1.1. La sintaxis ADICO en su versión inicial

La HGI propuesta por ^{Crawford y Ostrom (1995)} parte de un supuesto problemático: el avance de las ciencias depende de la existencia de una terminología común que permita la comunicación efectiva y la acumulación de conocimiento. No obstante, las autoras reconocen una anarquía conceptual en el campo institucional en relación con tres conceptos claves: estrategia, norma y regla. La sintaxis ADICO (HGI) surge como propuesta analítica que permite dividir enunciados institucionales -expresiones lingüísticas que prescriben acciones a alguien respecto a otros- en partes constitutivas y, dependiendo de la presencia o no de estas partes, clasificarlos como estrategia, norma o regla.

El acrónimo ADICO indica las partes a ser identificadas: A se refiere al Atributo, el cual identifica características de los participantes a quienes les corresponde llevar a cabo acciones específicas; D equivale a Deóntico, que especifica si una acción es permitida, obligatoria o prohibida; I identifica el objetIvo, aquella acción a ser realizada; C son las Condiciones específicas de realización de la acción; y O se refiere a O de lo contrario, es decir, la consecuencia sancionatoria de lo prescrito. Para que exista este último elemento deben cumplirse tres condiciones: i) la sanción establecida debe provenir de un escenario de acción colectiva; ii) la sanción debe ser respaldada por una norma o regla que prescriba la vigilancia o sanción al participante que no cumpla la regla; y iii) debe existir una prescripción que afecte a quien tiene el deber de monitorear el cumplimiento de las reglas. Cuando un enunciado institucional tiene todos los elementos sintácticos -ADICO- tal institución será una regla; cuando falte el último elemento -O de lo contrario- se hablará de norma -ADIC-; y cuando además falte también el deóntico se tratará de una estrategia -AIC-.

Un ejemplo de regla tomado del estudio de caso en Mario ^{Lopera (2020)} es: «La comunidad minera beneficiaria de ARE [Áreas de Reserva Especial] y la autoridad minera (A) tienen que (D) suscribir un contrato especial de concesión (I), en el término establecido (C), o de lo contrario se dará por terminada la ARE». Un ejemplo de norma social es: «Los mineros ancestrales (A) tienen (D) derechos históricos para explotar (I) los recursos mineros de su territorio (C)». Una estrategia posible, dadas las dinámicas de interacción, es: «La policía (A) puede hacer (I) controles aleatorios para detectar explotaciones mineras ilegales (C)».

La sintaxis del artículo seminal de 1995 ilustra cómo las decisiones de los actores se complejizan cuando pasan de utilizar una estrategia a una norma o de aplicar una norma a una regla. Por otro lado, se visualiza, a futuro, la integración de la sintaxis ADICO con un campo analítico ampliado que clasifique los enunciados institucionales en relación con una situación de acción (SA). Las autoras proyectan una tipología de reglas integradora de la sintaxis con los elementos conceptuales de lo que será el marco de análisis y desarrollo institucional (ADI) (^{Crawford y Ostrom, 1995}, pp. 595-598).

La articulación de la sintaxis ADICO con otros desarrollos conceptuales busca trasladarla del plano de la gramática institucional al de la pragmática, es decir, al plano práctico de la SA. Al respecto, en el artículo de 1995 se hacen un par de anotaciones pertinentes para las futuras aplicaciones a estudios de caso: i) las reglas, normas y estrategias funcionan simultáneamente y muchas veces de manera anidada, o sea, como subconjuntos de un conjunto mayor; y ii) la sintaxis ADICO funciona como configuración -todos los elementos deben ser identificados-, convirtiéndola en una herramienta útil para identificar inconsistencias y contradicciones de sistemas institucionales.

Posteriormente, ^{Ostrom (2015)} ofrece una versión revisada de la HGI. Así, las reglas son entendimientos compartidos acerca de «las prescripciones obligatorias que indican qué acciones (o resultados) se imponen, se prohíben o se permiten» y, por lo tanto, enfrentan la posibilidad de ser vigilados y sancionados de manera predecible por una autoridad externa (pp. 56-57). Las normas son prescripciones compartidas que indican que una acción o resultado debe o no ser realizada, o podría ser permitida. Las motivaciones para seguirlas están asociadas a sentimientos intrínsecos -culpa, orgullo- o inducidas por la sanción social (p. 177). En este sentido, las normas reflejan la estructura moral de la comunidad y gozan de aceptación general. La estrategia es un plan individual de acción que es libremente adoptado en virtud de sus beneficios, no obstante, no es arbitrario, pues está enmarcado en la estructura de incentivos dada por las reglas, las normas y las expectativas de posibles comportamientos de otros actores.

Aunque el libro no presenta un estudio de caso implementando la sintaxis (HGI) en una SA, sí logra la articulación conceptual de la sintaxis ADICO avizorada en el artículo de 1995: por un lado, se muestra cómo la sintaxis ADICO entronca con los «bloques de construcción universal» del marco ADI -SA y variables exógenas-; por el otro lado, se usa la sintaxis como base para una tipología de reglas genéricas. Estos elementos se introducen a continuación.

1.2. El marco de análisis y desarrollo institucional (ADI) y la sintaxis ADICO

^{Ostrom (2015)} elabora el marco ADI bajo la premisa de que, subyacente a la diversidad en las interacciones humanas, existen elementos comunes estructurantes. Su adecuada identificación brinda consistencia a los supuestos e hipótesis que se realizan al estudiar o intervenir en los sistemas sociales.

En el plano más general del marco ADI, se plantea la SA como la unidad de análisis, definiéndola como un «espacio social en el que los participantes con diversas preferencias interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se dominan mutuamente, o luchan» (^{Ostrom, 2015}, pp. 52-53). Esta es afectada por tres tipos de variables exógenas: i) condiciones biofísicas y materiales, conjunto de variables que dan cuenta del entorno y condicionan los resultados físicamente posibles; ii) atributos de la comunidad, valores de comportamientos aceptados de modo generalizado en la comunidad considerada; iii) reglas, prescripciones sobre lo que se puede, no se puede o se tiene que hacer en un momento dado, implicando vigilancia y sanción en caso de incumplimiento. De la SA emergen resultados evaluables, los cuales a su vez retroalimentan las variables exógenas. Las situaciones de acción son concebidas como versiones ampliadas -no necesariamente modelables- de juegos sociales (véase gráfica 1, esquema superior).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Ostrom (2015)}.

Gráfica 1 Estructura del marco de análisis y desarrollo institucional (ADI). 

Al hacer un acercamiento sobre la SA, ^{Ostrom (2015)} presenta siete elementos básicos que la configuran y se relacionan así: los i) participantes -que pueden ser individuos o cualquiera entre una amplia variedad de entidades organizadas- se asignan a ii) posiciones; en estas los participantes escogen entre iii) acciones a la luz de la iv) información disponible del v) control que tienen sobre los vínculos de acción y vi) resultados, y de los vii) beneficios asignados a acciones y resultados (p. 256). La gráfica 1 hace este desglose de la SA en su parte inferior.

Con la identificación de los siete componentes de la SA y los tres tipos de variables exógenas quedan enunciados los «bloques universales de construcción» (^{Ostrom, 2015}). El marco ADI ofrece un mapa conceptual multinivel que permite la indagación profunda de estos bloques universales cuando el objeto de estudio así lo requiera. Es en relación con la posibilidad de hacer una indagación profunda y detallada de reglas, normas y estrategias que Ostrom logra una integración consistente entre la HGI y el marco ADI. Así, un acercamiento analítico a la variable exógena «reglas» permite observar y estudiar todos los enunciados institucionales que tienen la estructura ADICO; en tanto que una aproximación a la variable exógena «atributos de la comunidad» permite el estudio de los enunciados que tienen la forma ADIC (normas) y AIC (estrategias) (p. 196).

Para ^{Ostrom (2015}, p. 45) la implementación de una HGI es útil cuando las predicciones teóricas construidas a partir de supuestos específicos sobre los «bloques universales de construcción» son refutadas empíricamente. En tal situación, se requiere revisar los supuestos institucionales de la SA estudiada y la aplicación de la sintaxis ADICO aparece como una herramienta analítica para comprender por qué las expectativas teóricas no se cumplieron.

Se ha visto cómo la sintaxis encaja con los bloques universales que conforman el esquema del marco ADI, ahora se mostrará cómo la sintaxis (HGI) se relaciona con la tipología de reglas. Ostrom propone una clasificación de los tipos de reglas que estructuran una SA según su componente I, es decir, aquel que establece el objetivo. Si una regla regula quiénes pueden participar entonces será clasificada como una regla de posición; si, por el contrario, regula qué acciones pueden tomar los participantes será una regla de elección. De aquí salen siete tipos, cada uno de las cuales se corresponde con una de las partes de la SA. La Gráfica 1, en su esquema inferior, identifica esta tipología con los recuadros azules y la Cuadro 1 presenta la clasificación según el verbo frecuente del objetivo.

Así, resulta crucial identificar las reglas que permiten la aparición y el relacionamiento de las siete partes -necesarias y suficientes- de una SA, de lo contrario, esta queda incompleta.

Queda expuesto cómo la HGI, la tipología genérica de reglas y los bloques universales de construcción se integran al marco ADI para dar herramientas analíticas al investigador que pretenda hacer una radiografía institucional de una SA. El siguiente paso es señalar tres diferencias entre la versión 2.0 de la HGI y la 1.0.

1.3 Diferencias entre la herramienta de gramática institucional (HGI) original y la integrada

Primero, cuando en la versión 1.0 se identifica el Atributo como «a quien se aplica el enunciado institucional» (^{Crawford y Ostrom, 1995}, p. 584) surge una ambigüedad, pues es posible ser el sujeto activo -quien realiza una acción- o el sujeto pasivo -quien recibe la acción-. Por ejemplo, la regla que estipula «la agencia minera deberá recibir la documentación requerida por parte de la comunidad minera solicitante» tiene un sujeto pasivo -agencia- y un sujeto activo -comunidad-. Con la articulación que se hace en la versión 2.0 con las otras herramientas analíticas del marco ADI este inconveniente queda resuelto: «En una situación de acción en particular, el componente A (ATRIBUTO) del enunciado institucional localiza la autoridad o la prescripción [acción a realizarse] en relación con una posición en particular o con todas las posiciones» (^{Ostrom, 2015}, p. 200). No cabe duda de que el Atributo se relaciona con el sujeto activo de la acción, puesto que las posiciones son el eslabón que vincula a los participantes de la SA con las acciones permitidas que deben ser realizadas (p. 83).

Segundo, en la versión 1.0 el objetIvo únicamente identifica la acción a realizarse; en contraste, la versión 2.0 incluye información sobre «cómo» debe ser realizada la acción. Esta pequeña adición implica una transformación a la hora de codificar los enunciados institucionales usando la sintaxis. En efecto, en la versión 1.0 las Condiciones identificaban «cuándo», «dónde» y «cómo» se realizaba una acción, pero en la versión 2.0 las Condiciones solo incluyen el «cuándo» y «dónde», trasladándose el «cómo» a la parte del objetIvo.

Tercero, ^{Ostrom (2015)} dedica la penúltima sección del capítulo 5 a dar consejos sobre cómo se pueden identificar y clasificar los enunciados institucionales en el trabajo de campo. Tal sección, inexistente en 1995, deja en claro que la extracción de enunciados institucionales solo tiene sentido en función de una SA dada de antemano: los enunciados institucionales extraídos del trabajo de campo o de las legislaciones serán pertinentes o no dependiendo de su relación con la situación estudiada; asimismo, la desagregación de enunciados o su condensación en un enunciado que resuma varias prescripciones será adecuada o no dependiendo del contexto que se vaya delineando en el estudio de la SA (pp. 236-238).

La extracción de enunciados institucionales es un proceso iterativo, de ida, vuelta y reelaboración que se va depurando en el decurso de la investigación sobre la SA. Las autoras concluyen señalando:

A medida que hemos ido empleando la sintaxis, hemos descubierto que a veces es preciso un proceso de ensayo y error para ser capaces de extractar un compendio útil de los enunciados institucionales en una situación de acción empírica que permita centrarse en el análisis de las cuestiones apropiadas con el nivel de precisión adecuado (^{Ostrom, 2015}, p. 238).

3.1 Reconstrucción de la situación de acción

La formalización minera en Colombia es entendida como un proceso a través del cual los mineros que operan sin contar con mínimos legales van obteniendo los permisos y desarrollando las capacidades técnicas que garanticen una explotación minera que contribuya al desarrollo nacional. Desde la legislación colombiana existen múltiples mecanismos para la formalización, entre los cuales se encuentran las Áreas de Reserva Especial (ARE), figura diseñada para las comunidades de mineros tradicionales que ha sido crecientemente utilizada desde 2013.

El análisis institucional de las ARE no se limita a la legislación existente, sino que indaga por la pertinencia del diseño institucional legal en un contexto socioespacial específico. Para ello el autor focaliza el Bajo Cauca antioqueño, subregión colombiana caracterizada históricamente por la explotación minera, pero también por la disputa territorial entre múltiples grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y su penetración en los diferentes eslabones de la cadena de producción minera. Así, la SA delineada busca la reconstrucción del escenario de toma de decisión de los mineros informales cuando se hace uso del mecanismo de ARE en el contexto del Bajo Cauca (^{Lopera, 2020}) (véase Gráfica 2).

Fuente: tomado de ^{Lopera (2020)}.

Gráfica 2 Situación de acción sobre la formalización de mineros tradicionales en el Bajo Cauca antioqueño vía Área de Reserva Especial. 

La triangulación y sistematización de fuentes permite reconstruir la SA y las principales variables exógenas que la afectan. Se focaliza la variable exógena de reglas y se aplica la HGI tanto a la legislación atinente a la formalización minera como a las regulaciones sociales en operación, extraídas de las investigaciones relacionadas con minería y conflicto armado en el Bajo Cauca.

3.2 Proceso de codificación de enunciados institucionales

Primero, se distingue entre enunciados institucionales «en forma» o «en uso», para luego identificar si son reglas o estrategias. La investigación no contempló las normas ante la situación de seguridad pública que imposibilitó el trabajo de campo. La codificación de reglas «en forma» se hace partiendo de la legislación atinente al trámite administrativo (Agencia Nacional de Minería, Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017); adicionalmente, se complementa el análisis con la codificación parcial de catorce legislaciones, necesarias para reconstruir consistentemente el escenario de toma de decisión de los mineros (véase Cuadro 2).

Para el proceso de la declaración y delimitación de ARE, ^{Lopera (2020)} identificó tres fases: solicitud del ARE, la declaratoria efectiva del ARE y la suscripción de contrato especial de explotación minera. En el caso de los enunciados institucionales «en uso», se aprehenden y codifican las reglas y estrategias que los GAOML imponen a los mineros en la subregión mediante la triangulación de fuentes (véase Tabla 2).

En la identificación de los cinco elementos de la HGI, ^{Lopera (2020)} sigue predominantemente a ^{Ostrom (2015)}. Para los Deónticos, utiliza la expresión «tiene que», significando el operador deóntico de «obligación». Se procede de esta manera, excepto cuando las fuentes enuncian alguna forma del operador deóntico «permitido» que es codificado como «puede». Se asume que los enunciados institucionales extraídos de las legislaciones tienen la estructura formal de reglas. En el objetIvo incluye el descriptor de «cómo» se realiza la acción (^{Ostrom, 2015}, p. 209). Finalmente, en O de lo contrario, se consigna la penalización por el incumplimiento, empero, no siempre es posible esclarecer cuál es la sanción prescrita para un incumplimiento particular. Esto no es un indicador de la inexistencia -al menos formal- de una sanción, sino del anidamiento de cuerpos legislativos. De esta manera, aplica la fórmula por defecto: «se aplicará la sanción respectiva al responsable».

La codificación legislativa se asocia a «reglas en forma» debido a que la investigación no corrobora la presencia de las tres condiciones que exige la existencia del componente O de lo contrario en las prácticas de los actores en el escenario específico.

Para la extracción de reglas y estrategias en uso, ^{Lopera (2020)} revisa que los enunciados estén en múltiples fuentes. Que varias investigaciones apunten al mismo enunciado sirve de indicador de la naturaleza compartida de la prescripción; en cambio, resulta más polémico afirmar la naturaleza compartida de enunciados que son poco reiterativos entre las investigaciones. En consecuencia, reconoce que las «reglas en uso» tienen un carácter aproximativo y parcial que requiere profundización.

4.1 Aprendizajes

Evitar los problemas al clasificar los enunciados institucionales requiere la delimitación explícita de la SA, comprendiendo que esta puede incluir, a su vez, otras SA más elementales o de menor agregación. Lo que en una SA es una «regla de alcance» que delimita posibles resultados, desde otra aproximación analítica puede constituir una «regla de elección». Por ejemplo, si se está analizando un partido de fútbol hay tres posibles resultados -ganar, perder o empatar-, tratándose de una «regla de alcance»; pero si se analiza el torneo, existen dos posibles resultados -ser campeón o no-. Esta sería la nueva «regla de alcance». Desde esta última aproximación, ganar, perder o empatar un partido serían meros nodos de acción en un proceso en el que cada partido incide en el resultado final, pero no es determinante por sí solo.

En ^{Lopera (2020)} se codifica una regla de alcance «en forma» con tres posibles resultados para los mineros: la formalización, la reconversión económica o la coerción estatal en caso de explotación sin requisitos legales. Por tanto, resultados parciales de acciones a lo largo del proceso de formalización, como la visita de verificación de tradicionalidad o la suscripción del ARE, son meros eslabones conducentes a uno de los resultados posibles. A su vez, estos eslabones son acciones prescritas por «reglas de elección». Con la delimitación de la SA analizada se evita la ambigüedad encontrada por ^{Watkins y Westphal (2016}, p. 119) al clasificar un enunciado como de «alcance» o de «elección».

Asimismo, gracias a la demarcación de la SA se resuelve la dificultad identificada por ^{Basurto et al. (2010}, p. 21) para establecer el grupo o los subgrupos de referencia a los que aplica el Atributo de la HGI. Se comprende que las autoridades minera y ambiental eran posiciones claves en los tres posibles resultados y que en el caso de las ARE había organizaciones estatales a las que mediante «reglas de posición» y «frontera» se les asignaba el trámite de las ARE -Agencia Nacional de Minería y Corporaciones Autónomas Regionales-. A su vez, estas estaban compuestas por suborganizaciones encargadas de aspectos específicos del trámite. Para el objetivo de comprender cómo se estructura la SA no interesaba qué agencia específica -vicepresidencias de promoción y fomento, grupo de seguridad y salvamento minero, entre otros- o qué funcionario público -gerente del grupo de promoción y fomento, entre otros- realiza el trámite, sino la posición que se está ocupando -autoridad minera o autoridad ambiental-.

Las dificultades en la codificación de los enunciados institucionales son evitadas en la medida en que se asume que la tipología de reglas está, en efecto, estructurando la SA. Gracias a esto son «reglas de posición» las que permiten situar el contenido del Atributo de la HGI de manera consistente; asimismo, son las «reglas de alcance» las que ponen límites concretos a la SA y evitan la confusión entre enunciados institucionales de «alcance» o de «elección».

Para detectar las partes constitutivas de un enunciado institucional con forma de regla, ^{Lopera (2020)} utiliza legislaciones complementarias, buscando las piezas que pudieran completar el «rompecabezas» del enunciado institucional. Ejemplificaremos con la reconstrucción del proceso de codificación de la «regla de alcance» extraída por Lopera. La política nacional minera establece que:

Para entrar por la puerta de la formalidad se debe estar en la regularidad, es decir, trabajar al amparo de un título y contar con un instrumento ambiental […] puede ser que algunas actividades hoy sin título no puedan seguir ejerciendo la actividad, estando obligadas a entrar por la puerta de la reconversión. Pero los mineros que decidan no ingresar por una de las dos puertas tendrán que afrontar todas las acciones judiciales y policivas según la normatividad (^{Ministerio de Minas y Energía, Resolución 40391 del 20 de abril de 2016}. Cursiva agregada).

Este es el marco de posibles resultados para los mineros informales en Colombia. De aquí se extrae el Deóntico, el objetIvo y el O de lo contrario del enunciado institucional (véase Tabla 3, Ej. 1).

Respecto a las ARE, el Código de Minas señala que:

La Autoridad Minera o quien haga sus veces, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde exista explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales (^{Congreso de la República, Ley 685 del 15 de agosto de 2001}. Cursiva agregada).

De aquí se extrae el Atributo comunidad minera con explotaciones tradicionales de minería informal; empero, aclarar qué se entiende por «explotaciones tradicionales» requiere de otra legislación: «es la actividad minera realizada por personas vecinas del lugar [desde antes de 2001] que no cuentan con título minero y que por sus características socioeconómicas se constituye en la principal fuente de ingresos de esa comunidad» (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ^{Resolución 41107 del 18 de noviembre de 2016}. Cursiva propia).

Las Condiciones del enunciado se extraen del artículo 248 del Código de Minas que establece:

El Gobierno Nacional, con base en los resultados de los estudios geológico-mineros de que trata el artículo 31 de este Código […] organizará dentro de las zonas que hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos […] de reconversión [cuando] dadas las características geológico-mineras y la problemática económica, social y ambiental, no es posible llevar a cabo el aprovechamiento del recurso minero (^{Congreso de la República, Ley 685 del 15 de agosto de 2001}. Cursiva propia).

Pese a la dispersión en múltiples legislaciones del enunciado institucional, es una «regla de alcance» «en forma» que delimita la SA de interés: la formalización, la reconversión o el control coercitivo a la minería ilegal.

4.2 Retos

Aunque la tipología de reglas ayuda a visualizar la parte de la SA afectada por un enunciado institucional, hay enunciados que pueden incidir simultáneamente en varias partes. ^{Ostrom (2015}, p. 260) reconoce esta dificultad y propone que la clasificación se haga considerando la afectación directa de la SA; empero, la distinción entre afectación directa o indirecta no es algo obvio y puede conducir a sesgos clasificatorios.

^{Lopera (2020)} enfrenta este dilema cuando la comunidad minera beneficiaria de ARE y la autoridad minera tienen que firmar un contrato de concesión especial, so pena de terminación del ARE. Que se requiera la acción simultánea de dos participantes para que se dé un efecto inclina al codificador a clasificar tal prescripción como una «regla de agregación»; empero, es precisamente la firma del contrato lo que permite a la comunidad minera acceder a la posición de «beneficiaria de contrato especial de concesión», lo que lleva a pensar en una «regla de frontera». El hecho de que un enunciado afecte simultáneamente dos partes de la SA da pie a la cuestión irresoluta del criterio demarcador entre afectación directa o indirecta (véase Tabla 3, Ej. 2).

Además, hay un par de cuestiones teóricas que aún no están claras en la teoría de ^{Ostrom (1995}, 2005) ni en las aplicaciones de la HGI y cuya discusión puede robustecerla. La primera se pregunta si es necesario que una posición sea enunciada explícitamente en el cuerpo legislativo bajo análisis o si es válido inferir «reglas de posición» de enunciados institucionales clasificados en otro de los seis tipos de reglas. ^{Lopera (2020)} encuentra que a diferentes participantes bajo Condiciones distintas y con acciones diversas se les conmina hacia un propósito común: suspender la explotación ilícita. Así, con una aproximación inductiva, establece la posición de «autoridad encargada de la suspensión de la minería ilegal». Hace una apuesta por este modo de crear las reglas de posición (véase tabla 3, Ej. 4). De las siete posiciones identificadas en su estudio, solo dos se pueden encontrar de manera explícita como una regla.

La segunda cuestión plantea si es posible considerar las prescripciones impuestas por los GAOML como reglas. Lopera (2020) les da la categoría de «reglas en uso» por la efectividad en su cumplimiento; sin embargo, ^{Ostrom (2015}, pp. 211-212) establece que la existencia del elemento O de lo contrario debe cumplir tres criterios, entre ellos, que sea resultado de una acción colectiva. En el artículo de 1995 Crawford y Ostrom (p. 586) se explayan al respecto y consideran que ese ámbito de acción colectiva en el que se discute y prescribe la regla puede tener un carácter gubernamental o no; los ejemplos que brindan de organizaciones autogestionadas, comunales y privadas que se dan sus propias reglas parece sugerir que los participantes de la SA deben participar en su formulación o al menos legitimar de algún modo la acción colectiva. Este, claramente, no es el caso cuando las GAOML imponen a mineros prescripciones -pese a que en su interior se pueda dar proceso deliberativo-.

4.3 Utilidad en la investigación de política públicas

La aplicación integrada de la HGI, cuyo foco analítico es una SA preestablecida, equipa al investigador con herramientas analíticas sensibles a la detección de vacíos, vaguedades e inconsistencias en la regulación que da forma a la SA. En el caso de la formalización minera, el autor ilustra la existencia de «reglas de frontera» que los mineros debían cumplir a cabalidad para acceder a las posiciones que les permitían seguir en el proceso. En contraste, el incumplimiento de una sola regla de salida los llevaba a la finalización y expulsión del proceso. El análisis de las «reglas de elección» hizo patente las inconsistencias en el proceso de ARE. Por ejemplo, en una fase superior del proceso de formalización -fase 3, suscripción contrato especial-, donde, en teoría, las capacidades técnicas y el cumplimiento de los requerimientos están más desarrollados que en fases previas, se niega a la comunidad minera la explotación minera que sí se permite en la fase anterior -fase 2, ARE declarada-.

Asimismo, la naturaleza colectiva de las ARE hace que se requieran múltiples «reglas de agregación» para coordinar decisiones y acciones entre los integrantes de la comunidad minera; sin embargo, el análisis de estas reglas dio cuenta de grandes vacíos en la legislación, de tal suerte que, ante situaciones plausibles en las que la autoridad minera debe tomar acciones, no existen enunciados que indiquen cómo deben proceder los mineros y las autoridades.

La aplicación integrada de la HGI a la formalización minera vía ARE fue fundamental para poner en evidencia las dificultades desde el diseño legislativo y las realidades que enfrentan los mineros tradicionales para completar el proceso de formalización. Las declaraciones de los funcionarios estatales a cargo, que enfatizan en la existencia de mecanismos legales para la formalización minera y que sugieren que los mineros permanecen en la informalidad porque así lo quieren, resultan desatinadas a la luz de esta investigación.