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Introducción
La firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en 2016 inició un proceso de transformación de una de las últimas y más importantes guerrillas de América Latina en partido político. Concretamente, el acuerdo entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) estipuló que, una vez formalizada como partido político, la antigua guerrilla obtendría cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes del Congreso de la República durante dos periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026) (Gobierno y FARC-EP, 2016, pp. 70-71). Este propósito refleja uno de los principales elementos de las transiciones del conflicto a la paz, consistente en negociar con los grupos insurgentes los mecanismos por medio de los cuales expondrán sus ideas y ejercerán la política sin acudir a la violencia y la confrontación abierta con el Estado (Gillies, 2011; Manning y Smith, 2016; Rettberg y McFee, 2019).
En este artículo se pregunta cómo han navegado la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) -denominadas Comunes desde 2021- la transición hacia partido político y también busca describir y explicar el desempeño, los avances y los retos del nuevo partido. Las curules asignadas constituyen una oportunidad histórica con la que cuenta la organización, así como una posibilidad de observar el desempeño del partido en el Congreso de la República. Sin embargo, el trabajo legislativo permite documentar también de manera más amplia los retos que implica la transición de guerrilla hacia partido político dentro del sistema político colombiano, la construcción de su propia base electoral, la adaptación de su estructura interna y de su proceso de toma de decisiones, los aprendizajes respecto al contexto legislativo y de las habilidades de concertación que este requiere, así como un proceso de adaptación ideológica que genera tensiones dentro y fuera de la organización. En ese sentido, el objetivo del texto es contribuir, a partir de un caso concreto, a la comprensión más amplia de los problemas que enfrentan las organizaciones armadas ilegales en su tránsito a organizaciones civiles (Muggah, 2013; Söderström, 2013) y sumar a la literatura académica que ha estudiado otros casos en América Latina, como son la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador (Allison, 2016; Manning, 2007).
1. Estrategia empírica
Con el aval del comité de ética de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes se realizaron catorce entrevistas a miembros del partido (6), a sus equipos de apoyo legislativo (3) y a observadores del proceso (5); una revisión y seguimiento exhaustivo de la prensa y de documentos oficiales; y el análisis de datos de comportamiento legislativo del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes.
Se estructuró la búsqueda de evidencia en torno a las siguientes categorías: i) una categoría histórico-descriptiva, referida al contexto político colombiano, las dinámicas de participación política en elecciones en Colombia antes del Acuerdo, la organización política de la guerrilla y su ideología política, y los mecanismos de toma de decisión y organización política; ii) una categoría referida a las características organizacionales al momento específico de la transición de guerrilla a partido político, como el marco institucional y legal de implementación del Acuerdo, el sistema electoral y partidista colombiano, las divisiones ideológicas y políticas preexistentes o que surgieron en el proceso de desarme y que se mantienen, la participación y organización de excombatientes en la concertación de la agenda política del partido FARC, los intereses que el movimiento FARC pretendía representar en el Congreso de la República, las garantías de participación política al partido FARC y las formas de financiación para la actividad del partido FARC; y iii) una categoría referida al desempeño de las FARC-Comunes en el Congreso y en la vida política, como la capacidad de presentar proyectos de ley y estado de estos, la participación en citaciones de control político, la disciplina partidista al momento de votar proyectos de ley y las declaraciones públicas sobre temas de interés legislativo.
Las personas entrevistadas incluyeron miembros del partido Comunes -incluidos congresistas y miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL)- y personas «expertas» -académicos, miembros de otros partidos y funcionarios estatales-. La información de las entrevistas y la revisión de fuentes primarias fue complementada con un análisis de la base de datos y el seguimiento periódico realizado por el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, lo cual nos permitió rastrear qué proyectos de ley ha tramitado el partido FARC-Comunes en el Congreso, en coalición con qué partidos, sobre qué temas, cuál es su agenda y cuáles son sus retos como organización.
Debido a la pandemia, más de la mitad de las entrevistas tuvieron que realizarse de manera virtual, las demás se realizaron de forma presencial en las oficinas de cada persona. El material recopilado reposa en una «nube» protegida por doble clave.
2. Democracia, construcción de paz y partidos políticos
En esta sección se presentan las variables internas que pesan en una transición de guerrilla a partido político (Lyons, 2005; Berti, 2013; Lyons, 2016). Así, lograr la paz y profundizar la democracia tienden a ir de la mano en los países que emprenden transiciones para salir de la guerra (Bellamy, 2019; Call y Cook, 2003; Pugh y Cobble 2001). Esto implica la revisión y reforma de las reglas electorales, la composición de los órganos decisorios, posibles mecanismos para compartir el poder, ampliar la participación de la sociedad y la creación de nuevas organizaciones políticas (Blattman, 2009). La relación entre democracia y construcción de paz ha sido ampliamente estudiada (Bejarano y Reales, 2001; Paris, 1997; Jarstaad, 2014), específicamente, el rol de regímenes cerrados en la generación de agravios políticos y la apertura de espacios democráticos como herramientas para la inclusión y la tramitación de conflictos sociales después de la guerra. Aunque la participación en elecciones no necesariamente genera más y mejor democracia (Matanock y Staniland, 2018), es claro que la perspectiva de someterse a elecciones ha desempeñado un papel central en la inclusión de antiguas guerrillas en las vías institucionales estatales para tramitar inconformidades y luchas políticas (Castañeda, 2017; Cousens, Kumar y Wermester, 2001).
La literatura sugiere que la transición de colectividades insurgentes a organizaciones partidistas no es obvia, sencilla ni lineal (Fortna y Huang, 2012; Gurses y Mason, 2008; Huang, 2008). Es posible identificar al menos cuatro elementos esenciales para comprender el tránsito exitoso de una guerrilla a partido político: la historia política y las debilidades y fortalezas de organización interna de la antigua guerrilla para tomar decisiones y establecer disciplina partidista, el diseño institucional del Estado donde el grupo armado transitaría a partido político y el contexto concreto que posibilitaría una transición más exitosa para el neófito partido en materia de conquista de bases electorales y participación política (Guáqueta, 2007; Lyons, 2016; Palou y Méndez, 2012; Villarraga, 2013; Berti, 2013; Manning, 2007; Lyons, 2005, Söderström, 2013). Para comprender las dificultades de este proceso, es importante remontarse a teorías sobre los orígenes de los partidos políticos. Angelo Panebianco (1982), por ejemplo, menciona aspectos como la dinámica de institucionalización, los dilemas organizativos y el rol de los referentes históricos en la formación de los partidos.
Algunas de las dificultades y patrones recurrentes con los cuales se enfrentan las guerrillas al momento de hacer su transición a partido político tras una desmovilización colectiva son las siguientes: en primer lugar, la mayoría de los partidos políticos que provienen de antiguas guerrillas se caracterizan por tener estructuras jerárquicas y autoritarias que derivan su cohesión interna de la solidaridad y simpatía colectiva o de la visión de un enemigo común creada en el marco de la lucha armada (Levitsky y Way, 2010). Cuando los grupos rebeldes conforman un partido político sus ideales políticos insurgentes no son necesariamente estáticos, pues al incorporarse a la institucionalidad democrática reciben nuevos estímulos y perspectivas (Manning y Smith, 2016; Sartori, 2005), permitiendo así la canalización de nuevos intereses políticos (Toft, 2010; Nussio, 2013; Palou y Méndez, 2012; Villarraga, 2013).
En segundo lugar, pesan también el grado de disciplina, la estructura de mando, la cohesión interna y la orientación ideológica (Marshall, 2019; Berti, 2013; Guáqueta, 2007; Lyons, 2016; Palou y Méndez, 2012; Villarraga, 2013). Estas variables pueden generar inercias -path-dependence- y limitar la capacidad de adaptarse a las reglas de juego del sistema -por ejemplo, del funcionamiento del Congreso-, generar nuevos liderazgos y asegurar una base electoral, resolver conflictos internos y establecer disciplinas partidistas (Manning, 2007; Berti, 2013; Marshall, 2019).
En tercer lugar, las guerrillas-convertidas-en-partidos tienden a competir con organizaciones más grandes o más largamente establecidas. La literatura sobre nuevas fuerzas políticas, también conocidos como partidos políticos pequeños o «de nicho» (Adams, Clark, Ezrow y Glasgow, 2006; Adams y Merrill, 2006; Spoon, 2011), ofrece pistas para entender el reto que esto implica. En breve, el éxito de los partidos pequeños depende de su capacidad de ser aliados deseables para las organizaciones existentes y de desarrollar habilidades de concertación (Sartori, 1994; 2008). Esto representa un reto significativo para las antiguas guerrillas, las cuales, como se mencionó arriba, vienen de tradiciones de organización militar, jerárquica y autoritaria que pueden tener dificultades para acomodar la diversidad de perspectivas y los desacuerdos, y que además arrastran problemas de reputación asociados a la violación de derechos humanos en contextos de guerra. Al mismo tiempo, la disciplina de los militantes de la ex guerrilla convertida en partido puede ser útil para votar en bloque los proyectos de ley y para ejercer control en los debates políticos (Allison, 2006; Álvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski, 2000; Gross, 1978; Prud’homme, 2014, Van Haute y Cauja, 2015).
3. Antecedentes de la relación entre guerrillas y democracia en Colombia
En esta sección se presentan las variables externas o de contexto de la trama institucional y política al que llega una organización. Así, por varias décadas la política colombiana estuvo marcada por el consociacionalismo del Frente Nacional implantado para frenar la violencia entre los dos principales partidos políticos, el Liberal y el Conservador (Hartlyn, 1993; Karl, 2018). A pesar de que el Frente Nacional fue eficaz en reducir la violencia, afianzó un sistema bipartidista y cerró las posibilidades para la participación política de alternativas distintas a los partidos tradicionales. Esto, desde el punto de vista de las guerrillas que surgieron en la década de 1960, justificó la rebelión armada y condujo a sucesivos esfuerzos reformistas para abrir el sistema y ampliar las posibilidades de participación para individuos, grupos y organizaciones.
Por consiguiente, los intentos por negociar la paz con los distintos grupos armados han incluido medidas para abrir y profundizar la democracia. En la década de 1980 las negociaciones con la Coordinadora Nacional Guerrillera dieron pie al surgimiento del partido Unión Patriótica, conformado por militantes de las FARC-EP y otros grupos políticos alternativos cuyo objetivo era participar de las elecciones legislativas y presidenciales (Guáqueta, 2007; Söderström, 2016). Sin embargo, fueron blanco de ataques en el contexto de violencia que vivió el país producto de la guerra entre el Estado y el narcotráfico (Nasi, 2014; Bushnell, 2007; Villarraga, 2013). Entre 1990 y 1991 fueron asesinados dos de sus candidatos presidenciales. En los años subsiguientes la Unión Patriótica fue víctima de continuos ataques y murieron miles de sus militantes, llevando incluso a la pérdida de su personería jurídica (Gómez-Suárez, 2018).
También la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco en 1990 llevó a la conformación de un partido político, la Alianza Democrática M-19 (AD M-19). Esta organización lanzó candidatos a elecciones presidenciales y a Congreso (Bushnell, 2007; Nasi, 2014; Söderström, 2016). A pesar de que también fue víctima de persecuciones y violencias, la AD M-19 logró ocupar un tercio de las curules de la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó hasta 1991 y su líder participó de la presidencia colegiada de dicha entidad. La resultante Constitución de 1991 buscó profundizar la democracia como respuesta al conflicto y acuñó decenas de mecanismos y garantías de participación, así como incentivos para la formalización de organizaciones políticas diversas (Botero, 2011).
Frente a este contexto, las FARC-EP mantenían apuestas paralelas y ambivalentes, o una «combinación de formas de lucha» (Medina, 2020): por un lado, cuestionaban la democracia y la atacaban sistemáticamente en época preelectoral, por ejemplo, por medio de la quema de urnas electorales (Aguilera, 2000; CNMH, 2013; MOE, 2018); por otro lado, apoyaron la formación de la Unión Patriótica en la década de 1980 y cultivaron su afinidad con el Partido Comunista Colombiano (PCC), sobre todo, con el Partido Comunista Clandestino (PCCC) (Medina, 2020). Varias afirmaciones de los entrevistados ilustran estas posturas:
Se acompañaba por medio de la orientación de las organizaciones de masas a candidatos que se inscribían a distintos partidos. Para las elecciones nacionales la participación de las FARC no era directa, sino indirecta (comunicación personal, Entrevistado 5, miembro de Comunes, agosto 18, 2020).
Colombia es un país que no lee, sólo traga entero […]. Eso hace que mucha gente del campo preguntara por quién votar, nosotros incidíamos en que la gente no votara, le decíamos a la gente que por ese candidato mejor no votar porque era solo una cara bonita. Promovíamos el abstencionismo […]. También quemábamos urnas. Es que estábamos contra el Estado y contra las formas politiqueras. Le decíamos a la gente que no votara, que votar por un candidato que ofrece cosas que son deberes del Estado no era bueno (comunicación personal, Entrevistado 4, miembro de Comunes, octubre 1, 2020).
Sin embargo, ante la oportunidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente, decidieron apartarse y arreciar su acción armada en las décadas subsiguientes. Esto cambió en el contexto del proceso de negociaciones iniciado en 2012 y que concluyó con un acuerdo en 2016.
3.1 La participación política en el acuerdo de 2016
Uno de los principales objetivos del Acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016 fue el de generar una democracia más incluyente que permitiera la puesta en marcha de mecanismos democráticos de participación ciudadana en los ámbitos nacional y local (Gobierno y FARC-EP, 2016). Esto se concretó en el segundo y tercer punto del Acuerdo final, los cuales se basaron en el segundo acuerdo parcial sobre participación política logrado el 4 de noviembre de 2013 y el quinto acuerdo parcial sobre fin del conflicto y desmovilización logrado el 23 de junio de 2016, al tiempo que la declaración de un cese al fuego «bilateral y definitivo», preludio a la firma del Acuerdo. Los distintos componentes pretendían incentivar el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que no tenían voz en el Congreso y garantizar la transición de la lucha armada de las FARC-EP a la lucha política a través de vías institucionalizadas y democráticas. Como resultado, se garantizó la presencia de cinco de sus miembros en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado (Villamizar y Hoyos, 2019) por dos periodos legislativos consecutivos.
Además de lo anterior, el marco legal e institucional diseñado por el Acuerdo de paz ha permitido que Comunes, además de las curules, se haya beneficiado de la Ley 1909 de 2018, más conocida como el Estatuto de la oposición. Con base en este, los partidos políticos deben declararse partidos de gobierno, partidos independientes o partidos de oposición. Los derechos políticos derivados del Estatuto y de los cuales goza el partido Comunes en virtud de su reincorporación política son: financiación adicional para el ejercicio del derecho a la oposición, el acceso a medios de comunicación social del Estado, derecho de réplica, entre otras.
No fue fácil llegar al acuerdo sobre participación política. A pesar de que para las FARC-EP era evidente el agotamiento de la vía armada (Ugarriza y Quishpe, 2019), los antecedentes históricos de la reincorporación política, concretamente la experiencia de la Unión Patriótica, pesaron poderosamente en la aversión de las FARC-EP a desmovilizarse y exponerse a un ambiente político adverso. No se trataba sólo del temor a la violencia. La transición implicaba también un reconocimiento de las leyes del Estado que hasta ahora habían combatido y, en ese sentido, un profundo desafío a las convicciones que nutrieron su lucha armada.
En el momento de la transición, el partido funcionaba bajo el liderazgo de quien fuera el último comandante en jefe del Estado Mayor de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que fue su presidente y candidato presidencial en las primeras elecciones en las que el partido participó en 2018. En su Congreso Fundacional, en septiembre de 2017 en Bogotá, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) declaró que «seremos millones y millones en una Nueva Colombia» (Medina, 2020, p. 179). Sin embargo, en las elecciones legislativas, a las cuales se presentaron a pesar de tener curules garantizadas por el Acuerdo, lograron menos votos que los requeridos por el umbral electoral2 y se retiraron de las presidenciales por falta de perspectivas y una percepción de bajas garantías de seguridad (Bolívar, Botero, Restrepo y Wills, 2023). En 2021, el partido cambió su nombre a Comunes.
La transición a la legalidad implicó varios retos prácticos adicionales, como abrir cuentas bancarias para la financiación de sus campañas políticas, tramitar diligencias ciudadanas a través de instituciones estatales, comparecer ante instituciones judiciales para honrar los compromisos de justicia transicional y desarrollar la experticia técnica para participar en los debates en la esfera pública y mediática (Gómez-Suárez, 2018; Ugarriza y Quishpe, 2019; Semana, 2019, septiembre 28). Más profundamente, la reintegración política exigió abandonar la deslegitimación discursiva y material de la institucionalidad colombiana y las elecciones, hacer parte de la legalidad y tramitar allí desde y con el Estado, antes considerado sólo como enemigo, sus inconformidades y luchas políticas (FARC, 2017, septiembre 4; Molano, 2017; Ugarriza y Quishpe, 2019; Ugarriza, 2013; Meschkat y Rojas, 2009; Villarraga, 2013).
4. Rastreando la conversión de guerrilla en partido
Para comprender algunos de los retos que han enfrentado la FARC, ahora Comunes, en su proceso de transición, conviene remitirse a particularidades de la estructura organizacional desarrollada durante el conflicto. A continuación, se analizan dos de estos factores, la estructura interna y el papel de la ideología.
4.1 Discusiones y divisiones políticas
Uno de los aspectos que han caracterizado la transición de guerrilla a partido es la renuncia periódica de personas con cargos de comandancia desde la firma del Acuerdo de paz. Así, alias Andrés París, alias Sonia, alias Victoria Sandino -además de Iván Márquez y Jesús Santrich, que retomaron las armas- se han distanciado de la organización. En sus explicaciones, los y las exlíderes de la FARC han señalado su desacuerdo con las estructuras internas, los procesos de toma de decisiones, la asignación de tareas y recursos, y las ambiciones personales (El Colombiano, 2022, julio 22).
Para comprender el alcance de estas críticas conviene recordar que dentro de la organización guerrillera existía una división entre lo militar y lo político que permitía separar las órdenes de carácter jerárquico y netamente militares, de las decisiones y opiniones políticas de los militantes (Ugarriza y Quishpe, 2019; Nussio y Quishpe, 2019). Las órdenes militares no eran objeto de discusión. Las células -subdivisiones de naturaleza política-, sin embargo, permitían el debate, aunque servían principalmente para reforzar el alistamiento ideológico-político de la tropa. En palabras de excombatientes de las FARC-EP:
Gracias a la dinámica jerárquica las diferencias no se sentían porque cumplían órdenes. Entonces, por supuesto eso no dejaba aflorar ningún tipo de división o de diferencia […]. La célula se ocupaba también del acontecer político, de llevar un informe político a los militantes. La célula era la crítica y la autocrítica para toda la militancia. Había ocasiones donde la célula también sancionaba políticamente (comunicación personal, Entrevistado 4, miembro de Comunes, octubre 1, 2020). Había espacios de democracia, pero eran muy estrictos y se cerraba la discusión, no eran una organización para discutir. Hemos aprendido que los partidos en Colombia discuten todo, pero con nosotros las decisiones eran muy centralizadas, el consenso se construía sobre la base de legitimidad que tenían nuestros dirigentes (comunicación personal, Entrevistado 5, miembro de Comunes, agosto 18, 2020).
Para abrir espacio a la discusión y a la orientación se instauró dentro del partido un Consejo de Comunes y opera también el Consejo Político Nacional, en el cual se acuerdan posturas. El partido mantiene reuniones periódicas en donde se debaten las estrategias que van a adoptar en un futuro en torno a proyectos de ley, votaciones y posturas políticas sobre la coyuntura nacional. Sin embargo, como lo muestran las reiteradas dimisiones, la continua existencia de estructuras jerárquicas que emulan la situación de comandancia en tiempos de guerra (Lyons, 2016; Berti, 2013; Speight y Wittig, 2017) y la renuencia de algunos líderes a seguirlas ha generado desafíos. En palabras de un miembro del partido:
La dificultad del proceso de tránsito se da sobre la base de amoldar las antiguas estructuras militares en nuevas estructuras políticas, a las estructuras políticas que vienen de lo militar. Es que no hay que replicar lo militar en lo político y además hay que tener una responsabilidad que no teníamos antes. Hay que ser responsables electoralmente (comunicación personal, Entrevistado 5, miembro de Comunes, agosto 18, 2020).
4.2 Discurso e ideología
Antes de la reintegración política de las FARC-EP, el estatuto que regía a la guerrilla se basaba en los acuerdos de la Séptima Conferencia Nacional (1982), en la que se estableció que: «Las FARC-EP aplican a la realidad colombiana los principios fundamentales del marxismo-leninismo […]; se inspiran en el pensamiento revolucionario del Libertador Simón Bolívar del antiimperialismo, la unidad latinoamericana, de la igualdad y el bienestar del pueblo» (FARC-EP, 2007).
Ello contrasta con las opiniones actuales. De hecho, en la plataforma ideológica del partido, publicada el 4 de septiembre de 2017, la FARC no se autodenomina marxista-leninista y renuncia al cambio revolucionario (FARC, 2017; Medina, 2020). En ese sentido, la reincorporación política implicó la moderación de su posición ideológica y la aceptación de los derechos del orden constitucional.
Una cosa es lo que yo creo individualmente del comunismo y otra lo que hay que hacer por la sociedad. Yo no sé qué se entiende por partido comunista, pero si la gente cree que el partido va a subvertir la estructura del Estado, eso es un absurdo, no tenemos las mayorías […]. Lo que pedimos es que se cumpla la Constitución (comunicación personal, Entrevistada 3, miembro partido Comunes, octubre 18, 2019).
En principio, nuestro interés sigue siendo la gente y sus derechos, pero el proyecto comunista nuestro está muy lejos, ahorita nos importan los derechos de la gente. Es que nosotros estamos planteando una plataforma donde se protege la propiedad privada, no tenemos nada en contra de la propiedad privada. Simplemente queremos una economía solidaria (comunicación personal, Entrevistado 2, miembro partido Comunes, octubre 16, 2019).
En los testimonios de nuestros entrevistados es evidente, sin embargo, la continua decepción frente al sistema político colombiano. Algunas de sus opiniones se fundan en un choque al ingresar a la institucionalidad y la necesidad de adaptarse a las exigencias de la política legislativa:
La realidad actual es que la política colombiana no ha tenido transformaciones o una reforma política que haga posible la veeduría ciudadana. Nosotros registramos la misma política que viene gobernando al país hace más de cincuenta años donde hay alternancias en el poder de los mismos [sic], hay estrechez política para la participación y las reglas no son garantía de nada (comunicación personal, Entrevistado Observador 9, septiembre 4, 2020).
Ha costado entender el sistema político, intentar jugar en ese sistema político sin permitir que los asimile ese sistema político porque su preocupación es que el sistema político colombiano los asimile y se vuelvan un partido político más, una empresa electoral, uno que avala a diestra y siniestra sin tener un proyecto de país concreto (comunicación personal, Entrevistado 8, miembro partido Comunes, septiembre 11, 2020).
4.3 El desempeño legislativo
La transición ideológico-discursiva no sólo se hace evidente en los testimonios de los congresistas de Comunes, sino también en el tipo de proyectos de ley que han presentado en el Congreso. Según la base de datos de Congreso Visible (s. f.), el partido ha logrado adelantar más de cien proyectos de ley. Como se aprecia en la Gráfica 1, los temas sobre los cuales más ha legislado la FARC-Comunes entre 2018 y 2021 no tienen fines de transformación estructural, sino que principalmente acompañaron iniciativas de alivio frente al impacto de la pandemia y debates de control político propuestos por otros partidos.
Fuente: elaboración propia a partir de Congreso Visible (s. f.).
Gráfica 1 Proyectos de ley por tema presentados por el partido FARC-Comunes, 2018-2021.
4.4 Capacidad técnica y construcción de alianzas
Desempeñarse en el Congreso no es sólo asunto de agendas e ideologías, existen aspectos técnicos fundamentales en el proceso de convertir una propuesta en proyecto y luego en ley que toda persona en la rama legislativa debe conocer. Para los integrantes del partido Comunes, dicha integración ha sido difícil debido a la falta de experticia que tienen en materia de técnica legislativa y en la dificultad de acoplarse a las instituciones informales que rigen las relaciones políticas en el Congreso. Sin embargo, han hecho esfuerzos para compensar su inicial falta de competencia técnica:
En 2020 ellos manejaron un papel bastante activo, en la Comisión séptima […]. Ellos se tomaron la vocería de ese proyecto de ley […] y fueron los que llamaron a las demás bancadas alternativas. Ellos sí han logrado meterse en esos temas (comunicación personal, Entrevistado Observador 11, enero 25, 2021).
Estamos apoyados por nuestras Unidades Técnicas Legislativas que son asesores que están en ese compromiso de redacción de un proyecto de ley, la forma y el contenido. Pero ese es un trabajo que hacen ellos, los de la UTL, nosotros los congresistas vamos preparados a la plenaria, leemos los conceptos de los proyectos de ley. Cuando son debates de control político investigamos sobre qué es el debate, y cómo vamos a hacer la intervención (comunicación personal, Entrevistado 4, miembro partido Comunes, octubre 1, 2020).
La labor del partido Comunes ha sido reconocida por los observadores y miembros de las UTL de partidos políticos en el Congreso:
Tengo una buena percepción en general. Es que los puestos de las UTL muchas veces son cuotas políticas que realmente no apoyan la labor técnica. Yo no he visto eso en el equipo de Criselda ni de Pablo Catatumbo. Tienen personas técnicas de Bogotá, pero también tienen personas de territorio […]. No pierden de vista lo territorial (comunicación personal, Entrevistado Observador 12, febrero 1, 2021).
Han logrado poder conversar con el país, con las bancadas, con distintas cosas han tenido pequeñitas victorias, alguno que otro proyecto les ha pasado. El lenguaje ha bajado, ha disminuido, son más proactivos ahora, pero nunca han podido tener un tema clave que puedan liderar. Ellos son estrategas y no se van a meter en proyectos donde van a terminar perjudicados (comunicación personal, Entrevistado Observador 13, enero 22, 2021).
En virtud de estos beneficios y bajo el manto de los beneficios otorgados por el Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018), el líder de Comunes, alias Timochenko, ejerció el derecho a réplica y realizó una alocución por televisión para rechazar el regreso a las armas de una facción de la insurgencia. Por otro lado, la senadora Sandra Ramírez de Comunes fue elegida como segunda vicepresidenta del Senado en 2020, una votación histórica que simboliza y materialmente refleja cómo el marco legal le ha garantizado al partido Comunes integrarse a la institucionalidad para legislar y representar los intereses que formulen en su agenda.
A pesar de estos reconocimientos, el partido ha tenido dificultades para construir alianzas permanentes con otros partidos políticos. De hecho, algunos partidos de centro izquierda se han rehusado abiertamente a trabajar con ellos. Es notable, en ese sentido, el rechazo expreso del Pacto Histórico de recibir a Comunes entre sus aliados para la campaña presidencial de 2022, en la cual resultó victorioso (Flórez, 2021, febrero 17). Claramente, el costo político electoral y reputacional de ser relacionados con las antiguas FARC-EP aún excede la posible ganancia electoral. Algunos partidos de centro izquierda como la Alianza Verde o incluso el Polo Democrático Alternativo sólo han estado dispuestos a colaborar con el partido Comunes cuando es claro que un proyecto de ley no alcanzaría la mayoría sin la ayuda del partido.
Las alianzas han sido bien difíciles, en Bogotá, para lo que fue las últimas elecciones en 2019, nos excluyeron de la alianza y fueron los del Partido Comunista los que no quisieron que estuviéramos ahí. Los partidos de izquierda son reticentes a la colaboración con nosotros porque saben que eso puede quitar votos por la mala imagen y porque FARC busca el mismo nicho electoral, no le van a disputar votos al MIRA, disputan con el partido Verde, con Decentes, Polo y UP. Ese es el nicho electoral, el nicho electoral de militancia está muy consolidado (comunicación personal, Entrevistado 8, miembro partido Comunes, septiembre 11, 2020).
Finalmente, las habilidades para navegar el mundo legislativo no se agotan en la orientación de debates, la formulación de propuestas y la participación en el debate público. Tratándose de figuras públicas que deben representar ciertas posturas, pesa también el carácter performativo del quehacer político legislativo. En ese sentido, frente a las cámaras los legisladores procuran mostrarse firmes en su antagonismo frente a sus adversarios, pero reconocen que han aprendido y desarrollado habilidades «blandas» para la convivencia con los colegas.
La política, derivada de ser una apuesta en escena, muestra que puede haber momentos donde tranquilamente los integrantes del Centro Democrático y de Colombia Justa Libres [partidos de derecha] saluden a FARC y sean cordiales. En la Comisión 7 está Jennifer Arias del CD […]. Ella es respetuosa, pero cuando se abren las pantallas ahí hay una puesta en escena que tiene que capturar a sus electores para mostrarse críticos de FARC (comunicación personal, Entrevistado 8, miembro partido Comunes, septiembre 11, 2020).
4.5 ¿A quién representa la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)-Comunes?
En adición a las preguntas acerca de la estructura interna de la organización, la adaptación ideológica y las actividades legislativas, una pregunta fundamental para la permanencia de un partido es definir a quién representa para así construir una base electoral. A pesar de contar con curules garantizadas por dos periodos, esta es una pregunta relevante para el periodo posterior al vencimiento de esta parte del Acuerdo de paz.
Las respuestas de los entrevistados frente a estos temas fueron ambiguas, denotando una dificultad tanto de diferenciación como de precisión:
El objetivo del partido FARC con la representación que tienen en el Congreso es empezar a abrir la brecha de la participación democrática, la representación en el Congreso no es un regalo, porque el Acuerdo no es un regalo. El Acuerdo ha costado mucha sangre de soldados, campesinos, de líderes (comunicación personal, Entrevistado 4, miembro partido Comunes, octubre 1, 2020). Nos importa la implementación del Acuerdo de paz, pero también la vida, el medio ambiente, la equidad, género, eso. Y todo lo que vaya en beneficio de la mayoría (comunicación personal, Entrevistado 2, miembro partido Comunes, octubre 16, 2020).
Representamos a la Colombia marginada, a la Colombia excluida, a la Colombia de los territorios más apartados del país, a la Colombia que no ha tenido participación ni en la actividad política y que ha sido excluida desde el punto de vista económico, a la Colombia profunda, de los pobres, de los marginados, a la Colombia urbana también, a la que no llega la presencia del Estado, sino sólo a través de su aparato represivo (comunicación personal, Entrevistado 7, miembro partido Comunes, septiembre 21, 2020).
La generalidad de estas afirmaciones los pone en riesgo de redundancia frente a otras organizaciones que proponen temas similares; además, plantea la dificultad de generar nuevos liderazgos en torno a propuestas innovadoras.
4.6 Riesgos a la seguridad
Un último factor que requiere ser explorado se refiere al contexto político, social y de seguridad colombiano desde el comienzo de la implementación del Acuerdo de paz en 2016. Más de 350 firmantes han sido asesinados (ONU, 2023, enero 6). Aunque esta cifra es baja en comparación con otros contextos transicionales, ilustra los riesgos que aún corren los antiguos miembros de la guerrilla. Muestra también la polarización política que se mantiene en torno al Acuerdo, pesando en el imaginario nacional la responsabilidad de las FARC-EP en secuestros y masacres. Los militantes del partido han manifestado que la situación de inseguridad a la que se han visto expuestos ha dificultado su confianza en las instituciones y en la efectiva implementación del Acuerdo de paz.
5. Discusión
Como se deriva de este análisis, el balance del partido Comunes en el Congreso es mixto. Quizás el aspecto más notable es que el partido Comunes logró hacer una transición efectiva de guerrilla a partido político, un mérito significativo del proceso de construcción de paz colombiano. Si bien la posibilidad de construir su propia base electoral, así como alianzas duraderas con partidos afines les ha sido esquivos, ha tomado en serio la necesidad de desarrollar sus habilidades técnicas legislativas, lo cual ha sido reconocido por sus pares y ha aprovechado algunas disposiciones del Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018). La estructura jerárquica de la guerrilla -ya señalada como un posible obstáculo para la democratización interna de las organizaciones guerrilleras y que se refleja en estructuras altamente personalizadas y dependientes de las directrices de la cúpula del partido (Berti, 2013; Palou y Méndez, 2012; Villarraga, 2013)- ha sido funcional para el comportamiento de bancada en el Congreso, pero le ha costado también varios movimientos centrífugos, en especial, el retiro de figuras importantes que no se sintieron reconocidas en el debate en torno a las posturas adoptadas o en la distribución de recursos y responsabilidades. De cara al futuro, el partido Comunes tiene el reto de desarrollar mejores mecanismos de democracia interna para resolver conflictos y desacuerdos que no resulten en deserciones. Como lo ha expresado la literatura sobre institucionalización de partidos políticos en América Latina, los partidos horizontales en su organización interna y con mejores mecanismos de resolución de conflictos tienen más probabilidades de sobrevivir en el tiempo que aquellos partidos que obedecen a estructuras de mando verticales y altamente personalizados (Wills, 2009).
El partido ha logrado adelantar proyectos de ley desde que ingresó al Congreso de la República como partido político formal y ha sido activo en los debates de control político al Gobierno y en lo referente a temas de carácter social (Congreso Visible, s. f.; Prensa FARC, 2020, mayo 12). Ha procurado promover una agenda cuyo núcleo se concentra en la protección de los derechos fundamentales, una economía solidaria con las poblaciones vulnerables, protección de la propiedad privada y mayor seguridad social y salud, lo cual muestra que su discurso y su ideología han mutado y se han ajustado a las nuevas circunstancias. El partido no ha logrado, sin embargo, diferenciarse de otras formaciones similares en la construcción de propuestas innovadoras que le aseguren un nicho en el competido electorado colombiano a futuro. No ha sido afortunada, en ese sentido, la escasa renovación de los liderazgos en la cúpula del partido, heredados de las estructuras de mando de la guerra, que han impedido el surgimiento de nuevas caras, posiblemente más sugestivas para el electorado nacional, en especial para los jóvenes.
Como partido político pequeño, Comunes ha buscado desenvolverse en la arena política del Congreso como un partido de pivote entre la bancada de Gobierno y la de oposición (Sartori, 2005). Sin embargo, es claro que el estigma que acompaña la figura del partido y su cercanía histórica discursiva con el comunismo ha hecho que los partidos de centro y de izquierda sean renuentes a coaliciones con Comunes debido al costo político y electoral. La dificultad del partido Comunes en ganar popularidad entre la opinión pública para así ganar una base electoral estable en Colombia no se limita a una cuestión de ser una facción política reconocida por su histórica ideología marxista-leninista, sino también porque es un colectivo político que, a la vez que hace política en el Congreso, está afrontando procesos por responsabilidad penal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes atroces cometidos en el desarrollo del conflicto armado.3
Conclusiones
Como lo atestigua la historia reciente de Colombia, más y mejor democracia no ha protegido al país ante la violencia. En ese sentido, el logro de la desmovilización de la guerrilla más grande y más antigua de Colombia, y su conversión en partido político no garantiza que tras la firma de un acuerdo de paz el país logre dar el paso definitivo hacia una paz sostenible (Rettberg, 2019; Betancur y Rettberg, 2023).
Sin embargo, la transición que ha experimentado la guerrilla es una condición fundamental para avanzar. En este artículo se han descrito los principales aspectos de la transición de las FARC-EP a partido político a la luz de su historia política, las características internas de la organización y el contexto político al que llegaron. Como ya se señaló, el balance es mixto y el éxito de la transición dependerá críticamente de que el partido aproveche la segunda y última legislatura con curules garantizadas (2022-2026) para construir alianzas, refinar sus habilidades legislativas, desarrollar mecanismos de consulta internos, renovar liderazgos, apelar al electorado de manera más convincente y convertirse en un aliado deseable para la centro-izquierda colombiana.
El ascenso al poder del primer gobierno progresista en la historia política colombiana puede ser un aliado en ese propósito, pero también ha mostrado los desafíos que enfrenta la organización. Parte de ese proceso de ajuste puede pasar por el análisis de que el futuro del partido quizás no sea en el ámbito nacional, sino que se juegue en espacios distintos a la política legislativa nacional, por ejemplo, en el ámbito subnacional o en la movilización popular en algunas regiones, como lo sugieren Ingrid Bolívar, Felipe Botero, Mateo Restrepo y Laura Wills Otero (2023). Tanto el partido como la continua consolidación y credibilidad de la democracia colombiana necesitan que la transición avance.
