Introducción

Desde la década de los setenta del siglo pasado, la democratización se convirtió en un tema central de la Ciencia Política, no sólo debido al final de las dictaduras en América Latina sino también a la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este al final de la Guerra Fría. En un primer momento, los debates al respecto se enfocaron en el ámbito institucional y nacional, a partir de toda la literatura suscitada por las problemáticas de la transición y de la consolidación democrática.¹ No obstante, estos enfoques recibieron rápidamente críticas por su carácter limitado y poco adecuado para entender la complejidad de los procesos de la democratización.² Desde entonces, los estudios sobre los procesos de democratización han tomado varias direcciones que han permitido incorporar en la problemática a países como Colombia, que no encajan en el modelo de la transición y de la consolidación aplicable a los regímenes autoritarios típicos. En efecto, el caso colombiano es particular no sólo por la ausencia de una tradición autoritaria, sino por la existencia de un conflicto armado prolongado que puede darle ciertos tintes de autoritarismo a la política local, en el marco, claro está, de un sistema democrático formal.³ Casos complejos como este obligan a repensar las dinámicas políticas que se inscriben en países con instituciones democráticas, pero donde la democracia está lejos de funcionar idealmente, sobre todo si se consideran no sólo los escenarios políticos nacionales sino también los subnacionales.

El trabajo de Edward Gibson se convirtió hace un tiempo en una referencia sugestiva para analizar críticamente el funcionamiento de los regímenes democráticos, tomando en consideración el ámbito subnacional (Gibson 2010 y 2012). Desde la perspectiva de este autor, el hecho de que un Estado posea un sistema democrático funcional y estable a nivel nacional, no implica de ninguna forma que a nivel local se adopten las mismas lógicas de funcionamiento político/electoral. Gibson sostiene que, por ejemplo, en los casos de México, Argentina y Brasil, al constituirse el orden democrático, los agentes democráticos nacionales, incapaces de doblegar a las élites locales autoritarias, tuvieron que negociar con ellas, permitiéndoles guardar dentro de sus espacios de influencia la capacidad suficiente para ejercer control hegemónico sobre la población en sus territorios. Según Gibson, a estas áreas donde la democratización no penetró o lo hizo de forma incompleta, se les puede considerar "autoritarismos subnacionales dentro de un Estado democrático".

Cada vez más, las tesis de Gibson han sido retomadas y aplicadas al caso colombiano por autores que han puesto en cuestión el carácter democrático de la política subnacional (Ávila 2013; Osorio Pérez 2015; Romero y Valencia 2007; Rosero 2015; Trejos 2015; Valencia y Ávila Martínez 2014). Todos estos trabajos han recalcado cómo el paramilitarismo, en alianza con algunas élites políticas y económicas regionales, logró establecer autoritarismos subnacionales en varias zonas de Colombia. En estos trabajos se ha documentado el uso de diversas estrategias de control político/electoral, que combinan la violencia y el clientelismo, para mantener el control hegemónico sobre territorios que nominalmente son democráticos. Igualmente, en esos trabajos se ha señalado la formación de alianzas entre el poder central y los poderes territoriales autoritarios.

Estas visiones se popularizaron después del escándalo de la parapolítica que cambió totalmente la perspectiva que teníamos sobre la política subnacional en el país. Hace dos décadas, María Teresa Uribe de Hincapié describió el conflicto en las regiones en términos de estados de guerra prolongados entre actores que luchaban por configurar órdenes de facto con pretensiones de soberanía (Uribe de Hincapié 1998). La imagen de anarquía que resultaba de soberanías fragmentadas fue así sustituida por una visión diametralmente opuesta de control absoluto ejercido por actores autoritarios, aunque únicamente en el ámbito local.⁴

La combinación de unas élites locales poderosas con un Estado que tiene dificultades para ejercer soberanía sobre su territorio, ya que en él están presentes agentes armados ilegales, hace que a primera vista las tesis sobre el autoritarismo subnacional resulten atractivas para clarificar el modo de funcionamiento de la democracia colombiana a nivel local. Sin embargo, en este artículo se intenta poner a prueba la tesis de Gibson (así como sus intentos de aplicación al caso colombiano), partiendo de la observación y el análisis de las dinámicas políticas locales en Riosucio, un municipio situado en el norte del Chocó que hace parte de la subregión del bajo Atrato colombiano.⁵ Este municipio que pertenece al país periférico -en tanto que está distante de la realidad de los centros del poder nacional- ha sido uno de los escenarios más álgidos del conflicto armado en los últimos 25 años.⁶ Allí existen también minorías étnicas que, sobre todo desde la promulgación de la Constitución de 1991, han procurado reivindicar y ejercer derechos étnico-territoriales. Aunque, como se verá más adelante, este terreno podría ser considerado a priori como un caso extremo de lo que debería ser un autoritarismo subnacional, aquí se abre la pregunta de qué tan pertinente resulta ser esta categoría para interpretar las dinámicas políticas que allí tienen lugar.

Al tomar como punto de partida el ámbito subnacional, aquí se asume una premisa básica: la adopción de reglas democráticas a nivel nacional es sólo el primer paso hacia una democratización efectiva de los territorios de un Estado. La consolidación territorial de la democracia tiene sus propias dinámicas, problemáticas y desafíos, por lo que su estudio demanda formas cada vez más refinadas de aproximarse a la formación de los procesos políticos dentro de escenarios locales. Esto exige obviamente poner la mirada en las élites políticas locales⁷ para analizar la forma como ellas llegan al poder y se consolidan como tales, tejiendo relaciones con élites políticas departamentales o nacionales, y eventualmente con actores poderosos de diferente índole como los grupos armados al margen de la ley. Pero también requiere observar los actores sociales que se organizan para formular y hacer valer demandas o reivindicaciones étnico-territoriales, intentando de uno u otro modo entablar una interlocución y una relación con las élites políticas situadas en el ámbito subnacional.

A nivel metodológico, esta investigación combinó tres modalidades. En primera instancia, se basó en una observación participativa de los comicios electorales locales llevados a cabo en 2015. En segunda instancia, el ejercicio de observación se combinó con entrevistas semi-directivas realizadas a líderes políticos y comunitarios de la zona. Y por último, los datos cualitativos recogidos mediante las dos primeras modalidades fueron contrastados con un análisis de los resultados electorales que se han dado en el municipio desde 2011, para lo cual se apeló al enfoqué de la geografía electoral.⁸

Con base en la información recopilada y en la investigación realizada, en este artículo se mostrará que, aunque Riosucio constituye un terreno fértil para que el autoritarismo se enquiste en la política local -particularmente dado el contexto de violencia extrema, de corrupción y de fragilidad de la sociedad civil-, la realidad de la política local muestra, a la inversa, una situación de fuerte competencia electoral y de dificultad por parte de las élites políticas locales para mantener su poder. La hipótesis aquí es que precisamente, debido a este contexto difícil, dichas élites locales carecen de las conexiones necesarias con las élites nacionales para estabilizarse.

1. Las tesis del autoritarismo subnacional de Gibson

En su artículo "Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos"(2006), Edward Gibson evidencia la manera en que dentro de un régimen democrático, pueden subsistir regímenes locales y regionales de tipo autoritario. El autor propone que, en algunos casos, las élites regionales pueden resistir los procesos de democratización e imponer de manera informal sistemas y reglas de funcionamiento político/electoral autoritarias, perpetuando su control hegemónico a nivel territorial local. Estos fenómenos -que Gibson denomina autoritarismos subnacionales - se dan gracias a una conexión particular que esas entidades territoriales logran establecer con el nivel nacional.

Gibson señala, entonces, que en la práctica no existe necesariamente una contradicción entre el sistema central democrático y el local autoritario, puesto que la conexión entre las autoridades locales y las nacionales se basa en dinámicas históricas de negociación y adaptación, en las cuales ambas partes pueden coexistir e incluso generar relaciones de mutuo beneficio. Así, los gobiernos nacionales obtienen de los territorios autoritarios apoyo político y electoral para mantener su poder dentro del sistema democrático, mientras que el Estado central es complaciente con las prácticas antidemocráticas que perpetúan el poder de las élites locales. Para Gibson, este sistema de suma positiva para ambas partes tiende a consolidarse en el tiempo, profundizando la dependencia entre uno y otro nivel.

Gibson señala, además, que los poderes autoritarios locales tienden siempre a desconfiar de sus pares nacionales, por lo que desarrollan una serie de estrategias para controlar sus territorios: 1) el control de las fronteras y los espacios subnacionales; 2) la nacionalización de la influencia; 3) la monopolización de los vínculos entre lo nacional y lo subnacional.

El control de las fronteras y los espacios subnacionales consiste en intentar minimizar al máximo la intromisión de actores externos en los conflictos políticos a nivel subnacional. Esto significa que un autoritarismo subnacional sólo puede consolidarse en la medida en que élites políticas locales poderosas logran mantener su zona de influencia aislada del ámbito nacional. Para ello, es preciso controlar los flujos de información, evitar la intromisión de agencias nacionales en el ámbito local-regional y mantener cierto dominio sobre la formación de grupos políticos competidores a nivel local.

La segunda estrategia -la nacionalización de la influencia- se refiere al conjunto de acciones empleadas por las élites locales autoritarias para influir sobre el gobierno nacional, y así mantener los convenios de no intromisión del centro sobre los asuntos subnacionales. Es decir, para consolidar un autoritarismo subnacional, es clave no sólo que las élites políticas locales monopolicen los espacios de representación local, sino también que se hagan indispensables para la gobernabilidad de los poderes centrales y participen directamente en altos cargos de gobierno, de modo que sea posible proyectar los intereses locales-regionales al nivel nacional.

Por último, el control monopólico de los espacios de interacción entre los ámbitos local y nacional, implica, para Gibson, intervenir en los puntos de contacto no institucionales o gubernamentales, como los medios comunicación, las organizaciones sociales y toda clase de actores que puedan establecer un enlace con el nivel nacional y así perturbar el control político territorial que ejercen las élites autoritarias subnacionales. Si el control no es del todo monopólico, las élites políticas locales que pretenden establecerse como hegemónicas deben al menos ser capaces de neutralizar los vínculos con lo nacional que intentan establecer sus fuerzas políticas opositoras.

Adicionalmente, el autor establece una serie de condiciones que hacen a un territorio particularmente vulnerable a la aparición de autoritarismos subnacionales. En primer lugar, Gibson sostiene que dentro de espacios rurales, debido a la existencia de élites políticas tradicionales y autoritarias, sin mayor competencia política, se puede esperar la existencia de estrategias de control político autoritario de la población. Lo anterior, partiendo de la idea de que las ciudades son escenarios de mayor competencia política, donde los movimientos contra-hegemónicos son más probables. En segundo lugar, el autor recalca que uno de los elementos que suelen acompañar a los autoritarismos subnacionales es la hegemonía de partido. En este sentido, el dominio territorial de las élites locales se suele revestir bajo la imagen de una colectividad predominante, que copta la mayoría de los cargos de gobierno y representación. En tercer lugar, el gobierno autoritario local debería ser independiente a nivel fiscal de los ciudadanos en su territorio, lo que le permitiría gobernar sin tener en cuenta los intereses de la población. Aquí se presenta un fenómeno paradigmático, puesto que los autoritarismos subnacionales suelen ser dependientes de los recursos provenientes del centro, lo que les restaría control frente a las posibles intervenciones de los poderes nacionales. Sin embargo, para Gibson, las élites locales eventualmente desarrollarían mecanismos de presión política o de negociación, que les permitirían mantener la afluencia de recursos sin ceder su dominio de los procesos políticos locales.

Los planteamientos de Gibson se han pensado sobre todo para países como Argentina, Brasil, o México, que son países federales o con sistemas políticos fuertemente descentralizados (Gibson 2012). Por lo tanto, estos planteamientos y sus aplicaciones deben tratarse con cuidado para el caso colombiano. Otros autores que serán mencionados a lo largo del artículo han criticado dicha perspectiva y han señalado la dificultad de la implementación de autoritarismos subnacionales en la práctica. Retomaremos estas críticas en la conclusión de este trabajo.

2. Los rasgos aparentes del autoritarismo subnacional en Riosucio

Investigadores como Ariel Ávila y León Valencia (2014) han aplicado al caso colombiano las ideas de Gibson, considerando que ellas pueden resultar útiles para analizar el proceso de la parapolítica. Ávila y Valencia argumentan que la alianza establecida por algunas élites políticas regionales con los grupos paramilitares desde los años noventa, tuvo la intención de evitar la democratización territorial impulsada con la Constitución de 1991, la descentralización y las conversaciones de paz realizadas entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Según estos autores, la cooperación entre élites regionales y paramilitares permitió establecer genuinas dictaduras locales que llegaron incluso a cooptar escenarios de representación nacional como el Senado de la República. Esto se llevó a cabo mediante una estrategia de control electoral armado, en la que los grupos paramilitares aseguraron la elección de los principales actores autoritarios regionales, mediante la intimidación de los electores en las zonas controladas por la organización paramilitar. En este sentido, la circunscripción nacional del Senado, que pretendía componerse de las principales figuras políticas de carácter nacional, se convirtió en un escenario para la nacionalización de la influencia de los autoritarismos subnacionales, en la medida en que la mayoría de los escaños de esta sección del Congreso se convirtió en el botín político de los poderes regionales.

Por su parte, Ávila (2013) sostiene que la descentralización no sólo no llenó las expectativas de democratización local que buscaba la Constitución del 91, sino que además se convirtió en un factor que estimuló la aparición de autoritarismos subnacionales. El control de la burocracia local y el potencial fiscal de algunas zonas del país, transformó el gobierno municipal y departamental en un botín de guerra, y en una fuente de recursos económicos constante, siendo al mismo tiempo el eslabón central de la dominación política subnacional, por medio del control hegemónico de la administración. De igual manera, según Ávila, la persecución sistemática de los grupos paramilitares hacia las organizaciones sociales y comunitarias, impidió el desarrollo de una ciudadanía capaz de realizar veeduría o acción colectiva, que sería el escenario necesario para que surjan movimientos contra-hegemónicos capaces de disputarle el poder a las élites locales aliadas del paramilitarismo.

Adicionalmente, con su tesis de la "captura y reconfiguración cooptada del Estado", Luis Jorge Garay ha desarrollado ideas muy cercanas a las de Gibson (Garay 2008), en las que muestra cómo actores armados habían logrado infiltrar varias instituciones estatales, particularmente en el ámbito local. Estos actores logran subvertir dichas organizaciones y hacerlas funcionales a su dominio sobre distintas áreas de la administración pública. En este caso, la lógica es similar, pese a que la diferencia con el enfoque del autoritarismo subnacional es que la captura de instituciones no se limita a un ámbito territorial local y puede también funcionar a nivel nacional.

De acuerdo con los intentos de aplicación de las tesis de Gibson al caso colombiano, bien podría considerarse a priori que la tesis del autoritarismo subnacional ayudaría a caracterizar el funcionamiento del sistema político/electoral en varias zonas de Colombia que están alejadas de los centros de poder nacional y que han sido golpeadas por el conflicto armado, como ocurre, por ejemplo, en el caso del municipio chocoano de Riosucio.

Desde hace casi tres décadas, Riosucio padece la violencia de las guerrillas (las FARC-EP y el ELN) y del paramilitarismo, siendo la propiedad de la tierra un catalizador de dicha violencia. La Ley 70, que fue aprobada en 1993 en desarrollo del Artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991⁹, reconoció la existencia de las comunidades negras de las riberas de los ríos de la cuenca del Pacífico, protegiendo su identidad cultural mediante el otorgamiento del derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras que históricamente han venido ocupando. Este modelo, inspirado en la legislación vigente para los pueblos indígenas, suscitó el mismo tipo de conflictos alrededor de la posesión de la tierra que en el caso de dichas comunidades. La Ley 70 entró en contradicción con los intereses de los grandes proyectos de explotación de madera, palma y otros que empezaron a desarrollarse desde el final de la década de los noventa en toda la subregión del bajo Atrato chocoano, al cual pertenece Riosucio.

En el marco de estas luchas por la tierra, pero también como reacción a la presencia de las guerrillas en el bajo Atrato, en 1997 se llevó a cabo la llamada "Operación Génesis", realizada conjuntamente por el Ejército Nacional y los paramilitares.¹⁰ Esta intervención militar condujo a uno de los episodios más recordados en la historia del desplazamiento forzado del país: miles de pobladores de todo el municipio de Riosucio se vieron obligados a huir de sus moradas y terminaron confinados en un campamento improvisado de desplazados en Pavarandó.

Desde ese momento, la región ha vivido una situación de continuas tensiones con las acciones intermitentes de las guerrillas y de las bandas que resultaron de la desmovilización de los paramilitares, en particular, los llamados "Urabeños", cuya existencia se nutre de actividades económicas ilegales como el narcotráfico. La población afrocolombiana que vivía en las riberas de los ríos que surcan el municipio tuvo que vivir así varios episodios de desplazamientos y de retornos precarios.

Ante la generalización de la violencia en la subregión algunos optaron por el enfoque de las "comunidades de paz" para tratar de protegerse de todos los actores armados. Pero, a la postre, fue la defensa de la identidad afrocolombiana la que sirvió como punto de referencia para la organización colectiva de las comunidades. La Ley 70 de 1993 ha servido de marco legal a los procesos de resistencia civil de la población. A través de ella, se obtuvo el reconocimiento sucesivo de varias comunidades y de varios territorios colectivos. En dichos territorios, la población se organizó bajo la forma de Consejos Comunitarios, con el acompañamiento de varias ONG (especialmente el CINEP y Justicia y Paz).¹¹ A partir del 2003, la mayoría de estos Consejos se agruparon en una Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) que reúne aproximadamente a 80 comunidades (que congregan a su vez a 15.000 personas), distribuidas en varias cuencas de los ríos que surcan la subregión.

Pese a la existencia de dichas organizaciones sociales que reivindican derechos étnico-territoriales, el panorama político riosuceño no ha sido alentador en los últimos años, ante todo por la distancia que existe entre las comunidades y los políticos locales. Esa brecha se expresa bien en la forma como los mismos habitantes riosuceños caracterizan las dinámicas políticas locales:

Aquí, los grupos de poder arman su gente, 'cuadran' a su candidato y a un grupo de aliados. Esos aliados ponen la plata y las condiciones. Lo que se pacte en campaña es muy importante porque eso determina cómo se arman los gabinetes y los contratos luego. Por lo general, la plata viene de afuera (Antioquia, Urabá y Quibdó). Los candidatos hacen sus visitas temprano, miran las necesidades de la gente y ahí dan bultos de cemento, tejas de zinc, medicinas, mercados de 100 mil pesos. Son los mismos candidatos los que motivan esa vaina de dar y recibir. Eso sí no todos los candidatos tienen los recursos. Otra cosa es que el alcalde 'apadrine' algún candidato y muchas veces usa los recursos del municipio para ayudarle a hacer campaña.¹²

Estas formas típicas de clientelismo -que se vuelven protuberantes en municipios como Riosucio, con altos índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas- no son el único rasgo de la política local. La corrupción de las élites políticas es bastante común¹³, así como los nexos entre estas y los grupos paramilitares que han intentado controlar la subregión por la vía de las armas (entrevista a un habitante de Riosucio 2015).¹⁴

Debido a lo señalado anteriormente, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha catalogado a Riosucio entre los municipios que se encuentran en riesgo alto (2015) y extremo (2014) de fraude electoral por factores de violencia, y en riesgo medio (2014/2015), por comportamiento electoral atípico y posible fraude electoral.

En este sentido, Riosucio podría ser considerado uno de los territorios del país expuestos a la posibilidad de un autoritarismo subnacional. De hecho, a primera vista, eso es lo que las últimas elecciones municipales parecen corroborar, ya que allí se observa la existencia de una larga hegemonía electoral por parte de dos colectividades políticas: el Partido Social de Unidad Nacional y el Partido Liberal. En el tabla 1 se resumen los ganadores de las diferentes elecciones llevadas a cabo en Riosucio.

En el cuadro anterior, se observa que el Partido Social de Unidad Nacional y el Partido Liberal cooptan la mayoría de los espacios, en una relación que resulta, a primera vista, casi hegemónica entre las dos colectividades. A nivel del gobierno local y de la representación legislativa, salvo la irrupción de AFROVIDES en 2011, y un escaño obtenido por Cambio Radical en 2006, la lógica electoral de Riosucio presenta una competencia sostenida entre el Partido Social de Unidad Nacional y el Partido Liberal.

En el caso de las elecciones al Senado (tabla 2), la preponderancia histórica del Partido Social de Unidad Nacional resulta clara en Riosucio. Desde 2006, únicamente miembros del Partido de la U obtuvieron votaciones altas en ese municipio. Por ejemplo, en 2010, Dilian Francisca Toro y Jaime Alonso Zuluaga capturaron el 25,2% de los votos, obteniendo una ventaja considerable frente al resto de los candidatos.

Sin embargo, esa hegemonía partidista es de corta duración, pues en las últimas elecciones (2014) se observa un cambio en los votantes del municipio, dado que Luis Fernando Duque García (del Partido Liberal) superó por amplio margen a Roosvelt Rodríguez (del Partido de la U). Más importante aún es el hecho de que el triunfo haya sido logrado obteniendo la mayor votación por un candidato desde 2006. Un análisis geográfico de la votación por estos candidatos revela, además, unos cambios interesantes en las dinámicas electorales.

La cartografía electoral muestra que en Riosucio los senadores electos en 2010 con mayor votación del Partido de la U -es decir, quienes llevarían el carácter de "representantes" de este municipio-, concentraban sus votos en el Valle del Cauca y el Eje cafetero, no sólo a una distancia considerable de Riosucio, sino en un departamento diferente al que está adscrito el municipio.¹⁵

El respaldo electoral obtenido por Roosvelt Rodríguez (candidato del partido de la U que ha sido considerado como la cabeza del grupo político de Dilian Francisca Toro en el Senado) en las elecciones de 2014 conserva una tendencia similar a los comicios anteriores, pues exhibe un voto urbano fuertemente concentrado en el área de Cali y Palmira, con una proporción alta de votos en el municipio chocoano de Bojayá (vecino a Riosucio) (Mapa 3). Sin embargo, el respaldo de Rodríguez en Riosucio se encontró muy por debajo de otros candidatos electos por el partido de la U en el pasado, y de Luis Fernando Duque García de los liberales que compitió con él en ese año. Esto demuestra que, pese al dominio demostrado por el partido de la U en las elecciones de 2010, existe una alternancia en 2014, lo cual indica que, al menos en las elecciones al Senado, no hay un grupo político realmente hegemónico en las tres últimas elecciones. Figura 1 Figura 2 Figura 3

Fuente: diseño de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 1.  Mapa electoral Senadora Dilian Francisca Toro (Elecciones de 2010) 

Fuente: diseño de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 2.  Mapa electoral Senador Jaime Alonso Zuluaga (Elecciones de 2010)  

Fuente: diseño de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 3.  Mapa electoral Senador Roosvelt Rodríguez (Elecciones de 2014)  

La disminución del poder del partido de la U en Riosucio tiene que ver con dos fenómenos: por un lado, el debilitamiento que experimentó Jaime Alonzo Zuluaga después de la ruptura que ocasionó en su grupo político el distanciamiento entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez;¹⁶ y por otro lado, la aspiración de Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle del Cauca en 2015, que hizo necesario concentrar las bases electorales de la alianza Toro/ Rodríguez en el Valle del Cauca. En otras palabras, en este último caso, para economizar esfuerzos, los candidatos se distanciaron del área de Riosucio, que se encuentra lejos de su área de influencia. Lo anterior llevó a que el Partido de la U tuviera menor presencia electoral en la zona norte del Chocó.

En este sentido, en la transición entre las elecciones de 2010 y 2014 se generó un vacío de poder por parte del Partido de la U en Riosucio, que explica en parte por qué un candidato de una zona diferente del país (Antioquia) pudo entrar en el juego electoral en ese municipio que antes era controlado desde el Valle del Cauca. Las características del mapa electoral de Duque García revelan este cambio de preferencias electorales (Mapa 4). El candidato liberal concentró la mayoría de sus votos en Antioquia, dentro de una serie de municipios dispersos en dicho departamento. Así, se produjo un cambio en las dinámicas de la topografía electoral de Riosucio, reduciéndose la influencia ejercida desde el Valle del Cauca y el eje cafetero y aumentándose la proveniente del departamento de Antioquia.

Este cambio muestra, en primer lugar, que la inserción político-electoral del municipio en el panorama nacional no está consolidada. Los políticos nacionales que obtienen votos en Riosucio no tienen relaciones con el municipio más allá del momento electoral. Esto sugiere que las relaciones entre las élites políticas locales y nacionales son muy débiles y puramente instrumentales. La llegada del liberal Luis Fernando Duque en el panorama político local en 2014 puede significar un principio de cambio al respecto. Las relaciones del municipio con Antioquia son en efecto mucho más estrechas que con el Valle del Cauca, por lo cual la relación tendría un potencial de consolidación más allá de lo electoral. Figura 4 Figura 5 Figura 6

Fuente: diseño de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 4.  Mapa electoral Senador Luis Fernando Duque García (Elecciones de 2014) 

Fuente: diseño de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 5 Mapa electoral del representante José Bernardo Flórez (Elecciones de 2010) 

Fuente: diseño de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 6 Mapa electoral del representante José Bernardo Flórez (Elecciones de 2014) 

Los resultados de la Cámara de Representantes reflejan un juego político electoral similar al del Senado. El Chocó reparte dos asientos en la Cámara de Representantes, lo que permite observar con mayor claridad la competencia ya definida entre Liberales y el Partido de la U en el Departamento. Para la Cámara, tanto en las elecciones de 2010 como en las de 2014, las colectividades se dividen los escaños.

Cabe anotar que en el caso de las elecciones de 2014 a la Cámara, la Red de Veedurías Ciudadanas denunció posibles fraudes electorales en Bojayá, Riosucio, Pizarro y Quibdó. Así, tanto la elección de José Bernardo Flórez como la de Nilton Córdoba Manyoma fueron fuertemente cuestionadas.

Desde 2010, se observa un crecimiento en el respaldo local a los candidatos del Partido Liberal, que, en esa ocasión, con Carlos Alberto Escobar Córdoba, sobrepasó por amplio margen a José Bernardo Flórez Asprilla del partido de la U. Sin embargo, resulta interesante el salto exponencial que experimentó Flórez Asprilla, puesto que, entre 2010 y 2014, pasó de 38 a 855 votos, generando casi un empate entre los dos candidatos más votados del municipio, ya que Nilton Córdoba Manyoma, del Partido Liberal, obtuvo 903. Estos resultados dan cuenta de una competencia abierta entre las dos colectividades, que parece ser bastante activa en el marco de Riosucio.

El mapa electoral de Flórez Asprilla para 2010 y 2014 nos muestra que el candidato mantiene sus zonas de influencia, y en los municipios del norte, donde su votación en 2010 fue mínima, luego obtuvo mayor respaldo electoral. En el caso de Nilton Manyoma, se observa también una concentración en el suroccidente, pero al igual que sucedió con Flórez Asprilla, los municipios del norte (entre ellos Riosucio) se convierten en un área de competencia electoral que parece aportar votos fundamentales para que el liberalismo, como sucedió en la elección al Senado, empiece a impulsar un nuevo eje de influencia desde el norte del departamento de Chocó.

3. Las elecciones locales en Riosucio: una competencia imperfecta

En esta sección se hace un análisis más detallado de los procesos electorales en Riosucio, a partir de los datos electorales y de las observaciones realizadas en el terreno durante las elecciones locales de octubre de 2015.¹⁷ Estas observaciones dan cuenta de una dinámica política local compleja, pues allí los monopolios de poder no están tan firmemente establecidos y la competencia política no está del todo ausente.

Es importante resaltar el hecho de que las élites políticas locales de Riosucio están lejos de tener un control férreo sobre los actores sociales más organizados, en particular sobre ASCOBA, la asociación que agrupa a los Consejos Comunitarios del bajo Atrato que reivindican derechos étnico-territoriales. Los políticos del municipio perciben a esta organización como una especie de contrapoder, en especial debido a las funciones que la ley le ha otorgado a los Consejos Comunitarios, las cuales en muchas ocasiones se superponen a aquellas que son propias de los Consejos Municipales y de la Alcaldía. Por ejemplo, los Consejos Comunitarios tienen la potestad de elaborar unos "planes de etno-desarrollo" o "planes de vida" que terminan compitiendo o riñendo con los planes de desarrollo que normalmente deben elaborar las autoridades municipales.¹⁸

Dado lo anterior, los Consejos Comunitarios se han convertido en una figura territorial con una autonomía relativa y en una pieza clave del poder local. Así, del seno de estas organizaciones sociales han salido líderes que han competido con las élites políticas locales establecidas y que han llegado incluso a ocupar cargos públicos.¹⁹ Cuando estos líderes sociales han incursionado en la arena de la competencia política electoral, han resultado ser fuertes competidores para los políticos tradicionales, pues allí aparecen como mejores conocedores de las necesidades de las comunidades y, por lo tanto, gozan de una mayor legitimidad.

Hay pues, en Riosucio, organizaciones sociales como los Consejos Comunitarios que tienen su propia dinámica y que, en lugar de ser totalmente controladas por élites políticas locales, han intentado emprender sus propias iniciativas de incursión en la política, con el propósito no sólo de incorporar mejor sus reivindicaciones étnico-territoriales en la agenda política, sino también de renovar las élites políticas locales. No obstante, hasta ahora esos intentos por incursionar en la política local no han tenido un carácter colectivo. Se trata de iniciativas individuales y personales llevadas a cabo por líderes de los Consejos Comunitarios que utilizan su capital político en el seno de las organizaciones sociales para competir con las élites políticas tradicionales. Por lo tanto, esos intentos por participar en la política convencional no se han traducido hasta ahora en la consolidación de un proyecto político colectivo de carácter partidista que cuente con un respaldo total y unánime de las personas que hacen parte de las comunidades representadas en los Consejos Comunitarios reunidos en ASCOBA.

Si dicho proyecto no se ha podido consolidar es fundamentalmente porque en el seno de ASCOBA existe un dilema frente a la participación en la política convencional, no sólo debido a su deseo fundacional de permanecer ajena a los grupos armados, sino también por la visión negativa que se tiene tanto de los políticos en la zona como de las instituciones municipales, que han sido consideradas débiles y ampliamente vinculadas con el paramilitarismo.

El dilema que existe dentro de los Consejos Comunitarios en torno a la participación en la política convencional hace aún más difícil toda tentativa de control de estos por parte de las élites políticas locales. La realidad es que en el interior de dichos Consejos hay varias divisiones y fragmentaciones que convierten cualquier esfuerzo por controlarlos en una tarea complicada. Por ejemplo, para las pasadas elecciones locales de octubre de 2015, varios miembros de ASCOBA consideraron en principio oportuno lanzar a la Alcaldía a un miembro de su organización. Ellos pensaban que no había nadie mejor que uno de ellos mismos para proyectar sus intereses en el ámbito de la política formal, pues no estaban conformes con las interrelaciones que en el pasado habían tenido con la Alcaldía. Pese a haber discutido este asunto durante varios meses, no lograron ponerse de acuerdo en el perfil del eventual candidato y su intención por participar en las elecciones con un candidato propio se vio frustrada. Ante este intento fallido, los miembros de ASCOBA, con el beneplácito de la asociación, entraron a apoyar las campañas políticas que a cada uno de ellos le atrajo y le interesó. Hubo entonces una fragmentación en el interior de la organización, pues unos y otros respaldaron distintas fuerzas políticas, transaron todo tipo de acuerdos con los candidatos y tomaron sus decisiones a partir de preferencias personales. No hubo una única fórmula ni una postura oficial que defendiera la organización. Tampoco una sola fuerza política que cooptara a todos los miembros de la misma.

Ahora bien, la observación sobre el terreno de desarrollo de las elecciones de octubre de 2015 revela otro aspecto de la política subnacional en Riosucio que merece ser resaltado: la intensa competencia entre las fuerzas políticas, pese a los intentos efectuados por ellas -sobre todo las más dominantes- de tratar de controlar la elección. Las tentativas de control fueron múltiples. Por ejemplo, en el puerto de Turbo, los principales candidatos pagaron "pangas" para transportar a "sus electores" hacia Riosucio.²⁰ Pero, a pesar de que los votos se creían garantizados, allí mismo mujeres que aceptaron ser trasladadas al municipio en esas pangas manifestaron en público: "aunque los votos parezcan amarrados, finalmente votaremos por quien prefiramos y nadie puede obligarnos" (frase tomada de las observaciones realizadas en el terreno durante las elecciones).²¹

De igual manera, en Riosucio el día de la elección, los electores de cada candidato se dirigieron a los puestos de votación vistiendo camisetas de un color específico, de manera que ellos pudieran ser identificados como parte de una clientela: los seguidores de Rosa Velázquez (partido Cambio Radical y Maíz) portaban camisetas amarillas; los seguidores de Luis Enrique Mena Rentería "Luchin" (del Partido de la U y el Liberal) tenían camisetas azules; y los seguidores de Luis Romaña "el Pastor" (del partido Alianza Verde) llevaban camisetas anaranjadas. Así, según los colores de las camisetas, los testigos electorales de cada partido podían llevar un conteo de sus respectivos electores y los de los contrincantes en los puestos de votación.

Fuera del lugar donde se ubicaron los puestos de votación, pero muy cerca de él, las dos fórmulas políticas más fuertes, la de Rosa y la de "Luchín" montaron unos "puestos de campaña" in situ, desde donde intentaban convencer a los pocos electores que no portaban camiseta de algún color o "asesorar" a los electores desorientados. Por ejemplo, Rosa dispuso tres computadores en los que su equipo de campaña orientaba a las personas que necesitaban saber si su cédula había sido anulada o no.²² Por su parte, "Luchín" repartía comida y bolsas de agua con su nombre y consigna impresos. Cuando llegaban algunas camionetas con electores de zonas lejanas que no vestían camisetas de color alusivas a los candidatos, oleadas de seguidores de Luchín y de Rosa se abalanzaban sobre los vehículos precipitadamente y poseídos por un espíritu de competencia acérrima, buscando que "esos voticos no se perdieran" (frase tomada de las observaciones realizadas en el terreno durante las elecciones locales).

No obstante los intentos por establecer un control sobre las preferencias de voto del electorado, hay que reconocer que dichas formas de control son siempre imperfectas y no del todo efectivas, pues no existen maneras de corroborar con certeza que los electores se comportaron como se esperaba. Más interesante aún es el hecho de que esos dispositivos de control no dan cuenta de un autoritarismo a nivel local, sino de la existencia de una competencia en la que no hay de antemano una mayoría que sin duda alguna tenga el control. También refleja el hecho de que es una competencia regulada mediante acuerdos que se establecen entre las distintas fuerzas políticas para repartirse el mercado de electores entre ellas.

En efecto, en entrevistas realizadas sobre el terreno, algunos riosuceños se refirieron a esa competencia insistiendo en que la campaña en curso había sido particularmente tensa y fuera de lo normal en términos de agitación política. De hecho, al día siguiente de las elecciones escaló una fuerte tensión, pues los seguidores de Rosa y opositores de Luchín (quien resultó electo alcalde) casi queman la sede de ASCOBA, lugar donde se hizo un reconteo de votos, ante la inconformidad por los resultados electorales. Rosa, la candidata opositora perdió la elección por muy poco, lo cual es otro síntoma de una elección que fue reñida. En un contexto de autoritarismo local ese tipo de eventos difícilmente podría tener lugar.

Otra prueba de la ausencia de un control absoluto por parte una sola fuerza política, tiene que ver con que Luis Mena ("Luchín"), el candidato que había sido apoyado por el alcalde saliente, Cecilio Arroyo Moreno (quien hoy está la cárcel por celebración indebida de contratos y quien ha sido acusado de tener vínculos con el Bloque Elmer Cárdenas²³), no logró ganar la elección con un amplio margen de votos. Incluso con tal respaldo, la elección fue muy reñida. Se dice que la cantidad de células anuladas por la Registraduría, tras los errores cometidos por la supuesta trashumancia, pudieron haber hecho la diferencia y posiblemente brindarle el triunfo a Rosa.

Así pues, aunque todas las condiciones parezcan reunidas para hacer de Riosucio un caso eventualmente paradigmático de autoritarismo subnacional, las elecciones locales son sorprendentemente competitivas, o al menos, más competitivas de lo que uno puede pensar a priori.

4. Las lógicas territoriales del poder político en Riosucio: una mirada desde la cartografía electoral

Para entender la lógica política local conviene ahora hacer un análisis minucioso de los resultados electorales. Es claro, según lo expuesto más arriba, que estos no pueden entenderse ni a partir de la pertenencia partidaria ni a partir de las dinámicas políticas que se dan a nivel departamental, por la debilidad de los vínculos de la élite política riosuceña con las de mayor jerarquía. Pero las dinámicas territoriales brindan evidencia sobre lo que está en juego y sobre por qué el bando que domina la alcaldía difícilmente puede controlar la vida política de todo el municipio.

La geografía del municipio de Riosucio se organiza informalmente por cuencas en función de los afluentes del río Atrato que atraviesan el territorio de sur a norte. El Atrato y sus principales afluentes son, en efecto, las únicas vías de comunicación, salvo por la carretera que une la cabecera de Riosucio al municipio de Apartadó, atravesando el oriente del municipio, paralelamente al río la Larga.

Los consejos comunitarios se organizaron según las divisiones que naturalmente han trazado los ríos con sus respectivas cuencas. Las dos cuencas más importantes son la de la Larga-Tumaradó, y Cacarica, que, como se verá más adelante, tendrán un peso especial en las elecciones por la cantidad de pobladores que albergan. El carácter especialmente poblado de estas dos cuencas se explica en particular por la presencia de la carretera para la Larga, y por la cercanía a la desembocadura del río Atrato en el golfo de Urabá y la facilidad de acceso a Turbo en barco, en el caso de Cacarica. A la inversa, las cuencas del Salaquí y sobre todo la de Truandó, al occidente del municipio, cuentan con unas pocas comunidades más aisladas, y son un terreno fértil para los actores armados y otras organizaciones ilegales.

Este panorama hace más claro el entendimiento de la repartición del electorado para proceder al análisis electoral. Para eso, realizamos un mapa base del municipio tratando de delimitar a grandes rasgos las zonas de influencia de los puestos de votación. De este modo, es posible construir mapas de los resultados electorales a escala municipal. Conociendo la ubicación territorial de las comunidades objeto de estudio, se puede estimar su comportamiento electoral. Desde luego, este ejercicio tiene que ser leído como una aproximación, pues tiene sus obstáculos metodológicos, en la medida en que es difícil saber con precisión en qué puesto votan los miembros de las comunidades. Figura 7

Fuente: elaboración propia basada en información recogida en el terreno con los miembros de ASCOBA.

Figura 7.  La presencia de los Consejos Comunitarios en las cuencas de Riosucio 

Como ya fue señalado, ASCOBA cobija a un número importante de consejos comunitarios que están repartidos en todo el territorio del municipio (y también en el municipio vecino de Carmen del Darién). En las elecciones de octubre de 2015, la Registraduría habilitó 25 puestos de votación en estos dos municipios. Identificar aquellos puestos donde habría una mayor votación de las comunidades representadas por ASCOBA es obviamente una tarea complicada y casi imposible de realizar con precisión, pues no hay una manera de diferenciar en cada uno de esos puestos los votos que provienen de miembros de esa organización y los que no. Además, el desplazamiento aumenta las dificultades, ya que muchos pobladores de diversas cuencas del bajo Atrato terminaron inscritos para votar en el casco urbano de Riosucio, o incluso en los de Turbo o Apartadó, es decir, lejos de sus lugares originales de residencia. Y para las elecciones del 2015, varios de esos desplazados quisieron volver a votar en donde residían antes de desplazarse. En este contexto, la decisión del Consejo Nacional Electoral de revisar los censos electorales y anular la inscripción de miles de personas que buscaban cambiar su lugar de votación a lo largo del territorio nacional, para evitar el fenómeno de trashumancia electoral, generó una protesta de ASCOBA que consideraba que muchas anulaciones fueron abusivas y obligaban a muchos de sus miembros a votar fuera de sus respectivas comunidades.²⁴ Con esas advertencias, vale la pena observar el comportamiento de la participación. Figura 8

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 8.  Votantes por puesto de votación en Riosucio y Carmen de Darién 

Como se puede constatar, los votantes se concentran en el casco urbano de Riosucio, así como tres o cuatro otros puestos cercanos o en el oriente del municipio, en particular al paso del río la Larga. Algunos de estos puestos muestran un crecimiento de electores entre 2011 (en azul) y 2015 (en rojo), pero casi siempre inferior a la cabecera. Este hecho da cuenta del auge que conoce hoy día la zona gracias a la carretera entre Riosucio y Apartadó que la atraviesa, y que se vuelve vector de desarrollo a medida que la violencia afecta menos esa cuenca. Sin embargo, el importante número de electores en la zona hace pensar que el comportamiento electoral típico de los afiliados a ASCOBA puede estar "diluido" en el conjunto de una población, entre la cual se puede encontrar una buena cantidad de recién llegados.

Muy diferente es la dinámica del número de electores en el norte del municipio de Riosucio, a lo largo del río Cacarica. Ahí, el número de votantes es más reducido, aunque tiende a aumentar más que en otras zonas del municipio. Dado que esta cuenca tiene también una fuerte presencia de comunidades afiliadas a ASCOBA, su comportamiento electoral puede ser más representativo que el de la base de la organización. Este dato es importante, porque esta zona fue el punto de partida de la "Operación Génesis". El aumento de la votación en esta zona podría indicar que actualmente la población desplazada está poco a poco retornando a estas veredas. También cabe destacar la importancia de la presencia indígena en la cuenca, pues allí se encuentra el resguardo de los indígenas Katíos. Sin embargo, esta zona está lejos de haber vuelto a su nivel inicial de población, o la población recién retornada no se ha podido reinscribir. En todo caso, estamos lejos de las reservas de electores que constituyen el suroriente del municipio de Riosucio.

Finalmente, la parte occidental parece muy despoblada y con tendencia a la baja en la participación, específicamente en la cuenca del río Truandó. Ahí las guerrillas (el ELN y las FARC) y las bandas criminales (en particular, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que se dedican a diversos tráficos como la minería ilegal, han seguido muy activas y la competencia electoral tiene poco asidero.

Estas dinámicas se ven con mayor claridad si comparamos el mapa de la abstención en 2011 y 2015. Figura 9

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Mapa 9 Tasa de abstención por puesto de votación en Riosucio en 2011  

En 2011, la participación electoral parece concentrarse en los puestos más cercanos al casco urbano de Riosucio, mientras que el norte del municipio conoce muy altas tasas de abstención, con la única excepción del puesto de Limón Cacarica que, por lo demás, es el puesto de mayor crecimiento de electores entre 2011 y 2015. Figura 10

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Mapa 10.  Tasa de abstención por puesto de votación en Riosucio en 2015 

En 2015, en cambio, la cuenca del río Cacarica vuelve a un comportamiento electoral más cercano al comportamiento promedio del municipio. La abstención se desplaza al occidente.

La dinámica de la participación en el bajo Atrato aparece por lo tanto vinculada a las dinámicas de violencia en la región, particularmente a medida que vamos alejándonos del centro urbano de Riosucio y que nos adentramos en las cuencas de los afluentes del río Atrato en su ribera occidental. En este contexto, es difícil que la oferta política genere procesos de movilización electoral diferenciados.

Los resultados electorales nos muestran una cierta división territorial entre los dos principales candidatos: Luis Enrique Mena dominó en el sur, en la cuenca del río la Larga; mientras Rosa Moreno dominó en el norte, en la cuenca del río Cacarica, ambos empatando de cierto modo en la cabecera. En esta situación, es finalmente el mayor poblamiento de la cuenca del río la Larga lo que le permitió a Mena ganar la elección con el apoyo de la U y el Partido Liberal. Es importante mencionar que en el pasado Mena fue cercano a los consejos comunitarios y, por lo tanto, pudo haberse beneficiado de esta trayectoria al conservar alguna simpatía entre sus miembros. Sin embargo, llama la atención que él no gane en la zona norte, en la cual los consejos pudieron haber pesado más sobre los resultados. Por otra parte, tanto los avales de las dos principales fuerzas políticas del departamento como el apoyo del alcalde saliente, lo hacían aparecer claramente en esta oportunidad como el candidato del "establecimiento". Esto obviamente lo alejó de muchos votantes que hacían parte de ASCOBA. Figura 11

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Figura 11. Resultados de la elección de 2015 en Riosucio por puesto de votación 

Por su parte, Moreno se benefició de una recuperación de la participación en su zona de influencia con respecto a 2011, fecha en la cual ya era candidata. Entre las dos fechas, pasó de 1.760 votos a 2.857. Su dominio en el norte se explica por su cercanía no sólo a los consejos comunitarios de la zona, sino también al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) del Senador indígena Luis Evelis Andrade, oriundo del municipio, que la avaló en 2015 junto a Cambio Radical. Nótese que la fuerza de Rosa Moreno en el norte cuenta con la excepción del puesto de Limón-Cacarica, del cual mencionamos anteriormente el comportamiento atípico a nivel de participación. La comparación con los resultados de 2011 muestra que existe cierta estabilidad. Figura 12

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional de Colombia.

Imagen 12. Resultados de la elección de 2011 en Riosucio por puesto 

La derrota de Rosa Moreno frente a Cecilio Moreno, de AFROVIDES, en esa oportunidad fue mucho más contundente por el peso marginal de los votos del norte del municipio, y por la existencia de una oferta política más fragmentada, pero básicamente, la relación de fuerzas se mantuvo entre las dos elecciones. Los testimonios de los miembros de ASCOBA revelan de hecho que la cuenca del río Cacarica fue particularmente hostigada por actores armados en 2011, y que hubo que transferir las urnas de varios puestos a la cabecera.

En resumen, no se puede decir que los consejos comunitarios hayan tomado partido de manera contundente por un candidato en estas elecciones. La dinámica parece obedecer más a un clivaje territorial entre el norte y el sur del municipio, que a un eventual conflicto entre los consejos comunitarios y las élites políticas. Estas últimas no tienen un control firme del electorado, aunque su implantación parece consolidarse en el río la Larga, por la carretera a Apartadó. Con todo, las elecciones siguen siendo competidas incluso en esos puestos. La mayor movilización electoral del norte del municipio, en la cuenca del río Cacarica, parece corresponder a una mejora de las condiciones de orden público con respecto a 2011, a un movimiento de retorno de los pobladores que hace crecer la participación y a una mayor movilización de los indígenas detrás de Rosa Moreno. Se estaría, entonces, frente a un clivaje entre, por un lado, una zona cuyo control ha sido más consolidado por parte de las élites económicas y políticas (la de la Larga), y por otro lado, una zona donde el control ha sido más difuso (la de Cacarica). Lo interesante es que la candidata dominante en esta segunda zona (Rosa Moreno) estuvo muy cerca de ganarle al candidato de la continuidad (Luis Mena). En esta contienda, ASCOBA no pudo, sin embargo, fijar una posición unánime de apoyo a uno u otro candidato, y por lo tanto, no logró pesar sobre la dinámica electoral. La trayectoria de Mena, y de los dirigentes que terminó reclutando para su equipo de gobierno, sugiere que la incapacidad de la organización de tener un peso considerable sobre el proceso electoral tiene que ver con la facilidad con que sus dirigentes se dejan cooptar por las élites políticas, y con que ellos mismos logran integrar estas élites.

Se evidencia así un panorama bastante fluido y competido, en el que a pesar de las condiciones de violencia, de corrupción, y de opacidad política, no existe una correspondencia clara con la descripción que la literatura hace de un autoritarismo subnacional.

Conclusión

La aproximación de Gibson ha sido objeto de críticas, principalmente por la diferencia dicotómica que plantea entre la democracia y el autoritarismo subnacionales. Autores como Jacqueline Behrend (2012) y Carlos Gervasoni (2011) han señalado la necesidad de entender a los regímenes subnacionales autoritarios y democráticos como categorías ideales, que en ningún caso son realmente alcanzables. La relación entre los dos sistemas debería verse como un continuo, es decir, como una escala de calidad democrática, donde la categorización de un espacio depende de las características puntuales del territorio.

De igual manera, se ha cuestionado la posibilidad real que tendrían las élites subnacionales de desplegar prácticas autoritarias. Jacqueline Behrend (2012) advierte que, incluso bajo la existencia de un sistema político-electoral controlado, debido al carácter democrático del sistema nacional, resultaría imposible tener un autoritarismo subnacional en estricto sentido, puesto que de una u otra forma los sistemas locales tendrían que adaptarse formalmente a las normas democráticas nacionales. De manera que las prácticas autoritarias siempre deberían mantenerse a un nivel informal.

De igual manera, se ha llamado la atención sobre el hecho de que es esencial tener en cuenta los elementos estructurales, y no sólo los de agencia estratégica, al momento de considerar la posibilidad de un autoritarismo subnacional. En este sentido, por ejemplo, Gervasoni (2011) plantea que un gobierno local dependiente fiscalmente de sus ciudadanos, difícilmente podría constituir un sistema autoritario, en la medida en que estaría obligado a considerar los intereses de ellos, lo cual impediría o mitigaría un comportamiento marcadamente autoritario. En este orden de ideas, un eventual autoritarismo subnacional tendría que tener cierto grado de independencia de los recursos aportados por los ciudadanos, obteniendo financiamiento ya fuese por transferencia del gobierno central o por el monopolio sobre un recurso altamente rentable.

Estos cuestionamientos han llevado a una compleja discusión, no sólo sobre la naturaleza del fenómeno autoritario subnacional, sino a propósito de la denominación misma que debería dársele. Pablo Balán (2013), por ejemplo, coincide con Jacqueline Behrend (2012) y Carlos Gervasoni (2011) en que hablar de autoritarismos subnacionales resulta restrictivo frente a la realidad práctica de estos sistemas locales. Al plantearlos, tal y como lo hizo Gibson, inmediatamente se genera una dicotomía que impide navegar sobre las particularidades de cada caso, y al mismo tiempo, se ocultan las escalas de intensidad en las que se presenta el fenómeno político/territorial. Sin embargo, al revisar otras posibles denominaciones como semi-democracias, autoritarismos competitivos o sistemas híbridos, suelen encontrase dificultades similares, debido en gran parte a que la variabilidad de la relación democracia/autoritarismo dificulta el uso de cualquier término o concepto alternativo, en la medida en que sólo sería contingente para el caso estudiado.

Todas estas críticas parecen válidas en el caso estudiado. En Riosucio, las estrategias de control por parte de las élites políticas locales no parecen darse de la forma prevista por el modelo de Gibson, sencillamente porque dichas relaciones son demasiado débiles e instrumentales. El contexto de violencia explica en buena medida que estos canales de comunicación no operen más allá de la existencia de la redistribución de recursos por parte del centro, vía escasos programas sociales. Así, si Familias en Acción²⁵ opera en el municipio no es el caso del programa de las "casas gratis" que ha sido la bandera del gobierno de Juan Manuel Santos en materia social y que supone un involucramiento más significativo por parte del gobierno central en el territorio, ya que implica inversiones que van más allá de la simple entrega de subsidios. Para el caso de Riosucio, es claro que el gobierno central no tiene la capacidad para ejecutar ese tipo de programas sociales más complejos y completos que requerirían establecer una relación más intensa entre las élites políticas de la periferia y las del centro.

En el otro sentido, como se revisó, los flujos de votos hacia las élites nacionales y departamentales son débiles y cambiantes. En este contexto, las élites locales carecen de los recursos estratégicos que les deberían propiciar sus relaciones con el centro. Son en particular vulnerables a la acción de la justicia y de las instancias de control, como lo muestra la suerte de los antiguos alcaldes. Por último, aunque desplieguen estrategias para cooptar la sociedad civil como lo muestra el caso de ASCOBA, dichas estrategias resultan poco efectivas, al igual que las tentativas de control de los electores comunes y corrientes.

Todo esto desemboca en un escenario que efectivamente dista mucho de lo que se esperaría en una situación democrática ideal, pero que tampoco se arraiga en el modelo del autoritarismo subnacional. Las élites políticas locales muestran un turn over acelerado entre sus miembros, y los Consejos Comunitarios, que constituyen lo esencial de la sociedad civil en el Chocó, no encuentran interlocutores válidos y se dirigen a las organizaciones no gubernamentales.

No obstante, aunque las evidencias empíricas dan cuenta de una competencia política fuerte y abierta que invalida los planteamientos de la tesis del autoritarismo subnacional, tampoco parece adecuada la descripción de la situación en términos de soberanías fragmentadas o en disputa. En ambos casos, se asume de cierta forma que la violencia y el autoritarismo son funcionales a un proyecto político, pero, para que eso fuera así, hace falta un elemento clave sobre el cual Gibson llama correctamente la atención: la relación con el nivel nacional. El efecto más claro de la violencia en el caso de Riosucio parece haber sido un corte de dicha relación, de manera que los actores locales no disponen de los recursos que les permitan perennizar el dominio local, o disputarlo con un proyecto alternativo.

Anexo