Palma de aceite y desplazamiento forzado en Zona Bananera:"trayectorias" entre recursos naturales y conflicto*

Oil palm and forced displacement in Zona Bananera: "Pathways" between Natural Resources and Conflict

Juanita Goebertus Estrada**

* Este artículo fue presentado como monografía de grado para optar al título de Politóloga en la Universidad de los Andes, y hace parte del proyecto "¿Diferentes recursos, conflictos diferentes?: Una exploración de la economía política regional del conflicto armado colombiano" del Grupo de Recursos, Región y Conflicto Armado del Departamento de Ciencia Política de la misma universidad.

** Quisiera agradecer a Angelika Rettberg por su incansable paciencia y sus valiosos aportes a lo largo de la realización de esta investigación; a todo el equipo del Grupo de Recursos, Región y Conflicto Armado, cuyas discusiones y aportes nutrieron este artículo; y a mi familia, por compartir conmigo las distintas experiencias académicas y personales que supuso adelantar este proyecto. Juanita Goebertus es abogada Cum Laude con concentración en Derecho Público y candidata a grado como politóloga con concentración en Política Comparada e Internacional de la Universidad de los Andes, Bogotá. En la actualidad es asesora del Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales, Dirección de DDHH y DIH, Ministerio de Defensa Nacional. Correo electrónico: Juanita.Goebertus@mindefensa.gov.co

Resumen

Este artículo describe los mecanismos a través de los cuales la transición del cultivo de banano al cultivo de palma de aceite en Zona Bananera, Magdalena, ha incidido en el desplazamiento forzado. Con ello, nutre el debate acerca de las trayectorias entre recurso y conflicto adelantado en la literatura sobre economía política de los conflictos armados internos. Los resultados de esta investigación cualitativa sugieren que en el caso estudiado han operado las siguientes "trayectorias": 1. La falta de una presencia institucional fuerte ha permitido el cobro de extorsiones por parte de grupos armados ilegales, facilitando su financiación y generando el desplazamiento forzado como consecuencia de las amenazas; 2. La transición de la explotación de banano a la explotación de palma redujo la intensidad de mano de obra y la seguridad alimentaria, desatando procesos de desplazamiento; y 3. Los incentivos institucionales para la explotación de palma de aceite han fomentado la usurpación de tierras por parte de actores armados ilegales, quienes provocan el desplazamiento con el fin de adquirir tierras para su cultivo.

Palabras clave: economía política, conflicto armado, desplazamiento forzado, palma de aceite, banano, Zona Bananera.

Abstract

This article describes the mechanisms through which the transition from banana to oil palm plantations in Zona Bananera, Magdalena, has been influential in forced displacement. Therefore it adds to the debate about the paths between resources and conflict in the literature on political economy of internal armed conflicts. The outcome of this qualitative research suggests that in the case in question the following "pathways" have operated: 1. The absence of a strong institutional presence has permitted the collection of extortions by illegal armed groups allowing their financing and generating forced displacement as a consequence of the threats; 2. The transition from banana to palm extraction reduced the intensity of manual labor and food security unleashing displacement processes; and 3. The institutional incentives for oil palm exploitation have promoted the usurpation of land by illegal armed actors who provoke the displacement in order to acquire land for their cultivation.

Key words: political economy, armed conflict, forced displacement, oil palm, banana, Zona Bananera.

recibido 29/04/08, aprobado 08/05/08

Irene¹ abandonó su pueblo en Zona Bananera en 1999 y se fue para Santa Marta porque no aguantó más las amenazas de los paramilitares. Dejó atrás la tierra de su papá, en donde cultivaban banano, porque desde que los paras entraron insistieron en tildarlos de colaboradores de la guerrilla y cobrarles una vacuna. Después de ver ejecutar a sus primos en medio de la plaza y ser violada en público, Irene empacó lo poco que tenía y se fue para no volver nunca.

A mediados del 2003, Jorge, Iván y Boris planeaban cómo cultivar palma de aceite en sus tierras y poder beneficiarse del negocio del que se estaba hablando en toda la región. Pero cuando iban a empezar a sembrar un grupo de encapuchados les dijo que sus tierras ya no eran de ellos y que si volvían a aparecerse por ahí los mataban. Hoy sus tierras están enrejadas, son custodiadas por hombres armados y están rebosantes de palma de aceite. Los tres esperan que los procesos de lanzamiento iniciados ante las autoridades de Policía les permitan retornar a sus tierras.

Hace pocos días llegó un grupo de desplazados a Santa Marta proveniente de Zona Bananera. No se sabe mucho de ellos, pero más que desplazados son campesinos pobres, jornaleros de las fincas que se han quedado sin trabajo y vienen a tratar de buscar alguna ayuda del gobierno² .

Todas estas personas tienen en común su lugar de origen, algún tipo de relación con cultivos de palma de aceite y el desplazamiento forzado.

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En Zona Bananera, municipio del norte del Magdalena, coinciden dos fenómenos de gran relevancia social, económica y política para el departamento: la creciente producción de aceite de palma y el incremento en el número de desplazados. En el año 2000, en Magdalena había 42.817 hectáreas de palma de aceite, que para 2006 se habían doblado y convertido en 94.312 (Fedepalma, 2007). De igual forma, el desplazamiento forzado en el departamento pasó de 1.598 personas en 1998 a 12.202 en 2007 (Acción Social 2008), un incremento de más del 700%. Estos fenómenos, sin embargo, no son exclusivos de la región; entre 1996 y 2006, el área nacional cultivada de palma de aceite se duplicó, al pasar de 134.000 a 303.000 hectáreas (DNP 2007b), y el desplazamiento forzado de personas se incrementó en un 300%, al pasar de 73.638 personas en 1997 a 220.439 en 2007 (Acción Social 2008)³ . En el caso del norte del Magdalena, sin embargo, los dos fenómenos coinciden en un área territorial relativamente pequeña.

De cara a este panorama, resulta pertinente hacer la siguiente pregunta: ¿cómo incide el cultivo de palma de aceite en Zona Bananera en el desplazamiento forzado de personas en la región? Y en ese sentido, ¿qué factores económicos, institucionales y sociales del cultivo de palma de aceite, si existe alguno, están asociados con la generación de desplazamiento forzado? Intentar dar respuesta a estas preguntas implica estudiar las estrategias de inserción económica de los grupos armados ilegales en Zona Bananera, las características del proceso histórico y económico de explotación de aceite de palma en la región, y las motivaciones del desplazamiento forzado de personas en la misma.

Se trata además de una pregunta que no es extraña a la Ciencia Política y a los estudios sobre economía política de los conflictos armados que desde Collier y Hoeffler (1998), Keen (1998) y Berdal y Malone (2000), entre otros, han sostenido que para que un conflicto armado perdure los combatientes necesitan recursos económicos. En ese sentido, este artículo parte del reconocimiento de la literatura sobre relaciones de causalidad entre recursos naturales y conflicto y se enmarca dentro de una de las preguntas de investigación centrales del Grupo de Recursos, Región y Conflicto Armado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes: ¿cómo afecta el dominio de un recurso en las economías regionales la forma que adopta el conflicto armado en esas zonas específicas? (Leiteritz, Nasi y Rettberg 2007) Así, siguiendo a Gerring (2007), la metodología propuesta para abordar esta pregunta es identificar mediante un caso los pathways o 'trayectorias' a través de las cuales se produce una relación entre dos variables. El municipio de Zona Bananera será el caso que nos permitirá estudiar en detalle la transición de los cultivos de banano a los de palma de aceite en la región y los mecanismos a través de los cuales este proceso incidió en el desplazamiento forzado de personas.

En ese sentido, es necesario advertir que el enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo y que la principal técnica de recolección de información es el trabajo de campo con los protagonistas. La ausencia de fuentes de contraste impide triangular la información encontrada y, por lo tanto, supone advertir la limitación temporal y espacial de los resultados que serán presentados. En especial, es importante reconocer que los datos ofrecidos por los distintos actores involucrados en la problemática del cultivo de palma y el desplazamiento en la región pueden responder a percepciones erradas, lugares comunes e incluso narraciones predispuestas.

Sin embargo, las quince entrevistas en profundidad realizadas con cinco desplazados de la región, dos líderes comunitarios, dos funcionarios de organizaciones sociales de Santa Marta, un experto nacional sobre desplazamiento, tres funcionarios de Acción Social y dos trabajadores de palma de aceite en Zona Bananera⁴ arrojan pistas clave sobre la relación entre el cultivo de palma y el desplazamiento forzado que no pueden ser desestimadas. Los resultados de esta investigación permiten identificar hipótesis que deberán ser corroboradas o refutadas por futuras investigaciones que a partir de otros casos complementen los hallazgos aquí presentados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, este artículo se propone mostrar que, al menos en el caso de Zona Bananera en Magdalena, el cultivo de palma de aceite sí ha incidido en el desplazamiento forzado de personas en la región a través de tres 'trayectorias' principales. En el nivel económico, la caída de los precios internacionales del banano y la transición entre la explotación de éste a la explotación de palma de aceite generaron procesos de desplazamiento. En el nivel institucional, por otro lado, tanto la ausencia de presencia estatal como la presencia de las instituciones del Estado han fomentado el desplazamiento en la región. La ausencia institucional permitió que existieran alianzas voluntarias y forzadas de 'seguridad' entre los productores de banano y palma y actores armados ilegales que se insertaron económicamente en la Zona a través de la cobranza de extorsiones y desplazaron forzadamente a la población. De otro lado, la presencia de la institucionalidad en la región ha fomentado el cultivo descontrolado de palma de aceite en la Zona, generando incentivos perversos para que grandes productores y actores armados ilegales provoquen el desplazamiento forzado de personas, con el fin de adquirir tierras para el cultivo de palma de aceite.

Así, este artículo intentará desarrollar en profundidad los mecanismos a través de los cuales la transición del cultivo de banano al cultivo de palma de aceite en Zona Bananera ha incidido en el desplazamiento forzado de personas en la región, y cómo el estudio de tales mecanismos permite contribuir al conocimiento teórico, tanto a la literatura de la economía política de los conflictos armados como a la literatura sobre causas del desplazamiento. Para hacerlo presentaré en primer lugar una aproximación al marco teórico de la economía política de los conflictos armados dentro del cual se inserta esta investigación, y con el cual pretende discutir. Adicionalmente, presentaré el estado de la cuestión en materia de causas del desplazamiento forzado. A partir de ahí describiré en detalle el conflicto histórico de la región, la transición del cultivo de banano al cultivo de palma de aceite en Zona Bananera y el proceso de desplazamiento forzado en la región a través de la articulación de los testimonios recolectados en el trabajo de campo. Finalmente intentaré mostrar cómo los hallazgos del trabajo de campo permiten dialogar con los marcos teóricos de la economía política de los conflictos armados y del desplazamiento forzado, para caracterizar las 'trayectorias' a través de las cuales la transición de un recurso natural a otro puede incidir en el desplazamiento forzado de personas.

1. Economía política de los conflictos armados internos

La literatura sobre la economía política de los conflictos armados ha pretendido explicar la relación entre recursos naturales y conflicto armado: qué los causa, qué los sostiene en el tiempo y de qué depende su intensidad. Los estudios de Collier y Hoeffler (2004: 588) ofrecieron una serie muy amplia de datos a través de los cuales fue posible sostener que "uno de los factores que influencia la existencia de oportunidades para la rebelión es que haya disponibilidad de recursos para su financiación". En este sentido, según ellos, la existencia de recursos naturales exportables creaba oportunidades para la extorsión y ello hacía posible la rebelión. Si bien este estudio suscitó una serie de debates sobre las causas objetivas y subjetivas de los conflictos armados, puso sobre la mesa una conclusión difícilmente controvertible: para que un conflicto armado perdure los combatientes necesitan recursos económicos.

De cara a este marco teórico, el Grupo de Recursos, Región y Conflicto Armado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes se ha propuesto "establecer diferencias cualitativas en cuanto a cómo recursos específicos en regiones particulares inciden en las dinámicas del conflicto armado dentro de un mismo país y cuáles son los factores institucionales, de tipo político, económico y social que median la relación entre recurso y conflicto armado" (Leiteritz, Nasi y Rettberg 2007).

La literatura sobre las diferencias cualitativas entre los recursos y los mecanismos a través de los cuales se financian los conflictos armados, es aún incipiente. Pocos estudios se han dedicado a explorar lo que Gerring llama Pathway Cases o "casos de trayectoria". Como lo señala este autor, cuando el patrón covariacional entre una causa y un efecto es bien conocido y ha sido estudiado en un amplio conjunto de casos, pero los mecanismos de casualidad entre X y Y son ambiguos, el estudio de caso ofrece herramientas para entender cuáles son esas 'trayectorias' a través de las cuales X causa Y (Gerring 2007: 247). La ventaja de esta metodología es que hace frente a uno de los principales hallazgos de la literatura sobre economía política de los conflictos armados: la relación entre explotación de recursos naturales y conflicto armado no puede ser descrita a través de un único vinculo de causalidad, sino de una variedad de mecanismos que interactúan entre sí para impactar en el desarrollo, duración e intensidad del conflicto (Ross 2004: 62).

Es por esto que esta investigación ha adoptado el método de 'casos de trayectoria', con el objetivo de estudiar en el caso en concreto cómo interactúan los distintos mecanismos a través de los cuales opera la relación entre recursos y conflicto. Autores como Ross (2004), Snyder (2006), Di John (2006) y Le Billon (2001), que han estudiado casos para analizar los mecanismos de 'trayectoria', hacen parte del marco teórico del cual se nutre esta investigación, y con el que discute.

Ross (2004: 61), por ejemplo, ha encontrado que si bien hay evidencia suficiente para sostener que la existencia de recursos naturales exportables incrementa la probabilidad de que se desate un conflicto, y puede hacerlo más perdurable y violento, no existe una relación aparente de causalidad entre la existencia de recursos naturales legales, como los productos agrícolas, y el desarrollo de conflictos armados internos (2004: 35). Según él, "mientras que el petróleo, los minerales y los cultivos ilícitos parecen influenciar el conflicto, otro tipo de productos agrícolas parecen no estar relacionados con su desarrollo" (2004: 61).

Snyder (2006: 962), por su parte, ha sostenido que la existencia de recursos naturales saqueables no siempre supone el desarrollo de conflictos, y menos de manera directa. El principal mecanismo estudiado por él es la presencia de instituciones. Según él, cuando los actores privados son capaces de acumular la riqueza suficiente como para sostener fuerzas militares propias, el valor de la protección que pueda ofrecer el gobierno se reduce, y entonces la capacidad del gobierno de exigir participación en los ingresos producidos por la explotación de recursos naturales disminuye (2006: 953). Por el contrario, si los gobernantes son capaces de crear instituciones que les permitan tener control sobre los ingresos producidos por el saqueo de recursos naturales, el riesgo de conflicto armado interno puede reducirse (2006: 946). Sin embargo, si los gobernantes fracasan en el desarrollo de tales mecanismos, la existencia de recursos naturales incrementa el riesgo de confrontación armada y facilita que grupos insurgentes se organicen y financien (2006: 962).

De igual forma, Di John (2006) señala que el apoyo gubernamental a la explotación de recursos a través de subsidios no impide la generación de conflicto. Según él, cuando los gobernantes financian actividades de extracción de recursos naturales sin el cobro de impuestos, no se crean relaciones de reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, y se fomenta el desarrollo de comportamientos predatorios y violentos (2006: 1).

Para Le Billon (2001: 568), "la calidad y legitimidad de las instituciones es el factor principal que determina el riesgo de generación de conflicto y de uso de la violencia". Es por esto, según él, que las poblaciones tienden a reagruparse en los lugares más seguros e institucionalizados, dejando grandes extensiones de tierra abandonadas a la reconfiguración de actividades económicas y de estructuras sociopolíticas (2001: 570).

De cara a estos avances en el estudio a profundidad de los mecanismos a través de los cuales opera la relación entre recursos y conflicto, y reconociendo como apropiada la metodología de los 'casos de trayectoria' propuesta por Gerring (2007), la observación del caso de explotación de palma de aceite en Zona Bananera pretende aportar los datos suficientes para discutir con este marco teórico. Así, intentaré mostrar que la presencia 'exitosa' de grupos armados ilegales en la región ha dependido de su financiación económica; que los recursos agrícolas como la palma de aceite sí pueden generar y sostener, al menos parcialmente, un conflicto armado; que la presencia de instituciones no sólo no impide sino que en ocasiones fomenta el desarrollo de conflictos, y que el desplazamiento forzado puede ser no sólo consecuencia de la explotación de un recurso por parte de actores armados, sino incluso un mecanismo para asegurar la explotación del mismo. Sin embargo, antes de analizar los datos que permiten sostener estas afirmaciones, es necesario revisar la literatura sobre causas del desplazamiento forzado.

2. Causas del desplazamiento forzado

Según la Ley 387 de 1997, es considerado desplazado "quien se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público"⁵ . Para efectos de esta investigación, sin embargo, partiremos de una definición amplia de desplazamiento forzado interno, de tal forma que puedan ser tenidas en cuenta todas las personas que se hayan visto forzadas a abandonar sus hogares y a reubicarse dentro del territorio nacional. Lo anterior cobra importancia si se tiene en cuenta que en el caso bajo estudio revisaremos testimonios de personas que se vieron obligadas a abandonar de manera forzada sus hogares, tanto por razones económicas (como la pérdida de trabajo y del ingreso para la subsistencia) como por razones de orden público (como la amenaza de muerte por parte de grupos armados ilegales).

Desde 2001, la cifra mundial de desplazados internos se ha mantenido en 25 millones de personas. Como lo señala el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), ni el posicionamiento del tema en la agenda internacional, ni el incremento en la preocupación de los Estados por proteger a la población civil han generado una reducción tangible del fenómeno. Por el contrario, en 2006 el número de nuevos desplazados se incrementó en cuatro millones de personas, más de dos veces la población desplazada en 2005. Algunos de los países más afectados son Sudán, con 5 millones de personas, y Uganda e Irak, cada uno con 1,7 millones de desplazados (IDMC 2007: 11-12).

En el caso colombiano, desde mediados de los años 80 el desplazamiento forzado se convirtió en un fenómeno masivo. Si bien no hay acuerdo frente a las cifras, Colombia es el segundo país con más desplazados internos: el gobierno acepta que actualmente existen aproximadamente 2,5 millones (Acción Social 2008), y organizaciones como CODHES (2006) sostienen que la cifra se acerca a los 4 millones de personas. La diferencia en los datos responde al mecanismo de cuantificación: registro vs. monitoreo de fuentes, respectivamente.

A raíz del aumento en el número de víctimas del desplazamiento forzado, en 1997 se expidió la Ley 387. Sin embargo, sus resultados fueron precarios, y en 2004 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la situación de los desplazados, a través de a sentencia T-025. Desde entonces, las distintas entidades han expedido más de siete disposiciones reglamentarias⁶ y la Corte Constitucional ha proferido más de diez autos de cumplimiento que han desencadenado el afán de las instituciones por responder de alguna forma a las exigencias de la sentencia.

A pesar de la gravedad mundial y nacional del fenómeno, la literatura académica sobre el desplazamiento forzado es muy escasa y son pocos los estudios que no se limitan a hacer diagnósticos sobre el número de personas y a denunciar la responsabilidad estatal. Sin embargo, si tomamos algunos de los principales autores nacionales e internacionales que han escrito sobre el tema, es posible señalar como principales causas del desplazamiento forzado las siguientes: 1. La violencia generalizada; 2. La puesta en práctica de una estrategia particular de guerra en contra de la población; 3. La pérdida o usurpación de tierras; y 4. La ejecución de una estrategia de desarrollo económico. Si bien es necesario analizar en detalle cada una de estas causas, éstas no operan de manera aislada en la cadena que eventualmente desemboca en el desplazamiento forzado.

Quienes sostienen que el desplazamiento forzado es producto de la violencia generalizada señalan que es el resultado de amenazas o violaciones contra la vida, la seguridad y la libertad, como consecuencia de un conflicto armado o de altos niveles de violencia. Según Álvarez-Correa et al. (1998: 49), algunas de las principales explicaciones sobre qué motiva el desplazamiento incluyen la violencia generalizada y amenazas o violaciones contra la vida o la integridad personal de sí mismos o de un familiar o amigo.

Sin embargo, son pocos los estudios que se refieren a la violencia generalizada como principal causa del desplazamiento. Como lo advierten Ibáñez y Vélez (2008: 661-662) en el caso colombiano, "el desplazamiento forzado no es un producto causal del conflicto armado interno. [...] Desplazar a la población como estrategia de guerra tiene como objetivo impedir la acción colectiva, deteriorar las redes sociales e intimidar y controlar a la población civil. Los ataques a la población debilitan el apoyo del enemigo y obstruyen la posibilidad de protestas civiles". Es así como el desplazamiento forzado resulta de una estrategia deliberada de guerra de los grupos armados para debilitar al enemigo y ganar reconocimiento por vía del amedrentamiento.

Pero tal vez el principal mecanismo a través del cual el desplazamiento se convierte en una estrategia de guerra es la usurpación de tierras. Los estudios empíricos de Álvarez-Correa et al. (1998: 39) sugieren que en Colombia ha existido una política deliberada de los actores armados de desplazar para apoderarse de tierras. Según Ibáñez y Querubín (2004: 56), la población desplazada reporta haber perdido cuatro millones de hectáreas de tierra, 3.5% del territorio total del país.

Lo cierto es que la usurpación de tierras es también un mecanismo de financiación del conflicto. Ibáñez y Vélez (2008: 662) explican que se trata de un mecanismo para "apropiarse de tierra de gran rentabilidad económica", y según Ibáñez y Querubín (2004: 60), de una "fuente de recursos para financiar el conflicto". Como lo advierte Guáqueta (2002: 22), "la apropiación forzada de tierras [y su posterior cultivo] es una actividad puramente económica generadora de rentas que luego se invierten en las guerras y que está íntimamente ligada con el control político y estratégico de las comunidades que las habitan o que las desalojan".

El proceso a través del cual la apropiación de tierras se convierte a su vez en un mecanismo de financiación del conflicto hace parte de la cuarta causa de desplazamiento antes identificada: la ejecución de una estrategia de desarrollo económico. Como ha sido documentado por Cernea (1997: 1570), durante la última década los proyectos de desarrollo como la construcción de represas y autopistas han causado el desplazamiento de entre 90 y 100 millones de personas alrededor del mundo.

En el caso colombiano, según el IDMC (2007: 4), existe evidencia de un patrón creciente de desplazamientos causados por intereses económicos, lo que ha generado investigaciones en contra de compañías de palmicultores de Curvaradó y Jiguamandó por supuestas acusaciones de haber comisionado el desplazamiento de personas a grupos paramilitares. Según una investigadora de CODHES, "los megaproyectos de carreteras, gaseoductos y palma africana alrededor del país han generado procesos de apropiación ilegal de tierras en los que a través de la connivencia y la financiación directa, las empresas terminan patrocinando el desplazamiento forzado" (Entrevista experta nacional 1). Si bien en esta cuarta causa también opera la usurpación de tierras, la diferencia reside en el fin para el cual se usurpa la tierra y su relación directa con la implementación de proyectos específicos de desarrollo económico.

Teniendo en cuenta las categorías ofrecidas por este marco teórico, a continuación analizaremos el caso de Zona Bananera para identificar las causas del desplazamiento, la interacción entre las mismas y su relación con el cultivo de palma de aceite.

3. El caso de Zona Bananera

La Asamblea Departamental del Magdalena creó el municipio de Zona Bananera el 9 de agosto de 1999 a través de la Ordenanza No. 011 que dividió el municipio de Ciénaga en dos. Hoy en el municipio habitan 56.320 personas (Gobernación del Magdalena 2003), de las cuales el 25,1% ha cambiado de residencia en los últimos cinco años (DANE 2005). Como lo describe la Fundación Vote Bien, "parece más una continuación de enormes fincas, separadas por pequeños pueblitos [construidos sobre] la despensa del departamento" (Montero 2007).

a) Contexto histórico del conflicto en la región

Zona Bananera es un municipio con una historia en la que convergen, como en casi ningún otro, recursos naturales y conflicto. Desde comienzos del siglo XX, la United Fruit Company introdujo el cultivo de banano en la región (Bushnell 2002: 244), y a finales de 1928 se produjo la masacre de las bananeras (Palacios 2007: 122). Desde entonces, una combinación de diversos factores económicos (Meisel 2004: 21) propició el inicio de la crisis en la producción y exportación del banano. Para 1965, la United Fruitterminó todas sus operaciones en Zona Bananera, y se pasó de exportar $91,9 millones de dólares a $5 millones en 1971 (Meisel 2004: 20 y 25).

La caída en el precio del banano fue un factor determinante de la crisis. Según Bucheli (1991), "el precio por tonelada colombiana nunca se encontró a buenos niveles" en comparación con los demás países de la región, y como lo asegura un líder de la Zona, para los años 70 el precio del banano había pasando de 10 dólares la caja, a 4,30 (Entrevista líder de la Zona 1). Como consecuencia de todo lo anterior, entre 1994 y 2004 las hectáreas de cultivo de banano en la Zona decrecen en un 31%, pasando de 16.500 a 11.415 (Asociación de Bananeros de Colombia, 2004). Todos estos factores confluyen para producir fenómenos de desplazamiento de personas y abandono y concentración de la tierra.

Para la década de los ochenta, ese proceso de desplazamiento se ve incrementado como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en la región. Como lo señala uno de los habitantes de la región: "Fueron muchas cosas que se articularon en ese momento: las empresas bananeras se van, se dan despidos masivos, queda el conflicto y comienza a haber muertes selectivas por todo lado. Hay presencia de grupos guerrilleros, personas que vinieron de afuera con ideas netamente revolucionarias que cambiaron la mentalidad de las personas de la Zona, la presencia del Estado que empezó a ser conflictiva por la corrupción de la policía, y por último llega un grupo de paramilitares de ultraderecha a hacerle frente a eso que el Estado no pudo regular porque no tenía presencia" (Entrevista líder de la Zona 1).

El Frente 19 de las FARC había entrado al departamento desde finales de 1982, con el fin de controlar el corredor estratégico que existía entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande. Según el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia (2007: 3), los principales municipios afectados fueron Fundación, Aracataca y Ciénaga, en donde la guerrilla logró fortalecerse a través del cobro de extorsiones a ganaderos y empresarios de la Zona Bananera.

Sin embargo, el detonador de la violencia en la región fue la entrada del Bloque Norte de las AUC, comandado por Jorge 40. Según el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia (2007: 4), los paramilitares "fueron causantes a mediados de la década de los ochenta de innumerables muertes en el departamento, principalmente en Ciénaga, mientras que en el mismo período se fortalecieron prestando sus servicios a bananeros y ganaderos de la zona plana".

Varios testimonios de pobladores de la Zona y desplazados de la misma dan cuenta de la violencia que surgió como consecuencia de la confrontación entre guerrillas y paramilitares por el control de corredores de movilidad, zonas de cultivo de coca y áreas para el cobro de extorsión. En particular, los testimonios del Líder de la Zona 2, la desplazada 1 y la desplazada 2 evidencian los mecanismos a través de los cuales los paramilitares, aproximadamente entre 1996 y 2003, victimizaron a la población civil por supuestos vínculos con la guerrilla, y generaron procesos de desplazamiento masivo a través de amenazas.

A pesar de la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito en julio de 2003, a finales de 2004 fue asesinado el alcalde Jesús Avendaño quien, según la revista Semana, "no aceptaba las condiciones del jefe de las autodefensas en ese sector, José Gregorio Mangonez Lugo, alias 'Carlos Tijeras'" (revista Semana 2006). Al quedar vacante el cargo se convocaron elecciones en agosto de 2005 pero el ganador, Fulgencio Olarte Morales, fue inmediatamente capturado por concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares, junto con el ex jefe paramilitar 'Carlos Tijeras' (revista Cambio 2005), quien ingresó al proceso de justicia y paz y reconoció 21 crímenes incluido el homicidio del alcalde Avendaño (periódico El Tiempo 2007).

Hoy, el Bloque Norte de las AUC no hace presencia en la Zona Bananera pero desde octubre de 2006 empezó a actuar en la región "la banda criminal de las Águilas Negras"⁷ (Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia 2007: 5). Entre tanto, los pobladores de la Zona Bananera reconocen que "desde que hubo la desmovilización el pueblo vive tranquilo" (Entrevista desplazada 2), pero al mismo tiempo señalan que si bien "los grupos paramilitares probablemente han desmontado su estructura política, probablemente su estructura militar, definitivamente no (han desmontado) su estructura económica" (Entrevista funcionario organización social 1).

b) Del banano a la palma en medio del conflicto

La palma de aceite llegó al país a comienzos del siglo XX "pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la United Fruit Company estableció una plantación en la zona bananera" (Fedepalma, 2008). Sin embargo, la transición entre los cultivos de banano y los cultivos de palma de aceite en la Zona se inició a mediados de la década de los ochenta, luego de la crisis del banano y en medio del conflicto entre la guerrilla y los paramilitares. Así, como lo señala uno de los pobladores de la Zona, "en el momento en que las grandes compañías comenzaron a irse y que se abandonaron grandes áreas de banano, la gente comenzó a mirar qué hacía. [...] La palma llegó como una posibilidad de un cultivo alterno frente a una crisis que se empezaba a dar en el sector bananero" (Entrevista líder de la Zona 1). Principalmente en Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y Fundación, las familias tradicionales productoras de banano empezaron a sembrar palma (Entrevista funcionario Acción Social 1).

Algunas de las ventajas que supone el cultivo de palma de aceite frente al banano incluyen la producción permanente de fruta durante 15 años consecutivos; su menor susceptibilidad a los cambios climáticos como los vendavales y a las plagas como la sigatoca, que tanto afectaban el banano; la reducción en el uso de pesticidas y productos químicos; la posibilidad de aprovechar los canales de riego del banano; la reducción en la cantidad de agua requerida para el riego, y la existencia de un mercado seguro en crecimiento (Tobón 2008). En la actualidad, un cultivo de palma promedio produce 4,2 toneladas de aceite por hectárea al año (Tobón 2008), que se venden a un precio de entre 1,5 y 1,9 millones de pesos por tonelada (Fedepalma 2008).

Sin embargo, el cultivo de palma también supone desventajas, como la alta inversión inicial para la compra de las semillas (Entrevista líder de la Zona 1); la adquisición de nuevos conocimientos técnicos distintos a los que tenían los bananeros (Entrevista funcionario Acción Social 1); la reducción ostensible de la intensidad de mano de obra (Entrevista líder de la Zona 2), y la reducción de la seguridad alimentaria de la región (Entrevista funcionario organización social 1).

Como consecuencia de lo anterior y del contexto de recrudecimiento de la violencia antes reseñado, desde mediados de la década de los noventa, el proceso de transición entre los cultivos de banano y palma estuvo acompañado por cambios en la propiedad y la tenencia de la tierra en Zona Bananera. Las tierras que habían sido abandonadas por los desplazados y los desempleados o que se encontraban subutilizadas por la ausencia de recursos para cultivar han sido aprovechadas por los grandes productores a través de una serie de mecanismos, en algunos casos legales y en otros ilegales. Así, se han promovido procesos de integración de terrenos, compra de parcelas y, en algunos casos, usurpación de tierras. Los primeros dos serán descritos a continuación, el tercero será abordado en la sección (iii).

Hacia el año 2000, los grandes productores propietarios de extractoras empiezan a fomentar la integración de cultivos. Así, negocian con los pequeños productores para asegurar la venta exclusiva del fruto a cambio de proveer créditos para adquirir los insumos necesarios para producir un fruto de alta calidad (Entrevista líder de la Zona 1). Éste es el caso de varias de las extractoras que se encuentran en los alrededores de El Prado-Sevilla, en donde, según uno de los Jefes de Planta, "desde hace cinco años han hecho unas alianzas con los pequeños productores en los que ellos les prestan y les dan asesoría técnica y cuando las plantaciones ya están productivas los pequeños agricultores empiezan a pagarles los créditos" (Entrevista trabajador de palma 1).

De igual forma, los grandes productores han iniciado también un proceso de compra de las parcelas aledañas a sus cultivos que no habían hecho el tránsito al cultivo de palma, estaban abandonadas, eran improductivas o no estaban interesadas en el proceso de integración. Así, como lo señala uno de los ingenieros de la Zona, "las extractores le han ido comprando las tierras a los desplazados que se fueron porque eran tierras improductivas" (Entrevista trabajador de palma 2). Lo mismo afirma uno de los pobladores de la región; según él, "los desplazados que se fueron por la crisis del banano y ya no querían retornar comenzaron a vender tierras. Los integradores entonces también montaron el negocio de empezar a comprar lotes abandonados" (Entrevista líder de la Zona 1).

c) Desplazamiento forzado en Zona Bananera

El conflicto armado y la transición del cultivo de banano al cultivo de palma en la región han interactuado en la generación de desplazamiento forzado de personas en Zona Bananera desde mediados de los años ochenta. Según un funcionario de Acción Social, "los desplazados que llegan a Santa Marta vienen sobre todo de la Sierra, Aracataca, Fundación, Ciénaga y Zona Bananera. Son principalmente campesinos, muchos son trabajadores de fincas bananeras y palmicultoras y otros son empleados de fincas dedicadas a los cultivos ilícitos" (Entrevista funcionario Acción Social 2). Entre 1998 y 2008 se han desplazado de Magdalena 151.685 personas, de las cuales 26.036, el 17%, se desplazaron de Ciénaga y Zona Bananera (Acción Social 2008).

Las explicaciones tradicionales sobre el desplazamiento masivo que se dio entre mediados de los 90 y el año 2003 en el departamento del Magdalena apuntan a señalar que las principales causas se encuentran en la confrontación entre los distintos grupos armados ilegales por la apropiación de tierras para el cultivo de coca y el control de corredores de movilidad. (Entrevista experta nacional 1). Según un funcionario de Acción Social en Santa Marta, "en la parte alta de la Sierra Nevada se dieron desplazamientos por cultivos ilícitos, mientras que en la parte baja era simplemente por control de tierras" (Entrevista funcionaria Acción Social 2).

Las dinámicas actuales de desplazamiento, sin embargo, parecen ofrecer nuevas explicaciones sobre el fenómeno. El número de desplazados por año ha disminuido, los desplazamientos ya no son masivos sino individuales y los actores que propician el desplazamiento parecen haberse transformado. Según los funcionarios de Acción Social en Santa Marta, "últimamente el desplazamiento en el Magdalena ha disminuido y de acuerdo a los relatos de la gente, es por causa de las Águilas Negras" (Entrevista funcionario Acción Social 1) y se hace "gota a gota" (Entrevista funcionaria Acción Social 2), es decir, de forma progresiva y no masiva.

El objetivo de esta sección es identificar cuáles son las causas actuales del desplazamiento en Zona Bananera y cuál es su relación con la extracción de aceite de palma en la región. A través de los relatos de los desplazados y de los pobladores del municipio intentaré mostrar que actualmente existen tres 'trayectorias' principales que median en la relación entre extracción de palma de aceite y desplazamiento forzado. Sin embargo, es importante reconocer que los límites metodológicos de esta investigación impiden identificar el peso específico y relativo de cada 'trayectoria' y su variación a través del tiempo. Los resultados que serán presentados reconstruyen las narraciones de los entrevistados sobre tres mecanismos paralelos, sin establecer el peso relativo de cada uno en la generación de desplazamiento forzado.

Falta de presencia institucional, extorsiones y desplazamiento

Una de las 'trayectorias' a través de las cuales el cultivo de palma de aceite y banano ha generado desplazamiento forzado en Zona Bananera ha sido el cobro de extorsiones. Como lo señala el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia (2007: 4), "la incursión de las autodefensas en este sector tenía por objeto [...] la apropiación de recursos derivados del narcotráfico, la extorsión y el cobro de vacunas a ganaderos, bananeros y palmicultores". Los testimonios recaudados coinciden en señalar que los grupos armados ilegales, en particular los paramilitares, aprovechan la falta de presencia institucional para financiarse de manera indirecta a través de recursos naturales lícitos como el banano y, más recientemente, la palma:

La relación entre ellos [paramilitares] y las bananeras era por el cobro de las vacunas. Muchas veces uno se negaba a pagarle a ellos las vacunas porque es que el campesino vive es de su labor, de su jornal. [...] Entonces se daban muchas amenazas. [...] Nosotros nos salimos en el 99 por una amenaza que le hicieron a un tío propietario de finca. (Entrevista desplazada 1)

Es precisamente debido a esas amenazas que se genera un puente entre la financiación de grupos armados ilegales a través de la extorsión y el desplazamiento forzado. Así, el cultivo de palma y banano fomenta la presencia de grupos armados ilegales; éstos cobran extorsiones, se generan amenazas y entonces surge el desplazamiento forzado.

A pesar de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC, las llamadas Águilas Negras siguen cobrando extorsiones a los cultivadores de palma. Según un poblador de la región, "acá todas las empresas pagan. Tengo amigos palmicultores que todos tienen que pagar" (Entrevista líder de la Zona 1). Dentro de las personas entrevistadas, nadie había sido desplazado por las Águilas Negras por no pagar una extorsión pero, según Acción Social en Santa Marta, la mayoría de los desplazados de los últimos años alegan haber sido amenazados por este grupo.

El desplazamiento económico

De manera paralela, la transición entre el cultivo de banano y el cultivo de palma ha tenido efectos económicos que se han convertido en 'trayectorias' para la generación de desplazamiento forzado. Como lo señala una funcionaria de Acción Social en Santa Marta "desde el 2005 más del 50% de los desplazados que llegan a Santa Marta se desplaza por situación de pobreza" (Entrevista funcionaria Acción Social 2). La dinámica a través de la cual ello sucede es descrita por un investigador de la Fundación Pro Sierra: "se va empoderando una nueva economía del lugar, sea el banano, sea la palma, y los pequeños productores van quedando por fuera y al quedar por fuera se ven obligados a salir de su territorio" (Entrevista funcionario organización social 1). La disminución en la mano de obra, la reducción en la seguridad alimentaria de la región y el cambio en la especialidad técnica requerida han incidido en el desplazamiento forzado de personas por motivos económicos. Una de las consecuencias más alarmantes de este proceso es que en ocasiones la mano de obra desempleada es reincorporada por estructuras del conflicto. Como advierte uno de los trabajadores de un cultivo de palma, "la mano de obra desocupada es lo que genera la violencia porque se ponen a pelear [o] [...] se suben a trabajar en coca" (Entrevista trabajador de palma 2).

Mientras que para el cultivo de banano eran necesarios 1,5 trabajadores por hectárea, en el cultivo de palma de aceite sólo se requiere 1 trabajador por cada 10 hectáreas (Entrevista líder de la Zona 2). Además, frente al cultivo de banano, la palma supuso una reducción de la seguridad alimentaria de la región. Según uno de los líderes de la Zona, "el desplazamiento por el cultivo de la palma pasa porque tú no puedes comer corozo, no hay seguridad alimenticia. Mientras que con el banano todo el mundo comía plátano" (Entrevista líder de la Zona 2).

De otra parte, la especialidad técnica requerida para trabajar en un cultivo de palma es muy distinta de aquella que se requería para ser bananero. Esta circunstancia generó el desplazamiento de quienes se dedicaban estrictamente al cultivo de banano. Como lo señala uno de los funcionarios de Acción Social en Santa Marta, "la mano de obra no se recicla. La gente que trabajaba en las fincas de banano queda desempleada y en algunos casos se desplaza" (Entrevista funcionario Acción Social 1).

Lo cierto es que si bien el cultivo de palma ha generado un desplazamiento económico forzado en busca de mejores oportunidades de subsistencia, por el cambio en la intensidad de la mano de obra, la reducción de la seguridad alimentaria y el cambio de especialidad técnica, la palma también se ha convertido en un mecanismo de subsistencia para los jornaleros y pequeños productores que empiezan a dedicarse al negocio. Una de las desplazadas entrevistadas da fe de este proceso:

El cultivo aquí ha sido buenísimo para la gente porque hay trabajo y los jóvenes se capacitan es en pura palma. Hay muchos desplazados a los que les han dado parcelas para cultivar en proyectos productivos de palma y otros trabajan recogiendo pepa, podando, trabajando en finca. (Entrevista desplazada 2)

No obstante, es posible señalar que una de las 'trayectorias' a través de las cuales el cultivo de palma de aceite en Zona Bananera ha incidido en la generación de desplazamiento forzado en la región es el cambio de un cultivo de mayor intensidad de mano de obra con cierta especialidad técnica requerida y amplia seguridad alimentaria, a uno de menor intensidad, distinta especialidad y menor seguridad alimentaria.

Incentivos gubernamentales y usurpación de tierras para el cultivo de palma

Los objetivos y estrategias de la política del gobierno para el desarrollo del sector palmero fueron trazados en el documento CONPES No. 3477 del 9 de julio de 2007. Según éste, el objetivo principal del gobierno es "incrementar la competitividad y la producción de la agroindustria palmera" (DNP, 2007a). Para ello, el gobierno incrementó la Cuota de Fomento Palmero de un 1% a un 1,5% (DNP, 2007a); otorga créditos a los cultivadores de palma (DNP, 2007a); y promueve la siembra de palma para la sustitución de cultivos ilícitos a través del Programa de Familias Guardabosques (Entrevista funcionario Acción Social 3).

Este tipo de incentivos y proyectos de desarrollo, como se expuso en la sección 2, han generado procesos de migración alrededor del mundo, por diversas causas. En el caso del Magdalena, el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia (2007: 13-14) advierte que "se hace evidente una disputa de los actores armados ilegales por el control de […] zonas donde se localizan megaproyectos públicos o privados en desarrollo".

Los testimonios recolectados permiten señalar que los incentivos institucionales creados por el gobierno para la explotación de palma de aceite no han estado acompañados de los controles necesarios para evitar que algunos grandes productores, con el apoyo de grupos armados ilegales, provoquen el desplazamiento forzado de pequeños parceleros, con el fin de adquirir tierras para el cultivo de palma de aceite. Es así como la usurpación de tierras para la realización de una estrategia de desarrollo económico se convierte en una 'trayectoria' adicional entre el cultivo de palma de aceite y la generación de desplazamiento forzado. Los siguientes testimonios, que en algunos casos han iniciado acciones legales para lograr la restitución de sus tierras, dan cuenta de esta dinámica:

Las familias tradicionales de bananeros apoyadas en los paramilitares expulsan a los campesinos de sus tierras y alegan la falta de productividad de la tierra para apropiársela y sembrar palma. (Entrevista funcionario organización social 2)

Hace poco supe de unos trabajadores de una finca bananera a los que unos tipos encapuchados les dijeron que tenían que desocupar las fincas y se fueron. [...] Ellos me explicaban que eran cultivadores de banano, los sacaron y ahora tienen cultivado palma africana. (Entrevista funcionaria Acción Social 2)

Los bananeros y palmicultores dicen necesito crecer mis ingresos a partir de una explotación mayor y eso no me lo permiten los dos o tres productores pequeños que están en el medio de predios que yo domino, entonces los puedo presionar. [...] Muchos ni siquiera alcanzaron a vender y esos predios engrosaron los terrenos de los grupos. (Entrevista funcionario organización social 1)

Ha habido casos de pequeños productores a los que los grandes productores de las fincas de enseguida les expropiaron y los desplazaron. (Entrevista funcionario Acción Social 1)

Nosotros hicimos un proyecto de palma pero nuestro representante dijo que eso no podía coger ahí. [...]Resulta que con la violencia que hubo nos hicieron salir en el 2003. Nos dieron 5.000 pesos de pasaje para que fuéramos a la oficina a firmar las escrituras y les entregáramos las tierras o nos mataban. [...] Y entonces nos sacaron y empezaron a sembrar palma. Hoy allá hay gente armada de civil y todo está enrejado y sembrado. (Entrevista desplazados 3, 4 y 5)

Es así como las extorsiones seguidas de amenazas, el cambio en las características económicas del recurso a extraer y la usurpación de tierras operan de manera simultánea como 'trayectorias' a través de las cuales el cultivo de palma de aceite en Zona Bananera genera desplazamiento forzado. El contexto histórico del conflicto en la región y las circunstancias en las cuales se dio el tránsito del cultivo de banano al cultivo de palma nos permitieron identificar las estrategias de inserción económica de los grupos armados ilegales en Zona Bananera y cómo éstas motivaron el desplazamiento forzado de personas. A partir de estos resultados intentaré discutir con los marcos teóricos de la economía política de los conflictos armados y del desplazamiento forzado, para mostrar nuevas 'trayectorias' a través de las cuales el tránsito de recurso natural a otro puede incidir en el desplazamiento forzado de personas.

4. Exploración de las 'trayectorias' entre palma y desplazamiento forzado

A lo largo de este artículo he pretendido sostener que la transición entre el cultivo de banano y el cultivo de palma de aceite en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, ha incidido en el desplazamiento forzado de personas en la región. Desde el comienzo, sin embargo, señalé que mi interés era estudiar todos los mecanismos de causalidad o 'trayectorias' a través de las cuales operaba esa relación entre recursos y conflicto, tomando el caso de la Zona Bananera como un "caso de trayectoria", según la metodología propuesta por Gerring (2007). En ese sentido, señalé también que no pretendía encontrar un vínculo único de causalidad, sino que, siguiendo a Ross (2004), esperaba encontrar una variedad de mecanismos a través de los cuales opera la relación de causalidad. Resultado de ello fueron los hallazgos expuestos en la sección (c) de este artículo, en la que se hizo referencia a tres 'trayectorias' a través de las cuales el cultivo de palma de aceite en Zona Bananera ha incidido en la generación de desplazamiento forzado en la región.

Sin embargo, esas tres 'trayectorias' no sólo dan luces sobre las causas del desplazamiento en la región y sobre el impacto del cultivo de palma de aceite en la generación de conflicto, sino que además permiten discutir los marcos teóricos de la economía política de los conflictos armados y de las causas del desplazamiento forzado. En algunos casos sirven como material para ratificar la validez de las tesis propuestas por algunos de los principales autores en la materia; en otros, obligan a clarificar sus conclusiones.

El caso de Zona Bananera ratifica una vez más el presupuesto básico de la literatura sobre la economía política de los conflictos armados enunciado por Collier y Hoeffler (1998), según el cual, para que un conflicto armado perdure, los combatientes necesitan recursos económicos. En el caso estudiado, los documentos sobre el conflicto histórico y el trabajo de campo coinciden en ratificar que si bien las causas originales que llevaron a los actores armados al conflicto varían, su perdurabilidad ha dependido de su financiación a través de la explotación de recursos legales e ilegales.

En esa medida, el caso permite controvertir la tesis de Ross (2004) sobre la inexistencia de una relación aparente de causalidad entre recursos naturales legales, como los productos agrícolas, y el desarrollo de conflictos armados internos. Según los datos encontrados, en el caso de Zona Bananera el cultivo de palma de aceite, un recurso agrícola legal, genera la financiación de actores armados ilegales por dos vías. Primero, a través del cobro de extorsiones a cultivadores de palma de aceite y banano. Y segundo, a través del desplazamiento forzado de parceleros, para usurpar sus tierras y poder beneficiarse de los incentivos gubernamentales para la extracción de un recurso legal como la palma de aceite.

De otra parte, el caso también da luces sobre la incidencia de las instituciones en la relación entre recursos y conflicto. Le Billon (2001), Snyder (2006) y Di John (2006) coinciden en otorgar un peso importante a la calidad y legitimidad de las instituciones como factor clave para impedir la financiación del conflicto a través de la explotación de recursos naturales. Tanto Snyder (2006) como Di John (2006) advierten que la simple presencia institucional es un mecanismo insuficiente, bien porque no se generan mecanismos para controlar los ingresos producidos por esos recursos, o porque al proveer subsidios no se generan relaciones de reciprocidad.

El caso de Zona Bananera permite apoyar las conclusiones de los tres autores. Los datos recolectados evidencian que tanto la falta de presencia institucional como la presencia institucional a través de incentivos sin mayor control permiten la financiación de actores armados ilegales y no detienen el desplazamiento forzado. Por una parte, el cobro de extorsiones ha sido posible principalmente por la falta de presencia de instituciones, no sólo militares y policiales, sino de acceso a la justicia, lo que se evidencia en la falta de denuncia y judicialización de estas conductas. Por otra, los incentivos gubernamentales para el cultivo de palma, acompañados de subsidios y créditos, no han prestado atención a la prevención del conflicto y, en particular, a la generación de desplazamiento forzado. Así como lo advierten Snyder (2006) y Di John (2006), no se generaron mecanismos para controlar los ingresos por parte de actores armados ilegales y se fomentaron subsidios que no generan relaciones de reciprocidad. Ello, acompañado de instituciones de propiedad débiles y mecanismos de registro inoperantes, ha sido la combinación perfecta para garantizar que, a pesar de la presencia institucional, el cultivo de palma de aceite se vincule a la financiación del conflicto.

De otra parte, el caso también permite controvertir parcialmente la tesis de Le Billon (2001) sobre el proceso a través del cual las poblaciones tienden a reagruparse en los lugares más seguros e institucionalizados, dejando grandes extensiones de tierra abandonadas a la reconfiguración de actividades económicas y de estructuras sociopolíticas. El caso de Zona Bananera parece mostrar que si bien ello es cierto, (por ejemplo, en los casos de integración y compra de terrenos a desplazados), el desplazamiento forzado no sólo es consecuencia de la explotación de un recurso por parte de actores armados, sino que se convierte en un mecanismo para asegurar la explotación del mismo. La tercera trayectoria identificada en la sección (iii) permite mostrar que los incentivos gubernamentales de cultivo de palma de aceite han generado procesos de usurpación de tierras y desplazamiento deliberado para la implementación de estrategias de desarrollo económico por parte de grandes productores y grupos armados ilegales.

Así mismo, en el caso de Zona Bananera parecen coexistir y entrelazarse todas las causas del desplazamiento forzado identificadas en el marco teórico: la violencia generalizada, la puesta en práctica de una estrategia particular de guerra, la usurpación de tierras y la ejecución de proyectos de desarrollo económico.

En particular, en los relatos que caracterizan el conflicto que se dio en la Zona entre guerrillas y paramilitares entre mediados de la década de los noventa y el año 2003, es posible evidenciar que la violencia generalizada descrita por Álvarez-Correa et al. (1998) fue una de las principales motivaciones del desplazamiento forzado. De igual forma, el caso también ofrece datos que permiten corroborar la tesis de Ibáñez y Vélez (2008) sobre el desplazamiento como una estrategia de guerra. Los testimonios de los pobladores de la región y de los desplazados permiten señalar que, en especial los paramilitares han hecho uso de las amenazas y el desplazamiento forzado a personas particulares como una estrategia para amedrentar a la población y debilitar el apoyo del enemigo.

Así mismo, el caso ofrece datos para apoyar la tesis de Álvarez-Correa et al. (1998) sobre la pérdida de la tierra como una de las principales causas del desplazamiento forzado. Tanto a través de mecanismos legales -como la integración y la compra de terrenos por parte de los grandes productores- como a través de mecanismos ilegales -como las compras forzadas, la apropiación ilegal luego del desplazamiento y la usurpación de tierras-, el caso provee un amplio cúmulo de datos para corroborar que ésta es una de las principales causas del desplazamiento.

Finalmente, el caso de Zona Bananera permite apoyar la tesis de Cernea (1997) sobre que los proyectos de desarrollo económico pueden generar procesos de desplazamiento forzado. Los testimonios reseñados en la sección (iii) dan cuenta de los procesos de usurpación de tierras en la región, con el objetivo de acceder a los incentivos que supone un megaproyecto de desarrollo económico para el país, como el cultivo de palma de aceite.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación sugieren que el cultivo de palma de aceite ha incidido en el desplazamiento forzado de personas en Zona Bananera a través de tres 'trayectorias' paralelas: 1. La ausencia de una presencia institucional fuerte ha permitido el cobro de extorsiones por parte de grupos armados ilegales a los cultivadores y extractores de palma de aceite, permitiendo así su financiación y generando el desplazamiento de personas, como consecuencia de las amenazas; 2. La transición de la explotación de banano a la explotación de palma generó una ola de desplazamiento forzado, como consecuencia de la reducción en la intensidad de mano de obra, la necesidad de trabajadores capacitados en una nueva especialidad y la reducción de la seguridad alimentaria de la Zona; y 3. Los incentivos institucionales creados por el gobierno para la explotación de palma de aceite han fomentado la usurpación de tierras por parte de algunos de los grandes terratenientes y los actores armados ilegales, quienes provocan el desplazamiento con el fin de adquirir tierras para el cultivo de palma de aceite.

Sin embargo, estos resultados no permiten concluir que el cultivo de palma de aceite sea en sí mismo generador de conflicto y desplazamiento, ni que la única forma de evitar que éste genere procesos de desplazamiento forzado sea impidiendo su cultivo. Los resultados de esta investigación tan sólo dejan abierta la puerta a futuras investigaciones para estudiar en otros casos la relación entre el cultivo de palma y el desplazamiento forzado, las transiciones entre cultivos naturales y su impacto en el desplazamiento y la relación entre cultivos naturales y financiación del conflicto armado.

Lo que sí es posible concluir es que, al menos en el caso de Zona Bananera, para que el cultivo de palma de aceite no incida en la generación de desplazamiento forzado es necesario implementar medidas de presencia institucional más ambiciosas. Así, para evitar las extorsiones, la presencia del Estado no puede ser sólo militar y policial sino que tiene que ir de la mano de la consolidación institucional y, en especial, de mecanismos efectivos de acceso a la justicia. De igual forma, el cambio económico que supone la transición de un cultivo a otro debe ser planificado a través de la capacitación de la mano de obra, y asegurando la seguridad alimentaria a través de la diversificación de cultivos. Finalmente, los incentivos gubernamentales para la financiación de megaproyectos como el cultivo de palma deben ir acompañados de medidas como el cobro de impuestos, la implementación de mecanismos de control de los ingresos producidos por esos recursos y el fortalecimiento de las instituciones de propiedad y de registro, para asegurar que no se cometan abusos, y en especial, que no se fomente el desplazamiento forzado.

Mientras este tipo de medidas no sean implementadas, el cultivo de palma de aceite, a pesar de contribuir al crecimiento de la economía nacional y regional, seguirá siendo propenso a la generación de desplazamiento forzado, y el tan añorado postconflicto de la Zona Bananera será tan sólo una transición a otros tipos de 'trayectorias' entre recursos y conflicto armado.

Anexo 1
Índice de entrevistas

Experta nacional 1, CODHES, Bogotá, 18 de octubre de 2007.

Funcionario Acción Social 1, Santa Marta, 9 de noviembre de 2007.

Funcionario Acción Social 2, Santa Marta, 9 de noviembre de 2007.

Funcionario Acción Social 3, Santa Marta, 9 de noviembre de 2007.

Funcionario de organización social en Santa Marta 1, Fundación Pro Sierra, Santa Marta, 9 de noviembre de 2007.

Líder de la Zona 1, Ex Gerente de extractora de aceite de palma, Zona Bananera, 10 de noviembre de 2007.

Trabajador de Palma 1, Jefe de planta de extractora de aceite de palma, Zona Bananera, 10 de noviembre de 2007.

Trabajador de Palma 2, Ingeniero de Extractora de aceite de palma, Zona Bananera, 10 de noviembre de 2007.

Líder de la Zona 2, Asociación de Usuarios del sistema de riego y desagüe, Zona Bananera, Noviembre 10 de 2007.

Desplazada 1, Santa Marta, 10 de noviembre de 2007.

Funcionario de organización social en Santa Marta 2, Pastoral Social, Santa Marta, 10 de noviembre de 2007.

Desplazados 3,4 y 5, Orihueca, 11 de noviembre de 2007.

Desplazada 2, El Retén, 11 de noviembre de 2007.

Comentarios

1 Los nombres de las personas entrevistadas han sido cambiados para proteger su identidad.

2 Historia relatada por funcionarios de Acción Social en Santa Marta.

3 Futuras investigaciones con un enfoque metodológico cuantitativo podrían desagregar estas estadísticas para analizar la evolución de la relación entre el cultivo de palma y el desplazamiento forzado a través del tiempo e identificar momentos de cambios súbitos que podrían atribuirse a variables asociadas con el conflicto armado.

4 Ver el anexo 1, Índice de entrevistas.

5 Artículo 1, Ley 387 de 1997, "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de la Colombia".

6 Son decretos reglamentarios de esta Ley los siguientes: Decreto 2569 de 2000, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones"; Decreto 2007 de 2001, "Por el cual se reglamenta lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación"; Decreto 951 de 2001, "Subsidio de vivienda para la población desplazada"; Decreto 250 de 2005, "Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones". Del mismo modo, reglamentan esta Ley el CONPES 3400 de 2005, sobre Metas y priorización de recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia; el Acuerdo 037 de 2005, "Por el cual se dicta el reglamento especial de adjudicación y aprovechamiento de los predios rurales ingresados al patrimonio de la Nación con carácter de baldíos reservados, en virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio privado"; el Acuerdo 059 de 2006, "Por la cual se establecen los requisitos de inscripción y registro y los criterios de elegibilidad y selección que deben cumplir los hombres y mujeres de escasos recursos que hubieren sido desplazados del campo de manera forzosa por causa de la violencia para acceder a los programas de desarrollo rural y reforma agraria".

7 Las Águilas Negras es una banda criminal conformada por antiguos ex combatientes del Bloque Norte de las AUC y narcotraficantes, dedicada al cobro de extorsiones y el desplazamiento forzado. Actualmente sostiene una disputa territorial con la banda criminal de Los Mellizos, reconocidos narcotraficantes del Norte del Valle.

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