Lorenzo Muelas y el constitucionalismo indígena "desde abajo": una retrospectiva crítica sobre el proceso constituyente de 1991^*

Ángela Santamaría Chavarro

Es profesora asociada e investigadora del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Doctora en Sociología EHESS de París. Directora del Doctorado en Estudios Políticos e Internacionales de la misma Universidad del Rosario. Correo electrónico: santamariaangela@yahoo.fr

RESUMEN

Este artículo se centra en el caso particular de Lorenzo Muelas, uno de los indígenas más reconocidos históricamente en el Movimiento indígena del Cauca, "recién llegado" al campo político en la década de los noventa. Muelas, apoyándose en el repertorio de los derechos humanos y el principio de la autodeterminación, intentó penetrar el campo político para subvertir la jerarquía de la competencia política, y, aunque inicialmente estaba en una posición desfavorable, logró formar parte de los encargados de elaborar de la nueva Constitución. Aunque su posición social en dicho escenario no era la mejor, Muelas interactuó con las élites tradicionales y no tradicionales de la época, aprovechando un escenario de "estructura de oportunidad política", y así inició alianzas y negoció proyectos para un nuevo pacto político sin precedentes. De esta manera, Lorenzo Muelas le dio la vuelta al estigma milenario del capital étnico hasta nuestros tiempos.

PALABRAS CLAVE

Constitución, pueblos indígenas, Lorenzo Muelas, Constitución de Colombia de 1991

Lorenzo Muelas and Indigenous Constitutionalism "From Below": A Critical Perspective on the Constitutional Process of 1991

ABSTRACT

This paper focuses on indigenous newcomers to the political field in the 1990's. Drawing on the repertoire of human rights and the principle of self-determination, they have tried to penetrate such field in order to subvert the hierarchy of political competition. These representatives, initially dominated, managed to be part of the constitutional drafting. Although their social position in that stage was far from ideal, they were able to generate interactions with traditional and nontraditional elites, using a scenario of "political opportunity structure", which made it possible for agents such as Lorenzo Muelas to initiate partnerships and negotiate projects for a new unprecedented political agreement. In that way, indigenous people managed to turn around the ancient ethnic capital stigma.

KEYWORDS

Constitution, indigenous people, Lorenzo Muelas, 1991 Colombian constitution

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint79.2013.04

Recibido: 30 de marzo de 2012 Modificado: 20 de mayo de 2013 Aprobado: 11 de agosto de 2013

Introducción

Para comprender la entrada en la política electoral de Lorenzo Muelas durante el proceso de la Constitución de 1991, es necesario analizar cuestiones más generales. Es importante resaltar que se trataba de un candidato indígena que participaba por primera vez en un proceso electoral inédito y en un proceso constituyente con perspectiva multicultural único desde la constitución de la República colombiana. Por ello, es importante partir del análisis del proceso de producción de la categoría "indígena" como forma de control colonial, y su posterior actualización y subversión en los años setenta, en el marco de luchas territoriales y la emergencia de las organizaciones del Cauca. Esta subversión del estigma movilizado por la categoría "indígena" conocerá su culmen durante el proceso de reconocimiento oficial de los derechos indígenas y el proceso de "constitucionalización" del multiculturalismo legal neoliberal (Le Bot 1994 y 2004; Laurent 2005; Lee Van Cott 1994), en la década de los noventa.

Esta investigación se centra en el análisis de una historia social sobre la producción de los derechos de los pueblos indígenas por agentes diversos (representantes indígenas, académicos comprometidos, juristas y políticos tradicionales/progresistas), quienes estuvieron en el seno de la lucha simbólica, y la división social y racial del trabajo jurídico durante la Constituyente del año 1990-1991. Más allá de las intersecciones que sugiere este tipo de estudio entre el análisis de la producción del derecho indígena y el período histórico pre y pos constituyente, este artículo se centra en la producción nacional de los universales jurídicos indígenas en ese momento. Así, nos preguntamos aquí: ¿Quiénes son los principales agentes y cuáles sus prácticas discursivas y su proceso de institucionalización en el marco de la emergencia de un subespacio jurídico de los derechos de los pueblos indígenas en 1991?

Metodológicamente, este estudio analiza la producción de los productores del derecho indígena, adoptando una perspectiva entre muchas: la de Lorenzo Muelas. El Taita Muelas, como lo veremos más adelante, no poseía títulos universitarios, ni una trayectoria en la política tradicional. Sin embargo, a pesar de que biográficamente estaba más cerca de la autoridad tradicional indígena que de los políticos, su trabajo de base, su historia personal y su personalidad radical permitieron que fuera elegido como constituyente indígena y desempeñara un papel fundamental en dicho proceso.

Nuestro trabajo se desarrolló en dos terrenos de investigación que fuimos alternando. Por un lado, en el nivel local, buscamos analizar la trayectoria de Lorenzo Muelas en escenarios particulares, tales como el ejercicio de la "terrajería" en el Cauca, las luchas por la tierra y la emergencia de los procesos organizativos. En un segundo momento, estudiamos sus dinámicas de interacción para el reconocimiento de los derechos indígenas en el seno del campo¹ jurídico en 1991 (Bourdieu 1989).

Para este primer momento, en el cual trabajamos desde una perspectiva sociohistórica, nos fueron muy útiles algunas reflexiones de la Red de Modernidad/Colonialidad. Esta perspectiva dentro del pensamiento crítico latinoamericano se constituye al final de los años noventa, período correspondiente a varias de las reformas constitucionales en la región para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Una de las reflexiones más interesantes es la propuesta de revisitar la cuestión del poder en la modernidad mediante, por ejemplo, la ubicación de sus orígenes en la conquista de América, poniendo un especial énfasis en la estructuración del poder a través del colonialismo y las dinámicas constitutivas del sistema-mundo moderno/capitalista. Las relaciones asimétricas de poder entre Europa y los "otros" implicaron una necesaria subalternización de las prácticas y de las subjetividades de los pueblos dominados. Aníbal Quijano nos propone, por ejemplo, la categoría "colonialidad del poder", para denominar un patrón de dominación global que se erige en el lado oculto de la modernidad (Quijano 2000).

Como lo veremos más adelante, este artículo trata sobre la trayectoria política de Muelas, quien es hijo de una familia de "terrajeros", figura de origen colonial, vigente todavía en los años treinta en el Cauca. Así, el análisis de Quijano arroja luces para comprender la "subalternización" de subjetividades como la de Muelas. Sin embargo, nos interesa resaltar, como lo mostraremos, las posibilidades de autonomía y las resistencias que emergen en este entorno, desde la experiencia personal del líder indígena.

Para comprender el proceso político y cultural en el que se inscribe la historia de Muelas, nos fueron muy útiles los trabajos sobre el movimiento indígena caucano de sociólogos franceses como Christian Gros, Virginie Laurent e Yvon Le Bot. Éstos han mostrado cómo la causa indígena -considerada en los años sesenta como una problemática marginal y subsidiaria para la ciencia política-, a partir de los años noventa, se vuelve una cuestión central en la reflexión sobre la democracia y el derecho constitucional. Los autores hablan de un momento de "insurrección y de ruptura" en los años sesenta y setenta, cuando emergen los movimientos indígenas de la región andina. A pesar de la persistencia de prácticas estatales de exclusión, los movimientos se consolidaron en las márgenes del Estado (Le Bot 1994; Gros 2000; Laurent 2005). En este escenario, el trabajo de Laurent es fundamental, pues se ha centrado durante las últimas décadas precisamente en los procesos de movilización electoral en Cauca, Vichada y La Guajira, así como en el ámbito nacional. Nuestro trabajo busca mostrar cómo las lógicas estructurales estudiadas por los autores se encarnan en una experiencia particular, como la de este líder indígena.

En este punto del trabajo aparece justamente la dificultad de definir en los diversos procesos constitucionales el sujeto jurídico "indígena". Para ello, nos apoyamos en algunos autores de los Latin American Studies, como Peter Wade, quien ha desarrollado una perspectiva de la situación regional de los debates antropológicos y sociológicos durante la década de los años noventa sobre las categorías de etnicidad y raza como construcciones históricas. Siguiendo a Wade, queremos proponer en este artículo un análisis de la categoría "indígena" desde una historia local específica: la de Lorenzo Muelas (Wade 1997). Otros autores latinoamericanos como Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino han mostrado en sus trabajos cómo durante las últimas décadas los conflictos que enfrentan los nuevos movimientos sociales, los han llevado a imaginar y proponer prácticas que buscan democracias más radicales, que trasciendan el nivel formal institucional, a través de acciones colectivas que interpelen los sistemas políticos y constitucionales. En este contexto, el movimiento indígena constituye uno de los actores que define las fronteras del escenario político, al reconocer un vínculo constitutivo entre cultura y política (Escobar, Álvarez y Dagnino 2001). En este artículo analizaremos cómo se materializa dicha idea desde la trayectoria de Muelas. El líder, como lo veremos, generará porosidades entre la política y la cultura en los años noventa a través de la lucha por el reconocimiento de derechos individuales y colectivos para los pueblos indígenas.

Los estudios de Díaz-Polanco también nos fueron muy útiles al introducir la relación entre derechos de los pueblos indígenas y la globalización económica. El autor hace una crítica muy interesante al multiculturalismo como una forma de instrumentalizar y "valorizar" la diversidad cultural en beneficio de los grandes negocios corporativos. Como lo veremos en este artículo, hace veintitrés años, cuando se estaban construyendo los universales jurídicos para los pueblos indígenas en el marco de la Constitución, el discurso hegemónico fue el jurídico, velando, de un cierto modo, las implicaciones económicas, ambientales y culturales frente al reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la consulta previa. El autor nos hace reflexionar sobre las motivaciones y las consecuencias perversas que se tejían entre los agentes económicos transnacionales y los promotores del modelo económico neoliberal consagrado en la Carta. Sin embargo, Gemma Willem Assies vuelve a introducir la tensión estudiando la ciudadanía étnica "desde abajo" y la formación de la ciudadanía en América Latina. Sus concepciones son muy importantes para reflexionar sobre el reconocimiento de derechos desde la perspectiva de generación de nuevas formas de democratización del Estado y del ejercicio de los derechos y de la ciudadanía (Díaz-Polanco 2006; Willem Assies et al. 1999). Nuestra reflexión, como lo expondremos más adelante, no busca, ni como Díaz-Polanco o Willem Assies, enfatizar en uno u otro de los modelos explicativos. Este trabajo busca generar un pensamiento desde las tensiones a través de un análisis de tipo pendular desde lo concreto: la experiencia de Muelas.

Los aportes de otros autores desde la filosofía, como Will Kymlicka, evocan la necesidad de un nuevo consenso liberal, proponiendo un culturalismo liberal que redefina el rol del Estado liberal. Éste se erige en dicha propuesta como garante no sólo de derechos individuales, sino de derechos especiales. Así, se le adscriben al Estado funciones de protección de las identidades colectivas a través de las políticas de la diferencia (Kymlicka 1996 y 2003). Desde la antropología, Charles Hale crítica la ciudadanía multicultural de Kymlicka, quien propone una distinción entre "protecciones externas" (que garantizan la igualdad y combaten la discriminación cultural) y "restricciones internas" (a través de las cuales el Estado limita el liberalismo desbocado como principio básico de la libertad individual, en aras de garantizar los derechos de los grupos no privilegiados). Sin embargo, como lo afirma Hale, Kymlicka no se cuestiona sobre el lugar desde el cual se establecen los límites, quiénes lo hacen, y/o cuál es el límite (más allá del concepto universal de derechos fundamentales).

El problema para Hale es que en cada una de las anteriores respuestas, los límites son pensados e impuestos desde el lenguaje y la concepción del Estado liberal (Hale 2007). Desde nuestro trabajo, buscamos aportar material empírico partiendo de la experiencia concreta de Muelas como constituyente, para ver cómo operan las prácticas de dominación y autonomía introducidas por este modelo liberal que busca proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, fue la lectura de los trabajos de Pierre Bourdieu la que nos ofreció herramientas teóricas y metodológicas pertinentes para analizar las distintas problemáticas presentadas antes. La noción de "campo" es para nosotros muy fecunda. Se trata de "un espacio relativamente autónomo", "un microcosmos dotado de sus propias leyes" (Bourdieu 1989, 14). Esta noción, esencialmente la de campo simbólico (derecho, político, del conocimiento, del Estado, étnico), es fundamental para nuestro análisis, pues nos permite situarnos en el cruce de diferentes disciplinas y objetos de estudio. El concepto de campo(s) y las interacciones entre sus diversas expresiones permite que "la causa indígena" no sea reducida a lo meramente cultural, o a lo jurídico o político. De la mano del capital étnico que exploraremos en este artículo, en nuestras realidades sociales ha emergido una suerte de campo étnico que debe ser caracterizado en trabajos posteriores y a través de un esfuerzo colaborativo.

Retomando este autor, mostraremos en este artículo cómo los campos político y jurídico emergen como inmensas máquinas simbólicas, tendientes a ratificar la dominación de las élites, a través de una división social y racial del trabajo de producción de universales jurídicos. Sin embargo, Lorenzo Muelas, al entrar al campo jurídico y político -y aunque debe "compartir las reglas del juego" con los juristas y políticos tradicionales-, logra insertar su causa en el debate histórico nacional y crear categorías jurídicas específicas, que dan paso a procesos de resistencia y autonomía indígenas sin precedentes. Es así como el análisis de este subcampo de los derechos indígenas reconocidos en 1991 es revelador de apuestas y luchas culturales, jurídicas, políticas y económicas (Dezalay y Garth 2003; Santamaría 2007, 16). Es a través de la noción de capital étnico que Muelas accede a este subcampo, dando lugar a herramientas de lucha como la circunscripción especial electoral y la jurisdicción indígena. Actualmente, en el ámbito latinoamericano, ya existen -con las experiencias de Bolivia y Ecuador- las bases estructurales para hablar de un campo étnico. Sin embargo, como ya lo dijimos, nos centraremos en este artículo en entender cómo Muelas, dotado de un capital étnico, entra en el proceso político electoral en el marco de la oportunidad que ofrece la Constitución Política de 1991. En este sentido, este artículo está dividido de la siguiente manera. La primera parte presenta la categoría capital étnico como posibilidad de análisis del proceso de emergencia de un líder político como Lorenzo Muelas en un contexto de fuerte dominación como la "terrajería" en el Cauca indígena. En la segunda parte presentamos las principales características del movimiento indígena del Cauca, y la forma como este dirigente va entrando en las luchas indígenas en la década del setenta. Luego, presentamos procesos de nivel nacional como la aplicación del Prodein y la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en los años ochenta. En la última parte, nos centramos en la entrada en la política electoral de Lorenzo Muelas, las características de sus primeras candidaturas y los discursos movilizados por él en la Asamblea Nacional Constituyente para la defensa de la "causa indígena" en los años noventa. Estos discursos constituyen la base de muchos de los debates sobre los que los movimientos indígenas nacional e internacional discutirán y se movilizarán durante los siguientes treinta años.

1. Herejes y profesionales de la política: identidades y clasificación social fundada en la raza²

La categoría espacio social es utilizada por Bourdieu para designar una construcción multidimensional, en donde se oponen diversas clases según la estructura y el volumen de capital (económico, político, jurídico, militante, social o étnico) (Bourdieu 1979). El espacio social objeto de nuestro estudio, el campo político, es terriblemente complejo y posee intrínsecamente múltiples subcampos, como el subcampo del militantismo. Éste está compuesto por agentes políticos que poseen una posición dominada en el campo político. Asimismo, como lo mostré en otros trabajos, nos interesa analizar la relación entre el militantismo indígena y el subcampo de los derechos indígenas. Para Franck Poupeau, hablar de capital militante es insistir en la dimensión del compromiso. El capital político ilustra insuficientemente este tipo de compromiso, pues, "en efecto, el capital militante designa, más allá del tipo de compromiso político, los saberes adquiridos en particular gracias a las propiedades sociales que permiten jugar con más o menos éxito, en un espacio que está lejos de ser homogéneo" (Poupeau 2007, 11). Más allá de la manera en la que los agentes sociales adquieren y luego usan este tipo de capital, queda por comprender la lógica de transferencias a través de las cuales el capital militante (por lo menos una parte de éste) puede ser utilizado en otros espacios, e inversamente, la forma como ciertas propiedades eficientes en otros dominios pueden ser transferidas en estas instancias. En otro de sus textos Poupeau caracteriza el capital militante y los agentes que lo detentan como aquellos que obtienen legitimidad del lazo con "el terreno", por la posesión de un saber-hacer organizacional, en la toma de la palabra en las asambleas, la capacidad de organizar reuniones, concentraciones (Poupeau 2007, 49).

Es importante resaltar que el militantismo indígena está atravesado por una división social del trabajo contestatario, que genera en su interior una jerarquía de objetos y causas sociales. Dentro de éste existe, para nosotros, una lucha por la acumulación del capital etnojurídico.

Después de haber trabajado sobre varios casos de movilización indígena en Colombia y la región, en mi trabajo de tesis doctoral propuse la noción de capital étnico como una subespecie del capital militante. Por ejemplo, cuando se trata de analizar las características necesarias para que un líder o lideresa indígena sea elegido como representante de su pueblo, el capital escolar no desempeña un papel fundamental, como podremos observarlo en el caso de Muelas (Santamaría 2007).

La conceptualización del capital étnico no ha sido muy desarrollada por los sociólogos bourdeausianos distintos a Poupeau. Por ello, proponemos en este artículo algunos elementos de caracterización de este capital. Para detentar el capital étnico se requiere pertenecer a un grupo étnico. Esta pertenencia está relacionada con elementos subjetivos como la autoidentificación del agente (la conciencia individual de la identidad indígena, introducida por el Convenio 169 de 1989 de la OIT) y la voluntad de preservar su cultura. Asimismo, convergen elementos objetivos, tales como poseer como grupo elementos culturales que los distinguen de la colectividad nacional, descendencia histórica, determinación de preservar de acuerdo con sus prácticas tradicionales, y un derecho propio. Igualmente, se consideran indígenas por el hecho de ser originarios y descender de culturas ancestrales con instituciones sociales, económicas, políticas y culturales propias. Estos grupos son además reconocidos por la sociedad y sus instituciones, y poseen una relación especial con la tierra (OIT, 1989). Sin embargo, hay que aclarar que la cuestión de la pertenencia étnica es muy compleja. Algunos grupos, después de la Constitución de 1991, han iniciado procesos de reetnización para resignificar su identidad a partir de procesos de reconstrucción identitaria (es el caso, por ejemplo, del pueblo Kankuamo o Muisca, entre otros).

Es importante resaltar que entre los 102 pueblos reconocidos por la ONIC existen diferencias muy marcadas y jerarquías culturales, económicas, políticas y sociales establecidas desde el proceso de colonización, y potenciadas justamente por la entrada en los procesos electorales, y la profesionalización o no de sus dirigentes. Éstas han permeado en casi todos los casos sus cosmovisiones (salvo, tal vez, en el caso de los pueblos no contactados) y han producido discursos híbridos, producidos y reconstruidos con autoridades y expertos que han reforzado y reproducido las diferencias y especificidades de cada pueblo. Para comprender la sociogénesis de este tipo de capital es necesario plantear algunas reflexiones preliminares sobre las características del campo (jurídico y político) en el que emerge, generando actualmente -con la experiencia boliviana y ecuatoriana- un campo étnico.³

a. Capitales políticos y jurídicos duales: la base para la emergencia de un capital étnico (negativo)

Para Quijano (2000), América se constituye como el primer espacio/tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial, y por ello, se erige en la primera "identidad" de la modernidad. Uno de los procesos que convergió en este proceso fue la codificación de las diferencias entre conquistadores/conquistados en la idea de raza. La ley permitió entonces someter y controlar una mano de obra densa y numerosa a partir de instituciones fuertemente centralizadas y dispositivos de control de poblaciones como el derecho colonial penal y el ejercicio de su jurisdicción, dando así lugar a un sistema de justicia dual fundado en la raza (Santamaría 2007). Este modelo jurídico estaba fundado en un orden racial colonial y su justificación legal a posteriori. En palabras del filósofo peruano -uno de los fundadores de la red Modernidad/Colonialidad-, la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado actual tienen como uno de sus ejes fundamentales la clasificación social de la población sobre la idea de la raza. La administración de la justicia colonial para el control formal de las razas distintas era competencia suprema del rey. Existían jurisdicciones especiales en función de los orígenes sociales y étnicos. En cuanto a la jurisdicción penal indígena, los españoles se apoyaron en instituciones preexistentes, para rentabilizar la organización política y social de los pueblos originarios (Santamaría 2007).

Según Wachtel (1974), en una segunda fase, las autoridades indígenas, los Caciques, fueron reemplazados por autoridades coloniales, tras un fuerte proceso de aculturación e institucionalización de las formas de organización originarias.

El proceso de colonización marcó fuertemente la forma de organización sociopolítica y cultural de los pueblos. Como lo afirma Ots (1967), y lo hemos verificado empíricamente tras un análisis de las Leyes de Indias (libro 6), los Caciques poseían títulos de propiedad sobre las tierras del Resguardo, tenían privilegios, tales como consumir vino, trigo, y podían vestir como los españoles. Fueron además reconocidos por la Corona española como autoridades indígenas. Como lo ilustra el acta de posesión de un Cacique de Chinas, Lázaro Domínguez: "El Señor Lázaro Domínguez, elegido como Cacique de esta encomienda y parcela. Por esta razón, que todos los honores, inmunidades y privilegios de este cargo les sean reconocidas" (AGN, Colonia, Caciques e Indios. Legajo 8 rollo 61/78, folios 201/204).

Esta relación con las autoridades españolas les otorgó un capital social, el cual se reconvirtió, a lo largo de las generaciones, en una pertenencia étnica que implicaría dominación y segregación, pero que en los años sesenta del siglo XX permitiría una subversión del estigma, y la emergencia de un capital étnico positivo (Le Bot 1994; Gros 2000; Laurent 2005).

El capital étnico (positivo) en el marco de la Constituyente, y ya desde los años ochenta, se vuelve muy importante en el campo político, en el marco de los derechos especiales reconocidos a los pueblos indígenas por el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este Convenio se erige en el primer instrumento jurídico internacional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos del derecho a la libre determinación (art. 2). Es decir, que pueden hablar por sí mismos y tienen el derecho de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Así, el Convenio reconoce la defensa de la identidad cultural y el derecho a la propia cultura, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a la participación y el deber de los gobiernos a la consulta previa (arts. 6, 7), el derecho a la salud y educación propias, y al derecho propio (arts. 9, 10, 11, 12), entre otros. Respecto al tema de nuestro análisis, promueve la construcción de un proceso democrático en países multiétnicos, pluriculturales y plurilingües. Además, este instrumento consagra obligaciones para los Estados ratificantes frente a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

En este contexto, para que el agente indígena sea considerado como líder o lideresa debe tener un reconocimiento dentro de su pueblo o comunidad. Debe haber desarrollado trabajo comunitario, y por lo general debe ser hablante de su lengua nativa, o tener equivalentes estructurales que representen simbólicamente lo anterior en cuanto a pertenencia cultural. Asimismo, por lo general es originario de una familia o clan que le ha permitido heredar capital social y militante. Un punto importante también es la relación que este agente debe tener con las autoridades políticas tradicionales de su pueblo y con las autoridades espirituales. Igualmente, debe poseer capitales sociales y políticos que le permitan tejer alianzas estratégicas con representantes de otros sectores sociales.

No hay que olvidar que durante el período colonial, y durante la República, no existieron Colegios de Abogados para los indígenas, lo cual implicó la exclusión de éstos de las filiales escolares profesionalizantes, lo que implicaría hasta hoy una fuerte dependencia de los asesores jurídicos y políticos no indígenas.⁴ Los centros de formación de los abogados eran conventos o seminarios de órdenes religiosas en donde había que probar la pureza de la sangre. Por ello, históricamente en Colombia los indígenas fueron excluidos de las filiales escolares, y más aún de la educación superior, y fueron segregados y confinados en la educación misional, centrada en lo religioso y lingüístico. En el siglo XIX, el ejercicio del oficio de abogado estaba muy regulado y reservado a personas muy bien posicionadas en el espacio social, ya que los costos de los procesos y de la formación eran muy elevados (Ruiz 1916). Sólo hasta el final de los años setenta comienzan a ingresar a universidades colombianas los primeros estudiantes indígenas.

b. Nacer en una familia de terrajeros

Para el desarrollo de la siguiente parte nos apoyaremos en biografías anteriores de Lorenzo Muelas. Principalmente, en su autobiografía, trabajada con su compañera Martha Urdaneta (2005). Asimismo, nos fue de gran ayuda el trabajo de la socióloga francesa Virginie Laurent (2005).

El Taita Muelas nació en 1938 en la Hacienda del Gran Chimán, en el Cauca. Es el mayor de diez hijos. Como lo cuenta en su autobiografía, su abuela Gertrudis había ocupado esas tierras, al igual que su bisabuela. Según documentos consultados en el Archivo General de la Nación (AGN):

En las tierras del gran Chimán, hay aproximadamente unas 62 casas habitadas por familias guambianas, que pertenecen a la misma tribu o raza indígena [...] todos tienen lazos de sangre, de lengua y comparten los mismos usos y costumbres. Desde hace tiempo, los indígenas construyeron allí sus casas [.] cultivaron maíz, trigo, papas y cebollas [.] también criaban animales [.] sus ancestros también estaban en estas tierras, quienes fueron sus primeros ocupantes [.] hasta que les fueron arrebatadas [.] pues tenían Cédulas Reales del Rey de España. (Declaración de Francisco Hurtado, 26 de julio de 1912. Habitante indígena de Silvia, Archivo Histórico Nacional de Colombia)

El documento de archivo confirma lo que introdujimos antes sobre la pertenencia étnica. Los guambianos "terrajeros" del Chimán eran reconocidos a principios de siglo por sus vecinos, sus paisanos y las autoridades indígenas del Cabildo. Éste es un ejemplo de cómo el capital étnico fue movilizado para defender y proteger la relación con el territorio. Es importante resaltar las posibilidades que abre el Taita Muelas en 1991, y la diferencia de su posición pendular hacia la autonomía, frente al gran líder Q. Lame. Éste, justamente en 1910, algunas décadas antes del nacimiento de Muelas, movilizó el tema de los Resguardos y las Cédulas Reales en el Congreso de la República. Su posición, sin embargo, siempre fue muy dominada en el campo político (fue judicializado varias veces, hizo muchos tránsitos en la cárcel). Los capitales militantes y étnicos de Muelas y Lame fueron tal vez muy similares. Sin embargo, el Taita Lorenzo, tuvo la posición única e inédita como creador de derecho en 1991, gracias a su entrada en el proceso electoral en un escenario de valorización del capital étnico en los ámbitos nacional e internacional (López 2007, 18).

A mediados de los años cuarenta, pocos años después del nacimiento de Muelas, ochenta familias terrajeras habitaban el Gran Chimán. Éstas compartían la lengua, el vestido y las tradiciones, sobrevivían en condiciones de vida muy distintas a los guambianos libres, "se comportaban como verdaderos siervos frente al blanco [...] bajo la amenaza de ser expulsados de las tierras, pues no tenían ni títulos, ni el usufructo sobre esas tierras" (Duque 1945, 185-201). En retrospectiva, era inimaginable que en ese contexto se criara el primer constituyente indígena de la historia del país.

Muelas resalta en sus remembranzas las difíciles condiciones de crianza. Citamos a continuación algunos extractos del trabajo de Laurent, en el marco de una pelea del padre de Lorenzo y el terrateniente del cual dependía, que se refiere al Taita: "come como un adulto pero trabaja como un niño". Herido una vez más, Muelas no aguantó la situación [...]: "pensaba en no haber nacido [...] Todavía no había ninguna organización [...]" (Laurent 2005, 254).

Su niñez se desarrolló en medio de terribles carencias materiales, debido a la prohibición de los propietarios respecto al cultivo de las parcelas, lo que implicaba para las familias una situación de pobreza extrema y enfermedades (Villa 1969, 72).

Existía una fuerte segregación sociorracial que marcaba la región. El único blanco que el exconstituyente frecuentó en su niñez fue Ventura Riascos, el mayordomo de la propiedad. Este "blanco" rechazó siempre la posibilidad de entrar a su casa, y comía con disgusto lo que su madre le ofrecía (Muelas y Urdaneta 2005, 218). Como en muchos casos, durante el período colonial, y su prolongación a través de los procesos de subalternización identitarios de la República (cf. Benavides 2008), fue tal vez esta segregación espacial marcada la que permitió a los "terrajeros" mantener un espacio social de autonomía. Por ello, la familia de Muelas conservó la lengua, sus prácticas culturales y espirituales. Retomando sus palabras, aunque la pobreza material fue muy grande durante los primeros años de su vida, él creció en medio de una enorme riqueza espiritual. Aun si los "blancos" lograban hacer tambalear su existencia material, las creencias más íntimas y la manera de ver el mundo seguían intactas (Muelas y Urdaneta 2005).

c. El corto paso por la escuela

Como lo afirma Aníbal Quijano, las identidades históricas (como la indígena) producidas sobre la idea de la raza fueron asociadas, como lo vemos a través del ejemplo de Muelas, a roles y lugares en la nueva estructura global. Hacia los años cincuenta, cuando Muelas inicia su proceso tardío de escolarización en la Escuela de la Marquesa⁵ (durante tres años), existía una división racial del trabajo de la tierra y el trabajo intelectual (Quijano 2000, 204). En este contexto existían muchos obstáculos para la escolarización. La primera dificultad era la lengua. Cuando Muelas inició la escuela no hablaba español, y la lengua Misak estaba prohibida. Su madre nunca aprendió el español (Muelas y Urdaneta 2005, 266). El hablar su lengua nativa fue considerado como un obstáculo en su niñez y juventud para acceder a la escuela. A contrario sensu, en el escenario de la Constituyente se convertirá en un recurso cultural muy importante para sus electores.

Otra de las dificultades estaba ligada al trabajo. Aunque era obligatorio ir a la escuela todos los días, él no podía asistir siempre. Fue por eso que después de dos años de estudio, su padre decidió que volviera a la finca. En un contexto de gran pobreza, uno o dos años de escuela eran suficientes, pues había que privilegiar el trabajo de la tierra (Villa 1969, 74). Los pueblos indígenas fueron condenados a esta situación de confinamiento en la servidumbre desde la Corona de Castilla, durante el proceso de colonización, y sus legados coloniales estaban aún intactos en los años cincuenta, como lo muestra el caso de Muelas. Igualmente, si para las profesoras del Taita la imposibilidad de formarse en el sistema formal educativo implicaba una pérdida, fue su relación con el territorio, con la terrajería, y su experiencia de vida, las que en la Constituyente le dieron una gran legitimidad a sus aportes y propuestas.

Su padre Juan Bautista compró en 1944 una tierra en la zona caliente de Mondomo. Allí, la familia cultivaba para menguar los períodos de hambruna (Villa 1969, 116). El mundo en el que creció Lorenzo estaba dividido en tres grupos: los comuneros del Resguardo, los "terrajeros" y los libres. Su familia hacia parte de aquellos guambianos, víctimas de extremas formas de violencia. Sin embargo, existían algunas "puertas de salida". La experiencia de su padre ilustra una forma específica de trabajo gratuito asociada a un grupo racial, a través de la tecnología colonial de dominación/explotación, raza/trabajo gratuito. En palabras del autor, "hoy mismo, esa actitud extendida entre los terratenientes blancos de cualquier lugar del mundo" (Quijano 2000, 208). Como lo muestra Laurent en su trabajo sobre Muelas, el Taita deja el Chimán a los 12 años, y se ubica en Mondomo. En esta nueva tierra "debió enfrentar dificultades de adaptación a un nuevo medio [...], a un nuevo clima, a una nueva alimentación [...]. De esta época recuerda [...]: "[n]o teníamos casa, entonces nuestra gran aspiración era construir una casa [...] lograda a puro esfuerzo" (Laurent 2005, 254). En Mondomo se casa, y desde allí vive el proceso de recuperación (1970), viéndose afectado por la persecución y el encarcelamiento de su familia.

De manera paradójica, el Taita Lorenzo acumuló durante su crianza y juventud un capital étnico legítimo, que en el proceso electoral pre constituyente permitió una subversión del estigma generando una estructura de oportunidad política muy interesante para su elección.

2. La recuperación de tierras en el Cauca

Durante los años sesenta, el Estado organizó una reforma agraria,⁶ que preveía la creación de reservas indígenas. Se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora),⁷ como establecimiento público encargado de la gestión en la materia, y organismos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA), y la figura de los Procuradores Agrarios. Se creó también la división de asuntos indígenas en el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, a pesar de que el objetivo era la conversión de los pequeños arrendatarios y aparceros en propietarios, la reforma no estuvo dotada de dispositivos que la hicieran viable.

La aprobación de la ley de Arrendatarios y Aparceros contribuyó a agilizar los trámites y consagró nuevas causales de expropiación. Uno de sus principales objetivos consistía en fortalecer la reforma agraria mediante la organización campesina. Sin embargo, las distintas medidas tomadas por el Incora implicaron un empeoramiento de la situación para los campesinos e indígenas, pues los propietarios los desalojaron de sus predios para evitar la adjudicación de tierras o la reclamación por el pago de mejoras.

En los años cincuenta se adoptó el Convenio 107 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. Éste permitió hacer frente a las denuncias sobre la violación de los derechos de campesinos, en el marco de los procesos de recuperación de tierras y la represión de las luchas indígenas de los años sesenta y setenta. Durante el gobierno de Turbay (1978-1982) fueron tomadas múltiples medidas para reprimir el proceso de organización política y las luchas por la autonomía indígena.

Como lo afirma Luis Guillermo Vasco (1989), al final de los años cincuenta, y durante los inicios de los años sesenta, las expulsiones de los terrajeros continuaron, en el marco de la expedición de las leyes 1 y 135 de 1961-68 para la Reforma Agraria. Durante este período, la estrategia gubernamental en materia de organización campesina se cristalizó con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

En 1961, los guambianos constituyeron un "Comité de Lucha", en el que participaron veinte personas, para informarse sobre el proceso de reforma agraria (Vasco 1990). Rafael Bautista, tío de Lorenzo Muelas, hacía parte de este grupo. En 1962, Acción Cultural Popular llegó con monseñor Vivas y Mario Polo para dar cursos en el territorio organizados por Fanal y Utracauca. En este escenario nace el Sindicato Corporativo Agrario de Las Delicias, articulado con el "Comité de Lucha", el cual contaba con la participación de 200 indígenas guambianos y nasa. Este Comité tenía como principal objetivo la organización política de los indígenas para la recuperación de las tierras (Vasco 1990). En 1963, después de la participación del sindicato en un Congreso sindical en Bogotá, entra a hacer parte del programa de cooperativas de Fanal, fundándose la cooperativa Las Delicias. La figura de cooperativa permitió a los indígenas, en 1970, el acceso colectivo a un préstamo de la Caja Agraria para la compra de tierras colectivas y la puesta en marcha de un proyecto político para la recuperación. Laurent muestra cómo éste es un momento crucial en la vida de Muelas, pues vuelve a Guambia en el auge de las movilizaciones de la mano de Javier Calambás, quien afirmaba: "Estas tierras que nos robaron, algún día hay que ganarlas. Hoy estamos pobres no porque hemos sido pobres sino porque nos empobrecieron los terratenientes, porque ellos tenían el poder, el dinero, las fuerzas militares, las tierras, la Iglesia, los jueces y hasta el respaldo de algunas poblaciones de acá" (Laurent 2005, 255).

La participación activa en el proceso de recuperación implicará una ruptura biográfica, pues pasará de víctima del "terraje" a constituirse en uno de los fundadores de los procesos organizativos indígenas que darían nacimiento al movimiento indígena de Colombia: el CRIC, y posteriormente el Movimiento de Autoridades.

Sin embargo, es importante resaltar la crítica de Vasco frente al sistema de cooperativa, el cual operó para él como una nueva forma de "terraje". Su constitución implicó la división entre los miembros. Se decidió que los guambianos más pobres debían trabajar las tierras colectivas durante cuatro días de forma gratuita, como aporte al pago de la deuda colectiva (Vasco 1990).

Según nuestras conversaciones con algunos de los familiares del Taita, a sus casi veinticinco años, en 1962, Muelas inicia un trabajo fuerte en el proceso de recuperación. En esa época vivía en Mondomo, con su compañera y sus siete hijos. Fue allí donde funcionó "el centro de operaciones" para la recuperación. Estar lejos del Chimán le permitió a Muelas abastecer de alimentos a los resistentes desde la finca de tierra caliente. Uno de sus familiares recordaba en nuestra conversación "cómo salían camionados de plátano y yuca para la gente, para la lucha". De lunes a viernes, el Taita trabajaba en la tierra para producir, y los fines de semana se iba, "y nosotros no sabíamos bien para dónde, ni a qué". Muelas estaba en la lucha desde la distancia, siempre muy bien protegido. "Él decía, si me preguntan, digan que yo no estoy, así estuviera acostado en la cama. En esa época él estaba con ANUC" (conversación con familiar del Taita Muelas, marzo de 2013). Esta experiencia en procesos de base en el contexto rural, y en el marco de una fuerte persecución, hizo de Muelas un líder excepcional, intachable, incorruptible y casado con su causa. Lo anterior será decisivo años después en las urnas para la Constituyente.

En 1970, alrededor de doscientos guambianos y nasas crean otro sindicato, a causa de las tensiones internas: el Sindicato del Oriente del Cauca, retomando la experiencia del "Comité de Lucha", fundado principalmente sobre la idea de la recuperación (Vasco 1990). Este proceso, a pesar de sus dificultades, constituye el origen del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la primera organización indígena del país (Gros 2000; Muelas y Urdaneta 2005).

a. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

El 24 de febrero de 1971, en Toribío (Cauca), el CRIC fue fundado por indígenas y "terrajeros indígenas", en el contexto de las movilizaciones campesinas relacionadas con la reforma agraria y la creación de la ANUC, con el apoyo de la Federación Social y Agraria (Fresagro) (CRIC 2009, 10; Gros 2000). Durante esta reunión, los dirigentes del CRIC retomaron las reivindicaciones del Movimiento Quintín Lame (en 1915) sobre las exigencias de los derechos territoriales, que habían sido reconocidos formalmente, pero los cuales eran inexistentes en la práctica. El CRIC puede ser analizado como el resultado de la convergencia entre una tradición de lucha específicamente indígena y una "autonomización" de la "cuestión indígena" del movimiento campesino. La estrategia política del CRIC para la recuperación de las tierras estuvo compuesta por estrategias jurídicas y el uso de las leyes coloniales sobre los Resguardos.

Los dirigentes del CRIC hicieron valer la Ley 89 de 1890, la cual, a pesar de ser un texto legal racista, otorgó a los indígenas un estatuto de minoría, por lo que fue declarada nula toda transacción comercial de tierras del Resguardo, implicando a los no indígenas. Esta ley pudo ser entonces utilizada de manera central en el marco de la lucha para la recuperación territorial (Gros 2000, 188). Al final de los años setenta, una gran parte de los territorios habían sido recuperados, y el CRIC comenzó a implementar actividades productivas (empresas y cultivos comunitarios, cooperativas), conforme a su proyecto político de autogestión.

La puesta en marcha del modelo de explotación económica y su implementación en las tierras recuperadas condujeron al CRIC a comprometerse en la formación de cuadros profesionales para la gestión de los recursos. Durante este proceso, la organización retomó instituciones coloniales como el Cabildo, dándole igualmente un nuevo rol en el marco de una federación de Cabildos. Se creó también un Consejo Indígena, para reagrupar diferentes autoridades indígenas. En sus inicios el Consejo estaba organizado así: en la base, cada comunidad constituía un gobierno. En el ámbito regional se constituían consejos representativos, que estaban a cargo de la coordinación de parcelas. Por último, la dirección de la organización estaba encabezada por el Consejo de Dirección y el Comité Ejecutivo.

En este contexto, Muelas decidió distanciarse del CRIC y apoyar la iniciativa de Gobernadores en Marcha. Como lo narra Laurent, citando a Muelas: "Nosotros, el Movimiento de Autoridades nunca quisimos tener una junta directiva [...] nuestras expectativas, nuestras afirmaciones eran distintas [...] no queríamos que una junta directiva dirigiera el movimiento indígena, queríamos que las mismas autoridades indígenas fueran las que filosofen, piensen y orienten una orientación política, los viejos" (Laurent 2005, 255).

Con la consolidación del CRIC y del proceso de recuperación territorial en los años ochenta, Javier Morales (1979) y Segundo Tunubalá (1980) fueron nombrados como gobernadores del Cabildo de Guambia. Este último puso en marcha la Primera Asamblea del Pueblo Guambiano, la cual hizo posible una alianza con otros sectores en varias regiones del país. Ésta visibilizó igualmente, como caso emblemático de la recuperación territorial, el de la Hacienda Las Mercedes (Vasco 1990). Durante este período, el CRIC, dice uno de los familiares del Taita, "estaba en manos de nuestros contradictores. Pero de 1980 a 1994, la dirigencia que entró era de los nuestros. Pero el discurso del Taita era radical, en el sentido de que el poder debía volver a los Taitas, y no a la burocracia indígena" (conversación con familiar⁸ del Taita Muelas, marzo de 2013). El Taita, como lo muestra su trayectoria, toma decisiones y participa en elecciones políticas que marcarían la bifurcación de su vida en 1991. Como actor político se inclinará más hacia el polo del poder político legítimo de las autoridades indígenas, alejándose en su práctica política y su discurso de la naciente burocracia indígena, más cerca del polo político tradicional.

b. El Prodein y las organizaciones indígenas nacionales

Con la emergencia y la consolidación de las organizaciones indígenas en los años ochenta, el Estado colombiano se vio obligado a reformular su política indigenista, desde la perspectiva de la constitución de un estatuto jurídico especial para los pueblos indígenas. Solicitó en ese momento a diferentes entidades la redacción de un informe sobre la población indígena. Este documento recibió la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El informe criticaba fuertemente la política de asimilación de los indígenas considerados más "evolucionados" y la política de las reservas que habían sido implementadas en los años sesenta. El documento hacía énfasis en la necesidad de reforzar las "autoridades indígenas" y sus gobiernos. Retomando a Dezalay y Garth, este documento puede ser interpretado como una primera importación de tecnologías jurídicas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas (Convenio 107 de 1957, OIT; Dezalay y Garth 2003). Éste fue el primer paso para la implementación del Programa Nacional de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas (Prodein), en el marco de una política indigenista "concertada" (Gros 2000).

El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), implementado por Virgilio Barco en 1986, implicó fuertes divisiones en el seno del CRIC.⁹ Algunos dirigentes de Guambia se dividieron para fundar el Movimiento de Autoridades del Sur Occidente (AISO) (Cauca, Nariño y Putumayo). Entre ellos, estuvo el Taita Muelas, quien afirmaba que había que diferenciarse a partir de la legitimidad "tradicional". Los dirigentes debían ser los responsables del mantenimiento del orden político y social, al igual que de la transmisión del saber "ancestral". Su reivindicación principal concernía al fortalecimiento del poder de las autoridades indígenas en el nivel local (Cabildos, caciques, capitanes, Taitas y mamos). Retomando el trabajo de Laurent, observamos la posición de Muelas frente al juego político: "A las reuniones de AISO siempre convocaba el gobernador de un resguardo. La junta era el grupo de gobernadores, el grupo de autoridades, no era una junta directiva sino una sociedad de autoridades" (Laurent 2005, 255). Esta posición, como lo afirmamos al inicio del artículo, manifiesta una apuesta por el ejercicio de la autoridad indígena como una expresión de autonomía.

El CRIC, según Muelas, se mete en un modelo de dominación para pensar la lucha, la política indígena, desde los términos y las formas de la sociedad mayoritaria.

Sin embargo, el modelo organizativo del CRIC fue adoptado en otras regiones del país, y los Consejos indígenas regionales se multiplicaron. En el ámbito municipal, muchas organizaciones se constituyeron alrededor de los cabildos (en 1980 había 151 cabildos con autoridades propias y reconocidas por organizaciones nacionales). El Gobierno colombiano fortaleció este proceso dando apoyo a organizaciones regionales para la realización de un Congreso nacional. En 1982 se constituyó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Con la implementación del Prodein, el Gobierno buscó la consolidación de un interlocutor indígena de nivel nacional para lograr el apaciguamiento de las tensiones y posibilitar la concertación de la política indigenista. Estas medidas de consolidación de las organizaciones estuvieron acompañadas de la entrada en el campo político de lo que M. Offerlé ha denominado un perfil político atípico,¹⁰ como fue el caso del Taita Muelas (Offerlé 1997).

La "cuestión indígena" se organizó a lo largo de los años ochenta en un subcampo de los derechos de los pueblos indígenas (Santamaría 2007). Según la socióloga francesa Virginie Laurent, la estrategia de concertación del Estado con las organizaciones indígenas puede explicarse por la pérdida de legitimidad que conoció éste durante los años ochenta, y el deseo de controlar las alianzas entre las organizaciones indígenas y los grupos armados (Laurent 2005).

Es importante recordar que durante los primeros años del CRIC, los grandes terratenientes del Cauca constituyeron grupos armados de autodefensa y de persecución de los indígenas (Los pájaros). El Consejo solicitó apoyo al M-19 para la constitución de grupos de autodefensa comunitarios indígenas en los años ochenta. A pesar de esta alianza militar, las relaciones entre la guerrilla y las autoridades indígenas eran difíciles, a causa del reclutamiento forzado de indígenas y los diálogos entre algunos terratenientes y la guerrilla. Todo lo anterior dificultaba las reivindicaciones agrarias de los indígenas, ya que la guerrilla consideraba la causa indígena como un instrumento en la lucha más general contra el poder central.

En 1983 fue constituido un grupo armado indígena, el Movimiento Indígena Armado Manuel Quintín Lame (MAQL). Su zona de despliegue fue el norte del Cauca, Tolima y norte del Huila. Este movimiento, compuesto por indígenas nasa, guambianos y coconuco, y por colaboradores no indígenas, hacía parte de una alianza con el M-19 y el Frente Ricardo Franco. En esa época, como ya lo vimos, el Taita Muelas participó en la consolidación del Movimiento de Autoridades del Sur Occidente, que fue víctima del MAQL. Surgieron entonces acusaciones directas contra el CRIC a causa de sus alianzas con el M-19.

Las diferentes autoridades indígenas exigieron entonces la salida de los grupos guerrilleros de los territorios indígenas, a través de la Resolución de Vitoncó. El MAQL pierde importancia y decide entrar en las negociaciones con el gobierno Gaviria (1990-1994), a fin de implementar un acuerdo de paz para la desmovilización y la reinserción de sus miembros a la vida civil. Uno de los dirigentes del MAQL, Antonio Peña Chepe, participó como representante indígena en la Asamblea Constituyente (AC) de 1991. Como lo afirmó uno de nuestros interlocutores, "qué época tan dura. Era impresionante ver al Taita hablar con esa fortaleza, enfrentando la guerrilla que lo quería matar. Yo lo veía ahí parado, con la voz que ni le temblaba, con las manos implacables. Al frente estaban un montón de hombres armados, listos para disparar. Y yo decía: 'Es imposible que a este hombre no le dé miedo'. Y nosotros detrás de él" (conversación con familiar del Taita Muelas, marzo de 2013). Este episodio, entre muchos compartidos durante la conversación con sus familiares, muestra de nuevo cómo aun en medio de la dominación política, económica y social de las élites políticas de la región y del país, el péndulo de la resistencia indígena, encarnada en este Taita, encuentra espacios políticos de difícil acceso, que se vuelven parte de su horizonte de los posibles.

3. La entrada en la política nacional

a. Muelas, un dirigente de nivel nacional

El Taita Muelas ya había tenido una trayectoria política, como lo muestra el trabajo de Laurent (2005). Al respecto, uno de sus familiares afirmó durante nuestro encuentro: "Nosotros lo veíamos hablar solo durante mucho tiempo en Mondomo. Pasaba horas, y manoteaba mientras trabajaba. Mucho tiempo después entendimos que lo que hacía era entrenarse, que estaba armando el discurso" (conversación con familiar del Taita Muelas, marzo de 2013). El Taita había intentado entrar a la Asamblea Departamental, pero sacó una votación mínima. Un familiar suyo nos dijo: "Pero es que los mismos paisanos, los profesores guambianos, me acuerdo, le decían: 'Pero quién va a votar por usted. Si usted es pobre, ignorante [.]', y se burlaban de él" (conversación con familiar del Taita Muelas, marzo de 2013). Como lo afirma Laurent, de quince mil votos que necesitaba, sólo obtuvo dos mil.

En los años noventa, la trayectoria de Lorenzo Muelas sufre un giro muy importante, en el marco de la Asamblea Constituyente. Se ve propulsado al escenario nacional, resultando elegido como uno de los dos representantes indígenas a la Constituyente.

Cito a continuación un extracto de la entrevista realizada con Martín Tenganá, indígena pasto, quien colaboró en la campaña del Taita para la Constituyente, y quien sería elegido posteriormente como el representante legal de AICO.

En esa época yo era estudiante en la Universidad de Nariño. Yo le daba mucha importancia a la antropología y a los antropólogos que daban su apoyo al movimiento indígena. Fue en la Universidad en donde comencé a oír hablar de los Arhuacos, los Koguis, los Paeces, los Guambianos del derecho mayor. La importancia de los indígenas, que estaba como dormida. Siendo yo todavía estudiante comencé a oír de la ley de origen, y comencé a oír de líderes como Abraham Tarapúez, Don Joaquín Tuatín, Cercelión Bitarquel, y de la historia de Juan Chiles. En las grandes Asambleas Regionales, encontré a líderes muy importantes de otros lugares del país como Bienvenido Arroyo, Leonor Zalabata, Floro Tunubalá, Segundo Tombé, Taita Lorenzo Muelas, Agustín Almendra, Mario Calambás [...] fue con la Constituyente que surgió AICO; yo fui el primer representante legal. (Entrevista a Martín Tenganá, excandidato indígena al Senado de la República, Bogotá, 1° de diciembre de 2010)

Martín Tenganá relata cómo el Taita Muelas se vuelve visible al lado de otros líderes indígenas en el seno del campo político y jurídico, gracias al modelo del Estado multicultural movilizado en el escenario constitucional del 91. Durante nuestro encuentro, el dirigente insistió en la forma como Muelas se hace visible ya desde principios del año 1970, gracias a sus capitales militantes individuales y colectivos acumulados a través de su trayectoria en AISO, durante las luchas por la recuperación.

De todos los líderes, la elección del Taita fue unánime durante una Minga. La manera como reflexionaba, como hablaba [...] En ese escenario varios pueblos del Sur se unieron: los Pastos, los Guambianos, hasta los Arhuacos. Y fue gracias a esa unidad que pudimos llegar a la AC. En esa época el Taita llegaba a la Universidad de Nariño y comenzaba a contar su historia desde que era terrajero.

Me acuerdo en la Universidad cuando pegábamos los afiches del Taita y él aparecía con sus vestidos y la gente los volteaba y se burlaba de los indios. Era eso lo que nos daba mucha valentía, los volvíamos a poner bien, y seguíamos adelante. Poco a poco la gente fue comprendiendo que ellos iban a la Constituyente a defender los derechos de los indígenas. En ese momento, AICO comienza a abrirse espacios políticos en Nariño y Cauca. A mí me eligen como representante legal en Neiva. U

Aunque existen críticas sobre la Constitución, fue ésta quien nos abrió las puertas como pueblos. Estábamos relegados, y la Constitución permitió un despertar y que el Estado reconociera a los pueblos, las comunidades, la organización política. Antes habíamos sido humillados, hoy somos autoridades. (Entrevista a Martín Tenganá, exrepresentante indígena en el Senado, Bogotá, 1° de diciembre de 2010)

Es así como en este contexto, paradójicamente, el multiculturalismo legal neoliberal le permitirá al Taita Muelas, gracias a las políticas de la diferencia, movilizar su capital étnico y militante indígena acumulado durante años de lucha a favor del reconocimiento de la "causa indígena". Sin embargo, como cualquier apuesta política de subalternidad, se trataba de un juego de péndulo entre la dominación/autonomía, que en ese momento permitió espacios de autonomía para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Chatterjee 1997; Guha 1997). Sin embargo, décadas después somos testigos de la enorme distancia existente entre ese derecho progresista plasmado en la Carta y las prácticas jurídicas del derecho vivo. Actualmente, a pesar de los espacios de autonomía abiertos, las organizaciones indígenas han entrado en procesos de concertación interminables con el Estado, en generación de planes de salvaguarda, en consultas previas y acuerdos que generan un desgaste increíble de lo político, de la autonomía, a causa de las exigencias de la burocracia nacional e internacional. Es decir, la idea de Muelas y de AICO -de un gobierno propio desde las autoridades indígenas- se ve cada vez más lejana en los contextos profesionalizados y burocratizados en los que se mueve la actual dirigencia indígena.

b. Los primeros candidatos indígenas

Virgine Laurent narra en su trabajo los prolegómenos de lo que sería la opción electoral de Muelas como una alternativa para la sociedad nacional. Recapitulando su trayectoria política, durante los años ochenta, Muelas había participado en la fundación del Movimiento de gobernadores del Sur, y en 1982-3, del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO). Durante cinco años (1985-1990), había realizado trabajo político de base como militante de AISO, en el departamento de Nariño. En 1985, recordemos, el Taita es elegido como Gobernador de Guambía. En 1990 se presenta como candidato a la Cámara de Representantes, sin éxito, pues la mayoría de los Guambianos votaron por candidatos liberales. En diciembre del mismo año se lanza como Constituyente (Laurent 2005, 256).

Esta Constituyente buscaba dar un nuevo aliento a la nación colombiana, después de la terrible ola de violencia y crisis del Estado que habían marcado al país en los años ochenta. Las elecciones fueron organizadas en diciembre de 1990, con el fin de escoger setenta delegados, que tendrían la responsabilidad de elaborar la nueva Constitución. Este proceso buscaba la participación de una pluralidad de sectores sociales. Sin embargo, la representación indígena no fue automática. Se estipuló que sólo se podía ser candidato "con una experiencia profesional de más de cinco años y títulos universitarios". Estas disposiciones excluían a los representantes de los sectores populares, por lo que muchos candidatos las tildaron de "elitistas", logrando finalmente que fueran excluidas. Dos organizaciones indígenas decidieron presentar a sus candidatos: Lorenzo Muelas, por AICO, y Francisco Rojas Birry,¹¹ por la ONIC. Es importante resaltar que AICO tenía apoyo sobre todo en el Cauca indígena con los Guambianos, Pastos, y también en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aun así, AICO, como organización disidente, tenía menos fuerza que la ONIC.

La lógica de reclutamiento de los partidos favoreció la postulación de candidatos socialmente legítimos (profesionales de la política y del derecho). El modo de escrutinio, equivalente a una "circunscripción nacional plurinominal", buscó dar beneficios a las "listas pequeñas". Sin embargo, el Partido Liberal implementó una estrategia, "la operación avispa", la cual consistió en presentar numerosos candidatos "fuera de la lista", para obtener un número mayor de curules. Al final, sobre las 119 listas (788 candidatos), sólo 29 listas obtuvieron curules.

En el caso de las organizaciones indígenas, la situación fue más complicada, pues los indígenas no tenían una tradición como electores, por lo que no aparecían en las listas electorales, por no tener, por ejemplo, cédula de ciudadanía. Igualmente, las organizaciones no tenían recursos para realizar sus campañas. Por todo lo anterior, es importante tomar distancia de aquellas versiones encantadas que presentan la Constituyente como un "momento de inclusión", que permitió la representación de "toda Colombia". Un análisis superficial del proceso electoral muestra cómo la realidad fue otra. Era claro que se le había apostado al sistema bipartidista. Gracias al éxito electoral del M-19, el nuevo grupo político obtuvo casi el 27% de los votos y 19 delegados. Sin embargo, los dos partidos tradicionales obtuvieron 45 delegados sobre 70 (25 por el Partido Liberal y 20 por el Partido Conservador). En este contexto, sólo quedaron unos cuantos delegados para la representación de los movimientos sociales y de los grupos minoritarios. Los cristianos evangélicos obtuvieron dos delegados. Igualmente, las organizaciones indígenas: la delegación de Rojas Birry, con 35.783 votos, y Lorenzo Muelas, con menos de 23.000.

Los dos candidatos fueron los primeros indígenas en participar en elecciones nacionales. Este momento corresponde a la irrupción en el espacio electoral de las organizaciones sociales indígenas, o para retomar una metáfora de Erwin Goffman, "la intrusión de los agentes de las bambalinas al escenario" de la política nacional. Los equipos de los candidatos trabajaron en la producción de agendas políticas, repertorios y estrategias para participar en la AC. Los candidatos indígenas, "profanos de la política", habían acumulado, sin embargo, capitales militantes y étnicos en el seno de sus organizaciones. No disponían de capitales políticos, escolares y jurídicos suficientes para participar en esta empresa. Como lo afirma Gabriel Muyuy,¹² fue para superar esta dificultad que se conformaron equipos jurídicos mixtos, gracias al financiamiento de la cooperación internacional. Se establecieron nuevas alianzas entre "profanos" indígenas de la política y los constituyentes progresistas, en oposición a los profesionales de la política (Bourdieu 1989).

Nosotros habíamos debatido los temas a tratar en la AC, la cuestión de la participación directa de los representantes indígenas. El equipo estaba compuesto por dirigentes indígenas y asesores externos. Era ya la última fase de la campaña; sin embargo, ni los liberales, ni los conservadores, ni los de la izquierda estaban de acuerdo con nuestra participación directa, es decir, sin que pasáramos las elecciones. El problema era que nosotros no teníamos experiencia en política electoral, a pesar de tener treinta años de experiencia en procesos organizativos. (Entrevista a Gabriel Muyuy, dirigente indígena, Bogotá, 7 de marzo de 2006)

Es importante recordar que el sistema electoral establecido para la Constituyente "puso a competir a los indígenas entre ellos mismos". Uno de los indigenistas más importantes del país, quien trabajó en procesos indígenas en el sur del país y en el Caribe, Víctor Daniel Bonilla, estuvo asesorando al Taita Muelas durante su campaña. Uno de nuestros interlocutores narraba al respecto: "Uno se pregunta por qué escogieron a Muelas y no a otro. Pues le cuento que Víctor Daniel Bonilla, que había recorrido el país indígena por todos lados desde la época de las masacres de los Guahibos, decía que nunca había visto a nadie así. El Taita era y es tan radical, es de una pieza. Esa fortaleza, incorruptible. Y para esa experiencia se necesitaba a alguien así. Alguien a quien no le diera miedo, que no se vendiera, ni vendiera la causa por nada. Ahí se jugaron cosas muy duras y mucha gente se les acercó ofreciendo plata. El Taita es tremendo. Hoy en día, todavía se camina cuatro horas diarias recorriendo el territorio. Si hay comida, come, si no hay comida un día, no come. Si no hay dos, pues no come dos, y así" (conversación con familiar del Taita Muelas, marzo de 2013). La campaña fue compleja, pues, como lo afirma Muyuy, el Taita y su equipo no tenían experiencia. Cuando salió electo, según sus familiares, Víctor Daniel Bonilla dijo: "¡Feliz! ¿Y ahora que lo eligieron qué vamos a hacer?".

Con la entrada del Taita Muelas se da una reestructuración del campo político colombiano, inducida por la producción de la Constitución de 1991. Esto implicó una transformación de las relaciones de poder constitutivas de éste. La AC sesionó por primera vez, en Bogotá, en febrero de 1991. El grupo de constituyentes trabajó durante ciento cincuenta días bajo la dirección de un presidente y de un secretario (Rojas Birry). Sin embargo, es importante retomar las reflexiones de Hale y Kymlicka, pues, a pesar de que desde las políticas de la diferencia se reconocieron derechos colectivos y derechos a la participación como el de consulta previa, éstas se basan en un multiculturalismo neoliberal y de Estado (Hale 2007; Kymlicka 1996 y 2003).

El Taita Muelas orientó su estrategia política en función de la estructura de su capital étnico, proponiendo una visión indígena de los derechos en medio de la competencia con los profesionales de la política. Así, el principio de jerarquización de los capitales le fue favorable. Tenganá utilizó en su discurso la imagen de una ruptura radical de la historia del país para caracterizar la entrada de los constituyentes indígenas. Sin embargo, retomando algunas ideas de Santiago Peña,¹³ jurista y analista del proceso, todo ese discurso sobre la igualdad durante la Constituyente puede ser considerado como la necesidad de un grupo de demócratas por mostrar que eran muy progresistas:

El gran éxito de la Constitución fue que en lo que soñamos en ese momento eran los derechos humanos, frente a una situación de violencia muy grande. Frente al tema indígena, es importante decir que existía una situación de violencia muy grande, heredada de España. Nosotros hace quinientos años que somos racistas, todo lo que se ha dicho sobre la igualdad es para esconder nuestro racismo.

Los que no son "purasangre" en este país han tenido muchas dificultades. Los indígenas, los negros, los mestizos, los trabajadores, todos aquellos a quienes no les hemos respetado sus derechos. Había un grupo de gente que buscaba el cambio. Era una idea más bien democrática para que todos los grupos sociales tuvieran una participación. (Entrevista a Santiago Peña, Bogotá, 1^° de diciembre de 2010)

Según Peña, los indígenas, más que representantes, fueron considerados como víctimas en la AC. Esta idea de Peña nos hace recordar la categoría que P. Bourdieu utiliza para dividir a los expertos jurídicos/ justiciables-víctimas (Bourdieu 1989, 9).

Los cambios sobre los derechos indígenas, en mi concepto, se dieron más por la participación de terceros. Su presencia fue muy importante para los demócratas. Mucha gente activa como Fals Borda, como Víctor Daniel Bonilla, estuvieron comprometidos. No tenían ambiciones personales, y lograron apoyo de académicos, de gente que comprendía el problema nacional. Sin embargo, la participación de los indígenas tuvo lugar en medio de fuertes tensiones. Ellos se acercaban a un grupo, luego a otro, tenían alianzas con mucha gente. ¡Había un gran entusiasmo para hacer grandes cambios!

Alguien importante fue Juan de la Cruz Varela. Era un mestizo, de origen boyacense. Tuvo un gran rol durante ese proceso. Muelas era un hombre muy aguerrido, pero durante la AC, en mi concepto, se trató a los indígenas más como víctimas, porque se les debía mucho, pero a la hora de la verdad, los resultados no fueron los mejores. (Entrevista a Santiago Peña, 1° de diciembre de 2010, Bogotá)

Retomando la posición política de Peña, podríamos afirmar que la emergencia de este personal político indígena se benefició de un fenómeno excepcional que permitió su movilidad excepcional. La Constituyente aparece aquí como un fenómeno casi azaroso, que permite la entrada al campo del derecho constitucional, provisionalmente. Esta entrada implicará cambios en la trayectoria personal de Muelas, quien debió trasladarse a Bogotá y rápidamente tuvo que familiarizarse con la dinámica de elaboración del derecho constitucional. En palabras de Muelas, tomadas de Laurent, se había ganado dignidad: "hoy me llaman honorable... hace treinta años me sentía más miserable que una suela de zapato" (Laurent 2005, 256). Sin embargo, la ambigüedad en sus discursos muestra esa tensión entre dominación y autonomía durante el proceso y la pos-Constituyente.

El Taita Muelas afirmó años después, con rabia, su inocencia durante el proceso, cuando se develaron las reglas del juego. Muelas hizo énfasis en la enorme confianza que tenían él y el movimiento en la Constituyente: "Esto nos costó casi la lucha". Muelas narró su preocupación, cuando tres días antes de finalizar las sesiones en la mesa de redacción, se dio cuenta de que "nos habían robado todo lo que habíamos logrado en cinco meses. Cuando el proyecto definitivo llegó, casi todos los artículos que habíamos introducido habían desaparecido, aunque teníamos el apoyo de varios delegados. Tres días antes, las comunidades indígenas habían retornado a los territorios, confiando en el proceso". Para Muelas, él tuvo que denunciar al país la manipulación, y tras una ardua confrontación con el Gobierno, se lograron cambios (Muelas, en ONIC 2010, 328).

Como lo afirmó Peña, la violencia invisible y simbólica del derecho se ejerció con la complicidad de los dominados, y se tradujo en la imposición de un modelo de acción, de una lógica de definición de las prioridades, una especialización temática y un modelo de producción del derecho constitucional. En este sentido, los representantes indígenas "entraron en el juego del derecho" conscientemente, pero sin conocer en profundidad la lógica jurídica.

A pesar del gran entusiasmo de la gente por la posibilidad de grandes transformaciones, el Gobierno no tenía la voluntad de hacerlo. ¡Gaviria nos pidió hacer las reformas, los cambios que se requerían, en cinco meses! ¡Hacer una Constitución para generar verdaderos cambios en la situación en la que estaba el país, no podía darse en cinco meses! Esto hizo que muchas cosas fracasaran. Logramos salvar, creo, el tema de los derechos humanos. Pues se hicieron reconocimientos importantes, aunque tras eso se han hecho 32 reformas constitucionales. Las figuras reconocidas a los indígenas no fueron en realidad gran cosa. Hasta que se dijo que iban a tener dos curules en el Congreso, hasta ese momento los indígenas no tenían nada. Personalmente, comprendí esto como un ejercicio de segregación. Para mí era algo como: "Miren, indígenas, yo les doy dos curules porque somos iguales. Era para demostrarles que éramos demócratas, hasta el punto que hasta los indígenas pueden venir de a dos". Y eso fue lo máximo que se hizo. ¡Un gesto democrático para mostrar, pero de democrático, en realidad, nada! Esta circunscripción especial, desde mi punto de vista, les quitó poder político, los hizo enamorarse de una pequeña responsabilidad, pero les quitó su verdadero poder de lucha. (Santiago Peña, 1° de diciembre de 2010, Bogotá)

Peña introduce una posición política bastante inédita sobre el proceso constituyente. En sus afirmaciones críticas y desencantadas hace múltiples referencias a tabús sobre los cuales ni el movimiento indígena ni los juristas progresistas han reflexionado. Su posición política refleja críticas de los estudios de interculturalidad de la región (Walsh, 2002; Safran 2002; Garcés 2010). La epistemología de la "modernidad", como lo afirman estos autores, se caracteriza por la ilusión de un conocimiento des-incorporado y des-localizado a través de macro-narrativas como "la democracia", "la justicia". Peña cuestiona los derechos indígenas como una macronarrativa.

c. Principales marcos de acción de Lorenzo Muelas

El proceso constituyente, atravesado por fuertes procesos de racismo y de segregación, implicó también para Muelas la posibilidad de crear y de apropiarse discursivamente de categorías del movimiento indígena internacional (Santamaría 2008).

Muelas fue encargado de elaborar un conjunto de reglas fundadas en principios racionales de vocación universal. En este sentido, poseía con su equipo espacios creativos de autonomía en el seno de la Constituyente, los cuales se vuelven palpables en el número de veces que tomó la palabra y los contenidos de su discurso. Tras una consulta de los documentos del AGN, ubicados en el fondo de la Constituyente, encontramos algunas características de los discursos más representativos del Taita.

Muelas aparece en 51 documentos.¹⁴ Los temas de discusión se basaron en los principales ejes de trabajo del movimiento indígena (ver tabla 1). Sin embargo, es importante resaltar que el discurso de Muelas no se fundó solamente en la perspectiva indígena, sino que generó una estrategia política y jurídica para la defensa de los derechos humanos, articulando marcos de la acción colectiva indígena con otros discursos compatibles del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional.

Entre los principales temas aparecen el Derecho Mayor y la autonomía indígena como base de los derechos que serían reconocidos. Este derecho había sido reconocido internacionalmente como "derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas", a finales de los años ochenta, por la OIT, en el Convenio 169 (López 2007; Padilla 1996; Willem Assies et al. 1999; Naciones Unidas 2007). Muelas introdujo en sus reflexiones los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente, los derechos territoriales. Lo anterior permite observar cómo la plataforma de lucha de la AICO logra entrar en la Carta Constitucional a través de un proceso de juridización. Retomando a De Sousa Santos, es interesante ver cómo esta discusión permite el aprovechamiento de la apertura liberal ofertada por el proceso constituyente. Muelas logra abrir en el sistema político colombiano líneas de fuga, "boquetes", con el discurso de los derechos humanos, sistema que había entronizado los derechos individuales como los "derechos supremos", permitiendo el reconocimiento de derechos colectivos (Kymlicka 1996; De Sousa 2007).

Otro de los temas fundamentales introducidos por el Taita fue la redistribución de la propiedad de la tierra y el territorio. Este derecho es el fundamento del uso, control y gestión del territorio efectivo desde las prácticas de los pueblos indígenas. Este punto había sido prioritario en la plataforma de lucha de los pueblos desde los años setenta, de la mano de la lucha por el territorio y la tierra (Caja 84, dossier 863, folio 1). Aunque Muelas y su equipo le apostaron a que el Estado asumiera políticas de gestión descolonizadoras para el reconocimiento y la redistribución del territorio, sin embargo, el articulado final introdujo reservas sobre el subsuelo. Finalmente, el reconocimiento del pluralismo jurídico, encarnado en la jurisdicción especial indígena, buscaba en la propuesta de Muelas el ejercicio de una normatividad jurídica, política y cognitiva en igualdad de jerarquía. Su mirada buscó ir más allá del multiculturalismo legal, el cual establece protecciones internas del sistema jurídico (Kymlicka 1996). No obstante, al igual que frente a los límites introducidos en el tema territorial, el reconocimiento de la jurisdicción especial implicará, desde un mirada multiculturalista, "protecciones externas" y restricciones internas que limitarán el primer y segundo grupos de derechos relacionados con la autonomía y el territorio (Kymlicka 1996). El análisis de la participación de Muelas en la Constituyente implica, por supuesto, un trabajo más profundo, el cual está desarrollando el Taita Muelas actualmente. Sin embargo, como conclusión preliminar, es posible afirmar que su repertorio discursivo cristalizó elementos del debate internacional sobre el multiculturalismo legal en escenarios como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Tarrow 1998, 67).

Muelas, a través de sus alianzas con otros constituyentes como Fals Borda, trabajó por desplazar lo más posible "los límites de la tolerancia liberal multiculturalista" (Kymlicka 1996). Como lo han afirmado autores como Willem Assies et al. y López, un verdadero pluralismo jurídico implicaría, por ejemplo, que las decisiones de las justicias indígenas no fueran revisadas por órganos de la rama judicial. En este sentido, se evidencian en los archivos analizados fuertes restricciones de entrada para la "cuestión indígena" en el campo jurídico durante el proceso de producción de los universales constitucionales (Caja 31-34, dossier 647, folio 21). A pesar de sus posibilidades y limitaciones políticas, desde allí las organizaciones indígenas han fundado jurídicamente sus luchas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a su identidad cultural. El Estado reconoce y garantiza la legislación especial, sus propias formas de organización social, de gobierno, sus costumbres, lenguas, formas de educación, medicina tradicional, formas de propiedad y usos de la tierra. (Caja 84, dossier 863, folio 1)

A manera de conclusión

Existen múltiples miradas respecto a la Constitución del 91 y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por una parte, una mirada encantada desde el movimiento, reforzada por la Corte Constitucional, que ve los avances como una gran conquista política. Sin embargo, ni los líderes indígenas ni los magistrados progresistas han desarrollado un ejercicio crítico del activismo indígena y judicial frente a las consecuencias perversas del multiculturalismo legal. Sin embargo, como lo vimos, hay posiciones políticas más críticas, que muestran obstáculos y tabús, innombrables frente al proceso de constitucionalización de la "causa indígena". Uno de ellos es la voz del mismo Taita Muelas. Su trayectoria nos muestra cómo durante estos años, los recién llegados al campo político, apoyándose en el repertorio de los derechos humanos y el principio de la autodeterminación, entre otros, penetraron el campo político subvirtiendo jerarquías políticas a través de la movilización del capital étnico. Estos representantes se hicieron presentes pero debieron enfrentar la perversidad de una propuesta nueva, que, en función de la gestión estatal neoliberal, limitó su capacidad transformadora. Aunque los indígenas le dieron la vuelta al estigma milenario, cabe preguntarse, después de más de veinte años de vigencia de estas normas -y en medio de la expedición del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, el cual afirma que los pueblos indígenas están en riesgo del exterminio físico y cultural-: ¿si es posible descolonizar un Estado como el colombiano, superando un multiculturalismo neoliberal que deja un balance muy negativo frente a la situación de derechos de los pueblos?

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos sobre cómo lograr en el escenario actual que la interculturalidad permita una autonomía indígena que no vuelva la causa "materia estatal" manteniendo un "multiculturalismo domesticado". Éstas y otras preguntas deben ser planteadas y trabajadas por la comunidad académica para que sea posible convertir la autodeterminación y el gobierno indígena no solamente en un tema burocrático y reproductor en clave multicultural de la colonialidad estatal.

Comentarios

^* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto ALFA III, RIAPE 3, sobre educación superior e inclusión social, bajo la coordinación de la Universidad Lusófona y en asociación con treinta y dos universidades de América Latina.

¹ La noción de campo para Bourdieu es central. Éste constituye un espacio social particular compuesto por agentes que ocupan posiciones específicas. Un campo es primordialmente un sistema de posiciones de agentes determinados por sus habitus, que reposan sobre mecanismos estructurales de competencia y dominación (Bourdieu y Wacquant 1992).

² Como lo afirma A. Quijano, la idea de raza no tiene antecedentes antes de América. Lo anterior implicó la producción de nuevas identidades sociales subalternizadas, tales como indios, negros, mestizos. Además, a estas razas fueron asociados posiciones, recursos y capitales a través del patrón de dominación colonial impuesto (Quijano 2000, 202).

³ Este concepto está en construcción. Sin embargo, la hipótesis que hemos venido manejando en trabajos anteriores es que a partir de un capital específico como el étnico, los líderes indígenas y sus movimientos abrieron espacios de autonomía en ciertos países e instancias, que han establecido las bases para un campo étnico, que debe ser caracterizado en el marco justamente del tema del dossier sobre los cambios constitucionales en las últimas décadas. Por esta razón, nos centraremos en este trabajo en el capital étnico.

⁴ No pretendemos desarrollar aquí una arqueología de los Colegios de Abogados. Tan sólo buscamos mostrar un dato histórico que, tras nuestra experiencia en los programas de inclusión de estas comunidades en el sistema de educación superior, nos permite verificar que la cuestión no ha cambiado mucho. Sin embargo, este tema se desarrollará detalladamente en futuros trabajos.

⁵ Esta escuela se constituirá más tarde en una de las primeras escuelas comunitarias del CRIC en los años setenta (CRIC 2009).

⁶ 1) Dotación de tierras a campesinos carentes de ellas; 2) adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, y 3) dotación de servicios sociales básicos.

⁷ Este organismo desarrolló una política de división de Resguardos.

⁸ Por petición del entrevistado, no revelamos su identidad por razones de seguridad.

⁹ Este programa ponía el énfasis en la idea del "desarrollo auto-gestionado". Tenía como punto muy positivo fortalecer el poder de las autoridades indígenas y favorecer el desarrollo de proyectos regionales y locales.

¹⁰ El autor se refiere aquí a políticos poco titulados y poco legítimos.

¹¹ F. Rojas Birry, del pueblo Emberá, fue uno de los fundadores de la Organización Regional Emberá (OREWA). Nació en el Chocó en 1960, e inició estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Medellín. Cuando presentó su candidatura estaba finalizando su carrera de Derecho.

¹² Miembro del pueblo Inga, nacido en 1957. Hijo de un médico tradicional, participó durante sus estudios de Filosofía, Teología y Antropología en Medellín en el movimiento "Conciencia Identitaria". Fundador con Rojas Birry del primer cabildo urbano en Medellín. Después de sus estudios se retiró a su región de origen y fundó la organización Musu-Runacuna. Participó en los primeros congresos de la ONIC y fue vicepresidente en 1990. Fue elegido como senador de la República en 1991 y 1994. Se desempeñó posteriormente como Defensor de los pueblos indígenas, afros y rom en la Defensoría del Pueblo. Ocupó cargos de gran reconocimiento, como la presidencia del Fondo Indígena, y hoy trabaja con la Vicepresidencia de la República (entrevista personal realizada en 2006).

¹³ Jurista, Universidad Nacional. Aproximadamente 83 años. Ha sido, en su larga trayectoria, profesor y columnista de El Espectador. Siguió como militante y analista el proceso de la Asamblea Constituyente.

¹⁴ Muelas tomó la palabra 51 veces durante la AC. Para tener un punto de referencia, el exmilitante del M-19 Antonio Navarro Wolf aparece 261 veces, y el presidente de la AC, Álvaro Gómez Hurtado, 213 veces. Francisco Rojas Birry aparece 71 veces, y el delegado del MAQL, Alfonso Chepe Peña, sólo 21 veces. Otros constituyentes originarios de la izquierda, como Orlando Fals Borda, 78 veces, y Angelino Garzón, 109 veces.

Referencias

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