El asesinato de excombatientes en retrospectiva

Desde principios de la década de 1980 Colombia ha vivido una considerable cantidad de procesos de dejación de armas y de tránsito a la vida civil. Los registros oficiales señalan que 73 617 personas salieron de grupos armados al margen de la ley en Colombia entre 2001 y 2018 (^{ARN, 2019, febrero}). Y aunque todos tienen sus particularidades, pues depende de la modalidad de dejación de las armas y el contexto -tiempo y lugar- en que se dan los procesos de reinserción, los posconflictos vividos en el país se caracterizan por tener un alto nivel de riesgo de los excombatientes (^{Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019}, p. 11). La mayoría de desmovilizados, además de la preocupación normal por enfrentar los temas económicos y judiciales, propios de un tránsito a la vida civil, han tenido que poner especial atención a la protección de su vida y la de sus familias.

Aunque la primera experiencia trágica de muerte de excombatientes en la historia reciente (1989-2020) se vivió en Colombia después de 1990, es necesario considerar los trágicos hechos que pasaron luego del Acuerdo de La Uribe en 1984 durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Este, que fue un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades firmado con las FARC-EP, posibilitó, entre los temas pactados, crear un partido político que sirviera como una especie de experimento para la participación de rebeldes en el sistema democrático. Fue así como se creó la Unión Patriótica (UP), advirtiendo que a partir de 1988 se dio una ruptura entre las FARC-EP y este partido.

A partir de 1985 un grupo amplio de integrantes y simpatizantes de esta organización política -muchos de ellos miembros de las FARC-EP- fueron amenazados y asesinados. En menos de dos años de conformada la UP se contabilizaron 1600 integrantes exterminados, entre ellos, 145 concejales, 15 alcaldes, 11 diputados y 3 senadores. Cifra que obligó, al cumplir 35 años de creado este partido, a realizar un estudio detallado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que dio como resultado el informe Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 (^{CNMH, 2018}), donde se presenta el escalofriante registro de 4153 asesinados.

De manera precisa, la primera oleada de violencia contra excombatientes se presentó en la década de 1990. A partir de su primer lustro se firmaron en Colombia al menos ocho acuerdos de paz. Estos fueron acuerdos de paz con final cerrado, es decir, pactos de dejación de armas colectivos que suponen el fin de las organizaciones rebeldes y el inicio de una etapa de posconflicto. Se firmaron acuerdos con el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y las Milicias Populares de Medellín (MPM), entre otros (^{Hincapié y Valencia, 2014}; ^{Valencia, 2019}). Pero de nuevo, después de la firma de los acuerdos comenzó, en todos ellos, el asesinato de los excombatientes.

La primera organización en firmar fue el M-19, justo al final del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). En total se desmovilizaron 900 rebeldes, a los que les tocó vivir el primer momento trágico en medio de la alegría que da la firma de un acuerdo de paz. La cifra de muertes de esta agrupación fue de 25 personas (^{Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019}, p. 15), contando el de Carlos Pizarro León-Gómez, su líder político y candidato a la Presidencia de la República, ocurrido el 26 de abril de 1990, cuando en un vuelo comercial fue baleado por sicarios.

Una situación aún más grave le tocó afrontar al EPL, cuya desmovilización colectiva ocurrió un año después de la del M-19 -el 15 de febrero de 1991-, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994). Esta agrupación fue la que mayor cantidad de muertos puso en los posconflictos vividos en Colombia durante ese momento. Las cifras hablan de 321 excombatientes muertos de cerca de 2200 firmantes de la paz (14,6%). Muchos de los miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad fueron asesinados en el Urabá Antioqueño (^{Fucude y Opción Legal, 2020}). Los «esperanzados» vivieron una ola de violencia inédita: «Entre 1991 y 1996 se registraron 18 masacres dirigidas contra exintegrantes del EPL en los municipios» (^{Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019}, p. 15). Repertorio de violencia que fue ampliado con atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Le siguieron, durante el gobierno Gaviria, otras agrupaciones desmovilizadas como el PRT, el MAQL, la CRS y las MPM. Todas estas agrupaciones desmovilizadas sufrieron igualmente la persecución criminal de sus exintegrantes. Cifras que, sin duda, son más abultadas si se consideran las demás agrupaciones minoritarias afectadas (véase Tabla 1).

La violencia homicida contra excombatientes también se vivió con los exintegrantes de los grupos paramilitares que se reintegraron en la primera década del siglo xx. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya agrupación desmovilizó 38 estructuras armadas y 31 761 integrantes (^{Valencia, 2007}), puso la cuota más alta de desmovilizados asesinados de todos las analizadas en este periodo. Para 2009, las cifras de ^{Verdad Abierta (2009}, septiembre 23) eran de 2000 muertos desde 2003, cantidad que se elevó diez años después a 3589 personas, 11,3% de los desmovilizados (^{Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019}, p. 15), cifra muy probablemente subestimada debido a las dificultades en el seguimiento a los desmovilizados de esta agrupación.

Finalmente, desde 2016 el país asiste a otro exterminio de firmantes de la paz. Desde la firma del Acuerdo Final el registro de muertes de excombatientes es de 256, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU:

En concreto, la misión verificó 73 asesinatos de excombatientes en 2020, convirtiéndolo en uno de los años más violentos para esa población, junto con 2019, cuando ocurrieron 77 homicidios. Cifras superiores a lo registrado en 2018 (65 asesinatos) y 2017 (31 casos). En total, desde la firma del Acuerdo, la misión contabiliza 248 excombatientes asesinados (^{El Espectador, 2021}, enero 7).

Hay que agregar los seis excombatientes de enero de 2021, los 55 intentos de homicidios y las 20 desapariciones. Estas cifras son mayores si se cuentan los desmovilizados individuales que dejaron las armas antes de la negociación política y que también han sufrido persecución y muerte -según la ARN, entre 2003 y el 30 de julio de 2018 las personas asesinadas en la ruta de reintegración han sido 747 (^{Garzón, Cajiao y Silva, 2018})-, y que generalmente no son contabilizados por el Consejo Nacional de Reincorporación FARC ni por otras que hacen seguimiento al asesinato de desmovilizados, por haberse dado de manera individual.

Transformados en tasa de homicidios, es «23 veces más alta que la nacional» (^{Instituto Kroc, 2020}), lo que haría que «si los 13 202 excombatientes que dejaron las armas vivieran en un único país, la tasa de homicidio de 583 por cada 100 000 habitantes sería de lejos la más alta del mundo» (^{Calle, 2020}, junio 19). Una trágica situación para un grupo amplio de excombatientes que le apostaron a la paz y a una reconstrucción de su vida civil, y a quienes hoy los cubre un halo de incertidumbre.

En síntesis, se puede hablar de que en Colombia persiste una historia de violencia homicida contra las personas que han decidido dejar las armas e iniciar procesos de reinserción. Muertes que se han dado tanto para excombatientes de organizaciones armadas rebeldes, que estuvieron en contra del establecimiento, como de aquellas paraestatales que contaban con el beneplácito de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Inclusive, como se muestra en la ^{Tabla 1}, son los desmovilizados de las AUC los han puesto mayor cantidad de muertos, seguidos por los excombatientes del EPL y de las FARC-EP.

Causas y consecuencias de la violencia homicida contra excombatientes

La mirada retrospectiva a la violencia homicida contra los excombatientes y firmantes de la paz ha servido para evidenciar cómo este fenómeno es tal vez el principal problema y, a la vez, el mayor reto que tiene el país en la construcción de la paz, situación que se inició con el asesinato de los desmovilizados de las guerrillas que pactaron la paz a partir de 1990 y que se repite en la actualidad con los exmiembros FARC-EP. Esta problemática hace necesaria la indagación sobre la naturaleza de la violencia homicida, es decir, las causas de esta grave condición y los efectos perversos para las obras de la paz en Colombia.

Como se advirtió, las dinámicas de la violencia contra excombatientes han sido dispares. Las causas de las muertes, aunque comparten rasgos, son disímiles. Estas van desde la carencia de garantías de protección por parte de las autoridades estatales, hasta la baja valoración que tiene la sociedad por la desmovilización armada, lo que unido a la carencia de educación para la paz, la cual incluye el perdón y la reconciliación, ha llevado a que se genere una indiferencia colectiva frente al asesinato de firmantes de la paz en todo el país; aunado, por supuesto, a la participación de otros grupos armados ilegales en el asesinato, dado que la desmovilización se lleva a cabo en escenarios en guerra o de confrontación armada activa.

Los móviles y actores que están asociados a la violencia contra excombatientes desde que inició esta barbarie son distintos. En la década de 1980 la muerte de los militantes de la UP se explica por la persecución que realizaron diversos actores a sus miembros, entre ellos, organizaciones armadas paramilitares, financiadas por latifundistas, narcotraficantes y fuerzas gubernamentales, que según ^{CNMH (2018)} desataron una ola de terror contra el nuevo partido. Todos ellos no estaban de acuerdo con la participación política de esta organización, pues la consideraban el brazo político de las FARC-EP.

Una situación distinta explica la violencia homicida ejercida contra desmovilizados de las guerrillas en el decenio de 1990. Aunque en un primer momento algunos de los asesinatos se dieron por las disputas por el poder político en todo el país a propósito de las elecciones populares, la explicación a los múltiples asesinatos es otra. Además de destacar la participación de agentes del Estado en las agresiones a excombatientes, se le unieron otros actores, entre ellos, las mismas guerrillas.

Los «esperanzados» fueron atacados por las disidencias del EPL, acusándolos de traidores, violencia que se extendió a las familias de los desmovilizados y a las comunidades donde habitaban (Fucude y Opción Legal, 2020). En las numerosas masacres que aún hoy se intentan esclarecer, participaron de forma decidida las FARC-EP y los grupos paramilitares, incluso personal de seguridad privada patrocinada por empresarios del banano (^{CNMH, 2017}).

Otra explicación se tiene respecto de los exmiembros de las AUC asesinados después de 2003. Ahora, la principal razón para el asesinato se encuentra en el reclutamiento que las organizaciones criminales hicieron de estos desmovilizados. Grupos armados organizados dedicados a rentas ilegales y narcotráfico como Los Rastrojos, Los Paisas o El Clan del Golfo han logrado reciclar a los exmiembros de las AUC, incorporarlos a sus organizaciones para volver a delinquir, ya sea mediante el ofrecimiento de incentivos positivos -pagos onerosos- o negativos -amenazas a sus vidas o las de sus familiares- para que integren esas bandas emergentes. En medio de sus actividades delictivas por rentas ilegales, como el narcotráfico, estas personas vienen siendo dadas de baja.

Finalmente, está el caso del asesinato de los integrantes FARC-EP. En este nuevo episodio se da una combinación de circunstancias y causas sociopolíticas, con dinámicas nacionales y locales. Entre las explicaciones más fuertes están:

a) La persecución que sufren los excombatientes que están al frente de la gestión de proyectos económicos contenidos en el Acuerdo Final. La visibilidad de esta actividad los hace blancos fáciles.

b) La intolerancia, estigmatización y sed de venganza de antiguas víctimas o actores de la guerra. Con su muerte se cobran viejas deudas. Muchos exguerrilleros han sido asesinados por sicarios contratados por terceros que hacen seguimiento a su proceso de reincorporación y los buscan para asesinarlos por los daños causados en su pasado de guerra.

c) Por la resistencia que ponen los desmovilizados a ser reclutados por los grupos armados ilegales. La mayoría de los exguerrilleros habitan en territorios donde hacen presencia otros actores armados que intentan reclutar a los desmovilizados en todo el país como pasó con los exparamilitares y al rehusarse son asesinados. Organizaciones criminales como las disidencias de las FARC -antiguo Frente 33 y otros grupos residuales que operan en los departamentos del sur del país-, El Clan del Golfo y Los Pelusos buscan a excombatientes por su conocimiento del territorio o por la experiencia acumulada en la guerra para que los apoyen en sus negocios, y al no hacerlo son asesinados (^{Garzón, Cajiao y Silva, 2018}, julio 30).

A pesar de estos avances explicativos se puede advertir que aún no se conocen en su totalidad los móviles. Se habla de que entre un 50 y un 60% de las muertes de exmiembros de las FARC-EP no han sido esclarecidas y se desconoce a los homicidas. Esto es considerado un problema mayor «debido a que las autoridades colombianas no avanzan lo suficientemente rápido con las investigaciones» (^{Calle, 2020}, junio 19). Además, hay que adelantar el análisis de la conexión entre hechos y contextos más amplios.

En cuanto a las consecuencias que tienen los asesinatos de excombatientes, estas son más claras. La primera de ellas las cuantiosas pérdidas de vidas humanas, sobre todo, de personas que han decidido apostarle a la paz y que luego de dejar las armas se esperanzan en tener una vida civil pacífica, pero que no se les permite. Su esfuerzo de abandonar las armas no obtiene recompensa. En este sentido, el segundo efecto es el no aprovechamiento de las grandes oportunidades que ofrecen los desmovilizados: por miedo a la muerte, estas personas renuncian a seguir en el proceso de transición y se devuelven al terreno de la guerra para protegerse, manteniéndose en las dinámicas de violencia (^{Gutiérrez, 2020}).

Otros efectos se dan cuando los desmovilizados, que regresaron con la esperanza de participar en la vida política, no pueden hacerlo por miedo. Allí ocurre un debilitamiento del sistema democrático y de la oportunidad de tener a un líder dispuesto a trabajar o a ejercer la oposición política. Así ocurrió con varios de los desmovilizados, que debido a la persecución dejaron de hacer política, afectando la permanencia en el sistema de sus movimientos o partidos políticos. Igualmente, se está truncando la posibilidad de construir verdad frente a la guerra. Las muertes de desmovilizados de las FARC-EP está reduciendo la posibilidad de contribuir al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, impidiendo aportar a los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Finalmente, los asesinatos de excombatientes desincentivan el regreso a la vida civil de otras organizaciones armadas ilegales. En Colombia aún hay presencia de otros grupos armados con los que es necesario iniciar procesos de negociación de paz, como pasa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sus miembros deben ver con preocupación la muerte de sus anteriores compañeros de guerra. Cualquier dejación de armas lleva a pensar sobre la certeza e incertidumbre que existe frente a la seguridad en el posacuerdo. De seguirse fallando en este componente de seguridad se estaría enviando una mala señal para la dejación de armas de esta y las demás agrupaciones que aún persisten en el uso de las armas.

En definitiva, el asesinato de excombatientes en Colombia está generando efectos devastadores, tanto para el sistema político como para la implementación del Acuerdo Final. Las muertes han provocado una percepción generalizada de que la construcción de la paz no va bien y que se está incumpliendo con lo acordado (^{Calle, 2020}, junio 19). Una gran incertidumbre se apodera del país y pone en duda que la reincorporación funcionará en el mediano y largo plazo; además, trunca las posibilidades de una construcción de la paz con enfoque territorial.

Las medidas de protección y los retos

Es necesario hablar de las acciones que se han tomado para el control de la violencia homicida contra los firmantes de la paz. La preocupación del Gobierno y la sociedad debe ser clara: ¿cómo mantener la seguridad de los excombatientes y firmantes de la paz? O de otra manera: ¿qué se ha hecho para detener el asesinato de estas personas y qué medidas se deben tomar para brindarles garantías de seguridad a los excombatientes, sus familias y comunidades aledañas para evitar que se repita esta trágica historia?

De nuevo, una revisión a la historia evidencia avances en la manera como se ha venido afrontando el proceso desde la década de 1980. La primera estrategia la han tomado los mismo excombatientes y firmantes de la paz: ante las amenazas y posibilidades reales de muerte muchos desmovilizados se aislaron de la esfera pública y desaparecieron de la política, incluso abandonaron el territorio nacional y se convirtieron en refugiados. Pero estas acciones han tenido graves consecuencias para el país, pues invisibilizan el capital intelectual y se renuncia al ejercicio de la política perdiendo estos liderazgos.

La segunda estrategia ha sido el agrupamiento y trabajo colectivo de excombatientes. Así lo intentaron hacer los desmovilizados del EPL o la CRS, que entre lo acordado para la desmovilización solicitaron proyectos productivos colectivos. Sin embargo, debido al intenso conflicto que se vivió después de su dejación de armas, cayeron víctimas de la guerra. Muchos fueron asesinados por grupos paramilitares que ubican con facilidad estos lugares de reinserción, situación que de nuevo provocó el abandono de los proyectos productivos para salvar su vida, en el mejor de los casos, o la muerte de muchos reintegrados.

Esta experiencia de protección colectiva de la vida ha sido una de las estrategias adoptadas por la organización FARC para su regreso a la civilidad. Previendo el asesinato de sus excombatientes en el punto 3 del Acuerdo Final se estableció, entre sus estrategias de protección, la realización de diversas actividades colectivas. La primera de ellas fue la ubicación en sitios estratégicos para iniciar su proceso de concentración y desarme (^{Banguero, Valencia y Valencia, 2019}); luego, fueron seleccionados muchos de estos lugares para construir espacios para habitar e iniciar la ruta de reincorporación, los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En total son 24 espacios de este tipo, ubicados en diferentes partes del país, donde la comunidad ex FARC habita colectivamente y se protege.

Según la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), organización estatal encargada de apoyar a los desmovilizados en la ruta de reincorporación, esta ha sido una muy buena medida para proteger la vida de los firmantes de la paz (^{Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019}). La cantidad de muertes en estos espacios ha sido mínima. Se tiene referencia de un par de homicidios y un intento de asesinato durante este tiempo de reincorporación. Aunque preocupa que varias de las muertes de los desmovilizados se hayan dado cerca de los espacios, por fuera del cinturón de seguridad que les brinda la fuerza pública a estos territorios.

Precisamente, debido al riesgo que produce salir de los espacios colectivos de reincorporación, la población ha pensado en su traslado. Así ocurrió en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, donde existía el ETCR Santa Lucía, el cual tuvo que trasladarse en 2020 al municipio de Mutatá, sector La Fortuna. Los habitantes del ETCR de Ituango no aguantaron la presión violenta de las organizaciones y actores armados ilegales, y debieron tomar la decisión de irse a otros espacios más seguros.

Por otra parte, un papel valioso en la seguridad de los excombatientes en estos espacios lo ha cumplido la ONU. Esta entidad, por medio de la Misión de Verificación, se ha encargado desde el principio de estar atenta a que el Estado colombiano preste sus servicios de seguridad pública. Una actividad que trimestre a trimestre realiza seriamente y que ha llevado a que el Consejo de Seguridad renueve año a año su presencia, convirtiéndose la Misión en uno de los agentes de la preservación de la vida de excombatientes en el país. Presencia que ha estado acompañada por la fuerza pública, las cuales han desempeñado un papel fundamental en la protección de los firmantes de la paz, al menos en lo que lleva del proceso de implementación. El Estado ha ofrecido sistemas de protección a los espacios territoriales de reincorporación, a pesar del interés de la fuerza pública de poner efectivos alrededor de estas áreas, pero que en este momento solo acoge a 2500 excombatientes. El problema está también en la seguridad de los líderes de esta organización política que hoy viven el tránsito pleno a la vida civil.

Además de la protección, están los esquemas colectivos para los antiguos ETCR, sedes del partido y consejeros, no necesariamente exguerrilleros. En Colombia, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección es la encargada de proveer esquemas de protección a excombatientes, papel que realiza adecuadamente, dada la larga experiencia que tiene. Sin embargo, las críticas a esta entidad son constantes, tanto desde los mismos demandantes de seguridad como de agencias externas de vigilancia del proceso. Según informes de la Misión de Verificación de la ONU, la Unidad de Protección se ha visto en problemas para cumplir su papel ante la demanda creciente de solicitudes de protección personal. Son más de mil las solicitudes no atendidas; lo que ha llevado a que durante el tiempo del posacuerdo «25 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección» (El ^{Tiempo, 2021}, enero 7).

Por último, los firmantes de la paz han tenido que recurrir a las acciones colectivas, como las marchas públicas, como forma de buscar protección s la vida. En 2020, luego de un incremento alarmante de muertes, que para octubre de ese año superaba los 240 asesinatos desde la firma del Acuerdo Final, se llevó a cabo una peregrinación hacia Bogotá, llamada «Por la paz y por la vida», como formar de manifestar su rechazo a los asesinatos de sus compañeros, visibilizar el problema y buscar el respaldo de la población. Este evento culminó el 6 de noviembre de ese año con una reunión con diversos organismos del Estado, quienes se comprometieron a tomar medidas para la protección de la vida de los marchantes.

Pero a pesar de las medidas tomadas por los exrebeldes, las autoridades gubernamentales y el apoyo de las agencias internacionales, la muerte de los firmantes de la paz continúa. Este exterminio requiere respuestas acertadas e integrales. Son muchos los responsables de cuidar la vida de los firmantes de la paz y muchos sus retos, a continuación se exponen algunos de ellos.

El primero de los responsables es el Estado colombiano. Debido a que la mayoría de los homicidios se presentan por fuera de los antiguos ETCR, el Gobierno debe pensar en apoyar más la reincorporación colectiva que los procesos de reinserción individual que está acostumbrado a implementar. Esto obliga a poner mayor empeño en cumplir lo acordado en temas de apoyo a proyectos económicos colectivos que cohesione más a los firmantes de la paz, evite su dispersión y que se convierta en una barrera protectora contra la violencia que sufren (^{Garzón, Cajiao y Silva, 2018}, julio 30).

En cuanto a la seguridad individual, el Estado no la puede dejar en las manos de los propios excombatientes. Se requiere de esquemas de seguridad institucionales para preservar la vida; a su vez, adoptar medidas de protección para miembros de los partidos políticos. Los diversos informes han mostrado que casi la totalidad de las muertes se presenta en aquellos excombatientes que están en proceso de reincorporación individual -población dispersa-, de allí que la sugerencia sea hacer mayores esfuerzos en este tipo de desmovilizados. Es necesario un programa específico de intervención con medidas de prevención, protección, seguridad y judicialización en 522 municipios donde se asientan estas personas, en especial en aquellos territorios que están ubicados en corredores históricos del tráfico de drogas.

Un error que ha cometido el Gobierno nacional es la marginalidad en la que ha dejado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que contempla el Acuerdo Final. Esta Comisión debería aprovecharse más para buscar soluciones a los problemas de seguridad que tienen los excombatientes, sobre todo en los periodos electorales donde la violencia se manifiesta con mayor fuerza. Igualmente, se debería trabajar en implementar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), contemplado en los puntos 1 y 3 del Acuerdo; y trabajar con otras organizaciones del Estado como la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación para tomar medidas de protección para exmiembros de las FARC-EP, tal como lo demandó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en julio de 2020 (^{El Universal, 2020}, noviembre 24).

Aunque se reconoce que no se pueden neutralizar todos los factores que amenazan la seguridad de los excombatientes, el Gobierno debe aumentar medidas de seguridad para toda la población, incluyendo la no desmovilizada. Es preciso recordar que entre 2019 y 2021 los niveles de violencia en el país se han incrementado considerablemente. El ataque a líderes y lideresas sociales es permanente. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) «en el país ha habido 1107 asesinatos de líderes sociales, 309 de ellos durante el año que acaba de terminar; 90 masacres que dejan 375 víctimas en los últimos 365 días, periodo en el que también se registran 78 asesinatos cometidos a manos de la fuerza pública» (^{Infobae, 2021}, enero 1). Situación que continúa en 2021, con 13 amenazas de muertes a líderes sociales y 14 asesinatos de esos actores, 5 de guerrilleros desmovilizados y 6 masacres, entre el 1.º y el 24 de enero (^{Prensa Latina, 2021}, febrero 1). Una dinámica de violencia y exterminio que requiere de la actuación del Estado como principal responsable.

Le siguen, en orden de responsabilidad, la sociedad civil, destacando a las comunidades aledañas a los espacios colectivos de reincorporación. Debido a que los excombatientes están en zonas en disputa, con presencia de grupos armados, se espera que las comunidades vecinas se conviertan en un componente del sistema de alertas para que los excombatientes no sean asesinados en medio de los trayectos entre su casa y los diversos lugares donde hacen su tránsito a la vida civil. Este es una especie de estrategia de apoyo comunitario, para el cuidado de la vida, pues los habitantes, además de conocer el territorio y sus vecinos, se convierten en agentes que alertan sobre posibles riesgos -alertas tempranas-, fortaleciendo los actuales espacios de encuentro en los antiguos ETCR denominados Carpa Azul, donde se reúne la institucional, comunidad internacional y comunidad local para abordar esos temas. Un papel que, en todo caso, deben asumir antes de que la Misión de la ONU finalice su acompañamiento.

Finalmente, se hace un llamado a todas las organizaciones que pueden aportar acciones para la defensa de la vida de los exguerrilleros. Este año, por ejemplo, la Comisión de la Verdad tendrá la posibilidad de realizar buenos aportes a la visibilización y recomendaciones. Es conveniente que en su informe haga alusión al creciente problema de victimización que están teniendo los firmantes de la paz. La Comisión tiene la responsabilidad de manifestarse frente a esta situación, contar de manera razonada la historia de lo que está pasando, plantear la postura sobre la sistematicidad o no del asesinato de los firmantes de la paz, al igual que señalar elementos para que se avance en la no repetición de un genocidio. Las tareas de protección de la vida de los firmantes de la paz debe ser una prioridad para la construcción de una paz estable y duradera. Es un deber decir no a la indiferencia y trabajar conjuntamente en mitigar este letal fenómeno.