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Introducción
Desde la década de 1990 el movimiento indígena de Colombia ha confirmado su inserción en la palestra electoral. Por movimiento indígena se entiende aquí el conjunto de organizaciones y procesos de lucha que surgieron en Colombia desde la década de 1970 para hacer valer los derechos de los pueblos cuya historia en el continente americano es anterior a la llegada de los españoles. Cuando así se perfila, la resistencia autóctona de finales del siglo xx es a la vez una lucha por la tierra y una lucha por la indianidad- indigeneidad, en otras palabras, la reivindicación de una identidad específica en tanto indígenas. Al respecto, conviene recordar el carácter móvil y múltiple de las asignaciones identitarias, sean estas imputadas «desde afuera», a partir de procesos de heterodesignación, o reclamadas «desde adentro», como resultado de una autodefinición (Anderson, 1983; Bayart, 1996; Bourdieu, 1980; Hobsbawm y Ranger, 1983; Poutignat y Streiff-Fenart, 1995). Sobre este mismo punto, es importante subrayar que, en el caso de América, la categoría de «indígenas» fue, en un primer momento, impuesta por la colonización antes de ser reapropiada y valorada positivamente por quienes en principio designaba desde dimensiones discriminatorias y excluyentes (Bonfil, 1977).
A pesar de las divisiones internas en el movimiento indígena, de cambios introducidos en el sistema electoral y de presiones de actores armados, este ha logrado asegurar su presencia en el escenario electoral, más allá de altibajos en sus resultados. A la vez, las organizaciones políticas nacidas en su seno han pasado por distintas etapas, desde su surgimiento a principios de la década de 1990, hasta su consolidación, transformación, reconfiguración o desaparición a lo largo de las siguientes décadas. Semejante alcance se ha percibido no solo a través de las circunscripciones especiales que funcionan para el Congreso, sino también desde la competencia para Alcaldías y Concejos Municipales, Gobernaciones y Asambleas Departamentales. Sin lugar a duda, llama especialmente la atención este hecho en un país en el que la población indígena se estima en apenas 4,4% del total de habitantes (DANE, s. f.): con la Asamblea Nacional Constituyente de 1990-1991, los pueblos indígenas llegaron a la palestra electoral y, en general, al debate nacional, «para quedarse» (Laurent, 2021).
La entrada del movimiento indígena en el escenario electoral - principalmente motivada por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990- dio entonces lugar a una participación del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Posteriormente, la ONIC se escindió en el Movimiento Indígena de Colombia (MIC) y la Alianza Social Indígena (ASI); a su vez, esta última se convirtió en Alianza Social Independiente (ASI) en 2011. en El 2013 se creó el Movimiento Alternativo Social e Indígena (MAIS) sobre las bases del anterior Movimiento Social Indígena (MSI), activo desde 2010.
Dicho paso del movimiento indígena hacia el ámbito electoral se inscribió en la continuidad de las luchas emprendidas en décadas anteriores, a partir de la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de múltiples organizaciones de índole regional y nacional para representar a los pueblos indígenas del país. Hasta el momento, se había privilegiado la abstención por considerar el sistema político colombiano demasiado cerrado. La circunstancia de la constituyente contribuyó a matizar esta percepción y motivó una amplia participación de las organizaciones indígenas en la palestra electoral a partir de la adopción de la Constitución de 1991 y del multiculturalismo que esta inauguró oficialmente, en otras palabras, con la proyección de la diversidad étnico-cultural en la esfera pública, a partir de la implementación de medidas destinadas a asegurar su respeto.
Desde allí, ha sido clave la oscilación del movimiento indígena colombiano entre distintas formas de expresión de su disputa política en el marco (sub)nacional: desde el ámbito comunitario, en el marco de los territorios colectivos de los pueblos indígenas -resguardos- y a través de sus autoridades propias -cabildos-; a través de sus procesos organizativos y de movilización social; y por la vía electoral. A la vez, se ha destacado la fuerza de reivindicaciones enfocadas en la defensa de las culturas indígenas, pero también en la construcción de una Colombia alternativa, igualitaria e incluyente, al lado de múltiples otros sectores sociales. La proyección de organizaciones o figuras indígenas en el paisaje electoral ha planteado de manera reiterativa la cuestión de sus capacidades o limitaciones en materia de representación (Alvira y Botero, 2012; Archila, 2009; Basset, 2011; Chilito, 2018; Escandón, 2011; Laurent, 1997; 2005; 2012; 2015; 2016; 2021; Peñaranda, 2009; Van Cott, 2003).
Frente a tal constancia relativa, las elecciones legislativas, presidenciales y de autoridades locales en 2018 y 2019 revisten un carácter significativo. Por haber sido las primeras en realizarse tras el Acuerdo del Teatro Colón, firmado en noviembre de 2016, constituyen un valioso indicador de la manera como las fuerzas políticas y los liderazgos partidarios se (re)ubicaron en ellas, en relación con la transición hacia la construcción de paz. Dentro de este contexto, la posición de las organizaciones indígenas merece atención. En un paisaje político marcado por una polarización creciente alrededor del tema de la paz, en su mayoría han demostrado su rechazo de las opciones políticas cercanas al expresidente y posteriormente senador Álvaro Uribe Vélez. Esta oposición se ha expresado simultáneamente desde la institucionalidad y a través de movilizaciones por las vías de hecho, tales como las llamadas mingas.1
El artículo aquí propuesto apunta a examinar la incidencia de dicha postura en la definición de las estrategias «indígenas» de campañas, alianzas o respaldos -cambiantes- con motivo de las elecciones nacionales de 2018 y locales de 2019.2 Desde dicha coyuntura específica, se plantea igualmente como una contribución para una reflexión sobre la articulación entre luchas de base y retos electorales desde el movimiento indígena. El análisis se funda en información y datos publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, medios de comunicación, portales de Internet y comunicados de organizaciones indígenas.
1. Elecciones 2018: cuando se pone en juego «la paz»
1.1 11 de marzo: entre el Congreso y la Consulta de Inclusión Social por la Paz
Son siete las organizaciones que en marzo de 2018 inscribieron candidatos para Senado (véase Gráfica 1). Entre estas llegan a enfrentarse, por un lado, fuerzas políticas que se caracterizan por una cercanía prolongada con el movimiento indígena en el ámbito nacional y que reúnen en su seno a algunas figuras destacadas de este último; por otro lado, agrupaciones de menor envergadura y poco conocidas, entre las cuales algunas se distinguen por un arraigo, ante todo, subnacional. Entre las propuestas defendidas, vale la pena subrayar una serie de temas avanzados desde los inicios del movimiento indígena hasta su proyección electoral, al entrecruce de la defensa de derechos específicos y de preocupaciones de la sociedad en su conjunto, de los cuales, además de la valoración de la democracia participativa y la protección del medio ambiente, se destaca la voluntad de acoger la opción de la paz (Laurent, 2005).3
Fuente: elaboración propia a partir de la Registraduría Nacional del Estado Civil (s. f. a).
Gráfica 1 Votación total por organización política, Senado de la República. Circunscripción Especial Indígena, 2018.
Con base en dichos propósitos, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) obtuvo 72 591 votos (14,52%), ganando así una curul Feliciano Valencia, reconocido líder caucano del pueblo Nasa (29 449 votos). El movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) consiguió la segunda curul indígena con 34 957 (6,99%) y para el exalcalde del municipio de Carlosama, Nariño, Manuel Bitervo Palchucán, originario de Pasto (13 533 votos). Por último, es de resaltar la participación de la Alianza Social Independiente (ASI) -antiguamente Alianza Social Indígena- en la carrera por las curules «indígenas especiales» y, con ello, la forma como, más allá de su cambio de nombre, el partido sigue ligado a su inicial proximidad con el movimiento indígena. A su vez, reunió 23 742 votos (4,75%) en la circunscripción especial.4 Al lado de estas candidaturas, se suman otras de organizaciones de menor trayectoria.
Con la excepción del éxito de la denominada Autoridad Tradicional Casiyouren en La Guajira, a la que se suma la victoria de AICO en Nariño, MAIS encabeza la votación en la circunscripción indígena para Senado; lo siguen AICO y ASI. Con dichos resultados se tiende a confirmar la permanencia y estabilidad relativa en la palestra electoral de las organizaciones indígenas de mayor experiencia al lado del movimiento indígena, fenómeno observado anteriormente con motivo de las elecciones parlamentarias de 2014 (Laurent, 2015). Por otra parte, fuera de la circunscripción especial, es de notar la participación de la ASI y el MAIS desde la circunscripción ordinaria. Dentro de una lista distinguida como «de la Decencia», que congregaba también Colombia Humana (CH) y la Unión Patriótica (UP), con el respaldo de los exalcaldes de Bogotá, Gustavo Petro y Clara López Obregón, acompañaron la llegada de cuatro elegidos más: Gustavo Bolívar, Aida Abella, Jonatán Tamayo y Gloria Inés Flórez.5
Conductas similares a las observadas dentro de la circunscripción indígena del Senado se vislumbraron desde la Cámara de Representantes. Para dicha corporación también participaron MAIS y AICO, y reunieron las mayores votaciones, al lado de otras organizaciones, de menor recorrido, que igualmente se hicieron presentes (véase Gráfica 2).6 Así las cosas, MAIS consiguió 99 628 votos (25,76%) y ganó la curul para Abel Jaramillo (23 279 votos), del pueblo Emberá-Chami. Por su lado, AICO agrupó 45 966 votos (11,88%).
Fuente: elaboración propia a partir de la Registraduría Nacional del Estado Civil (s. f. b).
Gráfica 2 Votación total por organización política, Cámara de Representantes. Circunscripción Especial Indígena, 2018.
En paralelo, vale la pena resaltar la presencia de las organizaciones AICO, ASI y MAIS en las circunscripciones departamentales, en algunas oportunidades, inscritas por su propia cuenta, en otras, a través de coaliciones. De esta manera, la ASI propuso candidatos -aunque sin éxito- en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Valle, así como para los colombianos en el exterior; asimismo, participó en alianzas electorales en Arauca -Alianza Verde (AV) y la UP-, en Santander -AV y el Polo Democrático Alternativo (PDA), en donde ganó una curul con Edwing Fabián Díaz- y en Sucre -UP, en lista de la Decencia-. La ASI se alió a la Decencia al lado de MAIS en Tolima y en Bogotá, en donde accedieron a cargos María José Pizarro y David Racero. Por su parte, MAIS estuvo en la competición para la Cámara desde Boyacá, en donde ganó una curul el líder campesino Cesar Pachón; igualmente, hizo presencia en Casanare, Guainía y Vichada. Finalmente, AICO inscribió una lista en Santander, la cual no trajo resultados exitosos.
Por último, además de prestarse para la (re)asignación de las curules del Congreso, los comicios de 2018 resultaron llamativos en cuanto al involucramiento de las fuerzas políticas indígenas en el marco de la batalla por la Presidencia.7 De hecho, desde el 11 de marzo de 2018 el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, recibió un aval de respaldo por parte de MAIS para participar, al lado de su fuerza Colombia Humana, en la llamada Consulta de Inclusión Social por la Paz -subrayado propio-. Arrastró 89,64% de la votación frente a su competidor Carlos Caicedo (Colombia. com, s. f.). A la vez, se oficializó su candidatura para la siguiente etapa de la carrera presidencial, igualmente respaldada por la alianza entre su propio movimiento político y la organización en representación del movimiento indígena, aún con la centralidad de la cuestión de «la paz» como trasfondo de los comicios por venir.
1.2 Elecciones presidenciales de 2018: más peleas alrededor de «la paz»
De las duplas inscritas para Presidencia y Vicepresidencia se destacaron posturas a favor o en contra de los Acuerdos del Teatro Colón. Dentro de dicho panel, las fuerzas políticas surgidas del movimiento indígena se ubicaron claramente a favor de la paz y como «antiuribistas». La ASI brindó su aval a Clara López, fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, del Partido Liberal. Por su parte, MAIS se ligó a la pareja Gustavo Petro y Ángela María Robledo (AV) a través de su coalición con la Colombia Humana.
Desde orillas diferentes, dichas candidaturas se identificaron como defensoras de la paz. Humberto de la Calle había ejercido la función de jefe del Equipo Negociador del Gobierno del entonces presidente juan Manuel Santos para los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito Popular (FARC-EP). En repetidas ocasiones insistió en la importancia de cumplir con lo pactado y aseguró, en su lanzamiento a la contienda presidencial, que «volver trizas o modificar el acuerdo de paz es lo mismo» (El Espectador, 2018, enero 30), en respuesta a la referencia de Iván Duque a la necesidad de unos ajustes. Por su parte, ubicado «más a la izquierda», Gustavo Petro se declaró favorable a «acuerdos alrededor de la paz» desde la «bancada alternativa» elegida en el Congreso (Colprensa, 2018, mayo 29).
Al cabo de la primera vuelta, en la que el 27 de mayo llegó en segunda posición con un total de 4 851 254 votos (25,08%), Gustavo Petro propuso la concretización de dicha meta, fundamentándola en una disyuntiva: «Si Colombia vuelve a la violencia o se construye una nueva era de paz» (El Espectador, 2018, mayo 27). Empezó allí la siguiente fase de los comicios presidenciales, desde la cual las organizaciones indígenas otra vez tomaron posición al lado de «su candidato».
Cuatro años antes, en 2014, las organizaciones indígenas respaldaron en su mayoría la candidatura de Juan Manuel Santos contra la de Oscar Iván Zuluaga. La perspectiva defendida fue optar por un «voto por la paz» en contra de «la guerra», más que brindarle un apoyo directo al presidente en ejercicio. De hecho, la paz fue la propuesta de la cual este se había abanderado, paralelo a las negociaciones con las FARC-EP en La Habana. A la inversa, Óscar Iván Zuluaga era reticente a lo que percibía desde la influencia de su mentor, Álvaro Uribe Vélez, como una «paz sin condiciones». Impedir su acceso al poder versaba entonces -entre otros sectores sociales, para los indígenas- en bloquearle la vía a lo que rechazaban como la (re)encarnación de la «extrema derecha» colombiana (Laurent, 2015).
Sin lugar a duda, la cercanía entre Álvaro Uribe e Iván Duque también jugó fuertemente en contra de este último, desde la perspectiva de las organizaciones indígenas. Vale recordar que la designación del candidato presidencial del Centro Democrático (CD) fue potentemente estimulada por el líder máximo del partido y que, al respecto, se cuestionó la idoneidad del seleccionado. Además de invectivas por la poca preparación de Iván Duque -entre otros, alimentadas por especulaciones sobre el carácter artificioso de sus canas (Pulzo.com, 2018, abril 3)-, circuló reiteradamente, tanto entre sus opositores como en medios de comunicación dentro y fuera del país, la idea de que este no sería sino un «títere», cuyos hilos estarían siendo manipulados por Álvaro Uribe (Rozo, 2019, enero 2; Miranda, 2018, junio 17; Semana, 2018, junio 18). Imputación a la que el interesado respondió «ni soy títere, ni él [Álvaro Uribe] es titiritero» (Noticiascaracol.com, 2018, mayo 25) y que incluso llevaría al expresidente a grabar un video selfie para aseverar en su cuenta de Facebook con el cometido de desmentir los rumores:
Compatriotas. El doctor Iván Duque no es títere, yo no soy titiritero. El doctor Iván Duque es brillante, preparado, de gran personalidad, de gran carácter. Tiene esa difícil combinación, firmeza, decencia. Su programa ha sido construido en 35 foros del Centro Democrático -temas especializados- cuando emulaba con sus otros compañeros que aspiraban a la precandidatura, en alianza con la doctora Martha Lucía Ramírez, con el doctor Ordoñez, con Justos y Libres, con MIRA, con la doctora Vivian Morales, con intelectuales, con profesores, con estudiantes, con campesinos, con empresarios, con trabajadores, con el doctor Angelino Garzón, con las bases independientes de muchos partidos políticos. Él será coherente con este programa de gobierno. Nos ha dicho «el futuro es de todos» (Uribe Vélez, 29 de mayo de 2918).
Más allá de este amplio abanico de respaldos a la candidatura de Iván Duque anunciados por Álvaro Uribe, fueron múltiples las detracciones a su protegido provenientes de sindicatos. Así las cosas, el 11 de junio de 2018 fue enviada una comunicación del Comité Ejecutivo de la Central Unificada de Trabajadores (CUT) al candidato del CD, en la que se desmentía un supuesto soporte por parte de las centrales obreras:
En la emisión central del noticiero CM& del pasado 8 de junio, como en varios medios de comunicación televisivos, su campaña y usted afirmaron que las centrales obreras adhirieron a su candidatura. Nada puede ser más lejano a la realidad. Puede ser ignorancia, desprecio o mala fe. La verdad es, señor Duque, que alrededor del 95% del movimiento sindical colombiano agrupado en las tres principales centrales obreras no están con su candidatura (CUT, 2018, junio 11).
Por otra parte, desde el Diálogo Regional por la Defensa y Cuidado de la Vida y el Territorio, convocado el 1.º de junio en Barrancabermeja, se validó el asocio de numerosas organizaciones sociales con Gustavo Petro, según lo establecieron en una declaración conjunta los participantes:
Una futura administración de la Colombia Humana garantizaría la defensa del territorio, la vida, el agua y el camino a la transición energética. Por este motivo, organizaciones y comunidades rurales de distintos lugares del país ratificaron su voto por Gustavo Petro a la Presidencia y Ángela María Robledo a la Vicepresidencia para el 17 de junio (Colombia Informa, 2018, junio 17).
Dicho pronunciamiento reunió a la ONIC y a la nación indígena Uwa al lado de múltiples colectivos: Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), Coordinador Nacional Agrario (CAN), Alianza de Lucha Contra el Fracking, Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), Sindicato de Educadores de Santander, entre otros.
En una dirección similar, Gustavo Petro y Ángela María Robledo abrazaron el 5 de junio, desde la sede de la ONIC, el respaldo oficial de dicha organización y de MAIS para la segunda vuelta presidencial. De nuevo, la paz apareció en el centro de los argumentos a favor de dicha pareja y en contra de sus rivales, entre quienes «quieren hacer trizas los acuerdos» y quienes «quieren continuar por la senda de la superación del conflicto» (Reporteros Asociados del Mundo, 2018, junio 5). A la vez, la pareja «alternativa» acogió el soporte de otras organizaciones indígenas de índole nacional o regional: desde AICO, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT) de la Sierra Nevada de Santa Marta (Soto, 2018, abril 17).
A manera de excepción frente a dicha postura, Germán Vargas Lleras, candidato por Cambio Radical (CR), recibió el apoyo de Samuel Tombo, aspirante del pueblo Nasa al Senado por la circunscripción especial. No obstante, semejante posición fue luego abiertamente rechazada por las autoridades indígenas de la región, las cuales hicieron saber que «en el marco de [la] autonomía, las decisiones colectivas y la lucha por los derechos apoyamos a Gustavo Petro» (CRIC, 2018, abril 25). Residual
2. Iván Duque… #No es mi presidente#
2.1 Redes sociales y oposición desde el Congreso para «La Resistencia»
Unos días antes del primer domingo de elecciones, denunciando la alteración del software de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el conteo de los escrutinios y advirtiendo sobre amenazas de fraude, Gustavo Petro llamó a su electorado a «[salir] a las plazas hasta que no se contaran uno a uno los votos» (Semana, 2018, mayo 20), dictamen frente al cual el entonces ministro del Interior reiteró la importancia de la presencia de los testigos electorales en las mesas de votación e instó al candidato de la Colombia Humana a dejar de hacer invitaciones a la movilización social (Beltín, 2018, mayo 21). Pero Petro también sentó posición pasando el mensaje de «La Resistencia».
El 17 de junio de 2018 Iván Duque ganó finalmente la Presidencia. Frente a él, los 8 034 189 votos reunidos por Gustavo Petro representaron la más alta votación de la izquierda en la historia de Colombia (Semana, 2018, mayo 27). En reacción, fue tomando forma una oposición en contra del presidente recién electo, la cual se afirmó desde escenarios tan diversos como las redes sociales, los recintos del Congreso y las carreteras del país. A esta se asociaron la mayoría de las organizaciones indígenas.
Desde la tarde de la segunda vuelta, el rechazo a Iván Duque se materializó entre los seguidores de Gustavo Petro y Ángela María Robledo. En su primer discurso, el candidato derrotado declaró: «Volveremos para liderar a un pueblo, para dirigirnos desde allí al país y recorrer las plazas públicas. Lo nuestro es la movilización popular» (Alvarado, 2018, junio 18). Simultáneamente, memes y notas se compartieron en las redes sociales, aglomeraciones y manifestaciones tomaron forma en las calles (La Silla Vacía, 2018, agosto 7). Expresaban no solo su descontento, sino también su fuerza. Con hashtags y carteleras se escribía y se gritaba «#IvanDuquenoesmipresidente», «Hoy todos somos resistencia», «Participe con sus comentarios e imágenes, para ser parte de esta gran masa», «#NomásUribe», «#SoylaResistencia», «#LaResistencia saldrá a las calles a defender de la paz», «Re-Sis-Tencia».8 Asimismo, se repitía: «¿Cuál derrota si somos ocho millones de colombianos soñando el cambio?» (De Narváez, 2018, junio 19).
Retomando la alocución petrista: «¿Cuál derrota? Ocho millones de colombianos libres y en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno» (Serafini, 2018, junio 25), se insistía:
8 034 189 corazones somos resistencia. Colombianos y colombianas libres en pie que nos levantamos en resistencia pacífica para garantizar un país humano y con justicia social. Aquí no hay derrota. Las luchas por la paz, por la decencia, por la justicia social y por un equilibrio productivo con la naturaleza serán los ejes de la resistencia democrática. #SomosResistencia (Petro, 22 de junio de 2018).
Paralelamente a las arengas elevadas para mantener activa la resistencia alrededor de la Colombia Humana, fue organizándose también el esquema de una oposición al Gobierno nacional desde el ámbito de la institucionalidad en el marco del Congreso. Al respecto, anunció Ángela María Robledo desde el 18 de junio: «Como todo en democracia: reconocemos esos resultados, pero nos declaramos en resistencia. Esperamos en el Congreso de la República poder estructurar una bancada que nos permita proteger los acuerdos de paz. Y estaremos [listos] para levantar nuestra voz e impedir que se toque el corazón de la Constitución del 91 (De Narváez, 2018, junio 19).
Dicho proyecto se puntualizó con la investidura de Gustavo Petro, en cuanto senador y jefe de la oposición, desde el liderazgo de una bancada agrupada alrededor de la «paz política» y conformada por varios partidos. En esta se aliaron MAIS y AICO, al lado de los Verdes, el Polo Democrático, la UP y la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Encarnada por veinticinco senadores y veintisiete representantes, dicha expresión de la resistencia desde el ámbito legislativo iba a la par con la defensa de la agenda de la paz y, por tanto, de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón, igualmente abanderada por congresistas santistas (Calderón, 2019, julio 23; Nodal, 2018, julio 21). Vale resaltar que, por el contrario, la ASI integró el bloque gubernamental alrededor de Iván Duque, al lado del CD, el Partido Conservador, el Partido de la U, así como las fuerzas cristianas MIRA y Colombia Justa Libres.9
2.2 Resistencia -indígena-, 2019
Fuera del carácter coyuntural que imprimió el contexto posterior a las elecciones presidenciales de 2019 con el llamado de la Colombia Humana a la resistencia, vale recordar que esta ha sido una constante de las luchas indígenas. Tras declararse en contra de la conquista española y la colonia, también se manifestó periódicamente en la historia republicana desde liderazgos como el de Manuel Quintín Lame en las primeras décadas del siglo xx, hasta las mingas en el periodo posterior a la adopción de la Constitución de 1991. De hecho, en años cercanos, estas últimas han sido llevadas con miras a manifestar rechazos frente a actores, políticas y proyectos que ponen en peligro la autonomía relativa de los pueblos indígenas, supuestamente garantizada por la Carta Magna. A la vez, se ha convocado un abanico de organizaciones -indígenas, afrodescendientes, campesinas, obreras, estudiantiles, ambientalistas, feministas y de mujeres, entre otros- a favor de la construcción conjunta de alternativas políticas, económicas y socioculturales para una mejor sociedad (Laurent, 2005; 2010).
De manera llamativa, una de estas movilizaciones fue precisamente organizada como marca de oposición a la presidencia de Iván Duque. A los pocos meses de su elección, a partir del 10 de marzo del 2019 y por cuatro semanas, comunidades indígenas del suroccidente colombiano se agruparon alrededor de la vía Panamericana entre las ciudades de Popayán y Cali para llevar una minga. Al respecto, explicaron sus participantes, «proponemos al país creer y construir el proyecto de vida colectivo para el buen vivir de los pueblos, pues el actual nos impone muerte y afecta los planes de vida de todas y todos» (CRIC, 2019, marzo 14).
En meses anteriores, desde agosto de 2018 y de nuevo en febrero de 2019, las autoridades indígenas, en asocio con otras organizaciones sociales y populares, invitaron a Iván Duque al Cauca para un debate. Aunque las cartas enviadas quedaron sin respuesta, luego hicieron saber que lo esperaban el 12 de marzo. Dicho día, el presidente envió a sus ministros, pero él nunca llegó. En signo de descontento, la minga indígena se encaminó hacia la vía Panamericana para bloquearla durante veinticinco días. Posteriormente, siguió en asamblea permanente para esperar al primer mandatario. Este finalmente anunció su ida al Cauca y estuvo varios días en dicho departamento para reunirse con autoridades locales (CRIC, 2019, abril 6; El País, 2019, abril 7). Paradójicamente, la cita con la minga resultó en desencuentro. El 9 de abril, aduciendo medidas de seguridad en el municipio de Caldono, Iván Duque dejó que la minga lo esperara en la plaza principal del pueblo y no se presentó (CRIC, 2019, abril 9; Semana, 2019, abril 9).
Unos meses después de dicho desplante, volvió a hacerse manifiesta la resistencia indígena y, con ella, la demostración de la oposición al Gobierno nacional a partir del 21 de noviembre de 2019. Desde esta fecha y hasta entrar en el periodo de fiestas de fin de año, tuvo lugar una destacada etapa de la movilización social en el país, con el llamado Paro Nacional, congregado alrededor de una serie de protestas y reivindicaciones «contra el paquetazo de Duque, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial», y «por la vida y la paz» (CUT, 2019, noviembre 24). Acciones a las que se aliaron las organizaciones indígenas.
Se trataba entonces de enfrentarse al gobierno Duque, sus reformas económicas -laboral, tributaria y pensional- y su falta de compromiso frente al tema de la paz y al derecho a la protesta social, en un contexto que atestiguaba una preocupante cantidad de activistas sociales asesinados. Durante cuatro semanas, además de ser exhortada desde el Comité Nacional de Paro, la vía de la contestación fue apropiada por numerosos sectores de la ciudadanía que, desde campos y ciudades, con marchas en las calles y cacerolazos desde las casas, hicieron públicos su preocupación y descontento. A la vez que se propugnaba por un replanteamiento de las relaciones políticas, económicas y sociales, iban rechazándose los resultados de las urnas del año anterior (Calderón, 2019, julio 23).
Frente a semejantes exigencias, es sugestivo considerar el carácter contencioso de la política desde la experiencia indígena. En palabras de Sidney Tarrow y Charles Tilly (2008): «[La política contenciosa está] hecha de interacciones en las que actores elevan reivindicaciones relativas a los intereses de otros actores, lo que conduce a la coordinación de esfuerzos en nombre de intereses o de programas compartidos, [a la vez que] el Estado está involucrado, en cuanto destinatario, instigador o tercera parte» de dichas interacciones (pp. 20-21).
La movilización electoral no se traduce en la desaparición de las reivindicaciones indígenas a partir de su inserción en el «sistema». Sin duda, queda la fuerza de la movilización directa, pero a la inversa, el recurso a esta última y su expresión, más allá de los canales institucionales, no significa el desinterés por la participación electoral (Laurent, 2005; 2010). Al respecto, vale subrayar, entre las elecciones presidenciales de 2018 y el paro nacional que surgió unos meses después, cómo otros comicios motivaron a una serie de candidaturas -y algunos resultados decisivos- entre las organizaciones políticas indígenas: los 2019 de autoridades subnacionales.
3. Disputas electorales, última ronda, octubre de 2019
3.1 Ser más para ganar más…
Con motivo de las elecciones de octubre de 2019 volvieron a confirmarse una serie de tendencias perceptibles desde años atrás (Laurent, 1997; 2005): afianzamiento de las fuerzas políticas asociadas -aunque en distintos grados- al movimiento indígena, en algunos casos con especial potencial desde el ámbito subnacional; rivalidades y competencias por los mismos cargos; y apuestas por hacer alianzas con otras agrupaciones políticas.10
En total, fueron 1093 los candidatos que se presentaron para las Alcaldías del país en nombre de AICO, MAIS y ASI, mientras que cuatro años antes se registraron 695 por las mismas organizaciones. Se pasó de 16 387 candidaturas para Concejos en 2015, a 18 712 en 2019, y de 521 a 655 las de las Asambleas Departamentales. Igualmente, aumentaron las aspiraciones para las Gobernaciones: 34 en 2015 y 51 en 2019. Como ya es habitual desde la década de 1990, dicha movilización se concentra, por una parte, en los departamentos que sobresalen como cuna de los procesos organizativos indígenas: principalmente, Cauca, Nariño, Tolima, Antioquia y Chocó; también la Amazonia, la Orinoquia, Córdoba y Sucre. A la vez, sobresalen ambiciones de conquista electoral -notables desde un pasado relativo- en zonas que por el contrario pueden considerarse como más alejadas de las luchas indígenas: Bogotá y Cundinamarca, los Santanderes, Huila, Valle, incluso San Andrés y Providencia.
Así como aumentaron las candidaturas, ascendió la cantidad de elegidos con respaldo de AICO, MAIS y ASI. Se registraron victorias en 259 Alcaldías en 2019 -luego de las 122 en 2015- y 1604 concejales -en vez de los 1413 en 2015-. Asimismo, las candidaturas ganadoras para las Asambleas Departamentales se extienden de 23 a 41 entre 2015 y 2019. Finalmente, el total de Gobernaciones llevadas por dichas organizaciones pasa de 9 en 2015, a 14 en 2019. Entre estos resultados merece mención especial la elección de Mercedes Tunubalá por AICO en Silvia, Cauca, la primera mujer del pueblo Misak a la cabeza del municipio. También es de anotar que AICO se incorporó a equipos ganadores para las gobernaciones de Huila y de Meta, así como, entre otras, para las Alcaldías de varias capitales departamentales: Mitú, Mocoa, Puerto Inírida y Riohacha. Además de ganar la Alcaldía de Armenia, MAIS estuvo asociado a logros similares, compartidos a través de coaliciones, como las Alcaldía de Riohacha y Villavicencio, y las Gobernaciones de Arauca, Caldas, Cundinamarca y Meta. Por su parte, la ASI contó entre sus conquistas las Alcaldías de Yopal y de Providencia, e integró coaliciones victoriosas en las Gobernaciones de Bolívar, Cundinamarca, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y San Andrés, así como para la capital departamental de Boyacá.
3.2 …Pero ganar más no siempre es ganar mejor
Si bien el aumento de las candidaturas se tradujo en una mayor cantidad de elegidos a en los ámbitos nacional y subnacional, para AICO, ASI y MAIS predominó un cuestionamiento relativo a las numerosas coaliciones que realizaron para lograr semejantes fines. De hecho, dichas uniones se pactaron con las más variadas propuestas políticas. En algunos casos, los acercamientos se dieron solo entre estas tres agrupaciones, por ejemplo: para competir para la Gobernación del Amazonas, a la Asamblea Departamental de Santander, a Alcaldías y Concejos en todo el país. Sin embargo, igualmente se han contabilizado otras alianzas de diversa índole y para todo tipo de cargos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Algunas han ido pactándose entre estas mismas organizaciones y partidos considerados como progresistas, de inspiración «étnica» o de la izquierda, con los cuales se puede considerar una proximidad relativa, ratificada o potencial: Colombia Humana, Polo Democrático y Alianza Verde, incluso la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) y Partido Renaciente. Pero otras se han sellado con partidos «tradicionales» o considerados «muy a la derecha», con los cuales se puede suponer una menor cercanía ideológica: Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical, incluso el Centro Democrático y Colombia Justa Libres.
Además, en varias oportunidades dichas coaliciones a las que se adhirieron las fuerzas políticas indígenas se han formulado con base en múltiples declinaciones. Unas correspondieron a asociaciones restringidas, por ejemplo, la que ligó solo a la ASI y a Colombia Justa Libres para una victoria a la Gobernación de Risaralda. Otras fueron mucho más amplias, tales como la coalición «Gran Cundinamarca» que ganó la Gobernación de dicho departamento con el apoyo de la ASI, MAIS, Cambio Radical, el Partido Conservador y de la U contra otra coalición, la de la «La gran Alianza por una Cundinamarca Líder», apoyada por AICO, la ADA y el Centro Democrático. Así las cosas, no dejan de llamar la atención algunos de estos pactos entre AICO, ASI y MAIS y fuerzas políticas que afirman abiertamente su respaldo a Iván Duque, su gobierno y sus políticas.
En el mismo orden de ideas, los comicios de 2019 revelaron como la ASI, la AICO y el MAIS no escaparon a denuncias formuladas en contra de una larga lista de 98 candidatos -sobre 236- monitoreados en 27 departamentos, cuestionados por corrupción o por vínculos con la parapolítica o con variadas fuerzas ilegales (Fundación Paz y Reconciliación, s. f.). Tal situación estuvo a la par de la poca disciplina partidaria y de una generosa -y poco selectiva- repartición de avales, un fenómeno periódicamente señalado desde hace años por los efectos negativos que trae, desde una conexión precaria entre fuerzas políticas, elegidos y electores y, por ende, bajos grados de representación (Laurent, 2005; El Espectador, 2019, agosto 15; Soto, 2019, mayo 8).
Reflexiones finales
La serie de elecciones y movilizaciones directas realizadas entre 2018 y 2019 reflejó la combinación de múltiples expresiones políticas indígenas, entre urnas y mingas; a la vez, reveló la insistencia de las organizaciones indígenas en defender los principios del Acuerdo de Paz. Al respecto, es importante recordar que, poco antes de las elecciones de autoridades locales de 2019, la cantidad de asesinatos de líderes indígenas fue alarmante. Según un estudio realizado en el marco del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) (González, 2019, octubre 12), las cifras registradas al respecto ascendían a 184 entre el 2016 y septiembre de 2019, de los cuales 157 fueron luego de la firma del Acuerdo de Paz y 81 durante la presidencia de Iván Duque. Por esto mismo, advertiría la ONIC (2019, octubre 12) en la fecha aniversario del controvertido «descubrimiento de América»: «nada que celebrar». Con ello, se denunció 527 años de un genocidio que inició con la invasión a los territorios indígenas. En respuesta, la organización recordó el proceso de resistencia emprendido a lo largo de los siglos y llamó a su refuerzo con el hashtag #ResistenciaIndigena: «Hoy en Colombia, el genocidio y las afectaciones a nuestros DDHH siguen vigentes, pero hemos resistido, hemos luchado y lo seguiremos haciendo con nuestros bastones de mando en alto y la fuerza espiritual de los 106 Pueblos Indígenas. ¡Que nuestro silencio se convierta en un solo grito de dignidad!».
Por un tiempo, la aparición de la pandemia de Covid-19 y las medidas de cuarentena decididas en los ámbitos nacional y subnacional contribuyeron a frenar la protesta social; no obstante, el segundo semestre de 2020 fue testigo de su reactivación, en el caso indígena, a través de la denominada Minga del Suroccidente. De nuevo, la movilización se ofreció como una oportunidad para los diálogos, «donde convergen pueblos indígenas, afros, campesinos y organizaciones sociales y populares del suroccidente colombiano» (CRIC, 2020, octubre 20). Desde dicha perspectiva, en octubre de 2020 -como en abril del 2019- la minga respaldó una reactivación del Paro Nacional. Y ya que los asesinatos de activistas indígenas no pararon (González, 2020, junio 9; Indepaz, 2021, noviembre 14), tampoco se redujo la oposición y el cuestionamiento a Iván Duque. Desde las autoridades indígenas, se profirió contra él una sentencia «por el incumplimiento a las garantías de protección en la defensa de la vida, la paz, el territorio y la democracia» (CRIC, 2020, octubre 20). Finalmente, se volvió a visibilizar la minga entre abril y junio, así como en diciembre de 2021, en el marco del estallido social de Colombia ocurrido este año (Hernández, 2021, junio 7; CRIC, 2021, noviembre 30).
En tal contexto de transición aún incierto, el tema de la implementación del Acuerdo de Paz se mantiene en el centro de la contienda política y sus expresiones desde los pueblos indígenas. Sustento de varias de las dinámicas que los animan, sigue revelando múltiples retos y permanece como motivo para su resistencia. Tal como lo planteaba la Minga de 2019, aún para un largo rato: «por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz».
