Ordenes locales, acuerdos de paz y presencia diferenciada del Estado. Negociación con las Milicias Populares de Medellín^*

Vladimir Caraballo Acuña¹

Es Sociólogo y Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como investigador en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) entre los años 2008 y 2010. Desde hace tres años es docente de la Facultad de Publicidad de la Universidad Central. Correo electrónico: mvcacuna@gmail.com

RESUMEN

El artículo pretende sustentar la siguiente hipótesis: los procesos de negociación deben ser entendidos como mecanismos de relación a través de los cuales los actores de un conflicto ajustan relaciones de poder previamente existentes, y no como caminos lineales y altruistas orientados haría la paz. Con este objetivo, la presentación se adentra en la desmovilización de las Milicias Populares de Medellín en 1994 a partir del análisis de las legitimidades locales y de las consecuencias de la negociación para el ajuste de relaciones locales de poder. A través del recorrido se concluyen tres elementos: a) los procesos de negociación son ventanas abiertas de oportunidad para el ajuste de las relaciones de poder, b) dichos procesos obligan a articular la soberanía estatal con soberanías locales y c) debe garantizarse un tránsito transparente entre la presencia local y nacional del Estado en medio de la negociación.

PALABRAS CLAVE

Acuerdos de paz, Milicias Populares de Medellín, mecanismos relaciónales, legitimidades locales, arreglos institucionales, presencia local y nacional del Estado

Local Orders, Peace Agreements and Differentiated Presence of the State. Negotiation with Urban Militias in Medellin

ABSTRACT

This article is based on a principal hypothesis: the negotiation processes must be understood as relational mechanisms through which conflict actors adjust their previous relations of power, and not as lineal and altruist peace processes. In this way, the paper analyzes the negotiation with "Popular Militias of Medellín" in 1994 through the analysis of local legitimacies and the consequences of the negotiation to adjust of local relations of power. It concludes with three principal claims: a) negotiation processes are open windows of opportunity to adjust of previous relations of power, b) those processes require articulation between no-state and state legitimacies, and c) the articulation must be guaranteed with local and national state presence during and after the process.

KEYWORDS

Peace negotiations, "Popular Militias of Medellín", relational mechanisms, institutional arrangements, local legitimacies, local and national presences of State

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.09

Recibido: 13 de julio de 2012 Modificado: 28 de enero de 2013 Aprobado: 7 de febrero de 2013

Introducción

La intención del presente artículo no es ni histórica ni operativa; es decir, no busca solamente volver a hechos pasados, por un lado, y tampoco pretende ofrecer fórmulas acerca de cómo se debe negociar la paz en Colombia, ni quiénes deben hacerlo y cuándo, por el otro. Partiendo de la necesidad de enfoques más realistas acerca de lo que ha significado negociar en nuestro país -en la práctica, no en los manuales-, el artículo pretende sustentar una hipótesis central: los procesos de negociación (negociaciones en sí, desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes) deben ser entendidos como mecanismos de relación a través de los cuales los actores de un conflicto ajustan relaciones de poder previamente existentes, y no como caminos lineales y altruistas hacia la paz.

Para esto el artículo se basará en la experiencia de la desmovilización de las Milicias Populares de Medellín en 1994 en dicha ciudad y sustentará la idea a partir de cuatro apartados: en primer lugar, se describirán los principales componentes del enfoque analítico propuesto basado en los cambios de las relaciones entre actores antes, durante y después de los procesos de negociación; en segundo lugar, se ilustrará sobre la historia de las relaciones entre las milicias y otros actores locales (incluido el episodio de la negociación) haciendo particular énfasis en dos elementos: la legitimidad de las milicias en sus zonas de acción y la historia de pequeños pactos por medio de los cuales se ajustaba permanentemente el control del territorio; en tercer lugar, se presentará el proceso de negociación (negociación, desmovilización, desarme y reinserción) con las Milicias puntualizando, por un lado, su carácter de ventana de oportunidad en continuidad con la historia de pequeños pactos, y por otro, la manera como los acuerdos producidos se fueron diluyendo en el tránsito entre instancias locales y nacionales del Estado; por último, se recogerá lo anterior en tres conclusiones centrales: la importancia de comprender los procesos de negociación como ventanas abiertas de oportunidad para la transformación de las relaciones entre actores del conflicto, el necesario diálogo que debe darse entre la soberanía estatal y las soberanías locales en medio de las negociaciones, y por último, la importancia de garantizar la coordinación entre instancias estatales locales y nacionales.

1. Un enfoque relacional para la comprensión y desarrollo de procesos de negociación

Las comprensiones usuales acerca de la violencia y la paz suelen basarse en un presupuesto que puede resultar oscureciendo, más que iluminando: la violencia y la paz son esferas claramente diferentes, al igual que deben serlo los sujetos civiles/pacíficos y los sujetos armados/violentos. Aunque sean necesarias dichas distinciones en términos operativos (quién es víctima y quién victimario, para efectos legales, por ejemplo), no resultan así cuando se trata de comprender los mecanismos prácticos de la guerra en zonas de conflicto y, por lo tanto, los mecanismos que deberían reconfigurarse para darle fin. Lo que, al contrario, muestra el trabajo empírico es que dichas divisiones son, por decir lo menos, demasiado difusas como para permitir la comprensión de lo que en realidad sucede, y la planeación de lo que debería suceder; por decirlo de otra forma: el trabajo de campo en el que se basó la investigación muestra que en realidad "violencia" y "paz" resultan siendo, más que sustantivos, adjetivos para describir determinados momentos de las relaciones entre actores en contextos definidos, y no realidades separables en sí mismas; la paz y la violencia serían entonces formas de caracterizar relaciones en las que los repertorios violentos (el adjetivo es puesto a los repertorios, no a los sujetos) tienen mayor o menor presencia. Entendidos como adjetivos -relaciones pacíficas o relaciones violentas-, el objeto de estudio deja de ser entonces la violencia o la paz, para ser entonces el desarrollo de relaciones en las cuales los repertorios violentos adquieren mayor o menor interés por parte de los actores.² En este camino, el aporte de Charles Tilly ha sido uno de los mayores. En la obra realizada en conjunto con Doug McAdam y Sidney Tarrow en 2005, Dinámica de la contienda política, los autores se proponen la elaboración y puesta en marcha de un programa de investigación basado principalmente en el análisis de las relaciones entre actores en episodios de contiendas de los más diversos niveles. La obra propone un programa metodológico basado en tres grandes herramientas conceptuales que toman forma a lo largo del análisis de los casos concretos: los episodios como objeto de análisis, y los mecanismos y procesos como herramientas analíticas:

Por mecanismo entendemos una clase delimitada de acontecimientos que alteran las relaciones entre conjuntos especificados de elementos, de maneras idénticas o muy similares en una variedad de situaciones [...] Los procesos son secuencias regulares de tales mecanismos que producen transformaciones similares (generalmente más complejas y contingentes) de esos elementos [...] Los episodios son corrientes continuadas de contienda que incluyen reivindicaciones colectivas relativas a los intereses de otras partes. (McAdam, Tarrow y Tilly 2005, 26)

Estas herramientas recogen en gran medida el camino que siguió la investigación en la cual se basa el presente artículo: primero, toma como objetos del estudio los episodios (esas situaciones específicas de conflicto), propone las relaciones entre sus actores como forma de explicarlos (los mecanismos), enfatiza el interés en los cambios de dichas relaciones (buscando informar sobre su carácter dinámico) y propone la posibilidad de que la comparación de estos elementos en distintos episodios permita la comprensión de procesos estructurales de más largo plazo.

Este análisis de las relaciones entre actores en medio de episodios de contienda política determinados (procesos de negociación, para nuestro caso) adquiere un sentido particular en el contexto de lo que en los últimos años se ha dado en llamar órdenes híbridos, y que busca el reconocimiento de las condiciones históricas particulares de países como el nuestro, en los que la hegemonía del Estado se construye en permanente diálogo con órdenes locales no estatales. El concepto de órdenes políticos híbridos ha sido propuesto desde el Centro Australiano de Estudios sobre Paz y Conflictos (ACPACS, por su sigla en inglés) de la Universidad de Queensland (en Brisbane, Australia), como contraposición al tradicional acercamiento de los Estados fallidos, que parte de considerar como incompleta la formación política de países cuya historia no ha permitido la consolidación de los Estados como instituciones políticas únicas. Lo que han propuesto los investigadores del ACPACS (2006 y 2008) es la necesidad de reconocer que en países como Colombia, caracterizados por lo que María Teresa Uribe (2001) ha llamado soberanías en vilo, la construcción de los órdenes políticos, económicos, sociales, debe necesariamente plantearse a partir del diálogo entre el orden estatal, que en muchos contextos resulta ser el menos legítimo para los pobladores, y otro tipo de órdenes cuya legitimidad ha sido construida históricamente y al margen del control del Estado. Los autores de ACPACS comparan casos fracasados en los que la resolución de conflictos violentos se ha hecho a partir de la imposición de las técnicas occidentales de fortalecimiento del Estado (en el caso de Timor Oriental) con casos en los que dichos conflictos han sido abordados a partir de la construcción de órdenes híbridos en los que el Estado ha actuado como uno entre varios actores, y en los que, en consecuencia, los procesos de negociación generan especies de órdenes políticos híbridos en los que el Estado comparte el poder con instituciones y actores locales no estatales (Somalilandia y la Isla de Bougainville).

Para efectos de la comprensión específica de los procesos de negociación en nuestro país, y particularmente para el caso de las Milicias Populares de Medellín, el enfoque relacional propuesto por Tilly y sus colegas, y la idea de órdenes híbridos sugerida desde ACPACS, tienen una consecuencia central: el análisis de los procesos de negociación debe estar basado en preguntas acerca de la transformación de las relaciones entre los actores, tanto en el conflicto como en los procesos de paz, y no en las trayectorias de cada actor aisladamente. Es decir: las negociaciones no pueden ser entendidas como un conjunto de buenas voluntades y participaciones particulares (la voluntad de paz del Gobierno, la voluntad de paz de la guerrilla, la participación de la sociedad civil, la participación de la comunidad internacional), sino al contrario, como la transformación de las formas de relación entre estos actores que han alimentado al conflicto: Estado local-Estado nacional, pobladores-actores armados, actores sociales-Estado local, etc. De esta manera, más que pensar en una línea que supuestamente va del conflicto (al inicio del camino), pasa por la negociación (en el medio) y llega a la paz (al final), se trataría de centrar la mirada en la transformación de las relaciones en medio de conflictos históricos en los cuales la negociación es sólo un mecanismo o un arreglo institucional (Barrera y Nieto 2010) -entre muchos otros- para el ajuste de las relaciones de poder. El que los procesos de negociación hayan sido siempre planeados y comprendidos de una manera tan mecánica y lineal ha terminado desconectándolos de los procesos sociales más amplios en los que dichas relaciones se hallan inmersas.

El análisis y la planeación de los procesos de negociación, como veremos en el caso de la desmovilización de las Milicias Populares de Medellín, deben entonces estar basados en la comprensión de las relaciones que alimentan los conflictos y, en ese sentido, en la transformación de dichas relaciones, y no de los actores, como si se tratara de átomos aislados en donde lo único que importa es "la voluntad de negociar" y en donde los procesos de negociación se plantean como simples esferas operativas que garantizan el paso de la "guerra" a la "paz" como si fueran espacios esencialmente separados el uno del otro. En este sentido, Renders y Terlinden (2010) llaman la atención sobre la necesidad de comprender estos procesos tanto en el nivel nacional y local como en los tránsitos entre uno y otro; en este sentido, las negociaciones aparecen como procesos heterogéneos, no lineales y continuos.

En conclusión, si nos acercamos al análisis de los procesos de negociación como ventanas de oportunidad para el reajuste de relaciones de poder previamente existentes, a partir de la puesta en juego de múltiples recursos (simbólicos, políticos, económicos, militares, culturales), quizás podremos dejar de verlos de manera mecánica. En estos principios analíticos se basó la investigación que da origen a este artículo.

2. Presencia de las Milicias Populares en Medellín: legitimidades y pactos locales

En el texto de Gilberto Medina Una historia de las milicias de Medellín (2006), el origen de las milicias se sitúa en el contexto de la violencia desatada por las bandas en la década de los noventa, en la incapacidad de las guerrillas (las FARC, el ELN y el EPL, exceptuando al M-19³) para situarse en un escenario urbano (distinto, por ejemplo, al de Barrancabermeja, en el que los "bandos" se podían definir más claramente) y en la tradición histórica de autodefensas en los barrios populares de Medellín.

Los primeros integrantes de las milicias, según los testimonios citados por Medina, provenían efectivamente del ELN y el EPL, y realizaron sus primeras acciones a finales de la década de los ochenta buscando sobre todo enfrentar a algunas de las bandas de entonces. Dos grandes grupos milicianos vieron su origen en esa época y se mantuvieron hasta el final como los más representativos: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPPP) y las Milicias Populares del Valle de Aburrá (MPVA). La tarea de las milicias fue ejecutada sin mayor dificultad contra bandas como "Los Calvos", "Los Nachos", "La Gallada del Loco Uribe", "La Caseta", y una parte de "Los Capuchos", gracias al entrenamiento guerrillero de los integrantes y al uso de armas más sofisticadas que las de las bandas. Este enfrentamiento entre bandas "chichipatas" (bandas de menor calibre) y Milicias llevaría a un histórico pacto celebrado en el barrio Villa del Socorro en 1990; Lucho, dirigente de las MPVA, se refiere al pacto de la siguiente manera:

El pacto de paz se celebró con una semana cultural que se clausuró con un festival, cuando las bandas estaban a sus anchas y las fiestas callejeras se habían acabado por temor a que terminaran en una matanza. En esa semana los muchachos de las bandas y la gente sana del barrio se pusieron camisetas y guayos y hubo concursos de toda clase: de costales, vara de premios, un torneo de fútbol [...] . Esa fue una ocasión también para reunir grupos juveniles y gente de la cultura que se interesó por conocer el trabajo de las milicias [...] . Desde ese día la calle 45 empezó a llamarse la calle de la paz. (Citado por Medina 2006, 149)

Más adelante veremos la importancia de dichos pactos como formas de distribuir el poder en el territorio, más que como pactos orientados hacia la finalización del conflicto en Medellín. Una vez cumplidos estos primeros enfrentamientos con las bandas, las Milicias entrarían en una lógica que hacía parte de la historia de los grupos armados en la ciudad y que básicamente consistía en una heterogénea mezcla de todo tipo de intereses, historias y técnicas que hacían imposible distinguir entre izquierda armada, delincuentes comunes organizados o narcotraficantes. El carácter particularmente híbrido de las milicias (muchos eran de origen guerrillero, otros provenían de los campos de paz del M-19, otros se acercaban más a las lógicas de consumo características de las bandas) generó que sus dinámicas fueran integrándose a un orden social en el que, por ejemplo, la historia del narcotráfico había casi acabado los rasgos más típicamente populares de los habitantes, para instaurar valores centrados en el permanente ascenso social; por ello, muchos de los valores y apuestas de las milicias (las críticas al ascenso individual, el privilegio de la propiedad colectiva, y no de la privada, cierta ética de austeridad, etc.) debían ser negociados permanentemente en un contexto en el que los valores socialistas, o al menos democráticos, generaban poca resonancia en los jóvenes. Muchos de los integrantes de las Milicias, desde los dirigentes hasta la base, comenzaron entonces a reproducir dinámicas de las bandas: limpieza social, rencillas personales, búsqueda de enriquecimiento personal, claras señales de ostentación, etc. El resultado a largo plazo no fue otro que el mencionado por Medina: las Milicias comenzaron a conformarse como una confederación de jefes, de "emperadorcillos locales gobernando su condado" (Medina 2006, 45). El proceso de federalización de las Milicias se iría desarrollando lentamente y de la mano con el gradual deterioro de las relaciones con las comunidades, básicamente producto de los fuertes fundamentalismos despertados, particularmente en las MPPP, que llevarían a que gran parte de las organizaciones sociales decidieran alinearse con fuerzas políticas de planteamientos más flexibles y que permitieran, por ejemplo, la posibilidad de la participación política por medio de mecanismos institucionales, según nos contó uno de los habitantes que hicieron parte de la investigación (Ramírez 2010). El énfasis en el militarismo de las MPPP llevaría entonces a la reproducción de muchos de los abusos anteriormente cometidos por las bandas, algunos de cuyos integrantes, ahora milicianos, aprovechaban el estatus para saldar viejas rencillas. Aunque las MPVA buscaron establecer relaciones más flexibles y cordiales con comunidades y otros actores locales en general, terminarían también sucumbiendo a los liderazgos individuales que resquebrarían la organización. En su tesis doctoral, Robert Dale Lamb (2010) deja claro que dichos cambios en las Milicias llevarían al deterioro de las bases de legitimidad que las organizaciones habían logrado construir. Para el autor, los abusos contra la población, la ausencia de claridad en las reglas instauradas por las Milicias, la pérdida de la credibilidad y transparencia en su accionar, fueron sumiendo a las Milicias en un rápido proceso de "deslegitimación"⁴frente a los pobladores. Más adelante volveremos sobre este proceso.

En esas condiciones, el 25 de febrero de 1994, las MPVA y las MPPP empezaron un proceso de reinserción con el respaldo del Gobierno nacional, y tres meses después, el 26 de mayo, firmaron la desmovilización con la Asesoría de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, ente creado en especial para dichas negociaciones. El Gobierno estuvo representado efectivamente por la Consejería Presidencial para la Paz, por el consejero presidencial para Medellín, un representante del ministro de Gobierno, un representante directo del alcalde de Medellín, otro del gobernador de Antioquia y uno más del clero colombiano, este último en calidad de tutor moral del proceso; los secretarios municipales y directores de organismos descentralizados participaron activamente en la negociación de los puntos referentes a la inversión social en la zona. El excomisionado de Paz para dicho proceso, Carlos Jaramillo, se refiere al proceso de la siguiente manera:

A diferencia de las anteriores negociaciones de paz, las milicias centraron sus demandas en beneficios para la comunidad, principalmente en obras de infraestructura y de servicios [...] Las demandas políticas se dieron pero no tuvieron un alto perfil, o por lo menos no fueron objeto de mayores exigencias, principalmente porque una vez surtida la discusión sobre la dimensión del fenómeno miliciano, ellos fueron claros en expresar que si para llegar a las Juntas Administrativas Locales o al Concejo Municipal requerían ventajas especiales era porque de verdad no estaban enraizados en sus comunidades. En este aspecto, lo que se acordó fueron unos compromisos temporales, válidos hasta la elección de nuevos dignatarios para las mismas. (Jaramillo 1996, 6)

Quizás la principal preocupación del Estado giraba alrededor de cómo garantizar que la salida de las milicias no implicara su reemplazo por cualquiera de los otros grupos armados de las comunas populares. Ante la imposibilidad de una permanente ocupación de las Fuerzas Militares del Estado (por la ilegitimidad frente a las comunidades, por la imposibilidad de enfrentar, de un día para otro, a las bandas y al narcotráfico), la mesa negociadora decide conformar Coosercom, cooperativa de seguridad de los desmovilizados que, "enmarcada dentro de todas las normas legales que reglamentan el ejercicio de esta actividad, colaborara con las autoridades en la prevención de actividades delictivas en las zonas donde estas milicias actuaban" (Jaramillo 1996, 6). Más adelante entraremos a las consecuencias de la creación de dicha cooperativa.

De esta historia de las Milicias en Medellín, el artículo quiere hacer énfasis en dos aspectos que determinaron el desarrollo de las negociaciones: por un lado, la legitimidad que hasta cierto momento lograron cultivar las Milicias en medio de las comunidades, y por otro, la historia de pequeños "pactos de paz" locales que se llevaron a cabo entre actores armados ilegales, y entre ellos y las Fuerzas Armadas del Estado, como mecanismo privilegiado para la repartición local de poder.

a. La legitimidad local de las milicias en Medellín

Mientras que haya un solo actor armado (y no estoy hablando solamente de los estatales), hay monopolio de las armas, y eso genera garantía; no genera justicia, no genera equidad, no genera libertad, pero genera al menos un concepto de paz que es: de un lado, no se están enfrentando los actores, y de otro, no hay homicidios; esos son los 2 factores que más detonan en el imaginario de la gente.
(Pérez 2010)

Como se decía al inicio del artículo, el estudio de las relaciones entre actores armados y comunidades en las últimas décadas en el país ha permitido acercarse a los escenarios de conflicto armado de una manera más compleja. En términos generales, algunos de esos estudios (Bolívar 2006; Caraballo Acuña 2010; D'abbraccio 2007; Espinosa 2010; Madariaga 2006;

Uribe 2001) han permitido comprender que las relaciones entre grupos armados y pobladores no pueden ser vistas exclusivamente como la oposición entre victimarios y víctimas, sino que deben ser comprendidas de manera tal que permitan ilustrar sobre intereses que circunstancialmente se encuentran o se separan, sobre historias compartidas, relaciones cotidianas, objetivos similares, etc.; relaciones de legitimidad, de cooperación circunstancial, o de simple convivencia, han venido apareciendo cada vez más como componentes fundamentales para comprender las relaciones en escenarios en los cuales la soberanía del Estado (desde sus representantes burocráticos hasta las Fuerzas Armadas, desde el monopolio de la economía hasta las normas de convivencia cotidianas) debe ser negociada permanentemente con soberanías locales construidas históricamente y que, no en pocos casos, son coordinadas por actores armados (Uribe 2001, 278-279).

En un escenario en el que, según datos del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, en 1991 el 84% de los habitantes de las comunas desconfiaba de la Policía, el 69,5 del Ejército y el 89,5% de los partidos políticos, las Milicias fueron anclándose como actores locales cuyas funciones rebasaban claramente lo militar; no sólo llegaron a constituirse como ejércitos en busca del control territorial, sino que, como lo muestran los textos citados y las entrevistas realizadas, asumieron funciones de consejos locales de gobierno por los que tenía que pasar hasta el más trivial evento social o político organizado dentro de los barrios. Así lo contaba Elkin Pérez, uno de los líderes comunitarios que hizo parte de la investigación:

Es la misma comunidad la que no legitima al inspector ni a nadie del Estado, sino al actor armado. El control social no lo ejerce el Estado a través de los medios que tiene en la Constitución; lo ejerce el actor armado "de turno", porque así como lo hacían con el paramilitar, lo hacían también con la milicia y con la banda: para todo, hasta para resolver un problema de linderos. La comunidad se acostumbró a que esa era la autoridad legítima, y la misma autoridad legal termina consultándoles a ellos. (Pérez 2010)

Además de la oferta de seguridad, las Milicias se ofrecían entonces como controladoras de las gestiones del Estado y del papel mismo de los líderes comunitarios. Los cabildos comunitarios, por ejemplo, son uno de los mecanismos más recordados por los pobladores: en ellos las Milicias lograban reunir hasta a quinientas personas, convocadas con el objetivo de denunciar a los dirigentes corruptos, tratar temas como el consumo de droga en los barrios, y hasta la manera de asumir (obstaculizar o no) las campañas de los políticos en los barrios. Estos controles de las Milicias se vieron representados en el proceso de elección de Juntas entre 1991 y 1992, en el cual muchos de los potenciales participativos de los pobladores se vieron revitalizados con el apoyo de las Milicias, particularmente de las MPVA.⁵ Más allá del control de las gestiones y de los problemas cotidianos de la comunidad, las MPVA, particularmente, habían sabido establecer relaciones cordiales y pragmáticas con los políticos, que, en épocas anteriores, se veían completamente impedidos para trabajar en los barrios populares, por la acción delincuencial de las bandas. Tanto así que, en señal de agradecimiento con el control obtenido por las Milicias, muchos de esos políticos terminaban prometiendo desde segundos renglones hasta alcaldías en pequeños pueblos de Antioquia (Medina 2006, 40 y ss.).

Al lado de ello, los pobladores hablaban de cómo a inicios de los noventa estas labores de las Milicias se habían visto reflejadas claramente en una especie de avivamiento del comercio en los barrios: tabernas, casas de apuestas, tiendas de video, tiendas, etc. Contrario a la naturaleza guerrillera, en la que se movilizan sentimientos de exclusión, las MPVA, por su carácter híbrido y adaptación al espacio urbano, terminaron capitalizando también los deseos de inclusión de los pobladores (el caso de las MPPP era distinto, como se dijo, pues su fundamentalismo las llevó a un alejamiento de cualquier tipo de participación política y, en consecuencia, a unas relaciones menos amables con muchas organizaciones cívicas). Por medio de sus pactos con políticos, con policías, con comerciantes, etc., lograban entonces dar respuesta a pobladores cansados de la violencia de las bandas y de la consecuente desintegración de las comunas populares frente al resto de la ciudad, obteniendo de esta manera relativos niveles de legitimidad. Como en muchos de los territorios del país, la integración de dichas zonas se llevaba a cabo a través de las acciones de grupos no estatales que sí contaban con los niveles de legitimidad requeridos.

En conclusión, al menos en su etapa inicial, las Milicias lograron establecer relativos niveles de legitimidad con las poblaciones. En su estudio sobre el papel de la legitimidad en la violencia en Medellín, Lamb (2010) construye cinco indicadores para poder medir la legitimidad de los órdenes locales: transparente (el conocimiento claro por parte de los pobladores de las reglas impuestas por las organizaciones), confiable (basado en la capacidad de hacer cumplir dichas reglas manteniendo clara su aplicabilidad en casos concretos), justificable (la coherencia de las reglas con los valores de la comunidad), accesible (para la resolución de los problemas de las comunidades), respetuoso (evitando maltratos a los miembros de la comunidad). A partir de estos cinco indicadores el autor concluye que el orden construido por las Milicias en sus primeros años de existencia se acercó de manera relativa a la legitimidad. Sin embargo, como vimos anteriormente, con el transcurrir del tiempo las Milicias terminaron repitiendo dinámicas más típicas de las bandas, razón por la cual Lamb concluye que, en sus últimos años, las Milicias se sumergieron en un evidente proceso de deslegitimación que puso en cuestión las legitimidades construidas en un inicio (Lamb 2010, 389).

Estos procesos de construcción de legitimidades deben ser entendidos a partir de las formas en que las Milicias establecieron las relaciones con los distintos actores dentro del territorio. En el marco de estas relaciones, pequeños y frecuentes "pactos de paz" entre bandas, milicias y Policía se convirtieron en el mecanismo principal para repartir los territorios, distribuir el poder y apropiarse de recursos (políticos, militares, económicos, sociales) en disputa.

b. Una historia de arreglos institucionales: "pactos de paz" locales entre Milicias, bandas y Policía

Uno de los casos que hizo parte de la investigación comparativa de la que nace este artículo fue el proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia en Medellín, en 2003 (Caraballo y Espejo 2011). En el estudio de este proceso veíamos cómo los permanentes pactos entre bandas, y entre éstas y el Estado, habían terminado consolidándose como un conjunto de arreglos institucionales, es decir, un conjunto de acuerdos y reglas a través de los cuales se imponen restricciones e incentivos para controlar comportamientos futuros (Barrera y Nieto 2010, 14); en ese sentido, más que procesos lineales hacia el desarme y la paz, se lograban ajustes en las relaciones de poder para definir quiénes mandaban en dónde, qué actividades eran reguladas por quién, etcétera.

De un modo similar se refieren Gutiérrez y Jaramillo (2003) al hablar de pactos paradoxais, para referirse a aquellos acuerdos repetitivos en los que se negocian pequeños asuntos de urgente solución, pero en los que no se busca una verdadera transformación en las relaciones de poder sino simplemente una mediación entre ellas (Tarrow 2004); llaman así la atención acerca del doble fenómeno que se muestra también aquí: la efectiva y preocupante porosidad del Estado y, al mismo tiempo, los riesgos de su fortalecimiento a través de pequeños pactos locales de negociación.

La forma como unos años antes las Milicias buscaron regular el orden en la ciudad, particularmente en las zonas periféricas, puede ser entendida como origen de este fenómeno que iría fortaleciéndose con los años en la ciudad. Los múltiples "pactos de paz" que se realizaron entre los actores armados durante los años de presencia de las Milicias tenían como objetivo, no la búsqueda de la paz -entendida como el monopolio estatal de la fuerza, con miras a la construcción de condiciones para una sociedad más justa-, sino simplemente el ordenamiento del control social, económico y político de los territorios en disputa. En este escenario, el Estado reconocía, como se ha dicho ya, que no sólo su soberanía se veía disputada sino que además los actores armados locales llegaban a contar, como en el caso de las Milicias, con bases de legitimidad mucho más fuertes que las de sus representantes.

Dos casos ejemplares de dichos pactos se llevaron a cabo en 1992, momento en el cual las Milicias ya contaban con suficiente reconocimiento en muchos de los barrios populares de Medellín: en el primero de ellos, las MPVA celebraron un pacto de paz con la Oficina de Rigo, uno de sus más enconados adversarios, y cuyas estructuras no habían podido ser eliminadas hasta ese entonces; el segundo ocurriría unos meses después, con un pacto de no agresión entre dichas Milicias y la banda de Los Priscos, que buscaba repartir el control del territorio de Aranjuez, zona en la que actuaban ambas agrupaciones. Por medio de dichos acuerdos, las agrupaciones se comprometían a detener el conflicto, tal como efectivamente ocurrió con la disminución de las cifras de violencia. Sin embargo, lo interesante es que el trasfondo de dichos pactos no implicaba la renuncia a las armas (la "voluntad de paz", si se quiere) sino simplemente, en ambos casos, la ampliación del territorio controlado por las Milicias y el compromiso de respetar las zonas de frontera que separaban los territorios controlados por ellos y por las bandas incluidas en los pactos (Medina 2006, 66). A pesar de haber sido publicitados como pactos de paz, o de no agresión, de lo que se trataba en realidad era de la repartición de los territorios entre los actores armados locales, es decir, de arreglos institucionales.

De la misma manera ocurrió en 1994 en el mismo territorio, a través de un pacto que ya no incluía a las Milicias pero sí a muchas de las bandas que aún continuaban activas y que buscaban ser contratadas por los capos del narcotráfico. Ante el escenario de enfrentamiento entre esas agrupaciones, los capos (los Pepes, los Galeano, los hermanos Castaño y el cartel de Cali) decidieron "poner orden" en el territorio y dejar en claro que el monopolio de la violencia debía estar en sus manos, y no desperdigado entre las bandas (Medina 2006, 152). Lo interesante es que dicho monopolio de la violencia no se instauró a través de enfrentamientos directos sino a través, nuevamente, de "pactos de paz": como condición para contratar a las bandas, exigieron la firma de un pacto entre las bandas de las comunas nororientales, la de Rigo en Santa Cruz; La Terraza y La Treinta, de Manrique, y Los Priscos, de Aranjuez. El pacto entre bandas fue efectivamente firmado ese mismo año; las cifras de violencia descendieron, y parte del monopolio de la violencia comenzó a estar en manos de los capos del narcotráfico.

Aunque públicos, dichos pactos no contaron con la presencia directa del Estado como garante. Sin embargo, en otros casos, acuerdos del mismo tipo se llevaron a cabo entre bandas, Milicias y Policía.⁶ Podría decirse que tanto las Milicias como la Policía estaban regidas por una especie de conocimiento práctico, más orientado por las lógicas cotidianas que por las típicas divisiones entre actores estatales y actores armados no estatales. Al respecto, Gutiérrez y Jaramillo refieren el carácter complejo de estas organizaciones: compiten con el Estado, en el sentido de que disputan algunos de sus monopolios formales, pero al mismo tiempo cooperan con él (mutualismo) o se benefician de él (parasitismo) a través de una densa red de interacciones y coaliciones a veces explícitas, a veces implícitas (Gutiérrez y Jaramillo 2004, 2).

Como ya se mencionó, en primer lugar, las relaciones entre Milicias y Policía se caracterizaron por la aquiescencia tácita hacia la labor de limpieza social que ejercían las primeras, por parte de la Policía y el F2, entre otros organismos de seguridad; dicha relación de convivencia obedecía, sin duda, a que gran parte del trabajo realizado por las Milicias no se distanciaba en mayor medida de las obligaciones de seguridad del Estado en los territorios: combatir jíbaros, cuidar la propiedad privada y deshacerse de los delincuentes de poca monta. En segundo lugar, dichos acuerdos tácitos estaban basados en el principio irrefutable de la "supervivencia" en medio de un escenario de conflicto: un fragmento del testimonio de Pablo García (uno de los líderes de la desmovilización de las Milicias y artífice de varios pactos entre milicias, bandas y policías) brinda información clara del trasfondo práctico de dichos pactos (algunos implícitos, otros más públicos) entre agentes de seguridad estatal y milicias:

Cuando los sicarios del cartel le declararon la guerra a la policía a finales del año 89, recuerdo que un grupo compuesto por unos 18 agentes subieron hasta el [barrio] Popular a pedir protección de las milicias. Su situación era desesperante y estaban atrapados entre dos fuegos; de un lado, en los barrios donde vivían tenían que convivir con sus verdugos: los sicarios. Estos agentes se radicaron con sus familias en los barrios de influencia de las milicias y si bien no se vincularon a la estructura miliciana, prestaron su colaboración en la venta de armas baratas a la milicia, colaboraron con información [...] y llegaron a prestar uniformes y otra logística. (Medina 2006, 20)

Los pactos de no agresión establecidos entre Policía y milicias tenían como trasfondo fenómenos poco visibles y más vinculados a la supervivencia, que a otra cosa. Muchos de ellos se hicieron públicos como acuerdos de paz que, efectivamente, implicaban un menor grado de confrontaciones, pero no la desaparición de los actores, y mucho menos de las articulaciones entre ellos, que permitían la reproducción de un escenario de soberanía disputada. Lo que efectivamente se encontraba debajo de dichos pactos era el reconocimiento de la existencia de un orden local regulado por las Milicias, en el que las fuerzas de seguridad estatal poco podían hacer.

Los pocos "acuerdos de paz" a comienzos de los noventa realmente aparecían, nuevamente, como formas de ajustar los poderíos ya existentes, como mecanismos para imponer restricciones e incentivos a las acciones de uno y otro actor dentro de una disputa particular, para la distribución de recursos simbólicos, económicos y políticos. Lo que nos permite un acercamiento de este tipo a los acuerdos de paz es una comprensión más cercana a las relaciones entre los actores, a los recursos que se ponen a disposición a través de dichos acuerdos, y la necesidad de no caer en la ilusión de ver en ellos buenas o malas voluntades, de ver en ellos a actores comprometidos o no con la paz y de reducirlos a simples aumentos o disminuciones en las cifras de asesinatos.

En conclusión, el proceso de negociación que se llevó a cabo en 1994 con las Milicias debe ser entendido a partir de estos dos elementos identificados en la historia de las Milicias en Medellín: la existencia de un orden local no estatal en medio de un escenario de soberanía en disputa, y una historia de permanente negociación del desorden a través de pactos entre bandas y milicias, y entre ellas y el Estado.

3. El proceso de negociación con las Milicias

Según lo visto hasta ahora, se quiere hacer énfasis en dos aspectos fundamentales del proceso de negociación llevado a cabo en 1994 -llamado por todos el proceso de Media Luna- entre las Milicias de Medellín y las entidades estatales locales: por un lado, su análisis como ventana abierta de oportunidades políticas, simbólicas, militares y económicas susceptibles al aprovechamiento por parte de los distintos actores, y por otro, la manera como algunos de los acuerdos obtenidos durante la negociación se fueron diluyendo cuando su cumplimiento dependía del paso del Estado local al Estado nacional.

a. El proceso de desmovilización como ventana de oportunidad

Diversos autores han coincidido en distinguir dos tipos de condiciones estructurales en relación con el accionar de los actores sociales: por un lado, un tipo de condiciones relativamente institucionalizadas, identificables en análisis de largo plazo, denominadas horizonte de oportunidad (constituciones, leyes electorales, sistemas normativos, etc.), y por otro lado, un tipo de condiciones mucho más coyunturales, cuya susceptibilidad de aprovechamiento resulta ser más corta en el tiempo. Los procesos de negociación harían parte de este segundo conjunto de oportunidades. Al lado de ello, Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2005) han realizado transformaciones en estos conceptos, buscando con ellas aclarar que no se trata de condiciones objetivas que por sí mismas determinen el accionar de los actores, sino que, justamente, dependen de las interpretaciones y el aprovechamiento que cada actor haga de ellas en medio de un conflicto particular. Es en este sentido que el presente artículo resalta la necesidad de entender los procesos de negociación como un conjunto de condiciones coyunturales gracias a las cuales se pone a disposición una serie de recursos económicos, políticos, sociales y simbólicos por los cuales diversos actores entran a disputar.

Así, en la negociación con las Milicias se vieron involucrados los políticos locales, las Milicias mismas, el Gobierno nacional, el Gobierno departamental y las comunidades, cada uno disputando lo que las negociaciones podían dejar militar, política y socialmente. En primer lugar, Lucho, principal representante de las Milicias, desde el mismo momento de su separación del ELN venía franqueando una negociación política con el Gobierno, y sabía que ese capital político sería peleado por cualquiera de los políticos que él decidiera contactar que quisiera presentarse como el "adalid de la paz en Medellín"; este cálculo político permitió que siempre estuviera en libertad de establecer diálogos con representantes de las más diversas tendencias políticas, todos interesados en alzarse con la bandera de la paz; en este primer sentido, entonces, las negociaciones constituían un claro elemento de capital político para los políticos locales. En segundo lugar, ante esta posibilidad, los políticos respondían con promesas de exclusividad en sus piezas partidarias para las elecciones de 1994 para el Senado, razón por la cual la negociación se convertía también para las Milicias en un mecanismo de participación política, aunque, como vimos, los desmovilizados decidirían posteriormente apostarle a la institucionalidad por sus propios medios (confiando en el apoyo comunitario) sin necesidad de ayudas del Estado. En tercer lugar, de la misma manera ocurriría con el presidente César Gaviria -cuyos acercamientos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) habían demostrado ya su fracaso-, razón por la cual veía que la posibilidad de firmar la paz en Medellín se convertía en un capital político brillante para terminar su mandato en 1994. En cuarto lugar, las negociaciones le caían también como anillo al dedo al gobierno local de la ciudad, pues su Plan de Desarrollo proponía una Medellín Empresarial como objetivo fundamental (Jaramillo, Ceballos y Villa 1998, 115-154), una misión que veía en la violencia urbana su más grande obstáculo: la posibilidad de reducir las cifras de asesinatos y violencia en general, tal como efectivamente ocurrió, se acomodaba entonces perfectamente a las necesidades económicas de la Alcaldía y la Gobernación.

Pero un último recurso de vital importancia fue puesto a disposición en medio de la negociación: el monopolio estatal de las armas. La negociación entre Milicias y Estado, así como todos los pactos previos que se han mencionado aquí, aparecían también como un mecanismo de ajuste de las relaciones militares entre actores, particularmente con la creación de la mencionada Coosercom. Como se dijo anteriormente, la creación de la cooperativa fue producto de la preocupación del Estado por no dejar un espacio vacío en medio de la disputa del territorio, teniendo en cuenta que no contaba con los medios necesarios para ocuparlo él mismo. Como era de esperarse, y como se reconocería posteriormente, en medio del escenario de conflicto de la ciudad la cooperativa de seguridad terminó convirtiéndose en un actor armado independiente del Estado y vinculado directamente en la disputa por el territorio; en versión del propio director nacional de Reinserción de entonces, Tomás Concha, el gran error fue abrir a particulares el monopolio de las armas, que debía ser estatal: en mayo de 1995, un año después de firmarse el proceso, cerca de cien miembros de la cooperativa (entre ellos Pablo García, líder de las Milicias y principal representante en las negociaciones) murieron como consecuencia de disputas intestinas o entre ellos y exmilitantes de las Milicias. En 1997, el alcalde de Medellín, Sergio Naranjo, decidió poner freno al asunto y exigió el desarme de Coosercom. Al final, algunos desmovilizados se unieron a milicias insurgentes; muchos otros, la gran mayoría, terminaron al servicio de las autodefensas.

Por último, la comunidad también vio en el proceso de negociación una ventana abierta de oportunidad para reclamar frente al Estado muchas de las que consideraba condiciones estructurales del conflicto en sus barrios. Sin embargo, a pesar de que muchos de los acuerdos buscaron resolver dichas problemáticas, su solución a largo plazo se vio truncada en el tránsito entre los acuerdos establecidos con el Gobierno nacional y los gobiernos departamental y municipal. Eso lo veremos en el siguiente y último apartado del artículo.

La negociación funcionó entonces como un conjunto de acuerdos que facilitaron las relaciones entre las Milicias y ciertos sectores de la política y como un mecanismo para reajustar las relaciones militares dentro del territorio. Lo que nos interesa con ello, nuevamente, es la necesidad de propender a análisis que ilustren sobre los procesos de paz como conjuntos de relaciones y, como hemos dicho, ventanas de oportunidad libres a diversidad de aprovechamientos que muy pocas veces resultan orientándose hacia la paz sino, más realistamente, al reajuste de los conflictos.

Junto a ello, y por último, es importante resaltar la forma como el Estado se presentó en medio de las negociaciones, particularmente, la desconexión entre su funcionamiento local y nacional.

4. Los acuerdos diluidos: la presencia local y nacional del Estado en medio de las negociaciones

Este es un país medio sordo: localmente todo el mundo oye, escucha y sabe, pero a nivel nacional o departamental nunca saben nada; y aunque sí lo saben, no tienen cómo ejecutarlo localmente, porque cuando empiezan a operar local-mente se dan cuenta de que realmente la cosa funciona es por el tejido local y no por la ley trazada nacionalmente. Por eso la legislación nacional siempre va atrasada: cuando sacan un decreto en el Congreso eso ya está trasnochado porque localmente ya se ha cambiado en mil cosas.
(Pérez 2010)

El proceso de negociación en Media Luna buscó hacerse "de cara a las comunidades", recogiendo sus preocupaciones y garantizando que los resultados principales del proceso dieran solución a los problemas más urgentes de los barrios en los que las Milicias habían tenido presencia. Con ese objetivo, se generaron mecanismos de participación directa prometiendo que no se iban a reducir a simples consultas sino a la posibilidad real de incidir en lo que allí se acordara. Serían las Milicias mismas las encargadas de hacer la convocatoria puerta a puerta y organización por organización para participar en las mesas temáticas que buscaban definir la agenda y los acuerdos. A pesar de la renuencia de gran parte de las organizaciones a asistir a una convocatoria realizada por quienes en los últimos años se habían convertido en una banda más, muchos líderes comunitarios asistieron a las mesas buscando que el proceso incluyera aquellas transformaciones estructurales que, según ellos, alimentaban el conflicto en la ciudad.

Efectivamente, el proceso de participación, tal como lo reconocen las organizaciones de las comunas, permitió que varios puntos se orientaran a mejoras en las condiciones de las comunas: construcción de infraestructura (centros, bibliotecas, etc.), programas educativos, garantías laborales, entre otros. Sin embargo, las críticas de los pobladores y líderes comunitarios se dirigían a otro lado: hablaban de cómo los proyectos producidos en medio de las negociaciones con las Milicias resultaban diluidos en medio del tránsito entre los niveles nacional y local del Estado; así se lee en la entrevista a Elkin Pérez (2010):

Ellos construyeron Centros, se construyeron espacios que quedaron muy bien. Pero el problema es con los niveles de negociación y de la política del Estado en general: yo llevo un centro comunitario, un lugar de formación y cultura para los muchachos por ejemplo, logro instalarlo y ponerlo en funcionamiento; pero una vez se me acaba el mandato el mantenimiento del Centro pasa a depender de las prioridades del siguiente. Eso fue lo que ocurrió con los acuerdos de las Milicias.

Los acuerdos producidos en Media Luna y diluidos en el tránsito entre nivel nacional y local son un claro ejemplo de que dichas negociaciones, además de hacerse entre el Estado y actores no estatales, se llevan a cabo dentro del Estado mismo; tal como veíamos en el fragmento de entrevista, además de que en zonas disputadas los procesos de negociación con actores armados han exigido del Gobierno ceder relativamente en su soberanía (como ocurrió con Coosercom), en las negociaciones el Estado nunca aparece como un ente monolítico: así como durante la negociación el actor armado debe pasar por un complejo proceso para presentarse como actor unificado, también el Estado debe hacerlo, y, al parecer, es allí en donde suelen producirse serias fallas de tipo pragmático a largo plazo.

En conclusión, gran parte de los avances obtenidos en medio de las negociaciones se fueron diluyendo lentamente. En esos términos, el proceso de negociación nunca se planteó como un mecanismo útil para el reajuste de condiciones estructurales, al menos en la ciudad; sus acuerdos fueron asumidos en el restringido límite administrativo, y ello impidió que el proceso le hablara al país como un todo.

Conclusiones

Varios aspectos fueron mencionados a lo largo del artículo: en primer lugar, las comunas populares de Medellín como un territorio en el que el orden estatal resulta mucho menos legítimo que los órdenes de facto impuestos en medio del escenario del conflicto armado, uno de los cuales fue el de las Milicias Populares, relativamente legítimo en su etapa inicial; en segundo lugar, se vio cómo los pactos de paz entre bandas y milicias representaban realmente arreglos institucionales, reparticiones del territorio, ajustes en las relaciones de poder, más que procesos lineales hacia la paz; en el mismo sentido, se mostró cómo el proceso mismo de negociación entre Milicias y Gobierno se ofreció como una ventana de oportunidad aprovechable por los políticos locales (que se disputaban el capital político que implicaba alzar la bandera de la paz), por el Gobierno nacional (ante el fracaso de la negociación con la CGSB), por el local (la articulación de la negociación, en el marco de un Plan de Desarrollo centrado en una visión empresarial de Medellín), por las Milicias (la posibilidad de acceder a recursos económicos y militares ahora legalizados a través de Coosercom, y de conseguir participación política a través de negociaciones privadas con partidos y líderes políticos) y por las comunidades (la obtención de proyectos de política social). En tercer lugar, vimos cómo, al lado de la negociación que el Estado debía hacer de su soberanía en el nivel local durante las negociaciones (de ahí el surgimiento de Coosercom), se presentó una especie de desarticulación entre los compromisos adquiridos en el ámbito nacional y los adquiridos en los niveles departamental y municipal, desconexión que terminó por diluir los puntos de política social logrados por la población en medio de la negociación en Media Luna.

En términos analíticos, el artículo ha buscado demostrar la necesidad de un análisis relacional que garantice la comprensión de la negociación en el marco de la historia de los conflictos que se busca resolver (la presencia de los distintos actores -armados no estatales, estatales, comunidades, etc.-, la historia de sus relaciones, los recursos en disputa), y no solamente de simples manuales en donde se decida quiénes deben participar y qué temas se deben discutir.

Pero, además de ello, de los tres grandes elementos mencionados se desprende una conclusión general de tipo más práctico: es necesario que el Estado reconozca la legitimidad de actores armados locales en algunos de los casos (las guerrillas, por ejemplo) en territorios en los que sus instituciones no cuentan con el apoyo de las comunidades; sin embargo, dicho reconocimiento no puede derivar en su retiro de los escenarios de conflicto -cediendo el poder a actores armados locales como Coosercom o las bandas-, pero tampoco en la toma del territorio de manera exclusivamente militar -tal como ocurrió en la operación Orion en Medellín durante el período del expresidente Álvaro Uribe Vélez-. El reconocimiento que el Estado debe hacer de las soberanías locales (armadas, como lo fueron las Milicias, al menos en su etapa inicial, y no armadas, en el caso de organizaciones sociales con importantes niveles de legitimidad en las poblaciones) en el país, con miras a futuros procesos de negociación, debe garantizar dos elementos sin los cuales no es posible pensar en las transformaciones de las relaciones entre actores más allá de las simples negociaciones: 1. El monopolio estatal de la violencia en los territorios, unido con la garantía del respeto a las poblaciones (recordemos que los actores armados estatales no contaban con el respaldo de los barrios en los que las Milicias lograron establecer el control). A lo largo de su estudio, Robert Lamb se encarga de mostrar que la única forma que han poseído los grupos de escasos recursos (como las Milicias) para obtener el control del territorio es a través de estrategias de construcción de legitimidad:

"en la actualidad el Estado no posee los recursos realmente necesarios para el control absoluto de las zonas periféricas de Medellín ni para proteger a los pobladores de las acciones de los traficantes armados. De acuerdo con los hallazgos de este estudio, los actores de bajos recursos [como lo sería el Estado, en este caso] sólo han tenido un éxito relativo en Medellín cuando han desplegado estrategias de legitimación: ganando el apoyo voluntario de las comunidades. Ésta podría ser la estrategia adecuada para los actores estatales" (Lamb 2010, 416). Sin embargo, la construcción de legitimidad debe ser concebida como un objetivo de mediano plazo; antes de ello, dice Lamb, y su sugerencia está acorde con lo presentado en este artículo, el Estado debe garantizar la disminución de la ilegitimidad que ha caracterizado su presencia. Si bien a mediano plazo es necesario que sus acciones se doten de trasparencia, credibilidad, accesibilidad, etcétera, en el corto plazo es necesario que el Estado garantice, al menos, lo que el autor llama "illegitimacy-avoidance": disminución en los niveles de ilegitimidad que han caracterizado la presencia del Estado en dichos territorios: un claro cumplimento del respeto hacia las poblaciones por parte de las Fuerzas Armadas del Estado que hacen presencia en los territorios, un plan dirigido a combatir la corrupción dentro de las fuerzas locales del Estado (es decir, la construcción de trasparencia y credibilidad en sus acciones) y el fortalecimiento del papel de los CAI como intermediarios entre la población y el Estado. 2. Aunque este asunto requiera una discusión mucho más amplia, sobre todo en términos operativos, es preciso reconocer la necesidad de la participación política local y nacional de dichos órdenes locales que durante décadas han construido gran parte del territorio nacional y que, como se dijo al inicio de esta presentación, pueden ser los insumos para la construcción de órdenes políticos híbridos (Boege 2006; Boege, Brown, Clements y Nolan 2008). Aunque muchos de los actores que han hecho parte de la larga historia de violencia en Medellín han surgido con el único objetivo del control de recursos económicos (no todos los actores locales pueden ser considerados soberanos por el simple hecho de mantener el control del territorio: es el caso de las agrupaciones más cercanas a la delincuencia común o la simple distribución de recursos económicos), muchos de ellos (las Milicias Populares en Medellín son uno de estos casos) han representado también experiencias o programas políticos que de una u otra forma deben ser integrados a la construcción del Estado. Partiendo del reconocimiento de estos órdenes híbridos, los resultados de los procesos de paz deben ser entendidos, en palabras de Roger Mac Ginty, como una paz híbrida en constante construcción, en la que distintos actores y redes compiten y cooperan a partir de diversos temas de las agendas. Partiendo de la necesidad de una paz que articule estrategias coercitivas y persuasivas, Mac Ginty propone cuatro elementos fundamentales para su planeación: primero, la capacidad de acuerdo entre actores, redes y estructuras liberales de la paz; segundo, la capacidad de dichos agentes y redes para construir estructuras de incentivos hacia los otros actores y redes; tercero, la habilidad de los actores locales para resistirse, ignorar o adaptarse a las intervenciones de dichos actores; cuarto, la habilidad de los actores, redes y estructuras locales para proponer y mantener estrategias alternativas para la construcción de la paz (Mac Ginty 2010). 3. Por último, estos dos elementos sólo son posibles si contamos con la existencia de un Estado que garantice el funcionamiento sincronizado entre sus niveles local y nacional; de otra manera, la violencia, la política, los tejidos sociales en los territorios en donde su presencia no es hegemónica, seguirán siendo materia de disputa entre todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo.

Comentarios

^* El artículo está basado en la investigación que el autor coordinó siendo miembro del Equipo de Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) entre los años 2008 y 2010 (Sarmiento 2011) y contó con la financiación de la agencia de cooperación Trocaire, del CINEP/PPP, de Colciencias y de United States Institut of Peace.

¹ El presente artículo está basado en la investigación que coordiné siendo miembro del Equipo de Iniciativas de Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) a lo largo del año 2010 (Sarmiento 2011). La investigación, que contó con la participación de la practicante universitaria Olga Lucía Espejo, el profesor Yovanny Bermúdez, S. J., y el investigador Fernando Sarmiento como editor, consistió en un proceso comparativo de cinco procesos de negociación en el país, a la luz del enfoque analítico que será explicado luego. Se analizaron tres procesos de negociación de nivel nacional (diálogos en San Vicente del Caguán, negociación con la guerrilla M-19 y negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia) y dos regionales (desminado comunitario de Micoahumado, en el sur de Bolívar, y desmovilización de las Milicias Populares en Medellín).

² Gutiérrez y Jaramillo (2004) inician su artículo describiendo tres particularidades de Medellín que mucho tienen que ver con las preguntas de esta presentación: 1. El nivel de violencia es muy alto, 2. Dicho nivel se sostiene a pesar de la fluctuación en el número de homicidios y 3. La violencia ha ido de la mano con frecuentes procesos urbanos de paz (Gutiérrez y Jaramillo 2004, 1).

³ Muchos de los jóvenes integrantes de las bandas, y posteriormente de las Milicias, provenían de los Campamentos de Paz del M-19 durante el período del presidente Belisario Betancur. Sobre los campamentos de paz, ver Lamb (2010).

⁴ En inglés, la palabra es: illegitimation.

⁵ Según Medina (2006, 118) y tal como nos confirmaron varios de los pobladores, la posición de las MPPP frente a la participación política, la realización de campañas, etc., siempre fue mucho más confrontativa. El control que en algún momento ganaron las MPVA, con una herencia guerrillera más explícita, implicaría la posibilidad de unas nuevas relaciones en ese sentido.

⁶ Algunos ejemplos de dichos pactos de negociación se encuentran consignados en Mercado (1993).

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