Introducción

En la década de 1990 se dio uno de los mayores recrudecimientos bélicos en Colombia con distintas manifestaciones a lo largo del territorio nacional, pero con afectaciones más agudas en regiones de frontera y zonas periféricas, convertidas en campos de batalla entre los grupos armados legales e ilegales, dado el proceso de expansión, conquista y construcción del orden paramilitar de cara a su afianzamiento y control de poblaciones y territorios estratégicos. Urabá² hizo parte de esas regiones donde se elevaron drásticamente las confrontaciones, lo que se tradujo en la realización de masacres, el asesinato de pobladores y líderes, «el exterminio de movimientos políticos como la Unión Patriótica, la agudización de problemáticas […] como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras a campesinos, poblaciones afrodescendientes e indígenas, y la afectación del tejido social y las distintas expresiones políticas» (^{Carvajal, 2022}, p. 142).

El propósito de este artículo es indagar acerca de la configuración social y política de mujeres víctimas de esa confrontación agudizada en la década de 1990 a partir de una observación política de lo sucedido. Para ello, se describen las trayectorias que han tenido algunas víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, desde el acontecimiento de hechos victimizantes hasta el momento en que se autorreconocen como víctimas, identificando elementos individuales y colectivos que ofrecen recursos para la superación, eventualmente, de la condición victimizante hasta su posicionamiento de la figura individual y colectiva de las mujeres como sujetos políticos. Por esto, es de interés el estudio de sus trayectorias que oscilan entre las situaciones victimales experimentadas y su conformación política-organizativa social y comunitaria.

En esta región, con precaria formación del Estado (^{El Colombiano, 1993}, marzo 9; 1994, septiembre 10), mientras surgían y se desarrollaban procesos de formación de un proyecto colectivo, se dio el enfrentamiento entre diferentes visiones de actores: Estado, paramilitares e insurgencias; y se invisibilizaron prácticas por las que estas apuestas comunitarias surgían, a partir, por ejemplo, del desplazamiento y el emplazamiento de la población, masacres y despojo de tierras de miles de personas que se trasladaban hacia el Eje Bananero o zonas aledañas.

Con estas prácticas se creó un panorama desolador que golpeó fuertemente la lógica de las organizaciones sociales y civiles. La mayoría de los muertos eran hombres, asociado al papel activo que algunos de ellos cumplían en la confrontación armada, la pertenencia a procesos productivos y sociales con mayor impacto de la guerra por los roles socioculturales que desempeñaban en su vinculación formal e informal al trabajo, como el de obreros del banano o sindicalistas, y su mayor visibilidad en espacios públicos de sociabilidad y representación.³ Esto comenzó a generar afectaciones sobre las mujeres al vincularse por primera vez al mundo laboral, obligándolas a hacer rupturas con procesos sociales y comunitarios de base que ya existían y que contribuían a la construcción social del territorio.

El Corregimiento se volvió un sitio de viudas, mataron a muchos hombres, las mujeres tuvieron que cambiar su dinámica social, dejar de ser madres de familia, amas de casa, para tener que ser la que proveía el sustento a la casa, entonces la que ya se tiene que ir a trabajar a una finca bananera, entrar a las 5 de la mañana salir a las 7 de la noche, o sea, no hay tiempo ni espacio para hacer labor social. Entonces los grupos [comunitarios] empezaron a quedarse solos […] (comunicación personal, grupo de discusión 2 con mujeres lideresas sociales, noviembre 15, 2018).

Para el caso concreto de las mujeres, la violencia ejercida tuvo doble connotación, en cuanto a las implicaciones en materia económica y social. Ante ello, salieron al paso con propuestas comunitarias que buscaban inicialmente satisfacer necesidades básicas de sus familias y vecinas del entorno barrial: «En ese primer momento la necesidad era de alimentos, entonces se hacen unos comedores comunitarios donde las mujeres dicen: “si está el mercado, nosotras lo preparamos”» (comunicación personal, entrevista a actor social 5, septiembre 5, 2018).

Las prácticas comunitarias de las mujeres fueron escalando hacia la activación de metodologías que implicaban reconocimiento de las necesidades individuales y de formas de actuar colectivamente frente a ellas, incluso se configuraron posteriormente en modelos de acompañamiento y atención desde organizaciones sociales nacientes:

En el momento coyuntural de la pérdida, indistintamente de donde están, se activan en ellas unos dispositivos de solidaridad en función del proceso de resiliencia; esto lo hace posible esas historias de vidas colectivas, donde no tenemos diferencias, sino que estamos unidas por la nueva situación y nos hace salir adelante […]. Entonces, por ejemplo, les dicen: «vamos a mirar la iniciativa productiva porque ustedes no se pueden dejar morir de hambre. Pero entonces ¿qué vamos a hacer con los niños que tenemos?», dicen ellas, y otras contestan, «listo, turnémonos, nosotras mismas podemos cuidar los hijos de las otras». En esa perspectiva nacen los Hogares Infantiles de Compartir (comunicación personal, entrevista a actor social 5, septiembre 5, 2018).

Destruir a la mujer significaba entonces no solo una relación patriarcal de los hombres que ejercían la violencia, sino también destruir los lazos que aferraban a las mujeres al territorio y a lo comunitario. Si bien ellas aparecieron inicialmente como víctimas indirectas, siendo las viudas y huérfanas de aquellos muertos en combate o por las implicaciones colaterales de la guerra, la afectación de sus entornos y estructuras sociofamiliares fue evidente. Las mujeres comenzaron a ser reconocidas como víctimas directas de la guerra al empezar a evidenciarse la desposesión inmediata que ellas padecían, «tanto del cuerpo como de los bienes materiales [lo que se va a reflejar en problemáticas entre las que se encuentran] la feminización de la pobreza y la locura, la psicosis y la depresión» (comunicación personal, entrevista a mujer académica 1, noviembre 22, 2017). Es en esta región donde se genera en la década 1990 un precedente en los ámbitos departamental y nacional, la admisión pública de las violencias sexuales hacia las mujeres por parte de actores armados legales e ilegales (^{Carvajal, 2022}, p. 143).

A pesar de lo destructivo del conflicto sobre las mujeres, su autoenunciación como víctimas directas posibilitó que ellas comenzaran procesos de autorreconocimiento, se configuraran como agentes sociales activas y protagonistas con incidencia en el territorio, que empezaran a reclamar mayor atención del Estado y que se generaran los primeros acompañamientos a sus condiciones específicas, demandas y necesidades por parte de actores locales y externos a la región. Esto llevó a que se valorara la presencia de cooperación y organizaciones sociales que llegaron a Urabá, en consecuencia, por ejemplo, del fortalecimiento del movimiento social de mujeres que se vivía en el país y en ciudades capitales como Medellín:

Hemos tenido una desconfianza de las instituciones locales porque el personal está aquí, victimarios están aquí, es la desconfianza que siempre hemos vivido y hemos tenido, incluso no es que se ha quitado todavía, ¿por qué?: porque uno no sabe quién está infiltrado en las mismas instituciones. Esa es la desconfianza que tienen las víctimas, que hemos tenido pa’ denunciar y pa’ hacer todo ese proceso que tienen que hacer (comunicación personal, entrevista a lideresa social 1, febrero 14, 2019).

Durante las décadas de 1990 y 2000 se configuraron procesos organizativos y de participación en el territorio regional, en especial, en Apartadó, con protagonismo de las mujeres, a través de los cuales generaron reivindicaciones de distinto tipo, fortalecimiento su condición naciente de sujetos políticos.

Es en este contexto que se busca describir y analizar algunas características de procesos organizativos de mujeres en Urabá, específicamente en el municipio de Apartadó, bajo el presupuesto teórico de que las distintas trayectorias trazadas, su forma de relacionarse y las dinámicas comunitarias que gestaron en el marco del conflicto interno armado generaron tejidos, articulaciones y conformaciones políticas que cualificaron la democracia, sin que necesariamente esto hiciera parte del circuito político partidista o de gobierno, pero que sí tributó a relaciones distintas en el territorio.

Se destaca la emergencia de las mujeres como activistas sociales y políticas en la construcción de lo público-colectivo, la resignificación del «nosotras» y la dignificación de la vida en sociedad. Para esto fue importante preguntarse sobre la conformación de sus trayectorias a partir de las distintas dinámicas participativas en la zona, las relaciones establecidas previamente, las formas y repertorios, y la capacidad de agencia, derivada también de sus acumulados organizativos y de las nuevas alianzas y aprendizajes obtenidos.

1. Marco teórico y conceptual. Las trayectorias de las víctimas y su conformación como sujetos políticos

La riqueza analítica que aporta la definición de trayectoria, se deriva de la historia personal y sus entrecruzamientos con la historia social y política en un territorio: «Las trayectorias de vida evidencian un proceso activo de construcción a lo largo de la vida donde entran a participar diversos sujetos, mediados con un origen social. Las trayectorias de vida pueden contener cambios que afectan tanto positiva como negativamente al individuo, influyendo en su cotidianidad y en el tránsito llevado a cabo» (^{Mantilla, Moreno y Naraváez, 2018}, p. 38).

Es decir, una trayectoria nos habla de trazos de la vida individual, a veces indistintos de lo ocurrido en el ámbito social y político. En el Urabá, cada voz de las mujeres, en su narración, nos sitúa en un momento específico del conflicto armado, pero también en un momento específico del viraje social a partir de los agenciamientos y formas de alteración en su destino marcado, como si su parte de la historia nos estuviera proporcionando las piezas de un rompecabezas todavía incompleto para el resto de los colombianos.

La trayectoria de descubrimiento victimal se da cuando se toma conciencia de un orden roto (^{Gatti y Martínez, 2017}, p. 77), de una afectación profunda o superficial en su propio ser o el de sus seres queridos: cuando se percibe el daño nace la víctima. La trayectoria de las víctimas no es unidireccional, ni progresiva o lineal, sus trazos dependen de múltiples factores. Lo que se afirma es que su inicio se produce a partir del proceso de autopercepción y autoadscripción como víctima, dadas las circunstancias y experiencias violentas vividas.

Dicho argumento se desprende de una perspectiva que defiende la idea de que ningún saber experto puede arrogarse el derecho a la denominación o, por lo menos, que al hacerlo, al nominar de X o Y manera a alguien, se asume una postura asimétrica con el conocimiento. Por lo que la pregunta requiere modificarse hacia la forma en la que las personas que han vivido hechos victimizantes se autodenominan.

En este caso, las preguntas que derivan en el concepto de trayectorias tienen que ver con ¿cuáles fueron esas trayectorias de las mujeres en el Urabá que derivaron en los procesos organizativos comunitarios posteriores?, ¿cómo lograron pasar de su circunstancia victimal a liderar la agenda local, e incluso regional, en torno a la crisis humanitaria que vivía Colombia y la región de Urabá en las décadas de 1990 y 2000?

La trayectoria que inicia en la autodenominación de «víctima» implica una paradoja, debido al significado que puede tener sobre las apreciaciones, afecciones y proyecciones individuales. Ubicarse en este lugar puede propiciar una situación paralizante, acompañada de sentimientos de vergüenza, disminución de la autoestima y temor a la lástima o a la conmiseración de los demás; sin embargo, asumir esa definición puede ser el primer paso para comenzar a salir de esta condición (^{Casado y Martínez, 2017}), debido a las perspectivas que se abren al individuo para ver, reconocer y asumir su situación pasada y presente, así como las posibilidades de modificación hacia el futuro. Es esta precisamente la paradoja, a la vez que la afirmación: saberse víctima para dejar de serlo.

Para la comprensión de esta trayectoria es necesario conocer o identificar las invisibilidades, las distintas violencias que atañen a las mujeres víctimas, para que en el proceso de esa identificación íntima o personal se pueda reconocer como una expresión pública que busca el involucramiento del otro. Este primer paso del ver, del dejar de ignorar, es precisamente el propiciatorio del carácter performativo del reconocimiento, como un acto moral de hacer visible, de afirmar a un sujeto.

Esta trayectoria de la víctima, que pudiera iniciar en un percibirse-conocerse para demandar reconocimiento social y político, es una posibilidad, entre muchas, que depende no solamente de aspectos personales, como la capacidad de autorreflexión y la valentía o, caso diferente, la vulnerabilidad y la debilidad que experimenta frente a su realidad, también las construcciones sociales y políticas predominantes acerca de lo ocurrido en la sociedad y la comunidad de pertenencia, en tanto el sujeto en sus autoapreciaciones y percepciones está atravesado por aquellas. En la mayoría de las ocasiones, las contiene, son su base y fundamento para la forma como se considere o defina, y también para la elección de las herramientas y recursos que decida utilizar al afrontar su realidad.

Sissel Rosland (2009 citado en ^{Guglielmucci, 2017}), en su análisis sobre Irlanda del Norte, «muestra que la victimización tiene tanto efectos humanizantes como deshumanizantes y que, dependiendo del contexto, puede generar confianza, seguridad, capacidad de acción o, todo lo contrario, falta de poder y pasividad» (p. 86).

Los factores contextuales que pueden generar confianza y seguridad para superar la condición de víctima tienen que ver con los arreglos institucionales jurídicos, pero también políticos, sociales y culturales con los que puedan contar las personas para superar las distintas problemáticas que deben afrontar. De este modo, el argumento central de la trayectoria es que se puede conocer su inicio, el de la autoadscripción y la autodenominación, pero el sentido y la orientación posteriores dependen de muchas circunstancias atenuantes o agravantes de su condición, relacionadas con aspectos personales, sociales, políticos, culturales o morales de la sociedad y el territorio en los que se dieron los hechos y se desenvuelve la víctima.

2. Marco metodológico

El énfasis metodológico del enfoque cualitativo se centra en las distintas conversaciones entabladas con mujeres lideresas, activistas de movimientos sociales, integrantes de organizaciones sociales, profesionales y académicas expertas en la región del Urabá, o que vivieron directamente los efectos de alguna situación de violencia por cuenta del conflicto armado. Al proponer estos casos no se está optando por ninguna representatividad o generalidad de lo ocurrido, su elección tuvo que ver con lo significativo de cada una de las experiencias y testimonios narrados, y las reflexiones que suscita la diversidad de trazos que ofrecen las trayectorias victimales.

Estas conversaciones con las mujeres de la región se concretaron a través de dieciocho entrevistas exploratorias y a profundidad, dos grupos focales, la observación e interacción en distintos eventos de participación local, el análisis documental de fuentes secundarias en torno al sistema categorial que orientó la investigación y el rastreo de prensa de la región de Urabá y el departamento de Antioquia entre 1990 y 2006. La información primaria y secundaria se sistematizó y trianguló buscando el contraste entre los diferentes sentidos, saberes y experiencias.

Las consideraciones éticas que soportan la investigación base de este artículo plantearon una información no extractivista y respetuosa de los sujetos protagonistas, por ello se priorizaron criterios como la utilización exclusiva de la información para fines estrictamente académicos, la participación voluntaria en el proceso investigativo con posibilidad de retiro en el momento en que las mujeres y actores así lo consideraran, la no generación de remuneración económica alguna por la participación en el proceso investigativo, la devolución de los análisis investigativos y la inclusión de sus relatos de forma anónima que no afectara su seguridad física, por lo cual, las entrevistas fueron codificadas a través de roles como lideresa, líder político, actor social, activista política, funcionario público o actor eclesial.

Al acercarnos a una población como la que aquí nos ocupa, lo primero que hay que decir es que las trayectorias no son homogéneas, por el contrario, son muy diversas y con disímiles condiciones porque, a pesar de vivir el mismo Urabá, habitan territorialidades diferentes dada su pertenencia a distintos procesos de poblamiento, imaginarios, condiciones étnicas, identidades culturales, prácticas sociales y relaciones en las que han participado, además de haber heredado historias organizativas diferentes.

3. Resultados

4. Discusión

Sin pretender ninguna etiqueta esencializadora o de virtuosismo per se, en las diferentes trayectorias que se han identificado y nombrado de las mujeres en la región del Urabá cada una de sus narraciones enseña la valentía, la fortaleza física y mental, y el arrojo que tuvieron y aún tienen quienes después de haber transitado por tanto dolor se dispusieron a escuchar, atender y defender a sus comunidades, y permiten conocer a profundidad lo ocurrido.

En algún momento se vieron afectadas por la circunstancia victimal derivada del conflicto armado y posteriormente han sido configuradas por factores internos y también por factores externos, tales como la llegada de otras mujeres pertenecientes a territorios y procesos de distintos lugares del país, lo que posibilitó no sólo el fortalecimiento de la dinámica organizativa local, porque ellas empezaron a reconocerse como protagonistas de la escena social y política, articulándose con distintas redes y movimientos de mujeres del país.

Organizaciones como Ruta Pacífica de las Mujeres han construido un esquema de acción a favor de los derechos de las mujeres que incluye estrategias y prácticas como la movilización, los plantones, la formación, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en los territorios, la incidencia, el acompañamiento psicosocial y jurídico, y la gestión del conocimiento, además de prácticas artísticas y creativas como la danza, el canto y la palabra.

El proceso de IMP ha sido significativo para la organización social y política de las mujeres de Urabá por varias razones: mantuvo la generación de procesos de formación política que se enfocaran en la configuración de las subjetividades de las mujeres, hablando de reconocerse políticamente como víctimas, pero también de empoderarse, y esto pasaba por su vida personal y los espacios íntimos y familiares, también por el relacionamiento con los otros en sus barrios y municipios, lo que derivó en el fortalecimiento de ellas como sujetos políticos en las dinámicas del desarrollo local.

Cuando se realizaron las entrevistas con las mujeres de Urabá muchas de las que tenían el rol de lideresas sociales expresaban: «Yo soy hija de IMP», «Yo fui formada por IMP», «Lo que hago es gracias a lo que IMP me enseñó». Tales aprendizajes se tradujeron en el mantenimiento de sus liderazgos para el desarrollo de programas y proyectos sociales, el fortalecimiento de su capacidad de gestión y de relacionarse con otros actores del territorio. Fue posible reconocer, por ejemplo, la labor de organizaciones como Las Mujeres del Plantón, Mujeres Visibles de Urabá, el programa de promotoras de cultura y convivencia Multiplicadoras de Corazones, la articulación de algunas lideresas con el Movimiento Mujeres contra la Guerra y con la Organización Femenina Popular (OFP).

Estas diversas trayectorias personales y colectivas evidenciaron que las dinámicas organizativas y de participación de las mujeres no son homogéneas y sí muy diversas, dadas las distintas condiciones con que ellas cuentan, sus especificidades culturales y étnicas, los territorios que habitan. Lo que sí es común en ellas es que, ante las afectaciones que el conflicto armado les generó, unas y otras han activado estrategias individuales y colectivas para sobrevivir, resistir, permanecer en el territorio, dignificar su vida, la de quienes las rodean y reconstruir sus proyectos de vida reconfigurando así sus trayectorias victimales.

La información primaria y secundaria analizada en esta investigación evidenció que las mujeres de Urabá han venido transformando el silencio y miedo al que parecían estar condenadas como parte de los dispositivos de guerra hacia procesos de autodeterminación, construcción de subjetividades y ejercicios de ciudadanías activas, en el marco de los cuales configuran identidad con otras mujeres, asociada a sus pérdidas coincidentes y luchas comunes.

Es posible afirmar que el tipo de prácticas que las mujeres desarrollaron muestran formas alternativas y no convencionales de participación social y política, con ellas ocuparon de forma protagónica el espacio público, entrando en tensión con estereotipos machistas y patriarcales que las han condicionado históricamente al mundo de lo privado y al cumplimiento de roles de cuidado y asistencia, incluso por encima de su bienestar.

Parte de las prácticas reconocidas están localizadas en los entornos inmediatos que habitaban y se configuraron en respuesta a necesidades básicas fundamentales, por ejemplo, el comienzo de la década de 1990 muestra formas en las que reaccionan a la crisis humanitaria que la guerra generó y, posteriormente, se dan expresiones en torno a la consolidación de sus territorios y a iniciativas de reparación frente a su condición de víctimas. Entre estas encontramos prácticas asociadas al sentido de sobrevivencia y protección como la alimentación, en especial, de sus hijos e hijas, pues en el contexto de la crisis humanitaria, en la que se dio desplazamiento, despojo, bloqueos, confinamientos y hambrunas, las mujeres activaron estrategias que les ayudaron a suplir consumos mínimos y vitales.

Entre estas estrategias están las ollas comunitarias, compartir el mercado entregando a las vecinas, parte de lo que se lograba comprar o a lo que accedían por ayuda humanitaria: «Cuando podíamos comprar el calanco le pedíamos al carnicero que lo partiera en tres partes. Yo me quedaba con una y le daba las otras dos a mis vecinas que hacían lo mismo cuando tenían forma de comprar» (comunicación personal, entrevista a lideresa social 3, noviembre 22, 2018).

El reconocimiento de las mujeres como víctimas directas de la guerra generó su mayor visibilidad e incursión en el espacio público como ámbito por excelencia para el encuentro colectivo, la deliberación y la búsqueda del bien común. Las mujeres fueran ganando confianza y capacidad de agencia y reconocimiento político, lo que contribuyó a la exigibilidad para la restitución de sus derechos, tanto a través de mecanismos formales e institucionales -porque aprendieron a realizar derechos de petición, tutelas y exigir información y documentación de los organismos competentes como la Fiscalía y la Personería Municipal- como a través de acciones colectivas directas.

Los espacios de encuentro terapéutico, conversación y socialización se destacan en su trayectoria de auto percepción victimal, en relación con su proceso de asumirse como viudas y huérfanas, y avanzar en la elaboración de sus duelos, lo cual fue y sigue siendo muy importante en la vida de las mujeres y de la región, en tanto aporta a los procesos de construcción de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, así como generar preguntas en torno a las prácticas culturales, el sistema familiar, sus roles y funciones, y los proyectos de vida de las mujeres en general.

Algunas de las iniciativas de base que las mujeres gestaron se convirtieron posteriormente en organizaciones formalmente constituidas, con la expectativa de que consolidarse jurídicamente traería consigo la posibilidad de ingresos económicos a través de la contratación o acceso a recursos de financiación de manera directa.

El recorrido o trayectoria que va del proceso más individual -la percepción de vulnerabilidad y daño ante la violencia vivida- hacia uno más público, evidencian cómo ellas fueron ganando en los ámbitos privado y público capacidad de incidencia social y política, en tanto se visibilizaron como grupo poblacional con características, necesidades, problemáticas y procesos específicos que requerían ser abordados de manera diferencial. Así, lograron posicionar sus discursos propios, públicamente nombraron problemáticas ocultas, desconocidas o ignoradas, aprendieron a utilizar para sus propósitos recursos existentes en los territorios municipales como las emisoras comunitarias, participaron en escenarios de articulación como la Mesa de Víctimas de Apartadó y empezaron a demandar presencia y acompañamientos específicos del Estado, el cual, en la mayoría de los casos, siguió estando ausente.

Conclusión

El reconocimiento de las mujeres como víctimas directas del conflicto armado y, en especial, el impacto específico que sobre ellas ha tenido la violencia sexual, es uno de los efectos más devastadores de la guerra. Sin embargo, la capacidad de resiliencia de las mujeres ha posibilitado que esa condición de víctimas, por la cual no optaron y que no eligieron voluntariamente, se asuma reconfigurable en nuevas y diversas trayectorias de vida, en muchos casos, desde un ejercicio político que sitúa a las mujeres en el espacio público y posibilita que sus prácticas se orienten hacia ciudadanías activas, configurándose como sujetos sociales visibles e incidentes en el territorio. Esto trajo consigo el reconocimiento de sus problemas específicos, el acompañamiento y atención diferencial, así como el diseño de esquemas o metodologías de apoyo psicosocial basados en sus propias experiencias.

El desarrollo de estos procesos llevó al encuentro entre las mujeres, al relacionamiento con «lo otro», a la construcción de articulaciones. Los encuentros entre las mujeres son tejidos que van haciendo entre unas y otras, y tienen en común que partieron de los territorios inmediatos que ellas habitaban, pero en muchas oportunidades lograron caminar hacia escalas territoriales municipales, regionales, nacionales y hasta internacionales. Para ellas, la vivencia de problemas comunes, derivados en la mayoría de los casos de la guerra y sus secuelas, las llevó a construir consensos entre ellas, a fijarse objetivos comunes, a la definición implícita o explícita de acuerdos y pactos sociales basados en la colaboración, la solidaridad y la fraternidad, contribuyendo a la configuración de dinámicas identitarias en torno al «nosotras».

No solo la condición de conflicto interno armado y las dinámicas derivadas de este dificultaron las garantías de las mujeres para ejercer su derecho a la participación, el contexto regional se ha caracterizado por la presencia de distintas violencias estructurales, inequidades y desigualdades en el acceso a oportunidades de las mujeres, con la imposición de estereotipos sociales y culturales que dificultan su participación. La mayor exposición pública que han tenido las mujeres no ha erradicado las exclusiones históricas que ellas han padecido y siguen teniendo que lidiar con formas patriarcales y machistas, lo que se traduce en menor acceso a oportunidades y garantía de derechos. Son varios los derechos que le siguen siendo restringidos a las mujeres, entre ellos, el de la participación y el de libre asociación, esto hizo que el camino de las mujeres para convertirse en sujetos políticos cuente con mayores obstáculos.

A pesar de las ganancias en torno a la organización de las mujeres, no son tantos los procesos organizativos como podrían y deberían ser y además están más concentrados en los municipios que hacen parte del Eje Bananero, lo que aumenta la brecha y desigualdades existentes entre las tres zonas que conforman la región de Urabá. Las zonas Norte y del Atrato Medio siguen evidenciando más dificultades para acceder a recursos, desarrollar y posicionar sus procesos organizativos y generar reivindicaciones individuales y colectivas con impacto sobre sus proyectos de vida.

Es innegable que para las mujeres el territorio es un soporte material de subsistencia, en él tienen la vivienda y en muchos casos es también medio de producción, dado que cultivan la tierra, cuenta con huertas caseras o cultivos de pancoger. También les ha permitido sentir certeza en alguna medida, pues, aunque no son propietarias directas en la mayoría de los casos, porque la tierra es de los hombres, sí es el territorio aquello que les genera alguna seguridad de tener dónde residir, albergarse o criar sus hijos.

Finalmente, en el contexto de agudización del conflicto, finalizando la década de 1990 y comienzos de la de 2000, se tuvo como correlato significativas y variadas expresiones sociales, acciones colectivas, dinámicas de organización social, participación y movimientos sociales a distintas escalas territoriales. En el ámbito nacional, las mujeres venían fortaleciendo su presencia en los espacios públicos con prácticas individuales y colectivas. En el caso de Urabá, la aparición de las mujeres en la escena social se da en el marco de la guerra a partir de roles de sobrevivencia, resistencia, reconfiguración y resiliencia. Es decir, las mujeres emergieron como víctimas del conflicto interno armado, pero rápidamente trascendieron su accionar hacia constructoras y tejedoras de alternativas desde lo micro y cuasi íntimo, en escalas barriales, comunales, veredales, corregimentales y municipales. Todo esto contribuyó a la configuración social y política, a la construcción de tejido social y a las luchas por la democratización.

Surgen inquietudes acerca de la posibilidad de «superar» el daño en términos que no impida vivir más allá de él, como ocurre con los sentimientos de venganza, superarlo como un cambio de relación con la herida, lo que implica una voluntad política suficiente que produzca diseños institucionales desde el entorno de quienes han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales y se reconstruya el proyecto de vida para derrotar las experiencias dolorosas.

A su vez, frente a preguntas como ¿debe superarse la condición de víctima siempre? o ¿la «superación» es algo que corresponde a la víctima?, es necesario poner en evidencia la subjetividad del dolor y las estrategias de objetivación del daño. En otras palabras, cada víctima tiene sus propias experiencias del daño-trauma. Al socializarlas-denunciarlas, por ejemplo, ante las instituciones estatales, estas experiencias de dolor cobran otro sentido en la manera como se clasifican para ser atendidas-reparadas y, ¿por qué no decirlo?, unas cobran mayor relevancia que otras: la subjetividad del dolor de cada víctima lo hace un dolor incalculable.

La existencia de un trauma individual y colectivo en virtud de las distintas violencias narradas es un asunto que desde la década de 1990 venía advirtiendo la academia y que se resume en la violencia como una epidemia y un asunto que se debe resolver colectivamente por considerarse un tema de salud pública (Franco, 1997). Lo cierto es que, aunque se puedan vivir estos efectos y sean perceptibles en los relatos de las mujeres víctimas, también se destacan otros rasgos de sus personalidades que dan cuenta de sus capacidades para afrontar sus circunstancias victimizantes y transformarlas individualmente y para todo el colectivo de pertenencia.