DESDE la perspectiva económica tradicional que asume al sujeto económico como un actor perfectamente racional que maximiza sus utilidades futuras, la elección de una carrera universitaria es una función del balance entre la utilidad esperada de la educación universitaria, comúnmente medida en términos de retorno económico, y los costos de acceder a dicha educación. Desde esta perspectiva, una persona elige una universidad y una carrera cuyos retornos futuros exceden los costos de dicha elección. Consistentemente, la ruta adecuada de política pública, si se asume esta perspectiva, es financiar la demanda a través de créditos, ya que, se asume, los sujetos son perfectamente racionales y capaces de evaluar sus opciones educativas en términos de calidad y tasa de retorno en relación con los costos incurridos durante la educación superior.

Dos críticas fuertes se han hecho a esta perspectiva. La primera es que los sujetos no son perfectamente racionales en el sentido económico del término: ellos no conocen las preferencias de todos los demás actores, ni cuentan con la capacidad de procesamiento de información para realizar cálculos de maximización complejos. En relación con las decisiones educativas, esto implica que las personas son incapaces de evaluar la calidad de diferentes opciones de educación universitaria y se rigen por heurísticas que centran su atención en variables secundarias como el precio de la matrícula o el tamaño de los edificios. En esta misma línea, dado que las capacidades de procesamiento son limitadas, los actores son también incapaces de establecer la relación entre retornos y costos, lo que tiene importantes consecuencias, particularmente cuando la financiación se realiza a través de créditos. Por ejemplo, la baja en los precios del petróleo afecta a las personas que eligieron estudiar ingenierías de petróleo de una forma que ellas no podían anticipar cuando asumieron los costos de matrícula. Similarmente, es improbable que las personas que decidieron estudiar medicina hace quince años fueran capaces de calcular los efectos sobre el salario que tendría la Ley 100 o la decisión simultánea de un gran número de personas de estudiar dicha carrera.

La segunda crítica es que las universidades cumplen o deberían cumplir funciones vitales para toda sociedad que no se traducen en retornos inmediatos para los actores que deciden estudiar en ellas. Entre estas funciones se encuentran la construcción de capital humano, la promoción de la igualdad de oportunidades, y la construcción de conocimiento libre y de uso compartido. La financiación de la demanda como política de Estado favorece a los actores que no cumplen dichas funciones, dado que los sujetos que deciden estudiar en ellas no están interesados en financiar ganancias de carácter general y eligen instituciones con menores costos en relación con su retorno económico individual, incluso cuando dichas instituciones no aportan nada al bien común. En este sentido, es necesario establecer políticas de Estado que no solo se enfoquen en las lógicas de retorno individual, sino que apunten a construir bienes de uso compartido.

Para ningún caso es esto más verdadero que para el caso de las universidades públicas. Estas cumplen funciones que superan las lógicas de los actores individuales que evalúan su tasa de retorno económico en comparación con su inversión en la educación superior. Esto es, las universidades públicas asumen costos que no se asocian directamente a la formación de estudiantes y que no pueden ser trasladados a sus matrículas, pero que son vitales para el desarrollo de una sociedad.

La construcción y difusión de conocimiento libre y público es una de las tareas que difícilmente actores privados asumirían sin una perspectiva de retorno inmediato. Esta revista es un ejemplo de la forma en que la universidad pública contribuye silenciosamente a la difusión de conocimiento especializado. En cada número, la revista le permite a autores de todo el mundo hacer públicas sus investigaciones y a los lectores interesados acceder a este conocimiento sin tener que pagar nada, algo que no es común en las bases de datos controladas por actores privados. Por eso no olvide que, al leer esta revista, usted se está beneficiando de la existencia de universidades públicas.

Esperamos que la disfrute.