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Estudios Políticos

Print version ISSN 0121-5167
On-line version ISSN 2462-8433

Estud. Polit.  no.56 Medellín Sep./Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.17533/udea.espo.n56a12 

Sección general

Teoría democrática deliberativa y ciencia política empírica*

Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science

Dennis F. Thompson1 
Traducción:Leonardo García Jaramillo2  , Laura Fuentes Vélez3 

1 Estados Unidos. Profesor emérito de Gobierno y Filosofía Política en la Facultad de Artes y Ciencias, y profesor emérito de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard, Estados Unidos. Correo electrónico: dennis_thompson@harvard.edu

2 Colombia. Traductor. Abogado. Magíster en Derecho. Magíster en Humanidades. Profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, Escuela de Humanidades, Universidad Eafit, Medellín. Correo electrónico: lgarciaj@eafit.edu.co

3 Colombia. Traductora. Politóloga. Magíster en Estudios Humanísticos. Profesora e investigadora de la Escuela de Humanidades, Universidad Eafit, Medellín. Correo electrónico: lfuentes@eafit.edu.co

Resumen

Si bien en la década pasada [década de 1990] proliferaron los estudios empíricos sobre democracia deliberativa, pocos de ellos se ocuparon de las cuestiones más importantes de las teorías normativas. Al mismo tiempo, muchos teóricos de la democracia deliberativa desecharon rápidamente los hallazgos empíricos. Solo recientemente, algunos teóricos y empíricos han comenzado a prestar más atención al trabajo realizado por unos y otros. Sin embargo, no parece que esta atención baste para producir la comprensión que necesitamos de la democracia deliberativa; para ello hace falta que los teóricos y los investigadores empíricos desarrollen una mejor concepción de los elementos de la deliberación, los conflictos entre estos elementos y las relaciones estructurales de los sistemas deliberativos.

Palabras-clave: Democracia Deliberativa; Igualdad; Participación; Legitimidad; Publicidad

Abstract

Although empirical studies of deliberative democracy have proliferated in the past decade [90’s], too few have addressed the questions that are most significant in the normative theories. At the same time, many theorists have tended too easily to dismiss the empirical findings. More recently, some theorists and empiricists have been paying more attention to each other’s work. Nevertheless, neither is likely to produce the more comprehensive understanding of deliberative democracy we need unless both develop a clearer conception of the elements of deliberation, the conflicts among those elements, and the structural relationships in deliberative systems.

Key words: Deliberative Democracy; Equality; Participation; Legitimacy; Publicity

Introducción

En un importante estudio reciente sobre democracia deliberativa sus autores afirman que «la investigación empírica puede ser simplemente una ayuda en las grandes controversias de la teoría democrática; sin embargo, como ayuda, la investigación empírica ocupa un lugar importante» (Steiner et al., 2004, p. 42). Estos autores tal vez son muy modestos. Algunos de los mejores trabajos empíricos —incluyendo los suyos— tienen el potencial para ofrecer más que una simple ayuda. Pero si esa utilidad de la investigación consiste en orientar tan bien como se pueda, tendría que dirigirse sistemáticamente hacia los problemas centrales de la teoría deliberativa. La investigación empírica puede influenciar más efectivamente a —y, al mismo tiempo, puede ser influenciada por— la teoría normativa, solo si los teóricos y empíricos trabajan a partir de una concepción clara de los elementos de la deliberación. Así, ambos pueden enfocarse productivamente en dos problemas que no han recibido la atención que merecen: los conflictos entre tales elementos y las relaciones entre las partes y el todo de la democracia deliberativa.

En el núcleo de todas las teorías de la democracia deliberativa se encuentra lo que podría llamarse la exigencia de dar razones, a partir de la cual se espera que, a propósito de las leyes que se impondrían ciudadanos y representantes entre sí en una democracia, ambos justifiquen por medio de razones sus posturas políticas y que, en correspondencia, respondan a las razones de la contraparte.1 Hasta cierto punto los teóricos deliberativistas difieren en qué puede valer como una razón adecuada, en cuán exhaustivo debería ser el ofrecimiento de razones, en si las normas de procedimiento son suficientes y si es deseable el consenso como meta de la deliberación. No obstante, coinciden en rechazar las concepciones democráticas que basan la política exclusivamente en el poder o en el interés, en la agregación de preferencias y en las teorías competitivas en la tradición de escritores como Schumpeter o Downs. Estas concepciones no dan suficiente peso al proceso de justificar, ante los demás ciudadanos, las leyes que los vincularían.2

Algunas afirmaciones de la teoría deliberativa no son empíricas. Uno de los beneficios más significativos que los teóricos pueden adscribir a la democracia deliberativa es que las decisiones que se producen en ella son más legítimas, porque respetan la condición moral de los participantes. Este beneficio, que es inherente al proceso y no una consecuencia de este, no está sujeto a investigación empírica directa. Pero otras afirmaciones realizadas por la teoría invitan abiertamente a la investigación empírica y los teóricos mismos fueron los primeros en comprometerse con estudios empíricos sobre deliberación (Chambers, 1996, 1998; Dryzek y Braithwaite, 2000; Fishkin, 1999; Fishkin y Luskin, 2005; Mansbridge, 1980). Estos teóricos trataron las afirmaciones empíricas no como meros supuestos sino como hipótesis, muchas de las cuales, desde su punto de vista, requieren de futuros estudios. De este modo, puesto que la democracia deliberativa se convirtió en el área «más activa» de la teoría política (Dryzek, 2007), los politólogos se unieron a la empresa. El resultado ha sido la proliferación de estudios empíricos, cada vez más numerosos respecto de los trabajos normativos que los impulsaron.3

A pesar de estos notables esfuerzos, buena parte de la investigación empírica de los politólogos no ha compaginado enteramente con la teoría normativa. Los teóricos y los investigadores usualmente mantienen conversaciones de sordos (Neblo, 2005). Algunos investigadores creen que pueden desechar la teoría deliberativa cuando demuestran que la discusión política casi nunca produce los beneficios que los teóricos reivindican con ella. Pero lo cierto es que los empíricos suelen extraer de varios de los escritos teóricos afirmaciones simplificadas sobre uno o más de los beneficios de la democracia deliberativa, las comprimen en hipótesis comprobables y encuentran o —en la mayoría de casos— crean artificialmente un espacio donde la gente pueda hablar sobre política y así terminan por concluir que la deliberación no produce los beneficios prometidos por la teoría y que, incluso, podría ser contraproducente. En este sentido el trabajo escéptico con mayor insistencia es Stealth Democracy…, de Hibbing y Theiss-Morse (2002), quienes revisan los resultados obtenidos de sus propios grupos focales y de otros estudios de discusión en escenarios que consideran deliberativos, y afirman que:

La deliberación en la vida real puede intensificar emociones improductivamente; puede exacerbar, en lugar de disminuir, las diferencias de poder entre quienes deliberan; puede generar un sentimiento de frustración entre la gente frente al sistema que los hace deliberar. La deliberación no se ajusta a muchos asuntos y puede producir peores decisiones que de no haber ocurrido deliberación (p. 191).

Otros estudios reconocen los límites de sus métodos y presentan conclusiones más cualificadas; sin embargo, exponen sus numerosos hallazgos negativos como objeciones a la teoría deliberativa. En una investigación realizada con ciudadanos franceses sobre la asistencia del gobierno a desempleados, Jackman y Sniderman (2006) encontraron que la deliberación no conduce a «juicios mejor fundamentados, esto es: juicios que reflejen una visión considerada de los mejores cursos de acción, estimadas todas las opciones» (p. 272). La deliberación lleva «a mucha gente a posiciones ideológicamente inconsistentes». Un estudio de discusiones sobre raza, que tuvo lugar en cinco reuniones en Nueva Jersey (Mendelberg y Oleske, 2000), explica que en los grupos integrados —es decir, compuestos por la diversidad que buscan los demócratas deliberativos— la deliberación fracasó en disminuir el conflicto, en aumentar el entendimiento mutuo y la tolerancia, o en reducir el uso de los argumentos de interés grupal. Las reuniones cuyos participantes eran todos blancos produjeron consenso, pero un consenso contrario a la integración escolar4 —no el resultado que los demócratas deliberativos respaldarían, presumiblemente—.

Por su parte, Conover y Searing (2005), empleando los datos de investigaciones y de grupos focales de seis comunidades en Estados Unidos y Gran Bretaña, examinan el grado de conformidad de la discusión política con «los estándares propuestos por teóricos políticos: publicidad, ausencia de tiranía e igualdad». Si bien concluyen que las discusiones «usualmente se quedan cortas frente a los ideales de la democracia deliberativa», observan un potencial de mejoramiento en las reformas educativas. Finalmente, Rosenberg (2007b) también encontró que la deliberación no logra proveer los beneficios que reivindican algunos teóricos, empero, sugiere que un tipo de deliberación «más colaborativa y más transformadora» podría tener un mayor potencial.

La objeción presentada por los estudios mencionados, respecto de la falta de realismo de la teoría deliberativa, nunca ha impresionado a los teóricos normativos. Antes bien, estos creen que la función de la teoría no ha sido comprendida: la teoría desafía la realidad política. No se supone que la teoría acepte la realidad como algo dado, realidad que sí es el objeto que la ciencia política procura describir y explicar. La teoría busca ser crítica, no pretende conformarse con esa realidad política.

En sus propios términos, los teóricos también desafían algunos de los estudios empíricos. Por ejemplo, Dryzek (2007) critica duramente los métodos de Hibbing y Theiss-Morse. Dryzek señala que los investigadores ignoran la evidencia contraria a los datos revisados y que usan las conclusiones de grupos focales, que efectivamente deliberan, para demostrar que los ciudadanos no quieren deliberar.

Contadas las excepciones, actualmente la mayoría de los teóricos admiten que no pueden ignorar los estudios empíricos sin correr el riesgo de reclusión en la utopía y de hacer irrelevante la teoría ante la realidad política. A pesar de su crítica a algunos estudios, el mismo Dryzek (2007, p. 250) reconoce que otros descubrimientos empíricos son «capaces de incomodar a los teóricos». Con el mismo espíritu, incluso insistiendo en que la «democracia deliberativa todavía es en gran medida un ideal crítico y de oposición», Bohman (1998, p. 422) señala que la teoría «ha alcanzado la madurez» porque acepta que «las mejores y más plausibles formulaciones de la democracia deliberativa requieren comprobación por parte de las ciencias sociales empíricas».

La conclusión general de la revisión de la investigación científica desarrollada hasta ahora es que los hallazgos reunidos son mixtos y no son definitivos (Chambers, 1996, p. 318; Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004, pp. 336-337; Janssen y Kies, 2005, p. 331; Ryfe, 2005; Sulkin y Simon, 2001, p. 812). La explicación principal de los resultados mixtos consiste en que el éxito o fracaso de la deliberación depende mucho del contexto. El carácter contingente de estos resultados puede ser esperanzador para los teóricos. Si los teóricos pudieran identificar las condiciones adecuadas para la deliberación, podrían seguir elogiando las virtudes de la democracia deliberativa (Gastil y Levine, 2005, pp. 273-274; Fung y Wright, 2003, pp. 259-260). Los teóricos incluso podrían usar los hallazgos negativos para resaltar los defectos en el sistema y sustentar reformas que podrían instalar condiciones más propicias para la democracia deliberativa. Habermas (2006) permanece impávido cuando confronta los hallazgos que parecieran refutar su teoría. Él interpreta «los datos que le contradicen como indicadores de restricciones contingentes que requieren de seria indagación […] como detectores del descubrimiento de causas específicas que explican las faltas de legitimidad» (p. 420). Su artículo es intencionadamente subtitulado El impacto de la teoría normativa en la investigación empírica, así, implícitamente relega a la investigación empírica el simple trabajo de colaborador. Y es que, en ese rol, no supone un riesgo de volverse una voz disruptiva en el proyecto deliberativo.

Los teóricos no deberían reconfortarse mucho en el carácter mixto y contingente de las conclusiones empíricas. Las condiciones bajo las cuales la democracia deliberativa prospera pueden ser raras y difíciles de alcanzar. En una receptiva antología que reúne a teóricos y empiristas (Rosenberg, 2007a), varios teóricos asumen abiertamente este reto (Warren, 2007; Cohen, 2007; Dryzek, 2007).

Ciertamente, el enfoque más prometedor para la investigación empírica sería continuar en la búsqueda de las condiciones bajo las cuales la democracia deliberativa funciona o no, mientras que atiende a la cuestión de hasta qué punto las condiciones desfavorables pueden ser modificadas. Algunas condiciones —como la ausencia de foros genuinos de deliberación— pueden intervenirse a través de medidas legislativas o acciones políticas a escala local y nacional. Otras —como la desigualdad de recursos— pueden ser productos de estructuras sociales y económicas de sistemas particulares. Aún otras —como la existencia de un pluralismo razonable— pueden ser características esenciales de sistemas democráticos. En suma, este acercamiento potencialmente provechoso podría estar dirigido a una preocupación central de la teoría deliberativa: las posibilidades de su realización práctica.5 No habría garantía de que la democracia deliberativa sería vindicada, pero con un análisis más exhaustivo de las condiciones que la promueven o impiden podríamos aclarar el sentido del lugar de la deliberación en la teoría y en prácticas democráticas. Este parece un proyecto adecuado y valioso para la colaboración entre teóricos y empiristas interesados en la democracia deliberativa. El objetivo no sería una reforma como tal —aunque las conclusiones podrían ser útiles a los reformistas—; sería, en cambio, entender mejor hasta qué punto los valores de la teoría democrática pueden realizarse, no solo bajo las condiciones actuales, sino también bajo condiciones potenciales.

Sin embargo, cualquier proyecto así es más problemático que lo que sugiere este sencillo prospecto. La falta de colaboración entre teóricos y empiristas no tendrá mayor progreso hasta que no se resuelvan tres problemas generales:

  • El problema analítico, que requiere distinguir los elementos de la deliberación: los conceptos, los estándares y las condiciones.

  • El problema de los conflictos internos, el cual necesita reconocer que las condiciones que promueven ciertos valores de la democracia deliberativa simultáneamente debilitan otros, incluyendo algunos que privilegian los demócratas deliberativos.

  • El problema estructural, que llama a migrar de los estudios de experiencias aisladas de deliberación al examen de la relación entre prácticas deliberativas y no deliberativas en el sistema político como un todo y en el tiempo.

1. Elementos de la deliberación

Los estudios empíricos suelen comenzar con la definición del concepto de deliberación y con una lista de los beneficios que supuestamente produce. Algunas veces, uno y otros son extraídos de una o dos teorías, con frecuencia modificadas para la conveniencia de la investigación. Si bien los estudios empíricos afirman —correctamente— que las teorías deliberativas comparten un núcleo común de valores, en ellos es evidente la adopción de diversos conceptos de deliberación y se examinan consecuencias diferentes bajo unas mismas condiciones. Tales variaciones dificultan la comparación entre los hallazgos de los estudios y la relación con las teorías. Este no sería un obstáculo insuperable para el trabajo colaborativo si las variaciones fueran presentadas en un marco común. Así podríamos decir que, dada cualquier concepción de la deliberación, la práctica produciría consecuencias de un cierto tipo bajo condiciones específicas. Con todo, esta maniobra no resolvería el problema persistente: los elementos de la deliberación con frecuencia van de la mano, como se evidencia en esta definición, «[…] tenemos democracia deliberativa cuando bajo condiciones de igualdad, inclusión y trasparencia, un procedimiento comunicativo basado en la razón […] es capaz de transformar las preferencias individuales y alcanzar decisiones orientadas al bien público» (Della Porta, 2005, p. 340). Por ello, son mejores los enfoques que distinguen entre la definición y la evaluación de la deliberación —La «unidad del análisis» de la «calidad de la democracia»— (Nanz y Steffek, 2005). Aun así, las diferencias entre los elementos permanecen sin ser analizadas.

Tres elementos en el análisis político de la deliberación deben ser diferenciados: los criterios conceptuales, los estándares evaluativos y las condiciones empíricas. Cada uno puede ser entendido como un requerimiento diferente y necesario para la deliberación. Los criterios conceptuales estipulan qué es importante para que una práctica comunicativa cuente como una deliberación. Los estándares evaluativos especifican qué cuenta como una buena —o una mejor— deliberación. Por último, las condiciones empíricas indican qué es indispensable para producir una buena deliberación —o dicho de otro modo: qué contribuye a la producción de una buena deliberación—. Aunque de modos diferentes, cada uno de los elementos puede estudiarse empíricamente.

Es comprensible que los investigadores no siempre distingan estos elementos. En la teoría deliberativa misma, algunos de los valores que especifican el concepto de deliberación aparecen como los estándares evaluativos de la práctica de la deliberación y como las condiciones empíricas que la promueven. Tomemos el caso del valor de la igualdad: una discusión no se considera una deliberación si una persona predomina por completo; la discusión es una mejor deliberación cuando la participación está repartida equitativamente; y la discusión tiende a ser más igualitaria cuando las condiciones básicas son las mismas para todos. Esta interacción es inherente en —y un rasgo positivo de— la democracia deliberativa, pues refleja su carácter autocorrectivo: condiciones equitativas producen un proceso más equitativo, lo que a su vez se revierte en condiciones equitativas, y así. Indudablemente, este proceso dinámico puede operar en sentido contrario: puede degenerar cuando las condiciones se vuelven dispares. Dadas las confusiones potenciales entre las variables dependientes e independientes implicadas en dicha interacción, es importante mantener claros los elementos de la deliberación y distinguir los diferentes niveles de los valores que expresa cada uno de ellos.

1.1 Criterios conceptuales

Como sugieren algunos académicos, aclarar y delimitar el espectro del concepto no es un esfuerzo realizado por los teóricos para «imponer definiciones fijas y, frecuentemente, mínimas, que efectivamente desconectan a los académicos de las realidades políticas existentes» (Button y Mattson, 1999, p. 612). Este paso es muy importante en el análisis porque la elección del concepto determina el alcance de la investigación y la significación de cualquier conclusión para la teoría normativa. Es cierto que los empíricos no tienen que estar de acuerdo con ningún concepto de la deliberación, después de todo, los mismos teóricos tampoco han podido hacerlo. Sin embargo, si la investigación ha de ser relevante para la teoría deliberativa, los investigadores sí tienen que ser claros respecto del tipo de práctica estudiada. La caracterización que los empíricos hagan de esa práctica debe coincidir, cuando menos parcialmente, con lo que la mayoría de los teóricos consideran el núcleo del problema de la deliberación. De modo más general: cualquier investigación debe tener los recursos conceptuales para poder especificar si la práctica particular, que es objeto de investigación, es una deliberación o una discusión, y, de ser una deliberación, debe poder indicar hasta qué punto es una buena o una mala deliberación.

De ser muy amplio el concepto —si incluye todo tipo de conversación política (Cook, Delli Carpini y Jacobs, 2007)— las conclusiones tendrán «rumbos inciertos» en la teoría deliberativa (Cohen, 2007, p. 222). Como reconocen los académicos de la discusión política (Walsh, 2003; 2007) y algunos teóricos (Mansbridge, 2007), las «charlas cotidianas» y otras formas de discusión política pueden contribuir al desarrollo de las posturas políticas de los ciudadanos y a su capacidad de tomar decisiones políticas y, por ende, pueden crear condiciones que apoyen la deliberación. Con todo, las discusiones políticas que se dan en la cotidianidad deben distinguirse de las deliberaciones dirigidas a la toma de decisiones, esto con el propósito de que las relaciones entre las prácticas comunicativas puedan ser analizadas sistemáticamente. Mantener tal distinción implica que otras formas de discusión tienen un valor inferior al de la deliberación en una democracia deliberativa.

Como indica el debate sobre el problema de la estructura —más abajo— es importante saber que la democracia deliberativa incluye muchos tipos de interacción política diferentes a la deliberación. Pero podemos retener con mayor claridad la conexión con el objetivo central de la teoría deliberativa si podemos tratar estas otras actividades como parte de un proceso deliberativo más amplio, en lugar de tratarlas como una instancia de la deliberación per se. Ya que capturar el carácter distintivo del tipo de deliberación es fundamental para la teoría, los investigadores harían mejor en evitar un concepto expandido de deliberación; en cambio, deberían enfocarse en aquellos atributos de la práctica que se relacionen directamente con el problema del cual se ocupa la teoría deliberativa: en un estado de desacuerdo, ¿de qué forma pueden los ciudadanos lograr una decisión colectiva legítima? Los dos primeros aspectos del problema —léase desacuerdo y decisión— caracterizan la circunstancia de la democracia deliberativa. El tercero —legitimidad—, prescribe el proceso mediante el cual, bajo esas circunstancias, las decisiones colectivas pueden ser justificadas moralmente ante quienes estarán vinculados a ella. Este es el elemento decisivo de la democracia deliberativa.

1.1.1 Un estado de desacuerdo

Un cierto desacuerdo básico es necesario para crear el problema que la democracia deliberativa busca resolver. Muchos estudios empíricos admiten este criterio, aunque lo nombran con términos ligeramente distintos, por ejemplo, exposición a puntos de vista conflictivos políticamente6 o diversidad de opinión (Barabas, 2004, p. 689; Jackman y Sniderman, 2006; Mutz, 2006, pp. 6, 14, 20, 139). Si los participantes comparten un modo de pensar o tienen el mismo punto de vista antes de entrar en una discusión, no están situados en las circunstancias necesarias para una deliberación; no se enfrentan al problema al que se dirige la deliberación. Esto no quiere decir que la discusión entre quienes tienen puntos de vista afines no contribuya a la democracia deliberativa: estas discusiones pueden enseñar más a los ciudadanos sobre las razones que soportan sus perspectivas; o pueden ayudar a descubrir que no coinciden con ellas tanto como pensaban en un principio; incluso, pueden reforzar las posturas de los miembros de un grupo y movilizarlo en procura de una acción política determinada. Los efectos de la discusión entre personas que comparten una postura pueden ser positivos o negativos para el proceso democrático y sus consecuencias diferenciales ameritan mayor atención empírica y normativa. Empero, este tipo de conversación no puede confundirse con la discusión entre ciudadanos con opiniones divergentes. Distinguir entre ambas, como se indicará más adelante, es necesario para identificar un potencial conflicto en la democracia deliberativa.

1.1.2 Una decisión colectiva

La democracia deliberativa se enfoca en circunstancias en las cuales un grupo debe tomar una decisión a la cual quedan sujetos todos los miembros de un colectivo, tanto si están de acuerdo con ella como si no lo están. Aunque la deliberación política pueda tener diferentes propósitos (Fung, 2007b), su meta esencial es alcanzar una decisión vinculante. Desde la perspectiva de la democracia deliberativa otros propósitos —tales como aprender sobre ciertos asuntos, adquirir un sentido de eficiencia o desarrollar una mejor comprensión de las opiniones contrarias—, también deben considerarse fundamentales para alcanzar este objetivo.

Hasta hace poco, en casi todos los estudios empíricos, y en buena parte de la teoría normativa, se investigaba la deliberación entre ciudadanos «de a pie», en lugar de la deliberación que era llevada a cabo por los políticos (Steiner et al., 2004) —una importante y grata excepción se discute más adelante—. Incluso en muchos estudios empíricos sobre deliberación entre ciudadanos ordinarios, los participantes no estaban tomando o influenciando decisiones políticas reales. Mucha de la literatura al respecto se ha basado en pequeños grupos de discusión y en experimentos de laboratorio (Mendelberg, 2002). Esta es una limitación, no solo porque el objeto de estudio en cuestión se ha apartado mucho respecto de aquello a lo que, en últimas, concierne la teoría deliberativa, sino porque la mera discusión puede producir consecuencias empíricas diferentes a las relacionadas con la discusión orientada a la decisión colectiva. Los estudios empíricos sugieren que las diferencias son significativas y sus implicaciones no siempre favorables para la deliberación (Fung, 2007b; Janssen y Kies, 2005, p. 325; Ryfe, 2005, pp. 57, 61). Desde un punto de vista más positivo, si los participantes creen que tienen un interés en el resultado y que tendrán que vivir con la decisión que tomen sus compañeros, pueden tomarse seriamente la discusión y se esforzarán por llegar a una decisión mutuamente aceptada. Pero saber que una discusión termina con una decisión significativa puede tener los efectos contrarios. Los participantes pueden actuar de modo estratégico, mostrar menor tolerancia hacia los oponentes y asumir posiciones más radicales. Grupos como los compuestos por jurados, encargados de decisiones importantes, por lo general tienden a la polarización (Sunstein, 2002), mientras que los «jurados» de Fishkin —encuestas deliberativas—, en los cuales los participantes no se les pide llegar a una decisión colectiva, suelen ser menos polarizados (Fishkin y Luskin, 2005, p. 293). Los teóricos no se sorprenden de que, cuando un grupo de discusión tiene «pocas posibilidades de hacer alguna diferencia práctica real», la deliberación sea menos «crítica y emancipadora» de lo que ellos querrían (Cohen, 2007, p. 234; Rosenberg, 2007a).

Existe otra razón por la cual los teóricos insisten en la distinción entre las discusiones dirigidas a que los individuos desarrollen preferencias más informadas y las discusiones que apuntan a que los grupos lleguen a decisiones colectivas (Habermas, 1989). Estructurar una discusión que en efecto pregunte a los participantes «¿qué prefieres como individuo?», se asemeja a la democracia agregativa que los demócratas deliberativos critican, esto es, aquella democracia en la cual se pretende agregar las preferencias bien informadas de los individuos. En cambio, las discusiones que se enmarcan preguntando a los participantes «¿qué acción deberíamos tomar como grupo?», se acercan más a la democracia deliberativa que ellos mismos elogian, a saber, la que busca crear una opinión pública genuina. Alguna evidencia empírica sugiere que el «cambio de encuadre» hacia decisiones grupales, en lugar de hacia decisiones individuales, puede tener el efecto positivo esperado por los teóricos (Neblo, 2007b).

El criterio que especifica que la deliberación deber orientarse a la decisión no implica que los estudios de los grupos que solo discuten sobre política —como las encuestas de Fishkin— no son relevantes para los estudios de la democracia deliberativa. Los experimentos realizados por Fishkin y sus colegas se encuentran entre los más citados en la literatura de teoría y práctica deliberativa.7 Aunque los participantes en discusiones de este tipo pueden no tomar decisiones colectivas, puede considerarse que toman parte en una fase temprana del proceso que lleva a una decisión deliberativa. Como sujetos en otros estudios de discusión pura, los sujetos de Fishkin se están preparando para —o pueden contemplarse como ciudadanos modélicos que se están preparando para— la toma de decisiones políticas para la colectividad. Fishkin no pide a los sujetos estudiados que tomen decisiones colectivas porque quiere mitigar las presiones que obliguen a la conformidad, por el contrario, prefiere fomentar la capacidad de juicio independiente. No obstante, esta preferencia pone de manifiesto una pregunta que revela el potencial conflicto en la democracia deliberativa: ¿hasta qué punto el juicio independiente es compatible con la toma de decisiones colectivas? Para responder a esta pregunta necesitamos estudiar la deliberación conducente a decisiones vinculantes.

Estudios que examinan la formación de opinión pueden ser relevantes para el estudio de la democracia deliberativa. Así, por ejemplo, algunos experimentos sugieren que las discusiones intersectoriales, defendidas por los demócratas deliberativos, pueden proteger a los ciudadanos «de a pie» contra la manipulación de las élites. Los individuos que discuten asuntos políticos en grupos mixtos —en los cuales los miembros se exponen a las perspectivas conflictivas de un asunto—, son menos vulnerables a los efectos de encuadre de la élite —es decir, a la tendencia a enfocarse solo en los aspectos resaltados por políticos y otros líderes— (Druckman y Nelson, 2003). De este modo, el proceso democrático más amplio que termina con una decisión colectiva incluye múltiples fases y varios lugares. Todas pueden ser significativas para la teoría deliberativa y son dignas de atención, pero deben mantenerse diferenciadas para que sus interrelaciones y sus roles en el proceso completo puedan ser investigadas de modo más sistemático.

1.1.3 La legitimidad de la decisión

Dadas estas circunstancias —la necesidad de una decisión colectiva en un cierto estado de desacuerdo—, la democracia deliberativa busca una resolución legítima. El criterio de la legitimidad no es solo empírico. Para que una ley sea legítima no es necesario ni suficiente que muchos ciudadanos sientan que lo es. En cambio, sí es necesario que los ciudadanos hagan parte de los procesos requeridos para producir leyes que son recíprocamente justificables ante todos los ciudadanos. La legitimidad hipotética no es suficiente, por consiguiente, el principal criterio conceptual para la legitimidad, y la característica distintiva más importante de la deliberación, es la justificación recíproca o mutua, presentar y responder razones que pretenden justificar alguna decisión política (Cohen, 1989; 2007; Gutmann y Thompson, 2004; Mendelberg, 2002).

Los teóricos difieren en nociones más o menos amplias sobre este proceso de razonamiento (Cohen, 2007; Mansbridge, 2007), pero la mayoría coincide en sus rasgos esenciales: espíritu público, mutuo respeto y participación equitativa.

Un razonamiento dotado de espíritu público está dirigido al bien común del grupo, incluso cuando las razones también se refieren a otros bienes. Las afirmaciones sobre el poder no son justificaciones y las reivindicaciones referidas exclusivamente al interés personal no son suficientes. Estudios que distinguen la argumentación de la negociación y que identifican la deliberación con la primera, capturan muchas de los rasgos relevantes de justificación recíproca (Holzinger, 2005; Risse, 2000; Ulbert y Risse, 2005); sin embargo, la mayoría de ellos reconoce que la argumentación y la negociación con frecuencia van de la mano en la discusión política real. Muchos de los teóricos incluirían casi cualquier tipo de apelación con tal de que esta no esté basada solo en intereses personales o de grupo. Después de todo, las versiones filosóficas de las teorías son sobre política, no sobre filosofía. Además, las apelaciones, con tal de superar el interés personal, no tienen que ser sinceras si son plausibles; los argumentos son lo que importa, no los motivos —excepto si los motivos predicen argumentos futuros—. Dicho de modo más general, las investigaciones deberían enfocarse no en las intenciones deliberativas sino en las funciones institucionales (Warren, 2007, pp. 275-277). Por lo anterior, los empiristas no deberían preocuparse, como pasa con algunos, por la formulación de un examen independiente para la sinceridad o la veracidad (Bächtiger y Steiner, 2005, pp. 162-164; Steiner et al., 2004, pp. 19-20, 56, 166).

Adicionalmente al espíritu público, el razonamiento debe mostrar un respeto hacia los participantes y sus argumentos, incluso cuando desafían la validez de las propias reivindicaciones. En la justificación recíproca, el deliberante presenta sus argumentos en términos accesibles a la audiencia relevante y también responde a los argumentos razonables que han propuesto los oponentes.

El requisito de acomodación significa que el razonamiento debe mantener abierta las posibilidades de cooperación frente a otros asuntos, aunque los deliberantes en concreto no propongan alternativas ni inicien la colaboración.

La igual participación requiere que ninguna persona o grupo aventajado domine por completo el proceso de dar razones, ni siquiera cuando los deliberantes no se encuentran en estrictas condiciones de igualdad de poder o prestigio.

Nótese que ninguno de estos requisitos pide que los deliberantes usen solo la pura razón en sus discusiones. Muchos teóricos consideran que las apelaciones afectivas, los argumentos informales, los discursos retóricos, el testimonio personal y otras intervenciones semejantes, son también ingredientes importantes en el proceso deliberativo. Ellos no suponen que los meros argumentos podrían satisfacer a los filósofos o podrían conducir al éxito en la deliberación. Uno de los ejemplos más citados de deliberación exitosa consiste en la apelación altamente emocional de Carol Moseley Braun, quien condujo a la derrota de una enmienda propuesta para renovar la patente de la insignia de las Hijas de la Confederación [Daughters of the Confederacy] (Gutmann y Thompson, 1996, p. 135). Exagerar el tipo de racionalidad que la teoría deliberativa requiere es un error común. Así como Schumpeter criticaba una cierta «teoría clásica de la democracia» que ningún teórico defendía (Pateman, 1970), algunos críticos hoy atribuyen a la teoría de la deliberación supuestos sobre ciudadanos racionales que los mismos teóricos no aceptan —ni como ideal—. Sin prestar atención a lo que los teóricos escriben, los investigadores empíricos se han arriesgado a crear una caricatura de la teoría. Incluso una investigadora tan cuidadosa como Mutz (2008) no siempre evita este escollo. En una sección de su contribución a este volumen,8 ella critica la teoría deliberativa —sin citar a ningún teórico— por asumir que solo importa el mensaje, en detrimento de las características del hablante, del interlocutor o del contexto en el cual ocurre la comunicación. Ningún teórico importante tiene tal presupuesto; al contrario, muchos mencionan factores diferentes a la calidad de los argumentos que pueden —y deberían— inducir al cambio de opinión.

Los requerimientos normativos que caracterizan la deliberación pretenden ser criterios relativos mínimos. Al diferenciar la deliberación de otro tipo de discursos, buscan aislar la práctica que es objeto de estudio. Los teóricos no incluyen otras formas de discusión política y no asumen que las consecuencias empíricas de la deliberación son necesariamente positivas. Los criterios pueden ser formulados de modo distinto dependiendo de los propósitos de la investigación, pero sin importar cómo se formulen, los criterios deberían ser más débiles que sus estándares evaluativos correspondientes, que imponen demandas más rigurosas para la deliberación.

1.2 Estándares evaluativos

Los estándares evaluativos proveen una base para juzgar la calidad de la deliberación que se identifica a partir de los criterios conceptuales. Entre más cerca se halle de los estándares la deliberación real será mejor en términos de la teoría deliberativa. Los estándares algunas veces son llamados ideales porque los teóricos presuponen que, aunque estos perfilan las discusiones reales, jamás podrán ser realizados a cabalidad (Thompson, 1970, pp. 45-51, 86-119). Ahora bien, los estándares no deben entenderse como una derivación de una teoría ideal o de cualquier fuente teórica externa (Habermas, 2005, p. 385); antes bien, estos se hallan implícitos en la práctica política, son supuestos de la comunicación política que tienen lugar en las democracias reales. Incluso cuando los participantes no logran alcanzar los estándares, sus intentos de comunicación dan cuanta del sentido de estos. Los fracasos —o el éxito parcial— de los participantes pueden ser comprendidos correctamente solo en términos de los estándares.

Aunque esta afirmación sobre las implicaciones de la práctica puede ser principalmente teórica —porque requiere interpretar lo que presupone la práctica dada—, el examen empírico de una cuestión muy relacionada puede ser de ayuda. ¿Hasta qué punto los participantes mismos explícitamente suscriben los estándares de evaluación de la deliberación? Los hablantes pueden necesitar el presupuesto de unos estándares básicos de comunicación con el objetivo de tener cualquier discusión, pero pueden no requerir estándares que sean específicamente deliberativos. Algunos pueden participar de un foro con el único propósito de defender su postura vigorosamente y con el fin de presionar a los funcionarios públicos. Cuando ciudadanos con ese mismo interés llegan juntos a un foro donde participan ciudadanos que quieren deliberar, el resultado podría frustrar la meta de la democracia deliberativa. Este conflicto entre diferentes expectativas —diversas perspectivas sobre cómo las discusiones políticas deben ser evaluadas— es un área fructífera para investigaciones futuras (Karpowitz, 2003).

Entre más rígidas sean las versiones de los criterios conceptuales, los estándares que evalúan la deliberación demandarán más de lo que los criterios requieren —por ejemplo, apelaciones al bien común más frecuentes y prolongadas— o una forma más robusta de lo que ellos requieren —por ejemplo, una tendencia a la acomodación más activa—. Los estándares que aplican al discurso son las ampliaciones más simples de los criterios conceptuales. Los estándares de espíritu público simplemente requieren más del razonamiento que tenga en cuanta al otro, característico de una forma mínima de deliberación —lo anterior no descarta intervenciones afectivas, retóricas o informales—. Para calcular más del mismo contenido cognitivo en la deliberación, algunos investigadores defienden estándares evaluativos que se concentran en la calidad de la información usada por quienes deliberan; por ejemplo, el punto hasta el cual los «miembros del Congreso confían en creencias informadas y razonables sobre […] el impacto de políticas propuestas» (Mucciaroni y Quirk, 2006, p. 5).

En cuanto al respeto mutuo, los estándares evaluativos también requieren más de lo requerido por su contraparte conceptual. La deliberación tiene una mejor calificación si más participantes usan con mayor frecuencia los argumentos que el criterio enfatiza. La acomodación, como estándar evaluativo, prescribe un esfuerzo positivo hacia la cooperación, no simplemente el evitar acciones que la obstruyan, tal y como sugiere el criterio conceptual. Esto corresponde a lo que los teóricos han llamado «la economía del desacuerdo moral», en esta los participantes buscan la razón que minimice la reacción de la postura ante la que se oponen y procuran encontrar una base común en políticas relacionadas (Gutmann y Thompson, 1996, pp. 84-94). Este estándar puede ser difícil de operacionalizar, pero algunos investigadores han comenzado a desarrollar métodos empíricos para identificar y medir lo que ellos consideran una «política constructiva» o una «reciprocidad deliberativa», el propósito de ellos es capturar buena parte del contenido de la idea de acomodación (Steiner et al., 2004, pp. 59-60, 107-109, 178-179; Weale, Bicquelet y Bara, 2007).

El estándar evaluativo de la participación equitativa supera a su pariente conceptual. Aquel refiere a un fenómeno diferente y más fuerte. El estándar no aplica solamente al discurso mismo, sino que aplica a su distribución. La equidad es, obviamente, una idea compleja y los teóricos no se ponen de acuerdo en qué tipo de equidad es más relevante para la deliberación (Cohen, 2007; Knight y Johnson, 1997; Thompson, 2008). No obstante, la mayoría de los teóricos coincide en decir que en tanto más influenciada esté la deliberación de recursos económicos desiguales y de estatus social, más deficiente será la deliberación. Esto es así porque la democracia deliberativa está instituida en el principio moral de reciprocidad, una forma de respeto mutuo que requiere del trato de los ciudadanos como iguales —aunque, o especialmente porque, ellos no tienen igualdad de poder—. Su justificación no es fundamentalmente empírica, si bien el nivel de satisfacción de dicho principio puede ser estudiado empíricamente. El estándar general de la igualdad es aplicado tanto a la distribución de los miembros del cuerpo deliberativo, como a los patrones de participación en la deliberación misma. Igualdad de oportunidades, selección arbitraria, representación proporcional, muestras representativas e igualdad de tiempo en las intervenciones son algunos ejemplos de los estándares que pueden implementarse para evaluar la equidad.

Sin importar cuál sea el estándar, uno de los hallazgos empíricos más consistentes es que si no se toman medidas especiales, la membrecía y la participación serán significativamente desiguales (Delli Carpini et al., 2004; Mansbridge, 1980; Mendelberg, 2002). Aunque los críticos repetidamente recurran a los hallazgos de desigualdad para declarar que la democracia deliberativa es fatalmente defectuosa, casi todos los teóricos de la deliberación no se han sorprendido ni se han desanimado. Para ellos, la deliberación misma puede exponer las desigualdades injustas en la política y los hallazgos pueden servir como justificación para los líderes que quieran tomar medidas especiales para contrarrestar las desigualdades, por ejemplo, exigiendo representación proporcional para los grupos desaventajados en los cuerpos deliberativos.

Los estudios empíricos que simplemente refuerzan la conclusión general de que la deliberación se queda corta en los estándares de equidad, por consiguiente, aclaran poco. La investigación que muestra específicamente qué condiciones y qué cambios pueden mitigar la desigualdad pueden ser de gran utilidad. Más valiosa y menos común es la investigación que compara las desigualdades en foros deliberativos con las desigualdades en otros espacios políticos. Dado que muchas de las políticas democráticas están dominadas por la desigualdad, la cuestión fundamental es comparativa: ¿hasta qué punto los foros deliberativos satisfacen los diversos estándares de equidad más o menos efectivamente que otros procesos políticos?

Parece que estos estándares —y sus correspondientes criterios— son muy complicados para un análisis empírico productivo, pero medidas similares y no menos complejas han sido adoptadas por politólogos con resultados esclarecedores. El intento más sistemático de operacionalizar principios para identificar y evaluar la deliberación se encuentra en el centro del estudio del discurso parlamentario realizado por Steiner y sus socios. Más que la mayoría de empíricos, Steiner et al. (2004, pp. 52-61, 170-179) han realizado un esfuerzo serio y bien informado para capturar lo que los teóricos consideran los elementos nucleares de la deliberación. Su «índice de calidad del discurso» comprende categorías codificadas que pretenden rastrear los principios encontrados en la teoría deliberativa: nivel de justificación —una razón, conclusión y enlace entre ellos—, contenido de la justificación —apelación a lo común versus interés de grupo—, respeto hacia los grupos que requieren ayuda —empatía—, respeto a las demandas de los otros —consideración de las propuesta y argumentos de los opositores—, respeto a los contrargumentos —una declaración positiva sobre el argumento contrario que otro ofrezca de las propias conclusiones—, política constructiva —presentación de una alternativa o propuesta mediadora— y, finalmente, participación —ausencia de interrupciones—.

Sus categorías, que miden el nivel y el contenido del discurso, rastrean bien el criterio y el estándar de razonamiento dotado de espíritu público. Si las categorías no se hallan en algún grado —si son codificadas de 0 a 1— el discurso no podría contar como uno deliberativo o no podría ser considerado como suficientemente deliberativo, de suerte que sería sujeto de evaluación. Puntuaciones altas, por el contrario, califican mejor una deliberación. Las tres categorías relativas al «respeto» son interpretaciones útiles para el respeto mutuo. La categoría de «política constructiva» demanda más que un criterio mínimo de acomodación y es tratado mejor como estándar evaluativo. La categoría de «participación» es una medida curiosa: parece muy subjetiva y culturalmente variable. Depende de si el hablante cree que la interrupción es significativa. La medida del tiempo de intervención —por género, raza o educación— puede ser un examen de la participación equitativa.

Necesitamos un segundo grupo de estándares evaluativos en lo que respecta a los efectos en los participantes. Los estudios empíricos tienen más por decir sobre estos efectos que sobre muchos otros aspectos de la democracia deliberativa porque los efectos siguen el curso de categorías familiares a las investigaciones en ciencias sociales. Es relativamente sencillo examinar si la deliberación —bajo ciertas condiciones— incrementa el conocimiento político, un sentido de eficiencia y otros asuntos considerados por los estándares. Con todo, la misma familiaridad puede extraviar a los investigadores. Así, por ejemplo, desde la perspectiva de la teoría deliberativa, el conocimiento de las posturas políticas de los participantes es tan importante como el conocimiento de la cuestión deliberada. Si se va a respetar a los demás participantes —y todavía más, si se va a estar dispuesto a que lo persuadan— se deben entender sus posturas y las razones que las sustentan. Empero, muchos estudios suelen concentrarse en si los participantes están bien informados sobre políticas públicas, posiciones de los candidatos y acciones del Gobierno.

Otras amenazas potenciales de la familiaridad es que los exámenes empíricos pueden identificarse erróneamente con estándares normativos de nombre semejante pero sustancialmente divergentes. Los conceptos normativos de legitimidad —por ejemplo, una decisión que razonablemente no puede ser rechazada por individuos que buscan términos justos de cooperación— no son lo mismo que la legitimidad empírica, que en algunos casos es denominada como un sentido de legitimidad —por ejemplo, la decisión que es aceptada por una actitud favorable o por la confianza en el Gobierno—. Una decisión puede ser legítima en el sentido normativo, pero puede carecer de legitimidad empírica. De modo contrario, una decisión puede ser ilegítima normativamente y aun así puede ser percibida como legítima. Vale la pena explorar estas posibilidades como ejemplos de conflictos potenciales, como los que discutiremos más adelante. Pero la exploración no puede arrancar si los conceptos normativos y empíricos no se distinguen exhaustivamente cuando se apliquen los estándares evaluativos.

El tercer grupo de estándares concierne al resultado de la deliberación. Los menos problemáticos de estos estándares —y de aquellos que para la investigación empírica parecen más útiles para calcular los efectos— son los compuestos de estándares que miden los efectos en individuos. Así, el alcance y la distribución del cambio en el conocimiento político en el grupo en su totalidad pueden ser presentados y analizados en cualquier evaluación de los efectos producidos en los individuos. Para ciertos asuntos —los que pueden devenir hechos y consecuencias objetivas—, los estudios empíricos pueden ayudar a estimar la calidad de ese resultado. Este enfoque puede ser más relevante para aquellos teóricos que creen que la democracia deliberativa tiene un valor epistémico sustantivo (Estlund, 1997; Marti, 2006).

Sin embargo, otros estándares implementados para calcular efectos algunas veces deberían ser usados con cautela por parte de los investigadores empíricos, si es que han de ser utilizados. El estándar más comúnmente evocado es el consenso (Karpowitz, 2003; Mendelberg y Oleske, 2000). Sus problemas son normativos y empíricos. En primer lugar, entre los mismos teóricos de la deliberación no hay acuerdo sobre si el consenso debe ser una meta de la deliberación (Gutmann y Thompson, 2004). La exposición e intensificación de los desacuerdos puede ser deseable en muchos casos. En segundo lugar, empíricamente resulta difícil distinguir entre consenso y compromiso (Steiner et al., 2004, pp. 91-92). Evidencia indirecta sugiere que la discusión puede cambiar las mentes de las personas y puede mover a un grupo hacia un acuerdo mejor, pero el efecto no puede observarse porque es latente y retardado (Mackie, 2006). La gente tiende a decir primero que acepta la decisión como un compromiso en lugar de decir que han cambiado de parecer. La evidencia empírica puede servir a la evaluación del alcance del cambio de opinión entre los participantes, aunque esta meta no puede determinar si la deliberación alcanza consenso.9

Otro estándar de resultados, para el cual la ayuda de la investigación empírica no ha sido mucha, es la justicia de la decisión. El estudio más sistemático sobre la capacidad de la deliberación para producir resultados justos en escenarios políticos reales encuentra una relación no significativa entre la calidad del discurso —medido con el índice citado antes— y una decisión débil en términos de equidad —como se ha indicado en la medida dirigida a los menos favorecidos en un grupo que delibera— (Spörndli, 2004). El resultado parece mejor explicado por las preferencias preexistentes de la mayoría, lo que puede sugerir que la distribución del poder tiene más efecto que la calidad del razonamiento. Pero este estudio tiene un espectro limitado. Se basa en la codificación de discursos en veinte debates que tienen lugar entre 1971 y 1982 en el vigesimosegundo encuentro de miembros del Comité Alemán de Mediación, un cuerpo constitucional inusual que se reúne en privado y que formula recomendaciones para resolver disputas entre las dos cámaras legislativas federales. Es más, los criterios de equidad débil son cuestionables pues son una exigua interpretación de un solo tipo de justicia y no tienen en cuenta si la política propuesta es más o menos equitativa que la política que reemplazaría. De modo más general, los retos empíricos de aislar los efectos de la deliberación, en lo que corresponde a la justicia del resultado, son difíciles porque las causas que intervienen son más numerosas y complejas que las vías causales de otros efectos de la deliberación.

Otro problema normativo complica el estudio empírico en lo que toca a la justicia de los resultados. Los teóricos de la deliberación discrepan, no solo en los estándares de justicia, sino también en si los estándares sustantivos deberían ser parte de una democracia deliberativa (Gutmann y Thompson, 2004). Todos coindicen, sin embargo, en que de alguna forma la naturaleza de la justicia debe ser ella misma objeto de deliberación. Esto crea lo que puede llamarse un problema de endogeneidad normativa: el estándar usado para evaluar el proceso deliberativo es influenciado por el proceso mismo. Qué principio de justicia debe aceptarse y cómo debe ser interpretado en casos particulares se supone que debe ser decidido parcialmente en el proceso.

1.3 Condiciones empíricas

El aspecto de la deliberación en la cual la investigación empírica tiene más aportes es el conjunto de condiciones necesarias para, o por lo menos que contribuyen a, la buena deliberación. Como hemos visto, una buena deliberación es multifacética y una investigación empírica sobre las condiciones que atienden a sus necesidades debe ser clara frente a cuáles estándares evaluativos están en juego. Los estándares compuestos —que combinan diferentes medidas de calidad de la deliberación— pueden ser apropiados para algunos propósitos, pero el uso de estándares separados es más adecuado para identificar los conflictos y los intercambios. Este enfoque desagregado es consistente con lo que Mutz (2008) en ese volumen ha llamado «teoría de medio alcance», la cual tiene más en común con la primera de lo que reconoce. Pero como se indicará más adelante, este abordaje apoya —lo que ella y algunos otros descuidan— el estudio de la estructura deliberativa de la democracia más allá de instancias individuales y condiciones particulares de la deliberación.

En cuanto a las condiciones empíricas, un enfoque desagregado puede ayudar a determinar el punto de satisfacción que implica un estándar en detrimento de otro que requiere de condiciones empíricas incompatibles. Por ejemplo, en situaciones donde facilitadores entrenados pueden ayudar a dirigir la discusión, la calidad del discurso mejora y los participantes más aprenden, pero, al tiempo, propician desigualdad en la participación. Traer la deliberación más cerca a los funcionarios, quienes toman las decisiones —realzando una de las circunstancias de la deliberación—, puede generar otra clase de desigualdad. Sin una planeación juiciosa y un control independiente y fuerte los funcionarios tienden a dominar y, cuando no lo hacen, los ciudadanos suelen aprovechar la ocasión solamente para criticar a los funcionarios o para abogar por la propia causa (Button y Mattson, 1999; Ryfe, 2002; Weatherford y McDonnell, 2007). Resulta alentadora una investigación en curso sobre la interacción de los miembros del Congreso y sus constituyentes (Esterling, Neblo y Lazer, 2007) ya que en discusiones con sus representantes en el Congreso sobre política de inmigración, los constituyentes «ganan conocimiento útil para una rendición de cuentas [accountability]10 más efectivo».

Ciertamente, el rango de condiciones empíricas posibles es amplio y parte del reto de las investigaciones empíricas consiste en decidir cuáles son dignas de investigación. Ejemplos de dos tipos de condiciones empíricas, institucionales y culturales pueden ilustrar los desafíos que comporta este tipo de investigación.

La condición empírica más difícil para especificar es la equidad. Refiere a los recursos —incluyendo talentos, estatus y poder— que los participantes traen consigo a la deliberación —diferente de la membresía y la participación, que son objeto de evaluación de los estándares evaluativos—. Si la equidad de recursos fuera un requisito para la deliberación, la democracia deliberativa podría fallar desde el comienzo. Para muchos teóricos de la deliberación, uno de los puntos principales de la democracia deliberativa es exponer las desigualdades a la crítica pública y crear condiciones menos injustas para el futuro. Ellos creen que la política deliberativa puede producir reglas de juego adaptadas a los más desaventajados porque, comparada con políticas competitivas u otras políticas de interés de grupo, no se pliega a las distribuciones de poder existentes en la sociedad. También recursos desiguales producen participación desigual en un foro deliberativo. Aparte de los estudios que emplean características atribuidas como indicadores, muchos trabajos empíricos investigan cuán grande puede ser el efecto de esta desigualdad. No sabemos, ni siquiera, si es cierto, como aseguran muchos teóricos, que bajo muchas condiciones la deliberación se ve menos afectada por la desigualdad que cuando prevalecen métodos de toma de decisiones basados en el poder.

La condición empírica más discutida es la publicidad, esto es, el requisito de que el foro deliberativo esté abierto al escrutinio de ciudadanos directamente o a través de los medios (Chambers, 2004; 2005). Los teóricos deliberativos no insisten en que la deliberación debe tener lugar en público, solo señalan que el segundo nivel de decisión que ocurre en deliberación privada debe ser sujeto de deliberación pública en algún punto (Gutmann y Thompson, 1996, pp. 96, 104, 117). Pero muchos teóricos enfatizan en los efectos benéficos de hacer públicos los argumentos de primer orden porque asumen que así pueden ser dotados de espíritu público y de respeto recíproco. Cuando los hablantes tienen que defender sus propuestas y preferencias ante audiencias grandes y plurales, tienden a apelar a principios más generales y a tomar más en serio la perspectiva de sus oponentes (Benhabib, 1996, p. 72; Cohen, 1997, pp. 76-77; Elster, 1998, p. 12; Goodin, 1992, pp. 124-146). Incluso en negociaciones internacionales, el llamado a terceras partes, habilitado en la deliberación pública, puede traer a colación «principios universales» (Ulbert y Risse, 2005, pp. 358-359).

La investigación empírica también ha confirmado lo que sugiere el sentido común: en muchos casos, los políticos que deliberan en privado se encuentran más inclinados a ofrecer argumentos cándidos, a reconocer complejidades y a ofrecer concesiones (Chambers, 2004; 2005). Es más, incluso cuando las discusiones privadas presentan más probabilidades de ser capturadas por intereses particulares o de ser usadas para confabulaciones de partidos en contra del interés general, una mayor transparencia no siempre ayuda porque la mayoría de los ciudadanos simplemente no pone atención (Curtin, 2006).

Estos resultados mixtos —y presupuestos— sugieren que investigaciones futuras podrían ayudar a determinar en qué escenarios y para qué asuntos la publicidad puede promover o minar la deliberación. De llevarse a cabo esta investigación, la publicidad deberá distinguirse del requerimiento normativo de que la deliberación se conduzca en términos de razón pública. Tal requerimiento, cuyo espectro es controvertido entre los teóricos, es un criterio conceptual de la deliberación, como se ha notado antes en la discusión sobre espíritu público. Los dos deben diferenciarse porque la condición empírica de la publicidad puede afectar el alcance de satisfacción al cual puede aspirar el requisito conceptual. Es importante saber si esta hipótesis, o su contraria, es válida: entre más pública la discusión, más tienden los participantes a usar la razón pública y más tiende la discusión a la deliberación.

En una cuidadosa revisión de la teoría y la evidencia sobre publicidad, Chambers (2005, p. 256) señala que, al presentar tal hipótesis, futuras investigaciones podrían adoptar «una idea más matizada de la publicidad y de sus efectos en los hablantes.» Chambers aprueba el abordaje empírico mostrando la necesidad de distinguir entre tres tipos de efectos que la publicidad puede tener en la razón pública. La publicidad puede promover: a) la racionalidad —justificar las creencias propias articulando premisas y conclusiones, tomando en cuenta puntos de vista opuestos—; b) la generalidad —apelando al bien común o al interés general—; y c) la razón plebiscitaria —apelando a lo que parece ser el bien común, pero con «un consentimiento superficial y de razonamiento pobre acerca de lo peor que tenemos en común» (p. 260)—. Chambers sospecha que los foros públicos son más susceptibles a la irracionalidad y a la razón plebiscitaria, mientras que las discusiones privadas son más vulnerables de ser cooptadas por intereses particulares y puede que no eviten por completo la razón plebiscitaria.11

El análisis más significativo de las condiciones institucionales en el ámbito del sistema político se encuentra en un estudio ambicioso sobre el discurso parlamentario en Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos (Steiner et al., 2004). Usando el índice de discurso citado antes, Steiner y sus colegas encontraron que «el diseño institucional importa para la calidad del discurso político» (p. 135). Hay temas discutidos que también hacen la diferencia: la deliberación es menos exitosa cuando la opinión es extremadamente polarizada, como en la cuestión del aborto. Pero para muchos otros asuntos importantes, las condiciones institucionales son significativas. Entre las condiciones favorables a la deliberación se encuentran: la coalición de los ministros, los sistemas multipartidistas, la representación proporcional, las provisiones de veto y los debates en segunda Cámara.

La conclusión más interesante de la teoría deliberativa es que la variación de las condiciones institucionales tiene efectos diversos en distintos aspectos de la deliberación (Steiner et al., 2004). El «respeto» se ve afectado por las condiciones, el «nivel de justificación» tiene resultados mixtos y la «política constructiva» muestra poca variación por factores institucionales —excepto en la diferencia entre la primera y la segunda Cámara—. Los autores especulan que la persistencia de «políticas posicionales» —en lugar de «políticas constructivas»— se debe a los rasgos generales en el proceso legislativo. En otros escenarios, como en foros cívicos donde el partidismo es menos prominente y donde las posturas iniciales no han cristalizado, el discurso puede desplegar actitudes más constructivas. Incluso si esto resulta ser verdadero, los teóricos deliberativos pueden estar todavía preocupados por la falta de política constructiva en las legislaturas, las cuales son, después de todo, cuerpos importantes de toma de decisiones.

Las condiciones culturales son, sin lugar a duda, muy importantes, pero solo recientemente han recibido la debida atención por parte de los investigadores específicamente interesados en la democracia deliberativa. Aunque la deliberación es menos necesaria en la medida en que los participantes coinciden en asuntos políticos sobre los que hay que tomar decisiones, la deliberación puede imposibilitarse si los participantes no están de acuerdo en el marco para la discusión —si algunos creen, por ejemplo, que solo la violencia puede resolver las disputas—. Algunos consensos culturales sobre el valor de resolver disputas a través de la mutua acomodación probablemente son necesarios. Eso sugeriría que la deliberación no es posible en sociedades segmentadas y muchas disputas internacionales, donde los partidos están divididos por profundas diferencias culturales sobre cómo lidiar con desacuerdos fundamentales. Sorprendentemente, muchos estudios recientes han mostrado que la deliberación tiene lugar en sociedades divididas y, potencialmente, a un nivel más alto del que muchos esperarían (O’Flynn, 2006). Igualmente, muchos académicos afirman que los resultados favorables de muchas negociaciones internacionales no pueden explicarse sin referencia a la eficiencia de la deliberación —«argumentar» distinto a «negociar»— (Risse, 2000; Schimmelfennig, 2001; Ulbert y Risse, 2005). Dryzek (2006) ve probabilidades significativas para la deliberación en foros internacionales de gran escala, aunque solo al punto de que la discusión tiene lugar en una sociedad civil internacional a una distancia prudente del ejercicio del poder soberano.

2. Los conflictos en la democracia deliberativa

Una de las razones más importantes para desagregar los elementos de la democracia deliberativa del modo en que hemos sugerido aquí es exponer los conflictos potenciales entre la teoría y la práctica de dichos elementos. Estos conflictos han sido descuidados por buena parte de la teoría de la deliberación y de la investigación empírica. Hay una tendencia, evidente en muchos de los trabajos citados, a tratar la democracia deliberativa como un conjunto de valores cohesivos que han de realizarse o han de fracasar en conjunto. Se suele asumir que los beneficios de la deliberación vienen todos juntos: cuando los ciudadanos se insertan en una deliberación aprenden más sobre los temas debatidos, ganan en respeto hacia los opositores, emplean con mayor frecuencia argumentos dotados de espíritu público, y así. En sentido contrario, si los ciudadanos fracasan en la deliberación, aprenden menos, se vuelven más irrespetuosos, persiguen con mayor ahínco los intereses particulares, entre otros. Si no reconocemos la posibilidad de que estos elementos sean conflictivos entre sí, que no todos los beneficios de la deliberación pueden lograrse al mismo tiempo y que en el proceso hay que elegir entre ellos, perdemos de vista la complejidad y el poder la democracia deliberativa. También perdemos la oportunidad de desarrollar trabajos empíricos más relevantes para la teoría normativa porque una de las contribuciones más provechosas de este tipo de investigaciones es exponer la naturaleza y el alance de estos conflictos.

El potencial para este tipo de contribuciones es ilustrado por el conflicto entre dos prestigiosos valores en la teoría deliberativa: la participación y la misma deliberación (Ackerman y Fishkin, 2004, pp. 289-301; Cohen y Fung, 2004). Entre los teóricos de la democracia, el giro hacia la democracia deliberativa no ha desplazado la atención de la teoría de la participación. Aunque las versiones elitistas de la teoría deliberativa ven con sospecha la incorporación ciudadana en la toma de decisiones, en cambio, los demócratas deliberativos defienden la mayor participación de la ciudadanía, si no en la deliberación, al menos en el juicio de la deliberación llevada a cabo por sus representantes. En lugar de trascender la teoría de la participación, muchos demócratas deliberativos se ven a sí mismos extendiéndola: a la lista de estándares de actividades políticas en las que toman parte los ciudadanos —votación, organización, protesta—, ellos agregan la deliberación.

El desafío empírico más común para la teoría de la participación tiene la misma forma del reto de la teoría deliberativa mencionada antes. La teoría es irrealista —dicen los críticos— porque muchos ciudadanos no son animales políticos. Ellos no quieren participar en política, así como no quieren deliberar sobre política (Hibbing y Theiss-Morse, 2002). Esta objeción contra la teoría de la participación no acierta en el blanco, como tampoco sucede cuando está dirigida a la teoría de la deliberación. La teoría participativa lamenta la falta de participación en cualquier tipo de sistema político actual, así como la teoría de la deliberación condena la falta de deliberación. El desafío empírico más agudo —y, en últimas, más constructivo— a cualquier teoría normativa busca mostrar que los valores que esta prescribe son conflictivos en la práctica. La teoría no se tambalea porque las democracias actuales fallen en la realización de sus valores, sino porque unos de sus valores no pueden lograrse sin el sacrificio de alguno de sus valores. Tal conflicto es especialmente molesto si los principios son indispensables del mismo modo que en la teoría. Técnicas de intercambio de estándares y enfoques pluralistas no ofrecen aun una solución satisfactoria.

Ese conflicto es el desafío que Mutz (2006) plantea a la teoría deliberativa en sus estudios de las redes políticas en Estados Unidos. Complementa su base de datos de tres investigaciones nacionales con estudios comparados en otros países. Un rasgo admirable de su libro es su vinculación selectiva con la democracia deliberativa. No busca probar la teoría completa —o en sus palabras, un «paquete de variables asociado a un solo concepto» (p. 6)—, sino que su enfoque es desagregado en el sentido que hemos expuesto. Mutz se enfoca en criterios específicos y necesarios de la deliberación: la exposición a perspectivas políticas opuestas a través de conversaciones políticas. El estudio de este tipo de exposición crea lo que ella denomina redes políticas diversas, que satisfacen uno de los criterios conceptuales fundamentales que hemos mencionado para la deliberación, a saber, el estado de desacuerdo. Mutz encuentra que la deliberación, bajo estas circunstancias, provee algunos beneficios que los teóricos esperaban: el reconocimiento de la legitimidad de los puntos de vista opuestos, más tolerancia y mayor empatía hacia los oponentes políticos (pp. 84-86). Empero, estos beneficios deliberativos tienen un costo participativo alto. La investigación de Mutz señala que mientras más discutan los ciudadanos sobre política con personas que difieran de sus posturas, menos posibilidades hay de que los primeros se involucren en actividades políticas (pp. 89-124). En conclusión, entre más deliberen los ciudadanos, menos participan. Las actitudes moderadas que estimula la deliberación debilitan uno de incentivos más poderosos para participar. Los oponentes parecen menos enemigos por lo que la movilización para provocar la derrota del otro parece menos urgente. A diferencia de los ciudadanos que suelen hablar más con los compatriotas que comparten su modo de pensar, los ciudadanos deliberativos se encuentran a sí mismos presionados desde diversos frentes y sus posturas se ven amenazadas en lugar de reforzadas.

El conflicto entre la participación y la deliberación no expresa, por supuesto, una regla universal. Nosotros no sabemos aún cuán general es el conflicto, tampoco bajo qué condiciones particulares tiende a aparecer. ¿Es más frecuente en cierto tipo de discusiones? ¿Acaso es más común en discusiones entre ciudadanos ordinarios que entre líderes políticos? ¿Ocurre más en interacciones informales que en instituciones formales? ¿Pueden los foros para la deliberación ser estructurados para evitar o mitigar el conflicto? Algunas investigaciones disponibles se ocupan de estas cuestiones, pero los politólogos tienen mucho trabajo por hacer antes que los teóricos deliberativos puedan renunciar a la defensa de estos dos valores. La respuesta de los empíricos a la pregunta general de los teóricos debería incitar a los teóricos a realizar preguntas más específicas. Los teóricos necesitan las respuestas para poder evaluar qué tan serio es el conflicto de los valores y para decidir qué medidas deberían tomarse para superarlos. La ayuda de los empíricos puede esbozar nuevas direcciones.

Este conflicto es solo uno entre muchas tensiones posibles en la teoría deliberativa que podrían redundar en futuros análisis teóricos y empíricos. Muchas de estas tensiones están implícitas en la discusión mencionada sobre los elementos de la deliberación. Así, la participación equitativa puede disminuir la calidad del razonamiento deliberativo; la publicidad puede hacer lo mismo; la deliberación pública puede conducir a un respeto mutuo menor que el que se hallaría en una conversación privada; la autoridad para la toma de decisiones puede inducir a la polarización y, por tanto, a la política posicional en detrimento de la política constructiva; los sistemas de consenso —grandes coaliciones, estructuras multipartido, poderes de veto— tienden a producir una mejor deliberación que los sistemas competitivos, pero la contraprestación es menor transparencia en la formulación e implementación de políticas y menor rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Dicho de modo general, «si el objetivo es una deliberación respetuosa que incorpore un cambio argumentativo, entonces, las relaciones de los actores deberían no tener vínculos mandatorios y los cuerpos de deliberación deberían ser pequeños y deberían estar preparados para la discusión y reflexión racional […]» (Bächtiger et al., 2007, p. 98). Esto no significaría que los demócratas deliberativos están forzados a suscribir el «modelo de política de un club premoderno de caballeros»; lo que sí sugiere es que los demócratas deliberativos necesitan enfrentar tanto las tensiones entre sus valores principales, que los investigadores empíricos han puesto de manifiesto, como refinar sus teorías para que ayuden a decidir hasta qué punto un valor debe ser sacrificado en favor de otro.

La investigación empírica puede, de esta forma, proponer preguntas desafiantes e incluso puede ofrecer respuestas provocadoras, no tiene la última palabra. Exponer los conflictos entre los valores es un paso significativo, pero está más cerca de ser un comienzo que de ser un fin de las investigaciones provechosas para la naturaleza de la democracia deliberativa. Aun si la participación y la deliberación —o algún otro valor fundamental de la democracia deliberativa— aparece en conflicto, nosotros deberíamos poder indicar qué valor tiene prioridad y qué combinación de valores es óptima. Esa decisión depende parcialmente de consideraciones que no son empíricas en principio, caso de consideraciones sobre dignidad humana y acuerdos sobre los términos justos de la cooperación social. La decisión no es usualmente una cuestión de simple intercambio, sino que supone una decisión normativa sobre los mejores métodos para tramitar los conflictos (Goodin, 1995). En últimas, es esta teoría normativa la que determina el significado de cualquier conflicto y el modo apropiado para resolverlo. A ese respecto, la investigación empírica tiene toda la ventaja.

3. Estructura de la democracia deliberativa

Casi todas las investigaciones sobre democracia deliberativa se han enfocado en un solo episodio de la deliberación —como las discusiones grupales que ocurren solo en una ocasión— o en series continuas de deliberación en un mismo grupo o en el mismo tipo de institución. Esta limitación es comprensible. Los desafíos de desarrollar una investigación en casos aislados son lo suficientemente difíciles sin intentar relacionar los hallazgos con la deliberación en otros niveles del sistema político, y menos aún con las prácticas no deliberativas en tal sistema. Recientemente, la teoría deliberativa se está ocupando del proceso democrático como un todo y, por consiguiente, de las relaciones entre las partes y el todo. El enfoque teórico, decididamente, no es para acomodarse a todos los casos ni propone una deliberación basada en una cadena de deliberaciones semejantes. Muchos de los teóricos de la deliberación reconocen no solo que la práctica de la deliberación puede tener formas diferentes en distintas partes del proceso, sino que la deliberación es solo uno entre muchos modos deseables para tomar decisiones. La democracia deliberativa es más que una suma de momentos deliberativos. Los teóricos que se ocupan de este tipo de democracia también dan lugar a otros intercambios comunicativos, caso de regateo de intereses grupales y protestas políticas (Mansbridge, 2007), pero muchos insisten en que su rol —y la forma que toma— es justificada desde algún nivel de la perspectiva deliberativa (Gutmann y Thompson, 2004; Habermas, 2005).

De ahí que el modo en que debería asignarse la deliberación en el proceso democrático se convierta en una pregunta central. Es una pregunta que no ha recibido suficiente atención, normativa o empírica. Los demócratas deliberativos deberían «pensar con más seriedad sobre la legitimidad en los múltiples momentos deliberativos y en el sistema deliberativo amplio» (Parkinson, 2006, p. 174). Necesitan confrontar de modo más sistemático el problema estructural de la división del trabajo en una democracia deliberativa. Es posible estudiar la estructura con las teorías intermedias recomendadas por Mutz (2008), pero solo si las teorías están relacionadas con la totalidad del proceso democrático. Este esfuerzo no puede ser confundido con la comprobación de «una gran teoría» ya que procura asegurar que la investigación es relevante a la preocupación principal de la ciencia política y la teoría política: el funcionamiento del sistema político. Esto significa que debemos ir más allá del estudio de las interacciones de pequeños grupos considerados por separado y que debemos examinar cómo estas interacciones se relacionan con las instituciones políticas más grandes. También significa que necesitamos saber más sobre cómo la deliberación relaciona —no solo compara— otras formas de toma de decisión.

Tres enfoques al problema estructural ameritan ser revisadas. La primera ha sido denominada «deliberación distribuida» (Goodin, 2005). Aspectos diferentes de las «tareas deliberativas» son asignados a diferentes instituciones, las cuales pueden acogerse a estándares deliberativos desemejantes. Se suele esperar que los comités partidistas satisfagan estándares de candor; los debates parlamentarios son mejores en lo que respecta a la argumentación razonable; supuestamente el público en las elecciones se acerca al logro de un bien común; y la negociación poselectoral puede alcanzar compromisos aceptables. Una división semejante del trabajo puede derivarse de la conclusión de que los comités parlamentarios son los mejores para el fomento del respeto mutuo, mientras que las sesiones en plenaria son mejores para articular el interés público (Steiner et al., 2004).

La ventaja de la idea de una deliberación distribuida es que, al enfatizar en que no todas las instituciones son igualmente efectivas para promover todos los aspectos de la deliberación, invita a investigaciones futuras sobre las ventajas comparativas de cada una de las instituciones. Empero, esta idea también tiene dificultades. Las diferentes funciones de la deliberación no pueden mantenerse como prácticas distintas, tal y como implica el modelo. La argumentación y la negociación, por ejemplo, son difíciles de distinguir empíricamente y su segregación en instituciones separadas es normativamente cuestionable. Incluso si una división del trabajo puede ser sostenida, hay una dificultar ulterior sobre cómo deben ser coordinadas las funciones dispersas para crear un sistema deliberativo reconocible. Integrar las funciones en una estructura coherente sigue siendo el reto de la teoría normativa y de la investigación empírica.

Un segundo enfoque —la deliberación descentralizada— evita esta dificultad porque mantiene la práctica de la deliberación en una sola pieza. En lugar de distribuir la deliberación funcionalmente en diferentes instituciones, este enfoque proyecta procesos deliberativos unificados en muchos cuerpos; en vez de dividir la deliberación, divide a los deliberantes. El ejemplo más destacado de esta segunda tendencia es el presupuesto participativo de Porto Alegre (Baiocchi, 2003; Fung, 2007b; Gastil y Levine, 2005). Los ciudadanos de cada uno de los dieciséis distritos de esta ciudad brasilera se reúnen anualmente para considerar las prioridades presupuestales de políticas que van desde aguas residuales, pasando por vivienda, hasta salud y transporte. Luego, los resultados de las «preferencias reflexivas» generadas en estas y otras sesiones son agregados en un solo presupuesto municipal.

Ciertamente, el proceso incrementa la participación y evidentemente produce deliberación genuina sobre los asuntos en cada distrito y en cada barrio. La dificultad consiste en que la deliberación se enfoca en «bienes y necesidades muy locales» y no dispone a los «ciudadanos para las transacciones justas entre jurisdicciones o en relación con el bien de la ciudad en el largo plazo» (Fung, 2007b, p. 179). El presupuesto final es la derivación de un proceso agregativo que relega la democracia deliberativa a un rol de apoyo. Si este enfoque es viable, sus abanderados deben encontrar formas más efectivas de incentivar una perspectiva más amplia en las deliberaciones locales y deben poder integrar los cuerpos descentralizados en un proceso deliberativo en ámbitos centrales del sistema político.12

La deliberación iterada, el tercer enfoque, atiende este problema de integración. También ejemplifica uno de los rasgos más importantes de la democracia deliberativa: su capacidad dinámica de autocorrección (Gutmann y Thompson, 2004). El proceso iterado típicamente tiene esta forma: un cuerpo político —que puede ser o no deliberativo— propone una política a un cuerpo deliberativo, el cual reenvía una versión revisada de la política al cuerpo original. Este revisa otra vez la política y la somete para una nueva consideración al cuerpo deliberativo antes de ser proclamada. Este circuito puede continuar en múltiples fases y puede expandirse para incluir otras instituciones. Si las instituciones tienen diferentes capacidades, la deliberación iterada puede cosechar los beneficios de la división del trabajo en una deliberación distribuida sin costos.

El proceso para establecer las prioridades de salud en Oregon a principios de la década de 1990 es citado, algunas veces, como ejemplo de deliberación iterada.13 Inicialmente, la Comisión Estatal de Servicios de Salud creó una lista prioritaria de las condiciones y tratamientos. Después esta lista fue ampliamente criticada, la comisión consultó a un número de cuerpos ciudadanos y otras instituciones, algunas de las cuales eran deliberativas. Una lista revisada sustanciosamente fue considerada por la comisión y luego por el legislativo. El resultado final se quedó corto para lo que muchos habrían querido, pero estuvo mejor que las propuestas anteriores. El proceso mismo tenía fallas en muchos aspectos, pero, para los estándares deliberativos, también constituyó un avance respecto de lo que se había hecho antes.

Sin embargo, la pregunta central se mantiene en pie: ¿cómo incorporar la necesidad de experticia y administración técnica en una democracia deliberativa? (Richardson, 2003). Dado el potencial de la deliberación iterada —y el hecho de que refleja una de las características principales de la democracia deliberativa—, debemos aprender más de las condiciones bajo las cuales esta deliberación funciona bien; debemos identificar para qué asuntos es más o menos adecuada que otros tipos de deliberación; cuáles instituciones deben promoverla y cuál es el punto óptimo para dar por concluido el proceso.

Los tres enfoques para dividir la labor deliberativa —distributiva, descentralizada e iterada— implican ambiciosos proyectos de diseño institucional. ¿Cómo podrían los diseñadores elegir sus enfoques? La respuesta natural es esta: deliberadamente, a través de un proceso que se denominaría de metadeliberación. Algunos teóricos de la deliberación distinguen la práctica de la deliberación de la concepción de la deliberación. No insisten en que cada práctica en la democracia deliberativa sea deliberativa sino en que cada práctica debería, en algún punto, ser justificada deliberativamente (Gutmann y Thompson, 2004; Macedo, 1999). La pregunta por el lugar de la deliberación en el proceso amplio debería estar abierta al desafío deliberativo mismo.

Si este enfoque parece una idea más abstracta que una propuesta institucional, consideremos las asambleas de ciudadanos que están acostumbradas a las reformas a los sistemas electorales en varias provincias de Canadá y en Holanda. Más o menos 160 ciudadanos, elegidos de modo relativamente arbitrario, se encontraron los fines de semana por cerca de nueve meses entre 2004 y 2005 en British Columbia para decidir si recomendar el reemplazo del sistema mayoritario activo por una versión de un sistema proporcional. Aunque la pregunta es técnicamente compleja y potencialmente divisiva, los miembros de esa Asamblea de Ciudadanos, en todo caso, se las arreglaron para deliberar efectivamente (Blais, Carty y Fournier, 2008; Thompson, 2008; Warren y Pearse, 2008). Los miembros de la Asamblea no estaban deliberando directamente sobre el rol de la deliberación en su sistema político, pero estaban deliberando sobre los cambios institucionales que podrían afectar sustancialmente ese rol. Si tales asambleas pueden discutir exitosamente y decidir sobre los sistemas electorales, pueden también considerar otras cuestiones sobre el diseño institucional. Podrían dar una respuesta parcial a la pregunta de cómo decidir deliberativamente qué lugar debe tener la deliberación en una democracia deliberativa.

Una asamblea de ciudadanos no escapa por entero a los problemas generales e inherentes a la división del trabajo deliberativo. La deliberación en la asamblea es diferente de la deliberación en el público, el cual, en el caso de British Columbia, terminó por votar un referendo sobre las recomendaciones de la asamblea —la asamblea de deliberación es también diferente de la deliberación en la legislatura, la cual, en otras circunstancias, sería el último cuerpo para la toma de decisiones—. Los miembros de una asamblea se involucran, en términos relativamente equitativos, en un proceso que el electorado no puede esperar igualar. Los miembros llegan a conclusiones que muchos de los votantes ordinarios no estarían dispuestos a comprender. Diseñado para reducir la diferencia entre los ciudadanos y expertos, el proceso mismo puede reproducir el problema que está intentando solucionar. Pero la diferencia deliberativa entre ciudadanos y expertos puede salvarse si los votantes están preparados para confiar en el juicio de los miembros de la asamblea. Si el trabajo de los miembros es accesible, los ciudadanos pueden deliberar sobre la justicia de los procesos más que sobre sus resultados. La cuestión normativa es si esta es una forma adecuada de deliberación y la pregunta empírica es bajo qué condiciones los ciudadanos se incorporan efectivamente en esta forma de deliberación.

Los teóricos de la deliberación solo han comenzado a analizar las posibilidades de la metadeliberación en aquellas instituciones como la asamblea de ciudadanos. Cualquier evaluación normativa deberá ser informada con el repertorio completo de la investigación empírica, incluyendo estudios de caso, entrevistas con participantes, sondeos de opinión y análisis de contenidos. El asunto importante aquí es, como con todos los enfoques que se ocupan de la división del trabajo en la democracia deliberativa, cuáles son las relaciones más efectivas y deseables entre varios cuerpos que operan en la estructura de la democracia deliberativa, aquellos designados para deliberar, así como otros constituidos para decidir de otros modos.

Conclusión

El estudio de la democracia deliberativa, al igual que la práctica, ha tendido a la observancia de la división del trabajo. Esta división del trabajo puede o no servir a la práctica; precisamente, esta es una de las cuestiones señaladas para futuras investigaciones. Es claro que la división rígida entre investigación normativa y empírica no sirve en absoluto al estudio de la práctica, esa es una de las conclusiones que sugiere esta revisión. La investigación normativa y la empírica son, con justicia, distintas; correspondientemente, sus métodos y sus agendas divergen. Pero nuestra comprensión de la democracia deliberativa se quedará corta hasta que los teóricos y los empíricos hagan algo para reducir estas diferencias. Algunos dirán que a menos que los filósofos se conviertan en politólogos o a menos que aquellos que ahora son politólogos devengan filósofos, no hay fin a los problemas en nuestra disciplina; solo entonces la teoría deliberativa de la democracia verá la luz del día. De hecho, algunos de los trabajos recientes más valiosos sobre la democracia deliberativa son desarrollados por jóvenes académicos —como Bächtinger, Fung, y Neblo—, tan competentes en teoría normativa como en ciencia social empírica.

Incluso con la división del trabajo que parece que persistirá, la colaboración puede continuar constructivamente si los teóricos y los empíricos se comprometen sistemáticamente con el trabajo de los otros. La pregunta que cada lado formule puede estimular respuestas que den lugar a nuevas preguntas que identifiquen nuevos problemas: esto no es otra cosa que un programa de investigación iterado que reflejará el proceso deliberativo mismo. Tal programa será más iluminador si los teóricos y los empíricos trabajan con un entendimiento analítico común sobre los elementos de la deliberación, una apreciación más profunda de los conflictos de una democracia deliberativa y una mayor atención a su estructura. Ellos necesitan estudiar la deliberación que tiene lugar no solo entre ciudadanos sino entre los ciudadanos y sus representantes, y entre los representantes mismos. La teoría y la investigación empírica pueden progresar más si van de la mano.

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1 Para una revisión del sentido y la variedad de teorías, véase Gutmann y Thompson (2004, pp. 1-39). La compilación más relevante de escritos teoréticos recientes incluye a Benhabib (1996), Besson y Marti (2006), Bohman y Rehg (1997), Elster (1998), Fishkin y Laslett (2003), Macedo (1999).

2 Para varias afirmaciones sobre el contraste con otras teorías, véase Cohen (1989), Habermas (1984; 1989; 1996), Gutmann y Thompson (1996).

3 Para trabajos sobre el tema, véase Delli Carpini et al. (2004), Mendelberg (2002), Ryfe (2005), Steiner et al. (2004, pp. 43-52).

4 Nota de los traductores: School integration en el original. También conocida como school desegregation, esta expresión alude al proceso de integración racial implementado en Estados Unidos a mediados del siglo xx para poner fin a la política de segregación adoptada en colegios públicos. Para explicaciones y evaluaciones de la medida, véase: Van Hecke, Maurice. (1957). Racial Desegregation in the Law Schools. Journal of Legal Education, 9 (3), pp. 283-289; Fleming, Harold. (1956). Resistance Movements and Racial Desegregation. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 304, pp. 44-52; Culver, Dwight. (1954). Racial Desegregation in Education in Indiana. The Journal of Negro Education, 23 (3), pp. 296-302.

5 Para una afirmación sistemática de un enfoque semejante, véase Fung (2007a).

6 Nota de los traductores: Cross-cutting exposure en el original. Seguimos a Diana Mutz, citada por el autor, para presentar una definición castellana de la expresión anglosajona. Su definición coincide con los otros estudiosos del comportamiento político argumentativo, caso de C. J Pattie y R. J. Johnston, y con C. Robinson. Véase, Mutz, Diana. (2002). Cross-Cutting Social Networks: Testing Democratic Theory in Practice. The American Political Science Review, 96 (1), pp. 11-126; Pattie, C. J. & Johnston, Ron. (2009). Conversation, Disagreement and Political Participation. Political Behavior, 31 (2), pp. 261-285; Robinson, Carin. (2010). Cross-Cutting Messages and Political Tolerance: An Experiment Using Evangelical Protestants. Political Behavior, 32 (4), pp. 495-515.

7 Sus más recientes proyectos también se han involucrado con grupos que toman decisiones o que aconsejan a quienes toman decisiones. Véase los reportes y artículos de su Centro para la Democracia Deliberativa en http://cdd.stanford.edu

8 Nota de los traductores: se refiere al volumen 11 de la Annual Review of Political Science, 2008.

9 Para una perspectiva más favorable del consenso como parte de una estrategia investigativa, véase Neblo (2007a).

10 Nota de los traductores: conservamos el término anglosajón porque, tal y como ha sido acuñado por la ciencia política, especifica mejor la función de control al poder político que la usual traducción al castellano de «rendición de cuentas». El control político referido por el concepto es uno de carácter obligatorio que comporta tres dimensiones: información, justificación y sanción. Para más información, véase Bovens, Mark. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13 (4), pp. 447-468. Para otro enfoque conceptual, véase Hernández, Andrés y Arciniegas, Elizabeth (eds.). (2011). El accountability desde una perspectiva comparada en América Latina: estudios de caso. En Experiencias de Accountability horizontal y social en América Latina. Estudios de caso comparados en São Paulo, México DF, Caracas y Bogotá. Bogotá, D. C.: Uniandes.

11 No obstante, véase Steiner et al. (2004, pp. 128-131, 165) y el comentario de Chambers (2005, p. 263).

12 Para una discusión sobre cómo los mini-públicos pueden influenciar las decisiones en sistemas políticos grandes, véase Goodin y Dryzek, 2006.

13 Para varias interpretaciones de ese proceso, véase Fung (2007b), Gutmann y Thompson (1996).

* Este artículo fue publicado originalmente en The Annual Review of Political Science, 11, 2008, pp. 497-520, y cuenta con la expresa autorización del autor.

Cómo citar este artículo Thompson, Dennis F. (2019). Teoría democrática deliberativa y ciencia política empírica (traductores García Jaramillo, Leonardo y Fuentes Vélez, Laura). Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 56, pp. 270-313. DOI: http://doi.org/10.17533/udea.espo.n56a12

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