Bienes comunes cognitivos

Hablar de bienes y catalogarlos de comunes es una invitación directa a discutir dos aspectos que se ubican en el campo de la economía política, un área de trabajo multidisciplinar donde participan, además de la economía y la ciencia política, otra serie de ciencias sociales como la antropología, el derecho o la sociología (^{Ostrom, 2005}). El debate sobre este importante tema lo impuso en la década de 1990 la politóloga Elinor Ostrom, con su texto seminal Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions (1990), obra que, sin duda, incidió mucho para que en 2009 le entregaran, junto a Oliver Williamson, el Premio Nobel de Economía.

En esta obra la autora planteó los temas básicos que recoge la discusión sobre los recursos de uso común (RUC) o bienes comunes, que se refieren a «un recurso compartido por un grupo de gente que está sometida a dilemas sociales» (^{Hess y Ostrom, 2016}a, p. 27). Grupo de gente que puede ser reducido en número -como un colectivo que administra en un territorio: un bosque, un río, un recurso pesquero o una semilla- o un gran conglomerado que puede ser del tamaño de la población mundial, cuyo bien que los une puede ser la calidad del aire, la defensa de los océanos, la paz mundial o el conocimiento científico. En ambos casos, de pequeños números o grandes grupos, a las personas las une la idea del cuidado, la buena administración o gestión, y el uso y la sostenibilidad de un recurso. En síntesis, a la gente los cohesiona una cosmovisión sobre el uso y cuidado de lo que es colectivo.

Entre las múltiples maneras de clasificar los bienes comunes hay una que es muy útil para la discusión que se plantea en este texto: la división de los comunes entre bienes naturales y bienes intelectuales. Al primer tipo de bienes Ostrom y su equipo de investigación fue el que mayor tiempo y trabajos le dedicó. Desde la década de 1970 se observan una gran producción literaria que analiza casos de cuidado colectivo de recursos naturales como «los recursos hídricos, los bosques, las pesquerías y la vida salvaje» (^{Hess y Ostrom, 2016}a, p. 29) y, con ellos, intentos por perfeccionar modelos de gobernanza que permitan a comunidades étnicas, campesinas o indígenas garantizar el uso y acceso comunal a este tipo de bienes (^{Ostrom, 1998}).

Sobre los bienes intelectuales o del conocimiento, que se refiere a todas las ideas, información y datos inteligibles en cualquier forma en que se expresen u obtengan en tanto que bienes comunes globales, la literatura generada por Ostrom es más reducida y su estudio se «encuentra todavía en su tierna infancia» (^{Hess y Ostrom, 2016}a, p. 27). El más importante trabajo lo publicó cinco años antes de su muerte, titulado Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice (^{Hess y Ostrom, 2007}), donde deja claro una caracterización y defensa de los bienes intelectuales y del conocimiento -entre ellos el científico- como bien común -common- pool resources-, conocimiento al que tienen derecho todos los habitantes del planeta «de forma puntual, correcta y acreditada» (^{Hess, 2016}, p. 11).

Este tipo de bienes tiene un origen humano y es producido, generalmente, por comunidades científicas que, guiados por programas de investigación -normas- y por el uso de variados recursos producen saberes que se encargan de difundir y proteger. Así, este tipo de bienes comunes, en el esquema de Ostrom y ^{Hess (2016}b, p. 72), las ideas se convierten en contenidos intangibles que pueden ser transmitidos en varios formatos -entre ellos, las revistas científicas- y que pueden ser almacenados en centros de documentación, bibliotecas o repositorios universitarios. En esta lógica, las revistas científicas y los artículos que estas contienen son un recurso común, producto de una labor investigativa, susceptible de manejo y conservación por una comunidad científica que sigue pautas de gobernanza autoimpuestas (^{Roca, 2019}, p. 20).

Lo que hacen los colectivos relacionados con la revista -autores, editores, evaluadores, entre otros- es gestionar artefactos, donde hay ideas, pensamientos, imágenes mentales e informaciones innovadoras, y depositarlos en instalaciones -archivos digitales, repositorios institucionales o servidores- para que quien lo necesite pueda acceder a este conocimiento. En breve, una comunidad científica que establece esquemas de gobernanza con el objetivo de alcanzar fines comunitarios o asociativos en la gestión de revistas científicas para su cuidado y aprovechamiento; un conjunto de aspectos que pueden ser gestionados bajo criterios de gobernanza que fomentan la conservación de la institucionalidad del bien común complejo: una producción que es local, pero que «reporta beneficios globales» (^{Hess y Ostrom, 2016}a, p. 41).

Acceso abierto y los principios del procomún

El conocimiento o recurso cognitivo, como se le reconoce en el mundo de la economía es, entre los factores que se utilizan en la producción capitalista, uno de los más valorados financieramente. Desde la década de 1950, con los desarrollos de las teorías del crecimiento económico, al conocimiento se le ha reconocido como un factor determinante de la producción de riqueza -que integran con otros el residuo de Solow- al lado del capital, la tierra y el trabajo. Esto ha llevado a que en el sistema económico y social se situé a la producción del conocimiento en un lugar especial (^{Drucker, 2004}; ^{Stiglitz y Greenwald, 2016}).

La ciencia económica defiende la idea de que para la generación de nuevos saberes se pueden invertir recursos, por ejemplo, contratar un equipo de investigadores para que desarrolle un prototipo industrial que se pueda usar, mercantilizar y patentar -asignarles derechos de propiedad privado-; luego, estos nuevos conocimientos pueden venderse y comercializarse para que otras personas también lo usufructúen. Así, al conocimiento se le reconoce como un recurso objetivado que puede ser explotado y gobernado mediante las leyes de la oferta y la demanda (^{Bollier, 2016}, p. 58).

De esta manera, históricamente, en el sistema de mercado ha ganado una lógica de cobro por el acceso al conocimiento. Una lógica de mercantilización a la que tienden todos los bienes y servicios que consumimos en la actualidad (^{Ridgeway, 2004}). El conocimiento se ha convertido en una mercancía, el cual, como pasa en el sistema de mercado, debe pagarse para su acceso y uso -incluso ocurre para los bienes esenciales como el agua o el aire de los bosques-, de allí que en la actualidad se pueda hablar de un capitalismo cognitivo, donde se presenta una apropiación privada de los bienes intangibles como el conocimiento y la información (^{Vercellone, 2004}).

La aparición del movimiento global de acceso abierto se presenta como una apuesta por ponerle límites al desarrollo extremo del capitalismo. Propone un modelo alternativo coherente para obtener un mayor equilibrio entre preocupaciones económicas, sociales y éticas (^{Bollier, 2016}, p. 53). Se presenta como una crítica a que el conocimiento se inscriba totalmente en la lógica del mercado, la cual ve en todo lo que hace parte de la vida planetaria un bien o servicio susceptible de explotación económica. En breve, intenta defender a las comunidades sociales de las amenazas «por los cercamientos del mercado» (p. 63).

De allí que desde finales del siglo XX se venga trabajando en la defensa y promoción del acceso abierto. Este movimiento se funda en la idea de costo cero o eliminación de barreras del precio para el acceso a la información para los que tiene conexión de Internet; además de que no existan prohibiciones de copyright y licencias -restricciones legales y contractuales-. Para ello exigen que las obras sean digitales y se aloje en un servidor de Internet (^{Suber, 2016}, p. 189), de esta manera se ayuda a construir ecosistemas de información de acceso libre y sin trabas, sin costes ni permisos. Lo único que se reservan los autores es conservar sus derechos morales de propiedad intelectual sobre sus obras (^{Hess y Ostrom, 2016}a, p. 38).

Son ideas básicas de acceso abierto que fueron inicialmente propuestas en la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), fundada en 1998, donde alrededor de trescientos representantes de bibliotecas de investigación, universidades y organizaciones de América del Norte, Europa, Asia y Australia firmaron una alianza de acceso abierto. Más tarde, las publicaciones o revistas de investigación quedaron ratificadas en la Declaración de Berlín en 2003 y en las subsiguientes reuniones del grupo, por ejemplo, en el encuentro de 2005 en Southampton, Reino Unido -tercera reunión-, donde se recomendó a todas las instituciones reunidas allí la promoción y apoyo de las publicaciones en revistas de acceso abierto (^{Harnad, 2005}).

Siendo la Budapest Open Access Initiative, en febrero de 2002, uno de los mayores pactos de promoción de acceso abierto, se acordó la:

Libre disponibilidad en el Internet público, que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, poner en vínculo los textos completos de estos artículos, rastrearlos para su indexación, pasarlos a software como datos o utilizarlos para cualquier otra finalidad legítima, sin obstáculos financieros, legales o técnicos que no sean aquellos inseparables del propio acceso a Internet. La única limitación a la reproducción y distribución, y el único papel de los derechos de autor en este dominio, debería consistir en otorgar control a los autores sobre la integridad de su obra y el derecho a que se les reconozca y cite adecuadamente (^{Guías y tutoriales, s. f.}).

Iniciativa a la que se le fueron sumando las revistas científicas de todo el mundo, las cuales vienen trabajando y recomendando «un conjunto de protocolos editoriales que tienen como fin garantizar la disponibilidad de estos productos a los agentes del sistema científico-tecnológico» (^{Roca, 2019}, p. 17), cuya adopción ha «generado programas institucionales que apuntan a convertir a las instituciones académicas en vehículos del libre acceso al conocimiento» (p. 19), y a que las revistas académicas administren, gestionen y creen estructuras de gobernanza para su cuidado y aprovechamiento de este bien común (^{Hess, 2016}, p. 13).

Entre las razones que esgrimen las revistas académicas para el ingreso y la defensa del movimiento de acceso abierto están, en primer lugar, el reconocimiento y valoración del conocimiento como un bien público, un bien que nos es útil a todos, cuyo consumo por parte de una persona no substrae a otra del uso (^{Samuelson, 1954}, pp. 387-389) y cuyos beneficios sociales son gigantes, pues permitiendo el acceso y uso del conocimiento científico a todos los públicos se logran crear mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad. De allí que defiendan la libre disposición de la información, de los avances científicos y de los progresos colectivos.

Segundo, la mirada de la gestión de la información como un bien común. Las revistas y repositorios institucionales son proyectos académicos administrados por comunidades científicas que se comportan como grupos cuidadores del conocimiento. Tanto las revistas como los repositorios son organizaciones que ponen a disposición los productos de investigación para que los interesados hagan uso de su contenido. Un grupo de voluntarios que trabajan para lograr una meta compartida constituye un ingrediente clave en la comprensión de los bienes comunes -gobernanza-, una comunidad que se organiza para el cuidado y conservación de recursos colectivos (^{Olson, 1965}).

Y tercero, el origen de los fondos públicos que financian las publicaciones -insumos y productos de investigación-. El movimiento de acceso abierto llama la atención sobre la necesidad de reconocer que mucha de la producción científica que se genera en el mundo está financiada por fondos públicos y, por tanto, sus hallazgos y resultados investigativos deberían quedarse en el ámbito de lo colectivo y no pasar a ser propiedad de individuos privados (^{Swan, 2013b}). No es justo, ni conveniente, que el conocimiento que se produce en los centros de pensamiento que operan con fondos estatales -universidades públicas, institutos gubernamentales o agencias de desarrollo- y sus resultados sean aprovechados por las empresas privadas que se enriquecen cobrando por este conocimiento.

Hay que advertir que sobre este último argumento hay mucha discusión. Por un lado, hay centros de pensamiento y de producción de conocimiento que funcionan en su totalidad con fondos del capital privado. Gracias a los recursos que invierten las empresas privadas, estos centros, investigadores y revistas logran sobrevivir y crecer. Es normal que las revistas científicas asuman una serie de costos para lograr que se dé todo el proceso de publicación, como son los costos de evaluación por pares, la revisión y procesamiento de los manuscritos, la publicación digital, la difusión en línea y el pago de sitios para alojar la revista y conservar su contenido (^{Hess y Ostrom, 2016}a, pp. 43-44).

Esta realidad la reconocen los defensores de acceso abierto, pero ven muy inconveniente lo que esta pasando con la apropiación o privatización que ocurre con el conocimiento que se produce con recursos públicos. El movimiento denuncia cómo las universidades y organismos de investigaciones estatales son muchas veces víctimas de las grandes editoriales. Estas últimas están cobrando grandes sumas de dinero por el acceso al conocimiento. Es común que los investigadores realicen estados del arte en sus investigaciones y deban dedicar grandes rubros por el acceso a artículos que, incluso, las mismas universidades públicas han producido. Lo que hacen las grandes empresas editoriales -la mayoría norteamericanas- es disponer publicaciones financiadas con recursos públicos en sus bases de datos y cobrar por ellas (^{Suber, 2015}), situación que, por supuesto, el movimiento de acceso abierto critica fuertemente y viene incidiendo en que los clientes se estén rebelando contra los elevados precios que las empresas están cobrando por las revistas académicas.

En conclusión, el movimiento de acceso abierto viene posicionando cada vez más los valores de solidaridad, cooperación y adhesión entre las revistas científicas; además, propone el fomento del desarrollo democrático y la participación conjunta e incluyente para la actualización del conocimiento (^{Banerjee, Babini y Aguado, 2015}, pp. 13-14), valores que son coherentes con la idea de colaboración que debe primar entre la comunidad científica, la cual es generosa con el acceso a la producción científica y que propone compartir los saberes que están expuestos en los artículos científicos y la continua reutilización o reusabilidad de estos para que más y más personas se beneficien de este bien público (^{Roca, 2019}, pp. 26-27; ^{Suber, 2015}).

Adicionalmente, el acceso abierto es una ideología que reconoce la importancia del conocimiento para el desarrollo social, político y económico, saberes a los que puede acceder de manera gratuita y libre -sin restricción- toda la población. Conocimientos que, dado que son resultados de la inversión pública, tienen derecho a conocer y aprovechar la ciudadanía para que se genere una maximización social del retorno (^{Swan, 2013a}), en breve, una democratización del conocimiento que es producto del acceso abierto y de la difusión de la información científica (^{Fecher y Friesike, 2014}; ^{García y Rendueles, 2014}, p. 47).

Actualidad y retos de acceso abierto para las revistas académicas

Hasta hace un par de décadas la producción científica de América Latina y el Caribe era desigual, asimétrica, escasa y limitada. La lógica de las comunidades científicas internacionales hacía que a la producción científica del Sur se le prestara muy poco interés y se presentara una sobrevaloración del conocimiento del «primer mundo». Sin embargo, en la actualidad los ojos de la comunidad académica mundial también se posan en Latinoamérica, debido a que a esta región se le ve como propositiva y, en este sentido, como un nuevo referente en variados temas globales: innovaciones sociales para reducir la pobreza, modelos alternativos de desarrollo, luchas sociales y democracia, cambio climático, entre otros (^{Santos, 2009}).

De acuerdo con el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (^{Clacso, s. f.}), desde hace varios años la región viene ganando reconocimiento como uno de los territorios con mayor crecimiento en su producción científica mundial y se muestra como una región emergente «en términos de escritos científicos» y de «proyectos editoriales». Tanto la cantidad de citas de autores de la región como la lectura de la producción bibliográfica ha aumentado, logrando «transformaciones recientes en el mapa científico global» e impactando los «canales científicos tradicionales donde Europa occidental y Estados Unidos que constituían el núcleo» (^{Hernández, León y Torres, 2020}). Ahora el Sur global tiene un papel protagónico.

Este importante logro se debe, básicamente, a dos razones: en primer lugar, al dinamismo que vienen teniendo las revistas científicas y, en segundo lugar, algo muy relacionado con la primera causa, al acogimiento que los Estados y la sociedad le han dado al proyecto de acceso abierto. Las revistas científicas en América Latina y el Caribe se han convertido en las últimas décadas en el artefacto más importante para difusión y divulgación de producción científica, debido a que la evaluación por pares se ha convertido en un buen filtro para validar los hallazgos y presentarlos de manera oportuna a la sociedad; además, a lo versátil que es publicar en ellas, lo oportuno de sus contenidos y la variedad de asuntos que tratan. De allí que hoy se le tenga en tan alta estima entre las comunidades científicas.

Pero entre los factores que más han contribuido al posicionamiento de las revistas científicas de la región está el trabajo en torno a acceso abierto. La adhesión de la mayoría de los países a este movimiento les ha permitido posicionarse de forma exponencial. Ahora, buena parte de los gobiernos de la región vienen trabajando en programas y políticas de ciencia abierta, datos abiertos y publicaciones abiertas, entre otras formas de acceso abierto (Clacso, s. f.); además del uso generalizado de las licencias Creative Commons, lo cual ha resultado muy funcional para la difusión de su producción científica y el reconocimiento internacional de lo que se investiga y publica.

En tan solo unos pocos años el acceso abierto ha permitido a los autores latinoamericanos crecer de forma vertiginosa en cantidad de citas de los trabajos que producen y publican en las revistas de la región (^{Kranich, 2016}, p. 123); asimismo, a los investigadores de los países en vías de desarrollo, como América Latina, el acceso abierto ha mejorado su alcance a la bibliografía científica global, lo que les ha permitido documentar y consolidar sus propias investigaciones (^{Kirsop, 2004}). En síntesis, en el corto y mediano plazo, el acceso abierto ha permitido ampliar enormemente el acceso de un público muy diverso que, además de visibilizar la producción, ha servido para legitimar el saber que se produce en este territorio y, por tanto, a las publicaciones académicas.

Pero el acceso abierto no solo ha impactado al público lector, los millones de usuarios que consultan, usan y se benefician de los contenidos de las publicaciones latinoamericanas, también las comunidades científicas se han fortalecido y acumulado beneficios. El uso de acceso abierto les ha permitido reducir las barreras que existían entre las comunidades académicas latinoamericanas, pues a pesar de compartir un idioma -en el caso de Hispanoamérica- e intereses culturales, políticos y económicos, vivían en aislamiento hasta hace un par de décadas (^{Alperin y Fischman, 2015}). El acceso abierto ha posibilitado que los productos de investigación creados en nuestro continente rompan las barreras tradicionales que se daba en el formato impreso y que se haya potenciado el diálogo entre las comunidades científicas, la integración y la democratización de los saberes. Ahora, casi todas las universidades de América Latina y el Caribe poseen repositorios institucionales, archivos digitales o servidores informáticos que permiten que los investigadores y el público interesado sepan qué se está trabajando en otras latitudes; además, comparten los valores que defiende el movimiento de acceso abierto, creando lazos de confianza y relaciones entre instituciones académicas.

Al interior de las universidades y de centros de pensamiento el dinamismo y la importancia que vienen ganando las revistas académicas ha provocado que también las comunidades científicas se unan y crezcan. Se presenta una retroalimentación entre diversos actores involucrados en la gestión de las revistas: por un lado, aparecen las comunidades científicas que se encargan del proceso editorial de la revista, quienes se comportan como cuidadoras de un bien común. Estas se encargan de realizar todo el proceso editorial -hacer las convocatorias, recibir los artículos, gestionar las evaluaciones por pares y publicar, entre otros-, un proceso en el que participan igualmente los autores, y que sirve, incluso, para reducir costos, pues estos se encargan de acompañar el proceso editorial en el cumplimiento del manual APA, la elaboración de gráficos, tablas e imágenes, y de revisar el texto cuando se les solicite.

Posteriormente a este trabajo cooperativo, se unen otros actores, como los que se encargan de alojar en los repositorios los artículos para que se difundan y consulten más fácilmente (^{Roca, 2019}, p. 24). Hay que reconocer que los costos de almacenamiento o alojamiento son muy altos, pero es necesario poner guardianes de la información para que a esta se pueda acceder de forma oportuna, permanente y total. Un esfuerzo en este sentido lo ofrecen las bases de datos privadas, como Scopus o Web of Science, pero como se ha dicho, generalmente tiene un precio. De allí que se esté apostando desde las universidades y organizaciones de acceso abierto por el almacenamiento de las revistas en portales seguros y sin cobro alguno. En el caso de la revista Estudios Políticos, la Universidad de Antioquia ha realizado un esfuerzo por alojar en su portal tanto a esta como a las demás revistas científicas de acceso abierto (véase https://revistas.udea.edu.co/).

En síntesis, las comunidades académicas que trabajan en torno a las revistas científicas han adoptado prácticas que las convierten en reales grupos gestores de los bienes comunes digitales globales (^{Hess y Ostrom, 2016}a, p. 38), un proceso que ha permitido e impulsado los proyectos editoriales en torno a las revistas científicas. Y aunque falta comprensión y claridad, sobre todo en el desarrollo de «habilidades para tomar decisiones y estrategias de gestión cooperativa con el fin de garantizar sistemas duraderos y sólidos» (p. 39), los avances han sido considerables.

Para finalizar este texto quiero llamar la atención sobre algunos retos que tienen las revistas científicas para consolidar aún más la presencia en el contexto internacional, retos asociados a la idea de bienes comunes, acceso abierto y comunidades científicas.

El primer reto, asociado al marco teórico que se presentó al inicio, tiene que ver con el fomento de la conciencia pública sobre «la importancia de comprender el conocimiento y la información en términos de bienes comunes» (^{Hess, 2016}, pp. 14-15). Se necesita una sociedad y una población con un pensamiento reflexivo y crítico que exija un cuidado de los bienes comunes, que piensen más allá de la lógica egoísta e individualista del mercado, que reconozcan en el conocimiento científico y su uso un bien patrimonial colectivo que es necesario defender (^{Hess y Ostrom, 2016a}, p. 47). El desarrollo de esta conciencia sobre lo común puede ayudar a ejercer mayor presión, tanto a los Estados latinoamericanos como a la comunidad internacional para realizar acuerdos que amplíen la libertad del conocimiento y la defensa de los bienes comunes globales. Seguir uniendo esfuerzos sociales, organizacionales y estatales para consolidar «la defensa de aquello que pertenece a la sociedad en general, sin barreras de ningún tipo y fuera de la lógica del mercado» (^{Clacso, s. f.}).

El segundo reto se dirige a los usuarios de las revistas que están en acceso abierto. Es necesario avanzar en educar a la ciudadanía en la manera como deben hacer uso de la información que se publica en las revistas. Los usuarios no deben confundir acceso abierto con libre disposición a usar ese conocimiento sin cumplir unas condiciones mínimas. Es necesario que la comunidad respete unas normas en el uso de lo común, entre ellas, la atribución respectiva cuando se tome la información de una página de acceso abierto (^{Ostrom, 1990}; 2005), recordarles a los usuarios que hay que reconocer la autoría (^{Ramírez, 2015}, p. 105), pues esta suele ser la única retribución concedida a los autores: reconocimiento y citación (^{Budapest Open Access Initiative, s. f.}).

El tercer reto se asocia al tema financiero. Mantener vivo el proyecto de acceso abierto tiene unos costos elevados. Las revistas científicas deben buscar apoyos en el Estado para que se mantenga y crezca el gasto público en este rubro; recordarle al Estado que si se quiere mantener la calidad en el proceso editorial y a la vez democratizar el acceso al conocimiento - ciencia abierta- debe invertir en todos los componentes, por ejemplo, en la construcción y mantenimiento de plataformas que alberguen el contenido de las revistas, de forma que la información sea oportuna, segura, de ingreso gratuito e infraestructura abierta.

Finalmente, el cuarto reto lo tienen las comunidades académicas que se encargan de gestionar las revistas (^{Vargas, 2014}). Si desean continuar apoyando este proyecto colectivo de acceso abierto -que se siga avanzando en la descarga, copiado, distribución e impresión de todos los artículos que los usuarios consideren- es necesario que desde la gestión de las revistas también se avance en permitir que eso sea posible. Hay que pensar en estrategias para que el contenido de las revistas llegue cada vez más a un público mayor, diseñar formas de comunicación científica y divulgación que permitan la apropiación social del conocimiento, en el que los autores puedan llegar a un público que los entienda y comparta sus ideas, de esta manera se podría aumentar la visibilidad y el impacto de la producción científica, pues no basta con que la comunidad científica lea y cite los trabajos, se requiere que más personas acedan a estos textos investigativos y logren aprender sus avances y aplicarlos al contexto, así se lograría avanzar en la aplicación y ampliación de valores como calidad, igualdad, gratuidad y sencillez, y con ello construir una sociedad basada en el conocimiento (^{Marrero, 2007}).