El nivel de nacionalización del sistema de partidos colombiano: una mirada a partir de las elecciones legislativas de 2010

Margarita Batlle y José Ricardo Puyana V.
 

Es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia y es candidata a doctora de la Universidad de Salamanca.

Es coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia. Es Magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca.

Resumen

En el marco de la literatura centrada en comprender la relación entre partidos políticos, competencia y territorio, este artículo se pregunta sobre los cambios y continuidades en los niveles de nacionalización del sistema de partidos colombiano. Asimismo, observa los niveles de nacionalización de los partidos políticos, tanto los considerados tradicionales, como los Partidos Liberal y Conservador, como los nuevos o terceros partidos.

Palabras clave
nacionalización • partidos políticos • sistema de partidos • Colombia

Nationalization of the Colombian Party System: Observations Based on the 2010 Legislative Elections

Abstract

This article deals with the changes and continuities in the levels of nationalization of the Colombian party system, in relation to the literature on the link between political parties, competition, and territory. The article observes the levels of nationalization of political parties: on the one side, those considered traditional, such as the Liberal and Conservative parties, and on the other the new or third parties.

Keywords
nationalization • political parties • party system • Colombia

Recibido el 30 de agosto de 2011, aceptado el 12 de septiembre de 2011 y modoficado el 11 de noviembre de 2011.

INTRODUCCIÓN ¹

El estudio sobre el modo en que los partidos políticos y los electorados se relacionan con el territorio ha sido recurrente al intentar comprender la manera como los electorados y la política se volvieron, o no, nacionales en las democracias avanzadas. La nacionalización de los procesos político-electorales ha representado la evolución hacia la conformación de electorados nacionales y sistemas de partidos nacionales donde priman organizaciones partidistas, programas, campañas y cuestiones que rebasan las fronteras locales o regionales. Si bien la literatura ha reconocido la importancia de estas cuestiones para poder comprender aspectos centrales de la política partidista, hasta hace una década los estudios sobre esta materia eran escasos (Lago y Montero 2010).

En el marco del debate que se originó sobre la importancia de la nacionalización y el modo más adecuado de medirla, cuyo punto más álgido tuvo lugar durante la década de 1980, nuevos trabajos fueron sumándose al análisis del fenómeno en Estados Unidos. Dichos aportes se concentraron primordialmente en dos cuestiones: la medición del fenómeno y las variables que lo explican, acudiendo tanto a estrategias de estudios de caso como a comparaciones. Por un lado, los trabajos han girado sobre la discusión en torno a qué entender por nacionalización. Por otro, se ha debatido sobre las diferentes estrategias metodológicas para medir la nacionalización de la política y de los partidos y sistemas de partidos (Cox 1999; Chhibber y Kollman 2004 y 1998; Jones 2007; Jones y Mainwaring 2003; Morgenstern, Swindle y Castagnola 2009) que prestan atención a distintas aristas del fenómeno.

En el marco de la literatura centrada en comprender la relación entre partidos políticos, competencia y territorio, este artículo analiza el modo en que los partidos políticos distribuyen sus apoyos electorales en el sistema de partidos colombiano. En ese sentido, surgen algunos interrogantes: a) ¿Cuán nacionalizado se encuentra el sistema de partidos colombiano?; b) ¿Cuáles han sido los cambios y continuidades en cuanto a nacionalización que ha atravesado este sistema de partidos en más de tres décadas? Y c) ¿Qué niveles de nacionalización presentan los partidos políticos -nuevos o tradicionales-que interactúan en este sistema de partidos? Puntualmente, d) ¿Qué nivel de nacionalización presentan los partidos y el sistema de partidos para las elecciones de 2010? Y e) ¿Qué diferencias existen entre los niveles de nacionalización registrados para las legislativas y para las presidenciales de 2010?

Con el objetivo de responder estos interrogantes, el presente artículo se estructura en cuatro secciones. La primera discute someramente la literatura sobre nacionalización y, en concreto, las propuestas para medir el fenómeno, encontradas en los trabajos centrados en América Latina. La segunda analiza los diferentes cambios atravesados por el sistema de partidos y el modo de hacer política en el país. En tercer lugar, se mide el nivel de nacionalización del sistema de partidos colombiano ente 1978 y 2010, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento, así como cambios y continuidades que permitan desentrañar la dinámica de la distribución de los apoyos a los partidos políticos en el territorio, con especial énfasis en los resultados de las elecciones legislativas de 2010. Por último, se elaboran unas notas de conclusión.

Este análisis se basa en los resultados de las elecciones legislativas celebradas en Colombia entre 1978 -segundo proceso electoral celebrado después del desmonte del Frente Nacional- y 2010. Específicamente, la aplicación de los índices de nacionalización de los partidos y de los sistemas de partidos se realiza a partir de los resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes. La utilización de los datos de la Cámara Baja -y no, por ejemplo, los de Senado- se relaciona con que la representación en la Cámara de Representantes es de tipo territorial, en el marco de la cual los 32 departamentos eligen un número específico de representantes, mientras que en el caso del Senado la elección se da desde 1991 en una sola circunscripción nacional.

1. EL ESTUDIO SOBRE LA NACIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS

Las características de la competencia que tiene lugar en los sistemas de partidos producen consecuencias concretas que afectan diversos aspectos como la calidad y la naturaleza de la democracia, la representación, las políticas económicas y la estabilidad de los gobiernos y los sistemas políticos (Chhibber y Kollman 2004, 9). Respecto de la relación de la nacionalización de los sistemas de partidos u homogeneización de los apoyos electorales a lo largo del territorio con el sistema político en su conjunto, el hecho de que los sistemas de partidos comporten niveles muy diferentes de nacionalización puede suponer distintos rendimientos del sistema político (Jones y Mainwaring 2003, 141-144).

La existencia de sistemas de partidos regionalizados, con mayoría de partidos regionales, así como de sistemas de partidos subnacionales que se comportan de manera diferente, tiene consecuencias sobre el modo en que funciona el sistema democrático, ya sea en cuanto a política pública, coordinación entre poderes y niveles de gobierno, decisiones de los partidos y sus integrantes respecto a su carrera política o la existencia de conflictos sociales. Las diferencias que registren ambos niveles de actuación se pueden relacionar con aspectos distintos como las características del sistema de partidos, los partidos que compiten y ganan las elecciones, las estrategias de los mismos, entre otras cuestiones.

Primero, el nivel de nacionalización del sistema de partidos tiene una relación estrecha con las orientaciones de los electores, pudiendo influir o reflejar la debilidad o fortaleza de los lazos entre partidos y votantes (Schattschneider 1960). Segundo, puede afectar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo (Stokes 1967). En sistemas de baja nacionalización hay más probabilidades de que emerjan conflictos entre ambos poderes, ya que se incrementa la posibilidad de gobiernos divididos o unificados pero con costos de transacción altos y oposiciones volátiles (Leiras 2009, 4). ² Asimismo, el nivel de nacionalización puede afectar el tipo de carrera que desarrollen los legisladores (Ames 2001). ³ Tercero, diferentes niveles de nacionalización del sistema de partidos pueden tener consecuencias sobre el diseño y la implementación de políticas públicas (Gibson y Calvo 2000; Stepan 2001), así como el modo en que el gobierno estructura y desarrolla el gasto público (Morgenstern, Swindle y Castagnola 2009). Cuarto, el nivel de nacionalización también podría elevar la posibilidad de que emerjan conflictos de tipo étnico y religioso. En ese sentido, la aparición y consolidación de partidos con orientaciones nacionales pueden ser un factor que ayude a resolver este tipo de desacuerdos (Diamond 1988; Reynolds 1999; Stepan 2001).

A pesar de la intermitencia con que se fueron elaborando trabajos que abordaban la cuestión territorial -proponiendo poner la mirada sobre la dinámica de la competencia que tiene lugar en el ámbito subnacional-, la literatura desarrollada en Europa y Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo xx había sentado las bases para que el tema comenzara a establecerse como una esfera de estudio en sí misma.

Los electorados europeos comenzaron a nacionalizar sus preferencias durante los siglos XIX y XX (Caramani 2004, 5). La progresiva homogeneización territorial en ese continente, así como la primacía de los cleavages funcionales sobre los territoriales, son indicadores de esta progresiva nacionalización de la política. Así, los procesos de nacionalización de la política son cruciales en la estructuración de la política partidista (2004, 2). ⁴ Dos cuestiones centrales dan forma al concepto de nacionalización. Por un lado, la dimensión de homogeneidad u homogeneización territorial de aspectos electorales y de los sistemas de partidos (Caramani 2004). Por otro, el predominio de fuerzas políticas nacionales o la influencia de éstas sobre las fuerzas regionales. ⁵

En Estados Unidos, si bien a mediados del siglo XX ya V. O. Key (1949) llamó la atención sobre la relevancia de los sistemas de partidos estatales -al destacar que no seguían la misma lógica de competencia que el bipartidismo arraigado en el ámbito nacional, especialmente respecto a la competencia entre facciones que se desarrollaba en los estados sureños del país-, el trabajo de Stokes (1965 y 1967) fue uno de los esfuerzos más serios por desentrañar la lógica de la nacionalización de la política y el electorado, pues avanzó en proponer una medida de nacionalización. ⁶

Si bien se han desarrollado numerosas investigaciones que abordan este tema, muy poco se ha investigado en esta materia en aquellas democracias que quedan fuera del grupo de las industriales avanzadas (Jones y Mainwaring 2003; Gibson y Suárez Cao 2010). La literatura sobre partidos y sistemas de partidos aplicada en América Latina comenzó a incluir el tema de la nacionalización sólo en los últimos años, dado que, en el contexto de las amplias discusiones relacionadas con reformas descentralizadoras y aspectos como la regionalización y las autonomías por las que atraviesan muchos países de la región, la relación entre partidos y territorio empezó a aparecer como especialmente relevante.

Entre la incipiente literatura sobre América Latina que aborda esta cuestión se pueden observar diferentes perspectivas. Primero, se ha analizado el nivel de nacionalización de los sistemas de partidos (Jones y Mainwaring 2003; Jones 2007; Batlle 2009). Segundo, se ha enfatizado en el modo en que diversos factores, como la descentralización (Lalander 2004; Leiras 2008; Pachano 2008; Guzmán 2005; Amaro 1999; Lalander 2000; Montero y Samuels 2004, Solórzano y Monroy 2005), la estructuración de los cleavages (Dix 1989; Amorim Neto y Cox 1997; Moreno 1999; Morgenstern y Swindle 2005; Jones 2007; Morgenstern, Swindle y Castagnola 2009; Batlle 2009) o las reglas electorales (Morgenstern, Swindle y Castagnola 2009; Calvo y Escolar 2005; Pachano 2007; Meléndez 2008) afectan la distribución territorial de los apoyos electorales.

En concreto, la particularidad de América Latina en relación con el modo en que los partidos distribuyen sus apoyos a lo largo del territorio radica especialmente en los bajos niveles de nacionalización que comportan las democracias de la región (Jones y Mainwaring 2003; Jones 2007), así como en los cambios que muchos sistemas de partidos han atravesado desde la tercera ola de democratización. Las marcadas diferencias que presentan estos países entre sí vuelven aún más relevante la relación entre nacionalización del sistema de partidos y cuestiones como la gobernabilidad y la estabilidad del sistema, así como el rendimiento de la democracia en general.

Como se planteó anteriormente, numerosos trabajos han propuesto herramientas metodológicas para medir la distribución de los apoyos de los partidos y la configuración territorial de los sistemas de partidos, y lo han hecho desde perspectivas muy distintas, pero coincidiendo en evidenciar la naturaleza multidimensional del fenómeno y la imposibilidad de dar cuenta del mismo desde un único índice específico. ⁷ Hasta el momento, uno de los índices más utilizados ha sido el llamado Party System Nationalization Score (PSNS) (Jones y Mainwaring 2003).

El Party Nationalization Score (PNS) -centrado en medir el nivel de nacionalización de los partidos- compara la votación departamental o regional de un partido con la votación que el mismo partido obtiene nacionalmente, utilizando el coeficiente de Gini como medida de desigualdad. ⁸ Para medir el nivel de nacionalización del sistema de partidos en su conjunto se utiliza el PSNS (Jones y Mainwaring 2003), que se obtiene de calcular el promedio relativo de los valores de los PNS de los partidos que componen un sistema de partidos específico.

La herramienta propuesta por Jones y Mainwaring, en consonancia con lo sostenido por los autores (2003, 140), tiene amplias capacidades comparativas. En este sentido, se pueden establecer comparaciones no solamente entre diferentes partidos dentro de un mismo sistema sino entre partidos y sistemas de partidos de diversos países. Las comparaciones pueden ser a lo largo del tiempo, en un mismo contexto o en otros contextos. Además, al invertir el coeficiente de Gini, Jones y Mainwaring logran ganar en claridad, ya que un puntaje alto (cercano a 1) hace referencia a una mayor nacionalización. ⁹

Si bien éste ha sido uno de los índices más utilizados hasta el momento y, específicamente, uno de los primeros en ser aplicado a casos de partidos y sistemas de partidos latinoamericanos, algunos trabajos han contribuido a su revisión y crítica, y han encontrado cuestiones sobre las que seguir trabajando para lograr resultados más exactos por medio de la comparación entre los rendimientos de diferentes medidas (Moenius y Kasuya 2004; Bochsler 2005). Bochsler, por ejemplo, analiza catorce índices para observar de qué modo se comportan a la hora de medir la distribución territorial tanto de partidos como de sistemas de partidos. Entre los índices analizados, el PNS y el PSNS se encuentran entre los que presentan un mejor desempeño, dado que no muestran problemas relevantes, como la probabilidad de arrojar resultados equivocados, como sí pueden llegar a hacerlo otros índices (2005, 4).

En este mismo sentido, Bochsler (2005 y 2010) destaca un problema fundamental respecto al PNS y al PSNS relacionado con el tamaño (y la cantidad) de distritos en los que está dividido el país. A mayor número de distritos en los que un país se encuentra dividido, mayor será la disminución de los valores de nacionalización y, por lo tanto, mayor será la heterogeneidad. La falencia del índice propuesto por Jones y Mainwaring se vuelve, entonces, relevante al intentar comparar casos de países divididos en cantidades diferentes de distritos. El hecho de que un país se encuentre dividido en un mayor número de distritos que otro puede hacer que el resultado en el nivel de nacionalización del primero sea menor que el del segundo.

En respuesta a este problema, Bochsler (2005 y 2010) toma el PSNS y lo corrige elaborando lo que llama el coeficiente de Gini estandarizado, para medir la nacionalización partidista (PSNSE) (2005, 1). De esta manera, teniendo en cuenta que en este trabajo se realiza tanto una comparación entre los sistemas de partidos de diferentes países (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) como también un estudio de caso, la comparación entre estos países se centrará en el cálculo del PSNSE, como una versión perfeccionada del comúnmente utilizado PSNS. Sin embargo, y con el objetivo de poder comparar el desempeño de ambos índices identificando tendencias, se calculan ambos índices, y el PSNS se utilizará para la comparación específica entre los partidos colombianos. Cabe aclarar que trabajos previos han medido el nivel de nacionalización de los partidos y sistemas de partidos de América Latina utilizando índices diferentes (Jones y Mainwaring 2003; Jones 2007; Vasselai 2009; Harbers 2010); las tendencias encontradas son similares y coinciden con los hallazgos de esta investigación, puntualmente para el caso colombiano. ¹⁰

2. EL SISTEMA DE PARTIDOS COLOMBIANO: ENTRE EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD

El sistema de partidos colombiano ha sido uno de los más estables de América Latina en cuanto a formato, así como respecto al predominio de las organizaciones partidistas tradicionales, nacidas en el siglo XIX. La competencia entre liberales y conservadores, en algunos casos en contextos de violencia extrema, le imprime una estabilidad que permite clasificarlo como uno de los sistemas más institucionalizados de América Latina (Mainwaring y Scully 1995), aunque esto se haya dado a expensas de la configuración de un sistema rígido y cerrado (Gutiérrez 2007).

En 1974 se celebraron en Colombia las primeras elecciones por fuera de la lógica del acuerdo del Frente Nacional, el cual consistía en un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que garantizaba la alternancia en el poder y que perseguía el objetivo de poner fin a la violencia interpartidista instalada durante la primera parte del siglo XX, así como a la dictadura instaurada desde 1953. La configuración de reglas de juego extremadamente rígidas moldeó la competencia política durante esos años evitando la consolidación de cualquier otra tendencia o movimiento por fuera de los tradicionales. Esto acabó prolongando, de manera informal, el histórico bipartidismo hasta entrada la década de 1990. Lo anterior se puede evidenciar en la alta concentración del voto en los dos partidos tradicionales durante el período comprendido entre 1974 y 1990, la cual osciló entre el 85 y el 99%. ¹¹

La imposibilidad de que surgieran nuevas fuerzas políticas y la sensación generalizada de que los partidos tradicionales habían logrado consolidar un sistema en donde sólo ellos tenían cabida precipitó, a comienzos de la década de 1990, la búsqueda de un cambio normativo. En 1991, durante la presidencia de César Gaviria, del Partido Liberal (PLC), se convocó a una asamblea que redactaría la nueva Constitución de Colombia. Dicha asamblea estuvo conformada por alrededor de un 35% de constituyentes que no pertenecían a los partidos tradicionales. ¹² La ad M-19 -organización política integrada por miembros del desmovilizado grupo guerrillero M-19- se consolidó como tercera fuerza logrando 19 escaños y una votación sin precedentes para una fuerza política de izquierda. La composición de la Asamblea auguraba un profundo cambio en las reglas de juego, el cual se ve evidenciado en el texto finalmente aprobado en julio de 1991.

En este contexto es promulgada la nueva Constitución, que, entre otras cosas, introduce la elección popular de gobernadores y les otorga a ambos niveles -municipios y departamentos- diferentes competencias y capacidad de manejo presupuestal. La elección popular de alcaldes "buscaba generar condiciones propicias para el surgimiento y consolidación de fuerzas políticas distintas al bipartidismo. Además, las reformas de descentralización política buscaban una incorporación más amplia de los distintos grupos y sectores sociales a las instancias formales de participación, para superar problemas de legitimidad del Estado y responder a las demandas por una mayor incidencia de los ciudadanos y elites locales en las decisiones políticas" (Hoyos y Ceballos 2004, 2). ¹³

Con el objetivo último otorgarle mayor representatividad al sistema político, se estableció que cincuenta mil firmas bastarían para la formación de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos para competir en la arena electoral, y perdieron así los partidos políticos el monopolio de la representación. Lo estipulado en la nueva Constitución tuvo como consecuencia la creación de un número alto de partidos y movimientos que se sumaron al sistema de dos partidos dominado por las fuerzas tradicionales, modificándolo sustancialmente y afectando no solamente la competencia interpartidista sino también la que se desarrollaba dentro de las organizaciones tradicionales; teniendo en cuenta, por ejemplo, que la normativa electoral daba la posibilidad a los partidos de una cantidad ilimitada de listas para cada elección. ¹⁴

Por esto, si bien el sistema de partidos colombiano se ha caracterizado desde la década de 1970 por su creciente fragmentación (Gutiérrez 2007), a partir de la sanción de la Constitución, dicha fragmentación deja de tener lugar dentro de los dos partidos que dominaban el sistema para mudarse al sistema de partidos en su conjunto, lo cual modifica el formato del mismo. Así, mientras el nivel de fragmentación del sistema de partidos en 1982 era de 1,98 partidos efectivos, en 2002 este indicador llegó a ser de 6,4. Para este último año, más de setenta partidos contaban con personería jurídica, haciendo insostenible el funcionamiento del sistema de partidos.

En el marco de esta nueva normatividad, en 1992 se llevó a cabo la primera elección popular de gobernadores -los alcaldes se elegían popularmente desde 1988- y se empezó a abrir un espacio competitivo en las regiones propicio para el surgimiento de nuevos liderazgos y nuevas formas de hacer política con agendas que se orientarían más allá de lo nacional. Los partidos tradicionales ya no sólo debían enfrentarse a nuevas organizaciones en el ámbito nacional sino que también veían amenazado su monopolio electoral en el nivel territorial, con el surgimiento de candidaturas y organizaciones que desde lo nacional fueron alcanzando el nivel subnacional o, incluso, que restringieron su participación en este último ámbito ¹⁵.

En los últimos años se ha producido un aumento sostenido en la fragmentación, así como en los niveles de volatilidad de las preferencias electorales, que ha llevado a caracterizar al sistema de partidos como multipartidista, a partir del surgimiento de nuevas agrupaciones con una vocación tanto nacional como territorial. En este contexto, los tradicionales no han logrado colocar a sus candidatos a la Presidencia en las tres últimas elecciones (2002, 2006 y 2010), y, por el contrario, tanto en ese cargo como en el Legislativo y los Ejecutivos locales proliferan los nuevos partidos o movimientos políticos.

Este incremento sostenido de la fragmentación en el sistema de partidos colombiano parece tener consecuencias sobre la nacionalización del mismo (ver el Gráfico 1). Como se verá en detalle en la siguiente sección, no debe sorprender que los niveles de nacionalización del sistema de partidos sean mayores en aquellos años en los que los partidos tradicionales dominaban la política: la presencia de éstos en la totalidad de las circunscripciones electorales, al menos hasta 1990 (ver el Gráfico 4), arroja niveles de nacionalización más altos que a comienzos de la década de 2000, cuando los tradicionales se vieron obligados a competir con otras organizaciones.

De hecho, a medida que se suceden las elecciones, los partidos nuevos llegan a puestos de poder en regiones que anteriormente eran bastiones de los tradicionales. Una estrategia común que acaban desarrollando los tradicionales es intentar entrar, a través de "partidos amigos", a espacios de competencia en los que uno de los dos partidos, Liberal o Conservador, ejercía un dominio histórico, y a los que al otro tradicional le sería muy difícil entrar con su propia etiqueta. De este modo, se tejen alianzas entre nuevos y tradicionales en un sistema que ve mermado el apoyo a los tradicionales pero con partidos nuevos que todavía no logran construir estrategias territoriales exitosas.

3. EL NIVEL DE NACIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y EL SISTEMA DE PARTIDOS COLOMBIANO: LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2010

a. La trayectoria del sistema de partidos colombiano

El análisis de los partidos y del sistema de partidos de Colombia que se realiza a continuación está construido a partir de los datos arrojados por el PNS y el PSNS de Jones y Mainwaring (2003). ¹⁶ Siguiendo estos índices, el nivel de nacionalización promedio del sistema de partidos colombiano es de 0,65. Las elecciones de 1978, las segundas celebradas fuera de la lógica del Frente Nacional, son las más nacionalizadas del período, con un valor de 0,86. A medida que se van sucediendo nuevas elecciones legislativas -que, además, acarrean una fragmentación creciente del sistema de partidos-, el nivel de nacionalización desciende de manera progresiva, hasta llegar a los valores más bajos en 2002. Para estas elecciones el nivel de nacionalización se redujo a menos de la mitad respecto a las elecciones de 1978, con 0,37 puntos.

A partir de las elecciones legislativas de 1990 la tendencia hacia la disminución en los niveles de nacionalización es sostenida (ver el Gráfico 2). Mientras que la década de 1980 fue protagonizada por los partidos tradicionales, la de 1990 y, en mucha mayor medida, la de 2000 plantean la configuración de un sistema de partidos donde conviven nuevos y tradicionales con movimientos de ciudadanos -o fuerzas llamadas independientes-, en el marco de un sistema de partidos en progresiva fragmentación y desnacionalización. Este período de estudio, como se verá más adelante, es atravesado por dos reformas constitucionales, la de 1991, ya descrita, y la de 2003, que tuvieron implicaciones sobre el sistema electoral y que incidieron sobre los niveles de nacionalización.

Si el análisis del sistema de partidos permite evidenciar la existencia de tendencias de mayor y menor nacionalización en el período 1978-2010, el estudio de los partidos no arroja conclusiones muy distintas. Los cambios institucionales de 1991 y de 2003 tuvieron efectos importantes, no sólo en el número de los partidos y la permanencia de los mismos en la escena política, sino también en su llegada al territorio. Los altísimos niveles de desaparición en los partidos colombianos a partir de 1991 dificultan la interpretación de tendencias temporales en la mayoría de los partidos que participaron y lograron superar el umbral en las elecciones legislativas de 2010. Sin embargo, una mirada tanto al comportamiento de los tradicionales como de los nuevos permite sacar algunas conclusiones.

b. La desnacionalización de los tradicionales

Los partidos Liberal y Conservador -este último con distintos nombres a lo largo del período de estudio- se presentaron ininterrumpidamente en las elecciones para elegir Cámara de Representantes desde 1978. Como se puede evidenciar en el Gráfico 3, hasta la elección de 1990 los tradicionales mantuvieron niveles altos de nacionalización -por encima de 0,70-, aunque con valores superiores para el Liberal, que, entre 1978 y 1990, se ubicó entre 0,87 y 0,92. El Conservador, por su parte, arrojó valores entre 0,88 y 0,74. Durante estas cuatro elecciones, los tradicionales presentaron candidatos en la totalidad de las circunscripciones y lograron hacerse con la mayor parte de los votos: en 1978 y 1982 consiguieron la mayoría de los votos en el 100% de las circunscripciones, mientras que en 1986 y 1990 lograron el 92 y el 96%, respectivamente (ver los Gráficos 4 y 5).

Las elecciones de 1991, posteriores a la promulgación de la nueva Carta, muestran un cambio importante en cuanto a la nacionalización para el Conservador. El cambio normativo que implicó la Constitución dio paso al surgimiento de nuevas organizaciones políticas que rápidamente condujeron a menores niveles de nacionalización para el Conservador, que pasó de 0,74 en 1990 a 0,54 en 1991. Aunque los azules van a recuperar levemente su cobertura territorial en las elecciones de 1994 (con un valor de 0,64), el período posterior a la reforma constitucional se va a caracterizar por una clara desnacionalización de este partido, que se va a ubicar, en 2002, en la línea del 0,40.

En igual sentido, este partido dejó de presentar candidatos en todas las circunscripciones y perdió espacio electoral: para 1991 y 1994 no obtuvo la mayoría de los votos en ninguna circunscripción y en 1998 lo hizo en sólo el 6% (ver los Gráficos 4 y 5). Desde 1990, el Conservador dejó de presentar listas en varios departamentos, siendo una constante la ausencia de éstas en San Andrés, Vaupés, Vichada y, salvo en 1994 y 2010, también en Quindío. Respecto a las regiones de mayor influencia de este partido, se registran sus triunfos sucesivos en Boyacá, Huila, Norte de Santander y, a partir de 2002, en Nariño. Entre 2002 y 2010, el éxito de los conservadores fue intermitente, y obtuvieron la mayor votación en cinco departamentos en 2002, cuatro en 2006 y ocho en 2010.

El Liberal, en cambio, consiguió mantener niveles relativamente altos de nacionalización, a pesar de sufrir una tendencia similar a la del Conservador. Como se evidencia en el Gráfico 3, para las primeras tres elecciones posteriores al cambio constitucional de 1991, el Liberal presenta niveles de nacionalización superiores a 0,80. A pesar de lo anterior, es importante señalar que este partido no volverá a obtener valores similares, y la tendencia desde 1994 será hacia la desnacionalización -en 2002, el Liberal arrojó un nivel de 0,77-. Durante este período, el Liberal siguió siendo fuerte electoralmente, con triunfos en buena parte de las circunscripciones: 94% en 1991, 97% en 1994 y 91% en 1998. Las fracturas internas que sufrió el partido a fines de la década de 1990 hacen que, en 2002, este nivel de éxito electoral se reduzca al 70% de las circunscripciones.

Entre los dos partidos tradicionales, el Liberal presentó candidatos en todas las circunscripciones, salvo en 1998 y en 2010. Hasta 2000, este partido obtuvo la mayor cantidad de votos en todas las circunscripciones, salvo en aquellas en las que ganó el Partido Conservador (pcc). A partir de 2002, como decíamos, se registra un declive en el nivel de éxito del partido: para estas elecciones ganó en dieciocho departamentos; para las de 2006, en diez, y para las de 2010, en nueve. A partir de los resultados de estas tres últimas contiendas, se puede observar una tendencia de mantenimiento de determinados bastiones liberales. Así, los departamentos de Cauca, Córdoba -en donde en 2006 el partido obtuvo más del 50% de la votación-, Putumayo, San Andrés, Vichada, Vaupés y, a pesar del revés sufrido en 2006, Santander constituyen espacios donde el liberalismo ha sabido mantener altas votaciones a pesar de la emergencia de nuevos competidores y del aumento progresivo del éxito de los conservadores.

La diferencia entre los niveles de nacionalización del Liberal y del Conservador -así como del nivel de éxito electoral en las distintas circunscripciones- podría explicarse por el uso estratégico, aunque excesivo, que el primero hizo durante este período de la llamada "Operación avispa". Este modus operandi, característico de los partidos tradicionales durante la década de 1990, condujo a la entrega indiscriminada de avales en la mayoría de las entidades territoriales, en un esfuerzo claro por aprovechar los incentivos del sistema electoral para asegurar una mayor tajada en los cuerpos colegiados (Gutiérrez 2007, 308). Los liberales, en particular, echaron mano de este mecanismo para asegurar una presencia territorial en todo el país y una representación más significativa en el Legislativo. Este mecanismo, sin embargo, condujo a una fragmentación y una indisciplina incontrolables que, como se puede observar, no minaron sus altos niveles de nacionalización, que, si bien descendieron, nunca se ubicaron por debajo de la línea del 0,70.

c. La reforma política de 2003 y el nivel de nacionalización de los partidos

Como se mencionó, el escenario político con el que Colombia inicia el siglo XXI se había hecho insostenible. El altísimo nivel de fragmentación del sistema de partidos condujo a la personalización de la política y al descrédito de los partidos. Aun cuando el objetivo de los constituyentes de 1991 era válido -hacer más representativo el sistema político-, se terminaron creando nuevos y numerosos partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que se mezclaron con los tradicionales y fragmentaron en extremo el sistema de partidos. Esta apertura a nuevos competidores y la minimización de los criterios para la creación de un partido hicieron que Colombia pasara de un bipartidismo enquistado a un multipartidismo en el cual, de una elección a otra, surgían y morían decenas de partidos que presentaban listas tanto nacionales como territoriales.

Como respuesta a lo anterior, el Congreso y el Gobierno elegidos en 2002 retomaron discusiones sobre el sistema electoral que se había dado en Colombia desde la década de 1990, y se pusieron de acuerdo para aprobar, en 2003, una nueva reforma política. Este cambio constitucional, entre otros, tenía el fin de reducir los niveles de fragmentación del sistema de partidos. Se pretendía fomentar la unidad y fortalecer a los partidos mediante incentivos para aquellas listas que obtuvieran votaciones más significativas. Esta reforma animó a que partidos y movimientos políticos ya existentes se unieran bajo una misma égida y presentaran listas únicas (Botero y Rodríguez 2009). Entre otras, condujo a la creación de colectividades como el Polo Democrático Independiente (PDI) y el Partido Social de Unidad Nacional (PSUN).

La reforma constitucional de 2003 parece haber tenido un impacto importante no sólo sobre el nivel de nacionalización del sistema de partidos, sino también de los partidos políticos, especialmente de los tradicionales. Como se evidencia en el Gráfico 3, el Conservador modificó la tendencia que lo había caracterizado durante la década anterior, y en 2006 consiguió un nivel de nacionalización de 0,48. Este punto de inflexión tuvo lugar en el marco de la reelección de Alvaro Uribe (2002-2010) y la preeminencia en las elecciones legislativas del Partido Social de Unidad Nacional (PSUN) y del Partido Conservador, como protagonistas de la coalición de gobierno.

En 2010, esta nueva tendencia se va a confirmar con un valor de 0,55, superior a las tres elecciones precedentes. Paralelamente, dicha reforma parece haberle permitido al PCC mejorar sus niveles de éxito electoral: en 2010 consiguió la mayoría de los votos en el 24% de las circunscripciones electorales, mientras que en 2006 lo había hecho en el 12%. Como se decía, esta recuperación electoral de los azules se puede entender, también, por los beneficios que le significó haber pertenecido durante doce años a la coalición oficialista.

Los efectos de la reforma sobre el nivel de nacionalización del Partido Liberal son distintos. A diferencia del Conservador, la primera elección posterior a la reforma significó para los rojos el menor nivel de nacionalización de su historia: 0,61 (ver el Gráfico 3). El cambio constitucional de 2003 puso fin a la "Operación avispa", de la que este partido se supo beneficiar durante la década de 1990, y lo obligó a presentarse en las legislativas mediante listas únicas. Aun cuando los rojos continuaron presentándose en el 100% de las circunscripciones, para 2006 únicamente consiguieron triunfar en el 27%, configurando así una caída vertiginosa con respecto a los comicios de 2002. Este descenso en los niveles de éxito electoral se puede también entender como una de las consecuencias de haber asumido oficialmente la oposición al gobierno de Uribe.

Para los comicios de 2010, el liberalismo sólo presentó candidatos en el 91% de las circunscripciones -la menor tasa durante el período de estudio-, y, al igual que en 2006, sólo lograron triunfar en un 27% de éstas. Pese a lo anterior, el Partido Liberal incrementó su nivel de nacionalización y alcanzó un valor de 0,69. Este grado de nacionalización ni siquiera se acerca al promedio de los valores obtenidos durante las dos décadas que precedieron a la reforma de 2003; sin embargo, sí evidencia un cambio en la tendencia y una suerte de reacomodo a las nuevas reglas electorales. De hecho, durante la década de 1990 éste fue un partido que -gracias a la "Operación avispa"- atrajo la mayoría de los votos en buena parte del país, pero que se fue desnacionalizando progresivamente. Con el cambio constitucional de 2003, dicha agrupación dejó de arrasar en términos de éxito electoral pero inició un proceso de renacionalización.

d. Los niveles de nacionalización de los nuevos partidos

Como quedó demostrado arriba, la renacionalización que sufre el sistema de partidos colombiano después de la reforma de 2003 no tuvo el mismo impacto en todos los partidos, sobre todo, porque muchos tuvieron que desaparecer como consecuencia de las nuevas reglas. Además, los efectos inmediatos sobre los tradicionales difieren entre sí, aunque habría que decir que dos elecciones después de dicho cambio constitucional muestran que, en cuanto a tendencias, el Liberal y el Conservador empiezan a converger. Respecto a las demás agrupaciones, son sólo cuatro los partidos con cierta relevancia electoral en 2010 -es decir, con más del 2% del total de los votos- a los que, además de los tradicionales, se les puede rastrear su comportamiento desde antes de 2006: Cambio Radical (CR), mira, Alianza Social Indígena (ASI) y Apertura Liberal (AL).

De estos cuatro, resulta interesante observar cómo CR y mira pasan de ser partidos con bajísimo nivel de nacionalización en 2002 -y que presentaron candidatos sólo en el 33% y el 21% de las circunscripciones, respectivamente-a ser colectividades que en 2006 ya presentaban niveles cercanos a los del Partido Conservador: 0,41 y 0,49, respectivamente. En este último proceso electoral, CR y mira muestran un cambio de estrategia electoral convirtiéndose en partidos con aspiraciones nacionales: el primero presentó candidatos en el 63% de las circunscripciones, mientras que el segundo lo hizo en el 88%. Para 2010, estas dos organizaciones reducen su nivel de nacionalización -CR de forma más significativa que mira- pero mantienen niveles mucho más altos que en los comicios de 2002 (ver el Gráfico 6). En 2010, mira continuó presentando candidatos en el 88% de los distritos, mientras que CR redujo sus aspiraciones al 55% de éstas.

Por su parte, el Partido Social de Unidad Nacional (PSUN) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) reportan datos de nacionalización únicamente para las dos últimas elecciones; sin embargo, los cambios sufridos en estos comicios por uno y otro son interesantes para este análisis. El PSUN, que contó en estos dos procesos electorales con el apoyo del presidente en ejercicio, es quizás el partido que consigue el salto cuantitativo más significativo en las elecciones de 2010, pasando de un nivel de nacionalización de 0,55 a 0,75 y superando a todas las otras colectividades. El partido de Uribe pasó de presentarse en el 88% de las circunscripciones en 2006 a hacerlo en el 100% en 2010 y consiguió la mayoría de los votos en el 15 y el 33% de las circunscripciones electorales, respectivamente.

A diferencia del partido oficialista, que se benefició de la reducción del número de partidos y atrajo buena parte de los adeptos de colectividades uribistas que desparecieron después de 2006, el PDA sufre en estas últimas elecciones una importante desnacionalización. Este partido de izquierda pasó de un nivel de nacionalización en 2006 de 0,56 -superior al del Conservador y levemente superior al del PSNU- a uno de 0,40 en 2010. Esta variación en cobertura territorial tiene una explicación en el repliegue electoral que asume este partido, el cual pasa de presentar candidatos en el 88% de las circunscripciones en 2006 a hacerlo sólo en el 58% de éstas en los comicios de 2010. Consecuentemente, el PDA no obtiene la mayoría de los votos en ningún distrito, en ninguna de estas dos elecciones, consolidando así su posición minoritaria en el escenario electoral colombiano y su concentración geográfica.

Para terminar esta sección, resulta de interés observar el comportamiento de los índices de nacionalización de los principales partidos políticos en 2010 -aquellos que obtuvieron más del 2% de los votos-, en comparación con los votos obtenidos en esta contienda electoral (ver el Gráfico 7). De entrada, el cruce de estas dos variables permite evidenciar que la nacionalización difiere del éxito electoral y, sobre todo, que el último no necesariamente conduce a la primera. El Gráfico 7 muestra el contraste entre los tradicionales, con un Liberal que supera al Conservador en nivel de nacionalización pero con un caudal de votos menor. Igual contraste se evidencia entre el pin y el mira: el primero dobla al segundo en votación pero este último consigue niveles de nacionalización significativamente más altos que el primero.

4. El nivel de nacionalización de los partidos y las elecciones presidenciales de 2010

La comparación de los niveles de nacionalización de un sistema de partidos calculados a partir de los resultados de las elecciones legislativas con los niveles de nacionalización de las presidenciales es interesante, por cuanto, siguiendo a Leiras (2009), es posible que en un sistema de baja nacionalización haya más probabilidades de que emerjan conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la medida en que las diferencias entre uno y otro conduzcan a mayores posibilidades de gobiernos divididos o unificados pero con costos de transacción altos y oposiciones volátiles.

En ese sentido, ya se evidenció que 2010 fue un año de mayor nacionalización en la Cámara Baja; a continuación cruzaremos esta información con los resultados de las elecciones presidenciales. Antes de continuar, sin embargo, vale la pena mencionar que este análisis no pretende comparar las elecciones legislativas con las presidenciales -pues en estas últimas los candidatos suelen competir en todo el país, arrojando niveles de nacionalización más altos-sino observar la manera como los partidos que participan en la contienda por el Legislativo se comportan, a partir de su nivel de nacionalización, en las elecciones presidenciales.

Los comicios presidenciales celebrados dos meses después de las elecciones legislativas de marzo de 2010 -en un sistema electoral en el cual no existe plena concurrencia entre unos y otras- plantearon una situación similar a la observada para las elecciones de Congreso respecto al partido con mayor votación, pero con algunos matices que se describirán a continuación. La primera y más clara diferencia es que todos los partidos cuentan con una votación más nacionalizada en las elecciones legislativas que en las presidenciales.

Respecto del comportamiento de los dos partidos que lograron el pase a la segunda vuelta -el PSUN y el Partido Verde-, el de Uribe cuenta con el nivel de nacionalización más alto tanto para las elecciones legislativas como presidenciales, además de ser el partido con mayor éxito electoral en ambos comicios (ver el Gráfico 8). En el caso de los verdes, el nivel de nacionalización que alcanzan en las elecciones presidenciales con la candidatura de Antanas Mockus, alcalde de la capital en dos oportunidades, es considerablemente más alto que el que presentan en las elecciones legislativas, casi cuadruplicando los valores. En ese sentido, el éxito electoral alcanzado por esta agrupación en las elecciones presidenciales es de 21,79%, mientras que para las legislativas es del 3,10%, logrando tres escaños (dos en Bogotá y uno en Boyacá).

Los niveles de nacionalización de los partidos tradicionales presentan dos situaciones diferentes. Mientras que el PCC se encuentra menos nacionalizado que el PLC para las elecciones legislativas, registrando valores de 0,55 y 0,69, respectivamente, el PCC supera el nivel de nacionalización del PLC en los comicios presidenciales (0,76 y 0,71, respectivamente). Un dato que cabe resaltar es que, a pesar de la alta diferencia en cuanto a porcentaje de votos entre el PCC y el PLC en elecciones presidenciales (6,26% y 4,47%, respectivamente), la diferencia respecto a la nacionalización es muy baja (sólo 0,05). Esto refuerza lo planteado anteriormente -en relación con las elecciones legislativas analizadas- en lo tocante a los altos niveles de nacionalización que, más allá de su éxito electoral, obtiene el PLC.

Los partidos considerados "nuevos" que no consiguieron pasar a la segunda vuelta electoral (CR, PDA, ASI y Apertura Liberal) presentan, comparativamente, niveles de nacionalización muy distintos, aunque, como se planteó arriba, todos cuentan con una votación más nacionalizada en elecciones presidenciales que en las legislativas. El partido que presenta una diferencia mayor en este sentido es al, cuyo nivel de nacionalización para las elecciones presidenciales es superior en 0,59 puntos al de elecciones legislativas, seguido muy de cerca por la ASI, que registra una diferencia de 0,54 puntos. Este último es un partido que, pese a haber nacido atado a la circunscripción especial para pueblos indígenas, ha logrado trascender esta especificidad avalando candidaturas externas a dichos grupos poblacionales.

Una comparación entre el nivel de nacionalización de los partidos en las elecciones legislativas y en las presidenciales permite comprobar que las dinámicas propias de estas dos elecciones son diferentes. La no concurrencia entre una y otra, así como la diferencia entre las agendas y el tipo de estrategias electorales conducen a un comportamiento distinto de la mayoría de los partidos. Sin embargo, esta comparación también permite corroborar tanto el éxito electoral del PSUN (en ambos comicios) como el crecimiento de sus niveles de nacionalización desde su reciente creación. El haber nacido y crecido al lado de los niveles de popularidad de Uribe durante casi ocho años hizo de éste un partido exitoso en la escena electoral, así como altamente nacionalizado. ¹⁷

Finalmente, haciendo referencia a la pregunta sobre las relaciones Ejecutivo-Legislativo planteada por Leiras (2009), esta comparación permite evidenciar que, pese a las diferencias entre ambos comicios, el presidente Santos (2010-2014) -electo con un índice de nacionalización en la primera vuelta de 0,89- durante su cuatrienio contará en el Congreso con una coalición compuesta por partidos con índices de nacionalización relativamente altos: su propio partido, el PSUN, con 0,76; el Partido Liberal, con 0,69; el Partido Conservador, con 0,55 y, quizás la única excepción, Cambio Radical, con 0,35. Aunque la llegada territorial de los partidos de la llamada Unidad Nacional no le asegura al Presidente su gobernabilidad, sí constituye un elemento que se debe tener en cuenta.

CONCLUSIÓN

El estudio sobre la distribución electoral de los partidos políticos en un territorio determinado es central para poder comprender el funcionamiento del sistema de partidos y del sistema político en su conjunto. Los niveles desiguales, así como los cambios y continuidades en los niveles de nacionalización de los sistemas de partidos de América Latina, han hecho que este tipo de análisis cobre mayor relevancia en la literatura sobre partidos y sistemas de partidos en la región. La existencia de sistemas de partidos que operan subnacionalmente condiciona el funcionamiento del sistema de partidos nacional y vuelve necesario pensar nuevas categorías de análisis.

A lo largo de este artículo se pretendió dar respuesta a diferentes interrogantes relacionados con los niveles de nacionalización del sistema de partidos colombiano y de los partidos que lo conforman en el período comprendido entre 1978 y 2010. En este lapso -atravesado por importantes reformas institucionales- se observaron los cambios y continuidades que tanto partidos como sistema de partidos han atravesado en cuanto a nacionalización. En particular, y tomando como punto de partida la información electoral disponible desde la década de 1970, se calcularon y analizaron los niveles de nacionalización que se registraron para las elecciones legislativas y presidenciales de 2010.

El análisis de los niveles de nacionalización de los partidos colombianos en dicho período demuestra que las reformas institucionales implementadas en 1991 y 2003 han tenido efectos importantes sobre su alcance territorial. Sin embargo, estos cambios no han sido automáticos, y la evidencia presentada en este texto permite demostrar la manera como los dos últimos procesos electorales han servido para consolidar los procesos que fueron pensados con la reforma constitucional de 2003 respecto a la fragmentación y cohesión del sistema de partidos. Es posible que las elecciones de 2006, como primer paso, hayan servido de transición hacia unos partidos que, además de más concentrados y disciplinados, también se puedan caracterizar como más nacionalizados.

El cálculo y el análisis de los índices propuestos por Jones y Mainwaring (2003) y por Bochsler (2010) permitieron corroborar algunos hallazgos de otros aportes de la literatura centrada en comprender la relación entre partidos políticos, competencia y territorio. En particular, este trabajo evidencia que una alta votación no necesariamente implica un alto nivel de nacionalización de un partido político. De hecho, en Colombia han convivido en la actualidad partidos con caudales electorales modestos pero que han conseguido llegar a un buen número de los distritos electorales, con otros que alcanzan un mayor número de votos sin llegar a reportar niveles de nacionalización igualmente altos.

En cualquier caso, este análisis permite afirmar que en Colombia la política se ha ido hacia lo local. La dinámica descentralizadora que se impuso en el país después de la aprobación de la Constitución Política de 1991 -que les entregó importantes competencias y cuantiosos presupuestos a los gobiernos subnacionales- ha valorizado la competencia por el territorio. Los municipios y departamentos, algunos con discrecionalidad sobre billonarios recursos provenientes de las regalías, se han convertido en niveles del Estado muy relevantes para la política. Así, los partidos y los políticos han adaptado sus estrategias electorales con un énfasis puesto en lo local.

Los niveles de nacionalización pueden tener consecuencias sobre el tipo de políticas públicas en un país (Gibson y Calvo 2000; Stepan 2001), así como en los criterios de distribución del gasto público (Morgenstern, Swindle y Castagnola 2009). La consolidación en Colombia de un Congreso con intereses cada vez más enfocados en lo local -y, consecuentemente, menos en la agenda nacional- puede a la vez conducir a discusiones y a políticas públicas dirigidas a intereses subnacionales. Este artículo no arroja conclusiones al respecto, pero sí permite formular preguntas, en particular, acerca de las consecuencias que ello puede traer sobre las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Todo lo anterior, en el marco de una lógica política en donde priman los intereses particularistas.

Ahora bien, el aproximarse a la competencia en el sistema de partidos desde una perspectiva horizontal, cuyo foco se encuentra en elecciones del ámbito nacional, específicamente las legislativas, es contar solamente una parte de la historia. Las visibles diferencias respecto a nacionalización de los apoyos a los partidos entre los casos estudiados y en cada uno de éstos a lo largo del período hacen necesaria la aproximación a la competencia del sistema de partidos desde una concepción novedosa que analice los sistemas de partidos como ámbitos multinivel de competencia, teniendo en cuenta las diferentes arenas en las que los partidos políticos se organizan y presentan candidatos, así como la interacción entre las mismas.

Comentarios

¹ Los autores agradecen los valiosos comentarios de un evaluador anónimo de Colombia Internacional.

² Chhibber y Kollman sostienen que concuerdan con los planteamientos de Sartori (1976) respecto a que la existencia de partidos nacionales, en el marco de un sistema de partidos nacionalizado, permite canalizar las opciones de votantes y políticos en un número pequeño de coaliciones que forzarían a los gobiernos a enfrentarse y tratar problemas de origen nacional y no local (2004, 10).

³ La carrea del legislador no tendrá las mismas características si su partido tiene arraigo nacional, o si su partido es regional, ya que sus estrategias, así como sus negociaciones para lograr apoyos, estarán relacionadas con el espacio al que representa.

⁴ "La formación de electorados y sistemas de partidos nacionales es no sólo un aspecto crucial en la construcción de espacios políticos nacionales y de la estructuración de los sistemas de partidos sino también del desarrollo de una ciudadanía política democrática [...] significó la transición de un tipo de política segmentada y clientelista dominada por personalidades políticas locales a una representación nacional" (Caramani 2004, 2).

⁵ Clagget et al. (1984, 5) coinciden en que el concepto de nacionalización es bidimen-sional. La primera dimensión se relaciona con la convergencia del apoyo partidista en los diferentes niveles, lo que produce un electorado más uniforme geográficamente. La segunda consiste en la uniformidad en la respuesta de las unidades geográficas a las fuerzas políticas en una elección determinada.

⁶ Cabe destacar que Schattschneider (1960) fue de los primeros en prestar atención a la cuestión territorial, centrándose en el desempeño del Partido Demócrata, en cuanto a la competitividad territorial. La premisa que guiaba este estudio, y que fue tomada como base en los trabajos sobre el tema, se relacionaba con el hecho de que la nacionalización es deseable en la medida en que aumenta la posibilidad de alternancia en el poder, fortalece los lazos de los partidos con los votantes y vuelve más relevantes las elecciones (Schattschneider 1960).

⁷ Para un análisis pormenorizado de este tema, véase Bochsler (2010).

⁸ Ésta es la fórmula utilizada para calcular el coeficiente de Gini invertido que plantean los autores:

Gi = (iYi+1) - (i+1Yi). Se invierte el coeficiente con el objetivo de que los resultados sean más gráficos para el lector, ya que se asociaría una alta puntuación con una mayor nacionalización, y, por el contrario, una nacionalización baja si es que se obtiene una puntuación cercana a 0 (cero). Para determinar el nivel de nacionalización del sistema de partidos en su conjunto, se promedian los resultados que arrojan los cálculos sobre los partidos.

⁹ En Latinoamérica conviven sistemas de partidos de nacionalización alta, intermedia y baja (Jones y Mainwaring 2003, 150-156). El sistema de partidos hondureño, por ejemplo, constituye un caso de nacionalización alta, con un PSNS promedio de 0,92 entre 1981 y 2005; el de Ecuador, entre 1979 y 2006, presenta un nivel de nacionalización bajo, con un PSNS promedio de 0,57; y el sistema de partidos peruano, para el período comprendido entre 1980 y 2006, presenta un nivel de nacionalización intermedio, con un PSNS de 0,73 (Jones y Mainwaring 2003; Batlle 2009).

¹⁰ El trabajo de Vasselai (2009) toma el Cumulative Regional Inequality Index (Rose y Urwin 1975), mientras que los trabajos de Jones y Mainwaring (2003), Jones (2007) y Harbers (2010) utilizan el PSNS (Jones y Mainwaring 2003). Por ejemplo, Vasselai mide el nivel de nacionalización de 43 democracias, entre las que se encuentran siete países sudamericanos. En los últimos puestos se encuentra Ecuador (puesto 40). Chile, por el contrario, se encuentra entre los tres más nacionalizados, en el puesto 3. Perú y Bolivia ocupan el puesto 25 y 28, respectivamente, mientras que Colombia se ubica en el 37 (Vasselai 2009, 14-15).

¹¹ En las elecciones de Cámara de Representantes de 1974, los partidos Liberal y Conservador concentraron el 88% de los sufragios. En 1978, este porcentaje ascendió a 95, y en 1982 alcanzó su máximo valor, con el 98%. Finalmente, en 1986 los tradicionales concentraron el 85%, mientras que en 1990 se hicieron con el 91%.

¹² Luego de las elecciones de 1990, un incipiente movimiento estudiantil comenzó a adquirir relevancia reivindicando un cambio en la manera de hacer política. Este movimiento logra introducir en la elección legislativa de 1990 una "séptima papeleta", que les dio a los sufragantes la posibilidad de votar por la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiera reformar la Constitución de 1886. Aunque en principio esta papeleta carecía de validez legal, la acogida que tuvo terminó por ser interpretada por el entonces presidente Barco y el electo Gaviria como un mandato popular ineludible. Tras un complejo proceso constitucional, a fines de 1990 se llevó a cabo el proceso de elección que permitió confirmar la Asamblea Nacional Constituyente.

¹³ La cursiva pertenece al original.

¹⁴ En 2002, por ejemplo, el PLC llegó a dar aval a más de 200 aspirantes.

¹⁵ Sin embargo, las candidaturas independientes relativamente exitosas, como las de Pastrana y Sanín, así como el declive contundente de los tradicionales en el nivel nacional, no se reproducen en el ámbito de las de alcaldías, donde los tradicionales partidos Liberal y Conservador controlaron sus bastiones electorales hasta finales de la década de 1990. Esto probablemente se encuentre relacionado con la permanencia de los bastiones pertenecientes a los dos partidos tradicionales, que, lejos de difuminarse, todavía plantean la existencia de sistemas de partidos con partido hegemónico en el nivel local, donde un solo partido (Liberal o Conservador) domina totalmente la competencia, cerrándole las puertas a su competidor.

¹⁶ El análisis que se incluye a continuación para el caso colombiano se centra específicamente en los partidos y el sistema de partidos de Colombia, y, por lo tanto, se fundamenta en una comparación dentro del contexto colombiano, en donde el número de distritos no varía entre un año y otro. En ese sentido, el nivel de nacionalización de los partidos colombianos en el período 1978-2010 se mide exclusivamente a través del PNS y PSNS, índices propuestos por Jones y Mainwaring (2003).

¹⁷ Cabe aclarar que, pese a altos niveles de nacionalización, el PSUN sólo logró triunfar en 2007 en poco más del 10% de las alcaldías del país (123 municipios); aun cuando se trataba de un partido nacido en torno al presidente en ejercicio.

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