznar. El enfoque ha destacado que esta lucha ha sido desencadenada por la situación administrativa de los migrantes, que se vuelve trascendente en la medida en que revela la lógica estructural de precarización que la subyace.

Las y los inmigrantes aglutinadas(os) en torno a una identidad social negativa, como la de «irregulares» o «ilegales» conferida por el propio Estado español, mantuvieron sus reivindicaciones a lo largo de los meses con cierto grado de organización. Esta identidad forjada en las carencias de los derechos develó un movimiento migrante con características transnacionales emergentes, cuestión sobre la que será necesario profundizar en futuros trabajos. Los encierros, las huelgas de hambre, el apoyo de la Iglesia, los sindicatos, las organizaciones y la sociedad civil en general, trazan paralelos con Francia y las experiencias compartidas en los campamentos NoBorder, como se ha señalado. Además, como línea de investigación, se pueden establecer comparaciones con otros países europeos.

Por cuestiones de espacio no se ha ahondado más. Un caso que presenta similitudes es el italiano. Entre mayo y julio de 2000, en la Provincia de Brescia, se produjo una revuelta de inmigrantes extracomunitarios que habían quedado fuera de la regularización extraordinaria —sanatoria— de 1998. Un nutrido grupo de miles de migrantes tomaron la plaza central de esa ciudad del norte de Italia bajo el lema «permiso para todos». Con el paso de los días fueron apoyados por centros sociales, los principales sindicatos —Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) y Unione Italiana del Lavoro (UIL)—, organizaciones de la sociedad civil, partidos de izquierda, la Iglesia católica y parte de la ciudadanía. Las huelgas de hambre, sentadas enfrente a la estación de policía, manifestaciones, acampes en la plaza principal y reuniones con autoridades políticas locales y nacionales estuvieron entre las metodologías seguidas durante los 45 días de protestas. Finalmente, consiguieron la revisión de expedientes de regularización de un gran número de inmigrantes. Participaron con gran visibilidad inmigrantes de Paquistán, India y Senegal (^{Associazione Africa Insieme, 2009, septiembre 27}).

Las resistencias son justamente las que han forjado el surgimiento de una incipiente «transnacionalización de la lucha por los derechos de los inmigrantes» (^{Barbero, 2010}, p. 690) en Europa, cuestión que cobra fuerza en la actualidad con los movimientos recientes de refugiados. Este punto es de relevancia, por ejemplo, por las nuevas protestas de extranjeros solicitantes de refugio registradas en Francia, en enero de 2018, las cuales ocuparon parte de la Universidad de París viii reclamando mejores condiciones al Gobierno francés y que fueron apoyados por activistas e universitarios (^{Egea, 2018}, febrero 17).

Las acciones de los migrantes para visibilizar sus demandas se vieron contestadas por el Estado a través de soluciones oscilantes entre la regularización documentaria y la expulsión. Esto no hizo más que evidenciar la disparidad de poder entre los actores involucrados.

Es importante considerar que este movimiento migrante no solo se orientaba a las acciones de protesta sino a las de reconocimiento: reclamaban que se los considerara interlocutores válidos y legítimos. En este sentido, no se autoadscribían como «ilegales», tal como los designaba el gobierno aznarista, lo que remitía a la imputación de un delito y los anulaba como actores políticos, sino como sujetos con derechos denegados que eran producto del receptivo mercado de trabajo español y de las restrictivas políticas de extranjería del país ibérico. Su identidad como grupo estaba forjada en las carencias de ciudadanía plena que demandaban cambios en la sociedad de destino, como la regularidad documentaria, la ampliación de derechos y el cese de las detenciones y deportaciones. Se plasmó así una resistencia de los inmigrantes extracomunitarios ante un Estado que no los reconocía como sujetos de derechos, lo cual contribuyó a una arquitectura estructural de precariedad social.

Aunque los inmigrantes en España lograron constituirse a fuerza de movilizarse como un grupo político válido ante la interlocución con el Estado, hay que tener presente lo que advierte Liliana Suárez (²⁰⁰⁷, p. 23) como el «fetichismo de los papeles» que presupone que los documentos otorgan el «acceso a los derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones con los nacionales». Esto, en muchos casos, dista de la realidad y es solo el primer paso para continuar la disputa cotidiana de construcción del sujeto inmigrante frente al Estado.