a. Metodologías, conceptualizaciones y tipologías de las variaciones a la democracia

En esta tendencia se pueden agrupar los trabajos sobre democracia a nivel subnacional que estuvieron en la línea de los estudios de la tercera ola de democratización. En estos trabajos se analizaron los procesos de transición a la democracia de varios países y se comenzó a cuestionar la tendencia predominante de los análisis de la democracia sólo a nivel nacional (Diamond 1997; Diamond y Morlino 2004; O'Donnell 1993). Se criticó el "sesgo nacional" en el análisis de las democracias y se resaltó la importancia de estudiar los diferentes niveles territoriales de las mismas (Fox 1994; Gibson 2005). El trabajo de O'Donell (1993) es el primero en proponer una tipología cromática para indicar que la democracia en los Estados de la tercera ola tenía zonas más o menos democráticas que dependían directamente de la capacidad estatal para hacer presencia en todo el territorio. A partir del reconocimiento de la heterogeneidad territorial del régimen democrático se estableció la necesidad de construir herramientas metodológicas para estudiar la política subnacional, un marco conceptual para definir estas variaciones de la democracia subnacional y teorías para explicarlas.

Los posteriores estudios sobre democracia subnacional se pueden dividir en tres tendencias analíticas que se distinguen por su aproximación conceptual y metodológica respecto a esta temática. La primera utiliza una aproximación metodológica cualitativa y emplea definiciones de democracia maximalista y minimalista para definir qué se entiende por esta. La segunda utiliza una aproximación cuantitativa o mixta y una definición minimalista de democracia. La tercera no estudia la democracia subnacional en el interior de los países, sino entre estos. A continuación se expone cada tendencia.¹

Los autores de la primera tendencia se han enfocado en analizar este fenómeno utilizando estudios de caso de provincias o Estados autoritarios en el interior de una democracia nacional. Estas investigaciones emplean narrativas históricas, observación participante y entrevistas para reconstruir la forma en que se han presentado las variaciones de la democracia subnacional, enfocándose en casos en los que se considera que el régimen es menos democrático o abiertamente autoritario (Behrend 2011; Behrend y Whitehead 2016a; Cornelius 1999; Fox 1994; Gibson 2005; McMann 2006; Ortiz de Rozas 2011; Quimpo et al. 2005; Sidel 2014; Snyder 1999). Los investigadores hacen una aproximación inductiva a la temática por medio de estudios de caso de unidades subnacionales democráticas y poco democráticas para establecer variaciones de la democracia subnacional (Behrend y Whitehead 2016a; Benton 2012). En la mayoría de estos estudios se clasifican estas variaciones por medio de categorías minimalistas y maximalistas de democracia provenientes de las teorías de la democracia nacional para caracterizar las zonas estudiadas como autoritarias o democráticas (Fox 1994; Gibson 2005 y 2012; Wayne 1999). En general los autores escogen unidades subnacionales que presentan menores niveles de democracia para identificar y explicar la lógica de los mecanismos causales que permiten la creación, pervivencia y, en algunos casos, disolución de regímenes menos democráticos a nivel subnacional.

La segunda tendencia se centra en realizar agregaciones de unidades subnacionales, especialmente regionales, y medir sus distintos niveles de democracia, así como en utilizar estimaciones estadísticas tipo cross sectional studies, regresiones de mínimos cuadrados ordinarios y regresiones logísticas para testear sus teorías (Borges 2007; Gel'man y Ross 2010; Gervasoni 2010b; Giraudy 2010, 2011 y 2015; Goldberg et al. 2008; Montero 2007). Estas investigaciones utilizan distintos índices para describir y medir la democracia subnacional. Al respecto, Montero expone que las medidas de competencia electoral, pluralismo político y comportamiento gubernamental permiten detectar las asimetrías territoriales del régimen político (2007, 9-10), mientras que Borges (2007) utiliza la dominancia electoral de un partido político para precisar su nivel de democracia.

Autores como Giraudy (2010) y Gervasoni (2010b), en sus estudios de las democracias argentina y mexicana, emplean definiciones minimalistas de democracia que se enfocan principalmente en su dimensión electoral, por lo cual estudian la competencia, alternancia y participación de los procesos de elección de gobernadores y asambleas regionales. Al igual Goldberg, Wibbels y Mvukiyehe (2008), quienes identifican distintos niveles de competencia electoral en Estados Unidos y con base en esto exponen que incluso en democracias que se consideran consolidadas (Schedler 1998), como la americana, se presenta heterogeneidad del régimen democrático a nivel subnacional.

Una característica común de este tipo de estudios reside en que la mayoría usa criterios conceptuales de la definición minimalista de democracia para identificar los distintos grados de democracia a nivel territorial. La principal ventaja de estos es que permiten construir un panorama general de la extensión territorial de la democracia y clasificar todas sus unidades subnacionales, lo cual permite la comparación entre un mayor número de casos. De esta forma se pueden utilizar estimaciones estadísticas para comprobar distintas hipótesis teóricas y hacer generalizables sus conclusiones a un mayor número de casos. No obstante, la mayoría de estudios se centran específicamente en variables electorales. Lo que trae como consecuencia que no se analicen otras variables relevantes que pueden afectar el desarrollo de la democracia por fuera de su dimensión electoral.

Los estudios de la primera tendencia se centran en otras dimensiones importantes para entender el desarrollo de la democracia local y regional más allá de su faceta electoral, lo cual permite identificar los mecanismos causales que inciden en las variaciones de la democracia a nivel subnacional. Por ejemplo la relación entre la democracia y las prácticas patrimonialistas o burocrática-racionales (Durazo 2010); la monopolización de los medios de comunicación regionales y locales por parte de las élites políticas (Durazo 2017) o el impacto de la violencia política sobre la democracia a nivel local y regional (Eaton 2006).

En la tercera tendencia se ubica el proyecto de medición la democracia subnacional de las Universidades de Gotemburgo y Notre Dame que se centra en el análisis de las democracias entre países y no en el interior de estos. Los investigadores de estas universidades han desarrollado una metodología que construye veintidós variables subnacionales que permiten identificar las distintas variedades de democracia subnacional en 170 países entre 1900 y 1972. Este proyecto de investigación y los artículos derivados de él (McMann 2016 y McMann et al. 2016) constituyen el primer esfuerzo para comparar y explicar los niveles de democracia subnacional entre países.

Las investigaciones de las tendencias expuestas anteriormente y sus distintas aproximaciones metodológicas han probado empíricamente que existen regiones más democráticas que otras. No obstante, no hay un consenso académico sobre cómo conceptualizar estas variaciones de la democracia subnacional. La mayoría de las categorías conceptuales utilizadas se derivan de los estudios sobre regímenes políticos nacionales. Las primeras investigaciones sobre este tema utilizaron la clasificación dicotómica autoritarismo-democracia para distinguir analíticamente las variaciones. Como se evidencia en autores como Fox (1994), Cornelius (1999), Gibson (2005) y Snyder (1999), quienes emplearon la categoría de régimen autoritario para denominar a los territorios menos democráticos dentro de una democracia subnacional, en donde los actores subnacionales pueden subordinar completamente la institucionalidad democrática.

Esta clasificación tiene un problema conceptual y empírico en la medida en que el estudio del desarrollo territorial de la democracia subnacional sólo se puede realizar en el marco de países que fueran democráticos a nivel nacional. Las unidades subnacionales a pesar de sus altos niveles de autonomía política y fiscal incluso en el caso de los países federales están subordinadas a leyes democráticas. Gervasoni (2010a) plantea que las unidades subnacionales menos democráticas se pueden clasificar con la categoría regímenes híbridos subrayando la articulación de prácticas autoritarias y democráticas en el ejercicio del poder subnacional, así como la inexistencia de autoritarismos a nivel regional. Por otra parte, Giraudy clasifica a las provincias menos democráticas como regímenes subnacionales no democráticos (RSND) (2011 y 2010), exponiendo que si bien una región no puede ser considerada autoritaria, tampoco cumple los mínimos procedimentales para ser considerada democrática.

Si bien estas conceptualizaciones intentan elaborar nuevas formas de denominación que tengan en cuenta los marcos político y legal nacionales que restringen la estructuración de autoritarismos subnacionales, no están exentas de problemáticas. En primer lugar, la categoría regímenes híbridos no especifica cuáles son los déficits democráticos que se identifican para denominar a una unidad subnacional como híbrida o no democrática. En segundo lugar, una de las conclusiones de Gervasoni (2010a) es que las provincias menos democráticas tienen déficits en distintas dimensiones de la democracia que él analiza. Por ejemplo, un régimen híbrido puede presentar bajos niveles de competencia política, pero altos niveles de libertad de prensa, mientras que otro puede presentar la situación contraria, pero ambos serían clasificados con el mismo concepto. Esta etiqueta conceptual, por lo tanto, estaría ocultando la variación de distintos tipos de regímenes menos democráticos a nivel subnacional, más que un único tipo de régimen híbrido a nivel subnacional. Respecto a la conceptualización de Giraudy, y siguiendo a Balan (2013), los RSND permiten identificar cuáles unidades subnacionales son democráticas, pero la variable continua que propone no tiene un criterio claro para precisar en qué punto de la medición un régimen pasa de ser democrático a no democrático.

Los problemas conceptuales para aprehender la complejidad empírica de la democracia subnacional y sus variaciones permiten cuestionar la extrapolación de las categorías conceptuales que se elaboraron en el estudio y análisis de los regímenes de los Estados nacionales. Al respecto, otras investigaciones han propuesto conceptos alternativos como Behrend, quien propone el concepto Provincial Closed Games (2011, 153) para hacer referencia a que existen provincias que, a pesar de ser menos democráticas, no son autoritarias. La autora expone que es necesario desarrollar nuevos conceptos, provenientes de los estudios de clasificación de regímenes políticos y de las teorías de la democracia nacional, para estudiar la democracia subnacional desligándose de la dicotomía entre autoritarismo y democracia.

También se ha señalado que las élites políticas o partidos locales al estar constreñidos por marcos constitucionales no pueden hacer un uso sistemático y constante de estrategias autoritarias, por lo que sólo en casos excepcionales se podría identificar un régimen autoritario en el marco de una democracia nacional (Behrend 2010). En este sentido, Behrend y Whitehead (2016a y 2016b) plantean que en las regiones menos democráticas no hay regímenes autoritarios, sino prácticas iliberales, pero estas no tienen sistematicidad ni la capacidad para configurar autoritarismos subnacionales, por lo cual operan en los límites de la democracia nacional y más que transformar el régimen democrático lo distorsionan haciéndolo menos democrático, pero no autoritario. Con base en esto, los autores proponen que esta literatura se debe enfocar en estudiar más los procesos de profundización u obstaculización de la democracia territorial que en la yuxtaposición de regímenes a nivel subnacional.

b. Explicaciones de las variaciones de la democracia a nivel subnacional

Las investigaciones reseñadas anteriormente han desarrollado distintas teorías para explicar el surgimiento y la reproducción de zonas menos democráticas. En el presente documento los tipos de explicaciones identificados en la literatura se clasifican en cuatro categorías: factores estructurales, interacción estratégica, inercia histórica, y dinámicas partidistas. Sin embargo, esta diferenciación se realiza únicamente en términos analíticos, ya que hay propuestas teóricas en las que interactúan distintas causas en la explicación de la variación de la democracia subnacional.

Las explicaciones estructurales han analizado la forma en que dinámicas como el rentismo y la concentración económica inciden, con el tiempo, en la creación y reproducción de unidades subnacionales con regímenes políticos más autoritarios. Las explicaciones rentísticas giran en torno al efecto que produce en un régimen político que el Estado concentre los recursos económicos, especialmente provenientes de recursos naturales y las fuentes de empleo en una región. En general, la relación que ha encontrado la literatura expone que el rentismo no genera per se menos democracia a nivel subnacional, pero sí crea entornos proclives a esta dinámica. Al respecto Goldberg, Wibbels y Mvukiyehe (2008), en su estudio subnacional de Estados Unidos, encuentran que los estados petroleros permiten que las élites políticas tengan más probabilidades de mantenerse en el poder y reducen la competencia política. Gervasoni (2012), a su vez, expone que los estados que para su funcionamiento dependen de transferencias fiscales del Estado nacional son un escenario que permite la construcción de regímenes híbridos, sin embargo, esta característica rentística de la economía subnacional es una condición necesaria más no suficiente, para explicar los bajos niveles de democracia en las provincias argentinas. Este autor se aleja de una visión netamente estructuralista. Si bien para él las lógicas rentistas crean entornos proclives a la emergencia de regímenes híbridos, la agencia individual de los gobernadores regionales sería lo que explicaría en sí la posibilidad de establecer regímenes híbridos en contextos democráticos. McMann (2006) en su estudio de unidades subnacionales de Kirguistán y Rusia identifica que el ejercicio de los derechos democráticos está condicionado por la capacidad de los ciudadanos de no depender del Estado para su sobrevivencia, por lo que encuentra que la menor autonomía económica individual conduce a menores niveles de democracia.

La concentración económica tiene un efecto similar al rentismo. Respecto a esta Sidel (1999) encuentra que los recursos privados monopolizados por dinastías familiares por medio del crimen y la concentración de tierras permiten a los gobernantes de dos regiones en Filipinas monopolizar el poder político y restringir la competencia. Las investigaciones de Borges (2007 y 2011) y Montero (2007 y 2012) en Brasil resaltan que en contextos de privación económica, los recursos que controlan las maquinarias partidistas en el poder, sean estos públicos o privados, inciden en que la competencia sea menor, al permitir a los gobernantes castigar a los ciudadanos que no voten por ellos y dificultar que los partidos de oposición encuentren fuentes de financiamiento alternativo. Este tipo de situaciones también aparece en distintas investigaciones en Estados Unidos (Mayhew 1986) y Filipinas (Sidel 2014).

Las explicaciones basadas en la interacción estratégica han analizado la forma en que las relaciones entre los políticos nacionales, regionales y locales explican las condiciones de surgimiento, reproducción o disolución de autoritarismos subnacionales. Uno de los primeros antecedentes de esta teoría puede identificarse en el trabajo de Key (1949), quien expuso cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó las restricciones que algunos estados del sur de este país habían impuesto a la participación electoral de la población afroamericana, hecho que incidió en la democratización de estas regiones. Estos primeros indicios empíricos y teóricos de las distintas relaciones que se establecen entre niveles territoriales serían analizados y refinados por Gibson (2005 y 2012) en su teoría de interacción estratégica. En esta el autor plantea que la sobrevivencia de las unidades poco democráticas depende de su capacidad para aumentar su influencia a nivel nacional, controlar las redes de intercambio entre el centro y la periferia, y parroquializar los conflictos locales y regionales con los movimientos de oposición para que estos no consigan aliados nacionales. Estas estrategias permiten que los gobernantes autoritarios controlen los límites entre los distintos niveles territoriales e impidan que los actores nacionales intervengan para democratizar la política local en sus regiones.

El argumento teórico elaborado por Gibson constituye la piedra angular de las distintas teorías interactivas, no obstante este no ha estado exento de críticas. Una ha sido que el autor analiza casos en los que la intervención del gobierno nacional impulsa procesos de democratización de autoritarismos subnacionales, por lo que concluye que el gobierno nacional en sus intervenciones actúa sobre todo como un agente democratizador a nivel subnacional. Trabajos como los de Giraudy (2011 y 2015) y Rebolledo (2011) critican esta conclusión y al cuestionarla han estilizado las relaciones entre los gobiernos regionales y nacionales al exponer que, en ciertas situaciones, los gobiernos nacionales facilitan activa, no sólo pasivamente, la perduración de las unidades menos democráticas.

Al respecto Giraudy (2011) demuestra que el gobierno nacional puede castigar o premiar a los gobernadores subnacionales no democráticos por medio de la estructura partidista y la política fiscal. La decisión de darles continuidad a estos gobiernos depende de si el gobierno nacional puede controlar a los gobernantes autoritarios, si estos últimos están en la capacidad de proveer apoyo político al presidente o tienen autonomía financiera y política del gobierno central. A su vez, Rebolledo expone que los gobiernos nacionales pueden respaldar a gobiernos subnacionales poco democráticos, incluso si están en la oposición, en la medida en que las prácticas autoritarias sobre sus respectivas regiones les permiten a estos, por medio de sus bancadas en los cuerpos colegiados nacionales, apoyar medidas que no son populares, ya que no tienen que preocuparse por la sanción partidaria o de la ciudadanía. Dentro de estas explicaciones también se puede identificar el trabajo de Behrend, quien articula factores estructurales para analizar el surgimiento de los provincial closed games e interactivos para dar cuenta de su continuidad y/o fin. La autora señala que hay unidades subnacionales menos democráticas, pero no necesariamente autoritarias, donde familias, élites regionales y locales que ocupan cargos públicos, con base en su poder económico y social logran imponer su dominio y cerrar el espacio político por medio de prácticas culturales y de control sobre el poder judicial y político, sin recurrir a mecanismos autoritarios (2011, 173).

Las explicaciones de inercia histórica han resaltado la manera en que las prácticas políticas autoritarias nacionales, regionales y/o locales son resistentes a las reformas de democratización nacionales, y condicionan la forma en que se desarrolla el régimen político a nivel local y regional. En esta línea argumentativa, Fox encontró que en México, a pesar de las reformas de democratización, las relaciones clientelistas anteriores a estas, mantenían en varias regiones los viejos equilibrios de poder, al tiempo que se restringían los derechos políticos de los ciudadanos por medio de prácticas autoritarias (1994, 174-184). Cornelius (1999), por su parte, evidencia que Estados como Puebla, Tabasco, Guerrero y Oaxaca son menos democráticos, en la medida en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) conservó su electorado y sus prácticas clientelistas por lo que pudo contener la competencia de sus rivales y no perder el poder local a pesar del proceso de democratización nacional. Lankina (2010) expone que la influencia occidental histórica en ciertas regiones rusas ha hecho que estas sean más democráticas que sus pares, mientras que Heller (2000) encuentra que la resilencia de los recursos de autoridad pre-democráticos limita y constriñe la participación de los ciudadanos en la democracia india. Snyder evidencia que la forma del régimen político anterior a las reformas de profundización o transición democrática condiciona los tipos de regímenes a nivel local y regional que se estructuran después de las reformas (1999, 296).

Las explicaciones basadas en las dinámicas partidistas se centran en mostrar cómo las estructuras partidarias inciden en menores o mayores niveles de democracia a nivel subnacional. El trabajo de Ortiz de Rosas (2011) en Santiago del Estero (Argentina) muestra que la capacidad para mantener bajos niveles de democracia se basa en el poder partidista del gobernador para decidir sobre las candidaturas partidistas locales y regionales, así como para controlar a sus legisladores nacionales por medio del partido político. Este hallazgo coincide con lo planteado por Giraudy (2010) y Gibson (2012), quienes argumentan que este tipo de control partidista aumenta la capacidad de negociación de los gobernantes subnacionales para obtener concesiones del gobierno nacional y fortalecer su dominio autoritario sobre la región. Además de estos factores, Borges (2007) expone que la competencia vertical partidista es relevante para explicar el final de las zonas menos democráticas. Este se manifiesta cuando los gobernantes nacionales son de un partido distinto al de los enclaves autoritarios, por lo que los primeros tienen incentivos para democratizar estas regiones.

Finalmente, se identifica el trabajo de McMann et al. (2016), quienes explican la variación entre distintos niveles de democracia subnacional entre países. El estudio encuentra que una mayor variación de la democracia subnacional está asociada al tamaño de la población y al territorio; a la diversidad étnica y a una geografía accidentada. Aunque este estudio abre una nueva agenda de investigación, las formas de medir la democracia subnacional así como la unidad de análisis varían. Las conclusiones teóricas de este estudio explican la variación de los niveles de democracia subnacional entre países y no en las unidades subnacionales que integran un país a diferencia de las otras investigaciones reseñadas en este artículo.

a. Los sistemas de partidos y el clientelismo a nivel subnacional

En la primera tendencia se inscriben estudios que se han enfocado en describir la forma en la que operan los partidos a nivel subnacional y en la descripción de los sistemas de partidos en el nivel regional y local. De esta forma, antes de las reformas de descentralización (1986) y apertura política (1991), se pueden identificar estudios seminales como el de Latorre (1974), que describe la forma en que evolucionaron las maquinarias locales y regionales partidistas, en particular explica cómo los congresistas fueron ganando una creciente autonomía de los jefes naturales y nacionales que controlaban los partidos tradicionales. En el trabajo de Pinzón de Lewin (1989), se hace una reconstrucción histórica del dominio territorial que los partidos Liberal y Conservador habían tenido durante las cuatro últimas décadas del siglo XX y cómo este dominio se fue desarrollando en este periodo.

Después de las reformas de descentralización de 1986 y la apertura política de 1991, en distintas investigaciones se analizó su impacto sobre los sistemas de partidos locales y regionales. Al respecto Gómez y Rodríguez (2009) encontraron que en regiones donde los partidos políticos habían construido hegemonías históricas había menores niveles de competencia política (2009). García (2000) evidenció que nueve años después de las reformas de apertura sólo en el 1,7% de los municipios de Colombia se había consolidado una tercera fuerza distinta de los partidos tradicionales, a pesar de la intención de los constitucionalistas de abrir el sistema de partidos. En esta misma línea, Araujo (2009) muestra cómo los partidos tradicionales o sus facciones políticas se adaptaron a las reformas para mantener la mayoría de alcaldías y gobernaciones del país. Finalmente, autores como Milanesse y Jaramillo (2015) se centran más en el análisis del impacto de las reformas políticas nacionales sobre los cuerpos colegiados regionales.

En este contexto se presentaba un desbalance entre la esfera política nacional y subnacional, mientras que en la primera el sistema de partidos nacional se atomizaba, en "gran parte de los departamentos y municipios se presentaban sistemas de dos partidos o de unipartidismo atenuado", como lo plantea Hoyos (2007, 20). La autora expone que las reformas no habían aumentado el número de competidores políticos en una gran parte de los municipios y departamentos colombianos, sino que los principales controladores de la política local seguían siendo los partidos tradicionales. Esta situación también es analizada por Gutiérrez, quien argumenta que las reformas de democratización no causaron una apertura política en todo el territorio nacional y categoriza algunos municipios como dictaduras locales, ya que desde la reforma de 1986, para las elecciones a la alcaldía estos tenían bajos niveles de competencia política y no habían tenido alternancia en el poder (2001, 203).

Otras investigaciones se concentraron en la forma como las relaciones clientelares inciden sobre la democracia. Estudios como el de Leal y Dávila (2009) resaltan la importancia de las relaciones clientelares al convertirse en la principal forma de intermediación entre políticos y ciudadanos a nivel local y regional. Respecto a esto, Pizano (2001) encuentra que la descentralización tiene un efecto diferenciado sobre las estructuras clientelares en la medida en que estas desestructuraron y fragmentaron las redes nacionales dando más autonomía a los políticos regionales y locales, al tiempo que en otras regiones, especialmente en las ciudades, estas redes se desarticularon. Este hallazgo está en la línea del estudio de Milanese, Abadía y Manfredi (2016), quienes exponen las dinámicas de aumento de la fragmentación partidista y el surgimiento de las coaliciones multipartidistas en las dos últimas elecciones a asambleas departamentales. También se han estudiado los distintos niveles de adaptación y sobrevivencia del clientelismo a nivel local. Escobar (2002) evidencia que las maquinarias clientelistas tradicionales en algunas regiones del país, en este caso Sucre, limitan la capacidad de los nuevos partidos por competir por el poder local. Este planteamiento coincide con el trabajo de Ocampo (2015), quien describe el carácter dinámico y adaptativo de la política clientelista frente a las reformas legales y a la intervención del Estado nacional.

b. La democracia y la violencia política en Colombia

En la segunda tendencia están los estudios que analizan la democracia subnacional en Colombia, estos se pueden agrupar en tres corrientes. Las dos primeras analizan la relación de interacción entre la democracia y la violencia política. Al respecto, la investigación de García y Hoskin (2003) encuentra una relación significativa entre la baja participación electoral y la presencia guerrillera. Estos hallazgos son ratificados por otras investigaciones que identifican que las acciones de la guerrilla y el Ejército Nacional tienen una incidencia negativa sobre la participación electoral, impidiendo que las personas ejerzan el derecho a la votación (Ceballos 2005). La incidencia diferenciada por tipo de actor es señalada por García (2007), quien establece que la guerrilla tiende a sabotear el proceso electoral en sus zonas de influencia, lo que afecta la participación electoral haciendo que esta disminuya, mientras que la presencia paramilitar hace que la participación política aumente.

Hoyos (2009) cuestiona que la influencia de un actor sobre la política sea unidireccional y atemporal al exponer que la influencia de un grupo sobre el proceso electoral no sólo depende del tipo de grupo, sino de factores como su nivel de control de la zona. Además encuentra que no en todos los casos el accionar de los paramilitares presenta un mismo patrón sobre la participación y competencia políticas, sino que este es diferenciado a nivel regional. Mientras que Rodríguez y Gómez encuentran una significativa relación entre la presencia de grupos armados y la baja competencia electoral, específicamente en las elecciones para el Senado (2009, 74-75). Uno de los problemas de estos estudios es que se centran en la faceta electoral de la democracia, pero no desarrollan indicadores empíricos para observar cómo la intensidad de la violencia afecta el desarrollo de la democracia por fuera de los periodos electorales (Nasi 2007).

Otro eje temático dentro de esta tendencia es la relación entre las reformas de profundización democrática y el conflicto armado. Bejarano y Pizarro (2002) sostienen que el fortalecimiento armado y económico de los actores armados se convirtió en un reto para la institucionalidad democrática y a su vez estos conformaron protoestados a nivel local y regional. La apertura democrática subnacional, así como la creación de nuevas fuerzas políticas incrementaron la incertidumbre de los políticos regionales y locales en relación con las elecciones y creó, inesperadamente, una ventana de oportunidad para que diferentes grupos armados entraran a desempeñar un rol importante en la política local (Gutiérrez Sanín 2007). Al respecto, Eaton (2006) expone que la descentralización permitió el fortalecimiento de los actores armados en el territorio y aumentó la violencia política. Sánchez y Chacón (2005) aportan evidencia empírica mostrando que la violencia política aumentó significativamente después de las reformas de democratización. Además señalan que el accionar y la expansión de los grupos armados fueron motivados por el interés de capturar los nuevos recursos que el Estado nacional transfería a los municipios y departamentos.

Dentro de esta corriente también se ha señalado que el interés de los grupos armados por participar en la política es rentístico (Rubio 2000, 2002 y 2005), por lo cual la utilización de prácticas violentas como amenazas, asesinatos, secuestros o las alianzas con políticos tenían como fin la apropiación de los bienes públicos, más que objetivos políticos. Esta influencia en política para apropiarse de recursos públicos fue conceptualizada con el término clientelismo armado, que consistía en la presión violenta de los electores para que votaran por determinados políticos. A cambio estos últimos los favorecían con dineros públicos (Rangel 1997; Rangel, Borrero y Ramírez 2004). Garay et al. (2008) exponen que el proceso no sólo buscaba apropiarse de los recursos públicos, sino blindarse legalmente frente al Estado, por lo cual a nivel local y regional se presentaban prácticas que ellos conceptualizan como la captura y reconfiguración cooptada del Estado, que implica utilizar y transformar la institucionalidad del Estado para cumplir objetivos privados de tipo económico y político, tanto de grupos armados como de políticos locales.

Otras investigaciones cuestionan que el interés de los grupos para incidir en política sea únicamente rentístico. En estos trabajos se argumenta que la relación entre conflicto y democracia gira en torno a la construcción de proyectos de dominación territorial a nivel local y regional. Estos se estructuran por medio de alianzas entre élites políticas regionales y actores armados para controlar el Estado en los dos niveles (Trejos 2012). En esta misma dirección, Romero (2000) expone que el proceso de descentralización y democratización impulsado por el Estado nacional puso en juego los intereses de las élites políticas y económicas de ciertas regiones, lo que generó que estas hicieran pactos con grupos paramilitares y sectores del Ejército Nacional para conservar los equilibrios de poder locales y regionales, y excluir de la política electoral a nuevos partidos políticos. Si bien Carroll (2011) sigue esta tesis, expone que en respuesta a la violencia que ejercieron las élites frente al avance de movimientos campesinos apoyados por movimientos de izquierda, los primeros respondieron por medio del activismo internacional para ejercer sus derechos democráticos y protegerse de la acción violenta de los grupos armados.

En esta misma línea, diferentes investigaciones han evidenciado que históricamente el proceso de construcción de institucionalidad estatal se ha dado de forma diferenciada en las regiones del país. Por lo anterior, la capacidad de gobierno y la gobernabilidad del Estado central cambia territorialmente de acuerdo a su presencia y fortaleza a nivel subnacional (González 2003), y a los intereses políticos y el poder de los actores subnacionales (Duncan 2009; González 2003; González, Bolívar y Vázquez 2003). En este orden de ideas, diversos autores señalan que a nivel subnacional existen regiones de Colombia donde la democracia, como régimen político, difiere y no cumple los mínimos procedimentales para ser considerada como tal, de ahí la caracterización de estas regiones como órdenes sociales autoritarios (Camacho 2009), contextos totalitarios (Rivera y Wills 2009) o territorios autoritarios (Duncan 2009), conceptos que enfatizan cómo actores ilegales o legales utilizan prácticas no democráticas para cooptar la institucionalidad democrática e impedir o restringir el ejercicio de los derechos civiles y políticos a los ciudadanos.

Según Camacho, el proceso de interacción entre actores ilegales emergentes y los detentores del poder tradicional, como los congresistas, en la consolidación de la dominación política territorial estructura estos órdenes sociales violentos que amenazan "la consolidación de la democracia" (2009, 7 y 73). Por su parte, Duncan expone que las diferencias territoriales e institucionales generan órdenes sociales y prácticas políticas distintas regionalmente, pero que están configuradas alrededor de los intereses de las élites regionales -tradicionales o emergentes- y de la preservación de su poder local (2007, 150). En consecuencia, dice Duncan, en el contexto subnacional "las propias instituciones del estado democrático son utilizadas para preservar los rasgos de dominación privada del orden social por parte de las élites locales" (2007, 172). Estas investigaciones han subrayado el impacto que tienen las élites regionales y sus intereses en la configuración de la democracia local y regional en la medida en que el Estado nacional les ha otorgado una amplia autonomía para ejercer un dominio indirecto sobre territorios donde la presencia del Estado nacional no es fuerte (González 2014).

Por otro lado, investigadores de organizaciones no gubernamentales también han estudiado la forma en que los grupos paramilitares se infiltraron en la política regional y local para ganar influencia nacional. La mayoría de estos investigadores han usado como marco teórico y conceptual la teoría de la interacción estratégica de Gibson (2005) y la violencia política para explicar la variación de la democracia en el Estado Colombiano. Valencia (2007 y 2009) es uno de los primeros autores en usar el término de autoritarismo subnacional para referirse a los municipios y departamentos donde se presentaron alianzas entre paramilitares y élites subnacionales, con el objetivo de conservar el poder local y regional. En la misma línea está el trabajo de López (2010), quien utiliza los conceptos de reconfiguración cooptada del Estado y autoritarismo subnacional para exponer que en distintas regiones del país los políticos emplearon a los paramilitares para consolidar su poder subnacional y de esta forma posicionarse en la política nacional. Por su parte, Ávila (2010 y 2012) expone que en Colombia se han configurado Estados de facto regionales, por lo cual más que autoritarismos se puede hablar de dictaduras que han formado especialmente los grupos paramilitares en alianza con políticos regionales y congresistas.

Desde las investigaciones mencionadas se ha contribuido a la comprensión de las dinámicas locales en la medida en que han realizado un exhaustivo trabajo de campo a nivel municipal y departamental. Asimismo, estos trabajos han contribuido a la identificación de las élites regionales y locales al tiempo que han develado las relaciones que algunas de estas establecieron con actores armados. Sin embargo se evidencia una serie de problemas en el uso de estas tipologías. En primer lugar la importación acrítica del concepto autoritarismo subnacional desconociendo las discusiones conceptuales y teóricas sobre la pertinencia de utilizar este concepto en democracias nacionales (cuestión abordada en la primera sección de este artículo), y la preeminencia de la violencia política y la teoría de la interacción estratégica de Gibson para explicar por qué algunas regiones son más autoritarias, obviando otras teorías que han sido testeadas y analizadas. Estos problemas inciden en que no haya un consenso en esta literatura sobre qué entienden este tipo de estudios por autoritarismos subnacionales o democracias locales, asimismo no se establece un criterio claro de medición para categorizar un departamento o municipio como autoritario.

En último lugar, otras investigaciones no han utilizado el marco conceptual propuesto por Gibson y han empleado otras tipologías y metodologías para estudiar la democracia como procesos de desarrollo que varían a nivel subnacional. Mediante el análisis de una de las facetas de la democracia -la competencia política-, Pino (2013) demuestra que se podía encontrar que esta había tenido comportamientos diferenciados a lo largo del tiempo en los municipios colombianos a partir de las reformas de profundización democrática (1986-1991), y conceptualiza estas variaciones como trayectorias de desarrollo de la democracia de cierre, aumento y estabilidad de la democracia a nivel local. A través de distintos estudios de caso del occidente de Boyacá, Hoyos (2015) encuentra que los niveles de baja competencia están asociados a la concentración económica, mientras que Espinosa (2015) utiliza el concepto trayectoria de estabilidad para analizar la forma en que se ha desarrollado la democracia subnacional en Cartagena, Colombia. Desde otra perspectiva metodológica, Prieto y Eaton (en prensa) retoman la teoría de yuxtaposición de regímenes para estudiar los procesos de transformación del régimen político en dos departamentos de Colombia, con el fin de resaltar que la presencia de partidos moderados a nivel local y regional favorece la democratización de regímenes autoritarios a nivel departamental.