EVALUANDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LOS PAÍSES ANDINOS: PROMESAS Y POSIBILIDADES

Edgar Dorronsoro¹

¹ Presidente de SAG Cauca. Presentación realizada en el marco de la conferencia "Evaluando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países andinos: Promesas y Posibilidades", Bogotá, 28-29 de julio de 2005.

Recibido 21/10/05, Aprobado 01/12/05

El artículo segundo de la Constitución Nacional dispone que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades". Nosotros, los que trabajamos en el campo, a la intemperie, necesitamos más que nadie de la protección de las autoridades, es decir, de la seguridad y del mantenimiento del orden público, pues no es posible poner a producir la tierra cuando el resultado del esfuerzo honrado termina en los bolsillos de los facinerosos que andan por el monte viviendo del trabajo de los demás. Pero no se trata solamente de las bandas armadas. Los campesinos también estamos amenazados por el Banco de la República, el Tratado de Libre Comercio (TLC), y la falta de políticas a largo plazo: en el agro colombiano, largo plazo son 6 meses.

Nos preocupan y aterran las declaraciones de algunos directivos del Banco de la República cuando aseveran que a Colombia le conviene un dólar barato porque así necesitamos menos pesos para pagar la deuda externa; pero hay un detalle que estos directivos no quieren ver y no quieren entender: la deuda externa no es pagada por el Estado sino por todos los contribuyentes y un dólar barato favorece importaciones que acaban con la producción nacional y el empleo. Así, nuestras exportaciones dejaran de ser competitivas. ¿Será que las empresas que pierden ventas y comienzan a generar enormes pérdidas, balances en rojo, exigencias de cancelar pasivos por parte del sector financiero, y, como consecuencia, desempleo, pueden pagar la deuda externa?

A esta reevaluación absurda del peso le tenemos que sumar la apertura que se producirá a través del Tratado de Libre Comercio, una apertura que estamos negociando con Estados Unidos, un país que tiene una economía 126 veces superior a la Colombiana, con un ingreso pér capita 20 veces mayor. Según el politólogo norteamericano Dr. Bruce M. Bagley, los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses, y un tratado equivocado acabaría con lo poco que dejaron en el campo el presidente Gaviria y su ministro Hommes.

Si nuestros negociadores sucumben ante las presiones de los Estados Unidos se incrementará para siempre nuestro déficit comercial y asistiremos al funeral de nuestro sector agropecuario. El anterior representante de los Estados Unidos, señor Robert Zoellick y quien lo reemplazó, el excongresista Republicano Rob Portman, son negociadores severos, que cuentan con casi mil asesores, y si nuestros representantes no van con directrices y propuestas claramente definidas, el equipo negociador estadounidense arrasará y, finalmente, se impondrá.

El Dr. Emilio Sardi, en un ensayo titulado "Observaciones al TLC con Estados Unidos" dice lo que sigue: "Los colombianos no podemos aceptar que nos lleven al despeñadero y que, como sucedió hace catorce años, nadie responda. Quienes verán desparecer sus fuentes de trabajo, sus empresas, por causa de un tratado mal negociado deberán ser resarcidos, y quienes causen los daños deberán responder. No debe haber punto final para quienes, con sus actos, ocasionen la destrucción de los sectores productivos enteros, para beneficio de otros". Pero quien debe hacer respetar y defender nuestros intereses en primer lugar es el Congreso de la República, tal como sucede en los Estados Unidos, donde es el Congreso la entidad que aprueba o desaprueba finalmente la negociación.

En Colombia a diferencia de muchos países, un 30 por ciento de la población vive del campo, esto es, unos 12 millones de campesinos cuyo bienestar es fundamental para derrotar una subversión que se nutre de los que no tienen nada que perder, y que como alternativa ofrece apoyo y mercadeo para los cultivos ilícitos. De este modo, resulta imprescindible desarrollar las zonas rurales. Buscar y encontrar cultivos que permitan ingresos suficientes para mantener una vida digna.

Nuestro sector agropecuario no puede competir contra casi mil millones de dólares diarios que los países desarrollados le pagan a sus agricultores y ganaderos, tampoco contra los 20 mil millones de dólares al año que Estados Unidos invierte en subsidios directos y los casi 60 mil millones en subsidios indirectos. Nosotros podríamos competir en igualdad de condiciones, es decir sin subsidios, pero no en las circunstancias en que nos toca producir.

Nuestra infraestructura de transporte es increíblemente ineficiente, nuestro ferrocarril obsoleto y nunca tuvimos la visión de construir uno totalmente nuevo de trocha ancha, ajustado a las especificaciones internacionales.

Es posible que algunos cultivos no sean competitivos, pero los que si lo son se ven atados a barreras arancelarias, sanitarias, cuotas, etc. Ninguna autoridad Colombiana puede aceptar desmantelar la protección al campo Colombiano sin tomar en cuenta los subsidios que supuestamente se van a negociar en la ronda de DOHA a nivel de la Organización Mundial de Comercio, OMC.

Colombia debe condicionar su negociación bilateral en el TLC andino a los resultados futuros de la negociación patrocinada por la OMC. Esperar antes de suicidarse, es la sugerencia del Dr. Bagley.

A diferencia de Estados Unidos, en nuestro país en lugar de subsidios tenemos impuestos. A continuación quisiera enumerar algunos que espero sean tenidos en cuenta por nuestros negociadores:

1.Impuesto predial y complementario. Con avalúos de 10 millones de pesos por hectárea y tasas contributivas de hasta 1.8 por ciento, una hectárea termina pagando $160.000 pesos por hectárea y por año. ¡Qué decir de los nuevos avalúos catastrales de 20 millones por hectárea!

2.Si firmamos un contrato a futuro, para garantizar la venta de nuestro producto, el impuesto de timbre se convierte en un impuesto de 1.5 por ciento sobre los ingresos brutos.

3. Si obtenemos un crédito para financiar la cosecha, el impuesto de timbre vale el 1.5 por ciento del valor del crédito.

4.La retención en la fuente, es un impuesto del 1.5% sobre los ingresos brutos, así, es obligación pagar este impuesto, ya sea que el campesino tenga utilidades o perdidas.

5. Los llamados impuestos parafiscales. A diferencia de Estados Unidos en Colombia la investigación y el desarrollo lo pagamos los productores. Este impuesto corresponde a un 75 por mil de los ingresos brutos, y finalmente en investigación poco se avanza.

6.La renta presuntiva, donde se presume que los cultivos de mediano y tardío rendimiento tienen que generar obligatoriamente, una utilidad durante su periodo improductivo. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para aplazar este impuesto, la DIAN reglamentó que ningún cultivo puede tener un periodo improductivo superior a tres años y medio. Ingeniería Genética dirían algunos.

Para cultivos de mediano y tardío rendimiento el Congreso debe reglamentar el comportamiento de la DIAN y tratar de hacer que comprendan que es imposible que un árbol produzca cuando la DIAN lo decida. Colombia tiene que modificar su legislación sobre inversión en el campo antes de aceptar la competencia estadounidense en la agricultura vía TLC andino.

7. Si manejamos el crédito y la venta de la cosecha a través del sistema financiero pagamos el cuatro por mil en cada operación.

8. El impuesto a las ventas, IVA, es un costo adicional a la producción y no es recuperable. Muchos de los insumos pagan un 16 por ciento de impuesto a las ventas.

9. Varios municipios, con la cuenta de servicio de energía están cobrando un impuesto de "Alumbrado Público". Este impuesto para una finca que tenga, por ejemplo, dos casas para trabajadores, un pozo profundo y una estación de bombeo puede llegar a sumar más de $500.000 pesos mensuales. El servicio de alumbrado público en el campo lo prestan las luciérnagas.

10. A esta larga lista de tributos debemos sumar el más oneroso de todos: "La Vacuna". Extorsión de los grupos alzados en armas que muchas veces se paga con la vida y como resultado final ha causado que los hijos de los que vivimos en el campo no visiten las fincas y muchas veces se queden trabajando en el exterior.

Si la producción agropecuaria legal continua reemplazándose con más cultivos ilícitos (coca, amapola) y si Colombia no negocia concesiones de Washington en la parte agraria del TLC, las consecuencias para Colombia y los Estados Unidos serán devastadoras y contradictorias. Más violencia, más guerrilla, más paramilitares, menos seguridad, incapacidad de consolidar los avances realizados bajo el Plan Colombia y el Plan Patriota. Washington invierte en estos planes pero anula sus efectos con una negociación dura en el TLC. Colombia tiene que vincular el agro, la seguridad, la lucha anti-drogas y la lucha anti-terrorismo con el TLC para obtener mayores concesiones de Washington frente al campo Colombiano y más tiempo para entrar a competir de frente.

Para terminar sólo me queda pedirle a los negociadores, al Congreso de la Patria, a ustedes los asistentes y a los Colombianos sensatos que no entreguemos el sector agropecuario. La paz de Colombia y la erradicación del terrorismo dependen de ello.