Las candidaturas

Así es que, como parte de esta situación, los medios de comunicación pudieron reportar la celebración de la jornada electoral el 27 de octubre de 2019, mostrando tanto los resultados que dieron paso a la nueva conformación de autoridades locales y departamentales como las dificultades que se vivieron en distintas regiones del país.² Los cargos en competencia superaban los veinte mil, entre gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. La cifra de aspirantes se elevó por encima de los 117 000 candidatos; la mayoría de avales fueron expedidos por alguno de los diecisiete partidos políticos que contaban con personería jurídica a la fecha, otras candidaturas recibieron el respaldo de alguna coalición formada entre estos partidos, mientras que un número menor fueron respaldadas a través de grupos significativos de ciudadanos (GSC) que recogieron firmas para este propósito. El balance de la participación de mujeres y jóvenes como candidatos se mantuvo ajustada a los estrictos términos de integración de las listas a los cuerpos colegiados que señala la ley y con un estándar de postulación de mujeres a las Gobernaciones y Alcaldías que no superó 15% de las candidaturas.

La tarea de nominar los aspirantes a los cargos de representación política recayó mayoritariamente sobre los partidos políticos, pero los resultados mostraron evidencias significativas sobre el terreno ganado por coaliciones entre partidos como una estrategia para conquistar mayor número de cargos, sobre todo en el caso de Gobernaciones y Alcaldías (véase Tabla 1). La multiplicación de estos acuerdos entre partidos, que a su vez multiplican las etiquetas en competencia y el hecho de que resulten una estrategia ganadora en importantes cargos de los ejecutivos departamental y local demanda mayores esfuerzos investigativos para entender sus implicaciones en el ejercicio de una representación responsable, en la transformación de nuestro sistema de partidos y en la activación de algunos mecanismos de selección de candidatos en el ámbito territorial. Estos resultados y la agenda de investigación que sugieren ponen de relieve la importancia de identificar en qué grado la política local debe ser estudiada como algo que es mucho más que un mero reflejo de la vida partidaria nacional.

Respecto a esta dimensión del problema hay algunas regularidades sobre las que valdría la pena profundizar. En primer lugar, qué explica que el mecanismo de firmas fuera utilizado con más frecuencia por los candidatos a las Gobernaciones o en algunas ciudades grandes del país y de manera marginal por los aspirantes a las Juntas Administradoras Locales (JAL) y a las Asambleas Departamentales. En segundo lugar, la conformación de coaliciones fue una estrategia recurrente para afrontar la competencia en cargos uninominales, pero también empezó a mostrarse como un recurso viable en los cuerpos colegiados, sobre todo en aquellos casos en los que la unión entre partidos pequeños ofrecía mejores chances de conservar alguna cuota de representación que se ponía en riesgo por efectos del umbral electoral.³ ¿Cuál es el margen de maniobra que tienen los cuadros locales de los partidos para concertar coaliciones y qué efectos pueden esperarse sobre la dinámica interna de sus organizaciones? En tercer lugar, los cuerpos colegiados siguen siendo el reino en el que los partidos controlan la mayor parte del juego político.

En estos casos, lo relevante es la compleja trama de coordinación entre los diversos grupos políticos que integran los partidos en la negociación para lograr ubicar a sus cuadros en las listas oficiales (^{Botero y Alvira, 2012}). Esta disputa interna por un lugar en la lista ha sido el sustituto funcional de las dinámicas de hiperfragmentación vividas antes de la reforma política de 2003 y de juegos en los que partidos que carecen de una fuerte identidad resultan siendo comodines para la ubicación de competidores que no alcanzaron lugar en las listas oficiales de los partidos más grandes.

La respuesta de los electores

Durante la jornada del 27 de octubre de 2019 la participación se incrementó levemente en todas las corporaciones en comparación con los resultados de 2015 (véase Tabla 2). Para Alcaldías, Gobernaciones y Asambleas la asistencia a las urnas superó el umbral de 60%, para Concejos estuvo por encima de 59%, mientras que en las JAL la participación sobrepasó 55%. Estos datos señalan un significativo flujo de ciudadanos que acudieron a la jornada electoral, que para el caso de Alcaldías superó en más de dos millones los sufragantes de las elecciones de 2015.

Sin embargo, el matiz de la participación efectiva de los ciudadanos en la elección de las diversas corporaciones y cargos hay que establecerlo en un contraste con los resultados del voto en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas (véase Tabla 3). De esta manera empiezan a perfilarse diferencias relevantes. En los casos de Gobernaciones, Asambleas y JAL el incremento del voto en blanco respecto a los resultados de 2015 superó 3%; para Concejos y Alcaldías se elevó en 1,3% y 2%, respectivamente. De otra parte, los porcentajes de votos nulos y tarjetas no marcadas descendieron levemente, pero mantuvieron valores altos en Gobernaciones, Asambleas y JAL.⁴ La suma de estos tres indicadores muestra que los gobernadores, los diputados y los ediles reciben un apoyo mucho menor de la ciudadanía en comparación con alcaldes y concejales. Respecto a aquellos cargos, entre 22% y 44% de los ciudadanos que van a las urnas suelen ignorar las candidaturas y optan por anular el voto, no marcar la tarjeta o votar en blanco. Esto deja interrogantes sobre el carácter sistemático de este comportamiento y sobre las múltiples causas que lo generan, entre las que pueden estar el nivel de conocimiento que los votantes tengan sobre las funciones de tales cargos, la importancia que les atribuyan y la insatisfacción ante la oferta electoral.

Distribución del poder en la contienda

La Tabla 4 resume algunos de los resultados agregados de las elecciones para alcaldes y gobernadores en el país, haciendo un contraste entre 2015 y 2019. El primer resultado es que las etiquetas más nuevas del sistema de partidos se abrieron un pequeño espacio en los gobiernos locales, conquistando 35 Alcaldías. Allí se incluyen partidos religiosos y étnicos, además de la alianza Colombia Humana-Unión Patriótica. Algunos de estos pequeños partidos que irrumpieron en la escena local surgieron durante las elecciones nacionales de 2018 al amparo de las circunscripciones especiales de negritudes y, en menor medida, indígenas. Estratégicamente han hecho uso de la potestad de avalar candidatos en cualquiera de los ámbitos de competencia y con eso han logrado una especie de difusión no orgánica de su presencia que, sin embargo, no siempre se corresponde con un fortalecimiento de sus estructuras partidarias. Esto se agrega como síntoma que deberá ser tenido en cuenta al momento de evaluar el nuevo ciclo de fragmentación del sistema de partidos.

Del lado de las organizaciones más fuertes solo el Centro Democrático y la Alianza Verde incrementaron el número de Alcaldías propias. En contraste, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador sufrieron algunas pérdidas en aquellos gobiernos locales que controlaban en solitario; a cambio, integraron un amplio número de coaliciones triunfadoras, lo que puede compensar las pérdidas y deja abierta la pregunta acerca de las diversas estrategias para mantener el control territorial por parte de las organizaciones políticas más tradicionales (^{Basset y Franco, 2020}). Por su parte, los grupos significativos de ciudadanos conquistaron la titularidad en 26 Alcaldías, 21 de ellas en municipios pequeños y 4 en capitales como Medellín, Santa Marta, Cartagena y Bucaramanga. Estas alternativas por fuera de los partidos políticos representan opciones muy heterogéneas en relación con su composición y el respaldo que reciben de diversos sectores de la ciudadanía, señalando otra arista adicional del estudio de las lógicas que subyacen a la política local.

En la competencia por las Gobernaciones se hizo aún más evidente el peso específico de las coaliciones. Ya en 2015 se había registrado el éxito de 17 candidaturas con este tipo de respaldo. En 2019 su número ascendió a 25, en las que se involucraron entre 2 y 6 partidos. El Partido Conservador y Cambio Radical lideraron cada uno 5 de estas coaliciones, el Partido Liberal estuvo al frente de 3 de ellas, mientras que el Partido de la U, el Centro Democrático y la Alianza Social Indígena lideraron cada uno de ellos 2 coaliciones; las restantes estuvieron encabezadas por Alianza Verde o por una asociación entre grupos significativos de ciudadanos que habían recolectado firmas más los coavales de algunos partidos con personería jurídica.

Este recorrido descriptivo por algunos de estos resultados y la distribución de los gobiernos conforme a quien les confiere el aval a sus candidaturas (véase Gráfica 1) revela la importancia de profundizar sobre diversas dimensiones de la transformación del sistema de partidos y deja abiertos dos filones de trabajo académico. En primer lugar, un estudio sistemático que identifique cuáles son los partidos que frecuentemente se juntan para la competencia local, qué beneficios derivan de esta estrategia, de qué manera la dirigencia local de los partidos puede utilizar estos espacios conquistados a través de coaliciones para fortalecer su posición frente a otros ámbitos organizativos del propio partido. En segundo lugar, una reflexión de carácter normativo acerca de los efectos que este tipo de estrategias tiene sobre las posibilidades de imputarle responsabilidades a los políticos y sus partidos cuando están amparados en «coaliciones» o en grupos significativos de ciudadanos. Suele ocurrir que, pasados unos días, los nombres y la composición de tales coaliciones se pierden de vista para la opinión pública y se recomponen con otros nombres y, eventualmente, con otros integrantes para afrontar una nueva elección, dejando en jaque ciertas lógicas de accountability horizontal de gran relevancia para la democracia.

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Registraduría (s. f.)}.

Gráfica 1 Alcaldías y Gobernaciones según origen del aval. Los datos de 2015 fueron calculados con información del aplicativo ConVoto.  

La composición de los gobiernos derivada de esta contienda también dejó un cuadro de relaciones muy heterogéneas entre las cabezas del gobierno nacional, el gobierno departamental y los mandatarios de las ciudades capitales. Un análisis cruzado entre diversos ámbitos de gobierno queda marcado por la capacidad de las élites que compiten en cada una de esas esferas para confeccionar alianzas que desbordan las fronteras partidistas. En el Cuadro 1 se muestra, por ejemplo, que el partido del presidente de la República no conquistó ninguna de estas Alcaldías a nombre propio y tuvo éxito solo en dos Gobernaciones. Los partidos que integran la coalición que acompaña al gobierno nacional registraron significativos éxitos compitiendo tanto en coalición (véase Cuadro 2) como individualmente (véase Cuadro 1) Finalmente, los partidos de oposición, así como los grupos significativos de ciudadanos conquistaron menos capitales, pero se llevaron los premios gordos: Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, Medellín, Bucaramanga y Santa Marta.

Conclusiones

Hecho este recorrido por algunos aspectos de los resultados de las elecciones, vale la pena resaltar a modo de conclusión una agenda de investigación de más largo aliento que se ocupe de los procesos electorales departamentales y locales posteriores a 2003. Esta debería tratar de responder preguntas sencillas que ayuden a entender la especificidad de la política local respecto a los otros ámbitos de competencia electoral y partidaria, por lo menos en las siguientes cuatro dimensiones:

a) El nivel de participación, complementado con el examen minucioso de la abstención activa. Una revisión somera de los datos muestra que más allá de los niveles relativamente estándar de abstención, existe una significativa diferencia en los votos en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas cuando se contrastan los resultados de Alcaldía con respecto a Gobernación y los de Concejo respecto a Asamblea. Un análisis intertemporal de este hecho permitiría identificar algunas hipótesis para entender por qué los ciudadanos se involucran menos en la elección de gobernador y los representantes departamentales.

b) Las lógicas de coordinación de las élites locales para elegir mandatarios y representantes. Más allá del evidente interés que reviste identificar las lógicas de funcionamiento del sistema de partidos en el ámbito local y establecer las líneas que lo diferencian del sistema de partidos nacional, aquí también es relevante entender la lógica de cooperación entre diversos grupos políticos que desbordan, en la mayoría de los casos, las fronteras porosas de las organizaciones partiditas. Establecer, por ejemplo, la evolución que ha tenido la participación de coaliciones y su eficacia en la competencia por los cargos locales y departamentales ayudaría a perfilar hipótesis bien fundamentadas para entender los nexos y discontinuidades que hay entre el poder local y el poder político nacional; adicionalmente, ayudaría a entender una de las fuentes claras de fragmentación del sistema de partidos asociada con la existencia de una cantidad de partidos políticos con personería jurídica que, a falta de respaldo visible, plataforma clara y estructuras organizativas serias, fundan su existencia en juego de concesión de avales en las elecciones locales.

c) De manera correlativa con lo anterior, es necesario identificar la consolidación de movimientos por fuera de los partidos que permita distinguir con alguna nitidez cuándo la figura de grupo significativo de ciudadanos está siendo instrumentalizada para resolver problemas de acción colectiva de los actores políticos más tradicionales o cuándo expresa un movimiento genuino de algún grupo de la sociedad que busca expresarse por fuera de tales organizaciones. La presencia y el éxito diferencial de este fenómeno entre las grandes urbes y los municipios más pequeños del país ofrece una ruta de investigación muy prometedora del lugar y los mecanismos que habilitan esta ruta de acceso al poder local.

d) Finalmente, la ya larga historia del voto programático en el país hace necesario incluir en la agenda de investigación las preguntas sobre la manera en que los candidatos evalúan los contextos territoriales para formular sus compromisos vinculantes con la ciudadanía, la manera en que los traducen en piezas publicitarias para la estrategia de campaña y la forma en que estructuran su participación en los debates electorales basadas en elementos programáticos. Un análisis que compare juiciosamente estos fenómenos con un enfoque temporal y que incorpore la diversidad de experiencias territoriales al respecto daría pistas para examinar la magnitud del efecto que esto tiene en los resultados de la competencia por el poder regional.