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La democracia se ha convertido en las últimas décadas en uno de los temas más importantes en los estudios políticos en América Latina. Los esfuerzos académicos se han dirigido a estudiar diversos aspectos de este sistema de gobierno, como las transiciones de sistemas políticos autoritarios a democráticos (O’Donnell, 1989; O’Donnell y Schmitter,1988; Cavarozzi, 1991; Przeworski, 1995; Martz, 2017), las tradiciones democráticas en los Estados nacionales (Barreda, 2012, pp. 165-166; Lynch, 2020), la relación de la democracia con el sistema de partidos, el sistema electoral y las instituciones informales (Barreda, 2012, p. 167; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016), el vínculo entre democracia y la estabilidad económica (Thorp, 1998; Bértola y Ocampo, 2013) o el papel de los factores socioculturales -como el capital social y la cultura autoritaria- en la consolidación de la democracia (Barreda, 2012, p. 167; Cheresky, 2012).
Entre los subcampos más prolíficos de estudios sobre la democracia en América Latina están los asuntos relativos a la calidad de esta y sus índices de medición (Barreda, 2012, p. 165; Cansino, 2013; Morlino, 2007; 2014). En el cuadro 1 se identifican y clasifican algunos de los trabajos más significativos realizados en las últimas dos décadas con respecto a este tema. Allí se resaltan aquellos trabajos que parten de una noción de la democracia que acoge la poliarquía desarrollada por Robert Dahl (2022) —como José Corbetta y Aníbal Pérez-Liñán (2001), David Altman y Aníbal Pérez-Liñán (2002), Scott Mainwaring (2008) y Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán (2016)— y que asocian a este sistema político con «un conjunto específico de procedimientos que regulan el acceso al poder político, tales como el sufragio universal, las elecciones libres e imparciales, la diversidad de fuentes de información, etc.» (Barreda, 2012, p. 151).
Cuadro 1 Dimensiones de calidad democrática en algunos estudios.
| Nociones de democracia como poliarquía | |||
|---|---|---|---|
| José Corbetta y Aníbal Pérez-Liñán (2001): | David Altman y Aníbal Pérez-Liñán (2002): | Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán (2015): | |
| 1. Derechos políticos y libertades civiles | 1. Derechos civiles efectivos | 1. Derechos políticos y libertades civiles | |
| 2. Gobernabilidad | 2. Participación efectiva | ||
| 3. Representación | 3. Competencia efectiva | ||
| 4. Participación ciudadana | |||
| Noción de democracia como «algo más» que poliarquía | |||
| Larry Diamond y Leonardo Morlino (2004): | Frances Hagopian (2005): | Daniel Levine y José Molina (2007): | Braulio Gómez Fortes, Irene Palacios, Manuel Pérez y Ramón Vargas (2010): |
| 1. Decisión electoral | 1. Democracia y legitimidad | ||
| 2. Participación | 2. Estado de derecho y ausencia de corrupción | ||
| 3. Accountability -horizontal, vertical, social- | 3. Representación | ||
| 4. Responsiveness | 4. Capacidad efectiva de gobierno | ||
| 5. Soberanía | 5. Sociedad civil | ||
| i. Procedimentales | i. Derechos | ||
| 1. Estado de Derecho | 1. Derechos políticos y libertades civiles | ||
| 2. Participación | 2. Justicia y Estado de Derecho | ||
| 3. Competencia | 3. Igualdad socioeconómica | ||
| 4. Accountability vertical | ii. Representación | ||
| 5. Accountability horizontal | 4. Accountability -horizontal y vertical- | ||
| ii. Sustantivas | 5. Responsiveness | ||
| 6. Libertad -derechos políticos y libertades civiles- | 6. Satisfacción ciudadana y participación | ||
| 7. Igualdad -política y legal- | |||
| iii. Resultados | |||
| 8. Responsiveness | |||
| Leonardo Morlino (2007): | Mikel Barreda (2012): | (Continuación…) Determinantes de dos dimensiones de la calidad de la democracia -garantía de derechos y responsiveness-: | |
| 1. Rule of law | 1. Estado de derecho | 1. Renta per cápita | |
| 2. Accountability | 2. Libertad de prensa | 2. Desigualdad económica | |
| 3. Responsiveness | 3. Derechos políticos | 3. Fragmentación étnica | |
| 4. Freedom | 4. Libertades civiles | 4. Años de democracia | |
| 5. Equality | 5. Percepción de corrupción | 5. Volatilidad electoral | |
| 6. Constricciones al ejecutivo | 6. Listas cerradas | ||
| 7. Participación electoral | 7. Confianza interpersonal | ||
| 8. Importancia de votar | 8. Alfabetismo | ||
| 9. Satisfacción con la democracia | |||
| 10. Elecciones limpias |
Fuente:Barreda (2012, p. 154) y Morlino (2007, p. 28).
También están los trabajos que van más allá de la noción clásica de democracia que propone Robert Dahl (2022) -como son los de Larry Diamond y Leonardo Morlino (2004), Leonardo Morlino (2007), Frances Hagopian (2005), Daniel Levine y José Molina (2007), Braulio Gómez Fortes et al. (2010) y Mikel Barreda (2012) - y que «amplían el contenido de la democracia con aspectos sustantivos y finalistas. La democracia no sólo implica ciertos procedimientos para seleccionar y controlar el poder político, sino también objetivos y resultados que se pretenden alcanzar, tales como el desarrollo económico, la justicia social o la igualdad» (Barreda, 2012, p. 152).
En general, la literatura que se ha producido en la región recientemente analiza una serie de factores estructurales, la experiencia democrática y factores institucionales y socioculturales como los más relevantes para explicar la calidad de la democracia en la región (Rivas, 2015, p. 6).
A pesar de estos significativos enfoques clásicos y críticos de la democracia, una característica de estos estudios es que no incluyen variables asociadas con la violencia y la criminalidad entre las dimensiones explicativas de estabilidad y calidad del sistema político (Munck, 2010). Aunque la literatura advierte que estos fenómenos sociales inciden de manera negativa en la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo humano, entre otros aspectos (Barreda, 2012, p. 165; Cansino, 2013), son pocos los trabajos producidos en la región que analizan las amenazas o riesgos que pueden tener los componentes de violencia y criminalidad, como las tasas de homicidios y diversos tipos de delitos -contra el patrimonio o la integridad personal, entre otros- para la consolidación de un sistema institucional y democrático más estable y transparente.
Entre los pocos trabajos se encuentra el de Altman y Pérez-Liñán (2002, p. 94), que señalan que la violencia política tiene impactos negativos sobre la vida democrática; lo mismo que el trabajo de Morlino (2014, p. 20), para el que muchos de los delitos relacionados «con el narcotráfico o bandas de crimen organizado […] amenaza al orden jurídico y democrático de la región [pues el poder] financiero, e incluso militar [de estas organizaciones ilegales, asociadas al narcotráfico son] capaz de poner en jaque a instituciones y procesos democráticos»; y como concluye Jorge Vargas Cullell (2012, p. 210), «Desafortunadamente, la amenaza de los actores ilegales es más alta en los países donde la calidad de la democracia tiende a ser baja».
De allí que Morlino (2007, p. 15) señale la importancia del Estado de derecho -rule of law- para la consolidación de una «buena» democracia y propone la inclusión en los estudios de variables como:
La ausencia de áreas dominadas por el crimen organizado.
La ausencia de corrupción en los poderes político, administrativo y judicial.
La existencia de una burocracia civil local y centralizada que aplique la ley con competencia, eficacia y universalidad, y asuma la responsabilidad en caso de error.
La existencia de una fuerza policial eficaz y respetuosa de los derechos y libertades garantizados por la ley.
Acceso igualitario y sin trabas de los ciudadanos al sistema judicial en caso de litigios entre particulares o entre particulares e instituciones públicas, lo implica que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan obtener representación.
Resolución razonablemente rápida de investigaciones penales y de juicios civiles y administrativos.
La total independencia del poder judicial de cualquier influencia política (traducción propia).
Para Morlino (2014), estas problemáticas, en algunos países, limitan la capacidad del Estado para controlar su territorio e imponer el orden público, afectando profundamente «la gobernabilidad y el Estado de derecho, la independencia y la relación entre los poderes del Estado, hasta el funcionamiento de los sistemas electorales y de los partidos políticos, así como los graves problemas de inseguridad ciudadana y corrupción» (p. 16). En este sentido, la sugerencia que hace es insistir en la necesidad de integrar en los estudios sobre la democracia, tanto en los marcos conceptuales como en las estrategias metodológicas, algunas variables que permitan dar cuenta de las dimensiones de la violencia y de la criminalidad.
En esta lógica de trabajo, este texto intenta aportar algunos elementos para un análisis en torno a la incidencia de la violencia y de la criminalidad sobre la democracia en América Latina.
Dinámicas recientes de inseguridad y violencia en América Latina
A pesar de que América Latina ha consolidado en las últimas décadas la democracia como sistema de gobierno -pasando de regímenes dictatoriales, donde eran comunes la violación a los derechos humanos, el horror y la impunidad (Nohlen y Thibaut, 1994; Munck, 2010; Lynch, 2020), a regímenes democráticos-, los índices asociados a la violencia y la criminalidad han aumentado en las últimas décadas. Las cifras sobre el tradicional indicador de tasas de homicidios muestran que América Latina es la región del mundo con mayores índices en este sentido.
Al final de la primera década del siglo xxi, la región ocupaba el segundo lugar con 144 mil homicidios, solo superada por África con 170 mil y muy por encima de Asia con 128 mil, Europa con 25 mil y Oceanía con 1200. Además, visto el homicidio como tasa por cada 100 mil habitantes, la región presentó, para este mismo periodo, una de 15,6 frente a la de África de 17,4, lo que puso a ambas regiones en una proporción de dos veces mayor al promedio mundial, el cual se situaba en 6,9 (UNODC, 2011).
Casi una década después, en 2017, las cifras permanecían muy similares, incluso con una leve tendencia al incremento. Para ese año la tasa de homicidios en la región se elevó un poco, situándose en 17 por cada 100 mil habitantes, y con ello casi triplicó la tasa de homicidios del mundo -el cual bajó a 6,1 por cada 100 mil habitantes-, e incluso superó a África, que había logrado reducirla a 13 (UNODC, 2019). El resultado fue una América Latina que para 2018 -con tan solo una población mundial de 8%- concentraba 39% de los homicidios de todo el mundo, es decir, 7% más que hace casi dos décadas y cuatro veces más que el promedio mundial.
Una lectura desagregada de estas cifras muestra al menos cuatro asuntos: primero, la diferencia marcada por género, ya que 92% de los asesinados han sido hombres -mientras en el mundo las víctimas hombres son 80% (UNODC, 2019)-; segundo, el rango de edad más afectado son los jóvenes entre 15 y 29 años -la tasa por cada 100 mil habitantes es de 64, cuatro veces mayor al promedio mundial de 16 (UNODC, 2019)-; tercero, la mirada geopolítica muestra que los homicidios se concentran en unos países, ya que para 2018 el 93% de los homicidios se concentraba en Brasil, Colombia, México, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras (Hernández, 2021, p. 122)-; y cuarto, que la mayoría de los homicidios se produce en los entornos urbanos, relacionados con el crimen organizado y las economías ilícitas e informales.
Adicional a estos rasgos, hay otra característica reciente: se ha presentado un aumento tanto de la tasa de homicidios como de la violencia intrafamiliar durante el periodo de la pandemia por la COVID-19 (véase Gráfica 1). Las cifras evidencian que durante este periodo reciente aumentó la violencia intrafamiliar, convirtiendo a las mujeres en una de las principales víctimas y generando un aumento en las tasas de feminicidio (Fundación Carolina, 2019; UNODC, 2019, p. 20; Instituto Igarapé, 2023; Hernández et al., 2022). Y en cuanto al incremento en la tasa de homicidios, el gran responsable ha sido el crimen organizado, asociado a actividades de «producción de cocaína» y «flujo de armas» (Appleby et al., 2023, febrero 8).
Fuente: tomado de Insight Crime (2023, febrero 8).
Gráfica 1 Tasa de homicidio en América Latina, 2022.
Respecto a la producción de drogas, de nuevo América Latina es la que aporta la mayor proporción de drogas como cocaína y marihuana al mercado global -medido por confiscaciones- (UNODC, 2019). Las drogas ilícitas son un combustible muy potente para el incremento de la violencia y, particularmente, en la cantidad de homicidios. En un estudio realizado por el Banco Mundial (2011) sobre la violencia en siete países de América Central se encuentra que uno de los factores más incidentes para la generación de homicidios se relaciona con el tráfico de drogas, puesto que un aumento en este en una zona geográfica específica de una ciudad ocasiona un incremento de 111% en la tasa de homicidios, mientras que un aumento de 10% en la población de jóvenes de 15 a 34 años lleva a un aumento de 9% en los homicidios.
En cuanto a las armas de fuego -el otro combustible de la violencia-, la tenencia por parte de la población civil y, específicamente, por las organizaciones criminales ha producido el aumento en las tasas de mortalidad y de la percepción de inseguridad ciudadana. De acuerdo con Aaron Karp (2018 citado por Álvarez, 2022, p. 68) se calcula que en América Latina existen más de 83 millones de armas de fuego legales e ilegales, la mayoría (84,6%) estaría en manos de civiles, las demás estarían en poder de las fuerzas armadas y de policía de los distintos países. En buena parte de los países de la región, el porcentaje de homicidios cometidos con este tipo de armas es de 71%, mientras que la tasa mundial es de 41% (UNODC, 2012 citado por Instituto Igarapé, 2023).
Al respecto, Angélica Rettberg (2020, p. 4) plantea que estos negocios ilícitos usan armas para crear órdenes sociales o «gobernanza criminal». Según evidencia de Brasil, El Salvador, Colombia y México, pandillas, combos y representantes de grandes carteles han hecho cumplir las órdenes de confinamiento y han repartido mercados en comunidades de bajos ingresos, perpetuando así su control social en condiciones de baja presencia estatal.
Como antes se ha indicado, en casi las primeras dos décadas del siglo xxi América Latina han sido asesinadas casi 2,4 millones de personas, una situación alarmante, en tanto las muertes violentas, además de anular el derecho humano más esencial como es el de la vida, comporta rupturas del tejido social, evidenciando las limitaciones que perviven en las sociedades y, sobre todo, en América Latina para la gestión de la «insociable sociabilidad» (Kant, 2003) a partir de la supresión del «hombre por el hombre».
La relación de la violencia homicida con la democracia en América Latina
Como se planteó al inicio, el apoyo a la democracia -como régimen político en América Latina- puede verse afectado por la percepción de violencia, inseguridad y crimen, así como por la eficacia que los gobiernos puedan mostrar para contrarrestarlas (Mainwaring, 2008). Esta visión establece que la estabilidad democrática y la calidad de este sistema político dependen de estas variables que al incrementarse provocan un deterioro en el apoyo ciudadano a las instituciones democráticas, permitiendo que emerjan expresiones autoritarias arraigadas en la cultura política de la región (PNUD y OEA, 2010; Latinobarómetro, 2011; 2021).
En este sentido, se esperaría que ante la grave situación de homicidios y violencia en la región se deteriore la confianza y credibilidad del sistema democrático, que afecte la confianza interpersonal y, por tanto, las relaciones sociales -capital social personal y comunitario-, que erosione la legitimidad y gobernanza del Estado y la confianza en las instituciones -el capital social del país- y que finalmente incida negativamente en el crecimiento y el desarrollo económico y social (Dammert, 2012; Fundación Carolina, 2019; Cuartas, Valencia y Zapata, 2011).
Y en efecto, las estadísticas disponibles evidencian una relación directa entre las variables de violencia y de criminalidad con las de calidad de la democracia. En la Gráfica 2 se plantea una relación entre el apoyo a la democracia en América Latina y las víctimas de delitos: aquellas contra el patrimonio -hurtos, robos, fraudes, chantajes, extorsiones, entre otros- y contra la integridad personal -lesiones personales, agresiones, violación, secuestro, entre otros-. Lo primero que se puede constatar es el porcentaje de personas agredidos o víctimas de un delito en los últimos doce meses. Se observa cómo el nuevo siglo comienza con un registro de 41%, aumentando a 43% para 2001 y desde allí hasta 2020 se presenta un comportamiento fluctuante entre 19% y 43% (Latinobarómetro, s. f.).
Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro (s. f.).
Gráfica 2 Apoyo a la democracia y víctimas de delito en América Latina, 2000-2020.
Lo segundo es el apoyo a la democracia, es decir, que la gente prefiere la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno. En esta variable el comportamiento de la ciudadanía es a mantenerse por encima de 50% la mayor parte de las primeras dos décadas del siglo xxi, salvo entre 2018 y 2020, cuando cae por debajo de esta cifra -48% y 49%, respectivamente-. Este apoyo a la democracia expresa sus mayores valores en 2009 y 2010, cuando alcanza 61% y 63%, respectivamente.
La segunda forma de observar la relación entre criminalidad y democracia la ofrece el indicador de «grado de confianza» que tiene la ciudadanía en la democracia para que lo proteja contra el crimen. De acuerdo con el Latinobarómetro (2021), durante 2020 -último año disponible-tan solo 28,2% tenía confianza en el sistema de seguridad (véase Gráfica 3), siendo Chile (14,8%) el país con menor confianza, seguido de Paraguay (15,4%), Argentina (16,4%) y Brasil (16,5%). Mientras que los niveles más altos de confianza se encuentran en Nicaragua (48,1%), Costa Rica (43,4%) y El Salvador (41,9%).
Fuente: Corporación Latinobarómetro (2021). * Aquí se incluyen solo «completamente garantizadas» y «algo garantizadas».
Gráfica 3 La democracia como garantía de protección contra el crimen en América Latina, 2020.
En una lógica muy similar, para periodo 2008-2010 el Barómetro de las Américas de LAPOP evaluó por primera vez el temor en todos los países de la región a partir de la siguiente pregunta: «Hablando del lugar donde usted vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?». El promedio para América Latina fue de 43%, cifra alta si se le compara con el 23% de Estados Unidos y Canadá (OEA, 2011). Durante la segunda década del siglo xxi la percepción de inseguridad en promedio para la región se redujo a 32% en 2012, incrementándose a 41% en 2014, 43% en 2016 y 2017, y llegando a un máximo de 48% en 2018 y 2019, para luego disminuir a 46% en 2021 (Lupu, Rodríguez y Zechmeister, 2021).
Como ya se dijo, los altos niveles de criminalidad y de violencia también inciden en la confianza en las instituciones democráticas y de gobierno. El aumento de estas variables provoca que la gente confíe menos en las organizaciones encargadas de controlar el crimen, como el Ejército, la Policía y el Gobierno. Para 2020 -el último año con información disponible para América Latina-, las instituciones de estas tres instituciones recibieron menos votos de confianza que otras organizaciones como las iglesias. En las Fuerzas Armadas se tiene una confianza de 44%, en la Policía de 36% y en el Gobierno de 27%, mientras que en las iglesias de 61%, más del doble que en la Presidencia. Lo mismo pasa con la confianza en las instituciones que administran el sistema democrático, como las organizaciones electorales (31%), el poder judicial (25%), el Parlamento (20%) y los partidos políticos (13%) (Latinobarómetro, 2021).
Esto hace advertir que la gente en general, ante el profundo malestar con el manejo de la seguridad personal, la patrimonial y la pública, cuestiona el orden democrático y las instituciones ante la dificultad del Gobierno y las autoridades para ejercer el control territorial pleno -quedando zonas sin ley en lo rural y lo urbano-, lo cual incide en las bases de la gobernabilidad y, con ella, de la estabilidad democrática (Riego y Gutiérrez, 2011), y finalmente se afecta la estabilidad del gobierno, la paz democrática y el desarrollo.
La propuesta: controlar la violencia y la criminalidad como mecanismo para fortalecer la democracia
En el contexto de incremento de la violencia y de la criminalidad en la región en las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe, las acciones para reducir estos fenómenos y aumentar la seguridad ciudadana como bien público son una de las tareas pendientes más importantes y prioritarias. Los países de esta región deberían establecer como reto afectar positivamente estas variables para reducir el riesgo de los sistemas democráticos y avanzar en la estabilidad de los Gobiernos. Es necesario avanzar en la construcción de políticas públicas para reducir las variables de violencia y de la criminalidad. Con esto se podrían ampliar las oportunidades de construcción de sociedades con mayores grados de libertad, confianza y democracia.
Las políticas deberían estar encaminadas a atender tanto las causas objetivas como las subjetivas de violencia, los factores de riesgo, así como los asuntos que inciden y determinan el incremento de los homicidios y delitos contra el patrimonio y la seguridad pública; políticas que generen cambios económicos, sociales, políticos y culturales que mejoren la legitimidad del Estado, el entramado institucional y la confianza en el sistema democrático (Barral, Basco y Garnero, 2020).
Entre las causas objetivas de la violencia, sin duda, están los factores económicos como el índice de pobreza o riqueza, el acceso al trabajo y las oportunidades educativas, entre otros. En este sentido, se debe avanzar en la región por construir sistemas económicos más equitativos y con mayor inclusión social (PNUD, 2004). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) una de las formas de fortalecer los sistemas democráticos, vía control de la violencia, son programas que ayuden a reducir la pobreza y la desigualdad.
Estos programas de economía política se hacen más urgentes en la actualidad debido a que las ganancias que se lograron en este aspecto entre 1990 y 2020 se vieron destrozadas en el periodo de pandemia, en el que se reversaron los avances respecto a la pobreza extrema (Cepal, 2022), y en general por el estancamiento de estructuras económicas poco productivas y por los altos índices de informalidad que bordean 50% de la población (CAF, 2022, abril 6) (véase Gráfica 4). Según los datos que se tienen hoy, un tercio de los habitantes de la región son pobres (32,1%), cerca de 201 millones de personas, de los cuales están en pobreza extrema 13,1%, es decir, 82 millones de personas (Cepal, 2022).
Fuente: elaboración propia a partir de Cepal (2022).
Gráfica 4 Tasas de pobreza en dieciocho países de América Latina, 1990-2021 y proyecciones para 2022.
Se requiere entonces, una apuesta de los Estados por aumentar la provisión de bienes y servicios en partes de sus territorios, incluidas áreas urbanas; además de políticas que ayuden a reducir la desigualdad en la región. América Latina es una de las regiones más inequitativas del mundo, dado que:
El 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre, por lo cual el ratio de Kuznets de la región, el cual mide la distancia entre ricos y pobres, es más del doble del promedio del ratio de los países desarrollados. El coeficiente de Gini promedio en la región es de 0,46, mientras que en los países desarrollados es de 0,32 (Busso y Messina, 2020, p. 3).
El género, la raza y la etnicidad, al igual que los ingresos, son poderosos determinantes del acceso a la atención de la salud, la educación, el empleo y el sistema legal (Busso y Messina, 2020, p. 3).
El segundo tipo de programas son aquellos dirigidos a fortalecer la confianza en las instituciones del sistema democrático -en el poder legislativo, el poder judicial y los partidos políticos-. Formas de aumentar la confianza con programas anticorrupción, dirigidos a aumentar la transparencia en el uso de recursos públicos y sistemas de rendición de cuentas. Estilos de gobierno más cercanos a la gente, que permitan cambiar la percepción de que los gobiernos están al servicio de la ciudadanía y no de los grupos económicos más poderosos, como se muestra en la Gráfica 5. La idea es que ante la pregunta «¿para quién se gobierna?» las respuestas aumenten por la opción «para el bien del pueblo».
La tercera sugerencia está encaminada a atacar y controlar el crimen organizado. Como se observó en el segundo apartado, son las organizaciones criminales uno de los factores con mayor incidencia en la violencia y la criminalidad en la región. De allí que a la par del desarrollo de ajustes económicos para reducir la pobreza y la desigualdad también se deben fortalecer las fuerzas armadas y los aparatos policiales para enfrentar a estas organizaciones multicrimen. Acciones que en el marco del Estado de derecho y en la defensa de los derechos humanos (PNUD y OEA, 2010; Vásquez, 2019, diciembre 20) logren controlar actividades tan lucrativas como el narcotráfico (Niño, 2020, p. 221) y el mercado ilegal de armas. Acciones del Estado que garanticen el imperio de la ley, que ayuden a reducir la cantidad de armas entre la sociedad civil y a mantener el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Todas estas acciones podrían reducir los índices de homicidios y aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2001; Salama, 2008; Muggah y Aguirre, 2018; Jaitman, 2017; Rettberg, 2020).
Finalmente, para los académicos y tomadores de decisiones es necesario que en los estudios y acciones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina se tengan en cuenta las variables asociadas con la violencia y la criminalidad. Estudios de calidad de la democracia que incluyan este tipo de problemáticas y que permitan ir más allá de las variables propias del sistema político -el tipo de régimen, el sistema de partidos, el sistema electoral, entre otros- y que, como se ha argumentado aquí, inciden en el sistema político y en la democracia. Trabajos que, además, se dirijan a hacer recomendaciones sobre variables socioeconómicas como la pobreza e inequidad, los programas de justicia distributiva, el fortalecimiento de la confianza institucional y la lucha contra la corrupción, el control del narcotráfico y el crimen organizado, asuntos todos relacionados con la estabilidad y calidad de los regímenes democráticos.
