Introducción

El 24 de noviembre de 2016 en Bogotá el Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el cual dio por terminado por la vía política uno de los conflictos armados más largos del hemisferio occidental con la guerrilla más vieja del mundo.

De acuerdo al Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (^{Documento Conpes 3932 del 29 de junio de 2018}), tomaría al menos quince años la ejecución total del Acuerdo Final, el cual estableció que la transformación debería ser en todas las zonas rurales del país; sin embargo, se convino priorizar la intervención estatal en los municipios más afectados por el conflicto. En esa línea, se identificaron 344 municipios de Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac) y tras estudiar las condiciones de cada uno, de acuerdo a cuatro criterios de selección,² se estableció que 170 requerían una intervención inmediata (^{Decreto 893 del 28 de mayo 2017}).

En noviembre de 2020 se cumplirán cuatro años de la firma del Acuerdo. Su implementación ha sido lenta y parcial. De las 578 disposiciones concretas, observables y medibles, más de 50% están en un avance mínimo o no ha iniciado. En lo que respecta al Punto 1 Reforma Rural Integral,³ fundamental para la construcción de la paz territorial que persigue el Acuerdo y objeto de este artículo, tiene 56% de las disposiciones pactadas en estado mínimo, 31% sin iniciar y solamente 4% se han cumplido (Instituto Kroc, 2020). Del porcentaje cumplido se resalta la elaboración de la base técnica del PZA, los PDET y los PATR que consagran las iniciativas finales de los PDET y que tienen que armonizarse con los otros instrumentos de ordenamiento territorial, incluidos los de cambio climático.

Para el caso de Antioquia, el Decreto 1650 de 2017 establece 55 municipios Zomac -44% del territorio departamental-, de ellos 24 son PDET clasificados en cuatro subregiones PATR.⁴ Empero, el departamento solo tiene dos subregiones PATR -Bajo Cauca y Nordeste, y Urabá- que en total recogen 21 municipios PDET.

En este contexto, este artículo tiene como objetivo develar cómo la construcción concertada de los instrumentos de ordenamiento territorial contemplados en el Punto 1 del Acuerdo Final se convierten en una oportunidad para mejorar la adaptabilidad climática de las comunidades rurales más vulnerables en las subregiones PATR de Antioquia -Bajo Cauca y Nordeste, y Urabá-.

1. Metodología

La investigación es de orden deductivo y cualitativo, en primer lugar, porque analiza el impacto del Punto 1 del Acuerdo Final en la resolución de conflictos socioambientales derivados del uso del territorio y la capacidad de adaptación climática de las comunidades y de sus territorios en el marco de la construcción de paz territorial y ambiental en los casos de estudio de los PATR Urabá y Bajo Cauca y Noreste. Y en segundo lugar, porque lo realiza a través de fuentes primarias como entrevistas semiestructuradas y abiertas realizadas a un grupo seleccionado y representativo de autoridades en temas ambientales, de conflicto armado y posconflicto, pertenecientes a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), la Dirección de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Bosques de Corantioquia, la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y la Coordinación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) del Ministerio del Medio Ambiente, y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Este grupo de stakeholders ha hecho parte activa del i) proceso de formulación, implementación y seguimiento, o ii) actúa como observador no gubernamental de la implementación. Las entrevistas fueron registradas en cuadernos de notas de campo.

Adicionalmente, se usaron como fuentes primarias documentos resultantes del proceso de formulación de los instrumentos de planificación creados en el Punto 1 de Acuerdo. Las fuentes secundarias analizadas en la investigación fueron las políticas públicas nacionales y departamentales asociadas al tema de estudio, informes del Instituto Kroc, de la MAPP/OEA, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Agencia de Renovación del Territorio, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), del Observatorio de Bosques de Antioquia, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), artículos académicos y datos estadísticos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), del Departamento Administrativo de Planeación y de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

Finalmente, y con el fin de visibilizar gráficamente algunos asuntos de relevancia del estudio, se elaboraron mapas con el programa ArcGIS 10.7 a partir de informes presentados por diversas instituciones competentes en el tema.

2. Crisis ambiental, conflictividad social y criminalidad en las subregiones del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) Bajo Cauca y Nordeste, y Urabá

2.1 Diagnóstico del cambio climático: vulnerabilidad y adaptación

Antioquia está conformado por nueve subregiones y 125 municipios, tiene una superficie de 63 612 km² y una población de 6 613 118 de habitantes, la población indígena es de 0,52% y las comunidades afrodescendientes son 10,59% de la población (Departamento Administrativo de Planeación, s. f.). 10,73% del territorio son ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques secos tropicales y manglares; además, cuenta con tres parques nacionales naturales (PNN) que abarcan 3% del territorio departamental: las Orquídeas, los Katíos y Paramillo. 11,8% del territorio y 8% de su población (473 865 habitantes) están amenazados por los efectos del cambio climático: de los 24 municipios PDET, 2 tienen riesgo climático alto, 10 se clasifican en riesgo medio, 7 en riesgo bajo y 2 en riesgo muy bajo (^{Ideam et al., 2017}) (véase Mapa 1).

Fuente: elaboración propia a partir de (Ideam et al., 2017)

Mapa 1 Nivel de riesgo climático en los municipios priorizados en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (Documento Conpes 3932 de 2018). 

Con respecto a los municipios priorizados, aquellos localizados en la subregión del Bajo Cauca y Nordeste tendrían un aumento de temperatura entre 0.5 y 1 ºC, aunque en municipios como Ituango, Briceño, Validivia, Anorí y Amalfí sería entre 1 y 1.2 ºC; también se espera una disminución de la precipitación promedio entre 10 y 30% para 2040 (^{MinAmbiente, s. f. a}), lo que significa una ola de desertificación para ese año (comunicación personal, funcionarios Corantioquia, septiembre 9, 2019), mientras que la subregión del Urabá tendría un aumento de temperatura entre 0.81 y 1.2 ºC en 2040 y su precipitación promedio tendría una tendencia constante, aunque podría llegar a aumentar entre 10 y 20% (^{MinAmbiente, s. f. b}).

Frente a la capacidad de adaptación climática, los 24 municipios PDET tienen un nivel de adaptación sobresaliente (^{Ideam et al., 2017}); sin embargo, ^{Corpourabá, Cordupaz y E3 (2017)} ha indicado que los municipios en su jurisdicción tienen una baja capacidad de adaptabilidad climática como consecuencia de la deforestación, la debilidad institucional y el desarrollo de modelos económicos no sustentables, de hecho, es una de las zonas con mayor pérdida de biodiversidad en el país (^{González y Vásquez, 2017}). A las razones que expone Corpourabá se añade que Antioquia es el segundo departamento con mayor destrucción forestal y el que más concentra cantidad de conflictos asociados al uso del territorio, y al manejo y explotación de los recursos naturales no renovables entre 2000 y 2016 (^{González y Vásquez, 2017}; ^{Valencia y Riaño, 2017}).⁵

Contradiciendo lo que dice el Ideam, no es posible tener un nivel de adaptación climática muy alto o alto cuando existe deforestación, pero, sobre todo, cuando las comunidades tienen elevados niveles de necesidades básicas insatisfechas (véase Tabla 1); de hecho, sin la intervención del aparato estatal estas comunidades son supremamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Tabla 1 Condiciones sociales en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá. 

Caracterización sociodemográfica			Bajo Cauca y Nordeste	Urabá
Población	Total		362 006	433 674
	Comunidades	Afrodescendientes	12%	34%
		Indígenas	1%	2%
	Distribución	Área urbana	215 634 (60%)	251 920 (58%)
		Área rural	146 372 (40%)	181 754 (42%)
Necesidades básicas insatisfechas
Componente servicios	Energía	Total	96%-99%	82,7%-99,4%
	Acueducto	Área urbana	94%	90%
		Área rural	29%	42%
	Agua potable	Área urbana	87%	82,40%
		Área rural	3%	5,70%
	Alcantarillado	Área urbana	70%	80,60%
Área rural	14%	18,30%

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Departamento Administrativo de Planeación (s. f.)} y ^{DANE (s. f. a}; s. f. b).

La baja cobertura de servicios públicos domiciliarios evidencia las condiciones precarias de las zonas rurales; además, en ambas subregiones la capacidad adaptativa «está caracterizada por un bajo porcentaje de superficie agrícola con sistemas de irrigación deficientes y un bajo porcentaje de áreas protegidas registradas» (^{MinAmbiente, s. f. a}; s. f. b).

Ante esto es necesario destacar la elaboración del plan Paz y Clima 2040 (^{Corpourabá, Cordupaz y E3, 2017}), anterior a los PDET y en el cual participaron 309 personas de 105 organizaciones y colectivos, y que logró la priorización de 41 acciones. Sobresalen la transformación de los sistemas de agricultura y la construcción de barrios resilientes al cambio climático. Este ejercicio fue un ejemplo de participación que no se había dado antes en la región y que Julie ^{Maldonado (2014)} denomina la «democratización de los procesos de adaptación».

En lo que respecta a la subregión del Bajo Cauca y Nordeste, la autoridad ambiental es Corantioquia. Los municipios de esta subregión hacen parte de tres territoriales ambientales: Panzenú, Zenufaná y Tahamies. La formulación del Plan Regional para el Cambio Climático (PRCC) (^{Corantioquia, 2018}) duro casi dos años y fue adoptado en diciembre de 2018. Algunas medidas estipuladas para el cumplimiento de las líneas estratégicas coincidieron con las iniciativas del PATR, tales como pago por servicios ambientales, transición a sistemas silvopastoriles para la producción de carne bovina y una reconversión al ordenamiento territorial. De acuerdo con los funcionarios de Corantioquia (comunicación personal, septiembre 9, 2019), a pesar de estas coincidencias, no hubo una articulación entre PDET, PATR y PRCC porque cuando este último fue terminado solo se empezaba hablar de los dos primeros planes en los territorios.

Aun así, es importante destacar que los ejes temáticos i -Hábitat natural y ruralidad- y iii -Desarrollo urbano- del PRCC son los que más coinciden con el objetivo de transformar integralmente la ruralidad en Colombia, de acuerdo con el primer punto del Acuerdo Final. Ahora bien, el PRCC se comenzó a implementar en 2019 y tiene un horizonte de planificación de veintidós años, dividido en tres plazos que se solapan con la revisión de los PATR. Esto implica que, de acuerdo con los funcionarios de Corantioquia entrevistados (comunicación personal, septiembre 9,2019), siempre y cuando -sobre todo- exista voluntad política se podrán articular esfuerzos para avanzar desde ambos instrumentos de planificación -PATR y PRCC- en la adaptación climática del territorio; sin embargo, para alcanzar la implementación del PRCC también se deben superar dos barreras más: económica y de seguridad.

Tanto Paz y Clima 2040, como el PRCC son insumos para el Plan Departamental de Cambio Climático de Antioquia (2018-2030), el cual articula de forma concreta y visible los PDET y los PATR, tal como se aprecia en el Plan y ratificado por los funcionarios de Corantioquia entrevistados (comunicación personal, septiembre 9, 2019).

2.2 Conflictos socioambientales y deforestación

En los 21 municipios que conforman las dos subregiones PATR de estudio se registran 14 conflictos, 9 de ellos relacionados a la minería aurífera y 5 al uso del agua (véase Cuadro 1).

Cuadro 1 Tipología del conflicto socioambiental en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá. 

Actores en conflicto	Actividad económica en disputa	Impactos	Resolución del conflicto	Subregiones de estudio (ejemplos)
Empresa nacional/ internacional versus Campesinos, mineros, indígenas o afrodescendientes	Extractivismo (minería)	Contaminación y afectación de ecosistemas. Acaparamiento de tierras. Invasiones a predios.	Negociación. Vía jurídica.	Nechí: mineros versus Gran Colombia Gold por la explotación del oro. Segovia: mineros informales versus Frontino Gold (Zandor Capital S. A.) y Gran Colombia Gold por la explotación del oro.
Empresa nacional/ internacional versus Campesinos, mineros, indígenas o afrodescendientes	Generación de energía eléctrica (hidroeléctrica)	Afectación de ecosistemas. Desplazamiento de personas, cultivos y bienes patrimoniales. Impacto sobre áreas protegidas. Acaparamiento de tierras.	Negociación. Vía jurídica.	Amalfi y Anorí: mineros informales se quejan por la construcción de Porce iii. Anorí: la comunidad local organiza protestas sociales por Porce iv. Briceño e Ituango: mineros, campesinos y la comunidad local se moviliza en contra de Hidroituango.
Grupo poblacional (≠) versus Grupo poblacional (≠)	Extractivismo versus Agricultura	Contaminación y afectación de ecosistemas. Deforestación.	Acciones violentas	Anorí: dragado del recurso hídrico para fines mineros.
Grupo poblacional (=) versus Grupo poblacional (=) o AAI	Extractivismo aurífero: Artesanal versus ilícito	Contaminación y afectación de ecosistemas. Deforestación.	Disputas. Vías de hecho.	Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá y Zaragoza: mineros informales en contra de actores armados ilegales que realizan minería criminal.

Fuente. elaboración propia a partir de investigador de Pares (comunicación personal, septiembre 19, 2019) y de Mario ^{Pérez-Rincón (2014)}.

Sobre los conflictos entre una empresa y un grupo poblacional vale ampliar las denuncias que se presentaron en Ituango por Hidroituango y en Segovia con Gran Colombia Gold. En ambos casos se ha dicho que, además de las vías legales, se usaron acciones violentas en contra de los campesinos, tales como desplazamientos, desapariciones y hasta asesinatos (^{Pérez, 2014}; ^{Van Zeller, 2012}). También se ha denunciado que en el Nordeste el conflicto entre dos grupos poblacionales distintos ha alcanzado provocaciones violentas, por ejemplo, algunas comunidades «se oponen a la extracción minera sin regulación, pues las malas prácticas y el uso del dragado están acabando con las cuencas hídricas de algunos municipios» (^{Pares, 2018}, p. 52), lo cual ha desatado amenazas por parte de los mineros. Dicha situación sucede en las veredas Los Trozos y Tenche, municipio de Anorí, donde «los campesinos fueron amenazados por los mineros con “echarles” a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia» (^{Pares, 2018}, p. 52).

Sin duda, la actividad minera es uno de los mayores detonantes de conflictos socioambientales en Antioquia y su práctica informal la que más pasivos ambientales puede llegar a generar. A 2017, solamente 2 municipios de los 21 de las subregiones PATR de estudio estaban exentos de minería -Carepa y Chigorodó, de Urabá-, 4 tenían actividad minera no aurífera⁶ -Urabá, Necoclí, Turbo y Apartadó, en Urabá-, el resto tenían actividades aurífera y no aurífera. En total, los 21 municipios concentran 37% (705) de los títulos vigentes de actividad extractivista, 27% (769) de las solicitudes totales para explotación mineral y 34% de los bosques del departamento (véase Mapa 2) (^{Secretaría de Minas, 2017}).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Secretaría de Minas (2017)} y del ^{Sistema de Información Ambiental de Colombia (s. f. a)}

Mapa 2 Deforestación, títulos mineros y solicitudes de formalización en Zonas de Reserva y Parques Nacionales Naturales. * El círculo morado corresponde al PNN Paramillo y el vinotinto a Los Katíos. 

La minería -lícita e ilícita- no ha sido la única actividad generadora de deforestación. Los cultivos ilícitos, la ampliación de la frontera agrícola y el cambio de la cobertura vegetal para la ganadería extensiva también han contribuido significativamente, de hecho, esta última actividad fue la que más incidió entre 1980 y 2000.⁷ Por ejemplo, el Urabá no es una región minera, aun así, entre 1990 y 2015 fue la que más perdió cobertura natural y ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. El PNN Los Katíos tiene una afectación de 78% de su área total producto de la deforestación (^{González y Vásquez, 2017}).

En la subregión PATR Bajo Cauca y Nordeste se localiza el PNN Paramillo, amenazado también por la agricultura intensiva y la ganadería durante el conflicto y ahora en el posconflicto. En 2015 era uno de los ecosistemas que conservaba bosque sin fragmentación ecosistémica. Tras la dejación de armas de las FARC se intensificaron las alarmas de deforestación. De hecho, en 2018 estuvo entre los principales núcleos de deforestación (^{Ideam, 2018a}; 2018b; 2018c). Ituango y Dabeiba, municipios PDET con jurisdicción sobre el PNN han incidido en su deforestación. Ambos se caracterizan por tener rutas de narcotráfico, cultivos de coca y disidencias de la FARC. En Dabeiba, además, ejerce presión el Clan de Golfo (^{FIP, s. f.}).

El PNN Paramillo es un ejemplo de lo que sucedió una vez las FARC se desplazaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización para comenzar su proceso de reincorporación. En muchos puntos calientes de biodiversidad quedó un espacio de poder que fue captado por otros grupos. En algunos municipios, ante la desaparición del veto de la violencia y de las regulaciones ambientales de las FARC se generaron conflictos entre comunidades, toda vez que surgieron grupos poblacionales que empezaron a deforestar zonas de reserva forestal y otros que se opusieron, como es el caso de Remedios, Segovia y Anorí (comunicación personal, funcionario MAPP/OEA, septiembre 12, 2019).

2.3 Presencia de grupos armados organizados en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá

Al término de la salida de las FARC de sus zonas de influencia y dominio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales comenzaron procesos de copamiento y reconfiguración criminal en las subregiones en estudio (véase Mapa 3). Como resultado de «la incapacidad del Estado para consolidarse en esos territorios como autoridad en materia de seguridad […] lo que ha derivado en un escenario de alta producción de violencia e incertidumbre en materia de seguridad para las comunidades» (^{Pares, 2018}, p.8). Por ejemplo, el ELN consolidó un sistema de justicia en la zona rural del municipio de Amalfi y se disponía a hacer lo mismo en Anorí y Valdivia (^{MAPP/OEA, 2017}). En la subregión del Bajo Cauca la reconfiguración criminal llevó al desplazamiento forzado de 5948 personas en 2018 (^{Defensoría del Pueblo, 2018}, marzo 21). El interés por la producción de droga aumentó drásticamente -al finalizar 2016 los cultivos abarcaban 15 617 ha, mientras que en 2015 eran de 4809 ha (^{UNODC, 2017})-.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Pares (2019)}

Mapa 3 Presencia de grupos armados organizados en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá. 

3. Evaluación de la implementación del primer punto del Acuerdo Final

Hasta este punto se han presentado una caracterización climática -vulnerabilidad, adaptabilidad y retos-, los conflictos socioambientales derivados del uso del territorio y de las dinámicas de la «reconfiguración» criminal en las subregiones PATR. A partir de aquí se analizará la importancia de implementar los PDET y cómo estos, desde la clasificación que se propone, son a su vez medidas de adaptación al cambio climático basada en comunidades o ecosistemas.

3.2 Elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá

La construcción de los PDET tuvo tres fases que se traducen en tres escalas de ordenamientos territorial y administrativo: la primera fase se realizó en el ámbito veredal, el resultado final fueron los Pactos Comunitarios para la Transformación Regional; la segunda en el ámbito municipal, donde se analizaron los Pactos Comunitarios y se consolidaron los Pactos Municipales para la Transformación Regional; la última fase fue en el ámbito subregional, en la cual se estudiaron y evaluaron los Pactos Municipales y se construyeron los PATR.

En materia de cambio climático, la Agencia de Renovación del Territorio tuvo en cuenta unas fichas elaboradas por el Ministerio del ^{Medio Ambiente (s. f. c)} tituladas Lineamientos para la incorporación de consideraciones de CC en el desarrollo de iniciativas PDET, que fueron un elemento importante para la toma de decisiones por parte de los técnicos⁹ ya que ilustran y describen los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades de la región y el escenario de cambio climático a 2040.

De los resultados del proceso de construcción de los PDET se han hecho críticas sobre la poca pedagogía que hubo sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC con las comunidades antes de las reuniones de los grupos motor, sobre la complejidad del material pedagógico y sobre el lenguaje usado para comunicar la conceptualización de los ocho pilares. No obstante, el diseño de elaboración de los PDET «evidenció un compromiso y esfuerzo plausible de la ART por llegar a territorios donde difícilmente había hecho presencia» (^{MOE, 2018}, p. 25). Además, «en el caso de comunidades étnicas alejadas de las cabeceras municipales se estableció que los mismos funcionarios de la ART se acercaban hasta dichos territorios para informales a las comunidades sobre los PDET» (p. 26).

En lo que respecta a los municipios de las subregiones PATR de estudio, se consolidaron 142 iniciativas. De estas se destaca la necesidad de las comunidades del Bajo Cauca y Nordeste por apropiar a profundidad los temas relativos al pilar 8, posiblemente debido al historial de conflictividad dentro del cual han estado inmersas; contrario a lo que sucede en el Urabá, que se enfocó primordialmente en reforzar lo relativo al pilar 6 (véase Tabla 2).

Tabla 2 Proceso de construcción participativo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá. 

Fuente: elaboración propia a partir de Agencia de Renovación del Territorio (14 de septiembre de 2018; 14 de diciembre de 2018).

El 21% de las iniciativas tiene algún tipo de incidencia con el medio ambiente y de estas 42% están relacionadas de forma directa. Su implementación ayudaría a mejorar la adaptabilidad climática de las comunidades a partir de dos enfoques: adaptación y gestión de riesgo basado en comunidades (AbC) y adaptación y gestión de riesgo basado en ecosistemas (AbE). La gran mayoría de las propuestas se basan en los beneficios que generan los ecosistemas y la biodiversidad - estrategia AbE-, por ejemplo, sistemas productivos -cultivos-, construcción de vías -la materia prima hace parte de un ecosistema-, propuestas turísticas -como beneficio intangible propio de la biodiversidad-. Por su parte, la estrategia AbC trata sobre los procesos liderados por las comunidades que se sustentan en la identificación y el conocimiento de necesidades y soluciones (véase Cuadro 2).

Cuadro 2 Clasificación de las propuestas según enfoques AbC y AbE en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá. 

Fuente: elaboración propia.

Además de facilitar procesos de adaptación al cambio climático, las iniciativas de los pilares 1, 5 y 6 permiten subsanar los problemas ambientales en estas regiones, tales como: contaminación hídrica, cambio del uso del suelo y su progresivo deterioro, mal manejo de residuos sólidos, pérdida de cobertura vegetal y expansión de la frontera agrícola.

4. La construcción de la paz territorial y de la paz ambiental

La elaboración de los PDET supuso un ejercicio inédito en el país, fue un modelo de planeación participativa en zonas de conflicto. Fueron hechos para identificar las necesidades de zonas rurales abandonas por el Estado e impactadas por la guerra con un enfoque incluyente y multicultural, en los cuales se articuló una visión conjunta del territorio entre campesinos, indígenas y afrodescendientes.

No obstante, desde una perspectiva ambiental se identificó que la ART no visibilizó el papel intrínseco y transversal del medio ambiente ante la comunidad. Un tema vital para crear conciencia sobre cómo el capital natural es indispensable para contrarrestar o mitigar los efectos adversos del clima sobre la economía y la población, máxime cuando los sectores de la agricultura, la pesca y la ganadería son los más afectados (^{BID, Cepal y DNP, 2014}). Escenarios climáticos en zonas donde el sector agrícola en el PIB es muy importante, «la crisis ambiental se transforma en crisis agrícola» (^{Keucheyan, 2016}, p. 171).

A la par de ese proceso, la Ley de Cambio Climático (^{Ley 1931 del 27 de julio de 2018}) estableció que las personas naturales o jurídicas, y las instituciones públicas o privadas deben desplegar acciones para contribuir a la gestión del cambio climático. En muchas zonas rurales esa contribución empieza con la capacitación, ya que, de acuerdo con los entrevistados, es un tema desconocido para las comunidades.

A pesar de lo anterior, los PDET son un modelo que aplicado a la realidad se ha desarrollado con dificultad. Este es el reflejo de la distancia que hay entre zonas con alta densidad institucional y zonas donde hubo un «para-Estado» o «márgenes del Estado». Han sido décadas de rezago donde los actores armados ilegales fueron una figura de autoridad en las comunidades, quienes de un modo u otro suplían sus necesidades inmediatas (^{Ávila, 2019}; comunicación personal, funcionario MAPP/OEA, septiembre 12, 2019). Es un proceso complejo y lento igualar los niveles de desarrollo de los veintiún municipios PDET con los de los municipios que no están en la lista Zomac.

El proceso de construir paz territorial a través de los mecanismos de participación y ordenamiento territorial creados en el Acuerdo Final es una oportunidad para abordar el cambio climático como un problema social que afecta los elementos básicos que las personas necesitan para vivir: acceso al agua, producción de alimentos, salud y medio ambiente (^{Stern, s. f.}). Es también una oportunidad para repensar el desarrollo e integrar la temporalidad de adaptación climática -es decir, preparar a los asentamientos humanados anticipadamente-, en dicha construcción, haciendo ambos procesos más sostenibles (^{Matthew y Hammil, 2012}).

La adaptación al cambio climático es más que un grupo de iniciativas y medidas que buscan reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y los sistemas naturales frente a los efectos reales y proyectados del cambio climático. En el fondo, es una cuestión de gobernanza que implica la fortaleza de las instituciones y la eficiencia de Estado en la provisión de los servicios básicos (^{Matthew y Hammill, 2012}). Y esto precisamente se puede llegar a responder a través de la implementación de las iniciativas plasmadas en los PATR. La metodología para el diseño de los PDET resuelve en parte los elementos de esa gobernanza que explican ^{Richard Matthew y Anne Hammill (2012)}, e implicó la construcción de capacidades de acción colectiva fundamentales en todo proceso de adaptación territorial.

Así como los PATR son la respuesta a «construir Estado» desde abajo -bottom-up-, también tienen que ser una de las soluciones más eficientes para mejorar la adaptabilidad climática y, por ende, la resiliencia de los asentamientos humanos, toda vez que las capacidades que las comunidades necesitan para adaptarse a las consecuencias del cambio climático son muy similares a las que se necesitan para reducir el riesgo de conflictos violentos: seguridad -prestación de servicios básicos domiciliarios, educación, justicia- y fomento del crecimiento socioeconómico. Direccionar una parte del problema en el sentido correcto implica abarcar también la otra parte (^{Matthew y Hammill, 2012}).

En este orden de ideas, la propuesta es tener en consideración la noción de adaptación al cambio climático en las aproximaciones conceptuales que se están desarrollando sobre paz territorial (^{Jaramillo, 2014}, 2014, marzo 13; ^{Bautista, 2017}; ^{González, Guzmán y Barrera, 2015}), básicamente, porque esta adaptación es sensible tanto a las dinámicas del conflicto como a la construcción de la paz territorial, entendiéndose que esta pasa por el fortalecimiento de instituciones locales y la garantía de derechos, la planeación participativa y una nueva alianza entre el Estado y las comunidades más golpeadas (^{González, Guzmán y Barrera, 2015}), así como implica el reconocimiento de trayectorias históricas y justicia social (^{Bautista, 2017}). En ese sentido, una sociedad que puede manejar conflictos y desacuerdos significativos sin un alto riesgo de acudir a la violencia está preparada para adaptarse con éxito al cambio climático (^{Smith y Vivekananda, 2007}).

La crisis ambiental y los conflictos socioambientales derivados del uso del territorio obligan también a hablar sobre la paz ambiental -environmental peacebuilding-, un concepto en construcción que se ha desarrollado más como proceso que como concepto per se. Los pioneros en su desarrollo son Ken Conca y Geoffrey Dabelko en 2002, y desde entonces otros investigadores se han sumado a su estudio (^{Dresse, Fischhendler, Nielsen y Zikos, 2018}; ^{Evans, 2018}; ^{Matthew, Halle y Switzer, 2002}). El enfoque que se le da es a partir de la cooperación internacional para la protección de puntos calientes de biodiversidad; aun así, ^{Lesley Evans (2018)} asegura que todavía no hay una conexión teórica. Es por ello que teniendo en cuenta el papel del capital natural durante y después del conflicto armado, además de los conflictos socioambientales, las entrevistas realizadas y después de revisar la literatura, se propone entender la paz ambiental como la estabilización de la relación entre un asentamiento humano y su entorno ambiental inmediato, que pasa por un proceso de identificación y apropiación con/del territorio, el bienestar de la población y la garantía de sus derechos, sin que implique sobrepasar la capacidad de carga del ecosistema.

Es importante el tema de identificación y apropiación del territorio porque, como se evidenció en el Cuadro 2, fueron pocas las propuestas netamente de restauración o protección ambiental. En un departamento como Antioquia, donde solo 5% de su bosque se mantiene intacto, en dos subregiones PATR -Bajo Cauca y Nordeste, y Urabá- en las que confluyen áreas protegidas, extracción ilícita de minerales, cultivos ilícitos, deforestación y ganadería extensiva es necesario visibilizar el medio ambiente como víctima del conflicto armado y abogar por la construcción de la paz ambiental.

Desde la firma del Acuerdo Final han pasado casi cuatro años. El cambio de Jefe de Estado supuso contrastes conceptuales en cuanto a capacidades y momentos frente a cómo llegar al territorio por sus diferencias frente a lo pactado en La Habana. Las comunidades son quienes más lo han sentido, sus demandas reivindicativas en «temas de propiedad de tierras y territorios, protección medio-ambiental, conflictos minero-energéticos, cultivos de uso ilícito, entre otros, se mantienen como los escenarios de conflictividad social de mayor recurrencia» (^{MAPP/OEA, 2018}, p. 3).

Esas demandas y la continuidad de los conflictos socioambientales son un llamado a construir la paz territorial y la paz ambiental a partir de la implementación de las iniciativas en las subregiones PATR. Los territorios y comunidades antioqueños son heterogéneos, viven estos conflictos de forma distinta. Por ejemplo, Segovia tiene más de 70% de su territorio en Ley 2 del 17 de enero de 1959, más conocida como la Ley de Reserva Forestal, y, aun así, en esta reserva hay títulos mineros vigentes, minería ilícita, solicitudes de formalización, deforestación (véase Mapa 2), riesgo medio a cambio climático (véase Mapa 1) y presencia de cinco grupos armados organizados (véase Mapa 3).

En Remedios, con unas condiciones similares a Segovia, las comunidades señalan que todos los días se ve la salida de madera, de acuerdo con la información recolectada en las entrevistas. También expresan que este es un efecto de la desmovilización de las FARC, ya que ellos eran quienes controlaban la deforestación. En otras palabras, la autoridad ambiental y coercitiva que ejercieron en su momento para consolidar «para-Estados», en la actualidad no ha sido remplazada eficientemente por el Estado colombiano.

Dichos problemas socioambientales asociados al uso de la tierra se profundizan cuando en un mismo municipio hay comunidades que sostienen su economía a partir de actividades ilícitas y otras que lo hacen sobre las actividades agropecuarias. Vale la pena hacer hincapié en que Remedios y Segovia «producen el 11% del oro que se extrae en Colombia» (^{Pares, 2019}). En los municipios de la subregión del Bajo Cauca y Nordeste se encuentran este tipo de yuxtaposiciones entre economías de guerra -se transita de una economía ilegal a otra según la rentabilidad- y economías lícitas, donde la deforestación es el común denominador. La consecuencia ambiental inmediata es la liberación de CO₂, que se traduce en que estas subregiones concentran casi 71% de las emisiones brutas del departamento. La territorial ambiental Zenufaná, a la que pertenecen Remedios y Segovia, es la que más emisiones genera (^{Corantioquia, 2018}) (véase Mapa 4).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Corantioquia (2018)} y ^{Sistema de Información Ambiental de Colombia (s. f. a)}.

Mapa 4 Territoriales ambientales en Bajo Cauca y Nordeste y en Urabá. 

Un ejemplo para atajar la deforestación es la creación de la Línea amarilla -círculo rojo en el Mapa 4-. Esta apuesta de conservación comunitaria fue liderada por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en 1993 y tuvo el respaldo de las FARC-EP y del ELN (^{Molano, 2018}). La Línea es el límite entre las tierras cultivables y la zona baldía, es un límite a la colonización. Zonas del municipio de Remedios hacen parte de este proyecto de preservación y conservación, sin embargo, ha sido uno de los más afectados por la deforestación durante el posconflicto, como ya se explicó.

La Línea es un modelo de la estabilización de la frontera agrícola que se establece en el Primer Punto del Acuerdo Final, también es ejemplo de paz ambiental, paz territorial y de estrategias AbC y AbE porque es una iniciativa que nace y se construye entre la comunidad, como un acuerdo colectivo que busca evitar una conflictividad socioambiental. Se reconoce así la necesidad de proteger el capital natural de su entorno inmediato y su dependencia sobre este para desarrollar sus actividades económicas sin sobrepasar la capacidad de carga del ecosistema. No obstante, no goza de una figura de ley de protección ambiental que la haga excluible de cualquier actividad de desarrollo económico lícito. Se señala como área de bosques naturales y áreas no agropecuarias en el caso de Remedios. La iniciativa responde más a la figura de ordenamiento territorial ambiental de «protección con uso productivo» creada en la base técnica del Plan de Zonificación Ambiental (PZA), que significa que no están protegidas pero que tienen un alto valor ecosistémico (comunicación personal, funcionario MinAmbiente, septiembre 27, 2019).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Sistema de Información Ambiental de Colombia (s. f. b)} y ^{Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (2019)}

Mapa 5 Delimitación de la frontera agrícola después de la firma del Acuerdo Final. 

El ordenamiento territorial que planeta el diseño de la Frontera Agrícola no resuelve conflictos de uso con el sector minero-energético (^{UPRA, s. f.}). Si bien se constituye como una herramienta crucial para lograr consolidar las paces territorial y ambiental del departamento, resulta insuficiente para el contexto departamental, máxime cuando 50% de Antioquia está en frontera agrícola y más de la mitad de los municipios registran actividad ilícita general y aurífera. En este caso, otros instrumentos de ordenamiento territorial, como los de cambio climático, desempeñan un papel crucial.

Los seis municipios del Bajo Cauca son los que más retos institucionales representan para alcanzar la paz territorial, la paz ambiental y para implementar el PRCC. Existe un control social alto de la población civil por parte de los grupos armados organizados y el ELN: «[Hay] un vacío de autoridad generado por la incapacidad institucional de lograr el monopolio de la violencia, la administración de justicia y la prestación de servicios básicos» (^{Pares, 2019}, p.9). Asimismo, los cultivos de coca han aumentado y persiste la extracción ilícita aurífera y de otros materiales. En el ámbito ambiental la deforestación es constante y se prevé una ola de desertificación a 2040 desde la costa Atlántica, la cual puede llegar a adelantarse de seguir las condiciones socioeconómicas y ambientales del momento (comunicación personal, funcionarios Corantioquia, septiembre 9, 2019; funcionario MAPP/OEA, septiembre 12, 2019; ^{Secretaría de Minas, 2017}).

La respuesta del Gobierno central ha sido priorizar la intervención de los municipios PDET. Bajo la política Zonas Futuro, construyendo, transformando y preservando (^{Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019}) se apuesta a una llegada estatal integral y coordinada a los territorios que se van a intervenir. Aun así, esta política tiene una concepción militar, y aunque sería inapropiado especular sobre su éxito o no, sí es válido recordar que en los años de conflicto armado el Estado solo ha tenido presencia a los territorios más vulnerables a través del Ejército. Una concepción militar que significa garantizar la defensa del territorio mas no de su seguridad, entendiéndola como la prestación de la oferta estatal integral. De los veinticuatro municipios PDET, solo los del Bajo Cauca hacen parte de este programa.

La construcción de la paz territorial pasa obligatoriamente por el proceso de construcción de paz ambiental, de reconocer el entorno como un valor agregado a corto y largo plazo, y no como una carga. Esto significa abordar la riqueza de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos como la materia prima que está inevitablemente conectada a políticas integrales y transversales, realidades militares, sociales y económicas que definen las expectativas de transición hacia la paz (^{Wennmann, 2012}). De implementarse a cabalidad los PATR y mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades, su nivel de resiliencia estará marcado por su entorno ambiental y la diversidad de este.

Conclusión

La creación de «para-Estados» por parte de las FARC conllevó a la militarización de la naturaleza en su zona de influencia. La llegada tardía del Estado colombiano a ocupar los vacíos del poder que dejó el saliente grupo armado generó nuevos espacios de configuración donde el uso de los recursos naturales responde más a intereses económicos ilícitos que militares, tal y como está sucediendo en Remedios y Segovia.

El proceso de elaboración de los PDET y los PATR significó la reconstrucción de la confianza entre las comunidades más rezagadas y vulnerables, y el Estado. Sin embargo, la lenta y parcializada implementación mina las expectativas de las comunidades que viven en el Bajo Cauca, donde se ha recrudecido la violencia. La imposibilidad de construir paz territorial se explica por muchos factores, siendo la captación territorial y social que han tenido los grupos armados organizados sobre las comunidades el que más ha incidido. La respuesta del Gobierno es una nueva priorización a partir de la política Zonas Futuro, que como estrategia militar se enfoca en la defensa del territorio, pero no en su seguridad, dificultando aún más la transformación integral acordada en el Punto 1. Las demandas de las comunidades y la continuidad de los conflictos socioambientales son un llamado a construir la paz territorial y la paz ambiental a partir de la implementación de las iniciativas en las subregiones PATR de estudio, iniciativas que responden contundentemente, a su vez, a estrategias de adaptación y gestión de riesgo basado en comunidades (AbC) y de adaptación y gestión de riesgo basado en ecosistemas (AbE).

Por lo tanto, este instrumento, los Planes de Adaptación al Cambio Climático (PACC), el Plan Departamental de Cambio Climático de Antioquia (PDCCA) y los Planes de Desarrollo Territorial (POT) actualizados son las herramientas estructurales idóneas para llevar a cabo la construcción de paz que se busca en los territorios y con el ambiente, para minimizar así el riesgo de posibles nuevos conflictos y espirales de violencia una vez las consecuencias del cambio climático sean más evidentes en los territorios, teniendo en cuenta que en zonas como las de Antioquia, bajo los escenarios climáticos de 2040, la crisis ambiental se puede transformar en crisis agrícola.

Por último, la construcción de las paces en medio de una crisis ambiental obliga a que se deje de instrumentalizar la naturaleza. Políticamente se debe entender como un elemento indispensable para adaptarse a los efectos multiplicadores del cambio climático en los territorios y sus comunidades.