Colombia enfrenta una enorme incertidumbre como producto del resultado del plebiscito sobre los acuerdos de paz de La Habana. Lo que debía ser el último paso de una negociación que daría lugar a la desmovilización de las FARC y a la implementación de lo pactado, se convirtió en un salto al vacío con el triunfo del No. Aunque se han hecho marchas por la paz en distintas ciudades y declaraciones de apoyo a la vía negociada por parte de varios sectores políticos, todavía no se ve humo blanco. La renegociación de los acuerdos se ha convertido en un "duro pulso" que ha puesto a prueba la visión, generosidad, creatividad y voluntad de paz de las distintas partes involucradas.

Por supuesto, en el debate nacional nadie defiende abiertamente la guerra. Todos dicen querer la paz a sabiendas de que abogar por la prolongación del conflicto armado es supremamente impopular. Con todo, no hay que olvidar que, al tiempo que perjudica a muchos, la guerra beneficia a unos cuantos. La guerra es (en parte) un gran negocio. Hechos como que Colombia gaste anualmente cerca del 5% del PIB en seguridad y defensa, y que otros beneficiarios hayan pescado en río revuelto para despojar tierras o comprarlas a precios irrisorios en zonas de conflicto, dan una idea de los recursos que están en juego y pone en evidencia que terminar la guerra perjudicará a varios.

Lo anterior debe servir para prender alarmas. Los beneficiarios de la guerra (y que en últimas quisieran prolongarla) nunca la defenderán abiertamente. La guerra es indefendible (a excepción de unas pocas guerras justas). Pero hay formas de torpedear la renegociación de los acuerdos de paz ocultando o disfrazando las verdaderas intenciones de los ataques. Bajo argumentos moralistas, patrióticos o "de principios", los defensores de la guerra pueden proponer toda suerte de iniciativas inviables con el fin de que se hunda la paz. Si logran sus propósitos, luego se lavarán las manos culpando a Santos por haber llegado a un acuerdo de paz "pésimo e inaceptable" y a las FARC por no acceder a renegociar lo que concierne a sus peticiones. El Gobierno deberá estar particularmente alerta frente a dichos saboteadores. Deben ser públicamente expuestos y marginados de la renegociación, si es que queremos poner fin a más de cincuenta años de guerra. Las Ciencias Sociales y la academia también tienen un importante papel por cumplir, aportando criterios y análisis en esta coyuntura tan compleja.

El presente número de Colombia Internacional incluye dos artículos sobre temas electorales. El de Margarita Battle sobre el impacto de la Ley de cuota de género en el Congreso de Colombia, que analiza los factores que explican la creciente participación de mujeres en el Congreso de Colombia y contrasta esto con el impacto de la Ley en las elecciones subnacionales. Y el de Gustavo Martínez sobre la selección de candidatos a gobernadores por parte del Partido de la Revolución Democrática en México entre 2000 y 2015. Según el estudio, la selección incluyó a candidatos externos al partido y no fue tan exitosa en términos electorales.

El texto de Sebastián Riomalo, en cambio, explora en qué medida las actitudes hacia los temas de la guerra y la paz en Colombia se explican por orientaciones ideológicas y de auto-interés. Al comparar distintos territorios durante el período 2012-2016, Riomalo llega a la conclusión de que en las zonas próximas a los teatros de guerra las personas tienen creencias menos ideologizadas sobre la construcción de paz que las personas que residen en lugares más seguros.

Por su parte, Simón Pedro Izcara realiza una lectura crítica de la política migratoria de Estados Unidos y de su impacto en la creación de un mercado laboral agrario irregular en la frontera con México, caracterizado por una extrema precariedad y altos niveles de explotación. Francisco Thoumi aborda un vacío legal que existe en la legislación internacional sobre drogas, cuando establece que las drogas controladas sólo pueden utilizarse para fines médicos y científicos, sin aclarar lo que ello implica. En ese sentido, el autor sugiere formas de remediar dicho vacío. El número concluye con un documento de Germán Bidegaín sobre una agenda de investigación con relación a la institución vicepresidencial en América del Sur.

Finalmente, queremos compartir con los lectores que el Equipo Editorial junto con su Consejo Editorial aprobaron la publicación de cuatro números de la Revista a partir de 2017, cuya periodicidad será: enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre y octubre-diciembre. Con este cambio de periodicidad pretendemos ampliar nuestros puentes de diálogo con la comunidad académica, nacional e internacional, poniendo a su disposición mayor cantidad de contenido de alto nivel, que aporte a los múltiples debates académicos en la disciplina.