Carta a los lectores

Carlo Nasi^*

^* Profesor asociado, politólogo de la facultad del departamento de ciencias políticas de la Universidad de los Andes y Editor de la revista Colombia Internacional. Bogotá (Colombia).

Comienza 2016, un año lleno de retos difíciles para el país. El principal de ellos será culminar exitosamente las negociaciones de paz con las FARC, lo que daría inicio al posconflicto. Si las negociaciones llegan a buen término y son ratificadas por la mayoría de los colombianos, se producirá un hito histórico: por primera vez en más de cincuenta años tendremos paz. Una paz imperfecta, claro, pero cuya importancia no se puede desestimar.

La paz será imperfecta porque incluye una dosis de impunidad grande para los perpetradores de delitos graves. Gústenos o no, ese es el costo que hay que pagar en toda negociación de paz. Si, incluso, en las instancias claras de "justicia de vencedores" hubo castigo para apenas una pequeña fracción de los perpetradores de crímenes de guerra (piénsese en Alemania y Japón como países derrotados y ocupados por las fuerzas aliadas luego de la Segunda Guerra Mundial), resulta inverosímil pretender que en Colombia, donde las FARC no fueron doblegadas, se apliquen sanciones drásticas a todos los que cometieron delitos atroces.

A su vez, con la paz no se trata (ni mucho menos) de "entregar el país al terrorismo", acusación que va en contravía de toda evidencia. Ni el alcance de los acuerdos de paz da para pensar en un vuelco institucional que nos conduzca a desvirtuar a nuestras instituciones, ni el endeble apoyo social del que gozan las FARC permite anticipar que llegarían al poder por la vía democrática en el corto o mediano plazos. Para que las FARC obtengan el favor de las mayorías (si es que algún día lo logran) deberán primero recorrer un largo trecho, que incluye dejar de lado las autojustificaciones y distanciarse de su propia historia violenta.

De lo que se trata con la paz imperfecta es de demostrar que somos capaces de resolver nuestras diferencias políticas sin matarnos los unos a los otros. Nuestra democracia funcionará bastante mejor sin toda la interferencia generada por la guerra en materia de asesinatos, atentados, secuestros, intimidación, "boleteo", amenazas y demás. Por supuesto, persistirá la criminalidad, pero en la medida en que ya no existan territorios controlados por las guerrillas, el Estado estará en mejores condiciones de enfrentarla. Además, si se desmovilizan las FARC, el gobierno podrá concentrar recursos en combatir la criminalidad, en vez de dispersarlos en labores contrainsurgentes.

La paz también significará una oportunidad única para poder saldar la deuda histórica que tiene el país con las zonas rurales olvidadas, y la consolidación allí de condiciones favorables para la inversión, la creación de empresa y la generación de empleo. Todo esto resulta más que urgente si se consideran los tiempos difíciles por los que atraviesa la economía: si uno toma en cuenta las graves consecuencias que nos han implicado la caída del precio del petróleo, la inflación y el "fenómeno del Niño", es más que sensato buscar ahorrarnos los costos de destrucción que significa la guerra.

Dicho esto, aunque el número 86 de Colombia Internacional se planteó como una convocatoria de tema libre, tiene algunos componentes temáticos: en efecto, dos de los artículos seleccionados para publicación versan sobre asuntos electorales: el texto de Gerardo Isaac Cisneros aborda el fenómeno del voto "anulista" en México, tomando como caso de estudio los comicios para diputados federales en 2009; y el de María Camila Angulo versa sobre la relación de mutua causalidad entre el comportamiento electoral y la simpatía partidista de los ciudadanos en Bogotá.

Dos artículos abordan el tema de la transformación de las identidades y los sistemas políticos. Hernán Fair analiza los cambios llevados a cabo por Menem en Argentina, de un peronismo nacional-popular hacia un modelo neoliberal de acumulación. Por su parte, Rafat Ghotme y Nadia García estudian la nueva cara del autoritarismo, consolidado en Egipto tras la caída de Mubarak en 2011.

El artículo restante, no por ello menos relevante, desarrolla el tópico de la rendición de cuentas. Guillaume Fontaine, Esther Sánchez, Marco Córdova y Susan Velasco analizan, en un estudio comparado entre Colombia y Ecuador, por qué los gobiernos ven la necesidad (o no) de incluir a actores no estatales en la toma de decisión y la adopción de políticas públicas. Para ello, se refieren al mecanismo de consulta previa frente a las poblaciones indígenas con respecto a las políticas de petróleo y gas en estos dos países.

Espero que este número agrade a los lectores y contribuya a un mejor entendimiento de la política contemporánea.