Introducción

Buena parte de los estudios académicos sobre el desarrollo de la democracia en América Latina desde la década de 1980 se han centrado en las transformaciones que han tenido los regímenes políticos en su tránsito de las dictaduras a democracias liberales. En este sentido, los interrogantes y propuestas principales giraron en torno al control civil sobre el poder militar y sobre la consolidación de la democracia misma (^{Valenzuela, 1992}; ^{Linz y Stepan, 1996}; ^Agüero,1998; ^{Diamond, Plattner, Chu y Tien, 1997}; ^{Diamond, Hartlyn, Linz y Lipset, 1999}). Una literatura significativa se centró en la importancia de las doctrinas militares (^{Pion-Berlin, 1989}; ^2008a; ^{Diamint, 2002}; ^{Pion-Berlin y Trinkunas, 2010}), mientras que otra en la necesidad de asegurar la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas (^{Hunter, 1997}; ¹⁹⁹⁸; ^{Linz y Stepan, 1996}; ^{Fitch, 1998}; ^{Diamint, 2001}; ^{Huser, 2002}). Las principales conclusiones han sido que la consolidación democrática se da cuando el poder civil es el que define la política de seguridad y defensa, y dirige a las fuerzas militares (^{Valenzuela, 1992}; ^{Garretón, 1995}; ^{Serra, 2003}; ^{Diamint, 2008}; ^{Pion-Berlin y Ugarte, 2013}; ^{Pion-Berlin, 2016}).

Como bien lo advierte David Pion-Berlin (²⁰⁰⁸b:50-51), en América Latina —a comienzos del siglo xxi— se han establecido unas relaciones de dependencia más clara y estable de los militares a los civiles y unas Fuerzas Armadas más débiles como no había ocurrido en otro momento de la historia, en cuanto concentran sus acciones en funciones propias. Sin embargo, hay un caso particular que sobresale, el venezolano, que después de cuatro décadas de democracia representativa se encuentra en contravía de esta tendencia regional, constituyéndose actualmente en el caso más emblemático de retroceso democrático y de creciente participación militar, al punto que algunos han llegado a preguntarse si Venezuela se encuentra ante un nuevo tipo de régimen militar (^{Jácome, 2017}a).

En efecto, desde el inicio de la revolución bolivariana en 1999 y su ideario de la puesta en marcha de una unión cívico-militar se ha desconfigurado el control civil sobre el poder militar como no había ocurrido desde el inicio de la democracia en el país en 1961. El surgimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como los dos actores clave del proceso político han reestructurado la organización del poder en Venezuela. Asimismo, sus interrelaciones no solo han conducido a nuevas dinámicas entre civiles y militares, sino a mayores dosis de militarización del Estado y de la sociedad, lo que ha conducido a un retroceso democrático.

Este artículo busca explicar la mayor participación de las fuerzas militares dentro de la lógica estructural del proyecto chavista, en particular, su profundización en momentos de crisis, como ocurre con el gobierno de Nicolás Maduro, producto de la desaparición física del caudillo —Hugo Chávez— y de la crisis económica y social. Lo anterior ha resultado en un avance progresivo de la militarización de la sociedad y en un retroceso democrático del país.

Para el análisis se recurrió a un conjunto de trabajos sobre el pretorianismo en Venezuela, entendido como la participación militar invasiva y ventajosa en la política y la progresiva profundización de su injerencia, conllevando a un creciente autoritarismo (^{Irwin, 2010}; ^{Irwin, Castillo y Langue, 2007}; ^{Jácome 2011}; ²⁰¹⁴; ^2017a; ^Buttó,2010; ^{Buttó y Olivares, 2016}). Esto no solo ha redundado en beneficios para los mismos militares, sino que ha sido impulsado por la necesidad del partido de gobierno para sostener la revolución.

La mayor influencia del aparato militar abarca todo el espectro de la sociedad, desde las funciones de inteligencia y de la Policía, que son propias de civiles en regímenes de corte democrático consolidado, hasta los temas de participación política, económica y social. En estos últimos espacios, los militares participan de manera complementaria y orgánica de la mano del PSUV.

1. El papel de las Fuerzas Armadas en la revolución bolivariana

Hugo Chávez siempre concibió a la Fuerza Armada, junto con el pueblo, como los actores centrales del proyecto revolucionario. Varias veces se refirió a ella como un «recurso político del Estado», y reconoció públicamente que «los soldados [debían] ser políticos» ^{(Buttó, 2010, p. 783)}. De esta manera se alejó de las premisas de un sistema de democracia liberal en el que los militares deben ser apolíticos, no deliberantes, sujetos y subordinados al control civil. Avanzar en el proyecto revolucionario requirió de cambios institucionales, tanto de naturaleza, como de ideología y de organización del sector castrense, además de sucesivas purgas para apartar a los oficiales institucionales que fueran obstáculo para el desarrollo del proyecto.

Los primeros cambios se introdujeron en la Constitución de 1999. La Fuerza Armada dejó de ser «apolítica, obediente y no deliberante» para ser concebida simplemente como una institución «sin militancia política».¹ Recientemente el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, recordó como en la Asamblea Nacional Constituyente de entonces se debatió sobre la necesidad de que los militares deliberarán sobre las políticas del Estado, debido a los principios de seguridad de la Nación (^{Pineda, 2016, enero 16}). Asimismo, se les dio la responsabilidad de defender a la República, pero no al régimen democrático representativo como modelo de referencia. Se instauró el derecho al voto y, con ello, la participación directa de los militares en la elección partidaria y la competencia de la promoción de militares de alto rango pasó del Congreso —expresión del control civil sobre el sector castrense— al presidente de la República.

Estos, más otros cambios y los realizados por medio de leyes orgánicas han modificado los principios y las responsabilidades de los militares, transformando su papel profesional y debilitado el control civil (^{Manrique, 2001}; ^{Irwin y Langue, 2004}; ^{Irwin, 2010}; ^{Irwin, Langue y Castillo, 2007}; ²⁰⁰⁹; ^{Irwin, Buttó y Langue, 2006}; ^{Rodríguez-Franco, 2006}; ^{Rivas, 2009}; ^{Ramos y Otálvaro, 2008}; ^{Jácome, 2008}; ²⁰¹¹; ^2017a; ^2017b; ^{Buttó, 2010}; ^{Buttó y Olivares, 2016}).

La actuación y el incremento del poderío militar, político y económico de los militares se amparó en el concepto ampliado de la seguridad: «La seguridad de la Nación, está fundamentada en el desarrollo integral, y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar […]».² La seguridad pasó a ser concebida como un asunto central que abarcó todo un capítulo en la Constitución de 1999; asimismo, la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en cuestiones de seguridad y defensa integral. Bajo estos conceptos se amplió el margen de acción de los militares a casi todos los aspectos de la vida social, lo que se ha profundizado en el gobierno de Maduro. Actualmente, se da el ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la civil, con lo que los militares pueden convertirse en funcionarios sin perder sus prerrogativas militares, participar directamente en la política e intervenir en todos los asuntos internos.

1.1 Fortalecimiento de lo propiamente militar

De la mano de una nueva concepción de la seguridad y de la defensa integral se desarrolló una doctrina militar antiimperialista que considera a Estados Unidos y sus aliados externos e internos fuente de las principales amenazas a la seguridad del país. En la actualidad, la FANB se prepara para llevar a cabo una guerra popular de resistencia (^{Ramos y Otálvaro, 2008}; ^{Jácome, 2008}; ^{Buttó, 2010}). Es por ello que desde la llegada del chavismo se disparó la compra de armas. Entre los periodos de 2002-2006 y 2007-2011 Venezuela pasó de ocupar el puesto 46 entre los principales países importadores del mundo a ocupar el 18, un crecimiento de 555%. Con la crisis económica las compras se redujeron en el año 2015, pero las protestas llevaron al Gobierno a aumentarlas de nuevo, manteniendo el puesto 18 el año siguiente (^{Sipri, 2016}).

Asimismo, después de las manifestaciones de 2014 y del resultado desfavorable de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, el Gobierno decidió aumentar el presupuesto militar en 163% entre 2015 y 2016; lo mismo ocurrió con el personal militar, se pasó de unas fuerzas de 194 744 en 2014 a 365 315 en 2016, y en el caso de la Milicia de 70 000 a 365 046, respectivamente.

Tabla 1 Presupuesto Defensa, en dólares corrientes. 

Fuente: elaboración propia a partir de Marcela ^{Donadio (2016}).

Tabla 2 Personal militar. 

Fuente: elaboración propia a partir de Marcela ^{Donadio y María de la Paz Tibiletti (2014}) y ^{Marcela Donadio (2016}).

La visión ampliada de la seguridad extendió su intervención en la seguridad interna. Dos resoluciones emitidas por el Ministerio de la Defensa³ a inicios de 2016 convalidaron esta intervención para mantener la paz pública. Se estableció que unidades de la Reserva Estratégica, incluyendo la Milicia Bolivariana, «podían actuar para sostener el orden interno, especialmente durante conflictos sociales» (^{Jácome, 2017}b, p. 13). De la misma manera, se fortaleció el dominio del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) sobre el conjunto del sector militar. Esta reestructuración de la FANB, llevada a cabo en medio de una coyuntura crítica, le dio un mayor poder al general Vladimir Padrino, quien siendo al mismo tiempo cabeza del Ministerio de la Defensa y del Comando Estratégico Operacional concentró las decisiones de todos los cuerpos militares en materia de defensa militar, mantenimiento del orden interno y participación en el desarrollo nacional. Esto explica cómo en momentos de crisis las amenazas a la perdurabilidad del régimen aumentan el poder militar y la concentración del mismo.

1.3 Inteligencia y la fuerza militar

Es amplia la literatura que coincide en el propósito y los mecanismos de control de los sistemas de inteligencia por parte de las autoridades civiles en las democracias (^{Born y Leigh, 2007}; ^{Vitkauskas, 1999}; ^{Wills et al., 2011}). En 2010, con motivo de la reestructuración de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), se creó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), teniendo entre sus funciones el control de las «amenazas internas y externas» (^{Jácome, 2017}b, p. 15). Sin embargo, este órgano de inteligencia política del Estado, que ha ido adquiriendo progresivamente mayor relevancia dentro de la estructura de seguridad del régimen, particularmente desde la muerte de Chávez y la llegada de Maduro, no posee ningún mecanismo de control político y su dirección se encuentra en cabeza de un militar; además, ha adquirido un papel de particular relevancia en el control político del régimen, participando activamente en tareas polémicas como la búsqueda de opositores, desconociendo incluso las órdenes de libertad de acusados por acciones políticas (^{El Cooperante, 2017, marzo 30}; ^{Von Bergen, 2016}, julio 17; ^{Moreno, 2017}, junio 27).

Es así como el Sebin, con una función difusa, participa en acciones policiales de seguridad ciudadana y en operaciones de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), demostrando la ausencia de una clara distinción entre competencias y tareas de los organismos de inteligencia y contrainteligencia civiles y militares (^{Jácome, 2017}b).

La falta de control civil por autoridades diferentes a las entidades militares se refleja de una manera contundente en el trabajo de Samanta ^{Curti (2015)}, donde se hace un análisis comparativo de los mecanismos de control de los sistemas de inteligencia de América del Sur, y cuyo resultado se sintetiza en la Tabla 3. La autora menciona que en lo publicado no había referencia a ningún sistema de control de los servicios de inteligencia en Venezuela, contrario a los sistemas en los demás países.

Tabla 3 Mecanismos de control propuestos por los ordenamientos legales analizados. 

Fuente: elaborado a partir de ^{Curti (2015}, p. 26).

El inexistente control civil ha sido amparado bajo el argumento de que los esfuerzos por desestabilizar al régimen por parte de los países imperialistas y sus aliados internos requieren de la concentración de los aparatos de control e inteligencia en los militares para velar por la seguridad, la defensa y el mantenimiento de la revolución. Es así como el supuesto órgano de inteligencia, el Sebin, inicialmente concebido como civil, termina al mando de un militar y se convierte en otro instrumento del Gobierno, partidista y enfocado al control político y social para preservar la revolución de sus supuestos enemigos externos e internos.

2. La participación política de los militares partidistas (PSUV) dentro del régimen chavista

Después del fracasado golpe militar de 2002, Chávez inició varias purgas internas dentro de la institución castrense y promovió la unidad cívico-militar⁵ del proyecto político. En los años siguientes se comenzó a escuchar en el discurso público de altos mandos militares referencias al carácter «chavista» y «socialista» de la FANB, redoblándose desde 2013 en medio de la crisis política y económica (^{Jácome, 2017}b). Y a pesar de que la Constitución establece que la institución militar no le debe obediencia a persona alguna, Chávez pasó a ser el «líder Supremo» de la institución (^{Buttó y Olivares, 2016}).

La relación partido-fuerza militar —PSUV y FANB— parece conformarse en el proyecto cívico-militar. Hay una simbiosis de las políticas sociales con la institucionalidad militar y con un Estado que ha sido progresivamente permeado por la presencia tanto de los miembros de la Fuerza Armada dentro de la política en su papel de funcionarios y de políticos, como por parte del partido PSUV como un instrumento o brazo político para implementar las políticas públicas a través de sus cuadros operativos en las regiones. Esta interrelación y copropiedad del proyecto político hace que no se pueda hablar de una independencia de los militares a las instancias civiles o de una participación diferenciada partido-cúpula militar, por cuanto se puede hablar de una integridad de las partes con una funcionalidad puntual de cada grupo. Es una «alianza» con responsabilidades específicas en el proyecto revolucionario.

Este partidismo de la Fuerza Armada se ha sido refrendado desde el Tribunal Supremo de Justicia por la Sentencia 651 del 11 de junio de 2014, la cual valida la intervención de sus integrantes en actos políticos del PSUV: «la participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica».

La participación política de los militares en el régimen chavista ha sido central, y por ello el papel protagónico de los militares en cargos relevantes del Gobierno, de la administración pública, en programas insignes y en el manejo de recursos estratégicos. Las dos razones que sostienen la mayor participación de los militares en el Gobierno y en las diferentes ramas del poder público partidista son la imagen de los militares como buenos administradores y la necesidad de garantizar una seguridad ampliada —económica, política y social— para preservar la revolución con la presencia militar en todos los ámbitos de la vida de la nación.

Desde el inicio del régimen chavista se comenzó a generar una presencia masiva de militares ocupando cargos en la administración pública, como ministerios, viceministerios, despachos de la Presidencia, gobernaciones, empresas estatales y, en un conjunto, de instituciones que eran usualmente lideradas por civiles (^{Buttó, 2010}). Esta mayor presencia llegó a proporciones nunca vistas durante el periodo de la democracia representativa, constituyéndose en expresión propia del pretorianismo y, por lo tanto, de un retroceso democrático (^{Irwin y Langue, 2004}; ^{Irwin, 2010}; ^{Irwin, Langue y Castillo, 2007}; ²⁰⁰⁹; ^{Irwin, Buttó y Langue, 2006}; ^{Buttó, 2010}; ^{Buttó y Olivares, 2016}).

Los gabinetes presidenciales desde Chávez han tenido una alta presencia de ministros de origen militar, lo que se ha acentuado con Maduro y particularmente con la crisis, hasta llegar a 38% en julio 2017, donde aproximadamente un 40% del gabinete de gobierno es de origen militar. Los militares, activos o en retiro, se encargan de la orientación y la toma de decisiones de carteras estratégicas para el proyecto político como el despacho de la Presidencia o ministerios como los de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el de Alimentación, de Producción Agrícola y Tierras, el de Vivienda y el de Hábitat y de Energía, entre otros, además de los tradicionales como los de Defensa y de Fronteras.

Gráfica 1 Gabinete de origen militar en gobiernos chavistas por años, en porcentaje. 

3. La presencia de los militares en la economía

Hay tres esquemas de mayor involucramiento de los militares en la economía. El más evidente, y que en parte ya se trató en la sección anterior, es el del militar como regulador y político de temas económicos; el segundo tiene que ver con su participación en la administración de las empresas públicas; y por último, en su nueva condición de empresario (^{Jácome, 2017}a).

El deterioro de la crisis económica y el desabastecimiento de productos básicos condujo a la asignación de los militares en el ámbito de la gestión económica del Estado, en particular, en la provisión de alimentos y su distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para ello, el presidente designó al ministro de la Defensa, quien es un militar activo, como jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Como bien lo señala Francine Jácome (²⁰¹⁷b), esta designación puso bajo «sus órdenes a la Vicepresidencia de la República y al Consejo de Ministros y le otorgó capacidades de decisión sobre ministros y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. [En otras palabras], el ministro se convirtió en la máxima autoridad detrás del presidente de la República» (pp. 13-14).

En medio de la falta de alimentos producto de una economía controlada, de los desincentivos a la inversión y del contrabando, en agosto de 2016 el presidente «designó a dieciocho generales para que se encargaran de cada uno de los rubros de alimentos y medicinas considerados esenciales, desde la etapa de producción o importación hasta la de comercialización, fundamentalmente por medio de los CLAP» (^{Jácome, 2017}a, p. 46). Los militares pasaron con ello a manejar en el ámbito político la cadena completa de producción, distribución, comercialización e importación de productos básicos de los rubros agroalimentarios, farmacéuticos, higiene personal y aseo.

Como administradores, los militares no solamente tienen en sus manos la dirección del Ministerio del Petróleo, sino también la gerencia de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), de la cual provienen 96% de las exportaciones del país. Adicionalmente, ellos administran el sector eléctrico, el metro de Caracas y el holding de la Corporación Venezolana de Guyana, de donde derivan los principales ingresos de los enormes recursos mineros y naturales que posee Venezuela.

Por último, bajo el gobierno de Maduro se han establecido un conjunto de empresas militares adscritas al Ministerio de la Defensa. Desde la creación en 1975 de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares no se veía por parte de los militares una vocación empresarial igual. Empresas vinculadas con los sectores transporte, construcción, agricultura, comunicaciones, finanzas, bebidas y hasta minería integran el actual «emporio empresarial». Asimismo, sus empresas se han convertido en proveedoras del Estado. Según «un reciente estudio (Armandoinfo, 2017) el Estado ha subcontratando con empresas pertenecientes a militares activos y retirados durante los últimos diez años. En este período por lo menos 785 militares recibieron contratos en áreas de construcción, servicios de seguridad y en importación de alimentos y medicinas» (^{Jácome, 2017}b, p. 14).

El mayor poder de esta participación en los tres espacios se convierte a su vez en un premio a los militares por parte del régimen y un mecanismo de creación de lealtad, más que estatal partidista, que ata a la institución armada a un proyecto político específico y lo distancia de su papel de garante de la neutralidad y, en general, de la ley.

4. La participación de los militares en la política pública y la militarización de la sociedad

Desde la llegada del régimen chavista, el esquema de implementación de políticas ha sido a través de los programas bautizados como «las misiones sociales». Este andamiaje institucional «revolucionario» y desarrollado bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ha generado una institucionalidad paralela que coexiste con la institucionalidad tradicional de ejecución de políticas sociales de los ministerios, que se basa también en mecanismos de financiación paralelos y que es dependiente de forma casi directa de la cabeza del Ejecutivo.

Desde el inicio los militares han estado involucrados en actividades de formulación y ejecución de políticas públicas: primero con el Plan Bolívar 2000, uno de los primeros programas sociales de la revolución —Cuarenta mil uniformados se desplegaron en todo el territorio nacional—; luego, en algunas de las misiones sociales como la Misión Mercal, concebida también en los cuarteles y encargada de la comercialización y la distribución centralizada de alimentos. Con Maduro se ha ido más allá. Como ya se mencionó a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, además de la mayor participación en la administración pública. Esta mayor intervención de los militares en la política pública se ha desarrollado de la mano de una militarización de la sociedad. Bajo el concepto constitucional de corresponsabilidad de los civiles y el Estado en la defensa de la nación se ha involucrado a los civiles a través de la Milicia en asuntos militares.⁶

La Milicia refleja la visión del chavismo de no separar lo civil y lo militar; sino todo lo contrario: «El pueblo en armas», como la bautizó Chávez. En la estructura actual de la FANB es un «cuerpo especial» y complementario a los cuatro componentes tradicionales de las fuerzas militares —Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional— en materia de defensa. En el ámbito operacional, depende del presidente de la República a través del Comando Estratégico Operacional. Sus miembros provienen principalmente de las instituciones públicas y del PSUV. La integración de los milicianos es, en la superficie, voluntaria y sin ejercer la profesión militar cumplen funciones como soldados con rangos militares y un sueldo regular.

Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se ha impulsado su fortalecimiento con el reimpulso de sus integrantes en el seno de las distintas entidades estatales y la dotación de armas. Hay varios elementos que la hacen atractiva como mecanismo de protección de la revolución: el primero es que está imbuida en una parte de la sociedad civil, permeándola transversalmente, la preservación de la revolución con la asistencia de la sociedad de barrio fue siempre la base de la defensa de la revolución cubana, y no en vano se refleja como una opción para el gobierno de Venezuela; la segunda es que es un cuerpo ideologizado, que está también involucrado en otras acciones como la distribución de los alimentos y la capacitación de los órganos de la «comuna» y, por lo tanto, es un cuerpo orgánico, operativo y cuyos miembros reciben ventajas del gobierno, su mismo desarrollo se ha alimentado de los partidos que apoyan al gobierno, particularmente del PSUV como base para la generación de los cuadros de base, dándole más poder y perspectiva de futuro en circunstancias de crisis. Más aún, los militantes del partido son integrantes de las Milicias Bolivarianas de forma automática con su ficha de afiliación (^{Barros, 2017}, febrero 1). Ellas están involucradas en un conjunto de actividades, hacen parte del Plan República y deben garantizar la seguridad en los centros de votación cuando hay procesos electorales; asimismo, acompañan a activistas políticos para ocupar territorios cuyas propiedades son expropiadas para la construcción de viviendas populares, se encargan de la seguridad de las instalaciones públicas, se unen al partido de gobierno como «patrullas de vanguardia» en las campañas electorales con el propósito de asegurar el triunfo oficialista e integran los CLAP (^{Control Ciudadano, 2016}).

Es por ello que el ministro de la Defensa Vladimir Padrino se refiere a este cuerpo como «un concepto estratégico, un arma estratégica que no solamente representa la unión del pueblo, es una bisagra entre el pueblo y la Fuerza Armada, sino que también es el pueblo en armas» (^{Efecto Cocuyo, 2017, abril 17}). Esta interrelación de los estamentos civil y militar es un entramado institucional que profundiza el autoritarismo —la defensa de nación y de la revolución son lo mismo—. La Milicia genera mayores dosis de militarización en la sociedad, sin que operen mecanismos de control democrático sobre los miles de personas que la integran y se entrenan en el uso de las armas.

5. La simbiosis militares-Partido Socialista Unido de Venezuela

Si los militares progresivamente han participado más en todas las instancias del poder, ¿para qué repartirlo con los civiles entendidos como el PSUV? Para esto hay que entender dos elementos: el primero es que el manejo de un Estado, cuya legitimidad democrática está cada día más en duda, no solo tiene los beneficios del poder sino también sus costos; y el segundo es que la división partido-militares o, como lo llegó a describir Chávez (^{AVN, 2016, abril 10}), la alianza cívico-militar es una unión necesaria y construida sobre la base de elementos que los unen y no que los dividen.

Respecto al primer elemento, la legitimidad del régimen venezolano ha venido deteriorándose con el tiempo y el número de electores del PSUV no ha cambiado entre las dos últimas elecciones —Asamblea Nacional 2015 y gobernaciones 2017—, solo manteniendo atada a la capa de chavistas que depende de las ayudas estatales y a una maquinaria de control en la votación de los electores a través del Carnet de la Patria (^{Penfold, 2017}, octubre 22). Pero la imagen negativa que la falta de democracia conlleva para el régimen castiga más al partido que a los militares. No hace mucho los opositores todavía invitaban a los militares a que retomaran el cauce constitucional y apoyaran la salida del régimen (^{Efecto Cocuyo, 2017, junio 24}). La presencia del PSUV como la cara visible del régimen aligera los efectos negativos en los militares, a pesar de que estos están a cargo de la importación y distribución de buena parte de los productos de la canasta familiar, es decir, son una parte cada vez más orgánica del régimen.

Sobre la integralidad militares-revolución el brazo legal del régimen, la Sala Constitucional del Tribula Supremo de Justicia avaló la disposición de los mandos militares de mostrar su origen y escogencia partidaria, y el partido PSUV involucra de hecho a los militares y promueve su adoctrinamiento; incluso es ahora el partido el que está empezando a participar en acciones y trabajo militar al recibir entrenamiento militar y antimotines, y tendrán un batallón de combate (^{Aporrea, 2017, mayo 8}; ^{Notitotal, 2017, enero 14}).

Existe el objetivo explícito de construir una simbiosis entre el partido y los militares. Así lo presenta un analista claramente chavista en un trabajo sobre la Milicia al describir la situación de evolución política después de la muerte de Chávez: «Entonces, la gobernabilidad fue reestructurándose en una dirección conformada por el PSUV y la FANB […]. La clave de la reconfiguración del entramado chavista es que ninguno de sus elementos tiene autonomía absoluta […]» (Guerrero citado en ^{Fernández, 2015}). No puede haber por ello una diferenciación evidente entre partido y militares dentro del proyecto que Chávez concibió como una participación unida entre su partido —los civiles— y su origen corporativo —los militares—. Es decir, que tanto por la protección de la imagen de la fuerza armada como por la integración partido-militares no se puede hablar de una u otra separada por cuanto pertenecen y construyen el proyecto revolucionario.

Conclusiones

Son varias las implicaciones del nuevo papel de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno venezolano y de diferente índole: la primera es teórica y tiene que ver con el estudio de las relaciones entre civiles y militares, en particular, del enfoque de las transiciones democráticas. Lo que se ha argumentado es que mucha de esa diferenciación entre civiles y militares, en el caso de Venezuela, se viene borrando entre fronteras institucionales. Esta «fusión» —o entramado entre partido y ejército— entre lo tradicionalmente militar y civil ha sido el mecanismo progresivamente incorporado en una parte de la sociedad, de tal forma que se concentre cada vez más el control de esa sociedad en un grupo político en el poder que es cívico-militar y que pretende precisamente lo contrario a la separación entre lo militar y lo civil. El autoritarismo ideal con cara civil y sostenido estructuralmente por un aparato militar imbricado en la totalidad del Estado, particularmente de la sociedad, donde se sigue discutiendo sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomen partido por la democracia cuando el cambio principal que afecta y socaba el sustento de la democracia se ha generado progresivamente en el seno de ellas mismas. Para salvar la democracia hay que salvar a las Fuerzas Armadas.

La lógica y la relación de las organizaciones de diferentes grupos de interés debe involucrar esta nueva interrelación o, mejor, simbiosis entre actores políticos clásicos. ¿Cuál es el margen entre partido y militares si estos últimos están en el primero y pueden expresarlo y promoverlo desde su trabajo?, ¿cómo diferenciar un partidario del PSUV de un militar cuando este tiene la doble figura de militante político y, al mismo tiempo, participante de un cuerpo militar, directamente dependiente de la cabeza militar del Estado y, aparte de eso, con derecho a promover su partido dentro de su función como militar?

Estas fronteras borrosas de entidades y de responsabilidades hacen imposible un cuerpo militar que no sea partidista. La lucha interna de los partidos, si es que pudiera haber la presencia variada de otros partidos, se convertiría en uno de los criterios de selección y promoción, de tal manera que la escogencia sería netamente endógena y originada en la filiación política de los líderes militares.

Este nuevo involucramiento de las fuerzas militares en un contexto de autoritarismo electoral es un elemento, sino el principal, para poder entender el progresivo retroceso democrático de Venezuela. El poder e injerencia ha crecido tanto en fuerza como en alcance en la participación en todas las instancias institucionales venezolanas, lo cual, a pesar de la presencia de elecciones, hace cuestionable quién está al mando del Gobierno; o mejor, hace evidente que no hay posibilidad de una democracia por la injerencia y participación directa y concreta en los espacios policivos, de inteligencia, económicos y políticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cualquier cambio en el régimen hacia una mayor participación democrática tiene que tomar en cuenta este entramado que se ha construido y cuyo cambio tocará a un grupo que tomó más poder del que ninguna dictadura le hubiera concedido, sin el costo político aparente de esta.