Introducción

Cuando se realizan investigaciones sobre la ciudad de Medellín uno de los principales focos de atención para las ciencias sociales y humanas son las violencias, particularmente aquellas asociadas al conflicto armado o a los actores del narcotráfico. Diversas posturas, territorios, temporalidades y metodologías han explicado lo sucedido en la ciudad desde la década de 1980. Y si bien hay trabajos que explican violencias sucedidas en años anteriores, la mayoría de los textos sobre violencia en Medellín se concentran a partir de esta década. Esos estudios han desentrañado las modalidades de victimización que han sido perpetradas en comunas y corregimientos, los actores armados que han hecho presencia, las mutaciones, aprendizajes y reciclaje de algunas de esas violencias, y los impactos y formas de resistencia de pobladores, sectores políticos, organizaciones sociales y académicas ante los efectos de ellas (^{Piedrahita y Gil, 2017}).

Los análisis hechos sobre las violencias en Medellín generalmente cruzan estadísticas de modalidades de victimización, particularmente homicidios,² con presencia histórica de los actores armados y con las maneras como los ciudadanos describen el conflicto y sus manifestaciones cotidianas.³ En dichos análisis el Estado aparece de diferentes maneras: como un actor que hace presencia en los territorios a partir de sus fuerzas armadas, como aquel aparato que tiene una serie de instituciones, planes, proyectos o programas con incidencia en algunos territorios de la ciudad (^{Perea, 2014}; ^{CNMH, 2017}), o como un actor ineficaz, con una presencia precaria o inoperante en sus funciones ideales de asumir el monopolio de la fuerza para controlar territorios, poblaciones y recursos.⁴ El Estado suele comprenderse como un actor que cojea, que es subsidiario, y solo en pocos trabajos sus acciones ocupan un lugar de análisis central (^{Leyva, 2015}; ^{Vélez, 2012}).

Este artículo analiza los rostros de la estatalidad en Medellín para finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, época en la que la ciudad fue diagnosticada con una crisis social, política y económica en la que el Estado aparecía, a simple vista, obnubilado por las fuertes confrontaciones en muchos de sus barrios y las dinámicas de violencia generadas por el narcotráfico. A partir del trabajo de campo realizado y las discusiones del equipo de trabajo se estudia al Estado en una época signada por la crisis y la violencia.

Una de las estrategias metodológicas utilizadas fue la memoria, la cual sirvió para identificar rostros de la estatalidad, los cuales se entienden como aquellos matices que se generan de las interacciones entre ciudadanos y Estado, y de las transacciones por el poder, bien sea a través del uso de la fuerza, de las disputas por el control social y territorial, o de las maneras sutiles y, si se quiere, cotidianas de ejercer el poder sobre un territorio, una población y unos recursos, las cuales no implican, necesariamente, conflicto.

1. Aproximación teórica y metodológica: memorias de la estatalidad en Medellín

Esta investigación revisó parte de la historia reciente de Medellín para finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, particularmente en las zonas nororiental y noroccidental de la ciudad, que eran uno de los epicentros de la llamada crisis de Medellín. En los diagnósticos que se hacían de la ciudad, se resaltaba la representación dual de los jóvenes como víctimas y victimarios (^{Riaño, 2006}), cifras que mostraban un incremento en la violencia, la versatilidad en las formas de ejercerla y la crisis económica y social de algunos sectores, que de acuerdo con estos diagnósticos generaron prácticas de estatalidad basadas en ejercicios de seguridad acordes con el contexto, pero también un escenario distinto respecto a las formas de interlocución dadas por los procesos de descentralización posteriores a la Constitución Política de 1991 y las negociaciones entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno nacional del entonces presidente César Gaviria Trujillo.⁵

Para los fines de este proyecto, la mirada sobre ese momento implicó retos metodológicos respecto a cómo comprender al Estado en Medellín treinta años después, cómo entender las respuestas comunes dadas sobre la crisis de la ciudad y cómo analizar desde una perspectiva relacional aquello que sucedía en las interacciones entre los ciudadanos y el Estado, sin caer en una mirada residual sobre aquello que hizo dicho Estado en la ciudad en aquellos años, o bien en la trampa de las explicaciones basadas en las dicotomías presencia-ausencia, Estado-sociedad o realidad-ficción. Esta última dicotomía hace referencia a las discusiones de Philip ^{Abrams (1988)} sobre el carácter ideológico del Estado y su célebre afirmación de que el Estado no es la máscara sino lo que está detrás de la máscara. Desde la perspectiva de Thimothy ^{Mitchell (2015)}, esto propone una falsa idea respecto a aquello que debe estudiarse cuando se investiga al Estado, ya que este es lo que está detrás de la máscara, así como la máscara, y por ende el análisis contemporáneo del Estado no puede olvidar la materialidad que lo conforma:

(El Estado( no es un aparato, algo abstracto o metafísico, sino un conjunto de procesos, prácticas y materiales que aparecen en la vida cotidiana de los ciudadanos. La materialidad del Estado reside mucho menos en las instituciones que en los trámites y las relaciones de poder que estos procesos implican, y donde en cierto sentido el poder se desenvuelve (^{Buchely, 2014}, p. 35).

El proyecto analizó al Estado como un campo en el que se disputan poderes y se ponen en juego formas de regulación. Esas disputas son tangibles, pero también ideológicas: «[Dicho] poder de regular y controlar no es simplemente una capacidad depositada dentro del Estado, desde el cual se extiende hasta la sociedad» (^{Mitchell, 2015}, p. 161), sino que es una profunda negociación entre actores que se disputan el dominio y el control del campo estatal. Así, el Estado deja de ser el único actor con capacidad de negociar el orden y de intervenir en el desorden, y por ello «ya no puede ser considerado esencialmente como un actor, con la coherencia, capacidad de acción y autonomía que supone el término» (p. 162), sino que su carácter unitario pasa a ser disputado por actores con agencia para construir y desplegar prácticas de estatalidad.⁶

Esta concepción del Estado, que deriva de la antropología del Estado y del enfoque relacional propuesto por distintos autores latinoamericanos (^{Agudo y Estrada, 2011}; 2014; ^{Brachet y Uribe, 2016}),⁷ llevó a que en la investigación se analizaran las distintas facetas que adopta el campo estatal en un territorio y en un tiempo determinado. Interesaban, principalmente, los efectos de estatalidad generados por las pujas, negociaciones y transacciones desplegadas por actores sociales de distinta naturaleza (^{Trouillot, 2011}), lo que ayudó a abandonar «la idea del Estado como entidad independiente, ya sea un agente, instrumento, organización o estructura, ubicada aparte y opuesta a otra entidad llamada economía o sociedad» (^{Mitchell, 2015}, p. 182), pero sin que ello implicara entender cualquier acción social como una práctica de estatalidad. Las prácticas son concebidas como aquellas interacciones que se generan entre ciudadanos y Estado, o entre agentes del Estado. Esas prácticas, sobre todo las que tienen mayor envergadura y que sobrepasan las acciones cotidianas del Estado, tienden a generar efectos de estatalidad, es decir, procesos con mayor contundencia en los territorios y en las formas de relacionamiento. Los efectos de estatalidad y sus prácticas subsecuentes suelen generar rostros de estatalidad, que son susceptibles de ser advertidos cuando se miran en procesos de largo aliento, esto es, cuando se revisan con atención las huellas de las interacciones entre Estado y sociedad.

En otras palabras, se siguió el llamado de atención de ^{Mitchell (2015)} respecto a que la aparente frontera entre sociedad, economía y Estado existe no solo por un capricho científico, sino que es una división funcional en términos históricos y que, por ende, la comprensión del Estado moderno pasa por entender en qué momentos se afianza dicha frontera:

[El Estado es] un efecto de los procesos rutinarios de organización espacial, acomodo temporal, especificación funcional, supervisión, vigilancia y representación que crean la apariencia de un mundo fundamentalmente dividido entre estado y sociedad o en estado y economía. La esencia de la política moderna no son las políticas elaboradas en un lado de esta división y aplicadas en el otro o moldeadas por este, sino la producción y reproducción de tales líneas de diferenciación (p. 183).

El análisis de los efectos de Estado permitió comprender los matices en las negociaciones del orden y el desorden, y entender las acciones y relaciones de los funcionarios, los ciudadanos y los actores armados desde una perspectiva que va más allá del análisis de políticas públicas. Esto exige una imaginación metodológica que trascienda la lectura textual de los documentos y que comprenda los pliegues de dichas interacciones. De ahí que lo hecho en la investigación no sea ni un análisis de políticas estatales ni de las instituciones, sino una metodología que se posiciona en la etnografía del Estado y los trabajos de la memoria, en los que las fuentes documentales y orales ocupan un lugar central para comprender las fronteras porosas de dichas divisiones y que posibilitan la identificación de memorias y rostros de la estatalidad.

2. Reflexiones metodológicas

Esta investigación apeló a la memoria como estrategia metodológica para analizar prácticas de estatalidad en Medellín a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 para comprender cómo la gente recordaba la presencia estatal en sus barrios durante estos años, cómo los funcionarios de las distintas entidades estatales recordaban sus rutinas y cómo había sido narrada la crisis y la acción del Estado. Ello supuso una diversidad de fuentes a consultar. Atendiendo a que el Estado no es solo un constructo ideológico, sino también una armazón, estructura y realidad, la investigación priorizó fuentes documentales en las que se concentró el discurso estatal para la época: planes de gobierno, programas de intervención estatal, leyes, decretos y documentos del Concejo Municipal fueron objeto de revisión por el equipo de trabajo.

La revisión de archivos se hizo a partir de los planes de desarrollo de las alcaldías entre 1987 y 1995. En dichos planes se identificaron los programas y proyectos dirigidos hacia las zonas de estudio. También se revisaron actas del Concejo de Medellín en este mismo periodo, documentos producidos por la Consejería Presidencial para Medellín y leyes y normativas generadas específicamente sobre seguridad. En la revisión de fuentes documentales también se visitó el archivo de la Pastoral Social, debido a la importancia de esta institución en la temporalidad estudiada.

Estos documentos, entendidos como mecanismos de la acción estatal, llevaron a comprender que el Estado:

Es una ficción […] implica reconocer que se trata de una ilusión bien fundada a partir de procesos de sujeción y legitimación. Es una ficción, una idea, que ha dado lugar a formas estatales bien reales -esto es, a todo un repertorio completo de rituales y rutinas (Corrigan & Sayer, 2007)-, que se encuentran corporizadas en campos burocráticos más o menos estables y duraderos (^{Muzzopappa y Villalta, 2011}, p. 18).

Los documentos en los que se fijaba el Estado para finales de la década de 1980 fueron la fuente para comprender un punto de la estatalidad: aquello que el Estado dice sobre sí mismo. Esto, por supuesto, no reduce al Estado solo a su aparataje jurídico, sino que «muestra las maneras como el Estado imagina que debe ser su presencia» (^{Piedrahita, 2018}, p. 30), haciendo que se revelen intencionalidades y formas de actuación dirigidas a poblaciones, territorios y recursos, en este caso, las zonas nororiental y noroccidental de Medellín -en las que se concentró el accionar de las milicias populares-⁸ y de programas estatales puntuales como la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, creada el 17 de agosto de 1990 para hacer presencia directa en una ciudad en crisis, y cuya primera consejera fue María Emma Mejía.

La revisión de documentos fue acompañada de varias jornadas de discusión del equipo de trabajo en las que, a través de mapas cartográficos y conceptuales, se identificaron actores del campo estatal y territorios de incidencia. Las discusiones mostraron que el diagnóstico realizado en muchos trabajos sobre un Estado que no tenía presencia en los territorios violentos de la ciudad era problemática, pues para la época comenzaban a desplegarse acciones de los alcaldes elegidos por voto popular -instalación de puestos de policía, inversiones pequeñas en arreglo de calles y pavimentación de vías, otrora destapadas, construcción de puentes, entre otras-, acciones del Gobierno nacional propiciadas por los efectos de la descentralización -Consejería Presidencial para Medellín- y una serie de alianzas entre actores privados, públicos, locales, nacionales e internacionales -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y agencias de cooperación como la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GTZ)- que tenían como objetivo intervenir la crisis, gestionar el orden y producir nuevos rostros y efectos de estatalidad.

El trabajo con archivos del Estado fue alimentado con entrevistas en barrios de las zonas nororiental y noroccidental, consolidándose como un punto intermedio del trabajo de campo. Se realizaron veintiún entrevistas en profundidad y dos entrevistas colectivas. Habitantes del común, líderes de los comités barriales e integrantes de organizaciones sociales gestadas hacia finales de la década de 1980 fueron el público objetivo para estas entrevistas. Se buscó que el público objetivo de las entrevistas fuera diverso, para garantizar voces distintas sobre lo vivido en el periodo de estudio. Con estas personas fueron dibujándose otras relaciones. Aquello afirmado por el Estado en sus documentos fue contrastado con las exigencias sociales que se hacían alrededor de la defensa de la vida y de la gestión comunitaria. Muros de contención para delimitar la vida privada de la pública, gestiones para traer material y pavimentar las vías, marchas y actividades por el respeto a la vida hacen parte de las memorias de los pobladores de los barrios y de las maneras como recuerdan la gestión de la vida social en aquellos años. En ese sentido, el Estado, representado en «el Municipio»,⁹ no estaba distante de la sociedad, al contrario, con él se discutía, se pactaba, se peleaba, se interactuaba para definir el orden y regular el desorden. Estas interacciones fueron fundamentales para comprender que no bastaba con aquello que el Estado dice sobre sí mismo, sino que había que escuchar también aquello que se disputa en el campo estatal.

Las interacciones que producían los habitantes de las zonas nororiental y la noroccidental estaban permeadas por el trabajo social y la lucha obrera que signó la construcción de los barrios. Los recuerdos alrededor del padre Federico Carrasquilla, de los convites para construir canchas, de las exigencias por medio de los sindicatos y las Juntas de Acción Comunal a los dirigentes locales ilustran cómo la gestión del orden en la vida diaria cruza constantemente al Estado y a la sociedad: «todo lo que vos ibas haciendo lo encaminabas a acciones de convite, de trabajo conjunto, de trabajo colectivo» (Líder zona nororiental, comunicación personal, junio 4, 2018).

En estas memorias sobre la construcción de los barrios y las interacciones con el Estado emergieron recuerdos sobre programas impulsados por la Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, uno de los hitos más claros de la presencia estatal en aquel periodo. Algunos de los interlocutores en campo recordaron a María Emma Mejía, primera consejera presidencial, que discutió con los pobladores, recorrió las calles de las zonas diagnosticadas en crisis e ideó programas de acción estatal que iban más allá de la seguridad. Esto llevó al tercer momento en el trabajo de campo dedicado a memorias burocráticas, esto es, a aquellas que emergen de los funcionarios de la época que materializaron buena parte de la acción del Estado y tuvieron como una de sus tareas la interacción cara a cara, cotidiana, con los habitantes de los barrios.

Las entrevistas con funcionarios¹⁰ de la Consejería Presidencial para Medellín permitieron identificar otro elemento significativo en las prácticas de la estatalidad: las desplegadas por burócratas callejeros. Estos funcionarios, en su mayoría jóvenes y provenientes de disciplinas como la comunicación social, la arquitectura y el trabajo social, eran los encargados de ejecutar las acciones diseñadas por la Consejería. Bajo una perspectiva de la acción del Estado que no se concentraba solo en la militarización de las calles, los funcionarios empezaron su misión: idearon programas dirigidos a la juventud, como Arriba Mi Barrio¹¹ y la Corporación Mixta Paisajoven.¹² Pensaron intervenciones urbanísticas a través de Núcleos de Vida Ciudadana -Villa del Socorro y Villa Guadalupe-, uno de los ejercicios fuertes de la Consejería Presidencia para Medellín (^{Dapena, 2003}), que congregaran buena parte de la vida en comunidad. Gestionaron estrategias de vivienda por medio del Programa de Mejoramiento de Barrios Subnormales de Medellín (Primed) entre 1992 y 1997 (^{Primed, 1996}). Recorrieron las calles y sobre la base de sus recorridos y conversaciones tomaron decisiones sobre cómo intervenir en los territorios, esto porque «los trabajos de los burócratas callejeros normalmente necesitan respuestas a las dimensiones humanas de las actuaciones. Ellos tienen discrecionalidad porque necesitan una observación sensible de lo que sucede» (^{Buchely, 2014}, p. 59).

Las entrevistas y conversaciones con exfuncionarios¹³ mostraron que, ante los diagnósticos de la crisis, las respuestas estatales no siempre estuvieron ligadas al ejercicio directo de la fuerza o a la persecución de los actores armados presentes en la ciudad,¹⁴ sino que la presencia estatal apuntaba a una serie de intervenciones que también estaban del lado de la intermediación y la negociación. No era el rostro de un Estado que, ante problemas de violencia, desplegaba únicamente sus fuerzas militares, sino que se mostraba cercano, caminaba los barrios y a partir de esa cercanía y poder de negociación con actores «legales e ilegales» desplegaba su acción y mantenía su capacidad de dominación. De acuerdo con Posada (comunicación personal, septiembre 6, 2018) se trataba de hacer una suerte de acupuntura: el problema social no se atacaba de frente, sino que se intentaba ir directo a la solución de lo estructural de la crisis.

Por las discusiones que se sostuvieron en el proyecto y por la información recolectada en el trabajo de campo, el énfasis estuvo en las relaciones de negociación que se generaron entre ciudadanos y Estado, y no solo en las relaciones coercitivas o de militarización, debido a que hacia finales de la década de 1980 se abrieron espacios de conversación y de discusión que cambiaron las formas de negociación y de disputa con el Estado. Sin embargo, esto no implica necesariamente una relación armónica con el Estado, sino que materializó la presencia estatal en funcionarios y programas concretos con los que se podía discutir. Desde la perspectiva del proyecto, la Consejería Presidencial para Medellín y los liderazgos barriales y comunitarios para el periodo estudiado son un hito en las memorias de la estatalidad en la ciudad.

Finalmente, el último momento del trabajo de campo consistió en volver a los archivos para referenciar, por un lado, otras voces que tuvieron un lugar central en la negociación e intermediación entre ciudadanos, agentes del Estado y actores armados, en el que fue central el archivo de Pastoral Social, debido a que la Iglesia católica, representada por sacerdotes comprometidos con mejorar las condiciones de miseria y de violencia de los barrios de Medellín, y acompañados de ciudadanos que ayudaron a materializar una serie de acciones sociales, fue un actor central en la negociación de las milicias populares con el Estado en 1994, pero también en las estrategias de sometimiento y pactos de no agresión entre bandas y combos de la ciudad.

Esta manera de comprender el trabajo de campo posibilitó nuevas reflexiones sobre el diagnóstico de la crisis en Medellín, no para cuestionarla, pero sí para indagar por las formas diferenciales de presencia estatal en estos años de la historia de la ciudad.

3. Medellín y su crisis: apuntes sobre la ciudad en la década de 1980

Los diagnósticos sobre Medellín durante la década de 1980 y de principios de la de 1990 se hicieron a partir del concepto de crisis (^{Vélez, 2012}). La academia, las organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias, la Iglesia católica e instituciones estatales partieron de esta idea para comprender lo que pasaba en la ciudad y, desde allí, plantearon hipótesis interpretativas, políticas, programas y formas de intervención que buscaban explicar y atender a una ciudad violenta, inequitativa y desigual, en definitiva, una ciudad en crisis.¹⁵ Por eso en la investigación fue pertinente volver a preguntarse por los diagnósticos de la crisis para comprender cuáles fueron las lecturas que en ese momento se hicieron de la ciudad, esto en conexión con las formas de despliegue de la estatalidad, pues todo ello configuró también unas formas de comprender al Estado.

A partir de la idea de que Medellín atravesaba por una crisis social, política y económica la descripción y los diagnósticos sobre las causas de esta se intentaron responder preguntas como: ¿por qué ocurre la crisis?, ¿cuándo se suscita?, ¿cómo y dónde se expresa?, ¿quiénes son sus protagonistas?, ¿cuáles son las salidas a la crisis? En esta vía, las respuestas esbozadas apelaron a factores de larga duración o a factores propios de la coyuntura, analizaron el papel que desempeñaron múltiples actores y aportaron lecturas sobre el Estado para explicar los movimientos y transformaciones que ocurrían en la ciudad.

En la perspectiva de los factores de larga duración (^{Vélez, 2012}, p. 61), las lecturas sobre por qué ocurrió la crisis señalaron varios asuntos: por un lado, se argumentó que era el resultado de la desigual configuración socioespacial de la ciudad, la cual se evidenciaba en asuntos como el crecimiento demográfico no planificado y excesivo, la extensión y profundización de la pobreza y la desigualdad, y la precariedad de los canales para atender las demandas sociales (^{DNP, 1991}). Igualmente, el Plan Estratégico para Medellín y su Área Metropolitana, por ejemplo, argüía la crisis del proyecto regional de la élite antioqueña en tanto «la desaparición de una ética religiosa vigente; la inversión de valores, la ausencia de una ética civil y la debilidad de la familia y la educación como espacios socializadores» (^{Vélez, 2012}, p. 71).

Otros factores señalados aludían a la fragmentada relación entre la nación, la región y la localidad, y a la existencia de espacios en los que había más Estado y territorio que nación; a las limitaciones de la democracia, a las distancias entre el Estado y la sociedad civil, a la precaria preparación y participación política y a la inclinación social a la conformación de grupos de justicia privada.

A la mirada sobre los procesos de larga duración se sumaron elementos coyunturales para explicar el origen de la crisis. Se destacó el narcotráfico como un factor crucial que potenció los problemas y contradicciones que se venían configurando en la ciudad y que permitieron situar el periodo de finales de 1980 y comienzos de la década de 1990 como un momento excepcional en la historia de Medellín (^{Vélez, 2012}).

En medio de la crisis del modelo económico de la ciudad, el narcotráfico irrumpió en la vida social, económica, política y cultural de Medellín, convirtiéndose en un mediador de la vida social y dándole una dimensión inimaginada a todas las manifestaciones de violencia (^{Restrepo, 1992}), lo que estimuló el sicariato, la formación de bandas, el armamentismo y la privatización de la justicia:

Hasta comienzos de la década de los ochenta, en Medellín las violencias asociadas al conflicto armado rara vez se cruzaron con las violencias asociadas al narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, entre 1981 y 1984 se empezaron a presentar entrecruzamientos de esos dos mundos y se volvieron más porosas las fronteras entre las acciones perpetradas por esos actores (^{CNMH, 2017}, p. 169).

Fue así que Medellín se convirtió en el escenario de actores armados de diferente naturaleza ejerciendo distintas formas de violencia: grupos guerrilleros, grupos de milicias, Cártel de Medellín, escuadrones de la muerte como el MAS -Muerte a secuestradores-, bandas y grupos de sicarios asociados al narcotráfico, organizaciones de delincuencia común, grupos paramilitares, fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado.

En general, los diagnósticos encontrados sobre Medellín a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 abordaron un conjunto de problemáticas que pueden agruparse en tres ejes: el primero, referido a las condiciones de pobreza, marginalidad e inequidad; el segundo, al déficit democrático; y el tercero, a la inseguridad. Además, se identificaron una serie de actores que intervenían e interactuaban de distintas maneras en la ciudad y que se configuraron en los actores de la crisis: Alcaldía, partidos políticos tradicionales, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, fuerza pública, milicias, grupos de limpieza social, bandas y grupos asociados al narcotráfico:

Para 1990 Medellín era la capital mundial del narcotráfico, la ciudad más violenta del mundo y una villa donde los problemas de desarrollo urbano habían explotado en la forma más feroz. La más alta tasa de desempleo en el país, la peor concentración del ingreso urbano, barrios surgidos de invasiones sin espacio público ni servicios sociales fundamentales, una ciudad escindida en dos, sin que la vieja ciudad, la del orden y el progreso, hubiera advertido el crecimiento de las llamadas «comunas». Un sistema político en crisis, con una baja participación popular en los procedimientos de elección de gobernantes, y una sociedad en la que todos los elementos de control ético tradicional parecían haberse quebrado en forma casi simultánea […] una burguesía industrial incapaz de mantener el ritmo de crecimiento económico y a punto de perder el control sobre su propio territorio asediado por el narcotráfico, una dirigencia política reconocida como corrupta y clientelista (^{Melo, 1995}, pp. 25-26).

En relación con las condiciones de pobreza, marginalidad e inequidad, el Plan de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá. Para la consolidación de la Metrópoli (1985) y el Programa Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana (1991), por ejemplo, coincidieron en calificar a Medellín como una ciudad rezagada social y económicamente, con un déficit en las condiciones de vida de la población, altos índices de desempleo, un sector educativo inequitativo y de baja calidad; con un alto porcentaje de viviendas de tenencia ilegal e informal, y carente de espacios públicos para el desarrollo de actividades comunitarias (^{Departamento Nacional de Planeación, Documento 2562 del 28 de octubre de 1991}; ^{Primed, 1996}). El Primed señaló entre los problemas asociados a la formación de barrios:

El 80% de las viviendas que se asentaron hace más de 20 años no han logrado aún su legalización y hoy existen 100 000 unidades ilegalmente asentadas (30% del total). Además, y tras dolorosas experiencias del pasado, persisten hoy en la ciudad 7000 viviendas en zonas de muy alto riesgo, que deben ser reubicadas, y 21 000 viviendas en zonas inestables, que deben ser recuperadas. Por otro lado, la ciudad, y en particular los barrios más marginados, tienen un déficit significativo de espacios públicos: no existen áreas donde los pobladores puedan desarrollar actividades que permitan crear vínculos de pertenencia ni solidaridad para la participación en la vida de la ciudad (^{Consejería Presidencial, 1993}, pp. 37-38).

En cuanto al déficit democrático de la ciudad, las principales problemáticas encontradas por estudios de diversa naturaleza (Corporación ^{Región, 1990}; DNP, 1991; ^{Jaramillo, Ceballos y Villa, 1998}; ^{Ocampo, 2005}) señalaban la ausencia de canales y mecanismos adecuados para la participación comunitaria y ciudadana, las prácticas clientelares de partidos políticos y juntas de acción comunal, la desconfianza en las instituciones y, en general, una fractura de la relación Estado-sociedad que impedía el diálogo sobre las problemáticas sociales y la búsqueda de alternativas frente a la crisis:

El Estado entonces ha perdido legitimidad, no solo por su ausencia en múltiples localidades, sino por la impunidad y la corrupción […] Esto genera una desconfianza de la población en la eficacia y seriedad del Estado para realizar cualquier acción, entre ellas, resolver o mediar en los conflictos, bien sea privados (familiares e interpersonales), laborales, macro-sociales o políticos. La construcción de ejércitos privados entonces surge por la incapacidad del gobierno para ejercer sus funciones, y su legitimación y reivindicación es respaldada por la incapacidad del Estado y su cuestionable forma de gobernar (^{Ocampo, 2005}, p. 16).

Por último, y en estrecha relación con las problemáticas expuestas, los diagnósticos ubicaron el tema de la inseguridad en la ciudad. Buena parte de la literatura sobre este tema se refirió al auge del Cártel de Medellín como un factor determinante para explicar la situación de inseguridad de la época, en tanto este propició la emergencia de nuevos actores de violencia como los sicarios y las bandas, y la generalización de muertes violentas. Sin embargo, el narcotráfico no fue el único responsable (^{Jaramillo, Ceballos y Villa, 1998}):

En la ciudad son muy altos los índices de homicidios y su constante crecimiento supera la dinámica nacional. Mientras en 1988 en el Valle de Aburrá se cometían el 18% de todos los homicidios del país, en lo que va corrido de 1991 ese porcentaje pasó al 30%. El secuestro y la extorsión han golpeado con especial rigor a los pobladores. Entre 1988 y 1990, Antioquia fue la región con el mayor número de secuestros del país, la mitad de ellos en el Valle de Aburrá. Mientras que en el país los casos de extorsión denunciados se incrementaron al 20% anual, en Medellín y su Área Metropolitana crecieron al 45% (^{DNP, 1991}, p. 8).

Las lecturas que se hicieron de la ciudad en materia de seguridad identificaron problemas más allá del narcotráfico, evidenciando otras violencias que afectaban a la población, como lo eran la violencia de la delincuencia organizada y la delincuencia común, la acción de grupos de justicia privada y la violación de los derechos humanos por parte de los actores en conflicto, pero también se ocuparon de señalar el escalamiento del conflicto armado con la presencia de nuevos grupos paramilitares, bandas, milicias y autodefensas.

De estos diversos diagnósticos de la crisis se derivaron una serie de políticas y programas para enfrentarla e intervenir la ciudad. Tal es el caso de la Consejería Presidencial para Medellín, institución que, a través del seminario Medellín Alternativas de Futuro, promovió la reflexión sobre las principales problemáticas de la ciudad con instituciones estatales, académicos, organizaciones no gubernamentales, empresarios, líderes sociales y comunitarios. Dicha reflexión tenía como propósito «llegar a un consenso sobre el proyecto colectivo de ciudad. Reconocimiento y reflexión sobre los problemas; construcción de propuestas y alternativas para superarlos; concertación y diálogo entre diferentes actores sobre el camino; acción eficaz y eficiente con posibilidad de incidir en las vidas concretas de la población y sus territorios» (^{Villa, 2019}, p. 20).

En el marco de ese diálogo colectivo fueron diseñados un conjunto de planes, programas, proyectos, estrategias de intervención, formas de despliegue del poder e iniciativas dispuestas por agentes estatales. Como ejemplo de algunos de estos mecanismos institucionales se pueden mencionar: el Primed, los Núcleos de Vida Ciudadana, la Corporación Paisajoven, el Consejo Municipal de Juventud, el Plan de Acción Social, el programa de TV Arriba mi Barrio, las Mesas de trabajo por la Paz, los procesos de negociación con las milicias, la puesta en marcha de pactos para controlar la escalada de violencia, el Programa para la Convivencia Pacífica de Medellín y el Plan Estratégico de Seguridad para Medellín y el Área Metropolitana.

4. Rostros de la estatalidad: transiciones y efectos de dominación

La puesta en marcha de planes y programas implicó el relacionamiento entre actores, dando paso a lo que este proyecto denominó procesos o transiciones (^{Trouillot, 2011}), para analizar la manera como se intervino la ciudad, los cambios en las formas de intermediación entre quienes fueron los principales actores de la crisis en Medellín, y así identificar posibles rostros de la estatalidad. Para esta investigación los procesos son aquellas transiciones reivindicadas por el Estado como centro de su intervención en la Medellín de las décadas de 1980 y 1990: la planeación como transición hacia un desarrollo zonal, local y comunitario; la democratización como transición hacia la participación social y comunitaria; y la pacificación como transición hacia el fortalecimiento institucional (^{Lázaro, 2019}).

Releer los diagnósticos de la crisis hechos para finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 implicó la identificación de formas particulares de definir al Estado en ese entonces. El Concejo de Medellín, por ejemplo, se refirió a un Estado en que se destaca la crisis de los aparatos de justicia y de los organismos de seguridad: «un factor propiciador de la violencia en Medellín era, en términos generales, la debilidad del Estado para cumplir una función de justicia que permitiera canalizar por las vías institucionales el conflicto urbano». En este mismo documento se hacía alusión a un Estado a la deriva, esto es, un Estado que no tenía «una política definida de seguridad para la ciudad, lo que ponía en evidencia la inexistencia de unos “criterios mínimos”, de unas “orientaciones”, de una “guía ilustrada” para tomar acciones concretas frente a las diversas circunstancias que generaban violencia en la ciudad» (^{Vélez, 2012}).

Por su parte, en el Plan Estratégico para Medellín y su Área Metropolitana se proponía una definición del Estado como disfuncional, expresada en la ineficacia del aparato de justicia, la crisis de la policía y la ineficacia de la ley o inaplicabilidad de la norma, es decir, en la «inexistente capacidad del Estado para reaccionar frente a las acciones “delictivas planificadas”», desarrolladas por el narcotráfico y por las bandas. Mientras que en otras lecturas de la crisis se mencionaba un Estado ambivalente, es decir, «que propende por una intervención social de los problemas, al tiempo que desplegaba un manejo coercitivo de los conflictos» (^{Vélez, 2012}, p. 66).

A partir de la relectura de los diagnósticos que se hicieron sobre la ciudad y su relación con las formas como la gente recuerda la acción del Estado en Medellín, en la investigación se identificaron tres procesos o transiciones que marcan las formas de actuación del Estado ante dichas crisis:

La primera se refiere al paso de una intermediación estatal desde arriba hacia el desarrollo y la planeación zonal, local y comunitaria, para atender las condiciones de pobreza, marginalidad e inequidad -particularmente de las zonas nororiental y noroccidental-. Dicha transición se concretó a través de dos programas específicos: Primed y Núcleos de Vida Ciudadana, cuya finalidad estaba orientada a la transformación urbanística de territorios considerados violentos (^{Varela, 2019}; ^{Patiño, 2020}). Los actores involucrados fueron la Consejería Presidencial para Medellín, la Alcaldía de Medellín, algunas organizaciones no gubernamentales, sociales y comunitarias, la Iglesia católica, a través de su programa de Pastoral Social, y algunos empresarios.

Es pertinente destacar que en la década de 1980 en el ámbito nacional y local ocurrieron dos hechos significativos para la planeación: la ampliación y cualificación de la legislación hacia lo departamental, metropolitano y municipal, con sus correspondientes planes de desarrollo y los procesos de descentralización municipal. El gobierno nacional propuso nuevos instrumentos de desarrollo urbano; legislación sobre ordenamiento urbano -áreas metropolitanas, planes integrales de desarrollo, normas sobre densificación y sobre usos del suelo, medidas de expropiación, catastro, valorización-; y fortalecimiento administrativo e institucional de las entidades distritales, metropolitanas y municipales que tenían que ver con el desarrollo urbano. El énfasis en la legislación, así como el fortalecimiento administrativo e institucional local, daban cuenta, al menos de manera formal, de una apertura hacia procesos de descentralización que otorgaba importancia a los planes regionales y sectoriales.

El mejoramiento del espacio urbano pretendía la generación de procesos de identidad y autorreconocimiento, el fortalecimiento de la justicia y la seguridad pública, la promoción de las organizaciones ciudadanas de diversa índole, la ampliación de las oportunidades educativas, la generación de empleo juvenil y la activación de la vida barrial. Esto a través de intervenciones físicas concentradas en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población.

La segunda transición responde a los diagnósticos de déficit democrático, la cual evidencia el paso de una intermediación clientelista y partidista hacia procesos de participación social y comunitaria. Principalmente, fueron los jóvenes los destinatarios de esta transición, a partir de la creación de Paisajoven, las Casas Juveniles y el Consejo Municipal de Juventud. En estos espacios se buscaba la formación técnica y política de los jóvenes para lograr la institucionalización de la participación a través de la generación de lenguajes formales que le permitieran a los jóvenes negociar con el Estado (^{Lázaro, 2019}). También en el marco de la ampliación de la participación desde la Constitución Política de 1991, la Consejería Presidencial para Medellín propuso una democratización de los espacios comunales, así como la promoción de otros mecanismos de participación que se gestionaban, incluso, alrededor de los Núcleos de Vida Ciudadana y de las negociaciones sobre las intervenciones del Primed.

Por último, la tercera transición se deriva de los diagnósticos de inseguridad, y señala el paso de una serie de intermediaciones violentas hacia el fortalecimiento institucional y la pacificación. En esta transición hay dos dimensiones: cómo se resuelven los conflictos y cómo se regulan los comportamientos. Algunos de los programas que se generaron para materializar esta transición fueron el Plan de Desarrollo de la Seguridad Ciudadana creado en 1992,¹⁶ y el Plan Estratégico de Seguridad para Medellín y el Área Metropolitana expedido en 1994.¹⁷ Desde la Pastoral Social se promovieron pactos de no agresión entre bandas y combos, y las mesas de trabajo por la paz y por la vida. Sin embargo, hay un mecanismo fundamental en esta transición, la negociación con grupos milicianos en 1994 a través de un proceso de paz, que trajo consigo la desmovilización de estos grupos y la creación de la Cooperativa de Seguridad Coosercom en la que se emplearon varios de las personas que entregaron las armas (^{Valencia, 2020}; ^{Villacinda, 2019}).

Las negociaciones se dieron con tres grupos: Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas. Estas negociaciones se dieron a partir de una alianza entre gobiernos local, regional y nacional, y a través de la intervención de actores clave como la Pastoral Social y la Consejería Presidencial para Medellín. Se trataba de buscar una salida negociada a la acción miliciana (^{Valencia y Paz, 2015}). Para ello se tuvo una zona de distensión en el corregimiento de Santa Elena, se nombraron negociadores por parte de los grupos y del Gobierno, se establecieron unos garantes y se elaboró un acuerdo de paz con puntos relacionados con la entrega de armas, la revisión de políticas sociales y de reintegración, y la creación de la cooperativa Coosercom como salida económica para muchos de los desmovilizados.

Ahora bien, para lograr una lectura empírica de esos procesos y mecanismos institucionales que permiten ver al Estado como relación social conflictiva se siguieron las recomendaciones metodológicas de Michel ^{Trouillot (2011)}, que propone identificar los nuevos sitios y formas de despliegue del poder siguiendo los efectos del Estado. Esos efectos, en términos de este proyecto, son lo que se ha identificado como rostros de la estatalidad.

En la primera transición los efectos desplegados fueron la espacialización de la acción del Estado y su legibilidad a través de la presencia efectiva en barrios de distintos funcionarios públicos dispuestos a negociar con la ciudadanía. En la segunda transición se generó, por un lado, un efecto de aislamiento de un sector de la población susceptible de ser intervenido, los jóvenes. Ellos fueron identificados, desplegando otro efecto que reordenó «esas subjetividades individualizadas en líneas colectivas» (^{Trouillot, 2011}, p. 151), a través de programas de formación juvenil.

La última transición combina los cuatro efectos expuestos por ^{Trouillot (2011)}: se aislaron a aquellos actores armados con quienes se negoció; se identificaron y reconocieron en tanto grupos colectivos; se hicieron legibles frente al Estado y se produjo un lenguaje y un conocimiento para la gobernanza a partir de la expedición del acuerdo de negociación con las milicias; y finalmente, la espacialización generada a través de una zona de conversación en la vereda Media Luna de Santa Elena y la vinculación de estos actores a la vida barrial y comunitaria propuesta por los mecanismos desplegados en las anteriores transiciones.

Conclusiones

Los mecanismos y procesos llevados a cabo por el Estado en épocas consideradas de crisis generan unas transiciones particulares que, a su vez, producen unos efectos de estatalidad, es decir, posibles rostros de la operación del Estado en momentos y espacios concretos. En el caso de esta investigación, los diagnósticos de la crisis -expresados en factores de larga duración y factores de coyuntura-, trajeron consigo formas específicas de intermediación estatal, las cuales fueron virando, dependiendo de dicho diagnóstico, pero también de aquellos actores con los que se interactuaba. Esto daba un marco concreto al tipo de programa que se generaba y al efecto desplegado.

La crisis en Medellín diagnosticada a finales de la década de 1980 no tuvo pues una sola respuesta estatal, al contrario, las distintas aristas del diagnóstico de esta crisis permitieron abrir campos de negociación diferentes con actores interesados en aquello que se iba a intervenir. jóvenes, líderes, madres, milicias, organizaciones sociales, Iglesia y agentes estatales encontraron en la transición una ventana de negociación del orden y el desorden que modificó también las formas de acción del Estado para estos años. Así, lo que puede leerse de estas acciones no es solo un proceso de acción-reacción, sino que es un despliegue de mecanismos y efectos que generan formas diversas de control de poblaciones, territorios y recursos.

La posibilidad de identificar estos mecanismos y procesos da cuenta de la pertinencia del enfoque metodológico elegido, en el que se recurrió a la memoria para recuperar experiencias, identificar rostros de la estatalidad, hacer relecturas de los diagnósticos y de las salidas que se encontraron para enfrentar la crisis de la ciudad de las décadas de 1980 y 1990. Se trata de apelar a la memoria para reconstruir memorias de la estatalidad, que den cuenta de las diversas relaciones entre ciudadanos y Estado y, por esta vía, abrir otras posibilidades para la comprensión de los conflictos y problemas sociales que ha vivido Medellín.