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Introducción
El desplazamiento no es una decisión individual tomada con el propósito de aprovechar los miserables programas sociales de países ricos. Los proyectos de migración individual no comienzan el día que una mujer con su hijo o hija adolescentes cierra la puerta tras de sí para ir a Estados Unidos con la esperanza de evitar que su hijo se una a la mara o que su hija sea secuestrada y traficada. La migración en masa es el resultado residual de una estrategia para deshabitar espacios geográficos ricos en recursos naturales mediante la instrumentalización de tecnologías de muerte que son a su vez lucrativas para la economía criminal, como la violencia criminal y de pandillas, y el tráfico sexual, de órganos y de drogas. Una vez producida, se utiliza la legislación y las instituciones del asilo para gestionar la movilidad, criminalizando e impidiendo el tránsito y la reubicación de las personas desplazadas por los proyectos extractivistas. La migración forzada, pues, no es fortuita: se produce y administra.
El objetivo de este artículo es argumentar y fundamentar la teoría del proceso necropolítico de la migración forzada, es decir, el conjunto de políticas, leyes, instituciones, discursos políticos y mercados legales e ilegales encaminados a producir ganancia de la muerte y del desplazamiento de personas en un contexto legal en el que la devastación de los hábitats es legal pero la movilidad es un delito. El proceso necropolítico de migración forzada se basa en la construcción paulatina de aparatos burocráticos, discursos, políticas y estrategias que garantizan que la gente pobre y racializada deje de ser un obstáculo para el capitalismo extractivista y el hiperconsumo. Esos aparatos instrumentalizan el terror político y criminal para matar a las comunidades que se oponen y dejar morir a quienes sobreviven y logran desplazarse en busca de protección internacional o un hábitat vivible.
Para desarrollar esta propuesta teórica, el artículo primero examina la idea poscolonial del necropoder y se propone que no solo está en el tercer mundo, sino en el primero también, expresado en países como Estados Unidos, pero también en instituciones supranacionales dominadas por el primer mundo.1 Luego se caracterizan las facetas de la producción y la administración de migración forzada, analizando cada una de sus necropolíticas que se ejemplifican con el caso de México y la migración trasnacional en sus fronteras norte -producción- y sur -administración-.
1. Entendiendo el espacio neocolonial del necropoder
A Achille Mbembe (2011) se le atribuye el concepto de necropolítica. Afirma que la proliferación de armas y la existencia de mundos de muerte en África son un indicador de que existe una política de la muerte - necropolítica- en lugar de una política de la vida -biopolítica-. Mbembe examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el estado de excepción es permanente. Para él, «la última expresión de la soberanía reside en el poder y en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede morir» (p. 19). Matar y dejar vivir constituyen los límites de la soberanía, sus atributos fundamentales. Ejercer la soberanía es «ejercer el control sobre la mortalidad y definir la vida como la demostración y la manifestación del poder» (p. 20).
El espacio neocolonial es fundamental para distinguir la biopolítica de la necropolítica porque el espacio es la materialización de la violencia neocolonial (Fanon, 2012). El espacio social es una construcción social que permite entender cómo el poder ordena y organiza la geografía en función de la clase y de la acumulación de capital en un tiempo determinado (Harvey, 2006, pp. 135-146; Lefebvre, 2013), y cómo los sujetos lo perciben y viven según sus experiencias previas y sus individualidades racializadas y de género (Massey, 2008, p. 262). El espacio social se vuelve neocolonial a partir de lo que Edward W. Soja (2009) denomina «la organización política del espacio», es decir, la injusticia espacialmente determinada por la nacionalidad, la raza, la etnia, el género y la clase.
Los lugares en los que se lleva a cabo la extracción de recursos naturales, la segregación legal de minorías -guetos-, el encierro masivo de sujetos racializados -cárceles y centros de detención de migrantes- y actividades criminales de gran escala -narcotráfico, trata sexual y tráfico de personas- son de injusticia espacial donde se materializa la violencia neocolonial, es decir, la relación de dominio en la que unos extraen y otros son desposeídos. Si el espacio neocolonial es un factor que distingue al necropdoer del biopoder, esto implica que el necropoder no es exclusivo de las geografías del tercer mundo, ni que en el primer mundo el poder sobre la vida y la muerte se ocupe solo de crear estilos de vida en los países del primer mundo y sus instituciones supranacionales e internacionales. El derecho y no el estado de excepción son tecnologías que contribuyen a la creación de esa espacialización necropolítica neocolonial.
La filósofa eslovena y crítica de arte Marina Gržinić (Gržinić y Tatlić, 2014), la escritora española Clara Valverde Gefaell (2016), la académica estadunidense Lauren Berlant (2011), las feministas Naa Oyo Kwate y Shatema Threadcraft (2017), y el pedagogo canadiense Henry Giroux (2009; 2014) han adaptado el pensamiento necropolítico a realidades del primer mundo. Ellos han utilizado el concepto del necropoder para analizar la administración de la muerte en el así llamado segundo mundo -países exsocialistas- y el cuarto mundo -espacios urbanos donde habitan los migrantes, los extremadamente pobres y las minorías étnicas-. En estos contextos, el necropoder instrumentaliza la enfermedad, el abandono social, el encierro y el acoso policiacos racialmente determinados, y las fronteras legales y simbólicas (Berlant, 2011; Giroux, 2014, abril 8; Gržinić y Tatlić, 2014; Valverde, 2016; Kwate y Threadcraft, 2017).
En primer lugar, Gržinić y Tatlić (2014) afirman que la biopolítica es la conceptualización específica de la gubernamentalidad neoliberal exclusivamente reservada para el primer mundo, pues en el segundo mundo -el de los países ahora exsocialistas- y en el tercer mundo -Asia, África y América Latina- el capital ha transformado la regulación de la vida en la regulación de la muerte dentro de condiciones extremas. La necropolítica transforma la perspectiva de la regulación de la vida en regulación de la muerte, haciendo de la vida una simple existencia debajo del nivel de vida más básico. Para Gržinić y Tatlić (2014) hay diferencias significativas entre biopolítica y necropolítica. Con la primera se controla la vida para garantizar un «buen estilo de vida», mientras que con la segunda se abandona la estructura de regulación de esta -servicios de salud y educativos-, y lo que se controla, usa y capitaliza es la muerte a través de la máquina de guerra.
En segundo lugar, Giroux (2009; 2014, abril 8) define a Estados Unidos como una suerte de necropoder cuando lo compara con un zombie, un ser que «está hipermuerto pero sigue vivo como un avatar de la muerte y la crueldad». Para él, el zombie proporciona:
Una metáfora apta para una nueva forma de autoritarismo en el que la autogratificación imbécil se convierte en una norma sancionada, y los asuntos públicos colapsan en el ámbito de la ira y la rabia privatizadas. La ley del mercado ofrece al hipermuerto una oportunidad de ejercer un poder sin precedente en la sociedad americana, reconstruyendo la cultura cívica y política casi completamente al servicio de una política que alimenta la división amigo/enemigo (Giroux, 2009, p. 2).
En tercer lugar, Berlant (2011) retoma la idea de soberanía de Mbembe para proponer que en Estados Unidos las minorías raciales son condenadas a una «muerte lenta». La muerte lenta se refiere al «desgaste físico de una población, en el sentido de su deterioro físico, entendido como la condición que determina su experiencia y su existencia histórica» (p. 117). Berlant ejemplifica la muerte lenta con la obesidad dentro de la comunidad afroamericana.
En cuarto lugar, Kwate y Threadcraft (2017) retoman a Mbembe al proponer el concepto de «morir lento» para describir los factores difusos y ambientales de la política policial de «parar y cachear», lo cual empieza con simples encuentros individuales y escala hasta abarcar toda la comunidad afroamericana, produciendo cuerpos disfuncionales que esperan la muerte.
En quinto y último lugar, Valverde (2016) afirma que el neoliberalismo ha desmantelado el Estado social en España a través de la gubernamentalidad neoliberal, el estado de excepción y las técnicas de autogobierno. Esto lleva automáticamente a la necropolítica, la cual define como una política en la cual la vida es objeto de «cálculos, se deja morir a los no rentables (dependientes, enfermos crónicos, ancianos, personas sin techo) y se los culpa de su propia situación, de ser una carga para la sociedad y de no ser emprendedores» (p. 23). En estricto sentido, la definición de Valverde es incorrecta, pues está definiendo rasgos de la biopolítica, en particular, lo que Foucault denominó «tanatopolítica». Al respecto, Jemima Repo (2016) afirma que la tanatopolítica es la parte oculta y criminal de la biopolítica, la que administra la muerte bajo el imperativo racista de dejar morir. Para efectivamente conceptualizar un necropoder del primer mundo, Valverde tendría que haber enfatizado el consorcio de poder estatal con entidades privadas produciendo o sacando ganancia de la muerte. En vez de eso, ella analiza la tanatopolítica de la gubernamentalidad neoliberal de la seguridad social.
Lo que distingue a la necropolítica de la biopolítica no es la parte de «hacer morir», sino el análisis de poder y estructural de la relación entre poder colonial y sujetos y naciones subalternos en espacios y geografías de la neocolonialidad, las actividades extractivistas que se benefician de la muerte de los pobres y los sujetos desechables (Estévez, 2018b). Esto es lo que falta en el análisis de Valverde. Sin embargo, es de reconocerse que ella, en contraste otros colegas del primer mundo, enfatiza una característica que es central para diferenciar el necropoder del primer y tercer mundos, y entender el papel del derecho para el necropoder en países ricos: la espacialización neocolonial de la violencia y la desechabilidad a través del Estado de derecho, en vez del estado de excepción.
Los que controlan la ciudad por medio de las leyes, la policía, y que además son dueños del suelo, de los edificios y negocios hacen todo lo posible para que su uso social y comercial sea el «legítimo», o sea, el que les dé beneficios. Al mismo tiempo controlan y manipulan la acción social. Los que tienen el poder definen qué significa cada espacio, quién puede utilizarlo y excluyen a los que llevan a cabo las acciones consideradas «malas» (como dormir en un cajero). A través de leyes y normas (las normas son más dañinas que las leyes porque no están escritas y están interiorizadas por gran parte de la población), se define cómo se debe utilizar el espacio para reforzar «lo que está bien» y lo «que está mal» para imponer la ideología neoliberal y el «sentido común» (Valverde, 2016, p. 28).
En lo que en este artículo concierne, se busca teorizar el necropoder del primer mundo partiendo también de Mbembe y su visión de la soberanía como el poder de administrar muerte, y de la consideración espacial de Valverde; sin embargo, se asume que este necropoder no se aplica a través de la ilegalidad, la criminalidad o el estado de excepción como en países del tercer mundo; asimismo, se deslinda de las teorizaciones discutidas hasta ahora que conceptualizan la soberanía de administrar muerte como una serie de tecnologías de dominación y de autogobierno dirigidas a los cuerpos racializados para abandonarlos, amenazarlos y exterminarlos paulatinamente, instrumentalizando el odio y la crueldad social para lograrlo.
Aquí se propone que el necropoder del primer mundo es la soberanía de administrar muerte a través de la adherencia al Estado de derecho y a la espacialidad neocolonial que este crea o enfatiza, no simplemente para disciplinar o aniquilar cuerpos racializados, sino para lucrar con su muerte o las condiciones que eventualmente derivan en muerte. Es la aplicación del Estado de derecho para la subjetivación y creación de espacios de neocolonialidad que reproducen capital a partir de la criminalización que deriva en encierro y odio, el abandono que conduce al uso de drogas y enfermedades, y el envenenamiento y erosión de hábitats que lleva a condiciones de salud adversas y crónicas.
Aquí se sostiene que el necropoder en los países ricos y sus instituciones globales es el poder soberano de hacer morir según las líneas de clase, raza, etnia, nacionalidad, género y clase, no dentro de estados de excepción, sino bajo el imperio de la ley. Se denomina a este necropoder del primer mundo el necropoder del imperio de la ley, porque los países del primer mundo y las instituciones de la gobernanza global que controlan dicen orientar sus acciones con los principios legales del Estado de derecho: responsabilidad, leyes justas, gobierno abierto, justicia accesible. Las políticas y decisiones del necropoder del primer mundo podrían no ser justas ni humanas, pero siempre son legales. En el primer mundo y sus instituciones, el necropoder trabaja no por encima ni por debajo de la ley, sino a través de ella. Al igual que la necropolítica en el tercer mundo, el necropoder del imperio de la ley conduce a situaciones que conducen a la muerte, como la deportación de refugiados y el cierre de fronteras seguras. Hacer morir es legal.
El necropoder del imperio de la ley tiene tres características: el formalismo legal basado en la primacía del principio pro morituri como medio de interpretación; su implementación nacional mediante la legitimidad impuesta por la gobernanza global; y la producción nacional e internacional de normas y categorías legales que justifican y legitiman medidas que conducen a la muerte, necropolíticas como el despoblamiento forzado. El formalismo legal se refiere a las formas en que el razonamiento legal y la resolución de disputas informan un sistema liberal de deducción legal, requiere de principios básicos en un área determinada del derecho y resolver la disputa mediante un razonamiento deductivo basado en los principios iniciales (Clark, 1985, p. 42).
Los discursos legales liberales destacan la importancia de la individualidad y la vida al interpretar la ley bajo el principio consuetudinario pro persona, es decir, interpretar la ley de tal forma que aporte el mayor beneficio a los sujetos legales. En cambio, el necropoder del imperio de la ley se adhiere al formalismo legal, pero legisla e interpreta las normas a través de un principio legal necropolítico que aquí se denomina pro morituri, es decir, la interpretación jurídica que prioriza condiciones legales que conducen a la muerte y no a la mayor protección para el individuo. Al igual que el supuesto saludo de los gladiadores al César -morituri te salutant-, el necropoder del imperio de la ley legisla e interpreta la ley a través de normas y políticas que conducen a las personas a escenarios mortales, como leyes que facilitan la deportación, cierre de fronteras y militarización, expulsiones masivas, vulnerabilidad infantil debido a la separación familiar y exposición a enfermedades y violencia.
2. La producción necropolítica de la migración forzada
La migración masiva es el resultado residual de estrategias de producción capitalista que los necropoderes utilizan para deshacerse de la gente que habita geografías ricas en recursos naturales renovables y no renovables mientras se benefician de tecnologías mortales como la violencia criminal y de pandillas, y la violencia sexual y de género, las cuales producen muerte lucrativa de hombres y mujeres diferenciadamente. La estrategia principal es el despoblamiento forzado que se da a través de actividades extractivistas centradas en la minería, el fracking y la explotación forestal, como se ejemplificará con el caso de México.
El despoblamiento forzado es la necropolítica que tiene el fin de deshabitar geografías ricas en recursos naturales renovables y no renovables para su explotación. La migración forzada es solo una de las muchas formas usadas en el proceso de despoblar geografías ricas en recursos naturales, fundamentalmente hidrocarburos y minerales. El necropoder que opera aquí incluye a las oligarquías político-económicas y a las corporaciones trasnacionales con sede en esos países. Es un proceso que comienza con proyectos estructurales y de acumulación, a menudo facilitados por la policía o las actividades del crimen organizado, los cuales desplazan o finalmente matan a las personas. Los desplazados forzosos están más expuestos a las pandillas, el crimen organizado y la violencia sexual mientras están en tránsito.
El despoblamiento forzado es el contexto social y político de lo que Bobby Banerjee (2008) denomina necrocapitalismo, es decir, las prácticas capitalistas o formas de acumulación que involucran desposesión, muerte, suicidio, esclavitud, destrucción de hábitats y la organización y administración general de la violencia. Aun cuando el Estado sigue siendo clave en asegurar la acumulación originaria, no existe una línea clara que divida a este del mercado, pues las fuerzas armadas operan en función de garantizar el capital.
De acuerdo con Mbembe (2000), este tipo de economía es propia de las relaciones de poder coloniales: «En las regiones del mundo situadas en los márgenes de las mayores transformaciones tecnológicas contemporáneas, la deconstrucción material de los marcos territoriales existentes va de la mano con el establecimiento de una economía de coerción que tiene como objetivo destruir poblaciones “superfluas” y de explotar materias primas» (p. 284). Para que este tipo de economía prospere, la «emasculación» del Estado y la aparición de diferentes grupos armados que tienen como objetivo a los civiles son necesarios.
El despoblamiento forzado ocurre en México, empezó en 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Para 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo, la militarización ya estaba generalizada, al igual que la muerte. Tiroteos, decapitaciones, secuestros y masacres en los que participaron autoridades gubernamentales y bandas rivales se volvieron frecuentes, mientras que secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones, feminicidios, violaciones y masacres de civiles se convirtieron en hechos cotidianos. Cuando Peña Nieto dejó el cargo en 2018 la cantidad de muertos (2006-2018) llegaron a 250 000, con casi 40 000 personas reportadas como desaparecidas (Suárez, 2019, febrero 4). Desde que el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018, durante 2019 la violencia en México continuó sin cesar: 34 582 muertes. Ese año terminó siendo el más violento y sangriento de México desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico (Rivera, 2020, enero 21). Las últimas tres administraciones presidenciales han afirmado que las bandas criminales fueron las únicas responsables de estas brutalidades e invirtieron abundantes recursos en seguridad, así como en reformas judiciales y constitucionales, entre otros cambios diseñados para abordar la impunidad y la corrupción.
Sin embargo, ninguna de las medidas impidió la migración forzada hasta 2016. De 2006 a 2016, los mexicanos solicitantes de asilo sumaron 111 176 (Estévez, 2018a). Tan solo en 2015, 51% de las nuevas solicitudes de asilo en Estados Unidos provinieron de México. Esta cifra es equivalente a 19 300 personas (Acnur, 2017), de las cuales solo 657 tenían un asilo afirmativo y 204 un asilo permanente. A finales de 2019, 345 000 personas fueron desplazadas debido al conflicto y la violencia criminal. Solo en 2019 hubo 7100 (IDMC, 2020). La mayoría de las personas desplazadas vivían en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Guanajuato Baja California, Veracruz y Coahuila (CNDH, 2016). Coincidentemente, todas estas son geografías ricas en minerales, petróleo y nuevas fuentes de energía renovable como el petróleo y el gas shale.
Chihuahua alberga la ciudad fronteriza de Juárez, hogar del Cártel de Juárez y la ciudad más violenta del mundo entre 2009 y 2010 (Ortega, 2010, enero 11). El cartel de Los Zetas y el cartel del Golfo controlaban Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas (BBC, 2014, febrero 10). Los Zetas son responsables de miles de las más de 61 000 desapariciones forzadas en el país (Souza, 2020, enero 6) y el Cártel del Golfo tenía a sus líderes protegidos por políticos locales (Rodríguez, 2016, octubre 12). Tan solo Veracruz ocupa el cuarto lugar en la lista de reservas mundiales de gas shale y tiene el peor historial del país en violencia contra periodistas (Aristegui Noticias, 2016, agosto 4).
La mayoría de estos estados se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México, a lo largo del lado mexicano de una importante fuente de gas shale en Texas conocida como Eagle Ford Shale Basin -Cuenca de Burgos, en el lado mexicano-. Un problema crítico de la explotación del gas shale son los costos medioambientales, porque el proceso implica una técnica conocida como fracking, la cual utiliza entre 7.6 y 15 millones de litros de agua y productos químicos muy contaminantes (Bessi y Navarro, 2015, diciembre 6). La explotación de gas en México se intensificó poco después de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que permitió a la petrolera estatal Pemex otorgar la participación parcial de corporaciones estadounidenses como Delta y Halliburton. La infraestructura para la explotación de gas shale se expandió en Chihuahua, pero no en la medida en que lo hizo en Texas o incluso en el estado fronterizo de Tamaulipas (Correa, 2018, p. 335). No obstante, la explotación de gas de shale en la Cuenca de Burgos requiere agua para 27 000 pozos. El agua ya es un recurso escaso en la zona y su uso para el fracking afecta las fuentes de agua y otras actividades productivas como la agricultura. La escasez de agua está provocando un aumento de las protestas sociales (Grillo, 2014, abril 29). El Gobierno mexicano ha realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas shale en el estado de Tamaulipas, «realzando aún más la importancia de la región y ubicándola como un área estratégica para los hidrocarburos a nivel mundial» (Correa, 2018, p. 335).
Existe una coincidencia espacial entre la desigualdad económica y los flujos globales -la industria maquiladora, la extracción y venta de hidrocarburos, la migración y el crimen organizado transnacional- en los municipios más pobres y violentos de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila -Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ojinaga y Ciudad Juárez (Correa, 2015). En el caso del norte de México, las élites han provocado violencia deliberadamente para obligar a las corporaciones a contratar seguridad privada. La violencia del crimen organizado ha desplazado a miles de personas que huyeron a Texas -San Antonio, Austin, Houston, McAllen, Mission o Dallas- (Correa, 2018, p. 337). La mayoría de las víctimas del desplazamiento forzado en México son precisamente personas que resisten la pobreza, la violencia y la devastación ambiental: agricultores, comunidades con economías de autoconsumo, activistas ambientales y de derechos humanos, propietarios de pequeñas empresas, políticos locales y funcionarios gubernamentales y periodistas (CNDH, 2016).
Una cantidad significativa de desapariciones forzadas y asesinatos en estas áreas involucran al Ejército y a bandas criminales. El feminicidio también ha florecido en estos estados, con el infame caso de Ciudad Juárez en Chihuahua para confirmarlo (Monárrez, 2009). Las mujeres están en la primera línea del activismo ambiental, como Josefina Reyes Salazar, activista por el medio ambiente y los derechos de las mujeres en el Valle de Juárez asesinada en 2010. Sicarios encapuchados la mataron junto con familiares debido a su oposición a la militarización de su ciudad, ubicada en un área rica en gas shale que los tejanos querían para un vertedero nuclear en la década de 1990 (Tokar y Oliver, 1998). Se ha demostrado el vínculo entre asesinatos, desapariciones forzadas, feminicidio y desplazamiento con la extracción de gas shale en Juárez (Correa, 2015; Mayorga, 2014, agosto 21).
3. La administración necropolítica de la migración forzada
Una vez que producen las condiciones para que exista la migración forzada, los necropoderes del imperio de la ley conducen a los migrantes a través de geografías de muerte donde una red de estados necropolíticos permiten que las bandas criminales contrabandeen, trafiquen, extorsionen y, en última instancia, maten a los migrantes forzados. Aquellos que no mueren en el camino tienen que enfrentar sistemas de asilo y migración de los necropoderes del imperio de la ley bajo el principio legal necropolítico pro morituri. De esta forma, la administración necropolítica de la gestión migratoria contiene tres estrategias: la espacialización necropolítica trasnacional del régimen internacional de asilo y migración; la aplicación de las leyes de asilo pro morituri a través de los sistemas nacionales de asilo; y el desahucio de migrantes deportados y futuros refugiados en los bolsones de desechabilidad.
3.1 Espacialización necropolítica trasnacional del derecho internacional de asilo
Europa ha cerrado progresivamente sus fronteras continentales, lo que ha obligado a los migrantes a optar por rutas y países de destino definidos por la disponibilidad en lugar de la proximidad o los lazos culturales. Las rutas transatlánticas están disponibles debido a una red transnacional de corrupción, a canales clandestinos de distribución de productos ilegales - cocaína, principalmente- y a una red global de contrabandistas y grupos del crimen organizado. Mientras América del Norte -Estados Unidos, Canadá e incluso México- se ha convertido en el único destino posible, América Central se ha vuelto una «ruta global» hacia esa región (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012). Los migrantes forzados de todo el mundo -África, Asia, Sudamérica y el Caribe- atraviesan un cuello de botella necropolítico plagado de criminalidad y peligros naturales, donde miles mueren y solo unos pocos sobreviven para continuar su viaje. Esto tiene que ver con la acción trasnacional del necropoder del imperio de la ley.
La aplicación distópica del derecho del necropoder del imperio de la ley crea espacios legales permanentemente irregulares que facilitan la muerte lucrativa, de acuerdo con el concepto de la nomósfera, es decir, la espacialización de la ley según ideologías y objetivos específicos (Delaney, 2010). Mientras que las nomósferas están espacializadas de acuerdo con las fronteras estatales y funcionan de manera diferente en el primer y tercer mundo, la espacialización del derecho en la administración de la migración forzada es transnacional. Opera con el denominado «poder en red», una cadena de organizaciones y gobiernos cuyo objetivo es regular y controlar bienes y personas de acuerdo con intereses económicos necoloniales (Hardt y Negri, 2000). La nomósfera necropolítica transnacional es el espacio organizado para la regulación de la muerte lucrativa a través de una red de sistemas legales nacionales permanentemente irregulares, corruptos y funcionales a la muerte. Es una red de nomósferas nacionales necropolíticas que instrumentalizan la impunidad, el crimen y las condiciones ambientales para la muerte lucrativa de los migrantes.
En los últimos años Europa dejó de recibir solicitudes de asilo en sus embajadas e impuso sanciones al transporte comercial que administra extranjeros sin papeles. La reciente legislación de la Unión Europea establece que las personas que buscan asilo deben solicitarlo en la primera nación europea a la que lleguen, sin la oportunidad de elegir un destino de acuerdo con las redes familiares o los lazos coloniales y culturales. Grecia e Italia -y sus archipiélagos- son los países limítrofes con Asia y África, por lo que reciben y devuelven el grueso de las solicitudes. Sin embargo, lo que ha cancelado la llamada ruta de los Balcanes a Europa es el acuerdo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía. El cierre de facto de las fronteras europeas ha dejado a América del Norte como el único destino rico para personas de Asia, África, América del Sur, el Caribe y América Central. Los migrantes forzados de todo el mundo se dirigen hacia Estados Unidos a través de rutas terrestres y marítimas largas y peligrosas: «En lugar de dirigirse al norte de Europa, donde la crisis en el mar ha provocado miles de muertes en el Mediterráneo, varios migrantes […] ahora eligen volar a través del Atlántico en una ruta que va primero a América Latina y luego al norte a través de México hasta Estados Unidos y Canadá» (Dixon et al., 2018, enero 4).
Al cruzar el Atlántico llegan a Brasil o Venezuela y se dirigen a Colombia para acceder a las redes criminales que los guían para atravesar Norteamérica. Una vez que llegan a Panamá, consiguen que otro traficante cruce México, que se ha vuelto muy securitizado desde 2018. México detuvo a 2958 migrantes africanos en 2018 (Bonello, 2019, julio 28). Algunos migrantes piden asilo o regularización para evitar ser blanco del crimen organizado. Sin embargo, muchos no quieren quedarse en México. Para los migrantes, México es «la frontera vertical», las condiciones violentas que encuentran los migrantes en la frontera Guatemala-México los acompañan a lo largo de su recorrido por México hacia la frontera norte. México es todo una «zona fronteriza», una frontera vertical de 3500 km con peligros naturales y geográficos y clima extremo (González, 2011). La frontera vertical también está plagada de delincuentes y otros sujetos que ven a los migrantes como «mercancías desechables» (Treviño, 2020), sujetos de muerte lucrativa. Criminales, pandillas, funcionarios migratorios, policías, militares, contrabandistas y traficantes de sexo y trabajo los roban, secuestran, extorsionan, esclavizan o los utilizan para obtener dinero o venderlos en el comercio ilegal de sexo y órganos (González, 2011). Los cárteles de la droga los obligan a convertirse en sicarios y narcotraficantes y, en el caso de las mujeres, en esclavas sexuales. Las personas que sobreviven a la frontera vertical encuentran más obstáculos, esta vez a través de las leyes de asilo pro morituri en Estados Unidos y los bolsones de desechabilidad en la frontera entre Estados Unidos y México.
3.2 Leyes de asilo pro morituri
Como se dijo antes, la legislación pro morituri es propia del necropoder del imperio de la ley y se diseñan en los ámbitos doméstico e internacional, pero se aplican transnacionalmente a fin de crear las condiciones legales que conducen a los migrantes a situaciones de muerte, como ocurrió con las órdenes ejecutivas del entonces presidente estadunidense Donald Trump, que las expidió y negoció con México su aplicación para conducir a la muerte a migrantes centroamericanos.
La primera orden ejecutiva de Trump fue la mejora de la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, que se enfocó en construir un muro fronterizo de 2000 millas, en aumentar la construcción de centros de detención -privados-, en contratar a otros 5000 agentes de la Patrulla Fronteriza y en expandir las deportaciones exprés (The White House, 2017, enero 25).
En cuanto al asilo, la segunda orden, la mejora de la seguridad pública en el interior de Estados Unidos, se enfocó en la deportación, por lo que prohibió las ciudades santuario y alentó a las autoridades penitenciarias a cooperar con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional para la identificación de migrantes indocumentados en prisión para que puedan ser deportados. Además, los inmigrantes que han cometido un delito de orden criminal podrían ser deportados; incluye el delito de trabajar sin permiso. Para llevar a cabo esto, la orden estableció la contratación de 10 000 nuevos agentes de ICE (The White House, 2017, enero 25).
Finalmente, la orden ejecutiva protección de la nación de ataques terroristas por parte de ciudadanos extranjeros suspendió las visas por hasta noventa días a ciudadanos de países considerados perjudiciales para los intereses de los Estados Unidos -Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen- y cesó el reasentamiento de ciudadanos sirios indefinidamente.
También cerró su programa de refugiados durante 120 días, lo que impidió que cualquier persona que solicitara asilo solicitara la condición de refugiado en territorio estadounidense durante ese periodo (The White House, 2017, enero 25). Para abril de 2018, la situación empeoró para los inmigrantes indocumentados y los solicitantes de asilo que intentaban cruzar la línea. El fiscal general emitió la política de cero tolerancia que convirtió la inmigración indocumentada en un delito penal y con ello separó a miles de familias, ya que los padres fueron encarcelados y los niños reubicados en hogares temporales o servicios sociales (Human Rights Watch, 2018, agosto 16).
En octubre de 2018 una caravana hondureña llegó a Estados Unidos y Trump amenazó con militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México si los inmigrantes hondureños llegaban a la frontera. Las milicias también prepararon sus armas para recibir a la caravana (BBC, 2018, noviembre 26). La respuesta de Trump fue anunciar en diciembre los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), denominados política de permanecer en México, que establecían que «ciertos» extranjeros que llegaran a los puntos de entrada estadounidenses sin documentos se verían obligados a esperar en México a que sus trámites de asilo se resolvieran. Los protocolos se aplicaron en enero de 2019, dirigidos principalmente a inmigrantes de Honduras y América Central en general (U. S. Department of Homeland Security, 2019, enero 24). Para julio de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia adoptaron la Regla Final Provisional que establece que los solicitantes de asilo que no solicitaron y se les denegó el asilo en un tercer país seguro eran «no elegibles para el asilo» en los Estados Unidos (U. S. Department of Homeland Security, Orden N.º 4488-2019, 12 de julio de 2019). Para Trump, los terceros países seguros eran básicamente México y América Central. Para enero de 2020, Trump había firmado acuerdos de terceros países seguros, llamados Acuerdos de Cooperación de Asilo, con El Salvador, Honduras y Guatemala. Una regla final provisional de Seguridad Nacional emitida en noviembre de 2019 permitió a Trump hacer cumplir los acuerdos, comenzando con el acuerdo de Guatemala (U. S. Department of Homeland Security, Orden N.º 4581- 2019, 14 de noviembre de 2019; Narea, 2019, noviembre 19). Con esto la legislación de asilo pro morituri se transnacionalizó y México se unió.
Según un informe de Refugees International (2020, marzo 30), desde la emisión de los MPP, Trump había dejado a unos 60 000 solicitantes de asilo varados en territorio mexicano en espera de audiencias o resoluciones de su solicitud de asilo, y otros 15 000 esperando para poder presentar una solicitud. Este hecho, junto con el temor provocado por la Covid-19 y el asesinato de George Floyd por parte de los agentes de policía de Minneapolis en mayo de 2020, desalentó a los solicitantes, especialmente a los que venían de África y Haití a buscar asilo en México.
Sin embargo, el sistema de asilo en México no es mucho mejor que el de Estados Unidos, a pesar del hecho de que es un derecho constitucional -los derechos constitucionales son para todos, incluidos los extranjeros- (Ortega Velázquez, 2019). Esto se debe a que la Ley de Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político es pro morituri y ha fragmentado la categoría de refugio en asilados políticos, refugiados y personas con protección complementaria. Las personas tienen treinta días para presentar un reclamo y se les informa sobre la decisión en un plazo de hasta noventa días. Si se les niega el asilo o el refugio pueden apelar la decisión dentro de los quince días subsecuentes. Sin embargo, los oficiales de asilo que rechazaron una solicitud en primer lugar son las mismas autoridades que revisan las apelaciones. La mayoría de las veces su argumento para negar el asilo es, como en Estados Unidos, la posibilidad de tomar un vuelo interno a un lugar seguro, lo que realmente no es posible. Además, los funcionarios de migración no informan a los migrantes cuando ingresan al país que tienen derecho a solicitar asilo y cuando las personas conocen este derecho las autoridades los convencen de que no lo hagan (Ortega Velázquez, 2019). Al igual que en Estados Unidos, en México la ley y los procedimientos de asilo están diseñados para evitar que las personas alcancen el estatus de refugiado. Además de las barreras legales al derecho de asilo, México se ha convertido últimamente en el perro guardián de los Estados Unidos en sus fronteras extraterritoriales con Guatemala.
Aunque el Gobierno mexicano tenía una política humanitaria moderada hacia los migrantes centroamericanos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018, en junio de 2019 esta actitud tolerante cambió cuando Trump amenazó a su gobierno con imponer un arancel de 5% sobre los productos mexicanos si el gobierno no lograba detener la migración en la frontera México-Guatemala en 45 días con al menos 6000 miembros de la Guardia Nacional militarizada. México cumplió con el envío de 2400 oficiales (Pradilla, 2019, junio 17). En agosto, migrantes de África y Haití detenidos en el centro de detención Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, iniciaron una serie de protestas contra el Gobierno mexicano exigiendo que se les permitiera continuar su viaje hacia Estados Unidos. Los manifestantes afirmaron que los oficiales de migración les pidieron US$1500 para obtener un paso seguro. La Guardia Nacional y la Policía Federal, en octubre de 2019 reprimió la protesta y les impidió continuar su viaje al norte. En octubre, los africanos continuaron sus protestas (Recamier, 2019, agosto 28).
3.3 Bolsones de desechabilidad
Los bolsones de desechabilidad son receptáculos para las personas no buscadas, un excedente de población mundial que, sin embargo, insiste en vivir. Son la espacialización de la «maquinaria de desechabilidad» (Giroux, 2014, abril 8). Deportados, personas obligadas a huir de desastres naturales -como los haitianos- y de la violencia inimaginable en sus países de origen se vuelven desechables. Son el desecho humano en los vertederos y cunetas de las fronteras entre el tercer y el primer mundo.
Los bolsones de desechabilidad son áreas de injusticia espacial donde las poblaciones vulnerables definidas según la nacionalidad, la clase, la raza y el género se ven obligadas a vivir en condiciones inhumanas y con 260 mercados laborales ilegales con la aprobación tácita del necropoder. Son una versión radicalizada de lo que los sociólogos denominan «bolsones de pobreza», es decir, vecindarios donde los extremadamente pobres tienden a ser acorralados en guetos, incluso cuando la prosperidad crece a su alrededor (Mohd et al., 2017).
En el contexto del necrocapitalismo, los bolsones de desechabilidad son parte de lo que Ruth Wilson Gilmore denomina «geografías del capitalismo racial», la creación de encarcelamientos masivos para la explotación de negros y otras minorías étnicas para la reproducción de un sistema económico que favorece permanentemente a blancos y subordina a las minorías (Card, 1.º de junio de 2020). Los bolsones de desechabilidad son, de hecho, cárceles al aire libre para los migrantes forzados desechables que se niegan a perder la esperanza.
Un bolsón de desechabilidad importante es Tijuana. Un par de meses después de que las MPP se aplicaran por primera vez, en agosto de 2019, la lista de espera de asilo en Tijuana -que existió durante años- se había extendido a más de 10 000. Solo 34 personas al día podían cruzar -un sistema controlado por la Patrulla Fronteriza conocido como Medición- y el tiempo de espera era de 6 a 9 meses. De todas las ciudades fronterizas donde los migrantes esperaban su proceso de asilo, Tijuana tenía la mayor cantidad de gente en espera. Para finales de 2018 Estados Unidos había deportado a 28 218 hondureños (Pradilla, 2019, octubre 27) y para enero de 2019 más de 2500 hondureños vivían en Tijuana en condiciones precarias, en refugios o en las calles, sin acceso a alimentos y enfermos debido a las condiciones climáticas a las que no están acostumbrados, ya que por provenir de una geografía tropical los hondureños son vulnerables a las enfermedades de climas extremos como el del desierto. También están expuestos a la delincuencia organizada y regular (Proceso Digital, 2019, enero 5), por ejemplo: el 15 de diciembre de 2018 traficantes de drogas robaron y mataron a dos adolescentes hondureños que se negaron a comprar drogas.
En 2020 había más de 6000 hondureños en Tijuana, lo que se suma a una multitud más masiva que busca asilo. Desde la política de permanecer en México, miles de migrantes han regresado. En abril de 2020 había 10 000 personas en listas de espera y 6400 tuvieron que esperar su próxima audiencia en México (Kao y Lu, 2019, agosto 18). Trump llamó a estas personas «invasores» y envió al Ejército para evitar que cruzaran. A fines de 2018 Estados Unidos había deportado a 28 218 hondureños (Pradilla, 2019, octubre 27).
Miles de hondureños, africanos e incluso mexicanos enfrentan condiciones terribles y permanecen en un limbo de tiempo y espacio que se enmarca espacialmente en los límites de la ciudad, geografías que permiten la invisibilidad y la desechabilidad.
Conclusiones
En las fronteras de los países ricos, los migrantes y las poblaciones desfavorecidas tienen que enfrentarse a escenarios mortales de los que deben escapar para sobrevivir. El necropoder empuja a los migrantes y a los pobres hacia lugares peligrosos donde la vida es precaria o incluso imposible. La violencia criminal, la impunidad y la excepción empujan a las poblaciones desfavorecidas a abandonar sus hogares en geografías ricas en recursos, convirtiéndolas en migrantes forzados. El fracking, la minería, las industrias de la palma y las maderas preciosas, los cárteles de la droga, los feminicidios, las masacres y los asesinatos políticos de autoridades locales y de activistas de derechos humanos y ambientales son las fuerzas detrás del desplazamiento forzado de estas poblaciones desfavorecidas.
Los migrantes que esperan a que se resuelvan los trámites de asilo o los que han sido deportados y están esperando otra oportunidad para cruzar la frontera huyen hacia las periferias y otros espacios urbanos no aptos para la vida, lugares como basureros y túneles de alcantarillado. Así, la migración no comienza con el deseo de la gente de irse, sino que cuando las corporaciones se instalan en una comunidad se destruyen lentamente. El proceso continúa con un largo viaje que termina en las solicitudes de asilo que podrían llevar años. La migración forzada es siempre un proceso continuo, no un fenómeno fijo.
Ante este fenómeno complejo, el presente artículo propone la teoría del proceso necropolítico de la migración forzada, el cual tiene dos fases: la de producción y la de administración. En su faceta de producción, el proceso necropolítico de migración forzada obliga a las personas a abandonar sus tierras en beneficio de las ganancias económicas generadas por el desarrollo y el extractivismo. Su necropolítica central es el despoblamiento forzado a través del necrocapitalismo y la muerte lucrativa. En su faceta de administración está la gobernanza internacional de la migración -que incluye procesos nacionales de refugio derivados del régimen internacional de asilo y migración- que usa las categorías jurídicas -asilo, refugio y desplazamiento- para desechar a la gente en los márgenes de las naciones ricas. Se basa en tres necropolíticas: espacialización necropolítica trasnacional del derecho internacional, leyes de asilo pro morituri y bolsones de desechabilidad.
Esta interpretación analítica de lo que ocurre en la frontera en materia de migración forzada es de suma importancia porque aporta al debate en al menos tres sentidos. Primero, expone un elemento estructural a una discusión que frecuentemente se queda en la parte subjetiva o administrativa. La explicación causal de la migración forzada desde una perspectiva de la administración gerencial de la muerte permite ver la variedad de actores que participan en persecución y desplazamiento, y propone que el interés, aun cuando puede ser aparentemente criminal, no siempre es así de simple, pues hay una gran diversidad e intereses económicos legales e ilegales.
Segundo, propone una conceptualización de las causas de la migración forzada y propone verla como un proceso deliberado -una producción- de expulsión de individuos y conglomerados humanos para garantizar espacios libres de conflicto, o de eliminación de grupos de personas desechables en la visión neoliberal.
Por último, plantea los mecanismos administrativos y judiciales de asilo como norias burocráticas que sirven al dispositivo de migración forzada en vez de garantizar protección a quienes sufren de persecución. No hay intención de proteger a las víctimas, sino de contener una nueva migración forzada.
